Memoria histórica

La ONU se compromete con las víctimas del franquismo

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Ibon Uría

Fue un gesto insólito. El relator sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, tomó un megáfono y se dirigió a los manifestantes que el pasado jueves se congregaron frente a su hotel en Madrid. Eran víctimas del franquismo. Reclamaban verdad, justicia y reparación. "Quiero expresarles mi compromiso", dijo Greiff en un improvisado discurso en el que destacó la "importancia" que la ONU concede al tema. Después regresó al interior y recibió a varias asociaciones de la causa memorialista. Fuera, los ánimos se calmaron: "Al menos alguien nos escucha".

La vista de Greiff comenzó el pasado martes y no concluirá hasta el 3 de febrero. Su misión como representante de Naciones Unidas es examinar las medidas que el Gobierno español ha adoptado en materia de memoria histórica, así como en la reparación a las víctimas de la dictadura franquista y en sus posibilidades efectivas de acceso a la justicia. En su agenda hay encuentros con autoridades -en su primer día en España fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo-, asociaciones de la causa memorialista y víctimas y familiares de los crímenes de Franco.

No es la primera ocasión en la que una delegación de Naciones Unidas visita España. El pasado septiembre, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas examinó los hechos delictivos cometidos por el régimen franquista y concluyó, en su informe preliminar, que España debe juzgar las desapariciones, que la Ley de Amnistía de 1977 no se sostiene y que las medidas en apoyo de las víctimas son insuficientes. El texto completo verá la luz en las próximas semanas y ahondará en esa línea. Y aunque su contenido no es vinculante, los colectivos en favor de la memoria histórica esperan que el Ejecutivo acabe dando respuesta a sus demandas.

De momento, el Gobierno ha asegurado en palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que está "dispuesto" a seguir informando a Naciones Unidas sobre la atención a las víctimas del franquismo y a acometer "mejoras en ese punto". Sin embargo, ha asegurado que eso sólo es posible con el "máximo consenso", algo que, a juicio del Ejecutivo, no se logró en las pasadas legislaturas, cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica. Precisamente la aplicación de esa norma es una de las recomendaciones que la ONU ha dirigido al Estado español y que han caído en saco roto: por segundo año, en 2014 no se dedicará un céntimo a su puesta en práctica.

Pequeños pasos

Desde que llegara el martes a España, Greiff ha escuchado a varias asociaciones, entre ellas la Plataforma por la Comisión de la Verdad, la Coordinadora Estatal en Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) y la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR). Precisamente el juez Garzón destacó recientemente la necesidad de una investigación seria y profunda sobre los crímenes ocurridos durante la dictadura e instó al Gobierno a equiparar los derechos de las víctimas de la represión franquista con los de las víctimas del terrorismo.

"El relator se ha mostrado muy receptivo", asegura Jordi Gordon, portavoz de la Plataforma por la Comisión de la Verdad. Gordon señala en declaraciones a infoLibre que entregaron a Greiff un listado con más de 300 personas víctimas de desaparición forzosa, una relación de más de 200 niños robados y más de 70 resoluciones judiciales en las que los tribunales españoles se niegan a investigar y desestiman las reclamaciones de las víctimas. "Hubo mucha empatía en la reunión y nos expresón su comprensión", añade Gordon. "Cualquier persona mínimamente sensible no puede dejar de asombrarse y horrorizarse ante lo que pasa en España", añade.

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"Estoy muy satisfecho por el encuentro", dice por su parte Carlos Slepoy, abogado de la querella que se sigue en Argentina contra el franquismo. Slepoy ahondó en la tesis de la necesaria equiparación de derechos entre todas las víctimas en su encuentro con Greiff, y explicó a la conclusión de la reunión que "las víctimas del terrorismo han tenido justicia, reparaciones y verdad, pero nada de eso existe para las víctimas del franquismo". El letrado subraya la importancia de la causa de la jueza Servini y se mostró esperanzado de que "dejará de tener relevancia porque los jueces españoles harán justicia". "Tarde o temprano se logrará", sentencia.

"El relator se mostró muy interesado en conocer nuestras propuestas y recomendaciones", aseguran desde la FIBGAR. La Fundación reclama una reforma institucional que "incluya la memoria histórica en el currículum educativo" y que permita que los jueces respondan, sin ampararse en la Ley de Amnistía, a las demandas internacionales que los instan a juzgar el franquismo. En la misma línea, fuentes de FIBGAR inciden en una conversación con este medio en que "España sigue sin investigar a pesar de las recomendaciones de la ONU", y piden para las víctimas "derecho a la verdad" y una "tutela judicial efectiva".

Sea como sea, las asociaciones que durante los últimos días se han reunido con Greiff confían en que su visita sirva para añadir presión internacional a España. La estrategia de todo el colectivo en favor de la memoria histórica es, en este sentido, la internalización de su causa. Por su parte, el relator hará públicas sus conclusiones preliminares el 3 de febrero y dará a conocer su informe definitivo en septiembre de 2014. En sus primeros encuentros con víctimas, ha animado a los represaliados por el franquismo a "continuar su lucha" y se ha mostrado partidario de proponer al Estado medidas que generen amplio consenso y que el Gobierno no pueda rechazar de plano.

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