La mortalidad por altas temperaturas aumenta un 5,5% durante los episodios de olas de calor

Comienza agosto y lo hace cerrando una ola de calor que, durante cuatro días, ha dejado temperaturas de hasta 45 grados en diferentes puntos del país. Ya es la cuarta que se vive este verano y vuelve a poner de manifiesto cómo este tipo de fenómenos se produce cada vez con mayor frecuencia. En España, la definición de ola de calor viene recogida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que la describe como “un episodio de al menos tres días consecutivos en que, como mínimo, el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000”.

Desde 1975 hasta 2026, este organismo ha contabilizado un total de 474 días de ola de calor. Hasta el año 2000 se acumularon 129 días, frente a los 345 registrados entre el 2001 y 2026. Esto significa, según la propia Aemet, una tendencia de aproximadamente 3,3 días adicionales de ola de calor por década, lo que demuestra que estos episodios son cada vez “más frecuentes, extensos e intensos”. Y es que, aparte de las molestias que puede causar la exposición a altas temperaturas, las consecuencias pueden ser mucho más graves y derivar en enfermedades, problemas de salud y, en algunos casos, la muerte. 

Desde 2015, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto Carlos III lleva un registro de las muertes atribuibles a las altas temperaturas. Sus datos muestran una relación directa entre los episodios de olas de calor y el aumento de estos fallecimientos. En los días de ola de calor, la mortalidad crece de media un 5,5% en comparación con el resto de los días del verano, lo que supone más de 60 muertes diarias adicionales.

Al analizar estas cifras, se observa que 2022 es el año con más fallecimientos de toda la serie, con un total de 4.792. Fue también el año que más días de calor acumuló, con 41 repartidos en tres episodios diferentes. Durante ese verano se produjo, además, la ola de calor más mortífera de la serie, entre el 9 y 26 de julio, que dejó 1.889 fallecimientos.

El segundo año con más muertes es 2025, con 3.832 fallecimientos , y también es el segundo que más días de ola de calor, con 36 repartidos en tres episodios. En 2026 los datos tampoco son positivos: desde principios de año y hasta el 2 de agosto ya se contabilizan 3.229 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas. De ellos, 1.043 se han producido durante las cuatro olas de calor registradas este verano, lo que supone el 32,3% del total en tan solo 16 días.

“La planificación salva vidas”

Este fenómeno no es desconocido para los expertos ni para las organizaciones internacionales. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en que las olas de calor deben abordarse como una emergencia de salud pública. En la segunda edición de su guía Heat–health action plans, publicada este mes de julio, el organismo advierte de que "la mayoría de las enfermedades y muertes relacionadas con el calor son prevenibles" y sostiene que los gobiernos deben prepararse antes de que se produzcan estos episodios, en lugar de limitarse a reaccionar cuando las temperaturas ya son extremas.

"La planificación anticipada salva vidas", resume el documento, que reclama que las administraciones desarrollen planes específicos frente al calor extremo. Para la OMS, estos deben combinar sistemas de alerta temprana con una respuesta coordinada de los servicios sanitarios, sociales y de protección civil, de manera que las medidas lleguen especialmente a las personas con mayor riesgo.

Entre sus principales recomendaciones figura la identificación previa de la población vulnerable, como lo son las personas mayores, pacientes con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, niños pequeños, embarazadas, personas sin hogar o trabajadores expuestos al aire libre, para que los servicios públicos puedan hacer un seguimiento activo de su situación.

Según describe la organización, el calor extremo afecta al organismo mucho antes de provocar un golpe de calor. “La exposición prolongada a temperaturas elevadas obliga al cuerpo a realizar un esfuerzo adicional para mantener estable su temperatura interna, lo que incrementa la carga sobre el sistema cardiovascular y favorece la deshidratación y los desequilibrios electrolíticos”, señala. Por ello, el calor puede agravar enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales y metabólicas preexistentes, además de aumentar el riesgo de infartos, ictus e insuficiencia renal aguda. A esto se suma que también puede afectar a la salud mental, empeorar enfermedades crónicas y reducir la capacidad física y cognitiva. 

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Para revertir esta situación, la OMS considera imprescindible que los gobiernos habiliten refugios climáticos públicos, adapten las ciudades para reducir la exposición al calor mediante más zonas verdes y sombra, mejoren el aislamiento de las viviendas y formen a los profesionales sanitarios para detectar precozmente las enfermedades relacionadas con las altas temperaturas. Además, insiste en que cada episodio debe evaluarse posteriormente para comprobar qué medidas han funcionado y cuáles deben reforzarse.

En España, el instrumento que actualmente articula esta respuesta es el Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperatura sobre la salud, coordinado por el Ministerio de Sanidad y activo cada año entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre. Su objetivo es reducir el impacto del calor sobre la salud mediante un sistema de vigilancia y prevención, apoyado en las previsiones de la Aemet, que establece umbrales de temperatura de riesgo para cada zona del país. Cuando las previsiones indican que esos umbrales pueden superarse durante varios días consecutivos, se activan distintos niveles de alerta que desencadenan actuaciones por parte de las administraciones públicas.

Entre ellas figuran la difusión de recomendaciones a la ciudadanía para evitar la exposición al calor, campañas informativas sobre hidratación y protección frente al sol, la coordinación con los servicios sanitarios y sociales y la vigilancia específica de colectivos especialmente vulnerables. A partir de este marco estatal, son las propias comunidades autónomas y los ayuntamientos los que desarrollan sus propios protocolos de actuación.