Crisis del coronavirus

Marea de Residencias pide al Supremo que evite la destrucción de las conversaciones entre el Summa 112 y los geriátricos de Madrid

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Manuel Rico

Marea de Residencias, organización que agrupa a familiares de residentes y trabajadores de estos centros, ha realizado una nueva ampliación de la querella presentada contra Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad de Madrid y diversos directores de geriátricos en la que solicita al Tribunal Supremo que impida "la destrucción o borrado de las grabaciones de las conversaciones entre el personal del Summa 112 y las residencias de la Comunidad de Madrid desde el 1 de marzo de 2020".

El Summa 112 es el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y, por tanto, el encargado de realizar los traslados en ambulancia de pacientes enfermos desde los geriátricos a los hospitales. Múltiples testimonios de trabajadores de los centros y de familiares aseguran que, durante los meses críticos de la pandemia en marzo y abril, el Summa 112 rechazaba de forma casi sistemática las llamadas para trasladar a mayores desde las residencias a los hospitales.

El escrito de Marea de Residencias, según ha podido saber infoLibre, fue presentado en el Alto Tribunal el viernes 31 de julio. El Supremo es el órgano que debe decidir si admite a trámite o no la querella al estar aforada ante dicho tribunal la presidenta madrileña.

La plataforma considera que la medida cautelar que solicitan "es necesaria para evitar que puedan desaparecer pruebas incriminatorias decisivas en el presente procedimiento. En numerosos testimonios de los querellantes constan referencias a conversaciones entre el personal del Summa 112 y responsables de las residencias, valorando la posibilidad de trasladar al residente al hospital, o no".

Como desveló infoLibre la semana pasada, en marzo y abril fallecieron en los geriátricos madrileños 7.291 personas sin ser trasladadas previamente a un hospital, según los datos oficiales del propio Gobierno Ayuso. Esta cifra representa el 77% del total de residentes muertos durante esos dos meses y es la constatación de que durante el pico de la pandemia se aplicó el Protocolo de la Consejería de Sanidad que impedía el traslado al hospital de los mayores que vivían en residencias si tenían un determinado nivel de dependencia o un alto grado de deterioro cognitivo.

"De no adoptarse la medida cautelar solicitada se corre el riesgo cierto de que dichas grabaciones desaparezcan al no existir obligación legal de mantenerlas indefinidamente, por lo que la solicitud reúne los requisitos de fumus boni iuris, al partir de unos hechos con apariencia delictiva verosímil y contra personas concretas, y del periculum in mora, en tanto que una resolución tardía al respecto impediría disponer en el procedimiento de las grabaciones", se lee en el escrito presentado ante el Supremo por la Marea de Residencias. Esos dos son los requisitos legales necesarios para que un tribunal pueda ordenar una medida cautelar como la que solicita la Marea de Residencias.

Por todo ello, la plataforma pide al Supremo que se dirija al Summa 112 ordenando "la conservación de todas las grabaciones" entre el personal del servicio de Urgencias y el de cualquier residencia de la Comunidad de Madrid.

Tres meses a la espera de la admisión

La querella inicial de Marea de Residencias se presentó el 7 de mayo, en nombre de 26 personas afectadas, contra la presidenta madrileña, el consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– y los directores de diez residencias de la Comunidad de Madrid. Siete de ellas pertenecen a grandes grupos del sector –dos son de DomusVi, dos de Ballesol, dos de Aralia y uno de Amavir–, dos son geriátricos públicos y el otro es un centro integrado municipal. Marea de Residencias solicita que se investigue a los querellados por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio. 

Pocas semanas después, Marea de Residencias presentó otras dos querellas contra los directores de cinco centros en las localidades de Leganés y Alcorcón, en la que también pidieron que se investigue a Ayuso, Escudero y el consejero de Justicia, Enrique López.

El jueves 28 de mayo, la plataforma realizó una ampliación de la querella inicial aportando al Juzgado –la causa no había sido aún remitida al Supremo– copia del Protocolo que impedía trasladar a determinados mayores enfermos desde las residencias a los hospitales. La existencia de ese documento había sido desvelada dos días antes por infoLibre, que además lo publicó íntegramente. Ese Protocolo fue firmado por el entonces director de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad, Carlos Mur. Del documento existen cuatro versiones, todas ellas firmadas digitalmente por Mur los días 18, 20, 24 y 25 de marzo.

Las cuatro versiones del Protocolo fueron enviadas por correo electrónico, minutos después de ser firmadas por Mur, a los altos cargos del Gobierno madrileño y a los directivos de los hospitales que debían aplicarlo. Este periódico informó de que los destinatarios de los correos de Mur fueron en total 18 personas diferentes, aunque no todas recibieron las cuatro versiones del Protocolo. Hay ocho altos cargos del Gobierno Ayuso que sí figuran en todos los envíos, entre ellos el gerente del Summa 112, Pablo Busca Ostalaza.

El 5 de junio, la jueza de Madrid donde había caído por reparto la querella colectiva de Marea de Residencias decidió enviarla al Tribunal Supremo, a la vista del aforamiento de Ayuso.

Esta semana se cumplirán tres meses desde la presentación de la iniciativa judicial y los querellantes todavía están a la espera de que la Justicia decida si la admite o no a trámite.

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