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El principal imputado del PSOE de Sánchez en la picota: la jueza quiere saber por qué pagó 36.000 euros en efectivo por su piso

El principal imputado del PSOE de Sánchez en la picota: la jueza quiere saber por qué pago 36.000 euros en efectivo por su piso

Ibon Uría

La instructora de la causa en la que está imputado el líder del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, no cree la versión del número uno de los socialistas gallegos. En un auto fechado el pasado 7 de octubre, al que ha tenido acceso infoLibre [ver en PDF], la magistrada Pilar de Lara cuestiona varios aspectos de la operación a través de la que Besteiro adquirió un piso en Lugo, especialmente varios pagos en efectivo que considera extraños. De Lara también sospecha de la reforma que el dirigente realizó en el inmueble y que no pagó hasta cinco años después a la constructora.

A principios del pasado agosto, Besteiro –exconcejal de Urbanismo y expresidente de la Diputación de Lugo–, compareció ante los medios de comunicación y aportó diversa documentación que también está disponible en su página web, y entre la que figura la escritura de compraventa de la vivienda y extractos de cuentas bancarias, en un ejercicio que calificó de un "striptease económico y financiero". El cargo socialista y vocal de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que cuenta con el apoyo del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió la nulidad de su imputación y defendió en todo momento su "honorabilidad" y la de su familia.

Este miércoles, preguntado por el nuevo auto que no sólo no acepta retirar su imputación, sino que avanza en las pesquisas, Besteiro se dijo "absolutamente tranquilo" y consideró que "todo quedó completamente acreditado" con los documentos que ya aportó. A preguntas de este diario, una portavoz del partido estimó que no hay "pruebas" de ninguna ilegalidad y consideró que el auto se basa en "especulaciones" de la magistrada. Sobre las cuantiosas retiradas de efectivo, comentó que se hicieron así porque Besteiro canceló una cuenta vivienda para hacer frente al pago del piso y retiró todos su ahorros de golpe. Y cuestionada por el lapso de un lustro entre el encargo de la reforma y el pago, añadió que se debió a "problemas y disconformidades" con la empresa que ejecutó los trabajos.

Futuro más complicado

Besteiro, secretario general del PSdeG, se convirtió en número uno de la federación gallega a finales de septiembre de 2013. Incluso tras su imputación señaló que nunca pensó en dimitir, y recibió el apoyo público de Pedro Sánchez. Sánchez dijo que no tomaría medidas contra él salvo que se produjera la apertura de juicio oral. Esa versión está en línea con el Código Ético del PSOE, que establece que la dimisión de los cargos públicos y orgánicos es obligada sólo ante el inicio del juicio, pero choca con otros casos de imputados en el partido, quienes sí dejaron el cargo.

Dirigentes como por ejemplo Manuel Chaves y Gaspar Zarrías, imputados en la causa de ERE, renunciaron al cargo de diputado en el Congreso tras su imputación. Estaban entonces en elmismo estadio en el que ahora se encuentra Besteiro y en una etapa previa, por tanto, a la línea roja que marca el Código. En el partido hay quien interpreta esas diferencias como un trato favorable de la dirección federal al líder gallego, lo que provocó cierto malestar entre algunos cargos.

Fuentes del PSdeG también creen que, ante la "abundante documentación" que la jueza reclama y su negativa a retirar la imputación a Besteiro, lo más "probable" es que el proceso judicial se alargue, lo que complicaría el futuro al número uno de la organización gallega, que hace apenas un mes reiteró su intención de ser candidato a la Xunta de Galicia a finales de 2016. El propio Besteiro contaba con que el proceso judicial se acelerara y no se prolongara en exceso en el tiempo. Los indicios que derivan del escrito de la jueza De Lara parecen apuntar, en cambio, en la dirección contraria.

Pagos en cuestión

La investigación tiene su origen en la época en la que Besteiro era concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Lugo (1999-2007). En diciembre de 2004, Besteiro compró un piso al constructor Alfonso Quiroga. Seis meses atrás, la constructora de Quiroga había vendido los terrenos donde se edificó una polémica urbanización a otro constructor, Ricardo Iglesias. Un mes y ocho días después de la venta del piso a Besteiro, el Ayuntamiento firmó con Iglesias el convenio para permitir el inicio de las obras, un permiso que se aprobó definitivamente el 31 de diciembre de 2005.

El proyecto causó multitud de protestas vecinales y un juzgado local anuló la licencia urbanística tiempo después. Actualmente las edificaciones están pendientes de una sentencia del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG), que podría decidir su derribo.

El primer aspecto que cuestiona la jueza es la forma de pago del piso. Según Besteiro, abonó un total de 138.232 euros divididos de la siguiente forma: 36.000 euros como señal en efectivo a la firma del contrato –que previamente extrajo de dos cuentas bancarias diferentes– y los restantes 102.232 después. De esa última cantidad, 90.000 provenían de un préstamo hipotecario y 12.232 de sus ahorros, que estaban depositados en cuentas corrientes bancarias y se entregaron mediante un cheque al portador.

Ya sobre los primeros 36.000 euros, la jueza sostiene que no es "habitual" pagos en metálico "de una cantidad tan elevada, siendo lo normal la realización de una transferencia bancaria". En esa misma línea, asegura que "tampoco resulta demasiado normal" que el secretario general de los socialistas gallegos sacara el dinero de dos cuentas diferentes para después juntar todo el efectivo y "realizar el pago en mano". "Lo habitual, lo normal –insiste De Lara– es realizar una transferencia bancaria". La magistrada llega a cuestionar como poco "lógica" la decisión de retirar "sumas tan irregulares" de las citadas dos cuentas bancarias para el pago de la señal, pues Besteiro sacó 18.395,79 euros de una cuenta y 17.604,21 euros de otra. "Lo lógico es cuadrar los números y utilizar cifras redondas, sin decimales", considera la instructora.

En el auto, de 31 páginas, la jueza califica de "manifiestamente extraño" el margen que se detecta entre varias fechas de la operación. Esta es la secuencia: Besteiro suscribió un documento privado de compraventa el 30 de diciembre de 2004, haciendo constar "que la firma del documento sirve de carta de pago" lo que implica, dice De Lara, que en esa fecha ya "habría pagado la suma de 36.000 euros en metálico al comprador". Sin embargo, según la documentación aportada por el propio líder gallego, no retiró el dinero hasta un día después.

Además, en las cuentas bancarias del vendedor, el constructor Alfonso Quiroga, no consta un ingreso por esa misma cantidad –36.000 euros– hasta el 18 de febrero de 2005, mes y medio después del pago. La jueza admite que "dado el carácter fungible del dinero es de todo punto imposible conocer si ese dinero que ingresa es el que le entregó el señor Gómez Besteiro", pero plantea que "tampoco es normal" que, si el pago se realizó en las condiciones en las que lo describió Besteiro, el vendedor del piso, Quiroga, albergara en su poder durante semanas "una suma tan importante de dinero".

Sobre el segundo de los pagos también planea la sombra de la sospecha en opinión de la instructora. En su escrito no se cuestionan los 90.000 euros que proceden de un préstamo hipotecario, pero sí afirma que "llama notablemente la atención" la explicación de Besteiro sobre los restantes 12.232 euros. En palabras del número uno del PSOE gallego, el 20 de mayo de 2005 sacó nuevamente 36.000 euros en efectivo de una de sus cuentas en el Banco Pastor –actual Banco Popular–. Después, "cruzó la calle" con ese montante en efectivo y acudió a una sucursal de Abanca. Lo ingresó en una cuenta de esta segunda entidad y emitió un cheque por valor de esos algo más de 12.000 euros para completar el pago del inmueble. 

La jueza reitera que "llama notablemente la atención" que una vez más se muevan grandes cantidades en efectivo en lugar de recurrir a una transferencia. "No resulta ni mucho menos normal ni habitual esta forma de proceder –dice en el auto–. Lo lógico, lo normal, lo habitual para cualquier ciudadano hubiera sido el realizar una transferencia". 

Reforma en diferido

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En cuanto a la reforma, las obras se encargaron en 2005 y se ejecutaron entre ese año y el siguiente, pero la factura no se emitió hasta octubre de 2010, lo que para la jueza implica que "indiciariamente" Gómez Besteiro "habría recibido un trato ciertamente especial en el pago de las obras de reforma". Además, añade el auto, la firma que ejecutó los trabajos –Construcciones Pedrouzo– no declaró en sus libros de contabilidad esos ingresos, y existe una abultada diferencia entre el importe presupuestado para las obras –9.638,28 euros– y su cuantía final –52.200,84 euros–. Las tasas municipales se pagan de acuerdo con el presupuesto declarado.

La magistrada llega a apuntar que existe otro dato que "lleva a pensar en el carácter ficticio de la operación". Y es que el pintor que fue subcontratado por Construcciones Pedrouzo para las tareas en casa de Besteiro aportó para justificar el pago de los trabajos una factura que "no guarda correspondencia alguna con las obras del piso del señor Gómez Besteiro", pues en ese documento figura una dirección completamente diferente a la del domicilio del líder del PSOE gallego. Según recoge el auto, el pintor "manifestó a agentes de la Guardia Civil al tiempo de la aportación de la factura –en fecha 31 de mayo de 2011– que un tal Luis Blanco les comentó que se estaban cambiando facturas de obras y albaranes del piso de Besteiro, supuestamente porque Pedrouzo (la empresa a la que se le encargaron las obras) no habría cobrado la reforma".

Por todo lo anterior, la jueza pide a la Guardia Civil que identifique y localice al citado Luis Blanco y reclama una gran cantidad de documentación a fin de "aclarar" las circunstancias de la adquisición del inmueble y del pago de las obras. En concreto y entre otras cuestiones, pide a varias entidades bancarias que suministren la relación completa de los movimientos bancarios de Besteiro correspondientes a toda una década –de enero de 2004 a diciembre de 2013–, que identifiquen a las personas que retiraron el efectivo con el que Besteiro pagó la vivienda, y solicita a la Agencia Tributaria que compruebe si la constructora cobró las obras de reforma.

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