Crisis del coronavirus

Las víctimas políticas de la gestión de la crisis del covid-19 en Madrid

Isabel Díaz Ayuso, entre el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicaba este 24 de septiembre el cese, "a petición propia", de Juan Ignacio García Mostazo como director general de medios de comunicación. El decreto, firmado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), incluye la clásica coletilla de "con agradecimiento de los servicios prestados". Proveniente de TVE, este periodista no llevaba ni un año en el cargo ya que había sido nombrado el 19 de noviembre de 2019. Le sustituye otra periodista, Sandra Fernández. Ella será la tercera directora general de medios de la Comunidad de Madrid en lo que va de legislatura. El primero fue Pablo Balbín, que apenas duró un trimestre.

Este cambio se produce en un momento muy delicado para el Gobierno regional, cuando la segunda ola del covid-19 se siente también con mayor virulencia en la región y ha dejado al descubierto una serie de lagunas en la gestión. Sin necesidad de echar la vista atrás muy lejos, no hace todavía ni quince días de unas declaraciones del viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, en las que anticipaba restricciones de movilidad en zonas de la Comunidad que no se precisaron hasta días después. Restricciones a las que siguieron una reunión entre Ayuso y Pedro Sánchez en lo que pareció una nueva etapa en las relaciones entre Madrid y la Moncloa que estalló por los aires este viernes cuando el Gobierno regional se negó a aplicar el endurecimiento en las restricciones que le demandaba el Ministerio de Sanidad.

La de García Mostazo es la sexta baja en un puesto clave de la Comunidad de Madrid en los últimos meses, desde que estalló la crisis del covid-19. Le precedieron la directora general de Salud, el director general de Coordinación Socio-Sanitaria, el secretario general técnico de Políticas Sociales, el jefe de gabinete del consejero de Políticas Sociales –Alberto Reyero– y el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Unas marchas que abarcan los campos de la comunicación, salud pública y residencias de mayores.

Hasta la fecha, y pese a los continuos rumores, Ayuso no ha hecho ni un sólo cambio en los titulares de las consejerías. Hasta el debate del estado de la región, celebrado a mediados de este mes, la idea más extendida no sólo en sectores del PP y Cs, sino también en los partidos de la oposición, es que el nuevo curso político iba a comenzar con nuevos consejeros de Sanidad y Servicios Sociales, los que más se han desgastado con la pandemia. Pero no fue así. Ayuso ha salvado, hasta la fecha, las crisis de Gobierno en su gabinete con ceses y fugas en los segundos niveles y cualquier rumor de crisis o disensiones internas en el núcleo duro de su equipo se intenta desde hace unos días zanjar con contundencia.

Las discrepancias por el salto de fase

La primera baja fue la de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes. Dimitió el 7 de mayo, un día después de que la Comunidad de Madrid decidiera solicitar entrar en fase 1 de la desescalada. Su renuncia se producía en el marco del intenso debate que se ha produjo en el Ejecutivo autonómico sobre si Madrid debía pedir o no al Ministerio de Sanidad entrar en dicha fase, un paso adelante que suavizaba las medidas de confinamiento.

Desde el entorno de Fuentes se trasladó que ella no compartía la postura de entrar en esa fase y que era partidaria de mantener todavía un tiempo la situación de nivel cero. Al no haberse impuesto su tesis, decidió presentar su renuncia. Haciendo caso omiso a las reservas que planteba la ya exdirectora de Salud Pública, el Gobierno de la Comunidad de Madrid solicitó al ministerio ese salto de fase. Y el Ejecutivo no lo autorizó considerando que todavía había importantes deficiencias en el sistema de detección primaria.

La decisión de solicitar el paso de fase de la desescalada había provocado una división en el seno de la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional. Los perfiles más técnicos avisaban de que la región no estaba preparada todavía para relajar las restricciones; los más políticos, entre los que se ubicó el vicepresidente Ignacio Aguado, no compartían esta opinión.

La marcha de Yolanda Fuentes coincidió con una reorganización de la Consejería de Sanidad. Ayuso decidió nombrar al exdirector del hospital provisional de Ifema, Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan covid-19, un puesto de nueva creación para coordinar la gesión de la pandemia. Pese a ser un hombre de la máxima confianza de la presidenta regional, la semana pasada se produjeron algunos roces entre Presidencia y el viceconsejero después de que este se anticipase anunciando que la Comunidad de Madrid iba a empezar a fijar restricciones a la movilidad en las zonas con mayor incidencia del virus.

El protocolo de exclusión de los mayores de las residencias

Días después del portazo de Fuentes, el 13 de mayo, era cesado Carlos Mur de Víu. Hasta esta fecha había ocupado el cargo de director general de Coordinación Socio-Sanitaria. Le sustituyó Francisco Javier Martínez Peromingo.

En la Puerta del Sol se circunscribió el cese al encaje de la nueva estructura de la Consejería de Sanidad que había dado lugar a la creación de un puesto para Zapatero.

Sobre la dirección general de Carlos Mur de Víu recaían las competencias de desplegar actuaciones en las residencias, las instalaciones más golpeadas por el virus en la Comunidad de Madrid. De este departamento partieron los polémicos protocolos con la orden de no trasladar a hospitales a los mayores de las residencias con determinado nivel de discapacidad física o intelectual.

El 26 de mayo, infoLibre publicó el documento que probaba que el Gobierno de Ayuso fijó "criterios de exclusión" para no trasladar a enfermos de residencias a hospitales. Mur había firmado hasta cuatro versiones diferentes del protocolo en siete días.

Estos protocolos abrieron una nueva crisis en la relación entre Partido Popular y Ciudadanos, socios de Gobierno en la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad está en manos de Enrique Ruiz Escudero (PP) y Políticas Sociales, departamento que incialmente tenía bajo su control la competencias de las residencias de mayores. 

Desde Políticas Sociales se desmarcaron con contundencia de estos protocolos: "Ninguno de los documentos enviados cuenta con el visto bueno del consejero". Alberto Reyero aseguró que no eran éticos y puso en duda, incluso, su legalidad.

El escándalo de Room Mate se lleva por delante al jefe de gabinete de Reyero

El 14 de mayo se produce otro cese. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, cesaba al técnico que cometió un "error" al adjudicar a la cadena hotelera Room Mate un contrato para la prestación de los servicios sociosanitarios de los hoteles cedidos para personas mayores durante la pandemia. Era la misma cadena hotelera que estaba alojando a la presidenta Ayuso mientras esta pasaba la cuarentena tras dar positivo de covid-19. Con el cese de Miguel Ángel Jiménez, en esta consejería daban por depuradas las responsabilidades por lo que fue considerado un "error humano". El responsable de Políticas Sociales daba este paso después de que la presidenta regional anunciara la apertura de una investigación interna sobre el baile de contratos en el portal de transparencia de la Comunidad.

Y poco más de un mes después, el jefe de gabinete de Alberto Reyero, Carlos Reus, dimitía alegando "motivos personales". Era 24 de junio y un día después estaba prevista la votación de la reprobación del consejero Ruiz Escudero en la Asamblea de Madrid. Pese a los rumores que se habían disparado días antes ante la posibilidad de que diputados de Cs acabaran sumándose a esta iniciativa de la izquierda, el responsable de Sanidad salvaba el trámite gracias al apoyo de su grupo y de los diputados del partido naranja y la extrema derecha de Vox.

Dos días después, el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), también dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, Óscar Álvarez López, responsable de los centros sociosanitarios y residencias de la región, presentaba su dimisión por estrictos "motivos de salud".

En la carta, remitida al consejero el 19 de junio, aseguraba que renunciaba al puesto a partir del 30 de junio. Álvarez se declaraba "orgulloso" de haber desarrollado ese puesto y haber pertenecido a la Consejería, "a pesar de todas las dificultades y de la situación dramática que nos ha tocado vivir".

El portavoz que no lo llegó a ser

Aunque no puede considerarse una víctima política al no integrar la estructura de la administración autonómica, este sábado renunció a su cargo como portavoz del Grupo covid-19Emilio Bouza. Lo hacía dos días después de su nombramiento y sin haber protagonizado ni una sola comparencia.

"Las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes [a su nombramiento], junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25ruedas de prensa , me obligan arenunciar y a declinar el ofrecimiento. Sin duda alguna seguiré trabajando en favorde los ciudadanos de Madrid y de España, con la mejor de las voluntades", explica en su carta de renuncia.

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