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ADJUDICACIONES PÚBLICAS POLÉMICAS

Los sindicatos estudian acciones legales contra la Politécnica por la venta de terrenos a la antigua Capio

Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.

Los sindicatos CCOO y UGT censuran la "falta de transparencia" con la que, a su juicio, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha gestionado la venta a dedo, es decir, sin concurso público, de los derechos de edificabilidad de un terreno de 12.000 metros cuadrados ubicado en la Ciudad Universitaria de la capital a la empresa de sanidad privada IDC Salud –antigua Capio– por 6.537.000 euros. Tal y como adelantó infoLibre este martes, el rector, Carlos Conde Lázaro, ocultó al órgano de gobierno y al Consejo Social detalles sustanciales de la venta y sólo informó en el primero de esos órganos cuando ya se había producido. 

Por ello, CCOO se plantea incluso acudir a los tribunales. El sindicato estudia posibles actuaciones bien en al ámbito administrativo, en el caso de que hubiera habido algún fallo en el proceso; bien por la vía del derecho penal si se detectaran indicios de que la operación pudiera haber generado algún tipo de perjuicio patrimonial a la Universidad, que es un organismo público. El servicio jurídico del sindicato se encuentra en la actualidad estudiando la información de la que se dispone –incluida la publicada por este diario– para definir su estrategia. 

Además, la sección sindical de CCOO en la Politécnica cuando tuvo conocimiento de esta venta pidió por escrito al rectorado "documentación acreditativa" de la misma. Entre ella, el contrato y el informe de la sociedad de tasación que fijó el precio de 6,5 millones que IDC Salud pagó por los derechos de edificabilidad de la parcela, equivalente a algo más de un campo de fútbol. No ha obtenido respuesta. "Nos preocupa el coste que puede tener esta venta, porque es una despatrimonialización y eso tiene un impacto en toda la comunidad universitaria y nos preocupa también el procedimiento, porque parece que ha habido una grave falta de transparencia", señaló a este periódico Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid.

Hay que tener en cuenta que el rector sólo informó al Consejo de Gobierno de que la entidad interesada en la venta era IDC Salud así como el precio que había pagado y que se había adjudicado sin concurso cuando la enajenación ya se había producido. Lo hizo en el Consejo de Gobierno del 30 de abril de 2015. La venta, según confirmó la propia compañía a este periódico, se rubricó ante notario el 9 de abril de 2015, veinte días antes. IDC Salud, que dedicará esa superficie a dotar de servicios adicionales ("para la investigación") a la Fundación Jiménez Díaz, situada a poco más de dos kilómetros, es uno de los principales grupos sanitarios del país y tiene una estrecha relación con la sanidad privatizada de la Comunidad de Madrid. 

Falta de información 

UGT, por su parte, pedirá detalles de esta venta en la próxima reunión del Consejo Social, que es el órgano en el que además del equipo de gobierno de la Universidad están representados docentes, alumnos, personal de administración y personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social que no son miembros de la comunidad universitaria. Se reunirá 

"No veo mal que la Universidad consiga fondos cediendo derechos de construcción a otras empresas, pero es sorprendente que el rector no diera información al Consejo Social sobre cuál era la entidad interesada en la compra o el precio si ya los conocía", dijo a este diario Eduardo Sabina, secretario general de Federación de Enseñanza de UGT de Madrid

Tanto Galvín (CCOO) como Sabina (UGT) forman parte del Consejo Social de la UPM. Ambos se abstuvieron en la votación de la propuesta que el rector llevó a ese órgano de vender los derechos para edificar de 12.000 metros cuadrados ubicados en la Ciudad Universitaria y la justificaron "por carecer de la información suficiente para adoptar una posición".

En esa reunión, tal y como puede leerse en el acta, el rector se limitó a informar de que "una institución ubicada en la ciudad universitaria" estaba interesada en el traspaso de "derechos de edificabilidad". Y lo comparó con otras operaciones similares que se habían realizado "anteriormente". A saber: la ampliación de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y la regularización de la Biblioteca María Zambrano. Pero en estos casos los beneficiarios fueron entidades públicas y no una empresa privada como IDC Salud.

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Venta con carácter indefinido

Por otro lado, entre las cuestiones que el rector dejó en el aire en la reunión del Consejo de Gobierno del 30 de abril en la que informó de que la enajenación ya se había producido, está la duración del contrato. Hay que tener en cuenta que en todo momento Conde Lázaro subrayó que se trataba no de la venta de un terreno, sino de los derechos para edificar. Pero no informó por cuánto tiempo se cedían. Tampoco la UPM dio ese dato a pesar de que fue reclamado por infoLibre desde este lunes. 

Un portavoz autorizado de IDC Salud confirmó a este periódico este martes de que se trataba de una venta y que, por tanto, la empresa hará uso de ese suelo de forma indefinida. Sin embargo, expertos en derecho administrativo consultados por este periódico sostienen que al tratarse de una cesión de derechos de edificabilidad lo "lógico" sería que existiera un marco temporal

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