Ofensiva política para poner fin a la impunidad de los crímenes del franquismo

A tres meses del cuarenta aniversario de la aprobación de la Ley de Amnistía, partidos y gobiernos autonómicos preparan una verdadera ofensiva para lograr el fin de la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista. El Gobierno de Aragón, presidido por Javier Lambán (PSOE), aprobó este martes el proyecto de Ley de Memoria Democrática [ver en PDF], que ahora tendrá que tramitarse en las Cortes regionales y que plantea la posibilidad de reclamar una derogación total o parcial de la Ley de Amnistía. A nivel estatal, PSOE e IU trabajan también en iniciativas en este sentido para después del verano.

La norma aprobada por el Ejecutivo aragonés, en concreto, señala en su disposición adicional segunda que el Gobierno de Lambán elevará al parlamento regional un informe para que la Cámara pida al Congreso de los Diputados que elimine de la Ley de Amnistía "aquellos términos que den amparo a la impunidad de los crímenes" cometidos entre 1931 y 1978. El proyecto de ley promete igualmente que en Aragón se aplicará la "doctrina de la ONU sobre crímenes contra la Humanidad" y se apunta que los principios que la inspiran son los de la "verdad, reparación y garantía de no repetición".

En esta misma línea, la Ley de Memoria Histórica y Democrática aprobada el pasado marzo en Andalucía establece en su preámbulo que "los crímenes cometidos por el franquismo están claramente definidos como crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad", que "serían imprescriptibles" y que "debe asegurarse su persecución universal". En cumplimiento del Derecho Internacional, prosigue el texto, "no puede aplicarse a ellos la prescripción" mediante leyes de amnistía y "debería derogarse o modificarse cualquier norma legal de carácter estatal que se oponga o contravenga esta normativa internacional".

La Ley de Amnistía se aprobó en las cortes constituyentes el 15 de octubre de 1977 por 296 a favor, dos en contra, 18 abstenciones y uno nulo. En su artículo primero establece que quedan amnistiados los actos de intencionalidad política tipificados como falta o delito y cometidos antes de 1976 y, en algunos supuestos, hasta 1977. En la práctica, juristas y expertos denuncian que ha venido aplicándose como una ley de punto final, empleándose como prtexto para no investigar y perseguir posibles delitos de lesa humanidad, los cuales ni prescriben ni pueden ser perdonados en ningún caso según diversas normas internacionales.

Una aplicación deficiente

Para Lydia Vicente, directora ejecutiva de Rights International Spain (RIS), la clave no es tanto el texto de la ley sino "la interpretación" que de ella se ha venido haciendo. "El problema es cómo se está aplicando por parte de los jueces españoles", comenta Vicente, que califica de "muy restrictiva" la aplicación de esta norma que ha venido realizando la justicia española. Además, subraya que "toda violación de derechos humanos tiene que ser investigada" y que "los delitos de esa clase no pueden ser amnistiados" mientras que los jueces españoles, asegura, se han mostrado reticentes a perseguir esos delitos y a considerarlos como crímenes contra la humanidad.

Vicente considera que para poder pasar página definitivamente hay que "establecer una verdad" sobre lo ocurrido durante la dictadura y que eso "repararía a toda la sociedad", además de a las víctimas y familiares que pudieran seguir con vida a día de hoy. En cuanto a los posibles autores de crímenes de la dictadura, admite que "vivos no quedarán muchos", pero insiste en que es necesario practicar "investigaciones efectivas" para determinar lo sucedido en cada caso y que "caiga la impunidad y el freno a las investigaciones". "España no puede seguir incumpliendo las numerosas recomendaciones de organismos internacionales", apunta.

Como uno de los máximos exponentes de la interpretación errónea que, a su juicio, hacen los jueces españoles de la Ley de Amnistía, cita la sentencia 101/2012 del Supremo (Manos Limpias y Asociación Libertad e Identidad vs Baltasar Garzón) donde, entre otras cosas, el alto tribunal argumenta que la norma fue aprobada "con el consenso total de las fuerzas políticas" y que fue "considerada necesaria e indispensable" para "desmontar el entramado del régimen franquista". "Tuvo un evidente sentido de reconciliación (...). Se buscó que no hubiera dos españas enfrentadas [y] se consiguió con muy diversas medidas de todo orden, una de las cuales, no de poca importancia, fue la citada Ley de Amnistía". El Supremo subrayó que la norma mantiene su "vigencia" y que fue un "pilar esencial, insustituible y necesaria para superar el franquismo", pues persiguió una "efectiva reconciliación".

Una judicatura con herencia franquista

Para Esther López Barceló, responsable federal de Memoria Democrática de IU, en la judicatura española "pervive una herencia franquista" que explica la "resistencia" de los tribunales a interpretar los crímenes de la dictadura como delitos "de lesa humanidad" amparándose en la Ley de Amnistía. La federación de izquierdas presentará en los próximos días una iniciativa para lograr la nulidad de las sentencias dictadas durante el franquismo, y tras el parón de verano, buscará "el máximo consenso" con otros partidos y asociaciones para impulsar una proposición de ley para lograr la nulidad de la norma de 1977 en aquellos aspectos que impiden perseguir delitos de lesa humanidad.

López Barceló coincide con la idea de que el problema de la Ley de Amnistía es más su aplicación que su literalidad y recuerda que relatores de la ONU han instado reiteradamente a España a derogar la citada ley para que no pueda ser empleada como un escudo que impida que prosperen investigaciones aún pendientes. Considera que, si el Congreso de los Diputados la dejase sin efecto, "los tribunales no tendrían más remedio" que permitir la investigación de delitos del franquismo que están por resolver. Por eso, insiste, es necesario "presionar socialmente" y convertir el fin de la "impunidad" en una "prioridad política" para que España pueda tener una "democracia de alto nivel".

"Tenemos una ventana de oportunidad para garantizar que en España se persiguen los crímenes de lesa humanidad y que no haya que recurrir, por ejemplo, a la justicia argentina para ello", dice en conversación con este diario la integrante de la dirección de IU, que considera que "la clave" que determinará si estas iniciativas pueden o no salir adelante es "si estará o no el PSOE". Hasta ahora, denuncia, IU "nunca" ha tenido "ayuda de otras fuerzas políticas". Preguntada por si tiene esperanzas de que los socialistas se sumen en esta ocasión, señala que confía en que "el PSOE sepa que no se puede esperar más".

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A preguntas de infoLibre, el secretario de área de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, explica que el partido de Pedro Sánchez ve "con buenos ojos" cualquier "declaración de buena voluntad" o iniciativa que pueda ponerse en marcha en este sentido. Hace apenas una semana, el propio Perelló mantuvo una reunión de trabajo con otros miembros de la dirección federal del PSOE para estudiar nuevas medidas en materia de memoria histórica y una posible proposición de reforma de la Ley de Amnistía de 1977, que previsiblemente se concretará en el próximo periodo de sesiones del Congreso, tras el verano.

"Estamos estudiando la fórmula más adecuada para abordarlo", señala Perelló, quien destaca que en la nueva dirección del partido hay una Secretaría de Memoria Histórica, lo que supone un "gesto" que quiere transmitir la "importancia" que el PSOE da a estos asuntos. Pide, eso sí, "ver con detenimiento los efectos" de cada posible iniciativa para asegurarse de que se soluciona el problema y no se genera más "frustración". Algunos juristas, por ejemplo, han advertido de la necesidad no sólo de modificar la Ley de Amnistía, sino también de buscar vías para que los tribunales no puedan argumentar tras su reforma que no pueden investigar crímenes del franquismo porque han prescrito.

Por ahora, este martes, el PDeCAT registró en el Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica con el objetivo de que esa norma declare la nulidad de los tribunales y la sentencias de carácter político dictadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y apeló también al PSOE para que la reforma pueda llegar a buen puerto. El portavoz adjunto del grupo catalán, Jordi Xuclà, recordó que hace 10 años, cuando se tramitaba la Ley de Memoria, algunos grupos intentaron que la norma incluyera ya esa nulidad de los juicios, pero que finalmente aceptaron la redacción propuesta por el Gobierno de Zapatero, que se limitaba a declarar la ilegitimidad de aquellos tribunales y sentencias.