“Queremos modernizar el cuerpo”: diez años de lucha para lograr la libre sindicación de los policías

“Queremos tener nuestras propias herramientas para mejorar y modernizar el cuerpo”, es la clave que defienden desde el Sindicato Reformista de la Policía (SRP) para defender la que durante una década ha sido su lucha: permitir a los agentes de la Policía Nacional la sindicación libre total. Fue en 2016 cuando tres agentes destinados a la zona de Levante, Manuel Soler, Carolina Yáñez y Luis Miguel Lorente Moreno, crearon esta organización para perseguir ese objetivo, que esta semana ha vivido uno de sus mayores impulsos, con la presentación de una proposición de ley para permitir que los agentes se puedan afiliar a sindicatos de clase, como Comisiones Obreras o UGT.

“Vimos que nadie tocaba este tema desde hace tiempo y era la forma de conseguir un avance real del cuerpo”, relata Soler, actual portavoz del sindicato, en conversación con infoLibre, que llevaba años siendo parte del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), pero en el que veía una “deriva reaccionaria muy peligrosa”.

La fecha de su creación no fue escogida al azar, ya que solo había pasado un año desde la creación de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, que firmó el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta normativa fue la que, basándose en el quinto punto del artículo 1 de la Ley de Libertad Sindical que recoge que “el ejercicio del derecho de sindicación de los miembros de cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no tengan carácter militar, se regirá por su normativa específica”, limitó a los policías nacionales solo poder afiliarse a sindicatos formados exclusivamente por miembros del cuerpo.

Como primera acción pública, el SRP envió en 2021 una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que le exponían sus reivindicaciones y como se estaba vulnerando la Constitución con esa ley, concretamente a su artículo 28, que establece que “todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”.

También hacían mención a que desde la publicación de la Ley 9/1987, las policías locales y municipales adquirieron este derecho, incluyendo a Mossos D’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra. La respuesta desde Interior nunca llegó y el SRP puso en marcha una “estrategia” conjunta. infoLibre ha contactado con este Ministerio para conocer su posición actual sobre el tema y no han querido hacer ningún comentario.

Los contactos con los sindicatos de clase

A partir de 2024, la lucha se centró principalmente en conseguir convencer a los sindicatos de clase mayoritarios de España, Comisiones Obreras y UGT, para que apoyaran este objetivo. “La primera vez que nos reunimos con ellos, nos dijeron que era una reivindicación que tenían, pero que nunca habían llegado a cerrar”, explica Soler. De esta manera se empezaron a llevar a cabo una serie de reuniones casi constantes este último año y medio que consiguieron su objetivo en junio de este año.

Concretamente el día 5, ambos sindicatos hicieron un llamamiento “al conjunto de partidos políticos y grupos parlamentarios para dar un paso a la apertura democrática de la representación de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, para que todas las personas trabajadoras de nuestro país tengan acceso a la libre sindicación, un principio democrático no garantizado después de 50 años de democracia en España”. Fue la primera vez que realizaban un comunicado de este tipo de forma pública y el antecedente a la proposición presentada esta semana por el grupo parlamentario Sumar.

Mientras desde el SRP iban consiguiendo estos avances, el resto de sindicatos policiales mantuvieron su oposición a esta idea. “Los sindicatos respondieron reivindicando la equiparación de sueldos con las policías autonómicas, pero esto solo es un parche, ya que la lucha real está en conseguir la igualdad de derechos, que es lo que realmente importa”, defiende Soler, que denuncia la “deriva reaccionaria” que se está viviendo en los sindicatos policiales, “siempre buscando quién dice la mayor barbaridad”.

Desde su organización ponen el foco en el Sindicato Profesional de la Policía (SPP), que representa a los altos cargos dentro del cuerpo, y del que denuncian que lleva desde 1986 ejerciendo un “monopolio” para evitar que “el resto de escalas alcancen lo que otros cuerpos policiales tienen”. Este es el sindicato que más se ha opuesto y se opone a esta medida. “Nosotros quedamos exceptuados, nos regimos por nuestra propia normativa, y dentro de la Policía los sindicatos son exclusivamente formados por miembros del cuerpo”, señala a este periódico su presidente, Daniel López.

En el caso de JUPOL, su respuesta se basa en que este debate solo “pretende desviar la atención de los verdaderos problemas de la Policía Nacional”, mientras que el SUP mantiene una posición más moderada, mostrando su respeto a “cualquier iniciativa que pretenda ampliar derechos y, por supuesto, la libertad sindical es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente”. Desde el SRP están seguros que en el momento en el que se les ponga en la mesa esta reivindicación, estos dos sindicatos no se van a poder negar porque sería ir en contra de “muchos beneficios”.

Dos demandas en los tribunales

Teniendo el apoyo de los sindicatos de clase, el SRP decidió este año abrir una nueva vía con la que defender su objetivo y no fue otra que la judicial. Tras la negativa por parte de la Dirección de la Policía Nacional a dos agentes de poder afiliarse a diferentes sindicatos externos, presentaron dos denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el de Valencia a principios de junio de este año.

Se trata concretamente de dos recursos administrativos que se basan en la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, el principio de igualdad y convenios internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo. En el caso de Madrid, el proceso ya se encuentra en tramitación, pero en Valencia está todavía pendiente de ser aceptada. 

El abogado que representa a la organización, Adría Paños, confirma a infoLibre que en el segundo caso, el proceso se ha alargado simplemente porque el TSJ de Valencia tuvo que preguntar si era competente para decidir sobre esta cuestión, “lo que supone 20 días más”. Con todo esto, el letrado es optimista y defiende que para finales de julio o principios de agosto pueden llegar noticias sobre los procesos.

La proposición de ley en el Congreso

En el caso de que los tribunales se pronuncien favorablemente sobre este tema, supondría un impulso en la tramitación de la ley que plantea Sumar. Enrique Santiago, diputado de Sumar y portavoz de Izquierda Unida, ha sido la persona que ha presentado esta propuesta en el Congreso de los Diputados, que lo ha descrito como “un paso histórico”.

En la rueda de prensa que ha dado Santiago este martes para anunciar esta medida ha aprovechado para agradecer a “todos los agentes que llevan años luchando por este objetivo”, entre los que ha destacado al SRP. Los miembros de este sindicato han podido escuchar sus palabras en directo, acompañados de sindicalistas de la Guardia Civil, policías locales e incluso el presidente del sindicato de policía europeo Eurocop, Roberto García. Todos han mostrado su “satisfacción y felicidad” con esta noticia.

De hecho, el texto registrado por Sumar ha sido elaborado con la colaboración de este sindicato, que ha trasladado durante los últimos años buena parte de las reivindicaciones que ahora recoge la proposición. Entre sus principales medidas figuran permitir que los policías nacionales puedan afiliarse a sindicatos interprofesionales o de clase, reconocer la negociación colectiva en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público, crear una mesa sectorial específica para la Policía Nacional, reforzar la protección de los representantes sindicales frente a represalias y permitir acciones reivindicativas no uniformadas siempre que no alteren el normal funcionamiento del servicio. La propuesta mantiene, en todo caso, la prohibición del derecho de huelga.

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De esta manera, la decisión está ahora en manos de los diputados del Congreso, que tendrán que decidir sobre esta propuesta. Desde el SRP en pocos impedimentos en conseguir poner un punto y final favorable a su lucha, ya que cuentan con el apoyo de los diputados de Sumar, según ha confirmado Enrique Santiago, y tampoco dudan del apoyo del PSOE. “En la última reunión que tuvimos con ellos había siete representantes del partido a los que pudimos explicar punto por punto lo que significaría aprobar esta ley y salieron muy satisfechos”, celebra Soler.

En cuanto al resto de grupos, todavía tienen que reunirse con ellos, por lo que van a comenzar una ronda de contactos en las próximas semanas. No dudan de que los partidos que pertenecen al Gobierno de coalición se vayan a sumar a esta iniciativa, pero la incertidumbre nace en los partidos de la oposición.

“Con Vox ni nos planteamos reunirnos, porque sabemos que su respuesta, al ser una iniciativa de la mano de Sumar, va a ser negativa”, asegura el portavoz del SRP. Con el PP si van a buscar un acercamiento, porque mantienen esperanzas de por lo menos conseguir una abstención. “Ahora mismo el PP está hablando sobre que hay que olvidarse de los problemas con Cataluña de 2021, porque están en el pasado. Nosotros pedimos esa misma aplicación con la ley de 2015, que se olviden del pasado y se centren en el presente”, defiende Soler. Con todo esto, desde el sindicato ya están mirando a finales de año, como fecha tope para que el Congreso vote sobre esta propuesta y pueda significar el final de una lucha que ya se alarga durante una década.