Peinado pide a una asociación un informe sobre el intrusismo que imputa a Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Asociación Española de Abogados del Estado un informe sobre las cualificaciones académicas exigibles para elaborar "cualquier pliego de condiciones" en la adjudicación de contratos de servicios, en relación al presunto delito de intrusismo que imputa a Begoña Gómez, según informa EFE.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid quiere saber las "cualificaciones académicas y titulación exigible para la elaboración, redacción o suscripción de cualquier pliego de condiciones y/o prescripciones facultativas que hayan de servir de base para cualquier proceso de selección de contratistas en todo tipo de procesos para la adjudicación de contratos de servicios, suministros u obras públicas".

Y por ello reclama un "informe detallado" a la citada asociación, según una providencia dictada el 18 de noviembre, a la que ha tenido acceso EFE, que estaría relacionado con el delito de intrusismo que imputó en octubre de 2024 a la mujer del presidente del Gobierno.

Lo hace después de que en octubre la Audiencia Provincial de Madrid emitiese un auto en el que le decía que las imputaciones de intrusismo y corrupción en los negocios exigen "una mínima verificación judicial sobre su consistencia, antes de continuar por nuevas fases del procedimiento", para delimitar mejor el objeto y facilitar la posibilidad de defensa.

Según plasmó el juez Peinado en un auto de este mes, "queda acreditado" que Begoña Gómez "firmó la propuesta del pliego de cláusulas administrativas particulares relativas" a la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La mujer del presidente del Gobierno, según la tesis de Peinado, "suscribió documentos y pliegos técnicos" de un contrato con Deloitte "para el desarrollo del software" para la cátedra, "para los cuales no reunía la capacitación adecuada".

El delito de intrusismo profesional castiga a quien ejerce actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial, y al que ejerce una profesión u oficio sin disponer del título que habilita para ello.

Peinado ya manifestó que para este delito no es necesaria una continuidad delictiva, y cree que la querellada pudo cometerlo al redactar los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación, por parte de la Complutense, de un servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión para la pequeña y mediana empresa.

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"La querellada no ha acreditado disponer de conocimientos ni facultades para estar cualificada técnicamente, al objeto de conocer científicamente, las citadas necesidades exigidas a los licitadores, y así mismo, entre las facultades de la codirectora del máster no se recogen expresamente las de elaboración de dicho pliego de condiciones, careciendo, en principio de la condición de autoridad o funcionario", argumentó al imputarla este delito.

La defensa de Begoña Gómez, por su parte, siempre ha sostenido que firmó los pliegos porque así se lo indicaron desde el centro universitario, y ha aportado correos que trataban de acreditarlo.

Esta decisión del juez se produce después de que el pasado domingo archivase la investigación por presunta malversación contra la secretaria general de la Presidencia del Ejecutivo, Judit González, a la que imputó recientemente, al considerar "plenamente acreditado" que no incurrió en dicho delito.