Caso Gürtel

Las muestras de “agradecimiento” de los jueces al Partido Popular

Los dos jueces para los que se solicitó la recusación en Gürtel juzgarán también la 'caja B' del PP

El magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, que junto a los jueces Concepción Espejel y Julio de Diego conforman el tribunal que juzgará el caso Gürtel, en el que el Partido Popular está incluido como partícipe a título lucrativo de la trama liderada por Francisco Correa, reconoció en su escrito de 15 de septiembre en el que defiende su permanencia como ponente que mantiene "naturales sentimientos de agradecimiento" al PP por el apoyo recibido en sus ascensos en la carrera judicial por la formación política presidida por Mariano Rajoy. El próximo día 30 está previsto que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decida finalmente si admite las recusaciones planteadas. 

Los citados "sentimientos de agradecimiento" parecen ser mutuos, si se tienen en cuenta las coincidencias de opiniones entre los jueces recusados y el PP. En concreto, Enrique López promovió en tiempo récord un auto que impedía al juez Javier Gómez Bermúdez hacerse cargo de la investigación sobre la financiación ilegal del PP al tiempo que defendió las tesis de este partido en relación a la excarcelación de los presos de ETA.

A su vez, una decisión de Espejel promovió cambios en la investigación del incendio de Castilla-La Mancha de 2005 en el que fallecieron 11 personas. Esos cambios dieron paso a la imputación de varios cargos del PSOE, rival directo de la ex presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal. Precisamente, la secretaria general del PP llegó a participar en la imposición de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a Espejel. En ese acto se dirigió a la magistrada con el término famliar de "Concha".

Y precisamente este sentimiento de "agradecimiento" fue uno de los argumentos a los que ha recurrido la propia Fiscalía Anticorrupción para determinar que López no mantiene la "apariencia de imparcialidad que se requiere" para formar parte del tribunal.

"Esa apariencia de falta de imparcialidad que motiva la iniciativa de los recusantes se ha visto reforzada por las expresivas manifestaciones del propio magistrado recusado, quien [...] viene a reconocer sus naturales sentimientos de agradecimiento por tales nombramientos, por más que lo haga desde su íntima convicción de que de ellos no habrá de derivarse riesgo alguno", llegan a indicar las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás en su escrito de recusación de López.

El PP nombró a los jueces

En concreto, López y la propia Concepción Espejel fueron propuestos por el PP Concepción Espejelpara ser vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y en el caso de López, también para integrar el Tribunal Constitucional. Ambos han sido recusados como integrantes de los tribunales que juzgarán el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas.

"Ha quedado acreditado que el PP, con la participación de su voto personal, cierto que secreto, de algunos de los acusados, imputados y responsables a título de partícipes lucrativos, ha propuesto en tres distintas ocasiones a Enrique López López para cargos públicos de alta relevancia motivando su nombramiento como vocal del CGPJ y como magistrado del Tribunal Constitucional, cargo inmediatamente anterior al que ahora ocupa", resaltan las fiscales Sabadell y Nicolás, que también destacan que la magistrada Concepción Espejel, que presidirá el tribunal de Gürtel, fue elegida como vocal del CGPJ con los votos de integrantes del PP, siendo uno de ellos el exsenador por Cantabria y extesorero del PP Luis Bárcenas, uno de los principales imputados.

Cobró 13.102 euros de FAES

Además, el informe del propio Enrique López acredita que este magistrado asistió a 68 seminarios de la Fundación FAES, presidida por José María Aznar, siendo seis de ellos como ponente o coordinador. Entre 2003 y febrero de 2015 López percibió de FAES 13.102 euros, tanto por sus ponencias como por sus seminarios.

Fuentes juríricas explican también a este diario la posible existencia de un trato de favor hacia Enrique López tras su dimisión como magistrado del Tribunal Constitucional al ser sorprendido en las calles de Madrid conduciendo su motocicleta sin casco y ebrio. Estas fuentes, de solvencia jurídica, reclaman que el propio López no tendría que haber sido readmitido en la carrera judicial tras su incidente de tráfico.

Según esta interpretación, el Consejo General del Poder Judicial favoreció a López al aplicarle en el incidente de tráfico el artículo 355 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando realmente tenía que haberle aplicado el 303, que dice: "Están incapacitados para el ingreso en la carrera judicial los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación, los procesados o inculpados por delito doloso en cuanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento".

Pero un portavoz del CGPJ ha asegurado a este diario que el artículo 303 se refiere únicamente al ingreso en la carrera judicial: "Enrique López no deja en ningún momento de pertenecer a la carrera judicial, puede estar en una situación administrativa, que es la de servicios especiales, que es en la que está cualquier magistrado que presta sus servicios en el CGPJ. Y por eso se aplica el artículo 379 punto d, de la Ley del Poder Judicial", indica el portavoz del Consejo. Este artículo especifica las causas que dan lugar a la pérdida de la condición de juez: "Por la condena a pena privativa de libertad por razón de delito doloso". 

Y como López no fue condenado a ingresar en prisión, este magistrado puede continuar la carrera judicial. Pero independientemente de todo ello, López sí ha hecho público su agradecimiento al PP, y por ello infoLibre ha analizado al menos tres casos de trascendencia en los que los jueces recusados se han alineado con los intereses del Partido Popular

1. Declaración y posible arresto de Bárcenas

El juez Enrique López desempeñó en marzo de 2013 un papel protagonista en el caso Bárcenas, en el que se alineó con los intereses del Partido Popular, que todavía entonces permanecía como acusación popular del caso Gürtel. Izquierda Unida, Ecologistas en Acción y otras asociaciones interpusieron una querella en la Audiencia Nacional contra el PP y varios de sus cargos tras publicar el diario El País los denominados papeles de Bárcenas, que mostraban la financiación ilegal del partido durante casi dos décadas.

Esta querella recayó en el Juzgado del juez Javier Gómez Bermúdez, quien citó a declarar a Bárcenas a la vez que su colega Pablo Ruz mantenía abierto el procedimiento en el que también estaba imputado el extesorero del PP. Fuentes de la judicatura relatan a este diario que Enrique López lideró la iniciativa de la Sala, llegando a tomar rápidas decisiones que evitaron que Luis Bárcenas declarara ante Gómez Bermúdez.

El relato de los hechos de Izquierda Unida, que se querelló por prevaricación contra López y los otros otros dos jueces que impidieron la declaración, alegaba que la declaración de Bárcenas ante Bermúdez había sido recurrida por la Fiscalía Anticorrupción ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a las 14.07 horas del 21 de marzo. Sin embargo, un minuto antes la Sección Segunda de esta Sala ya había recibido el recurso.

La Sección de Enrique López decidió resolver la petición sin solicitar ningún trámite para conocer las alegaciones de las partes implicadas y en tan sólo 40 minutos emitió un auto anulando la declaración de Bárcenas. Un paso, para IU, "sorprendente". "En sólo 30 minutos se reúne una Sección, redacta un auto y lo emite. Cuando además la labor judicial finaliza a las 14.00 horas", denunció en su momento el letrado de IU en el procedimiento, Enrique Santiago.

El periodista de El País Ernesto Ekaizer relata también estos hechos en su libro Queríamos tanto a Luis: El fiscal encargado del caso Bárcenas, Antonio "Romeral, acude entonces directamente a la Sección Segunda, que forman ese día los magistrados López, Ángel Hurtado y Julio de Diego. Les pide por escrito la suspensión cautelar de la declaración de Bárcenas del día siguiente ante Gómez Bermúdez por existir un conflicto de competencia".

Ekaizer prosigue en su relato de los hechos: "La Sección Segunda, en la que el PP cuenta con buenos amigos, como el magistrado Enrique López, exvocal del CGPJ a propuesta del PP y por entonces eterno candidato al Tribunal Constitucional, aprueba la suspensión en tiempo récord. A las 13:30 horas Gómez Bermúdez, que está tomando un aperitivo con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, recibe un mensaje en su móvil según el cual la Sección Segunda se ha reunido para resolver el recurso de apelación contra su providencia. A las tres de la tarde, la secretaria del Juzgado Central de Instrucción número 3 recibe un brevísimo auto por el que se prohíbe al juez Gómez Bermúdez tomar declaración a Bárcenas. No hay precedentes de una operación per saltum, es decir, que se salta las instancias procesales, en concreto al juez, en la Audiencia Nacional".

De esta forma, la comparecencia de Bárcenas ante Gómez Bermúdez, en la que IU iba a reclamar el ingreso en prisión del extesorero del PP,PP según reconoció el letrado de la coalición de izquierda Enrique Santiago, no llegó a celebrarse. Al final, el caso Bárcenas acaba acumulándose al Gürtel, que investigaba el juez Pablo Ruz. 

El PP, que poco después fue expulsado como acusación popular por el propio Ruz, respiraba tranquilo ya que Gómez Bermúdez no podia ya registrar la sede e incluso enviar a Bárcenas a prisión. Precisamente ambas cosas, el registro de la sede y el envío a la cárcel del extesorero, fueron decretados por el propio Ruz, que ha acabado desplazado de la Audiencia Nacional. La querella interpuesta por IU contra López y los otros dos magistrados pòr evitar la declración de Bárcenas fue archivada.

2. Alineado con los intereses del PP en las penas de los etarras

El magistrado Enrique López también actuó como ariete de los intereses del Partido Popular en la Audiencia Nacional en relación con la polémica de la acumulación de penas de los presos etarras, según explicaron fuentes de la judicatura a infoLibre. El caso se remonta a principios de 2015, fechas en las que la Audiencia Nacional acordó excarcelaciones y reducciones de condena de cuatro históricos etarras Francisco Múgica Garmendia, Pakito; Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros; Rafael Caride Simón y Alberto Plazaola Anduaga. 

Precisamente, en la Audiencia Nacional varios magistrados plantearon al Pleno de la Sala de lo Penal la conveniencia de preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo sobre la posible colisión entre la normativa española, que permite no descontar a los presos de la banda terrorista ETA las condenas que hayan cumplido en cárceles francesas, y la europea.

Durante la sesión, López jugó un papel protagonista coincidiencia con los intereses del PP, explican fuentes judiciales, que resaltan que previamente varios integrantes del Gobierno del PP realizaran declaraciones en contra de la posible salida de presos de ETA de las cárceles. Al final el Pleno, por un apretado resultado de 11 a 9, impidió que la Audiencia Nacional presentara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la normativa española que permite no descontar a los presos de ETA las condenas que hubieran cumplido en cárceles francesas.

De esta forma, el PP no tuvo que enfrentarse al colectivo de víctimas de ETA, un tradicional aliado del partido de Mariano Rajoy. Este colectivo ya había iniciado una incipiente ruptura  con el PP, a cuyo Gobierno acusó de dejadez, pues culpaba al Ejecutivo conservador de la posibilidad de que cerca de 50 etarras estuvieran a punto de abandonar la cárcel en un breve espacio de tiempo.

3. El papel de Espejel en la imputación de dirigentes socialistas manchegos

Concepción Espejel, la segunda magistrada recusada en los casos Gürtel y Bárcenas, fue presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara, antes de ser nombrada vocal del CGPJ a propuesta del PP. Y su principal iniciativa, coincidente con los intereses del PP, se adoptó en relación al incendio de 2005 en Riba de Saelices, en el que fallecieron 11 personas.

El Consejo General del Poder Judicial, en el que participaba Enrique López como vocal, impidió a la jueza que inició la investigación del incendio finalizar su trabajo ya que fue trasladada al País Vasco. Y la nueva instructora cambió de forma radical los criterios de la anterior, llegando a imputar a varios dirigentes del PSOE de esta Comunidad Autónoma.

En concreto, y según especifican a infoLibre fuentes de solvencia jurídica, Espejel fue ponente de un auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Guadalajara que estimaba un recurso del PP, que ejercía la acusación popular, en el que la nueva jueza ordenaba la práctica de pruebas que había denegado por "improcedentes" la anterior. Este auto impulsó el caso.

La nueva jueza acabó imputando en el procedimiento a la consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Rosario Arévalo, al director general del Medio Natural, José Ignacio Nicolás, así como a otros cargos socialistas de inferior rango. En 2008 Espejel abandona la Audiencia Provincial de Guadalajara para ingresar en el CGPJ.

Y en 2010 esta Audiencia manchega dejó sin efecto todos los procesamientos de cargos públicos del PSOE de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al no encontrar motivos para su imputación. En el juicio por el incendio resultó finalmente condenado tan solo el excursionista que encendió el fuego. El Tribunal Supremo confirmó esa única condena.

Anticorrupción tramita las recusaciones contra López y Espejel

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