Caso Nóos

El juez espera una explicación irrefutable de Hacienda sobre las ventas atribuidas a la infanta

La infanta Cristina, en el acto de homenaje a su abuelo Juan.

Diez días después de que la Casa Real negase en nombre de Cristina de Borbón las operaciones inmobiliarias atribuidas por la Agencia Tributaria, se mantiene intacto el misterio de cómo nada menos que el DNI de la infanta se coló por error en los registros informáticos oficiales de 13 ventas de fincas y pisos. Ayer, víspera de la fecha límite anunciada –“no más allá del martes”- por el ministro Cristóbal Montoro para conocer el resultado de la “investigación interna”, ninguna explicación había llegado a manos del juez Castro, que fue quien en el seno del caso Urdangarin encargó el informe sobre el patrimonio inmobiliario de Cristina de Borbón. Pero el juez, y así lo aseguran quienes conocen la investigación, no piensa tirar la toalla hasta que Hacienda le ofrezca una explicación completa, detallada e irrefutable sobre lo que, salvo sorpresa, se perfila ya como un monumental fiasco.

Aunque el magistrado no ha formulado todavía ninguna solicitud de aclaración a la Agencia Tributaria, las tres grandes incógnitas de este enredo sin precedente conocido siguen irresueltas. La primera se resume así: cómo pudieron acabar en las bases de Hacienda datos erróneos sobre 13 operaciones inmobiliarias validadas por cuatro notarios e inscritas correctamente en otros tantos registros, como demuestra la información ya recabada por el juez.

Se supone que la investigación interna del fisco permitirá saber cómo y por qué esa cadena de errores giró precisamente en torno a quien, como miembro de la Familia Real, es una de las escasísimas personas cuyo DNI consta de solo dos dígitos distintos al cero, en su caso el 14Z. Es cierto que en distintos boletines provinciales aparecen otros ciudadanos ajenos a los Borbones y a quienes ayuntamientos y diputaciones endosaron el DNI de Cristina de Borbón. O, incluso, el del rey, la reina o el del príncipe de Asturias. Pero Hacienda, y justo porque maneja datos sensibles, trabaja habitualmente con un celo muy superior al de otras administraciones.

Pero si la fabulosa concatenación de accidentes que explicaría el mismo error en 13 operaciones inmobiliarias basta para sembrar el desconcierto, el informe ofrece un segundo motivo de estupefacción: entre esas 13 ventas atribuidas a la infanta, negadas por sus portavoces oficiales y efectuadas entre febrero de 2005 y noviembre de 2006, no figura justamente aquella venta que, ese último año, realizó la infanta junto con su marido. La pareja vendió el piso de Barcelona en el que había residido hasta su mudanza al palacete de Pedralbes, adquirido en 2004 y posteriormente reformado. En el informe patrimonial remitido por Hacienda al juez Castro, esa transacción de 2006 ni siquiera aparece mencionada. La ausencia resulta más chocante por cuanto Cristina de Borbón consignó en su declaración de la renta de 2006 la correspondiente ganancia patrimonial.

Uno de los notarios del caso de la infanta atribuye lo ocurrido a un “error telemático”

Uno de los notarios del caso de la infanta atribuye lo ocurrido a un “error telemático”

La tercera ecuación pendiente asomó hace ya 10 días y lo hizo de la mano de las asocaciones de inspectores de Hacienda. En este caso, la pregunta es la siguiente: por qué la Agencia Tributaria no reclamó a Cristina de Borbón que tributase por la plusvalía obtenida en esas 13 ventas cifradas en 1,43 millones de euros si en sus bases de datos la tenía como protagonista de esas transacciones. El viernes, el ministro Montoro afianzó la pertinencia de la pregunta cuando dijo que el Gobierno ya está "en condiciones de ir conociendo efectivamente los orígenes" del error, "un hecho ocurrido en 2005". Es decir, que ya en 2005 la Agencia Tributaria asignó a la infanta operaciones inmobiliarias, las mismas que hoy parecen inexistentes pero que entonces la Hacienda española daba por ciertas. ¿Preguntó el fisco a la hija del rey por esas ventas y la consiguiente tributación de las plusvalías generadas? Es otro misterio aunque las asociaciones de técnicos tributarios creen que la respuesta puede condensarse en un monosílabo: no. La asociación de inspectores Gestha ya desveló días atrás por qué alberga esa convicción: si Hacienda hubiese reclamado en 2006 o 2007 el pago de los impuestos generados por la venta de las 13 fincas y pisos, la infanta ya hubiera negado entonces su participación en esas operaciones. Y el error habría quedado subsanado.

El hecho de que, tras 10 días en el estrellato informativo, Hacienda siga sin despejar el misterio del DNI y las 13 ventas ha disparado sospechas e hipótesis. La más extrema apunta a una supuesta operación de blanqueo. El problema estriba no ya en la identidad del personaje principal de la historia ni en el daño irreversible que un episodio de ese tener causaría a la monarquía. El principal escollo se sitúa en que, para blanquear 1,43 millones, es decir, para justificar el origen de una cantidad equivalente al precio de 13 inmuebles, el blanqueador tendría que haber declarado las ventas. Aun siendo falsas, constituirían su coartada para explicar oficialmente de dónde habían salido los 1,43 millones de euros.

Cabe, no obstante, la posibilidad de que alguien hubiera utilizado la numeración del DNI de la infanta en la confianza de que nadie, ni la propia Hacienda, se atrevería a hurgar en sus finanzas. Pero aplicar esa variente de la teoría del blanqueo implicaría necesariamente la participación de personas vinculadas a las cuatro notarias que intervinieron en las 13 ventas: una de Ciudad Real, otra de la Costa Brava barcelonesa y otras dos de Alicante.

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