Educación

Los sindicatos recogen la propuesta de Isabel Celaá de revisar el Plan Bolonia y reclaman un compromiso sólido

Estudiantes realizan las pruebas de acceso a la universidad.

El Plan Bolonia aterrizó en las universidades españolas con el propósito de alcanzar la integración en un sistema europeo que se prometía garantista y de calidad. Pero también trajo protestas multitudinarias. El pasado martes, durante el vigésimo aniversario del modelo, la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, reconoció que ha pasado un tiempo "prudencial" para "reflexionar" sobre el plan, realizar una "evaluación" de su eficacia y "si así se considera, modificar" su implantación.

Los sindicatos coinciden: es el momento. El Plan Bolonia nace de una declaración conjunta firmada por ministros europeos de educación en junio de 1999. La incorporación de España al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se materializó en octubre de 2007, mediante real decreto. Uno de los principales planteamientos de la adaptación del plan tenía que ver con adaptar la educación superior al mercado laboral. Con el Plan Bolonia, todo alumno podría acceder en cuatro años a un título de grado, que quedaría completo con un año más de máster. Un proceso, sin embargo, lastrado por las tasas inasumibles para buena parte del estudiantado.

"Compartimos que el Plan Bolonia se tiene que revisar", pero "lamentablemente hemos escuchado muchas promesas del Gobierno del PSOE y les exigimos que dejen ya su política de declaraciones". Habla Coral Latorre, portavoz del Sindicato de Estudiantes, quien reclama "responsabilidad y tomar medidas concretas".

También Maribel Loranca, responsable de Educación de UGT, muestra su sorpresa ante las declaraciones emitidas por Isabel Celaá. "A veces nos sorprenden haciendo reflexiones de las que no han hablado antes", especialmente cuando las competencias de universidades "no están en el Ministerio de Educación", recuerda la sindicalista. infoLibre ha intentado preguntar al Ministerio de Educación si la sugerencia deslizada por la ministra en funciones se va a concretar en alguna acción específica y si sería el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el responsable de ejecutarla. No ha habido respuesta. De hecho, sostiene Loranca, este último ministerio sí "había empezado a hablar de una mesa de trabajo, sin grandes avances".

Loranca interpreta el planteamiento de Isabel Celaá en una dirección. Una primera reflexión, sopesa, podría ir encaminada a "la empleabilidad, revisar las titulaciones y la ordenación de los grados, de cara a ajustar necesidades". En ese sentido, la sindicalista cree necesaria una revisión global para determinar los resultados del modelo, sus efectos y a partir de ahí comenzar a trabajar.

También lo cree así Encina González, secretaria de Universidad e Investigación de CCOO. "Entendemos que sí es el momento de hacer una evaluación", sostiene, "fundamentalmente porque ya están implantadas todas las titulaciones y hay datos suficientes para poder reflexionar".

La dimensión económica

El último informe sobre la aplicación del Plan Bolonia en Europa, publicado en 2018, recuerda que "existen grandes diferencias en la capacidad económica de los países y en la proporción de los recursos dedicados a la educación superior". De hecho, añade, el análisis de las tendencias más recientes "muestra que la mayoría de los países han experimentado disminuciones en el gasto público".

Respecto a la dimensión económica, González recuerda que toda la implantación se hizo en años de crisis, con el resultado de "tasas de reposición cero, precarización de las plantillas o recorte presupuestario". Como resultado, lamenta la sindicalista, la educación ha quedado como "uno de los sectores con más recortes" y las comunidades que los han sufrido "han incrementado el precio de las matrículas, penalizando a las familias".

De acuerdo a un estudio elaborado por CCOO, España "se sitúa entre los países de la Unión Europea y del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con precios medios más elevados, tanto en estudios de grado como de máster oficial". Las diferencias entre comunidades transitan desde los 11,89 euros de precio medio por crédito en Galicia hasta los 33,52 en Cataluña, para el curso 2018-2019.

Por eso, González cree que la primera revisión tiene que ir directa a las tasas, las matrículas y las becas, que "con [José Ignacio] Wert dejaron de ser un derecho", de manera que "las personas de rentas más bajas cada vez lo van a tener peor". La sindicalista dice llevar "demandando dos años" un cambio respecto al decreto de becas y tasas, además de estrechar "la horquilla entre las matrículas tan dispares de las comunidades". Es, a juicio de González, "una emergencia" porque se ha quedado "mucha gente en el camino".

Descenso en las becas

Un vistazo al importe destinado a becas universitarias revela que el pico del gasto por parte del Ministerio de Educación se produjo en el curso 2011-2012. A partir de entonces, la cuantía total comenzó a experimentar un descenso cuyos efectos se acentúan con el aumento del número de becarios y el encarecimiento de las tasas. Desde entonces existen más becarios, pero se benefician de ayudas más bajas. De esta manera, mientras que en el curso 2011-2012 un total de 441.761 estudiantes se repartían 1.094.870 euros en ayudas para el estudio, en el curso 2016-2017 un total de 482.860 alumnos hicieron lo propio con 911.261 euros. Las cifras incluyen al estudiantado de Grado y Máster de las universidades públicas y privadas. El último curso con datos disponibles, 2017-2018, supuso cierta recuperación: un total de 573.279 alumnos se repartieron 1.010.069 euros de beca.

Latorre apela igualmente a las tasas, que aun sin guardar relación directa con el Plan Bolonia sí forman parte del conglomerado "para impedir el acceso a la universidad". La portavoz del sindicato estudiantil habla también del decreto 3+2, confeccionado por el exministro José Ignacio Wert y que permite a las universidades diseñar títulos universitarios de grado de tres años, a los que se suman otros dos de máster. La necesidad de cursar un máster de cara a una mayor empleabilidad es, a juicio de Latorre, "absolutamente criminal" y uno de los aspectos a revertir.

Para González, los cambios gestados en los últimos años implican "no dar ninguna estabilidad al sistema". "Si tú evalúas y ya piensas en implantar otra cosa al año siguiente, estás permanentemente cambiando las reglas del juego", critica, además de "encarecer tremendamente la educación" debido a lo elevado de los precios de las matrículas de máster.

Y para afrontar los precios, los alumnos tienen cada vez menos salidas. "Poder compaginar estudios y trabajo es casi imposible por la obligatoriedad de las prácticas y las clases presenciales", denuncia Latorre, quien observa en la universidad un reducto reservado "a las familias más privilegiadas". El informe europeo, de hecho, menciona que estudiar "con un estatus formal distinto al de tiempo completo a menudo requiere de un mayor esfuerzo privado en inversión".

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