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Caso Gürtel

El PP no declara e insiste en que la causa debe anularse

Sede del PP en la Calle Génova

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El abogado del PP Jesús Santos, en calidad de representante legal del partido ha optado este lunes por no declarar ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005). Se ha remitido a su escrito de defensa y las manifestaciones que ya realizó durante la fase de cuestiones previas, en la que se adhirió a la petición de nulidad de la causa.

"Nos remitimos a nuestro escrito de defensa, escrito de alegaciones, y las que realizamos en las cuestiones previas sobre el fondo de este procedimiento", ha destacado Santos que se sumó al inicio del juicio a la solicitud de anular el procedimiento al entender que las grabaciones aportadas por el denunciante José Luis Peñas, son "ilegales" y que las escuchas telefónicas ordenadas por el exjuez Baltasar Garzón durante la instrucción son "ilícitas y delictivas", según ha informado Europa Press.

La fiscal Concepción Sabadell ha calificado su actitud como "evasiva" y "resistente" y ha expuesto que, para el Ministerio Público, la negativa del partido a contestar preguntas equivale a una confesión. "Se le tiene como confeso", ha advertido durante su intervención.

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El PP se ha sentado este lunes ante el tribunal para responder por los delitos cometidos presuntamente por los exalcaldes de Pozuelo de Alarcón y de Majadahonda (Madrid), Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, respectivamente, al beneficiar a las empresas de Correa con adjudicaciones públicas en los municipios que dirigían.

Anticorrupción fijó para la formación política el pago de un fianza de 245.492 euros que corresponde a los 111.864 euros que obtuvo Sepúlveda –que se enfrenta a 15 años y cuatro meses de prisión– de la Gürtel, relativos a los gastos de la campaña municipal de 2003; y a los 133.628 euros con los que Ortega –para el que Fiscalía solicita 50 años y cuatro meses de cárcel– benefició a la formación política municipal con 133.628 euros, según indica su escrito de acusación.

El abogado de la formación Jesús Santos también subrayó en la fase de cuestiones previas que por estos hechos deberían responder los grupos municipales y no el PP en sí. El PP tiene una condición en esta causa "equívoca e inadecuada" de partícipe a título lucrativo, dijo Santos, al tiempo que enfatizó que el PP no ha tenido "participación alguna" en los hechos que se le imputan, ni se conoce "el qué, ni el quién, ni el cuándo, ni el cómo, ni el dónde" del presunto beneficio que generó a su favor la actividad llevada a cabo por los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y las empresas de Francisco Correa.

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