Belarra pide aplicar el Convenio de La Haya y no entregar el hijo de Rivas a su padre

El diputado de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha roto la disciplina de voto del grupo parlamentario Sumar, del que forma parte, al votar este martes en el pleno del Congreso en contra del real decreto ley de refuerzo del sistema eléctrico tras el apagón.

Este real decreto ley ha sido rechazado con los votos en contra de PP, Vox y UPN, así como de socios de investidura del Gobierno como Junts, BNG y Podemos.

En el caso del PP y de Junts, el sentido de su voto ha sido una incógnita hasta poco antes de la votación, momento en que se ha conocido también el rechazo del diputado Pueyo, que ha votado en contra, mientras que el resto de parlamentarios del grupo Sumar lo han hecho a favor, aunque su postura no ha modificado el resultado final, ya que estaba claro que el real decreto no salía adelante.

En una rueda de prensa tras el pleno, Pueyo ha dicho que, pese a tener "medidas positivas", se trata de un real decreto "envenenado" con el que el PSOE solo pretendía, en su opinión, "dividir a los ecologistas urbanos de los ecologistas rurales".

"¿Cómo voy a votar a favor de un real decreto que viene envenenado con trampas para los ya expoliados, para los territorios de sacrificio como Aragón, mientras están rescatando a las eléctricas?", se ha preguntado el diputado, que asegura que había comunicado su decisión a su grupo parlamentario, del que forman parte otros partidos como Movimiento Sumar, los comunes o IU.

Ozzy Osbourne, el cantante de Black Sabbath, ha muerto a los 76 años "rodeado de amor", informó este martes su familia en un comunicado.

El Gobierno ha autorizado este martes la tramitación administrativa urgente del proyecto de real decreto que regula la concesión directa de préstamos a varias empresas, entre ellas Airbus e Indra.

Se trata, según se explica en la referencia del Consejo de Ministros celebrado hoy, de préstamos para desarrollar programas de modernización en los ámbitos terrestre y aéreo contemplados en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa.

La urgencia se fundamenta en la necesidad de la puesta en marcha por parte de España del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa para, entre otros, el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de inversiones en seguridad y defensa.

Los grupos del PP y Vox, junto al representante de UPN, se han quedado solos este martes en el pleno del Congreso en su negativa a una reforma del Reglamento de la Cámara para regular la actividad de los periodistas parlamentarios.

Ambos grupos han rechazado la proposición de reforma presentada conjuntamente por el PSOE, Sumar, PNV, EH Bildu, Junts, ERC, BNG y Coalición Canaria, y apoyada por Podemos, para garantizar la labor periodística tras los episodios de "intimidación" y "faltas de respeto" de los últimos meses por parte de personas acreditadas como profesionales de la comunicación.

Todos los grupos proponentes han coincidido en la necesidad de reforzar la actividad de los periodistas en el Congreso con medidas sancionadoras para quienes tengan comportamientos contrarios al decoro, como ya existen en otros parlamentos.

Sumar, a través de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley de información clasificada aprobado este martes por el Consejo de Ministros al considerar que debería establecer plazos "mucho más cortos" para desclasificar secretos y ha anunciado que presentará enmiendas al texto cuando llegue al Congreso.

Fuentes del grupo han explicado que Díaz ha planteado además que no se clasifique como reservada la información que pueda resultar relevante para la incoación de procesos judiciales en los que se persigan conductas que atenten contra la dignidad del ser humano.

A su juicio, las sanciones que podrán aplicarse deberían ser menos elevadas, y los diputados que forman parte de la comisión de secretos en el congreso deben poder acceder a las diligencias y directivas, así como a las memorias justificativas de las propuestas de clasificación.

La nueva Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) ha superado su último trámite en el pleno del Congreso, por lo que ha quedado definitivamente aprobada en una votación en la que el PSOE ha apoyado algunas de las enmiendas que el PP había introducido en el Senado.

El pleno del Congreso ha aprobado tres enmiendas del PP, entre las que destaca que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde están presentes las comunidades autónomas y será la que gestione y coordine las emergencias sanitarias, evalúe la idoneidad del futuro director de la agencia.

También se incluye que la decisión de exención para un medicamento del sistema de precios de referencia o la aplicación de un coeficiente que eleve el precio de referencia de un medicamento se tome en el seno de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, con la participación de las comunidades autónomas.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha acusado este martes al PP de creer que vota contra el Gobierno cuando "está votando en contra del interés general", en referencia a su rechazo al decreto 'antiapagones', y ha anunciado que volverá a llevar esa norma al Congreso, convencido de que será convalidada.

En rueda de prensa junto al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, Sánchez ha cargado contra los populares por hacer "todo menos política" e intentar que el Gobierno sufra un castigo parlamentario: "No lo hemos sufrido, lo han sufrido los españoles", ha subrayado.

No obstante, ha puesto el foco en las otras seis votaciones que han salido adelante en el pleno del Congreso: "Si de siete leyes hemos aprobado seis, ni tan mal", ha afirmado al ser preguntado sobre su intención de acabar la legislatura.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes acuerdos por un total de 425.781.422 euros para la selección de empresas que ejecuten obras en establecimientos de la Armada, una red de asistencia a personal de Defensa, un contrato de seguros para este ministerio y modernización de vehículos de la Infantería de Marina.

En concreto se destinan 316.800.000 euros para la selección de empresas que ejecuten las obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación de establecimientos de la Armada en territorio nacional, informa el Gobierno.

Igualmente, 54.226.204 euros para la implantación de la red segura de asistencia al personal del Ministerio de defensa desplegado en zonas de operaciones y en el territorio nacional.

El PP y Junts votarán en contra de la convalidación del real decreto-ley de medidas para fortalecer el sistema eléctrico, a pesar del llamamiento de las asociaciones empresariales del sector explicando la importancia de esta normativa y solicitando el voto a favor.

Fuentes del PP han explicado que no están de acuerdo con la parte del decreto referida al apagón y que respecto a otros asuntos que el texto incorpora presentarán una proposición de ley en el Congreso, en coordinación con las comunidades autónomas, dirigida a "garantizar las inversiones que nuestro país necesita en materia de energía".

El Gobierno dependía de una eventual abstención del PP para sacar adelante este decreto, después que Podemos anunciara su voto en contra.

La mayoría parlamentaria ha avalado este martes hablar solo de Congreso sin el apellido 'de los Diputados', lo que se materializará en el Reglamento de la Cámara, pero no supondrá cambio alguno en la denominación de la institución, solo posible si se modifica la Constitución.

Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP y Vox, han respaldado durante el pleno la proposición de reforma planteada por el PSOE y Sumar para adaptar el Reglamento del Congreso al lenguaje inclusivo y erradicar el sexismo y han rechazado las enmiendas presentadas tanto por los populares como por los de Santiago Abascal.

La reforma afecta exclusivamente al texto reglamentario para visualizar en él a las mujeres haciendo mención a "diputadas y diputados" en lugar del habitual masculino genérico, o la Presidencia, Vicepresidencia y Secretarías para sustituir al término presidente, vicepresidente y secretario.

El Gobierno trasladará desde mañana, miércoles, a su red de protección internacional a los 100 primeros menores inmigrantes solicitantes de asilo de los que se hace cargo, que pasarán inicialmente por el centro de acogida Canarias 50 de Las Palmas de Gran Canaria.

La directora general de Protección de la Infancia del Ejecutivo canario, Sandra Rodríguez, ha hecho pública esta decisión tras concluir la reunión semanal que los dos gobiernos mantienen para dar cumplimiento a las instrucciones emitidas por el Tribunal Supremo sobre la protección que deben recibir los menores que piden asilo.

Rodríguez ha remarcado que el Canarias 50 -un centro del Ministerio de Migraciones utilizado hasta ahora solo para adultos y familias con niños- debe funcionar como un recurso "de tránsito", de modo que los chicos que ahora llegan a sus dependencia deberá salir "en 15 días" hacia recursos humanitarios de la península.

El exministro y diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos ha reaparecido este martes en el último pleno del Congreso antes del parón del verano y ha mantenido su inocencia en el caso Koldo, donde está siendo investigado por el Tribunal Supremo, negando además el cobro de comisiones ilegales.

"Si yo hubiera cobrado (algún tipo de comisión por adjudicaciones ilegales), estaría en alguna parte. Y ese es el afán, encontrar algo", ha declarado a los medios en el Congreso, donde ha vuelto este martes para asistir a las votaciones del pleno 'escoba'.

Ábalos no acudía al pleno del Congreso desde mediados de junio, cuando fue publicado el informe de la UCO que implicaba en el cobro de comisiones al ya exdiputado y exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que acabó siendo otro de los investigados en el caso Koldo.

La titular del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada ha acordado este martes aplazar al viernes la entrega del hijo menor de Juana Rivas, que volverá hoy con su madre hasta que pueda concluir la ejecución de la resolución judicial de los tribunales italianos.

Socios de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como PNV, ERC, Bildu y BNG, celebran la aprobación este martes del proyecto de ley de Información Clasificada, pero consideran que llega tarde y que es insuficiente.

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, cuyo partido lleva reclamando esta ley al Gobierno durante casi una década, ha dicho que su aprobación este martes en el Consejo de Ministros es una buena noticia, aunque sea tarde, ha añadido.

"Vamos a leer la ley bien. Pero por ahora, por la primera lectura que hacemos, todavía está lejos de aquello que nosotros pedíamos", ha declarado Vaquero a los medios en los pasillos del Congreso.

Este proyecto de ley sustituye a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo (1968) y establece por primera vez la desclasificación automática de información clasificada, cuando transcurran unos determinados plazos.

La ley establece que el tiempo máximo de clasificación será de 45 años prorrogables de forma motivada a otros 15 años.

Vaquero ha destacado que el proyecto de ley acaba con una ley franquista y ayudará a "dar transparencia" y conocer la verdad sobre hechos ocurridos sobre todo en la Transición y en los primeros años de la democracia, pero su partido quiere hacer cambios en el texto, así que presentará enmiendas cuando llegue al Congreso.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha llamado este martes a los grupos parlamentarios a actuar con "sensatez" para aprobar normas como el decreto 'antiapagones', cuya convalidación depende principalmente de una eventual abstención del PP, y ha explicado que el Gobierno negociará hasta el último momento.

"Vamos a trabajar hasta el último minuto para lograr que el Congreso apruebe todas las normas y todas las iniciativas legislativas que lleva el Gobierno", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Congreso debate este martes en un pleno 'escoba' extraordinario la convalidación de tres decretos ley sobre entregas a cuenta a comunidades y ayuntamientos, refuerzo del sistema eléctrico tras el apagón y declaración de eventos culturales como de interés público, con la duda de si el Gobierno obtendrá los apoyos necesarios para sacar adelante los tres.

Uno de los decretos ley que puede encender más las discusiones en el hemiciclo es el de las medidas diseñadas para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón masivo del 28 de abril, ya que Podemos ha anunciado su voto en contra y la convalidación dependerá en buena medida de la posición del PP, que no ha adelantado el sentido de su voto.

Bolaños ha afirmado que la "seña de identidad" del Gobierno es hablar y dialogar con todos los grupos parlamentarios "hasta el último momento" y ha hecho un llamamiento a los grupos "a la sensatez" y "al sentido común" para aprobar normas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado este martes que el Gobierno va a "responder" ante el caso de Juana Rivas reformando la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia para que los niños sean escuchados por la Justicia.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios después de que Rivas haya tenido que entregar hoy a su hijo Daniel, de 11 años, en el Punto de Encuentro Familiar de Granada, y el Tribunal Constitucional haya desestimado su recurso de amparo, que pretendía frenar esta entrega a su padre, quien tiene pendiente un juicio en Italia acusado de maltrato continuado a sus hijos.

"Yo quiero decir que es absolutamente doloroso que hayamos tenido que llegar a esta situación", ha lamentado Rego, para quien Daniel ha sido "claro" y "nítido" sobre su oposición a volver a Italia con su padre.

Ha recordado que el niño se presentó ante la Fiscalía de Granada, donde el fiscal "consideró que no debía escucharlo", puso una denuncia para que le protegieran y estuvo 9 horas en la sala de espera de un juzgado de Guardia. "No hay derecho, quiero decir que no hay derecho, no se le recibió, no se le escuchó, no se consideró la denuncia y hemos llegado a esta situación", ha denunciado.

Sumar y Podemos han expresado este martes en el Pleno del Congreso su rechazo frontal a una iniciativa apoyada por el PSOE y el PP sobre beneficios fiscales a empresas para la promoción de vivienda por considerar que responde a los intereses del sector inmobiliario.

La iniciativa, que en todo caso saldrá adelante -cuando se vote esta tarde- con los votos de los dos grupos mayoritarios, es una modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias para permitir que fondos depositados en la denominada Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) se pueda destinar a la compra, construcción o rehabilitación de viviendas para alquiler no vacacional.

Esta modificación, que fue aprobada por el Pleno del Senado el pasado 17 de julio sin votos en contra, ha encontrado sin embargo en el Congreso el reproche de Sumar y Podemos.

Carlos Martín, de Sumar, ha opinado que esta reforma legal se mueve en la dirección opuesta a sus políticas porque "parte del 'lobby' inmobiliario" y ha advertido de que el resultado será "el absurdo de que alquileres abusivos recibirán un premio en forma de rebajas de impuestos" que, además, no revertirán en servicios sociales.

La Comisión Europea insistió en que su "gran prioridad" sigue siendo avanzar en las negociaciones para lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos, según indicó un portavoz este martes, a diez días de llegar a la fecha límite del 1 de agosto fijada por el presidente del país norteamericano, Donald Trump.

En paralelo, la Unión Europea prosigue con los "trabajos" para tener listas las represalias con aranceles a las importaciones procedentes de EE.UU en caso de que las conversaciones no lleguen al "resultado" deseado por las autoridades comunitarias, aunque el portavoz de Comercio, Olof Gill, evito dar detalles sobre estos preparativos.

"Hasta entonces, nuestro foco está en las negociaciones y esa es la gran prioridad por el momento", expresó en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.

El portavoz recordó que las "contramedidas" europeas están "sobre la mesa", pero la "intención" de Bruselas es no establecer una fecha para su entrada en vigor anterior al 1 de agosto, precisamente para dar margen a las negociaciones entre Bruselas y Washington.

El PP ha lanzado este martes una conjetura sobre una posible financiación irregular del PSOE a la que ha llegado siguiendo "el rastro del dinero" y comprobar que hubo transferencias de la empresa Servinabar, propiedad de Antxon Alonso, a la cooperativa Noran, la cual compartía con Koldo García, y desde la que pudo llegar dinero al partido.

El senador Salvador Foronda ha expuesto esta sospecha durante su turno de interrogatorio en la comisión de investigación del caso Koldo al compareciente Antxon Alonso, quien se ha acogido a su derecho a no declarar para no contestar a las preguntas, aunque sí ha hecho alguna matización a los senadores de UPN, Vox, ERC, PSOE y PP que han intervenido.

Foronda ha asegurado que se realizaron transferencias por "casi 380.000 euros" desde Servinabar a la cooperativa Noran, que tiene menor exigencia mercantil que una empresa, y que se hicieron después de que la empresa de Antxon Alonso se adjudicara en una unión temporal con Acciona el contrato de obra para los túneles de Belate.

Mientras el senador del PP ha expuesto este relato, Antxon Alonso no ha permanecido callado, como anunció que haría, y le ha interrumpido con exclamaciones como "¡vaya falta de rigor!" o "usted habla de oídas", seguidas por otras autocorrecciones, como indicar que se está equivocando en contestar y que le encantaría responder.