El TSJ de Murcia frena en seco la adjudicación de la TV autonómica

El Tribunal Superior de Murcia (TSJRM) ha frenado en seco este viernes y de forma cautelar el concurso para la gestión de la Televisión pública de la región, La 7. Lo ha hecho suspendiendo in extremis uno de los últimos trámites del procedimiento: la apertura de uno de los sobres que contienen la evaluación de ofertas. Estaba fijada para las dos de la tarde, apenas un par de horas después de que el auto judicial viese la luz.

La paralización se ha producido tras la solicitud de Tcero, una de las empresas aspirantes a relevar a CBM, la filial del grupo Secuoya que tras expirar su contrato en abril de 2020 sigue gestionando la cadena bajo la dirección del marido de una alto cargo del Ejecutivo que preside Fernando López Miras: Mar Moreno, secretaria general de Presidencia y con rango de consejera.

En su auto, el TSJ murciano recalca que la suspensión "no provoca perjuicios para el interés general" pues La 7 está emitiendo mediante contrataciones "de emergencia". Y subraya a renglón seguido que, en cambio, detener el concurso constituye una "salvaguarda de los principios de igualdad de trato y de oportunidades de los licitadores y el principio de transparencia de todas las fases del procedimiento".

En estos 19 meses, y en medio de una especie de limbo administrativo dado que el contrato caducó de forma irreversible y sin opción a nuevas prórrogas, el Gobierno murciano ha autorizado mediante contratos "de emergencia" pagos a CBM por 17,1 millones.

Pese a que el concurso donde CBM se alzó con la victoria en 2015 había tardado un año en tramitarse, el que ahora está pendiente de resolución arrancó en febrero de 2020, solo dos meses antes de la fecha límite para que comenzase una nueva etapa de gestión. La declaración del estado de alarma por la pandemia llegó el 14 de marzo.

En declaraciones a infoLibre, el exdirector general del Ente Público de la TV murciana, Juan Miguel Aguado, desveló en julio que ya en 2016 avisó de que o se aprobaba un nuevo contrato-programa sobre la gestión de la cadena pública o no daría tiempo a hacer una nueva adjudicación en tiempo y forma. Nadie le hizo caso, asegura.

Las dos fugas del verano

El auto judicial del TSJRM detalla que "en breve" se conocerá si se mantiene o no la suspensión, ligada a los recursos interpuestos por Tcero. Son dos. Y en ellos Tcero acusa al Gobierno regional de vulnerar el principio de transparencia y de saltarse las normas.

¿En que se sustentan los dos recursos judiciales que ha presentado la firma que lidera el empresario murciano Juan Francisco Zambudio? El primero está directamente vinculado al hecho de que quien era la jefa de la mesa de contratación –Sonia Carrillo, secretaria general de la Consejería de Economía y Hacienda– abandonara ese puesto en agosto alegando que debía abstenerse. No podía participar, adujo sin que hayan trascendido más datos, porque es familia de alguien relacionado con una empresa interesada en el concurso. Pero antes de irse fue ella y no la Consejería o el resto de miembros de la mesa de contratación quien nombró a su sustituto.

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El segundo recurso se deriva de la decisión del Ejecutivo de relevar en mitad del proceso a los tres integrantes del comité de expertos, creado hace 11 meses para asesorar a la mesa de contratación. Al igual que Sonia Carrillo, uno de los tres componentes del comité de expertos se marchó también en verano. La fuga de esta integrante del comité se produjo tras presentar por registro electrónico "una valoración individual de las ofertas relativas a los criterios evaluables mediante juicios de valor". Es decir, aquellos que otorgan un cierto margen de discrecionalidad técnica a los responsables de puntuar las ofertas y participar en la decisión sobre cuál ha de ser la ganadora. A partir de ahí, pidió que concluyese su pertenencia al comité.

El Gobierno interpretó que la entrega de la valoración de ofertas por parte de la dimisionaria a través del registro electrónico había vulnerado el deber de secreto. Y que eso debía traducirse en la disolución total del comité inicial y la designación de uno nuevo. Como publicó el diario murciano La Verdad, uno de sus actuales miembros es Alejandro Oliva, jefe de la Oficina de Comunicación Institucional de la Consejería de Presidencia.

El auto del TSJRM confirma que el tribunal desconoce si el nuevo comité de expertos ya ha efectuado la evaluación de los criterios sujetos a juicios de valor. "Desconocemos –señala la resolución– ciertos datos que podrá aportarnos, en su caso, la Administración".