Escándalo en el catolicismo

La pederastia desborda a la Iglesia cuatro años después de la voz de alarma de la ONU

El papa Francisco, en Dublín, en agosto de 2018.

Miguel Hurtado denunció con 16 años haber sufrido abusos sexuales del sacerdote a cargo de su grupo católico juvenil. Este barcelonés, que hoy trabaja como psiquiatra infantil en Londres, afirma que la respuesta del superior jerárquico fue animar a sus padres a no denunciar y mover al supuesto agresor a un nuevo destino. La decepción se incrustó para siempre en la conciencia de Hurtado, una de las víctimas que participó en el informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU que acusó en 2014 al Vaticano de encubrir a sus clérigos pederastas. Para entonces Hurtado ya había comprendido que su caso no era único. Y que el fenómeno se extendía por todo el mundo.

"Hay activistas contra los abusos en la Iglesia desde hace 30 años, pero el problema es que los esfuerzos han sido siempre nacionales. Eso no sirve. La Iglesia es una organización global. Su manual de encubrimiento es global. Su mecanismo de traslado de curas pederastas es global, de país a país. Una serie de supervivientes nos dimos cuenta de que si queríamos reformas teníamos que unirnos", explica Hurtado. Sobre la base de este razonamiento, se constituyó a principios de año Ending Clergy Abuse, organización de la que Hurtado es cofundador y que integra colectivos de afectados de 18 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Polonia, Italia y Chile.

No son días felices en los pasillos de esta organización. Al contrario, cunden la indignación y la decepción. El motivo es la carta del papa Francisco sobre el gran demonio interno de la Iglesia católica: la pederastia. El pontífice lanzó el lunes esta misiva tras la acusación judicial contra 300 "sacerdotes depredadores" por siete décadas de abusos y violaciones de niños y niñas, incluyendo penetraciones y felaciones, prácticas aberrantes y traumáticas que fueron sistemáticamente encubiertas por la jerarquía. Las casi 2.000 palabras dedicadas por el jesuita argentino al problema de los abusos sexuales en la Iglesia constituyen, en fondo y forma, la más contundente condena que el jefe del Estado Vaticano haya hecho jamás contra la pederastia en la Iglesia, alcanzando niveles inéditos de autocrítica. El papa, que reconoce "con dolor y vergüenza las atrocidades cometidas por personas consagradas", admite "al menos mil" víctimas de abuso sexual, una práctica a la que llama "crimen" y "delito" con todas las letras, no sólo pecado. Admite que hubo "complicidad" en el seno de la Iglesia y que la "omisión" fue "la forma de respuesta" en el marco de una "cultura del abuso". "Hemos [...] abandonado a los pequeños", señala, aunque defiende el viraje que está intentando dar a la nave. Este sábado, en Dublín –capital del país que fue testigo de varios de los episodios más graves de esta lacra–, el papa ha vuelto a incidir en la idea: se refirió al "fracaso de las autoridades eclesiásticas" al afrontar los "crímenes repugnantes" de los abusos sexuales a menores por parte del clero católico.

¿Por qué entonces, si jamás un papa había mostrado tanta contrición y vergüenza en términos tan inequívocos, la carta ha causado decepción entre las víctimas y los sectores reformistas de la Iglesia? ¿Por qué incluso el arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, le ha respondido a Francisco que "no basta con pedir perdón" y que "las estructuras que permiten el abuso deben ser destruidas"? La respuesta la encontramos en las consideraciones de Sara Oviedo, miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU hasta 2017, que participó en la investigación que desembocó en el informe de 2014. El tiempo de las palabras y los propósitos, afirma Oviedo, ya ha pasado.

  Las tareas de la ONU

"El papa ya tiene unas recomendaciones de la ONU encima de la mesa desde 2014. Si hubiera seguido esa hoja de ruta, no estaríamos aquí, otra vez pidiendo perdón, diciendo que es un crimen, una vergüenza... Y nada concreto. El papa es un digno representante del gatopardismo de la Iglesia, decir que algo va a cambiar para que nada cambie", señala Oviedo, que le recuerda al pontífice las prioridades a las que ya apuntaba la ONU. "Lo primero, que entregue las listas de todos los denunciados. Es algo súper concreto, la transparencia. La Iglesia debe entregar a los pederastas y los encubridores para que sean sancionados. Debe destruir el mecanismo interno de encubrimiento, el que ha quedado demostrado en Pensilvania, y crear mecanismos nuevos de transparencia. La otra gran medida sería un protocolo muy claro de trato con los niños. Y que la Iglesia se abra de una vez a la educación sexual", explica. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha insistido en la petición de acción al papa en el acto de este sábado en Dublín: le ha emplazado a utilizar su "cargo e influencia" para garantizar que las víctimas de los abusos puedan obtener "justicia, verdad y curación" tras los graves casos ocurridos.

El informe de la ONU reclamaba expresamente a la Iglesia "retirar inmediatamente a todos los abusadores de niños conocidos y sospechosos y remitir el asunto a las autoridades policiales y judiciales". También instaba a "asegurar un intercambio transparente de todos los archivos que se pueden utilizar para responsabilizar a los abusadores, así como todos aquellos que ocultaron sus crímenes y que deliberadamente colocaron abusadores en contacto con niños". Y pedía "establecer reglas claras, mecanismos y procedimientos para la denuncia obligatoria".

Ending

Clergy Abuse, que denuncia el incumplimiento por parte del Vaticano de estas recomendaciones, también ha publicado, tras el informe de Pensilvania, tres exigencias al papa que van en la misma línea: "remoción permanente" de su cargo de abusadores y cómplices; un registro público global que incluya "la publicación inmediata de los 3.400 clérigos declarados culpables por la Congregación para la Doctrina de la Fe"; y "declarar la obligación de denunciar" los casos. Lo contrario, señala esta asociación, debería suponer la "excomunión inmediata".

  Elevadas expectativas

Aunque con menor énfasis, ya Juan Pablo II afirmó que "la sociedad considera con justicia delito" el abuso sexual a menores (2002) y Benedicto XVI dijo que los culpables responderán "ante dios y ante los tribunales" (2010). Si la alusión al "delito" ha sonado diferente viniendo de Francisco no ha sido por la novedad terminológica, sino porque el actual papa levantó desde su elección en 2013 elevadas expectativas de renovación en la Iglesia. Si sus dos predecesores, el ferviente anticomunista polaco Wojtila y el introspectivo y dogmático alemán Ratzinger, destacaron por su reaccionarismo ideológico, el argentino Jorge Mario Bergoglio apareció como un pontífice más progresista y conectado con la modernidad, partidario entre otras cosas de una mayor transparencia financiera –la banca vaticana viene siendo objeto de escándalos desde los 70– y por supuesto de un combate sin contemplaciones contra la pederastia.

En realidad Benedicto XVI ya abrió esta senda, endureció el discurso y terminó con la idea –tan practicada por Juan Pablo II– de que los trapos sucios se lavan en casa. Fue Benedicto XVI el que en 2006 apartó de la vida pública al sacerdote mexicano Marcial Maciel, protegido de Juan Pablo II, al que nadie en el Vaticano había osado tocar pese a que las denuncias sobre abusos sexuales en centros de la Legión de Cristo empezaron a llegar en los 50. El problema de Benedicto XVI es que le pesaba la mochila de sus años como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la antigua Inquisición, donde ejerció de mano derecha de Juan Pablo II. Los analistas del Vaticano vinculan la incapacidad de Benedicto XVI para embridar el problema de los abusos sexuales con su renuncia en 2013. La llegada de Francisco, simpático, futbolero, un papa que se deja tutear y que altera el guión vaticano sobre temas críticos como la homosexualidad, abrió el horizonte de un verdadero cambio a fondo.

  Un problema colosal

Bergoglio no tenía más remedio que reaccionar. El escándalo de la pederastia eclesial había adquirido ya a su llegada unas dimensiones colosales. No sólo era Maciel, ni mucho menos. Eran seminarios, escuelas y orfanatos por todo el orbe católico, con abusos de niños y adolescentes, agravados por la superioridad no sólo física, sino también moral, de quienes utilizaban la confianza que se le brinda a la autoridad religiosa para atacar a unos ingenuos chiquillos. Los casos destapados abarcan a Estados Unidos, Australia, Irlanda, Italia, Austria, Alemania, Argentina, Colombia, Ecuador... También en España ha habido varios casos, aunque no se ha constituido hasta la fecha una organización de víctimas que articule una denuncia contra el sistema en su conjunto, ni tampoco se ha producido una comprobación fehaciente de una mecánica jerárquica de ocultación. Este sistema de encubrimiento sí se ha quedado demostrado en la diócesis de Estados Unidos.

La eclosión del fenómeno ha obligado a la dimisión o cese de obispos y otros altos dignatarios. Llegó a caer por sus encubrimientos el obispo irlandés Johan Magee, que fue secretario de tres papas, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XV. Otros aspectos siniestros agravan el problema. El sigilo sacramental del confesor, a quien en ocasiones acudían las víctimas cargadas de culpa y confusión, ha servido como coartada para evitar denuncias y tratar el asunto como pecados domésticos.

  "De las palabras a los hechos"

Francisco prometió desde su llegada "tolerancia cero". Introdujo un cambio de tono. Ni ha minimizado el problema, ni lo considera algo del pasado, ni ha hecho hincapié en que porcentualmente no es para tanto, elementos clásicos del argumentario vaticano que han quedado atrás. El papa ha prodigado reuniones con las víctimas, a las que ha escuchado y ofrecido consuelo. No se ha escondido. El jesuita cambió el reglamento interno para endurecer las penas por pederastia. Introdujo mecanismos para el mejor control de los antecedentes de los religiosos que trabajen con niños. Y, como medida estrella, creó la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores, conocida como "la comisión antipederastia", para hacer autocrítica, prevenir casos y establecer mecanismos eficaces.

Su implicación contra la pederastia ha sido personalísima. El papa llegó a llamar por teléfono al denunciante de un caso de abusos en Granada que le mandó una carta. El pontífice lo animó a acudir al arzobispo, al que también llamó, para pedirle diligencia. Aunque finalmente el caso llegó a juicio y el acusado fue absuelto, el episodio evidenció la disposición del papa a involucrarse y no ponerse de perfil.

Pero ni todo el empeño, ni todas las buenas palabras, ni todos los anuncios pueden ocultar una realidad: la pederastia sigue empantanando a la Iglesia. Es constatable que el papa no ha logrado erradicar este mal y que las víctimas siguen descontentas por la falta de medidas reales. La comisión antipederastia no ha obtenido los avances esperados. Las dimisiones de la las víctimas Marie Collins y Peter Saunders, dos de sus miembros iniciales, por la obstaculización de la curia a los avances de la comisión supuso un revés tremendo. "Frustración y la falta de cooperación de parte de otros organismos de la curia romana", denunció Collins en 2017. El Vaticano no emite ninguna comunicación oficial sobre la actividad de la comisión desde febrero. No obstante, destaca que "ha trabajado con casi 200 diócesis y comunidades [...] alrededor del mundo para concientizar y educar". "La comisión no ha hecho nada que podamos tocar", opina Sara Oviedo.

Las aguas sucias de la pederastia y sus complicidades han llegado hasta el entorno más próximo de Francisco. Algunos de los más estrechos colaboradores del grupo de religiosos seleccionados para reformar la curia, como el cardenal australiano George Pell, han sido acusados de encubrimiento. El propio presidente de la comisión antipederastia, el arzobispo de Boston Sean Patrick O'Malley, criticó abiertamente a Francisco por su apoyo al obispo chileno Juan Barros, acusado de encubrimiento.

Ending Clergy Abuse insiste en que las reacciones se siguen moviendo en el terreno retórico. "Más allá de las palabras, nuestra misión está clara: que la Iglesia tome las medidas que establece el informe de la ONU de 2014", remarca Hurtado, que afirma que, para merecer credibilidad, la institución católica tiene que pasar "de las palabras a los hechos" y dar pasos que no se ha atrevido a dar: "Denunciar de inmediato ante la policía todos los casos de pederastia; cesar a los obispos encubridores; entregar sus archivos para ayudar en las investigaciones; asumir su responsabilidad civil; y utilizar su poder e influencia para pedir la derogación de las leyes de prescripción. Esto es muy concreto y muy específico. Pero el Vaticano ni lo acepta ni lo implementa".

  Primero la doctrina, luego las medidas

El periodista José Manuel Vidal, director de Religión Digital y atento observador de los entresijos y movimientos de la Iglesia, cree que el pontificado de Francisco ha acelerado un "cambio de tendencia en profundidad", que ya dio comienzo con Benedicto XVI pero que está "tardando en reflejarse en los hechos". "En la Iglesia siempre es así. Primero se cambia la doctrina, el derecho canónico, y luego van las consecuencias prácticas", señala. Vidal subraya que "nunca un papa se había atrevido a hacer lo que hizo Francisco en Chile, forzar la dimisión de todo un episcopado". Y destaca otros gestos como acoger a las víctimas en Santa Marta, su residencia papal.

Vidal vincula el cese en 2017 del que fuera prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, Gerhard Ludwig Müller, con la falta de sintonía de éste con la agenda antipederastia del pontífice. "El cambio se está empezando a notar. Lo que imperaba era encubrir, tapar, cambiar de parroquia, enviar a misiones... Esa dinámica se está rompiendo y cualquier obispo ahora se tienta la ropa", señala Vidal, que entiende que la falta de eficacia inmediata del cambio de tendencia impaciente a las víctimas. En cuanto a la comisión antipederastia, Vidal señala que "no ha cuajado", pero no descarta que con el tiempo pueda llegar a buen puerto. El periodista destaca Estados Unidos como país en el que la Iglesia católica más medidas ha adoptado para prevenir y denunciar. Cree que el problema ha sido sistémico, y que ha afectado en grado parecido a todos los países donde la Iglesia ha acumulado gran poder, como España, Polonia o Italia.

  Celibato y privilegios

Hay aspectos de la carta de Francisco tras el informe de Pensilvania que han causado malestar en las asociaciones de víctimas. Por ejemplo, la inculpación de la "comunidad eclesial", en una especie de generalización que desdibuja la responsabilidad de la élite de la Iglesia y corresponsabiliza a un rebaño que en realidad ha sido víctima. Pero también hay referencias de apariencia irrelevante donde pueden encontrarse claves. Así ocurre con la crítica directa que hace el papa en su misiva al "clericalismo", es decir, al excesivo protagonismo del clero en la Iglesia, que se cierra con ello sobre sí misma. Vidal interpreta que Francisco lanza aquí un mensaje velado sobre la necesidad de una reforma profunda de la Iglesia, porque es en su modelo organizativo y de funcionamiento donde se forma el clima de impunidad que termina favoreciendo los abusos.

¿Hablamos de la posibilidad de poner fin al celibato? ¿De ordenar a la mujer? Vidal cree que "el pueblo de dios" está "perfectamente preparado para eso". "Esto son temas que no afectan a la doctrina. Son leyes de la Iglesia. Se pueden cambiar", afirma.

Ending Clergy Abuse evita poner el foco en el celibato. Tampoco el informe de la ONU pide su supresión. "Si dices eso, la respuesta es que hay casos de pederastia en otras iglesias, como la anglicana, o en los cascos azules de la ONU. No. Nosotros insistimos en que al abuso sexual es un abuso de poder. Hay que reformar esa estructura de poder. Pero para que los niños tengan derechos en la Iglesia, la Iglesia tiene que perder privilegios. Ahí está la clave. En la historia ningún grupo social ha renunciado a sus privilegios", señala Hurtado.Y ahí es donde cree que Francisco no quiere tocar nada. "Todo lo que ha hecho o dicho ha sido reactivo. Desde su posición en Chile [donde todos los obispos le entregaron su dimisión], hasta el anuncio de la comisión, todo lo hace como reacción. Cuando anunció la comisión [antipederastia], fue para que se dejara de hablar del continuo rechazo del Vaticano a entregar sus archivos internos a la ONU", señala.

A partir de informes elaborados en Australia y Estados Unidos, Ending Clergy Abuse estima que entre el 6% y el 10% del clero católico ha cometido abusos sexuales. En 2004 la Iglesia de Estados Unidos admitió un 4% a lo largo de 50 años. Un problema gigantesco. Al diagnóstico de L'Osservatore Romano, el periódico oficial del Vaticano, que destaca la "firmeza" del pontífice argentino, cabe oponer que son instancias externas las que acaban destapando los mayores horrores: el Gobierno en Irlanda, una comisión oficial especial en Australia o la prensa en Estados Unidos... Las denuncias no parten, al menos de momento, del propio clero.

Hace ya más de cuatro años del informe de la ONU que acusaba a la Iglesia de vulnerar la Convención sobre los Derechos del Niño por situarlos en situación de "alto riesgo de abuso" con la total "impunidad" de los perpetradores de las agresiones, a los que se blindaba con una política de movilidad. Dicho informe exigía al Vaticano la entrega sin condiciones de los abusadores. Sigue pendiente.

Requerida por infoLibre, la Conferencia Episcopal, máxima representante de la Iglesia en España, no facilitó a ningún portavoz para abordar esta cuestión. Sí aclaró que existe un protocolo de actuación ante agresiones sexuales y que tiene representación en la comisión antipederastia.  

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