Venta de viviendas bajo sospecha

Hacienda oculta el nombre del nuevo perito tras haber ofrecido uno con vínculos a una empresa investigada

Goldman Sachs

El varapalo asestado a Hacienda hace menos de tres semanas por la jueza que investiga la venta a Goldman Sachs de pisos públicos de Madrid ha tenido una consecuencia inmediata e inesperada.  La magistrada se negó a aceptar al perito propuesto precisamente porque el funcionario seleccionado por la Agencia Tributaria había mantenido vínculos profesionales indirectos con una de las empresas investigadas hasta septiembre de este año. Ahora, y después de que la jueza le diese siete días de plazo, Hacienda le ha ofrecido un segundo perito. Pero esta vez no ha facilitado su nombre. Solo el número que le identifica como funcionario.

Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre aseguran que la omisión del nombre del funcionario ofrecido ahora tiene una traducción práctica: su identidad se conocerá solo cuando la jueza Concepción Jerez, que investiga el caso Ivima desde el juzgado de instrucción 48 de Madrid, le tome juramento como perito este miércoles a las 10.30 de la mañana. En el supuesto teórico de que, por segunda vez, se trate de un funcionario reincorporado tras una excedencia durante la cual hubiera mantenido relaciones mercantiles o laborales con alguna de las sociedades investigadas, difícilmente podrán saberlo la jueza y el fiscal antes de ese momento.

Fue el rechazo rotundo e inmediato de la Fiscalía al primer perito en cuanto trascendieron sus circunstancias fue lo que llevó a la jueza a tumbar la propuesta formulada por la delegada especial de la AEAT en Madrid, Raquel Catalá, hermana del ministro de Justicia.

Como publicó este diario, tras un año dando largas, la Agencia Tributaria ofreció a comienzos de noviembre la designación como perito de un funcionario que hasta mes y medio antes había sido apoderado del BBVA, entidad gestora de la sicav Bussola 99. Entre las empresas investigadas por la jueza figura esa sicav, en la que posee acciones Pablo Cavero, que era consejero de Vivienda de Madrid cuando Goldman Sachs se hizo en 2013 con casi 3.000 pisos públicos del Instituto de Vivienda de esa comunidad. 

En 2006, y previa autorización de la CNMV, el BBVA delegó la gestión de los activos de Bussola 99 en Goldman Sachs. Hace un año, Pablo Cavero admitió la comisión sobre la corrupción creada por la Asamblea de Madrid que no había informado al Gobierno regional de su pertenencia a esa sicav. Según la declaración de bienes presentada por Cavero en el Ayuntamiento de la capital cuando resultó elegido concejal por el PP, sus acciones en Bussola se cifran en 800.000 euros. Cavero se retiró de la política este verano.

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