La nueva legislatura

Los puntos de partida de PSOE, Ciudadanos y Podemos

Los puntos de partida de PSOE, Ciudadanos y Podemos en la negociación a tres bandas

Ibon Uría

Más de cien días después de las elecciones, las negociaciones a tres entre PSOE, Podemos y Ciudadanos están a punto de comenzar. La primera reunión tendrá lugar este jueves a las 16:30 horas en el Congreso de los Diputados. Y aunque las tres formaciones han accedido a compartir mesa por primera vez desde el 20-D, los puntos de partida están son distantes: Sánchez y Rivera insisten en la validez de su acuerdo bilateral, mientras Iglesias quiere buscar puntos de unión en los programas electorales para formar una coalición de izquierdas con el PSOE.

Este sábado, ante el Comité Federal socialista, Pedro Sánchez aseguró que "las fuerzas del cambio" comparten un "único objetivo: renovar España", y que esa idea es "tan poderosa" que debe sobreponerse a "cualquier otro veto y línea roja". Sánchez admitió que su objetivo es difícil, pero insistió en que hay que poner fin al Gobierno del PP y evitar unas nuevas elecciones y, en su discurso inicial –que pudo seguirse en abierto–, agregó que el PSOE acudirá a esas negociaciones sin "líneas rojas" y "dispuesto a ceder". "Diálogo, negociación y deseo que un acuerdo. Por nosotros no va a ser", concluyó.

Ya a puerta cerrada, indicaron fuentes de la dirección del PSOE, Sánchez subrayó que el acuerdo con Ciudadanos es un texto con el que se siente "cómodo" y que es "coherente" con los "principios y valores" del partido. El secretario general, en tono optimista, añadió que el diálogo a tres será "la parte más sencilla" y opinó que debe servir para "enriquecer" el texto acordado con Rivera. "Y estaríamos dispuestos a hacerlo en materia de fiscalidad, emergencia social o reforma laboral", agregó según estas fuentes, que insisten en que el pacto PSOE-Ciudadanos es un texto "abierto" a las ideas de otras formaciones.

Pero, ¿hay margen para el acuerdo entre esos tres partidos en las cuestiones indicadas por Sánchez? ¿Es compatible el acuerdo alcanzado por PSOE y Ciudadanos con las posiciones de Podemos en materia de impuestos, mercado laboral y emergencia social? Este miércoles, el portavoz parlamentario de Ciudadanos exigió a Podemos que vote a favor de un Gobierno de socialistas y el partido naranja y aseguró que no harán mas "cesiones". Pablo Iglesias, por su parte, respondió que con "intolerantes" como Ciudadanos es "muy difícil" formar Gobierno. En el PSOE, mientras tanto, hay algo más de optimismo: "En el acuerdo hemos conseguido que Ciudadanos acepte políticas de izquierdas en varios puntos. No se entendería que ahora Podemos no pudiera sumarse", comentan fuentes de la ejecutiva socialista. Sea como sea, estos son los puntos de partida de socialistas, Podemos y Ciudadanos en las materias que señaló Pedro Sánchez:

Fiscalidad

El acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos apuesta por dejar en manos de una comisión de expertos el diseño de una reforma fiscal. Según el texto pactado, esa propuesta debería "mejorar la progresividad y la eficiencia del sistema tributario y, en particular, de la tributación de la riqueza". Sobre este último particular se apunta que se "estudiará" la posibilidad de crear un impuesto a las grandes fortunas. Los dos partidos coincidieron en que las conclusiones de la comisión deberían estar listas para ser incorporadas en los presupuestos de 2017.

El pacto bilateral incluye el compromiso de reducir el IVA cultural al 10%, "promover" que el de los libros se mantenga en el 4% e "impulsar" en el seno de la UE que el libro electrónico se pueda acoger igualmente al tipo mínimo del IVA. En materia de IRPF se dice que "cuando la situación presupuestaria lo permita" debe reducirse la tributación de las rentas del trabajo y se señala que en ningún caso se subirán los tipos, mientras que en el caso del Impuesto de Sociedades el objetivo es "acercar los tipos efectivos a los tipos nominales".

Por último, PSOE y Ciudadanos acordaron "armonizar" los impuestos de sucesiones y donaciones y el de patrimonio, de modo que hubiera un tipo mínimo y uno máximo para el territorio nacional que pusiera fin a "la competencia entre comunidades autónomas". Además, pactaron que "la clase media" –término que no se precisa– quedara "exenta" de ambos gravámenes. Este capítulo del acuerdo se completa con una batería de propuestas contra el fraude, la evasión fiscal y la economía sumergida, entre las que destacan la de reforzar el control sobre las SICAV o endurecer las penas y alargar la prescripción de los delitos fiscales.

Precisamente en las medidas contra el fraude podría haber coincidencias con Podemos. El partido morado propuso en su programa electoral ampliar a diez años el plazo de prescripción de los delitos fiscales y tipificar estos ilícitos penales a partir de los 50.000 euros defraudados. En materia de impuestos las distancias son mayores, aunque Pablo Iglesias podría estar dispuesto a aceptar, según el contenido de sus notas tras la reunión con Pedro Sánchez, "una reforma fiscal menos redistributiva" de lo que inicialmente planteó en su programa electoral.

Entre esos compromisos electorales figuraba, por ejemplo, aumentar el número de tramos del IRPF y elevar el tipo máximo hasta el 55% para rentas superiores a los 300.000 euros anuales. En términos generales el programa de Podemos es mucho más concreto que el acuerdo bilateral PSOE-Ciudadanos. Propone, entre otras medidas, "acabar con las SICAV tal y como las conocemos hasta ahora" y aplicarles el tipo del Impuesto de Sociedades a las que "actúen como pantallas de elusión fiscal".

También figuraba en el programa del partido morado la reforma del Impuesto de Sociedades –con medidas como un un impuesto mínimo para las grandes empresas y un tipo diferenciado en función del tipo de beneficios (30% para los beneficios que se repartieran entre los accionistas y del 25% para los beneficios reinvertidos "productivamente" en la empresa)–, la modificación del IVA –compartía con PSOE y Ciudadanos la rebaja del IVA cultural al 10% y sugería además un nuevo tipo del 25% para los artículos de lujo– y la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras del 0,1% para la compraventa de acciones y bonos y del 0,01% para las operaciones con derivados.

Reforma laboral

Una de las diferencias más claras entre los programas de PSOE y Podemos para las generales del 20-D se refería, precisamente, a la derogación de las últimas reformas laborales. El partido morado apostaba por derogar tanto la reforma de 2014 del PP como la última reforma de Zapatero, la de 2010. El PSOE, mientras tanto, incluyó la propuesta de derogar por decreto algunos aspectos de la reforma del PP y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores para regular el resto de aspectos. El acuerdo con Ciudadanos tampoco contempla derogar de forma inmediata la reforma del PP. Y, obviamente, en ningún caso se habla de eliminar la legislación aprobada por Zapatero.

Según las notas de Pablo Iglesias que captaron las cámaras de televisión, el partido morado podría estar dispuesto ahora y para facilitar el acuerdo con los socialistas a "derogar sólo la última reforma laboral". La renuncia a echar atrás la legislación que aprobó en 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero podría suponer un acercamiendo a las posiciones del PSOE, que siempre han mantenido que su propuesta de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores implicaba una "derogación de facto" de la reforma del PP.

Al margen de la derogación de medidas anteriores, el acuerdo entre socialistas y el partido de Rivera contempla que los contratos temporales pasen a tener una indemnización de 16 días el segundo año en lugar de los 12 actuales y que se conviertan en indefinidos a los dos años –ahora los de obra y servicio pueden prolongarse hasta tres–. Por lo demás, se calca el esquema de la derogación en dos tiempos de la reforma laboral del PP que propuso el PSOE y se establece que el nuevo Estatuto de los Trabajadores debe elaborarse en el plazo de un año y a partir de la negociación entre "los principales interlocutores sociales".

El programa de Podemos iba un paso más allá: señalaba, entre otras medidas, que los contratos temporales por obra y servicio debían convertirse en indefinidos al cabo de un año. También contemplaba aumentar el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 800 euros al mes en 14 pagas en dos años y hasta los 950 euros al final de la legislatura –frente a la subida del 1% en 2016 a la que se compromete el acuerdo PSOE-Ciudadanos–, y medidas para luchar contra la brecha salarial de género y contra el "uso abusivo" de las horas extraordinarias.

Emergencia social

Podemos condensó la propuestas de su programa en materia de emergencia social en una proposición de ley, la denominada Ley 25 de Emergencia Social, que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados pero que aún no tiene fecha para ser debatida. Esa norma incluye medidas contra los desahucios y contra la pobreza energética. También pide devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia que la perdieron en 2012, un punto que recoge igualmente el acuerdo PSOE-Ciudadanos.

Sobre la pobreza energética, el partido morado, a través de la citada Ley 25, quiere obligar a las empresas suministradoras a asumir "en función de su volumen de negocio" el coste de los bonos sociales de electricidad y gas con los que los hogares considerados "vulnerables" podrían obtener descuentos de hasta el 100% en sus facturas, siempre y cuando no superasen un determinado nivel consumo denominado "consumo mínimo vital", que fijaría el Ministerio competente cada año. La declaración de vulnerabilidad, añade la norma que proponen Iglesias y los suyos, se efectuaría fundamentalmente según el nivel de renta.

Además, las suministradoras no podrían cortar ni la luz ni el gas los hogares declarados vulnerables ni siquiera en caso de impago –salvo que hubieran superado el consumo mínimo vital establecido–. Incluso si el hogar no estuviera calificado como vulnerable, las compañías no podrían interrumpir los servicios sin la autorización expresa de los servicios sociales. El acuerdo alcanzado por PSOE y Ciudadanos únicamente contempla que se aprobará una "Ley de protección de los consumidores vulnerables" para garantizar "una prestación efectiva" de suministros energéticos a los consumidores vulnerables y para "abordar la insoslayable situación de pobreza energética".

En cuando a los desahucios, los diputados morados quieren prohibir los desahucios sin alternativa habitacional de la primera vivienda cuando el afectado esté en situación "de exclusión o de emergencia social", y obligar a los "grandes tenedores de vivienda" –bancos, sus filiales inmobiliarias, fondos de inversión y entidades de gestión de activos, incluido el denominado banco malo– a mantener actualizado un registro de viviendas vacías susceptibles de ser cedidas a la Administración para realojos temporales.

De acuerdo con la normativa que propone el partido de Iglesias, las personas en situación de exclusión o emergencia social que sean desahuciadas tendrán derecho a un realojo en régimen de alquiler social o de una ayuda económica para acceder a "una vivienda digna en condiciones asequibles" con una duración mínima de tres años y de modo que el desembolso por la vivienda no implicará un coste superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar o del 15% cuando las rentas familiares sean inferiores al salario mínimo.

El pacto entre PSOE y Ciudadanos apuesta, por su parte, por establecer el derecho a un alquiler social para las personas que hayan perdido su vivienda en un desahucio y por "insolvencia sobrevenida". Esas personas tendrían además derecho a un "plan de rescate personal" para hacer frente a la deuda que mantengan, y en total no podrían destinar a él más del 30% de sus ingresos. Socialistas y naranjas también quieren poner en marcha de forma "urgente" un programa de alquiler social mediante un acuerdo con el banco malo y otras entidades que tengan viviendas vacías, aunque no se concretan los detalles del plan.

En el PSOE destacan, por último, las coincidencias entre el ingreso mínimo vital y el complemento salarial garantizado que incluye el acuerdo con Ciudadanos, y la renta garantizada y la renta complementaria que propone Podemos. La primera de esas medidas del pacto bilateral, el ingreso mínimo vital, consiste en una nueva prestación no contributiva para familias que carecen de todo ingreso económico. La cuantía, que no se especifica en el texto del acuerdo, sería mayor para las familias con hijos. En el caso de la renta garantizada de Podemos, se trataría de un programa de renta para todos los hogares con ingresos inferiores al umbral de pobreza. La cuantía sería de 600 euros para las unidades familiares de un único miembro, aumentaría un 35% para las familias de dos personas y se incrementaría en un 20% adicional por cada uno de los siguientes miembros, hasta un tope de 1.290 euros.

El complemento salarial garantizado que proponen PSOE y Ciudadanos, por su parte, es un crédito fiscal que complementaría las rentas de los hogares con ingresos más bajos. El texto del acuerdo no fija la cuantía que tendría y advierte de que "en su versión inicial" sólo lo percibirían hogares con cargas y rentas bajas, y que "a medida que la restricción presupuestaria lo permita" se extendería a más beneficiarios. La renta complementaria que propone Podemos, en cambio, es un complemento para trabajadores con salarios bajos. Aquellos que cobraran menos de 900 euros recibirían el importe que les faltase para llegar a esa cantidad. Además, según el programa electoral de la formación morada, la cuantía sería mayor en el caso de familias con hijos o personas a cargo.

Por qué el resultado electoral no será como en diciembre

Más sobre este tema
stats