La nueva legislatura

PSOE, Podemos y C's votan juntos en el Congreso en un 63% de las ocasiones

PSOE, Podemos y C's votan juntos en el Congreso en un 63% de las ocasiones

"Pido la unidad de todas las fuerzas del cambio: somos 15 millones de personas, 199 escaños, tres fuerzas políticas con un único objetivo: renovar España". Con estas palabras, recogidas en el discurso que pronunció Pedro Sánchez ante el Comité Federal del PSOE del pasado sábado, el candidato a la Presidencia del Gobierno llamaba a Podemos y Ciudadanos a unir fuerzas en pro de un "Ejecutivo del cambio". Un tono conciliador con la vista puesta en una semana decisiva, que culminó el pasado jueves con una reunión entre los equipos negociadores de las tres formaciones políticas. Un encuentro que terminó prácticamente en ruptura: Iglesias anunció una consulta con las bases para que se pronunciaran sobre el acuerdo de los socialistas y el partido naranja, el PSOE aseguró que el líder de Podemos "ha cerrado la puerta al cambio" y C's volvió a mirar al PP tras acusar a Iglesias de querer "romper" el pacto.

Queda menos de un mes para que acabe el plazo legal para investir un nuevo presidente y evitar la repetición de elecciones el próximo 26 de junio. A pesar del bloqueo político que vive España desde las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, cien días con un Gobierno en funciones que rechaza someterse al control del Congreso, la actividad parlamentaria avanza. En total, se han realizado hasta la fecha 78 votaciones, contabilizando tanto las que se han hecho en el pleno de la Cámara Baja –los dos intentos de investidura del líder socialista y las sesiones el 15 de marzo y el 5 y 6 de abril– como las efectuadas en 9 de las 28 comisiones en funcionamiento. infoLibre ha recogido todas ellas y ha analizado la orientación de los votos emitidos por cada uno de los grupos parlamentarios.

PSOE, C's y Podemos votan juntos en el 63% de las ocasiones

A pesar de las múltiples declaraciones de dirigentes de Podemos y Ciudadanos señalando las diferencias existentes entre los dos partidos, la actividad en la Cámara Baja durante los primeros meses evidencia una ligera cercanía, por lo menos en los temas planteados hasta el momento. Así, las tres formaciones que se sentaron el pasado jueves para tratar de desencallar la investidura de un nuevo presidente del Gobierno han emitido el mismo voto en 49 ocasiones, lo que supone un 62,8% del total. Sin embargo, hay que señalar que en 14 de esos casos el objeto de votación también fue visto con buenos ojos por el resto de grupos parlamentarios del hemiciclo y la aprobación se cerró por unanimidad.

Así, todos los partidos dieron luz verde a proposiciones no de ley (PNL) relacionadas con la modificación del artículo 22.1 del Código Civil; actuaciones para promover la claridad del lenguaje jurídico; investigación del robo de bebés recién nacidos; impulso de medidas que permitan un tratamiento específico y adaptado a las necesidades de menores de edad en procesos judiciales; adjudicación de chalecos antibalas de dotación individual a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; recuperación de la base naval en Las Palmas de Gran Canaria para uso ciudadano; sobre la viabilidad de la planta de Altadis en La Rioja; sobre acciones para reducir y evitar ataques contra población civil, hospitales, centros de salud y personal sanitario; y relativas al desperdicio de alimentos, entre otras.

Dejando a un lado esas trece votaciones respaldadas por unanimidad, los partidos liderados por Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera apoyaron en bloque en varias comisiones proposiciones no de ley sobre la derogación de la prisión permanente revisable; la exención del pago de las tasas judiciales a las entidades sin ánimo de lucro y a empresas de reducida dimensión; derogación de la conocida como 'ley mordaza'; relativa a la militarización con drones y actuaciones de la OTAN en el Aeródromo de Rozas (Lugo); sobre el rescate del plan integral de empleo de Canarias; creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos; o relativa a medidas para mejorar la condición profesional en el sector de la cultura, entre otras.

En sesión plenaria, de un total de trece votaciones realizadas hasta la fecha, en seis de ellas –casi la mitad– Podemos, PSOE y Ciudadanos han emitido el voto en el mismo sentido. Así, respaldaron PNL en relación con la recuperación del Pacto de Toledo como expresión de consenso; la ratificación del convenio 181 de la Organización Internacional de Trabajadores –sobre las agencias de empleo privadas–; o sobre el incremento del salario mínimo interprofesional. Además, dieron luz verde, junto al resto de grupos parlamentarios, a las solicitudes de creación de dos comisiones permanentes no legislativas: de lucha contra la corrupción y de derechos de la infancia. Sin embargo, a pesar de esta aparente cercanía, los tres grupos siguen sin ponerse de acuerdo en la votación más importante: la de la investidura de Pedro Sánchez.

La soledad del PP 

El actual presidete del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ya lo dejó claro el pasado 22 de enero, un mes después de que su partido fuera el más votado en las elecciones generales. "Todavía no tengo los apoyos", afirmó en rueda de prensa justo después de que la Casa del Rey emitiese un comunicado en el que hacía pública la declinación del líder del PP de someterse a la votación de investidura. Rajoy ya había pulsado el asunto y era consciente de que ni el PSOE ni Ciudadanos, este último con un posicionamiento en el espectro político cercano a los conservadores, facilitaría cuatro años más de un Ejecutivo encabezado por él.

El PP está solo. Y esta soledad también es extrapolable a la actividad parlamentaria. De las 78 votaciones en la Cámara baja analizadas por este diario, el partido conservador se ha quedado completamente solo en 36, lo que supone un 46%. Sin embargo, hay que detallar que en cuatro de ellas coincidió que los portavoces del Grupo Mixto en las comisiones de Hacienda e Interior pertenecían a UPN –Íñigo Jesús Alli y Carlos Casimiro Salvador Almendáriz– , partido con el que concurrieron los conservadores a las elecciones del 20-D A estas habría que sumar confirman el aislamiento del partido conservador en el Congreso de los Diputados. 

Así, el grupo conservador se posicionó en contra, a diferencia del resto de grupos parlamentarios, en asuntos tan polémicos como la derogación de la prisión permanente revisable –aplicable desde el pasado mes de julio, cuando entró en vigor la reforma del Código Penal– y la conocida como 'ley mordaza'; la anulación de la prórroga de la concesión otorgada a Ence; la suspensión del calendario de implantación de la LOMCE; o la proposición no de ley planteada por ERC para reducir el IVA cultural del 21% al 8%. También emitió su voto en contra en un texto, llevado a la Comisión de Interior por el Grupo Socialista, sobre las "responsabilidades del Gobierno por frenar determinadas investigaciones de corrupción" o sobre la despenalización del derecho de huelga, un tema candente que los sindicatos han puesto sobre la mesa en los últimos meses.

De la misma manera se posicionó también en relación con dos PNL relativas al fraude fiscal. Una de ellas en la que se insta al Ejecutivo a "publicar los datos del número de delitos fiscales denunciados en 2015 y la deuda media descubierta en cada inspección y a iniciar los trámites para presentar un proyecto de ley que dé nueva redacción a los artículos 305 y 308 del Código Penal, para rebajar la cuantía de la defraudación constitutiva de delito a 50.000 euros". Y una segunda en la que, entre otras cosas, se exigen "los 2.800 millones de euros que el anterior Gobierno perdonó ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal" y se insta al Ejecutivo a "promover las normas oportunas para que las entidades financieras informen sobre las operaciones de sus clientes en sus filiales en paraísos fiscales" y se revise la lista de estos Estados opacos.

En materia internacional, los conservadores, a diferencia del resto de grupos, votaron en contra de la proposición no de ley presentada por ERC, que pactó el texto definitivo en una enmienda transaccional con el PSOE y el grupo de Podemos, en la que se insta al Gobierno a "revocar las autorizaciones de transferencias de armas concedidas desde el 25 de marzo de 2015" mientras exista "riesgo sustancial" de que se emplearían para "cometer o facilitar que se cometan violaciones graves del derecho internacional" y se pide investigar si la coalición liderada por Arabia Saudí ha empleado en Yemen material bélico español. Además, los conservadores también se han posicionado en contra de otra PNL debatida en la misma sesión relativa a la elaboración de una ley de solidaridad y cooperación internacional y aumentar la inversión en esta materia.

Negativa a ser controlado por el Congreso

El primero en anunciarlo fue el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón: el Ejecutivo no se sometería al control parlamentario al estar en funciones y no haber sido elegido por la actual Cámara baja. "Jamás ha comparecido en funciones", añadió al día siguiente la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Por este motivo, aunque el Grupo Parlamentario Popular ve con buenos ojos la comparecencia del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), se ha posicionado en contra en varias comisiones cuando se ha puesto sobre la mesa la comparecencia de miembros del Gobierno: la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos; el ministro de Defensa, Pedro Morenés –que no acudió a la comisión para comparecer sobre la última reunión de la OTAN–; y la titular de Empleo, Fátima Bañez. Además, los ministros de Fomento, Ana Pastor, e Interior, Jorge Fernández Díaz, también rechazaron acudir.

Sólo han asistido a las citas el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y su compañero de Hacienda, Cristóbal Montoro, a petición del Grupo Parlamentario Popular y propia, respectivamente. Este conflicto institucional llegó al pleno del Congreso de los Diputados el pasado miércoles. Así, con 218 votos a favor, 113 en contra –PP– y 4 abstenciones, el pleno de la Cámara baja aprobó una iniciativa para presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso de atribuciones contra el Ejecutivo en funciones por su negativa.

La Gran Coalición se pone de acuerdo en tres ocasiones

A pesar de los numerosos enfrentamientos entre el PP y el PSOE, con constantes cruces de declaraciones entre sus dirigentes, ambas formaciones políticas han conseguido ponerse de acuerdo en tres ocasiones –sin contar aquellas en las que la aprobación fue por unanimidad– del total de 72 votaciones realizadas en la Cámara. Las comisiones de Justicia, Interior y Hacienda tuvieron el privilegio de ser testigas de este posicionamiento en bloque.

En concreto, socialistas y conservadores utilizaron sus 26 votos para bloquear una proposición no de ley que buscaba permitir "una moratoria temporal de la obligatoriedad de presentación de escritos a través de la plataforma Lexnet mientras no se den todas las garantías procesales y su funcionamiento sea correcto, permitiéndose"; y otra en la que se instaba al Gobierno a realizar "de forma efectiva la cesión gratuita" de la antigua cárcel provincial de A Coruña. PP y PSOE votaron, sin embargo, a favor de una tercera sobre la defensa de las Diputaciones Provinciales y municipios de menor tamaño, a propuesta del PP, que tiene por objetivo manifestar "la necesidad de garantizar la igualdad y solidaridad de todos los españoles ante la prestación de servicios públicos por parte de las entidades locales" e instar al Gobierno "a que adopte las medidas que impulsen los mecanismos necesarios para hacer efectiva la igualdad y solidaridad antes referida".

PP y Ciudadanos, juntos por la unidad de España

PP y Ciudadanos, por su parte, han emitido el mismo voto –sin tener en cuenta, de nuevo, la unanimidad– nueve veces, lo que supone un 11% del total. En concreto, ambos grupos parlamentarios se mostraron juntos a favor de tres proposiciones no de ley: una en la que se manifiesta la necesidad de que el Gobierno estudie "una modificación legislativa para promover, en determinados supuestos, la instrucción y el enjuiciamiento conjunto de menores y mayores de edad, en un procedimiento único que preserve el interés superior del menor"; otra relativa a fomentar la cultura del respeto a los derechos de la propiedad intelectual; y una tercera PNL, debatida y votada en pleno el pasado 15 de marzo, sobre la unidad de España.

Sin embargo, los dos grupos se manifestaron en contra de la proposición no de ley de DiL en la que se insta al Ejecutivo a modificar el reparto del objetivo de déficit entre las distintas administraciones públicas y "corregir los efectos" de su incumplimiento por parte de las comunidades autónomas; de la de Podemos en la que pedían la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local; las dos del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la creación de un plan contra la explotación laboral y de apoyo y mejora de la situación de los trabajadores del campo andaluces; y una última relativa a la revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. A todas ellas hay que añadir la de la prisión de A Coruña, expuesta con anterioridad.

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