Jueces para la Democracia reclama la creación de un millar de juzgados para “poner al día” la Justicia

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) denunció este lunes que la Administración de la Justicia española permanece con la misma dimensión desde 2008, sin acomodarse al "incremento de litigiosidad" que la "grave depresión económica ha supuesto".

El colectivo señaló este lunes a través de un comunicado que aunque en los primeros años de la crisis se mantuvo un "modesto" crecimiento que, según ellos, supuso la creación de sesenta juzgados al año, a partir de la llegada al Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón, en el año 2011, "se congela la planta judicial, se eliminan 1500 jueces sustitutos y dejan de constituirse juzgados y tribunales". En este aspecto, el colectivo asegura que si la situación "no ha estallado" ha sido por "el esfuerzo" de los funcionarios y personal de la Administración de Justicia y de quienes integran el Poder Judicial.

La asociación, que ya demandó al Ministerio de Justicia en noviembre del pasado año por la sobrecarga de trabajo en los juzgados y la falta de medios en las causas por delitos relacionados con la corrupción, denuncia en esta ocasión que la jurisdicción social se ha visto "desbordada" por las consecuencias de la crisis y por la aplicación de la reforma laboral, que ha contribuido, según el colectivo, "al aumento de las demandas por las ventajas que para las empresas supone resistirse a las pretensiones de los trabajadores". En esta línea, indica que la supresión de los jueces sustitutos "ha ampliado en algunos casos los tiempos de respuesta de la jurisdicción, estimulando a los trabajadores a conciliaciones perjudiciales para sus intereses".

Otro tanto acontece en la jurisdicción civil. La asociación afirma que este ámbito se encuentra igualmente "desbordado" por las reclamaciones contra las cláusulas abusivas, la oposición da ejecuciones hipotecarias, los contratos bancarios, las permutas financieras y la venta de acciones y preferentes de Bankia.

Del mismo modo, la organización señala que los Juzgados de lo Mercantil también se han visto "sobrepasados" por el incremento de las insolvencias empresariales y familiares, y por los litigios sobre condiciones generales de la contratación, "en particular sobre cláusulas suelo, que están llevando los señalamientos a años vista". "El orden contencioso ha sufrido vaivenes y el penal se ha convertido en el recipiendario de cualquier reclamación", denuncian los profesionales.

Los juzgados de lo mercantil tardan el doble que antes de la crisis en resolver los procedimientos

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"Conocido es que las consecuencias de la crisis han querido ser escondidas por los responsables de Justicia por medio de la implantación de unas tasas judiciales disuasorias, que han permitido disimular durante varios años, hasta su reciente derogación parcial, el indudable incremento del número de asuntos judiciales que propicia la conflictividad social", critica la asociación, que señala que esa derogación es "insuficiente y debiera ampliarse". 

Por todo ello, la asociación alerta de que la Justicia española se encuntra ante un "panorama desolador". "A pesar de que se sostiene que ha habido un incremento de la planta, la realidad demuestra que sólo se han reforzado órganos desbordados, sin planificación para afrontar las crecientes necesidades ciudadanas", detalla el colectivo al mismo tiempo que avisa de que "una sociedad madura como la española está siendo defraudada con esta política restrictiva, que hurta cada año los juzgados que son precisos para atender el incremento de procedimientos".

Es por eso que el colectivo reclama del Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a las comunidades autónomas con transferencia en materia de justicia, que "con la mayor urgencia acomoden el tamaño de la Administración de Justicia a las actuales necesidades de la ciudadanía, procediendo a la inmediata creación de los mil juzgados que debieran haberse puesto en marcha durante el último lustro, con el fin de que la sociedad pueda seguir confiando a sus tribunales la tutela, sin las actuales dilaciones, de sus derechos fundamentales y libertades públicas".