El primer mes del Gobierno de coalición: subidas salariales, errores de comunicación y distensión en Cataluña

La coalición progresista formada por el PSOE y Unidas Podemos bajo la Presidencia de Pedro Sánchez cumplirá el jueves 13 de febrero su primer mes de vida. Cuatro semanas después de la toma de posesión de los 22 ministros —cuatro de ellos vicepresidentes—, Hacienda ya ha sentado las bases del proyecto de Presupuestos —los objetivos de estabilidad de aquí a 2023— y el Congreso se dispone a tramitar las primeras iniciativas legislativas de la coalición: la regulación de la eutanasia, la memoria histórica y la derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la ley de enjuiciamiento criminal, que está poniendo en riesgo muchas investigaciones judiciales en materia de corrupción.

Sánchez, que este viernes cumplió un mes en pleno ejercicio de su condición de presidente. acaba de superar una complicada cita en Barcelona: en los próximos días su Gobierno y el de Cataluña se disponen a poner en marcha la mesa de diálogo con la que que quiere devolver al terreno de la negociación política, y si es posible del acuerdo, el conflicto territorial catalán.

Un mes de mandato durante el cual el Gobierno ya ha impulsado las tres medidas sociales que consideraba más urgentes —la revalorización de las pensiones, la subida de sueldo de los funcionarios y la elevación del salario mínimo interprofesional a 950 euros mensuales, un poco más cerca del compromiso de situarlo en el 60% del salario medio al final de la legislatura—, pero en el que los errores de comunicación y la ofensiva combinada de la derecha política y mediática ha puesto en dificultades su capacidad de fijar la agenda a pesar de la decisión de trasladar las reuniones de los Consejo de Ministros de los viernes a los martes.

Dos fueron los errores más destacados de estos primeros días de rodaje del nuevo Gobierno. El primero, la gestión informativa de la visita de madrugada del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, al aeropuerto de Barajas, para reunirse con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tiene prohibido pisar suelo de la Unión Europea. Las circunstancias de la reunión, las diferentes versiones difundidas y, sobre todo, su coincidencia con la decisión de Sánchez de dar un perfil bajo a la visita del autoproclamado presidente Juan Guaidó, alimentaron una durísima reacción de PP, Vox y Ciudadanos.

La segunda tuvo lugar al hilo de otra reunión, esta vez la que Sánchez y el president de la Generalitat mantuvieron este jueves en Barcelona. Antes de su celebración, y cada vez más incómodo con la cita con Quim Torra, el Ejecutivo decidió rebajar el contenido del encuentro aplazando sin fecha la constitución de la Mesa de diálogo entre Gobiernos que el PSOE se había comprometido con Esquerra a poner en marcha en los primeros quince días de mandato.

ERC reaccionó de forma fulminante. Nadie en Moncloa les había consultado la decisión, que suponía un claro incumplimiento del acuerdo suscrito a cambio de facilitar la investidura de Sánchez y el desbloqueo de la legislatura. El Gobierno se vio obligado a rectificar en apenas unas horas. Se desdijo de los motivos que había argumentado para justificar el aplazamiento —básicamente la necesidad de demorar la mesa hasta después de las elecciones catalanas, para que fuese el nuevo Govern el que participase en su puesta en marcha— y abrazó, de nuevo, la puesta en marcha del espacio de diálogo, una pieza clave de la estabilidad de la legislatura, porque de su funcionamiento depende la disposición de Esquerra de apoyar los nuevos Presupuestos que Sánchez e Iglesias necesitan para poner en marcha su programa progresista.

Ambos tropiezos no enturbiaron las relaciones entre PSOE y Unidas Podemos, que desde las elecciones mantienen su sintonía. Ni siquiera afloraron discrepancias públicas cuando Sánchez, molesto porque el equipo de Pablo Iglesias hubiese filtrado los nombres de los ministros de su formación, aplazó varios días la constitución del Gobierno para rediseñar las vicepresidencias e incluir en esa categoría el Ministerio de Transición Ecológica, algo con lo que los morados no contaban y que ha diluido el peso político de su líder en el organigrama del Ejecutivo.

Anuncios polémicos

El nuevo Gobierno se ha visto también obligado a gestionar los incendios políticos que PP, Vox y Ciudadanos desataron a cuenta de dos iniciativas del Ejecutivo en el ámbito de la justicia que fueron mal recibidas, en general, por los representantes de jueces y fiscales. La primera fue el anuncio de que va a situar a la exministra de Justicia, Dolores Delgado, al frente de la Fiscalía General del Estado. Sánchez lo dio a conocer antes incluso de que el nuevo Gobierno echara a andar, oscureciendo parcialmente sus primeros pasos y provocando un gran debate en el seno del Consejo General del Poder Judicial que la derecha aprovechó para tratar de desacreditar el nombramiento.

La segunda fue la decisión de anunciar la intención del Gobierno de revisar los delitos de rebelión y sedición en torno a los cuales giró todo el proceso judicial contra los protagonistas de la declaración unilateral de independencia de Cataluña que no huyeron al extranjero tras la intervención de la autonomía catalana en el año 2017. El Ejecutivo quiere endurecer el delito de rebelión y rebajar el de sedición, delimitando mejor las condiciones de cada tipo delictivo en línea con el Derecho europeo. Pero reducir a la baja el delito de sedición acortará las penas impuestas por el Supremo en el caso del procés, lo que inmediatamente sirvió a la derecha para denunciar un “indulto encubierto” supuestamente pactado con los independentistas a cambio de la investidura.

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El primer mes del Gobierno de coalición ha sido también el de lo que Sánchez llama, siempre que tiene oportunidad, un Gobierno “activo, ejecutivo y resolutivo”. El presidente quiere marcar distancias con los meses del bloqueo, durante los cuales la capacidad de acción de su gabinete se vio muy limitada, y no ha desperdiciado las oportunidades que se le han presentado para escenificar ese activismo del Ejecutivo.

Lo hizo poniendo en marcha un gabinete de crisis con ocasión de los daños materiales y las pérdidas de vidas humanas causados por la borrasca Gloria, un evento meteorológico que le llevó a dedicar varias jornadas a visitar en persona las zonas más afectadas, sobre todo en la línea litoral del Mediterráneo. Pero también en relación con la planificación sanitaria de la crisis del coronavirus, capitaneada por el Ministerio de Sanidad, que entre otras cosas ha servido para coordinar el traslado a España de los españoles residentes en la zona más afectada de China y su acomodo en cuarentena en un hospital de Madrid.

El último ejemplo de esa política es la ofensiva negociadora y normativa con la que el Ministerio de Agricultura está tratando de afrontar el estallido de las protestas de los agricultores y ganaderos,protestas a quienes los bajos precios a los que se ven obligados a vender sus productos han puesto en una situación extrema.