La Justicia ordena poner el Pazo de Meirás a nombre del Estado tras la sentencia que expulsó a los Franco
El pasado marzo una sentencia del Tribunal Supremo permitió culminar la prolongadísima lucha cívica, política y judicial por la recuperación del Pazo de Meirás para el patrimonio público. A las puertas del nonagésimo aniversario de su entrega a Francisco Franco, quedó acreditado de una vez que las Torres y los terrenos en los que se encuentran son propiedad del Estado.
El juzgado coruñés que dictó la histórica primera sentencia sobre la recuperación del Pazo formaliza ante el Registro de la Propiedad de Betanzos su inscripción como inmueble público
El litigio y su resultado —en el que destaca la sombra de la indemnización a los herederos del dictador— acaban de concretarse en un paso más, tan simple como simbólico. En un mandamiento emitido el pasado jueves, la plaza 1 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de A Coruña acaba de ordenar inscribir el inmueble en el Registro de la Propiedad a nombre del Estado y, por lo tanto, constatar definitivamente que no es propiedad de la familia del militar golpista.
En el escrito, que adelantó la agencia Europa Press y al que tuvo acceso Praza.gal, el juzgado se dirige al Registro de la Propiedad de Betanzos para que “proceda a la inscripción a favor del Estado español de la finca conocida como Pazo y Torres de Meirás”, describiendo a continuación las referencias registrales de las parcelas. Ordena, al mismo tiempo, “la cancelación de las inscripciones registrales contradictorias”, es decir, las de la familia de Franco.
La resolución avanza en la firmeza que la sentencia de la Audiencia de A Coruña dictada hace media década adquirió en el Supremo la pasada primavera
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Esta resolución —contra la que cabe recurso de reposición ante la propia letrada de la Administración de Justicia que la realiza— avanza en la firmeza de la sentencia dictada hace media década por la Audiencia Provincial de A Coruña. A su vez, había ratificado el histórico dictamen de este juzgado coruñés en 2020 en lo relativo a la propiedad.
El proceso judicial, iniciado por la Abogacía del Estado en 2019, contó con un amplio apoyo social también de los concellos de A Coruña y Sada y de la Diputación coruñesa. En el impulso por la recuperación fueron clave las entidades de recuperación de la memoria histórica del entorno, que en los últimos meses venían reiterando la necesidad de hacer efectivo el cambio en el Registro de la Propiedad. También de garantizar definitivamente el acceso público al recinto.
Ambas resoluciones judiciales anulaban la donación del Pazo en 1938, toda vez que la denominada Junta pro Pazo —que las élites locales habían constituido para agasajar al golpista— hizo la entrega a Franco en su condición de jefe del Estado y no a título personal. De la misma manera quedó sentenciada como “simulación” la compraventa de 1941, operación con la que el dictador logró la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad, que ahora decae.
