Trece años después de Angrois, el caso sigue pendiente del Constitucional y de un indulto

El 24 de julio de 2013 un tren Alvia de alta velocidad descarriló en la curva de Angrois, en la entrada de Santiago, tras despistarse el maquinista al recibir una llamada del interventor del convoy y no frenar a tiempo. Por las 79 muertes y 144 personas heridas que dejó el siniestro fueron condenados hace dos años por un juzgado de lo Penal de Santiago tanto el maquinista como un cargo de Adif por no habilitar medidas de seguridad que evitasen el previsible error humano.

Tras la decisión de la Audiencia de A Coruña de absolver en enero a un cargo de Adif, el maquinista, único condenado, pidió el indulto y al mismo tiempo recurrió al Constitucional, como las víctimas, a la espera aún de las investigaciones técnica y política

Pero el pasado enero la Audiencia Provincial de A Coruña absolvió al cargo de Adif por considerar que no hay pruebas suficientes de que él en concreto fuese quien debía prevenir ese riesgo. Así que 13 años después del accidente el maquinista acaba de quedar como único culpable, a la espera de que el Tribunal Constitucional revise si el proceso judicial se desarrolló con garantías y de que el Gobierno de España decida sobre la petición de indulto que ya le formuló el condenado.

Los más de diez años pasados entre el accidente y las sentencias judiciales, así como las discrepancias reflejadas en ellas entre las juezas que revisaron el caso y absolvieron al cargo de Adif pese a no cambiar ni una sola coma de los hechos probados, abrieron la puerta a recursos ante el Tribunal Constitucional por parte tanto del único condenado como de víctimas del siniestro.

Las víctimas, con valoraciones dispares sobre el indulto pedido por el maquinista, critican que, tras la condena inicial, el cargo de Adif fuese absuelto por dos de las tres juezas de la Audiencia de A Coruña sin cambiar ni una coma de los hechos probados

Según el recurso del maquinista al Constitucional, el proceso judicial vulneró sus derechos de presunción de inocencia, igualdad de trato y tutela judicial efectiva ya que, argumenta su abogado, “existió una presunción de culpabilidad desde el inicio” y no se le aplicaron atenuantes por dilaciones indebidas, auxilio o reparación del daño a las víctimas.

Por su parte, la plataforma de víctimas, que sigue insistiendo en responsabilidades más allá del maquinista, pone el foco en la vulneración de su propia tutela judicial efectiva porque con los mismos hechos probados la Audiencia de A Coruña realizó una valoración distinta de la primera sentencia condenatoria del cargo de Adif “sin una justificación o explicación suficiente”, una “grave falta de motivación e irrazonabilidad” que vulneraría también los derechos constitucionales de los afectados.

A la espera de lo que decida el Constitucional, unos días antes de presentar su recurso de amparo, y de manera paralela, el abogado del maquinista pidió también al Gobierno de España oficialmente el indulto para su defendido. Condenado a dos años y medio de cárcel, una medida de gracia parcial de solo medio año, como ya se concedió en el pasado a otros maquinistas con condenas similares y como defienden maquinistas y parte de las víctimas, evitaría que entrase en prisión. Sin embargo, los indultos vienen siendo cada vez menos, con solo 13 en la última década en Galicia.

13 años después, España aún no ha realizado una investigación técnica independiente de acuerdo con la normativa de la UE

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Pero más allá de la causa judicial, las víctimas recuerdan que España sigue sin realizar la investigación técnica oficial del accidente que exige la normativa europea, después de que la publicada un año después del siniestro fuese descalificada por la Agencia Ferroviaria Europea por falta de independencia y por poner el foco solo en el maquinista.

En el ámbito político sí está avanzando, tras años de demora y con el reciente aliciente del accidente de Adamuz, en Córdoba, la creación de un nuevo ente único e independiente que se encargue de esas investigaciones técnicas de siniestros ferroviarios, aéreos y marítimos.

Sin embargo, nada se volvió a saber de la “respuesta política” concreta al accidente de Angrois que exigen las víctimas después de que la comisión de investigación política abierta en 2018 en el Congreso de los Diputados nunca emitiese sus conclusiones. Así que 13 años después Angrois sigue a la espera de pronunciamientos en los ámbitos penal, técnico y político.