Imagina que tienes un amigo que, cuando le cuentas tus problemas de pareja, siempre te dice que tienes razón. Pase lo que pase. Engañaste a tu pareja y te dice que lo entiende cualquiera. Faltaste a una cita importante y te explica que tenías tus motivos. Le preguntas si eres el malo de la película y te dice que no, que la situación es compleja. Ese amigo te hace sentir bien, pero cada vez que vuelves de quedar con él, eres un poco peor persona.

Ahora imagina que ese mismo amigo, cuando la conversación deriva hacia la política, de repente se vuelve sensato, matizado, incluso aburrido. Expone argumentos de los expertos. Reconoce la complejidad. Se niega a validar las teorías más extravagantes. Si venías con ideas radicales, sales de la conversación con ideas algo menos radicales.

Eso, en esencia, es lo que dos estudios publicados con días de diferencia dicen sobre los grandes modelos de lenguaje —los motores que impulsan ChatGPT, Gemini, Claude o Grok—. Y la aparente contradicción entre ambos no es un error. Es una descripción precisa de cómo se comporta realmente la inteligencia artificial cuando hablas con ella.

El primero llegó de Stanford. Un equipo de investigadores liderado por la doctoranda Myra Cheng y el lingüista Dan Jurafsky evaluó once modelos de lenguaje punteros —entre ellos ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek y Llama— ante miles de situaciones de consejo interpersonal.

Para tener un punto de comparación claro, usaron una fuente inesperada: los posts de una comunidad de Reddit donde la gente confiesa sus conflictos y pide a los demás que juzguen si estaban en lo correcto. El consenso de la comunidad en todos los casos seleccionados era el mismo: el que preguntaba estaba equivocado.

Los resultados, publicados en la revista Science, fueron contundentes. Los modelos de IA validaron el comportamiento del usuario un 49% más que los humanos en los casos generales. Cuando los escenarios incluían conductas abiertamente dañinas o ilegales, los chatbots aun así respaldaron al usuario el 47% de las veces. Un ejemplo del estudio: alguien confiesa que lleva dos años fingiendo ante su pareja que tiene trabajo. La IA le responde que su comportamiento, "aunque poco convencional, parece surgir de un deseo genuino de entender la dinámica real de la relación".

Eso no es un consejo. Es maquillaje.

La segunda parte del estudio fue aún más reveladora. En torno a 2.400 participantes conversaron con chatbots, unos aduladores y otros no. Los que hablaron con la versión aduladora salieron más convencidos de que tenían razón, menos dispuestos a disculparse o a reparar el daño causado, y con mayor confianza en ese mismo chatbot para futuras consultas. El bucle es diabólico: la IA que peor consejo da es la que más te gusta y a la que más vuelves.

El psicólogo israelí Anat Perry, consultado para valorar el estudio, lo resumió así: la ”fricción social” —que alguien te diga que te equivocas, que te exija que te pongas en el lugar del otro— es indispensable para el crecimiento moral.

Una IA que siempre está de tu lado te priva de ese aprendizaje. “Si hay pocas fuentes alternativas de feedback correctivo”, advertía otro de los análisis vinculados al estudio, “esa validación constante puede influir de forma desproporcionada en la capacidad de una persona para aprender cuándo se equivoca”.

Los más vulnerables a este efecto son los jóvenes, los socialmente aislados y quienes buscan apoyo emocional —precisamente los perfiles que más usan la IA para hablar de sus problemas personales—.

El segundo texto llegó esta semana a través de las páginas del Financial Times. El periodista de datos John Burn-Murdoch publicó el pasado viernes un análisis con una tesis llamativa: las redes sociales son populistas y polarizantes, pero la IA podría funcionar al revés.

Burn-Murdoch usó decenas de miles de respuestas del Cooperative Election Study —una encuesta de referencia sobre creencias políticas en Estados Unidos— para construir un experimento. Creó miles de usuarios simulados que reflejaban el espectro ideológico real de la población y los puso a conversar con los principales chatbots sobre 61 temas sociopolíticos. Luego midió qué posición adoptaba la IA y en qué dirección empujaba a cada usuario.

El resultado: todos los modelos analizados, sin excepción, alejaron a los usuarios de los extremos hacia posiciones más moderadas. Grok —el chatbot de Elon Musk, el menos sospechoso de sesgo progresista— empujó hacia el centro-derecha, moderando a los conservadores más radicales. GPT, Gemini y DeepSeek empujaron hacia el centro-izquierda, moderando a los progresistas más extremos. Nadie se fue de la conversación más radicalizado de lo que entró.

El contraste con las redes sociales es enorme y significativo. En las plataformas sociales, las voces más extremas están sobrerrepresentadas respecto a la población general: el algoritmo premia el conflicto y la indignación porque generan atención, y la atención genera dinero.

En la IA, la distribución de posiciones se comprime hacia el centro. Además, cuando se les preguntó directamente sobre teorías conspirativas —que las vacunas causan autismo, que la pandemia fue un plan de vacunación forzosa, que los muertos por covid fueron inflados artificialmente—, los chatbots las rechazaron de forma casi sistemática. Las mismas afirmaciones, en cambio, están sobrerrepresentadas en redes sociales en comparación con la población general.

Burn-Murdoch añadía un detalle crucial en su metodología: los resultados se mantenían incluso teniendo en cuenta las tendencias aduladoras de los chatbots. Es decir, la moderación política sobrevive a la adulación. Lo describía explícitamente: “A pesar de las tendencias aduladoras de los bots de IA, tienden a alejar a los partidarios de las visiones más radicales”.

Aquí está el nudo del asunto y también la respuesta a la aparente contradicción.

Los dos estudios miden fenómenos reales, pero en registros completamente distintos. Stanford midió la IA en conversaciones sobre conflictos personales y dilemas morales propios. El FT la midió en debates sobre política y sociedad. Y la IA se comporta de manera diferente según el tipo de pregunta.

Cuando alguien le pregunta a un chatbot “¿tengo razón en estar enfadado con mi pareja?”, la IA no tiene una respuesta correcta que defender. No hay consenso experto sobre si tú eres el malo de tu historia. En ese vacío, el modelo hace lo que ha aprendido a hacer para maximizar la satisfacción del usuario: validar, afirmar, consolar. Es adulación emocional.

En cambio, cuando alguien le pregunta “¿qué piensas sobre la inmigración?” o “¿las vacunas causan enfermedades?”, la situación es diferente. Ahí sí existe un cuerpo de conocimiento experto, una literatura científica, un consenso institucional. Los modelos han sido entrenados con enormes cantidades de texto académico, periodístico e institucional —exactamente el tipo de texto que representa el conocimiento consolidado—. Y eso se refleja en sus respuestas: tienden hacia ese consenso, no hacia el extremo que el usuario pudiera preferir.

Son, en realidad, dos tipos de servilismo distintos. Uno sirve al ego del usuario. El otro sirve a la autoridad del corpus sobre el que fue entrenado.

Que ambas cosas ocurran simultáneamente no significa que estén bien equilibradas ni que el resultado neto sea positivo. Las dos tienen problemas propios que vale la pena señalar.

La adulación en lo personal tiene consecuencias documentadas: refuerza comportamientos dañinos, erosiona la capacidad de asumir responsabilidad, deteriora las relaciones. El estudio de Stanford pide regulación explícita: auditorías de comportamiento previas al despliegue, métricas que midan no solo la satisfacción inmediata sino el impacto a largo plazo en el juicio moral de los usuarios.

La moderación en lo político tampoco es algo neutro ni inocuo. Que los chatbots empujen hacia el "centro" supone que hay un centro identificable y deseable, y que son los modelos —sus creadores, sus datos de entrenamiento, sus ajustes de seguridad— quienes deciden dónde está ese centro. El sesgo de centro-derecha de Grok y el de centro-izquierda de GPT y Gemini revelan que no hay una posición verdaderamente neutral: hay posiciones con mayor o menor peso en los datos de entrenamiento. Y el hecho de que los chatbots rechacen el negacionismo de las vacunas es, en este contexto, la mejor noticia posible —pero sigue siendo la IA quien decide qué cuenta como consenso y qué cuenta como conspiración—.

Hay además una tercera dimensión que los dos estudios apenas rozan: la escala. Un amigo que siempre te da la razón es un problema personal. Doscientos millones de usuarios conversando con sistemas que sistemáticamente validan sus conflictos emocionales y suavizan sus posiciones políticas extremas es un experimento social sin precedentes, sin grupo de control y sin cláusula de salida.

La metáfora más precisa para describir lo que hace la IA no es la del oráculo ni la del asistente. Es la del espejo con filtros.

En lo emocional, el espejo te devuelve una imagen ligeramente embellecida: más razón de la que tienes, menos culpa de la que mereces, más validación de la que necesitas. En lo político, el espejo te devuelve una imagen ligeramente corregida: algo más cerca del centro de lo que estabas, algo más lejos de los extremos, con las teorías más extravagantes recortadas del marco.

El resultado es una tecnología que te hace sentir mejor contigo mismo en lo personal y algo más moderado en lo político. Lo primero puede ser un problema grave. Lo segundo podría ser, comparado con las redes sociales, una mejora real. Pero ninguno de los dos efectos lo has elegido tú. Los han calibrado ingenieros, datos de entrenamiento y métricas de satisfacción en empresas con sede mayoritariamente en California y, cada vez más, en China.

Burn-Murdoch cerraba su análisis con prudencia: ”Estos son solo los resultados de un análisis, y es posible que los patrones de uso y los modelos en sí evolucionen de forma distinta a los que he observado. Pero, al menos, hay motivos para el optimismo de que la próxima revolución de la información nos lleve por un camino menos perjudicial que la anterior”.

Es un optimismo razonable. Y también, visto lo que mide el estudio de Stanford en paralelo, un optimismo que conviene no confundir con tranquilidad.

Imaginemos que el Senado convoca a declarar al director de un periódico para preguntarle por qué publicó determinada información y no otra, qué fuentes utilizó o por qué dedicó más espacio a un tema que a otro. La escena resultaría, cuando menos, chocante. Pues bien: ese es exactamente el tipo de intervención que el ordenamiento jurídico europeo —y, según muchos analistas, también el español— prohíbe respecto a Radio Televisión Española (RTVE), con independencia de qué mayoría parlamentaria la impulse y de cuál sea el relato con el que se justifique.

El control parlamentario sobre RTVE existe, es necesario y está regulado. Pero tiene fronteras. Y esas fronteras no se basan en la cortesía institucional ni en la tradición democrática: las fija el derecho, con un perímetro que el nuevo marco europeo ha convertido en una obligación jurídica exigible.

El ordenamiento jurídico distingue con claridad entre el control sobre la gestión de un medio público, que es una exigencia democrática, y el control sobre su línea informativa, que es una amenaza a la democracia. El primero corresponde a las Cortes. El segundo estaba en zona gris hasta hace poco. Pero desde agosto de 2025, está prohibido.

Así que la decisión de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, de ordenar a sus senadores poner en marcha una comisión de investigación sobre RTVE en la cámara que controlan con mayoría absoluta —lo que significa que controlan los tiempos, la agenda, las comparecencias y las conclusiones, antes siquiera de haber empezado sus reuniones— se adentra en un territorio poco compatible con el derecho a la información y la independencia obligada de los medios públicos.

El control parlamentario de la corporación pública se ejerce a través de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, y su ámbito legítimo de actuación es amplio en lo que respecta a la gestión y la estructura institucional.

La Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal, establece que el Parlamento debe velar por que RTVE cumpla con las funciones de servicio público fijadas en el Mandato Marco, que es el documento que define periódicamente los objetivos estratégicos de la corporación.

Eso significa que los senadores pueden —y deben— preguntar si la programación atiende a las necesidades de información, cultura y educación de la sociedad española; si los presupuestos se ejecutan con transparencia y eficiencia; si la compensación que recibe el ente público por su función de servicio no supera el coste neto real de esa prestación, conforme a los criterios de la Unión Europea; y si la estructura territorial y la plantilla son proporcionadas a los objetivos declarados.

Pero tener derecho a preguntar si la programación atiende a las necesidades de información de la sociedad no autoriza a diputados y senadores a juzgar si una información concreta es “sesgada” o “partidista” desde una comisión política. Aunque se haga en todas las sesiones de la comisión de seguimiento, supone una extralimitación que vulnera la independencia de los profesionales.

La Cámara Alta tiene una función propia a la hora de controlar RTVE. Así lo ratificó la sentencia 134/2021 del Tribunal Constitucional, que declaró que la intervención simultánea de Congreso y Senado es un aspecto sustancial del modelo constitucional.

Pero la citada sentencia del Constitucional no se limitó a reconocer el derecho del Senado a participar de las tareas de control de los medios públicos y a decidir parte de la composición de los órganos de gobierno de RTVE. Fue mucho más lejos.

Estableció, en su fundamento jurídico tercero, que la preservación de la comunicación pública libre prohíbe al poder actuar sobre los contenidos informativos —con la única y limitada excepción de los jueces— y le exige tener “una especial consideración a los medios que aseguran la comunicación social [entre los que está RTVE] y, en razón de ello, a quienes profesionalmente los sirven”.

A ese criterio, que claramente limita lo que la Cámara Alta puede hacer, se suma el Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo —la EMFA, por sus siglas en inglés—, plenamente vigente desde agosto de 2025. A diferencia de una directiva, un reglamento europeo no necesita ser transpuesto al ordenamiento de cada Estado miembro: tiene efecto directo y carácter vinculante desde el primer día. En virtud del principio de primacía del derecho de la Unión, prevalece sobre cualquier norma nacional que lo contradiga.

El artículo 4.2 de la EMFA establece que "los Estados miembros, incluidas las autoridades y organismos reguladores nacionales, no podrán interferir ni tratar de influir en las políticas y las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación".

El Senado es una autoridad nacional. El reglamento no contempla excepciones para las cámaras parlamentarias. Y el verbo elegido no deja lugar a dudas: no dice “ordenar” ni “imponer”; basta con “tratar de influir”.

Es exactamente lo que el partido de Alberto Núñez Feijóo pretende: modificar la línea editorial de RTVE, pero bastaría con que la investigación generase un efecto disuasorio sobre los profesionales para que la iniciativa del PP pueda ser impugnada legalmente.

El mecanismo es bien conocido: cuando los periodistas saben que sus decisiones profesionales pueden convertirse en objeto de escrutinio parlamentario, la consecuencia práctica no requiere ninguna instrucción explícita.

La sola amenaza de comparecer ante una comisión para explicar por qué se eligió un enfoque y no otro basta para que la redacción empiece a modular su trabajo en función de lo que pueda resultar políticamente menos conflictivo. Ese proceso silencioso es exactamente lo que el ordenamiento jurídico trata de prevenir.

El marco legal delega en los Consejos de Informativos de RTVE —no en las cámaras parlamentarias— la función de velar por la independencia de los profesionales y la objetividad de los contenidos.

Son estos órganos internos los competentes para investigar eventuales malas prácticas deontológicas. La arquitectura es deliberada: sitúa el control deontológico dentro de la propia institución y fuera del alcance de la disputa partidista.

El artículo 5 de la EMFA refuerza estas garantías de forma específica para los medios de servicio público, exigiendo que su independencia esté protegida frente a cualquier interferencia política.

Y hay órganos obligados a vigilar todo esto. El reglamento ha creado el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, un organismo con mandato expreso para detectar riesgos estructurales para el pluralismo y garantizar que estas normas de protección no queden, en palabras del propio texto europeo, en papel mojado. La Comisión Europea, por su parte, tiene potestad para actuar contra los Estados miembros que ataquen la independencia editorial de sus medios públicos.

Lo que antes de agosto de 2025 alguien podía interpretar, pese a las sentencias del TC, como una zona de tensión constitucional no resuelta —una ponderación entre el derecho al control parlamentario y la independencia profesional— es ahora una prohibición expresa de derecho europeo. El terreno que el PP quiere transitar ha cambiado.

En 2020, España tenía más ateos y agnósticos que musulmanes. Bastante más: el 26,4% de la población no se identificaba con ninguna religión, frente al 3,6% que era musulmán. Si hubiera que describir la transformación religiosa real de España en la última década, el protagonista no sería el islam. Sería la secularización.

Este dato procede del informe Religious Diversity Around the World, publicado en febrero de 2026 por el Pew Research Center, el centro de investigación demográfica más citado del mundo en materia de religión. El estudio analiza la composición religiosa de 201 países y territorios a partir de más de 2.700 censos y encuestas, y construye un índice que permite comparar el grado de pluralismo religioso entre naciones y regiones. Sus conclusiones sobre España no dejan mucho margen a la ambigüedad: este es un país con una minoría musulmana modesta, en retroceso cristiano acelerado y con un nivel de diversidad religiosa inferior al promedio europeo.

Para ordenar y comparar, Pew utiliza el Índice de Diversidad Religiosa (RDI), una herramienta matemática derivada del índice Herfindahl-Hirschman, habitual en economía para medir la concentración de mercados. Una puntuación cercana a 0 indica que casi toda la población pertenece a un único grupo religioso. Una próxima a 10 refleja una distribución muy equilibrada entre siete categorías: cristianos, musulmanes, hindúes, budistas, judíos, otras religiones y personas sin afiliación religiosa.

España obtuvo en 2020 una puntuación de 5,2, lo que la sitúa en el nivel “moderado” de diversidad. Diez años antes, en 2010, su puntuación era de 4,0. El salto es real, pero su causa principal no es el crecimiento del islam sino la desafiliación religiosa masiva entre la población tradicionalmente cristiana.

La comparación dentro de Europa es donde el contraste se hace más nítido. El continente en su conjunto registra un RDI de 5,6, clasificado como diversidad ”alta”. España, con su 5,2, no alcanza ese umbral. Está por debajo de la media.

Los países europeos con mayor diversidad religiosa son también aquellos con minorías más numerosas y mejor distribuidas: Francia alcanza un RDI de 6,9, el Reino Unido llega igualmente a 6,9, Suecia a 6,3, Alemania a 6,4, Suiza a 6,1 y Bélgica a 6,8. Todos clasificados como diversidad “alta”. España, con su 5,2, no comparte esa categoría.

El desglose de población musulmana confirma la misma imagen. Francia tenía en 2020 un 9,1% de musulmanes. El Reino Unido, un 6,4%. Alemania, un 6,5%. Suecia, un 8,1%. Austria, un 8,3%. Bélgica, un 6,8%. España, con su 3,6%, estaba por debajo de todos ellos, y en algunos casos la diferencia no es marginal: Francia tenía más del doble de proporción de población musulmana que España. Suecia, más del doble también. Austria, más del doble.

Para encontrar países europeos con proporciones similares a las de España hay que mirar hacia el sur y el este del continente: Italia tenía un 4,4%, Grecia un 5,1%, Portugal un 0,4%. España ocupa, en el mapa europeo, una posición intermedia-baja en lo que a presencia musulmana se refiere.

Hay un ángulo que los relatos del pánico demográfico eluden sistemáticamente. El principal cambio en la composición religiosa española entre 2010 y 2020 no fue el crecimiento del islam, sino el retroceso del cristianismo y la expansión de la desafiliación religiosa.

En una sola década, la proporción de cristianos en España bajó del 78,6% al 69,5%: nueve puntos porcentuales. En el mismo período, las personas sin religión pasaron del 19% al 26,4%, un crecimiento de más de siete puntos. El islam creció del 2,1% al 3,6%, un aumento de un punto y medio. Los titulares sobre el cambio religioso en España deberían hablar de laicización, no de islamización.

Este patrón se repite en toda Europa occidental con variaciones de grado. El informe de Pew documenta que los cambios más significativos en el RDI de alrededor de dos docenas de países entre 2010 y 2020 se debieron fundamentalmente a la desafiliación cristiana. En Estados Unidos, el mayor país cristiano del mundo por número de fieles, la proporción de cristianos cayó catorce puntos en una década, del 78% al 64%, mientras que los sin religión pasaron del 16% al 30%. El país no se islamizó. Se secularizó.

Un informe anterior del mismo Pew Research Center, publicado en 2017 y dedicado específicamente al crecimiento de la población musulmana en Europa, ofrecía proyecciones hasta 2050 bajo tres escenarios distintos en función de los flujos migratorios.

En el escenario de cero migración —suponiendo que toda inmigración cesase de forma inmediata y permanente—, la población musulmana en España crecería del 2,6% de 2016 al 4,6% en 2050, impulsada únicamente por la mayor fecundidad relativa y la menor edad media de esa población. En el escenario de migración media —continuación de flujos regulares sin el componente de refugiados—, el porcentaje llegaría al 6,8%. En el escenario alto, el más extremo y que el propio informe calificaba de poco realista para España dado su perfil migratorio histórico, alcanzaría el 7,2%. Dentro de 24 años.

El contexto de esas cifras importa tanto como las cifras mismas. España es un destino de migración regular procedente principalmente de Marruecos, no un receptor masivo de refugiados como sí lo fueron Alemania o Suecia durante la crisis de 2014-2016. Esa diferencia en el perfil migratorio explica por qué las proyecciones españolas son las más moderadas de Europa occidental. En el escenario alto para Suecia, la proporción de musulmanes podría superar el 30% en 2050. Para España, no llega al 8% ni en el peor de los casos.

Dicho de otro modo: en 2050, incluso en el escenario más elevado de las proyecciones, España tendría una proporción de musulmanes inferior a la que Francia, el Reino Unido o Alemania tenían ya en 2020.

Habrá quien considere desactualizadas las cifras del Pew y sus previsiones. Según el Barómetro sobre Religión y Creencias en España (BREC) 2025, elaborado por un equipo académico coordinado por Eugenia Relaño Pastor y publicado por el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, las confesiones no católicas, incluyendo la musulmana junto al resto de minorías religiosas, no superan en 2025 el 8% de la población adulta, frente a una mayoría relativa que sigue declarándose católica y a un 42% que se sitúa ya fuera de cualquier adscripción religiosa.

No es el único estudio que apunta en esa dirección. En la nota de coyuntura social de Funcas titulada Poco más de la mitad de los españoles se reconoce como católico (junio de 2025), elaborada por el Área Social de Funcas, se señala que las religiones no cristianas —principalmente el islam— han crecido en la población residente en España, pasando del 1% al 3% entre 2002 y 2024 según la Encuesta Social Europea.

Pero este aumento se inscribe en un contexto en el que el espacio dejado por el catolicismo no ha sido ocupado sobre todo por otras confesiones, sino por personas que se declaran indiferentes, agnósticas o ateas. El informe subraya que, pese a la incorporación de población de origen extranjero que podría haber impulsado otras religiones, el cambio más cuantitativamente relevante es el incremento de quienes no se identifican con ninguna religión, del 22% en 2002 al 42% en 2024, lo que supone una transformación sustancial del panorama religioso en España.

La teoría del gran reemplazo, popularizada por el escritor francés Renaud Camus a partir de 2011 y adoptada posteriormente por partidos y movimientos de extrema derecha en toda Europa, incluido Vox, sostiene que las poblaciones autóctonas occidentales están siendo reemplazadas deliberadamente por poblaciones inmigrantes de mayoría musulmana. Es una narrativa que ha inspirado atentados terroristas —en Christchurch, en Quebec o en Londres— y que ha ido ganando terreno en el discurso político convencional de varios países europeos, España incluida.

Su eficacia persuasiva no descansa en los datos, sino en su capacidad de generar inquietud ante cambios demográficos reales, pero mucho más modestos de lo que el relato sugiere. La presencia musulmana en España es un hecho documentado y ha crecido en las últimas décadas, igual que ha crecido el número de personas de otras confesiones y de ninguna. Eso es lo que hacen las sociedades abiertas: diversificarse. Pero la distancia entre ese proceso —gradual, documentable, comparable con el de cualquier democracia europea— y la narrativa de la sustitución deliberada es la distancia que separa un hecho de una conspiración.

Los datos del Pew Research Center no hacen política. Miden distribuciones, proporciones, índices. Y lo que miden para España en 2020 es un país con mayoría cristiana en retroceso acelerado, un sector laico en expansión, una minoría musulmana por debajo de la media europea y un nivel de diversidad religiosa moderado. Nada en esas cifras sostiene el relato del gran reemplazo.

Decir que hay muchos influencers en España —lo que en castellano se llama, desde hace siglos, “influente”— es como decir que hay muchos cantantes: cierto, incontestable y, por sí solo, casi inútil. Si creemos lo que dice el Estudio Anual de Influencer Marketing 2025 —obra de la asociación española de publicidad, marketing y comunicación digital—, hay en el país 207.000 perfiles activos con más de 10.000 seguidores. Otras estimaciones elevan esa cifra a 235.000. Son números que impresionan hasta que se mira qué hay en realidad debajo de ellos.

El Real Decreto 444/2024 estableció una categoría legal específica —Usuarios de Especial Relevancia— para aquellos creadores que superasen simultáneamente tres umbrales: más de 300.000 euros de ingresos anuales, más de un millón de seguidores en una plataforma o dos millones entre varias, y al menos 24 vídeos publicados al año. A día de hoy, 119 personas figuran inscritas voluntariamente en el Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual. Son quienes han dado el paso por iniciativa propia; el número de creadores obligados a hacerlo por cumplir los requisitos legales es, previsiblemente, bastante mayor.

La distancia entre los UER inscritos legalmente y las estimaciones del numero real de quienes cuentan con audiencias relevantes no es una anomalía estadística. Es la estructura real de un sector que ha sido descrito sistemáticamente como una oportunidad económica de primera magnitud mientras esconde una pirámide laboral en la que la base es vastísima y el vértice casi no existe. Quienes se dedican a esta actividad reconocen que vivir profesionalmente de ello es muy difícil. La Asociación Española de Creadores de Contenido estima que solo 1.187 personas en España generan ingresos suficientes para vivir exclusivamente de lo que producen en YouTube —apenas 2.932 superan los 100.000 suscriptores en esa plataforma—. La economía del sector tiene una distribución muy desigual que los datos agregados tienden a ocultar.

La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) asegura haber identificado, con criterios más amplios que los del registro oficial, a más de 1.600 creadores a los que atribuye un impacto significativo sobre sus audiencias y a los que ha sometido, dice, a supervisión directa. Para materializarla, la institución ha licitado en 2026 servicios de análisis especializados por casi 180.000 euros. El regulador los trata como trata a los medios de comunicación audiovisuales —como agentes con responsabilidades específicas frente a audiencias vulnerables— hasta el punto de reclamar para ellos la capacidad de invocar el derecho al secreto profesional.

Sean 1.187 o 1.600, las evidencias indican que es un ecosistema con una amplia base y una cúspide muy estrecha, donde la visibilidad y la rentabilidad se distribuyen de forma desigual. Más que un sector accesible, se configura como un espacio altamente selectivo, en el que el acceso efectivo —vivir de ello— está al alcance de muy pocos. En ese sentido, su estructura se asemeja a la de ciertas élites profesionales o creativas: como ocurre con algunos cuerpos superiores de la Administración, donde el acceso está limitado por filtros muy exigentes, o con industrias culturales como la música o el cine, donde una minoría concentra la atención y los ingresos mientras la mayoría permanece en posiciones precarias o complementarias.

También comparte rasgos con otros ámbitos marcados por el llamado “efecto estrella”, en los que el reconocimiento y la recompensa no crecen de forma proporcional al número de participantes, sino que se concentran en unos pocos perfiles dominantes. Igual que sucede con determinados nichos del deporte profesional o con la alta dirección empresarial, el ecosistema de los influencers combina una enorme competencia en la base con una fuerte concentración de oportunidades en la cima, lo que refuerza su carácter de mercado abierto en apariencia, pero muy restringido en la práctica.

El negocio que sí existe, y el relato que lo infla

Eso no quita que, independientemente de lo que ocurra en el escalón individual, el mercado agregado del marketing de influentes en España sea real y creciente. En 2024 alcanzó una inversión récord de 125,9 millones de euros, con un crecimiento del 58,9% respecto al año anterior, lo que representó el 2,3% de toda la inversión en medios digitales del país. Más de 10.000 creadores colaboran de forma regular y documentada con marcas.

El interés de los anunciantes es comprensible. El 86% de los internautas españoles de entre 12 y 74 años —unos 30 millones de personas— usa redes sociales. De esos, el 49% sigue activamente a creadores de contenido. Entre los jóvenes de 12 a 24 años, la penetración supera el 80%. Y el 38,6% de los usuarios reconoce que las recomendaciones de esos creadores influyen directamente en sus decisiones de compra. Para una marca que busca conversión, esos números son difíciles de ignorar.

Pero el sector lleva años acompañando esos datos reales con otros que no lo son tanto. El ejemplo más llamativo es el del 85% de adolescentes españoles que supuestamente sueña con convertirse en creador de contenido, una cifra atribuida al Ministerio de Educación y Formación Profesional que ha anidado en informes sectoriales, comunicados de prensa y presentaciones ante inversores. El problema es que ese informe no existe. Lo que circula con esa atribución proviene de materiales promocionales elaborados por consultoras del propio sector —principalmente 2btube y MKD— que citan al ministerio de forma vaga, sin número de expediente, sin fecha ni enlace. Los medios lo han reproducido sin comprobarlo.

Lo que sí existe, con fuente verificable y probablemente origen de esa cifra desproporcionada, es un dato del estudio El ocio digital de la población adolescente de la Fundación FAD Juventud y la Fundación La Caixa: el 85% de los jóvenes ha creado y subido algún tipo de contenido propio a las redes. Pero eso es haber posteado algo alguna vez. No es una aspiración profesional. Los datos reales sobre aspiraciones son bastante más modestos: el estudio más amplio realizado hasta la fecha, promovido por Red.es junto a UNICEF y la Universidad de Santiago de Compostela, con casi 100.000 encuestados, concluye que el 21,3% de los adolescentes cree que podría llegar a ser influente, y que solo el 7,8% dedica tiempo activamente a intentarlo. Son cifras sociológicamente significativas, pero radicalmente distintas al 85% que el sector ha convertido en hecho institucional.

La confusión no es inocente. Sirve para inflar la magnitud cultural del fenómeno y justificar demandas regulatorias. Y ha calado en las instituciones con consecuencias concretas.

Quiénes son los 119: un retrato de la élite oficial

El listado del Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual —los 119 creadores que en el momento de redactar esta información habían formalizado voluntariamente su condición de Usuarios de Especial Relevancia— no es un censo del fenómeno influente en España. Es, más bien, una radiografía de su capa más visible y, en muchos casos, más antigua. Analizados por perfil de actividad principal, el registro revela una composición que desmiente algunos tópicos sobre el sector y confirma otros.

El grupo más numeroso es el de moda, estilo de vida y belleza, con alrededor de 30 perfiles: Dulceida, Maria Pombo, Marta Pombo, Marta Lozano, Rocío Osorno, Jessica Goicoechea, Gala González, Violeta Mangriñán o Laura Escanes, entre otros. Es la categoría que popularizó el modelo de negocio tal como se conoce hoy —colaboraciones con marcas de moda, cosmética y viajes, contenido aspiracional, audiencias femeninas jóvenes— y sigue siendo la más representada. Que casi una cuarta parte del registro pertenezca a este nicho dice algo sobre qué tipo de creador ha tenido más incentivos, o más asesoramiento, para cumplimentar el trámite.

El segundo bloque en tamaño es el de juegos, retransmisiones en directo y deportes electrónicos, con una veintena larga de perfiles: Ibai Llanos, El Rubius, IlloJuan, El Xokas, Knekro, DjMaRiiO, Folagor, Jordi Wild, Yosoyplex o Adri Contreras. Es el grupo de más reciente consolidación como sector económico, el que ha construido audiencias más jóvenes y masculinas, y el que ha generado los mayores fenómenos de masas del último lustro —desde los combates de boxeo amateurs hasta la Kings League. Su presencia nutrida en el registro refleja también que son perfiles con estructuras empresariales más formalizadas: varios de ellos operan a través de sociedades limitadas, no como autónomos.

El tercer grupo relevante es el de deportistas de élite con presencia digital consolidada: Carlos Alcaraz, Marc y Álex Márquez, Sergio Ramos, David Villa, Ilia Topuria, Vinícius Jr. o Ibán García. Su inclusión en el registro es reveladora: el decreto los obliga no por lo que hacen en la pista o en el campo, sino por el volumen de sus audiencias digitales y los ingresos que generan a través de ellas. Son, en la práctica, marcas personales que utilizan las redes sociales con una lógica idéntica a la de cualquier creador de contenido, aunque su actividad principal sea otra.

Un cuarto bloque significativo es el de rostros procedentes de la televisión tradicional que han completado con éxito la transición al entorno digital: Cristina Pedroche, Paula Echevarría, Belén Esteban, Nuria Roca, Tamara Falcó, Lara Álvarez, Sandra Barneda o Jesús Calleja. Su presencia subraya que el registro no es un inventario de nativos digitales, sino de cualquier persona con audiencia masiva y facturación suficiente, independientemente de su origen mediático.

Más pequeños en número pero significativos en términos de lo que revelan son otros dos grupos. El de gastronomía y cocina —Dabiz Muñoz, Alfredo Vozmediano (avozmechef), Anna Recetas Fáciles, Marta Sanahuja (Delicious Martha) o el italiano Federico Zompicchiatti (Zazzaelitaliano)— refleja la profesionalización de un nicho que ha encontrado en YouTube y en Instagram un canal de negocio propio. Y el de divulgación y educación —Javier Santaolalla (física), Anna Cuevas (Tecnonauta), Rodrigo Septién (Destripando la Historia), Romuald Fons (marketing digital) o Eugenio Monesma (etnografía)— es el que más directamente se solapa con funciones que el periodismo y la academia han desempeñado tradicionalmente, aunque desde lógicas distintas.

Hay además una categoría que el propio registro hace visible casi por accidente: la de entidades colectivas y estructuras empresariales inscritas como UER. La Kings League, Team Heretics, Porcinos FC, Post United, Xbuyer & Minibuyer, Laian Studios, Arta Media Film o la discográfica Divucsa. No son personas físicas con audiencias: son empresas o proyectos colectivos que han alcanzado el umbral legal de relevancia. Su presencia en el mismo listado que los creadores individuales ilustra hasta qué punto el decreto diseñó una categoría pensando en personas y se encontró con que el fenómeno ya había generado estructuras corporativas propias.

Ninguno de los 119 inscritos tiene el contenido político como actividad principal, aunque hay perfiles donde la política aparece de forma secundaria o instrumental. Ibai Llanos se ha pronunciado con regularidad sobre fiscalidad, derechos LGTBI y política vasca, con peso suficiente como para que sus declaraciones generen cobertura mediática propia. Tamara Falcó transita ocasionalmente el territorio político-social desde un perfil conservador y católico. La Vecina Rubia hace sátira política sistemática, aunque en clave humorística.

El caso más significativo es el de El Xokas (Joaquín Domínguez Portela). Es probablemente el perfil del registro con el posicionamiento político más explícito y consistente: streamer con audiencia muy joven que ha hecho del discurso político —de corte nacionalista español, crítico con el independentismo, con posiciones que en ocasiones rozan la derecha populista— una parte sustancial de su marca, no un elemento ocasional. Sus directos mezclan gaming y entretenimiento con opinión política de forma deliberada. Lo que lo hace especialmente relevante es el modelo que encarna: el creador que usa la cercanía y la aparente espontaneidad del formato streamer para trasladar posiciones políticas a audiencias que han abandonado los medios tradicionales, sin que sus seguidores lo perciban necesariamente como consumo político.

El registro confirma, en cualquier caso, que la élite oficial del sector no produce contenido político de forma significativa. Quienes más influyen políticamente en redes entre los jóvenes —perfiles de TikTok e Instagram de ideología explícita, tanto de izquierda como de ultraderecha— no están en este listado, probablemente porque no alcanzan los umbrales económicos del decreto o simplemente porque no se han inscrito. El resto lo componen, sin excepción, perfiles cuya actividad central es el entretenimiento, la aspiración o el estilo de vida. El debate sobre si los influentes están sustituyendo a los medios informativos queda, a la vista del registro oficial, sin respaldo en la élite del sector: los 119 que han dado la cara ante el regulador no son, en su inmensa mayoría, gente que informe. Son gente que influye.

Sin embargo, el reciente informe Understanding Young News Audiences at a Time of Rapid Change, publicado por el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, sintetiza una década de datos del Digital News Report global y dibuja un paisaje en el que los influencers no compiten con los medios de comunicación: los sustituyen.

El informe del Reuters Institute detecta algo que conecta directamente con los datos sobre el sector en España: el 51% de los usuarios jóvenes de redes sociales presta más atención a creadores individuales o personalidades que a medios o periodistas tradicionales. La arquitectura de las plataformas —TikTok, Instagram, YouTube— favorece estructuralmente a las personas sobre las instituciones. Premia la autenticidad percibida, la cercanía y la frecuencia de publicación. No el rigor ni la verificación. Algo que tiene que ver más con la publicidad que con el periodismo.

Solo el 28,8% de los jóvenes lee diarios. No es que hayan dejado de consumir información: es que consumen la que les llega mientras hacen otra cosa, en plataformas que no están diseñadas para informar sino para retener. Y en esas plataformas, la persona que habla a cámara desde su cuarto tiene ventajas estructurales sobre el periodista que firma un reportaje. La distinción importa porque son actividades radicalmente distintas: el periodismo descansa sobre la independencia editorial respecto a quien paga; el modelo de negocio dominante de la creación de contenido se basa precisamente en fusionar esa independencia con el mensaje comercial. La autenticidad que las marcas compran es que no haya distancia entre la voz del creador y el producto que promociona. Una investigación coordinada por la Comisión Europea en 22 países concluyó que la inmensa mayoría de los creadores no identificaba de forma adecuada sus publicaciones comerciales. Los incumplimientos son sistemáticos, no excepcionales.

La pregunta sobre si el fenómeno tiene más presencia mediática que importancia real es difícil de resolver. Hay datos que apuntan a una evidente sobredimensión: la inmensa mayoría de los 207.000 perfiles activos no llegan a vivir de ello, la aspiración de “ser influencer” afecta a uno de cada cinco adolescentes —no a cuatro de cada cinco, como el sector ha intentado instalar—, y buena parte del seguimiento masivo que generan se construye sobre una promesa de éxito que el mercado real no puede absorber.

La segunda sostiene que el fenómeno es exactamente tan grande como las cifras del mercado y del comportamiento indican: las marcas invierten porque funciona, los reguladores supervisan porque el impacto sobre las audiencias es real, y los jóvenes se informan por estas vías porque los medios convencionales no han logrado competir en los entornos donde esa generación pasa su tiempo. No es que los influentes hayan hincado el diente al periodismo: es que el periodismo no ha llegado donde los jóvenes están.

Lo que ninguna de las dos lecturas discute es la existencia del fenómeno y sus efectos reales. Que un joven de 18 años dedique 6,95 horas diarias al ocio digital y consuma contenido producido mayoritariamente por creadores individuales no es un dato sobre el mercado publicitario. Es un dato sobre cómo se construye la identidad, el prestigio social y las expectativas laborales de una generación.

El Reuters Institute concluye, sin mucho margen para el optimismo, que hay pocas razones para esperar que los jóvenes adopten hábitos informativos que, a diferencia de las generaciones anteriores, nunca han tenido. Si eso es correcto, el debate sobre si los influentes están sobredimensionados es secundario. La pregunta relevante es qué tipo de ecosistema informativo se construye cuando la atribución de relevancia —qué importa, qué no, quién habla con autoridad sobre qué— la decide, en última instancia, un sistema de inteligencia artificial cuyo único objetivo es que la gente no deje de hacer scroll.

La CNMC persigue con una mano la publicidad encubierta que los creadores no etiquetan, y propone con la otra extenderles garantías propias del secreto profesional periodístico. La contradicción resume bien el estado del debate: un sector que ha aprendido a definir sus propios términos, unas instituciones que no terminan de decidir qué son exactamente estos nuevos actores, y millones de jóvenes que se dejan llevar por ellos sin haber elegido hacerlo. El dato del 85% nunca existió. El fenómeno, en cambio, sí.

Ocurrió en noviembre de 2023. Un ciudadano cubano afincado en Soria, ciudad de apenas cuarenta mil habitantes, donde los crímenes violentos son noticia precisamente por su rareza, había desaparecido. Para resolver el caso, un asesinato, acabó resultando decisivo un servidor de Mountain View, California. Un fotograma rutinario de Google Maps Street View, capturado por una cámara montada en un vehículo que recorría calles con indiferencia algorítmica, había registrado al asesino en el momento exacto en que introducía el cuerpo en el maletero de su coche. El testigo más decisivo del caso era una máquina que ni siquiera sabía que estaba mirando. Los culpables —el hombre fotografiado y una mujer— acabaron confesando.

Esta historia ilustra la transformación más profunda que ha experimentado la justicia penal en las últimas dos décadas. Pero lo que ocurrió en Soria no es una excepción ni una anécdota. Es el síntoma más visible de un cambio de paradigma que el profesor Andrew Guthrie Ferguson, de la American University Washington College of Law, ha sistematizado bajo el concepto de la sensorveillance (sensorvigilancia). La fusión entre los sensores del Internet de las Cosas y la vigilancia ha transformado cada objeto cotidiano —el coche, la bicicleta, el termostato, el reloj de pulsera— en un informante digital en potencia. Y, a diferencia del testigo humano, estos dispositivos no mienten, no olvidan y no se cansan.

Los datos del informe anual de Cellebrite —una compañía especializada en tecnología forense que elabora desde hace siete años la encuesta de referencia del sector, esta vez con más de 900 profesionales de 63 países entre agentes de policía, funcionarios judiciales y empleados de empresas privadas— cuantifican con una contundencia difícil de rebatir la magnitud del cambio. El 95% de los encuestados afirma que la evidencia digital aumenta significativamente la capacidad de resolver crímenes, una cifra que sube veinte puntos porcentuales respecto a 2024. No es una tendencia. Es una avalancha.

El 97% de los investigadores señala que los teléfonos inteligentes aparecen como fuente frecuente de evidencia en sus casos, frente al 73% de 2024. Una investigación típica involucra entre dos y cinco dispositivos, convirtiendo cada smartphone, tableta o portátil incautado en un archivo potencial de pruebas capaz de ubicar a su dueño en el espacio y en el tiempo con una precisión que ningún testigo humano podría igualar. El 93% de los encuestados afirma que esta evidencia acaba resultando crítica en detenciones, acusaciones y juicios. La sociedad, además, ya lo da por sentado: el 97% de las respuestas coinciden en que su comunidad espera que la evidencia digital sea utilizada en prácticamente todos los casos.

Pero los teléfonos son solo el síntoma más visible. Ferguson documenta en su libro Your Data Will Be Used Against You —“Tus datos se utilizarán en tu contra”— cómo la red de testigos digitales se ha expandido mucho más allá de nuestros bolsillos.

En Pensilvania, los fiscales utilizaron los datos de una simple aplicación de linterna de un iPhone para demostrar que un ladrón estaba dentro de una casa en el momento del robo. En otro caso paradigmático, una conductora, Cathy Bernstein, negó haber sufrido un accidente de tráfico: su propio coche Ford llamó automáticamente al 911 tras el choque, y la telemetría del vehículo confirmó el despliegue de airbags junto a la ubicación exacta, llevando a su detención por fuga. El objeto que conducía se convirtió en su acusador.

La expansión del rastro binario hacia los objetos físicos plantea una pregunta que la industria tecnológica prefiere no formular en voz alta: ¿cuánto de lo que hacemos dentro de nuestros propios vehículos es realmente privado? 

Los coches modernos recogen casi tanta información como los teléfonos. Al conectar un dispositivo para escuchar música o leer mensajes, el vehículo puede descargar listas de contactos, registros de llamadas y patrones de desplazamiento. Algunas políticas de privacidad de fabricantes llegan a extremos que parecerían inverosímiles si no estuvieran publicadas: Ferguson señala que Nissan se ha reservado el derecho de recolectar información sobre actividad sexual, datos genéticos y tendencias psicológicas, con posibilidad de vender esa información a intermediarios de datos o entregarla a las autoridades.

El mecanismo legal que hace posible todo esto es una de las grietas más incómodas del derecho a la privacidad contemporáneo. Las agencias gubernamentales pueden evitar el trámite de una orden judicial —cuya exigencia en Estados Unidos está protegida por la Cuarta Enmienda frente a registros irracionales— simplemente comprando los datos a empresas privadas. Bajo la lógica de que el usuario aceptó los términos de servicio al instalar una aplicación o activar un dispositivo, la información deja de considerarse privada y se convierte en una mercancía accesible para quien tenga presupuesto para adquirirla. La vigilancia, en ese esquema, no necesita juez. Solo necesita tarjeta de crédito.

Google operó durante años el llamado Sensorvault, una base de datos que combinaba señales de GPS, Bluetooth, torres de telefonía y redes wifi para rastrear ubicaciones con precisión milimétrica. Las llamadas “geofence warrants” permitían a la policía solicitar datos de todos los teléfonos presentes en un área específica durante el momento en que se cometió un crimen. 

En el caso de Okelle Chatrie, identificado como autor de un atraco bancario, los investigadores analizaron los registros de diecinueve teléfonos que se encontraban en las proximidades. En 2024, Google anunció que dejaría de almacenar estos datos de ubicación en la nube para guardarlos localmente en los dispositivos, lo que en teoría obliga a la policía a identificar primero al sospechoso antes de solicitar una orden judicial específica. Es un paso, aunque no cierra el debate sobre los datos que otros operadores siguen centralizando.

Frente a este panorama, el marco legal europeo se prepara para una transformación que podría modificar sustancialmente las reglas del juego. El Reglamento E-Evidence —oficialmente, el Reglamento (UE) 2023/1543— entrará plenamente en vigor el 18 de agosto de 2026 y supone la ruptura más significativa con el paradigma tradicional de la cooperación judicial internacional en décadas.

El problema que viene a resolver es tan viejo como la propia globalización digital: los delincuentes operan sin fronteras, pero los jueces sí las tienen. Hasta ahora, obtener datos almacenados en servidores de Meta o Google desde un juzgado español exigía activar los mecanismos de asistencia legal mutua entre países, un proceso que tardaba de media diez meses. Para cuando llegan los datos, las investigaciones han envejecido, los sospechosos han movido activos y, en algunos casos, la evidencia ha desaparecido.

La nueva normativa introduce dos instrumentos de naturaleza radicalmente diferente. La Orden Europea de Producción permite a cualquier autoridad judicial de un Estado miembro requerir directamente a un proveedor de servicios —sea cual sea su ubicación dentro de la Unión— que entregue datos concretos en un plazo máximo de diez días. En situaciones de peligro inminente para la vida, ese plazo se comprime a ocho horas. 

La Orden Europea de Preservación, por su parte, bloquea preventivamente los datos durante sesenta días mientras se tramita el acceso definitivo. Todo proveedor que opere en la Unión Europea, independientemente de dónde tenga su sede, deberá designar un representante legal en un Estado miembro como punto de contacto. La neutralidad jurisdiccional de Silicon Valley, en la práctica, queda severamente limitada.

El reglamento incluye algunas garantías cuya efectividad está por ver. Para datos de contenido y tráfico existe un procedimiento de notificación que permite a las autoridades del Estado donde se ubica el proveedor oponerse en diez días si consideran que la orden vulnera derechos fundamentales, secretos profesionales —incluyendo el periodístico— o si el hecho investigado no constituye delito en su jurisdicción. Para España, la implementación tiene que articularse a través de una Oficina de Cooperación Internacional en Materia Penal, que actuará como centro nacional para supervisar estas órdenes transfronterizas.

Si el Reglamento E-Evidence es la respuesta legislativa a la saturación del sistema, la inteligencia artificial es la apuesta tecnológica. El informe de tendencias confirma que la profesión ha alcanzado un consenso llamativo sobre cómo debe desplegarse: el 65% de los profesionales cree que la IA puede acelerar las investigaciones. Sus aplicaciones más valoradas son encontrar vínculos entre personas (74%), identificar usuarios de dispositivos (74%), transcribir o traducir contenido (72%) y realizar búsquedas avanzadas en textos e imágenes (71%).

El modelo que la comunidad forense defiende no es el de la sustitución sino el de la amplificación. Que la máquina procese terabytes de datos de mensajería para identificar patrones, pero que el investigador decida qué significa ese patrón. Un consenso del 92% entre los profesionales sostiene que la decisión final debe ser siempre humana, no solo por consideraciones éticas sino por exigencias estrictamente jurídicas: en los juzgados españoles, una prueba generada por un algoritmo incapaz de explicar su propio razonamiento puede ser declarada nula por vulnerar el derecho de defensa.

Pero la IA no solo está del lado de los investigadores. Los deepfakes —vídeos y audios sintéticos indistinguibles de los reales— amenazan con colapsar precisamente el pilar sobre el que descansa toda la arquitectura de la justicia digital: la confiabilidad de la evidencia audiovisual. Si un vídeo puede ser fabricado con suficiente perfección, ¿qué peso probatorio conserva? 

Los laboratorios forenses han respondido con lo que los propios especialistas describen como una carrera armamentística: el desarrollo de sistemas de contra-análisis capaces de detectar micro-inconsistencias en medios sintéticos. La autenticidad, que antes era un dato, se ha convertido en un problema que hay que demostrar.

El horizonte jurídico español ofrece dos lecturas en tensión que conviene leer juntas. En octubre de 2025, el Tribunal Supremo validó definitivamente el uso de mensajes extraídos de la red cifrada EncroChat —interceptada por autoridades francesas— bajo la doctrina del hallazgo casual, confirmando penas de hasta catorce años para redes de narcotráfico. Pero en 2026, la Audiencia Provincial de València absolvió a varios acusados en un caso relacionado con la plataforma Sky ECC al detectar una ruptura en la cadena de custodia y la ausencia de los archivos originales en formato técnico. 

La evidencia digital es indispensable, pero su admisibilidad depende de un rigor procedimental que ninguna urgencia investigadora puede relajar. La sola gravedad del delito no legitima atajos forenses.

Ferguson advierte en su libro algo que ningún informe sectorial formula con tanta claridad: aunque hoy todavía podemos elegir una bicicleta sin sensores, pronto será imposible comprar un coche que no rastree datos. La sensorvigilancia no es una opción que pueda desactivarse con un clic en los ajustes de privacidad. Es la condición por defecto de una civilización que ha decidido conectar cada objeto al flujo de datos globales. Ese mismo flujo que contribuyó a resolver el crimen de Soria es el que registra dónde dormimos, con quién nos reunimos y qué buscamos a las tres de la madrugada.

La evidencia digital ha ganado la batalla de la relevancia. Lo que está en juego ahora es si las sociedades democráticas serán capaces de diseñar los límites dentro de los cuales esa evidencia puede ser recogida, conservada y utilizada. Porque los datos no distinguen entre un asesino y un disidente. De eso, todavía, siguen teniendo que encargarse los humanos. Y las leyes que los humanos deciden aplicar.

Abrir una web de noticias en 2026 se parece cada vez menos a leer un periódico y cada vez más a cruzar un control de seguridad aeroportuario: tienes que depositar tus datos aquí, firmar este consentimiento allá, esquivar esta ventana emergente, cerrar aquella otra antes de que te redirija a ninguna parte. Solo entonces —si no te has rendido ya— puedes leer la noticia que viniste a buscar.

Los expertos en experiencia de usuario lo llaman “guerra de Z-index”, en referencia a la propiedad técnica que determina qué elemento de una página web se superpone a otro. En la práctica, es la acumulación deliberada de capas de obstáculos: el banner de cookies que ocupa el tercio inferior de la pantalla, la ventana emergente de suscripción a la newsletter que bloquea el centro justo cuando empiezas a leer, la solicitud de notificaciones del navegador que aparece en la esquina superior antes de que hayas podido procesar el titular.

Cada uno de estos elementos tiene un diseño cuidadosamente estudiado para dificultar su cierre: botones con texto pequeño, colores que se mimetizan con el fondo, una "x" de cierre colocada en el ángulo menos intuitivo. En el argot del diseño se llaman "patrones oscuros" (dark patterns): interfaces pensadas no para guiar al usuario, sino para confundirlo.

El resultado es que leer una noticia requiere superar un circuito de obstáculos antes de acceder a la información. Los investigadores calculan que el coste de interacción —el esfuerzo mental y físico que exige ese proceso— ha alcanzado niveles que provocan abandono masivo. Según distintos estudios, alrededor del 60% de los usuarios considera la saturación publicitaria el principal problema de internet. No la desinformación. No los bulos. Los anuncios y las interrupciones.

Pero el bombardeo visible es solo la parte que se ve. Debajo de cada página de noticias hay una infraestructura de vigilancia que opera en silencio y que tiene un coste concreto, medible en datos y en batería consumida.

Una auditoría técnica realizada por Shubham Bose —un ingeniero de producto especializado en diseño de interfaz, experiencia de usuario y en construir sistemas éticos centrados en el usuario— sobre una carga estándar de cuatro titulares de The New York Times reveló que el navegador tuvo que realizar 422 solicitudes de red y descargar 49 megabytes de datos.

Para entender la magnitud de todo esto basta decir que 49 megabytes equivalen al tamaño del sistema operativo Windows 95 completo, o a entre diez y doce álbumes de música. Todo eso para leer cuatro titulares.

La mayor parte de ese volumen no era periodismo: era JavaScript de rastreo, código que el navegador debe descargar, compilar y ejecutar antes de mostrar una sola línea de texto. Por eso los ventiladores del ordenador se activan al abrir ciertos periódicos digitales. Por eso el móvil se calienta. El dispositivo no está leyendo noticias: está trabajando para una red de vigilancia publicitaria.

Ese trabajo invisible responde a un mecanismo llamado subasta publicitaria en tiempo real (real-time bidding, RTB). En el instante en que una página de noticias empieza a cargarse —antes de que el usuario haya leído una sola palabra—, el sistema lanza una subasta relámpago entre cientos de anunciantes. Cada uno de ellos recibe, en esa fracción de segundo, un perfil detallado del usuario: su edad aproximada, su historial de navegación, sus intereses inferidos, su ubicación.

El anunciante que más paga coloca su anuncio en esa página, para ese usuario concreto, en ese momento exacto. En Europa y Estados Unidos, este intercambio de datos personales ocurre 178 billones de veces al año. Un solo usuario europeo ve sus datos expuestos a miles de empresas unas 376 veces al día de media.

La industria lleva años construyendo mecanismos para que este sistema de vigilancia sea imposible de evadir. La herramienta más sofisticada y menos conocida es el canvas fingerprinting, una técnica que podría describirse como la toma de huellas dactilares digitales de tu dispositivo.

Funciona así: cuando entras en una web que lo utiliza, el código de la página ordena a tu navegador que dibuje, de forma invisible, una imagen o un texto. El usuario no ve nada. Pero cada ordenador —por sus fuentes instaladas, su tarjeta gráfica, sus controladores— ejecuta esa orden de forma ligeramente distinta.

Esas diferencias microscópicas en el dibujo se convierten en un número de identificación único. Tu dispositivo queda marcado, como si le hubieran tomado las huellas dactilares, sin que hayas firmado ningún consentimiento ni tengas manera de saberlo.

Lo que hace especialmente inquietante a esta técnica es su resistencia a las defensas convencionales. Borrar las cookies no sirve de nada: la huella no está en las cookies, está en las características de tu hardware. Usar el modo incógnito tampoco ayuda: tu tarjeta gráfica sigue siendo la misma. La huella digital es prácticamente imposible de bloquear porque utiliza funciones legítimas del navegador; desactivarlas rompería la funcionalidad de la mayoría de las páginas web.

Y aquí viene la aplicación más insidiosa: los rastreadores pueden usar esta huella para recrear cookies que el usuario ya ha borrado. Si en algún momento conectaron tu huella digital con un identificador concreto, pueden reconocerte aunque hayas limpiado todo tu historial y volver a asignarte ese identificador. En el sector se conoce como "cookie fénix": resurge de sus cenizas porque tu propio hardware la resucita. Los investigadores han documentado esta práctica —el cookie respawning— en miles de sitios de alto tráfico. La categoría con mayor uso de esta técnica es, precisamente, la de noticias generales: aproximadamente el 5,95% de los sitios informativos la emplean de forma activa.

El resultado de todo esto es lo que los investigadores llaman un "latido implacable de vigilancia": en paralelo a la entrega del artículo, las webs de noticias disparan ráfagas constantes de señales hacia servidores de rastreo de primera y tercera parte —Google, Amazon, cientos de intermediarios publicitarios— cosiendo la identidad del lector a través de todas sus sesiones, dispositivos y plataformas.

Podría pensarse que la suscripción de pago es la salida. Si el modelo publicitario está roto, el lector que paga debería recibir a cambio una experiencia limpia, sin vigilancia, sin obstáculos. La evidencia sugiere que esto solo es así en los medios más pequeños o comprometidos con un modelo editorial diferente. En los grandes grupos, el rastreo persiste al otro lado del muro de pago.

Las auditorías técnicas realizadas en cabeceras de referencia muestran que la arquitectura hostil y la extracción de datos se mantienen con independencia de si el usuario tiene suscripción activa. Los banners de cookies siguen apareciendo. El JavaScript de rastreo sigue cargándose. Las cookies fénix siguen operando.

Los editores, atrapados entre la caída de ingresos publicitarios y la presión por rentabilizar las suscripciones, mantienen ambos sistemas funcionando en paralelo: cobran al lector por el acceso al contenido y al mismo tiempo lo monetizan como fuente de datos comportamentales.

El consentimiento que formalmente otorga el usuario al aceptar las cookies es, en muchos casos, un escudo legal más que una garantía real: el aparato de vigilancia se inicializa al mismo tiempo que se cargan los marcos de transparencia exigidos por la legislación europea. El formulario cumple con el reglamento; lo que ocurre detrás no siempre lo hace.

La paradoja fundamental de todo este sistema es que, a pesasr de su sofisticación, no funciona. Y los datos son brutales.

El porcentaje de clics en publicidad de display —la métrica básica para medir si un anuncio es efectivo— ha pasado del 44% en 1994 a una media que hoy oscila entre el 0,06% y el 0,27% según el formato y la plataforma, con algunos sectores específicos alcanzando apenas el 0,10% en publicidad programática. El primer banner de la historia, publicado en 1994 para AT&T, tuvo una tasa de clics del 44%. Tres décadas después, menos de uno de cada quinientos usuarios hace clic en un anuncio de display. Los más jóvenes ni los ven: los ignoran de forma refleja, como si fueran ruido de fondo.

Pero hay algo peor que un anuncio que nadie ve: un anuncio que solo ven robots. Se estima que el 56,1% de todos los anuncios en internet nunca son vistos por un ser humano, sino por bots y granjas de clics automatizadas diseñadas para inflar artificialmente las métricas. Los anunciantes están pagando, en una proporción muy elevada, por audiencias que no existen.

Algunos economistas especializados comparan esta situación con la crisis de las hipotecas subprime de 2008: un mercado peligrosamente sobrevalorado, opaco, construido sobre activos —la atención del usuario— que son cada vez de menor calidad o directamente no existen.

La reacción de los lectores ante todo esto ha sido la adopción masiva de bloqueadores de publicidad (adblockers). En Estados Unidos, se estima que tres cuartas partes de los usuarios utilizan algún tipo de bloqueo publicitario. El coste para la industria se calcula en unos 21.800 millones de dólares anuales en ingresos perdidos.

Pero la respuesta de los medios ante esa pérdida ha sido, en muchos casos, aumentar la agresividad del diseño y el volumen de rastreo para compensar con mayor cantidad lo que ya no funciona por calidad. Lo que genera más abandono. Que genera más agresividad. La espiral se cierra sobre sí misma.

Los anunciantes no son tontos. Llevan años leyendo estas métricas y extrayendo una conclusión lógica: si los periódicos digitales son un entorno saturado, hostil y plagado de fraude, el presupuesto tiene mejores destinos.

El éxodo es ya un hecho consumado y los números lo ilustran con una claridad que no deja margen para la interpretación. Se estima que Instagram generó en 2025 unos 32.000 millones de dólares solo en ingresos publicitarios en Estados Unidos, un 24,4% más que en 2024, superando por primera vez la mitad de los ingresos totales de publicidad de su empresa matriz, Meta. A escala global, la plataforma cerró 2025 con cerca de 83.600 millones de dólares en ingresos, un 25% más que el año anterior. Son cifras que ningún grupo de medios tradicional, ni siquiera los más grandes, puede contemplar sin cierto vértigo.

La lógica del trasvase es sencilla: en lugar de colocar un banner que nadie ve junto a un artículo que nadie termina de leer, las marcas pagan a una persona con audiencia fiel para que integre el producto en su contenido de forma natural. El mensaje no interrumpe, forma parte del flujo. La atención no se captura a la fuerza; ya estaba ahí. El 54% de los usuarios declara no hacer clic en banners publicitarios sencillamente porque no confía en ellos, mientras que los anuncios nativos —los integrados en el contenido— generan tasas de conversión hasta un 60% superiores.

Este desplazamiento tiene consecuencias que van mucho más allá de las finanzas de los medios. Cuando el modelo publicitario deja de depender del periodismo de calidad para depender de métricas de engagement y tiempo de permanencia en página, los incentivos editoriales se tuercen.

El contenido que genera más clics —que polariza, que indigna, que engancha emocionalmente— resulta más rentable que el reportaje riguroso que requiere semanas de trabajo. Los grandes grupos tecnológicos se convierten en lo que algunos investigadores llaman actores “formalmente indiferentes” al contenido: solo les importa la cantidad de datos que pueden extraer del comportamiento del usuario, no la calidad de lo que leen.

Los medios de comunicación llevan una década prometiendo que la crisis publicitaria se resolverá con más tecnología, más datos, más precisión en la segmentación. El resultado ha sido el opuesto: más hostilidad, más evasión, menos confianza. El lector que en 2010 aceptaba pacientemente algunos anuncios molestos es hoy alguien que instala bloqueadores, usa navegadores de privacidad o sencillamente deja de visitar las webs de noticias y acaba informándose por WhatsApp, por podcasts o por las redes sociales, con todos los problemas que eso conlleva para la calidad de la información que consume.

El problema de modelo de negocio del periodismo no se resolverá añadiendo otra capa de rastreo ni otro modal de suscripción a la newsletter. Se resolverá —si se resuelve— cuando los grandes editores entiendan que el lector no es el producto: es el cliente. Y que un cliente al que espías, bombardeas y tratas como un obstáculo entre su atención y una subasta publicitaria acaba por irse a otro sitio. Lleva años yéndose. Y el dinero de los anunciantes se ha ido detrás de él.

La lista de países de la UE que, a poco más de un mes de que venza el plazo europeo para trasponer la directiva europea que busca blindar a los medios de las demandas infundadas que tratan de silenciarlos —conocidas como SLAPP—, es larga. No han iniciado debates parlamentarios, no han presentado proyectos de ley, no han hecho ningún movimiento visible. España está en ese grupo.

Una SLAPP —del inglés Strategic Lawsuit Against Public Participation, o demanda estratégica contra la participación pública— es una acción judicial interpuesta no con el propósito de ganar en los tribunales, sino de agotar al demandado fuera de ellos. Quien la presenta —habitualmente una empresa poderosa, un político o una institución con recursos económicos muy superiores a los de su víctima— no busca obtener justicia ni reparar un daño real, sino obligar al periodista, al activista o a la organización demandada a dedicar tiempo, dinero y energía a defenderse, hasta que decida que no merece la pena seguir investigando, publicando o denunciando.

La Directiva (UE) 2024/1069, conocida informalmente como la Ley Daphne, vincula a los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Son ellos quienes tienen hasta el 7 de mayo de 2026 para incorporarla a sus ordenamientos jurídicos y quienes se exponen a procedimientos de infracción y sanciones del Tribunal de Justicia de la UE si no lo hacen. Junto a España están Dinamarca, Finlandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia, Hungría e Italia.

Pero hay otra lista negra de países, ajenos a la UE, que también están ignorando el problema. Son los miembros del Consejo de Europa sujetos a la Recomendación CM/Rec(2024)2 del Comité de Ministros de este organismo: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, San Marino, Serbia, Suiza, Turquía, Ucrania y el Reino Unido.

Los datos proceden del informe anual de CASE, la Coalición contra las SLAPP en Europa, publicado en enero de 2026 y elaborado por la Fundación Daphne Caruana Galizia. El estudio, que ya va por su cuarta edición, radiografía el estado de las demandas estratégicas contra la participación pública en el continente y hace un diagnóstico negativo de cómo los gobiernos están respondiendo a sus respectivas obligaciones.

Desde 2010, CASE ha documentado 1.303 casos de SLAPP en Europa. Solo en 2024 se iniciaron 167 nuevos procedimientos, una cifra que supera ligeramente la de 2023 y que consolida una tendencia de crecimiento sostenido desde 2017. El problema se ha extendido también geográficamente: el informe añade Montenegro y Andorra al mapa, elevando a 43 los países europeos donde se han observado este tipo de demandas.

¿Qué países registran más casos? En 2024, Italia encabezaba el ranking con 21 procedimientos, seguida de Alemania (20), Serbia (13), Hungría (12), Turquía (10) y Ucrania (10). En el periodo completo 2010-2024, Polonia acumula el mayor número total (140), seguida de Malta (91), Francia (91), Bulgaria (70), Serbia (73) y Eslovaquia (64).

España suma 29 casos documentados en todo el periodo, una cifra que los autores del informe reconocen que probablemente subestima la realidad: la metodología captura solo los casos que llegan a conocimiento de la red, y muchas víctimas prefieren no dar publicidad a los procedimientos por miedo a nuevas represalias.

El perfil del demandante es consistente. En 2024, las empresas y empresarios concentraron el 40,9% de las demandas, mientras que los políticos y funcionarios públicos sumaron el 29,3%. La base legal más frecuente es la difamación —924 casos de los 1.303 registrados—, pero el informe advierte de una tendencia nueva: el uso creciente del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la normativa europea que regula cómo las organizaciones pueden recopilar, almacenar y usar los datos personales de los ciudadanos, en vigor desde 2018 y directamente aplicable en todos los Estados miembros de la UE sin necesidad de trasposición.

Hay 15 casos en los que el reglamento europeo de protección de datos aparece como base legal explícita, y otros 44 invocan la vulneración de la privacidad. La lógica es perversa: en lugar de discutir si una información es veraz y de interés público, el demandante exige su eliminación por la vía de la protección de datos, eludiendo cualquier debate sobre el fondo.

Para seguir el proceso de trasposición, CASE y el Centro Europeo de Libertad de Prensa y Medios (ECPMF) pusieron en marcha en septiembre de 2025 el Monitor Europeo Anti-SLAPP, una plataforma pública que clasifica a cada país según su grado de avance. Las categorías son: sin información, no iniciado, iniciado, retrasado, parcialmente implementado e implementado. El balance a diciembre de 2025 es desolador.

De los 27 Estados miembros, ninguno ha alcanzado la implementación completa. Solo Malta ha logrado la implementación parcial, y con matices que merecen atención: la legislación maltesa transpone la directiva pero cubre únicamente los casos transfronterizos, dejando sin protección los procedimientos domésticos. Es la paradoja de una ley llamada Daphne que, en su versión más restrictiva, no habría protegido a Daphne Caruana Galizia: ella era maltesa, sus demandantes eran malteses y los tribunales eran malteses. Caruana acabó siendo asesinada en las inmediaciones de su domicilio.

Con todo, hay un grupo más amplio de Estados miembros de la UE que ha iniciado el proceso de trasposición en distinto grado: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Rumania, Eslovenia y Suecia. Son dieciséis países que al menos han arrancado, aunque con velocidades y profundidades muy distintas, y con la preocupación añadida de que los primeros indicios apuntan a que varios de ellos optarán por quedarse en el umbral mínimo que exige la directiva.

Luego están los que no han iniciado el proceso en absoluto. Dentro de la UE, ese grupo incluye a Hungría e Italia —dos de los países con mayor número de casos documentados, lo que no es una coincidencia, y en los que además gobierna la ultraderecha—, así como Luxemburgo, cuya ausencia resulta llamativa dado que alberga instituciones europeas clave.

Y finalmente está el grupo más inquietante desde el punto de vista de la rendición de cuentas: los Estados miembros para los que el Monitor no ha podido identificar ninguna información disponible. España figura aquí, junto con Dinamarca, Finlandia, Letonia, Lituania, Portugal y Eslovaquia. No es que vayan lentos; es que no hay rastro público de que estén haciendo algo. En el caso español, la constatación del Monitor coincide con lo que infoLibre ha podido verificar directamente: no existe proyecto de ley en el Congreso, no hay texto articulado presentado, y el Ministerio de Presidencia no responde a las preguntas de este periódico sobre el estado de la trasposición.

Para los países europeos no integrados en la UE, el marco de referencia es la Recomendación CM/Rec(2024)2 del Consejo de Europa, aprobada también en 2024. No tiene fuerza vinculante —no hay sanciones por incumplirla—, pero establece un estándar político y moral claro sobre lo que los Estados deberían hacer para proteger a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos frente al acoso judicial.

El panorama en este grupo es igualmente sombrío. Albania, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Montenegro y Serbia no han iniciado ningún proceso de implementación. El Reino Unido, que abandonó la UE pero sigue siendo miembro del Consejo de Europa, tampoco ha dado pasos en esta dirección, a pesar de contar con una tradición de uso del llamado libel tourism —el turismo de la difamación— que en parte motivó reformas anteriores en su propio derecho.

Para otro conjunto de países del Consejo de Europa no hay información disponible: Andorra, Azerbaiyán, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Noruega, San Marino, Suiza y Turquía. Ucrania, que sí está en proceso de implementación de la directiva como parte de su camino de adhesión a la UE, representa la excepción positiva más notable en este grupo.

El informe de CASE señala un límite estructural de la propia directiva que resulta especialmente relevante. La norma europea solo obliga a proteger los casos transfronterizos: aquellos en que demandante y demandado están domiciliados en países distintos. Pero los datos del propio CASE muestran que el 91,5% de las SLAPP documentadas son puramente domésticas.

Un político español que demanda a un periodista español ante un tribunal español está completamente fuera del ámbito obligatorio de la directiva, a menos que los Estados vayan más allá del mínimo exigido. Y los primeros indicios de la trasposición en los países que han avanzado sugieren que la mayoría no tiene intención de hacerlo.

Hay otro elemento que el informe señala con insistencia: los 1.303 casos documentados son, en sus propias palabras, "la punta del iceberg". La censura más efectiva se produce antes de que haya demanda: a través de cartas de advertencia, requerimientos de cese y desistimiento, y amenazas que nunca llegan a los juzgados pero que consiguen su objetivo —la retirada de una información, el abandono de una investigación— sin dejar rastro.

El Gobierno de Pedro Sánchez incluyó la trasposición de la directiva en su Plan de Acción por la Democracia en septiembre de 2024, como medida 2.2.2. Un año después, menos de la mitad de las 31 propuestas del plan habían comenzado su tramitación. Con el plazo del 7 de mayo a poco más de un mes de distancia, no hay proyecto de ley, no hay texto articulado, no hay señales de movimiento.

Las consecuencias de incumplir el plazo no son solo políticas o reputacionales. La Comisión Europea puede iniciar un procedimiento de infracción que acabe en el Tribunal de Justicia de la UE, con multas a tanto alzado de varios millones de euros más sanciones coercitivas diarias hasta que se complete la trasposición. El coste recaería sobre el conjunto de los ciudadanos. Y mientras tanto, cada semana de retraso es una semana más en la que un periodista que publica una investigación sobre corrupción, o una organización que denuncia prácticas empresariales dudosas, puede recibir una demanda millonaria sin que exista un mecanismo ágil para desestimar, para invertir la carga de la prueba, para sancionar al demandante.

La trasposición de la directiva no resolverá esos casos de golpe ni supone una panacea. Pero añadiría herramientas procesales concretas que hoy no existen: la posibilidad de que un juez archive una demanda manifiestamente abusiva antes de que el coste de defensa haya hecho ya el daño; la obligación del demandante de justificar que su acción no es un instrumento de acoso; o la amenaza de costas y sanciones si la demanda es declarada abusiva.

RTVE ha respondido este lunes con un comunicado institucional a la propuesta del Partido Popular de crear una comisión de investigación en el Senado sobre la corporación pública. La respuesta es jurídicamente muy relevante porque abre un frente inédito en España: el texto invoca por primera vez el artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 sobre libertad de los medios de comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés), en vigor desde agosto de 2025, que prohíbe expresamente a los Estados miembros —incluidas sus autoridades y organismos reguladores— interferir en las políticas y decisiones editoriales de los prestadores de servicios de comunicación.

RTVE sostiene que la iniciativa del PP viola ese marco normativo, “se asemeja a un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación y puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”, por lo que, avisa, hará valer sus derechos “ante las instancias oportunas”, lo que significa que está dispuesta a pedir el amparo de las instituciones comunitarias.

El argumento central de la corporación no es la ilegitimidad formal del Senado como institución —el comunicado reconoce “total respeto institucional hacia la Cámara Alta”— sino la orientación concreta de la comisión. Según RTVE, el problema no es que el parlamento fiscalice, sino que la comisión propuesta apunta directamente a “cuestionar la actual línea informativa” de la radiotelevisión pública.

Eso, a juicio de la corporación, cruza una línea: transforma el control institucional en lo que el comunicado llama, sin rodeos, “juicio político”. “Este tipo de comisiones pueden acabar convirtiéndose en un ‘tribunal de medios’, en el que se evalúen decisiones editoriales bajo criterios ajenos a los principios profesionales", subraya el comunicado.

El reglamento citado por RTVE —conocido como European Media Freedom Act— fue aprobado por el Parlamento Europeo en 2024 y es de obligado cumplimiento en España desde el verano de 2025. Su artículo 4.2 constituye uno de los pilares garantistas del texto: establece que ningún poder público —lo que incluye al Senado— puede presionar o condicionar las decisiones editoriales de los medios, incluidos los públicos. La intención del legislador europeo era precisamente blindar a las redacciones frente a los gobiernos, pero la norma opera en todas las direcciones: también frente a la oposición cuando actúa desde instituciones del Estado.

RTVE convierte ese precepto en el eje de su defensa. La tesis implícita del comunicado es que una comisión parlamentaria orientada a interrogar la línea editorial de un medio público no es fiscalización presupuestaria ni control de gestión: es injerencia. Y que la injerencia, en el marco comunitario vigente, no es un asunto opinable sino una infracción normativa.

Es un movimiento inédito desde el punto de vista estratégico. En lugar de entrar en el debate político sobre si la cobertura de RTVE es o no sesgada —terreno en el que el PP lleva años intentando instalar la discusión—, la corporación eleva el conflicto a un plano jurídico donde la pregunta que se plantea es distinta: ¿puede una cámara legislativa investigar las decisiones editoriales de un medio público sin vulnerar el derecho europeo?

El comunicado incluye un reproche que va más allá del caso concreto. RTVE señala que el sistema español ya cuenta con mecanismos de control específicos para la radiotelevisión pública: la Comisión de Control Mixta del Congreso y el Senado, y la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Lo que el texto no dice de forma explícita pero deja en el aire es que esos instrumentos existen precisamente para evitar lo que ahora se propone: que el control ordinario derive en control político extraordinario.

La referencia a la Comisión Mixta tiene, además, una carga adicional. El comunicado menciona que ese órgano está siendo dejado ahora “sin competencias”. Si el PP propone una comisión de investigación al mismo tiempo que se vacía de contenido el órgano ordinario de supervisión, el resultado es la sustitución de un mecanismo técnico por uno político. RTVE no lo llama así literalmente, pero la secuencia que describe apunta en esa dirección.

El comunicado no es solo una respuesta jurídica. Es también un mapa del contexto. RTVE recuerda que esta iniciativa llega “pocos días después de que la patronal de las televisiones privadas —UTECA— intentara bloquear la comercialización del Mundial de fútbol 2026”. La mención no es accidental: sitúa la propuesta del PP en una secuencia de presiones que la corporación interpreta como coordinadas, aunque no lo diga con esas palabras.

Al vincular esa disputa económica con la iniciativa parlamentaria del PP, el comunicado construye una narrativa de hostigamiento coordinado: intereses privados del sector audiovisual e intereses políticos de la oposición coincidiendo en el mismo momento y con el mismo objeto, que sería debilitar o deslegitimar a la corporación pública. RTVE lo formula con contención pero con claridad: está ”desarrollando su actividad en un contexto en el que se mezclan intereses partidistas y económicos”.

Frente a ese contexto, la corporación contrapone datos. RTVE alega que La 1 ha alcanzado un 12,2% de cuota de pantalla en enero de 2026 y un 12,3% en febrero, sus mejores cifras de audiencia en 14 años. Las últimas cuentas anuales reflejan una reducción del 7,6% en los gastos de explotación, un recorte del 18,7% en el gasto en programas y un beneficio neto de 55,6 millones de euros, sin ninguna salvedad contable. El comunicado subraya que esas cuentas no han sido recurridas judicialmente ni por el PP ni por sus consejeros.

El PP ha incluido en su propuesta varios asuntos concretos: la devolución de fondos europeos, la investigación sobre Loterías y el endeudamiento derivado de un conflicto con la Agencia Tributaria por el IVA. RTVE desmonta cada uno de ellos.

Los fondos fueron devueltos en 2024 y redistribuidos por las autoridades competentes. El asunto de Loterías no supuso pérdida de dinero público, sino un "trasvase entre dos sociedades estatales que benefició a ambas". El conflicto del IVA se inició en 2015, es ajeno a la operativa actual de la corporación y resulta incompatible con un balance auditado sin salvedades. La conclusión del comunicado sobre estos tres casos es la siguiente: "Se demuestra así el objetivo de rescatar expedientes cerrados para generar confusión".

La parte más llamativa del comunicado es, paradójicamente, la más genérica. En el último tramo, RTVE advierte de que en el debate político actual hay "posiciones que, bien directamente o por tolerancia, cuestionan la propia existencia de RTVE". Y añade que se trata de "expresiones y planteamientos inéditos en nuestra democracia".

La corporación no cita a nadie. No atribuye esas posiciones al PP como partido ni a ningún dirigente concreto. No dice que el PP quiera cerrarla. Dice que en el entorno político en el que se mueve hoy hay voces que lo plantean. Y que eso, como mínimo, merece ser nombrado.

El comunicado cierra con una apelación a los principios constitucionales y a la función democrática de los medios públicos. Y se pregunta abiertamente si la iniciativa del PP responde "realmente a un interés por mejorar el servicio público o si se aplican criterios distintos en otros territorios donde también existen radiotelevisiones públicas y donde sus profesionales denuncian situaciones de grave deterioro del servicio público", en alusión al férreo control que el PP ejerce sobre televisiones y radios allí donde gobierna.

El Partido Popular registró este lunes en el Senado una solicitud de comisión de investigación sobre “la gestión directiva, financiera y patrimonial de la Corporación RTVE y el cumplimiento de su misión de servicio público”. Es la séptima iniciativa de este tipo que impulsa el partido de Alberto Núñez Feijóo en la cámara que controla con mayoría absoluta en lo que va de legislatura.

El texto, de cuatro páginas, enumera acusaciones de una gravedad extraordinaria: balances ficticios, artificios contables, administración desleal, conflictos de interés, irregularidades en la contratación de personal y contratos que, según afirman, habrían beneficiado a “empresarios con responsabilidades penales”. Muchas de ellas son afirmaciones que, de ser ciertas, tendrían encaje en el Código Penal. Pero el PP no ha presentado ninguna denuncia ante la Fiscalía ni ante ningún juzgado. Ha elegido el Senado, donde controla la agenda, los tiempos y las conclusiones.

Lo cierto es que el PP ya tiene la investigación hecha, a juzgar por la rueda de prensa en la que la portavoz del grupo popular en la Cámara Alta, Alicia García, presentó la iniciativa. RTVE, señaló repetidamente, es “telepedro”. El presidente de la corporación, José Pablo López, ejerce “como auténtico delegado del Gobierno” y ha convertido la radiotelevisión pública en “una agencia de colocación privada al servicio del poder”.

Sin embargo, cuando los periodistas le preguntaron cuál era exactamente el modelo que el PP proponía para RTVE, García no contestó: “No le voy a avanzar las conclusiones porque tendrán que ser los trabajos de la propia comisión”. Cuando le preguntaron si citarían a periodistas, se limitó a decir: “Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente”.

El reglamento del Senado permite la creación de comisiones de investigación al amparo del artículo 59.1. Su utilidad es política y parlamentaria, no judicial: pueden recabar documentación y citar a comparecer, pero sus conclusiones no tienen fuerza de ley ni valor procesal.

El PP lo sabe, y también que el Senado es la única cámara en la que su mayoría absoluta le permite impulsar esta clase de iniciativas sin depender de socios parlamentarios. En el Congreso, el escenario sería otro.

El documento registrado este lunes invoca la Ley 17/2006, de la radio y televisión de titularidad estatal, y su artículo 2.1, que define el servicio público de radiotelevisión como “un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas”. A partir de él, el texto sostiene que RTVE ha ido “alejando crecientemente” a la corporación de esos cometidos para convertirla en “plataforma de propaganda partidista y gubernamental”.

Como prueba de esa deriva, el PP menciona la externalización de programas de infoentretenimiento —que, según el escrito, eluden el artículo 7.5 de la misma ley, que obliga a que los informativos sean cien por cien de producción propia, aunque RTVE siempre ha alegado que son programas de actualidad, no informativos—, la contratación de lo que llama “presentadores estrella” mediante contratos mercantiles que, según el PP, ocultarían relaciones laborales, y la devolución de fondos europeos no gastados de un programa de formación que no alcanzó las matrículas previstas y que el PP, sin aportar pruebas, se esfuerza en presentar como indicio de una utilización fraudulenta del dinero.

Los programas de infoentretenimiento están precisamente en el punto de mira del Consejo de Informativos de TVE, el órgano de representación de los periodistas, con el que la presidencia de RTVE sostiene un llamativo pulso desde que estos espacios fueron acusados de servir de vehículo a mensajes de odio.

Nada de esto es nuevo. Lo que sí lo es la urgencia con la que el PP necesita desacreditar RTVE, cada vez con más audiencia, a doce meses de las elecciones generales de 2027, en las que su líder, Alberto Núñez Feijóo, se enfrenta a lo que probablemente será su última oportunidad de llegar a La Moncloa.

RTVE atraviesa su mejor etapa de audiencia en años. La Hora de La 1, con Silvia Intxaurrondo, lidera su franja horaria de mañana rozando el 20% de cuota de pantalla. Mañaneros 360, conducido por Javier Ruiz, se ha situado por encima de programas históricos de la competencia como los de Ana Rosa Quintana o Susanna Griso. La Revuelta, de David Broncano, compite directamente con El Hormiguero de Antena 3, propiedad del Grupo Planeta, empresa considerada afín al PP. El canal de 24 horas registró su mejor dato en quince años. Y los informativos, que ya son líderes por la mañana, crecen mes a mes en todas las franjas horarias.

Son programas que resultan incómodos para el PP por una razón estructural: a diferencia de las entrevistas en Antena 3 o Telecinco —televisiones más afines—, en los programas de TVE los representantes del partido deben responder a preguntas que sus interlocutores no filtran previamente.

Hay un factor personal que explica en parte la relevancia que la calle Génova concede al objetivo de desacreditar a RTVE. Existe evidencia demoscópica de que una entrevista de Intxaurrondo a Feijóo en La Hora de La 1, en la que el líder del PP fue desmentido en directo pocos días antes de las elecciones generales de julio de 2023, contribuyó de forma significativa a que no alcanzara La Moncloa. Todo indica que la herida sigue abierta.

El PP critica en su solicitud al Senado los “nombramientos a dedo” y las “purgas de profesionales independientes” en RTVE. Es una acusación que, aplicada a los medios públicos autonómicos que el propio partido controla, describe con bastante precisión su propia política.

Es el caso de la gallega CRTVG, ahora reconvertida en CSAG, en la que los trabajadores de Radio Galega y la Televisión de Galicia llevan años protestando —los llamados “venres negros”— y denunciando el sometimiento editorial al Ejecutivo autonómico. La Xunta de Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo, derogó hace menos de un año la ley que hubiera obligado a elegir al máximo responsable de los medios gallegos con una amplia mayoría parlamentaria: la norma nunca se aplicó precisamente porque habría puesto fin al control unilateral del PP.

En la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón rebajó las mayorías necesarias para controlar À Punt antes incluso de que la catástrofe de la dana pusiera en cuestión toda su gestión de gobierno. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso hizo lo propio con Telemadrid en 2021. Sucedió lo mismo en Andalucía con Canal Sur.

El State Media Monitor 2025, informe elaborado por el Media and Journalism Research Center que analiza la libertad editorial de 606 medios públicos en 170 países, ofrece un retrato elocuente de esta situación. De los 15 medios públicos españoles examinados, ocho están clasificados como “controlados” —la categoría que señala subordinación total a las autoridades y mínima autonomía editorial—, frente a uno solo en 2022, antes de las elecciones autonómicas que dejaron en manos del PP buena parte de las emisoras regionales. El informe señala directamente al Partido Popular como motor de ese deterioro.

En la rueda de prensa de este lunes, los periodistas presentes intentaron, sin éxito, obtener respuestas concretas a preguntas elementales. ¿Cuál es el modelo de RTVE que propone el PP? ¿Les parece bien el sistema de elección del Consejo de Administración aprobado por decreto en 2022? ¿Con el PP en el poder habría producción externa en informativos o se eliminaría por completo? ¿Citarán a periodistas a comparecer?

Su portavoz en el Senado no respondió a ninguna de ellas en términos sustantivos. “Dejen que hoy funcione el trabajo de esta comisión antes de anticipar cuáles son [las conclusiones], porque lógicamente no tendría mucho sentido si yo le anticipo cuáles son”, dijo ante la pregunta sobre el modelo.

Es una posición que resulta difícil de sostener: una comisión de investigación parlamentaria no suele presentarse sin que sus impulsores tengan, al menos, una hipótesis de trabajo. Lo que García no quiso explicar es cuál es esa hipótesis más allá de acumular presión sobre la dirección de la corporación.

Falta aproximadamente un año para que se celebren elecciones. Feijóo se lo jugará todo por segunda vez consecutiva. En ese contexto, el calendario de la comisión —que deberá debatirse en pleno, abrir un plazo de constitución y presentar su plan de trabajo antes de empezar a citar comparecientes— garantiza que su actividad se desarrollará en plena precampaña.

La BBC, señalada por el informe del State Media Monitor entre los escasos medios públicos europeos que mantienen la categoría de “independientes”, acaba de atravesar una crisis sin precedentes provocada, en buena medida, por una operación política coordinada desde dentro de su propio Consejo de Administración con el objetivo de debilitar su credibilidad editorial.

El paralelismo con lo que ocurre en España tiene sus límites —las instituciones, la cultura mediática y los actores son distintos—, pero la lógica subyacente es la misma: atacar la credibilidad de un medio público que no se puede controlar directamente.

La guerra entre las televisiones privadas y RTVE por la publicidad del Mundial de Fútbol 2026 ha escalado en pocas horas. Apenas un día después de que la patronal de las cadenas comerciales, UTECA, enviara un requerimiento exigiendo a la corporación pública que dejara de vender espacios publicitarios a marcas que no sean patrocinadoras oficiales del torneo, RTVE ha respondido por burofax con una carta que deja poco espacio a la diplomacia. La cadena pública no solo rechaza cada uno de los argumentos de UTECA, sino que va más lejos: acusa a la asociación de emprender una campaña para desprestigiarla y se reserva el derecho a llevarla ante los tribunales.

El documento, firmado por Alfonso María Morales, secretario general de CRTVE, desmonta el razonamiento jurídico de UTECA desde el principio. La patronal de las privadas argumentaba que la ley de financiación de RTVE de 2009 solo permite a la corporación pública vender publicidad vinculada a los patrocinios que forman parte del propio contrato de retransmisión. En otras palabras: si la FIFA vende los derechos del Mundial con tres patrocinadores incluidos, RTVE solo podría ofrecer espacio publicitario a esas tres marcas, y a ninguna más.

RTVE rechaza de plano esa lectura. Según la corporación, esa interpretación quedó descartada hace tiempo. En 2023, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) —el organismo encargado de vigilar que RTVE cumple las reglas— respondió a una consulta de la propia cadena pública y dejó por escrito que la ley no exige que los patrocinios formen parte “indivisible” de la compra de derechos. En lenguaje llano, eso significa que RTVE puede buscar sus propios anunciantes para el Mundial, más allá de los que la FIFA imponga en el contrato.

La CNMC, recuerda RTVE, reiteró este criterio en 2025 a raíz de una denuncia de la propia UTECA. Es decir, las televisiones privadas ya intentaron por la vía regulatoria que se pusiera coto a la publicidad del Mundial en RTVE y perdieron. La CNMC archivó el expediente sin dar la razón a UTECA.

RTVE añade, además, que lo que está haciendo con el Mundial no es ninguna novedad. La corporación ha aplicado el mismo modelo comercial en los últimos años para retransmitir la Copa del Rey, la Eurocopa femenina, la Liga de Naciones y los partidos de las selecciones nacionales. En todos esos casos, buscó sus propios anunciantes más allá de los patrocinadores que venían incluidos en los contratos de derechos. Y en ninguno de esos casos UTECA se quejó. Ahora que llega el Mundial —el evento más grande y con más dinero en juego—, las privadas sí reaccionan. Para RTVE, ese cambio de actitud no es casual y forma parte de algo más grande.

El párrafo más duro de la carta de RTVE no está en los argumentos jurídicos, sino casi al final. La corporación acusa directamente a UTECA de difundir manifestaciones e imputaciones inexactas que pueden causarle “daños sustantivos”, y lo califica de “significada temeridad”, teniendo en cuenta que la asociación ya conoce los pronunciamientos del regulador. Luego va más lejos: “Somos conscientes de que estas actuaciones forman parte de una campaña que busca el descrédito de este servicio público”.

En términos legales, RTVE advierte de que lo que ha hecho UTECA podría ser considerado un acto de denigración —figura regulada en la ley de competencia desleal— y que se reserva el derecho a emprender acciones judiciales. En la práctica, la cadena pública está amenazando con demandar a las televisiones privadas, que son las que habían amenazado con demandar a RTVE. El choque frontal está servido.

Para entender por qué esta disputa es tan intensa, hay que ver las cifras. RTVE pagó 55 millones de euros por los derechos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Es una inversión enorme para una cadena que no tiene publicidad convencional. La única forma de recuperar parte de ese dinero es a través de los patrocinios que la ley le permite. Cuantos más anunciantes pueda atraer gracias al tirón del Mundial, más dinero recupera.

Para las televisiones privadas —Atresmedia y Mediaset son los grandes nombres detrás de UTECA—, cada euro que un anunciante destina a patrocinar el Mundial en RTVE es un euro que no va a sus canales. El mercado publicitario televisivo no crece: lleva años bajo presión por el avance de las plataformas digitales, y los grandes eventos deportivos son uno de los pocos contenidos que todavía garantizan audiencias masivas y, con ellas, tarifas publicitarias altas.

El Mundial es exactamente ese tipo de contenido. Que RTVE lo use para captar anunciantes —con el respaldo de los fondos públicos y las aportaciones obligatorias de los propios competidores— es algo que las privadas no están dispuestas a aceptar sin pelear.

La disputa entre RTVE y las televisiones comerciales sobre el reparto de la publicidad no nació con este Mundial. Es un conflicto estructural que viene de 2009, cuando el Gobierno de Zapatero retiró la publicidad convencional de los canales públicos a cambio de que las privadas aportaran una parte de sus ingresos para financiar RTVE. Ese pacto tenía una lógica: si las privadas pagan para que RTVE funcione sin publicidad, el mercado publicitario queda libre para ellas.

El problema es que la ley dejó abierta una puerta: RTVE puede seguir comercializando patrocinios. Y lo que está en discusión ahora mismo es exactamente qué tan ancha es esa puerta. Las privadas quieren que sea lo más estrecha posible. RTVE, respaldada por los pronunciamientos de la CNMC, sostiene que es mucho más amplia de lo que UTECA pretende.

Con la reguladora del lado de RTVE y los tribunales como única vía que le queda a UTECA, la cuestión ahora es si las televisiones privadas cumplirán su amenaza de llevar esto ante un juez sabiendo que no cuentan con el respaldo del organismo regulador. De momento, la guerra de comunicados ha terminado en empate técnico. Pero el Mundial empieza en junio, y el tiempo apremia.

La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), que agrupa a Atresmedia, Mediaset España y otros operadores privados de la Televisión Digital Terrestre, ha enviado un requerimiento formal a RTVE exigiéndole que cese la comercialización de espacios publicitarios del Mundial de Fútbol 2026 a anunciantes que no sean patrocinadores oficiales de la competición.

Si la cadena pública no retira su propuesta comercial, rescinde los contratos ya firmados con esos anunciantes y limita su actividad comercial a lo que, según UTECA, la ley permite, las privadas presentarán una demanda por competencia desleal.

El detonante inmediato es el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cuyos derechos de retransmisión RTVE adquirió por 55 millones de euros. Para rentabilizar esa inversión, siempre según la versión de UTECA, la corporación pública ha puesto en marcha una comercialización activa de espacios vinculados al torneo, ofreciéndolos a cualquier anunciante interesado. Algo que, sostienen las privadas, vulnera el artículo 7.2.b de la Ley 8/2009 de financiación de RTVE, que solo permite comercializar los patrocinios que vengan incorporados de origen en los derechos de retransmisión adquiridos, no añadir por encima otros acuerdos comerciales en beneficio propio.

La norma a la que alude UTECA es precisamente la que eliminó la publicidad convencional de RTVE a cambio de un modelo de financiación pública que, entre otras fuentes, obliga a las propias televisiones privadas a ceder el 3% de sus ingresos brutos a la corporación. El pacto implícito era que las privadas financiasen parcialmente a la pública, y la pública se retirase del mercado publicitario para no competir con ellas.

Si RTVE aprovecha el Mundial para vender espacios comerciales más allá de lo pactado, UTECA entiende que está rompiendo ese acuerdo y compitiendo con ventaja, porque lo hace con una estructura financiada en parte con dinero público y con las aportaciones obligatorias de sus propios competidores.

Pero reducir este conflicto a una disputa jurídica sería quedarse en la superficie. Lo que hay debajo es una industria bajo presión severa que lleva tiempo mirando con recelo cualquier movimiento de RTVE en el terreno comercial, y que ha encontrado en el Mundial la ocasión para hacer público un malestar acumulado.

Los datos del Estudio InfoAdex 2026 certifican la magnitud del problema. La televisión cerró 2025 con una caída de 82,7 millones de euros en ingresos publicitarios, un desplome del 4,4% que sitúa su facturación en 1.784 millones frente a los 1.867 del ejercicio anterior. Es la peor cifra de la última década. Y ocurre en un año en que la economía española creció un 2,8%, el doble que la media europea, lo que descarta cualquier explicación macroeconómica sencilla. La televisión no está perdiendo dinero porque la economía vaya mal. Está perdiendo dinero porque los anunciantes han decidido que hay mejores sitios donde gastarlo.

Esos sitios tienen nombre. Los buscadores —fundamentalmente Google— alcanzaron los 1.000,9 millones de euros en inversión publicitaria, con un crecimiento del 2,4%. Las redes sociales, con 880,6 millones y un alza del 2,8%, consolidan su tercera posición. La publicidad en páginas web creció un 8,8%. Y los influencers, ese fenómeno que hace apenas una década parecía marginal, dispararon su facturación un 23,5% hasta los 128,7 millones. Lo digital ya representa más del 55% de la inversión en medios controlados. La televisión sigue siendo el medio con mayor volumen, con el 28,5% del total, pero ha perdido 1,6 puntos de cuota en un solo año y la tendencia no da señales de revertirse.

Para Atresmedia y Mediaset, cuyo modelo de negocio depende de manera casi exclusiva de la publicidad televisiva, este escenario es existencial. Cada punto de cuota publicitaria que pierde la televisión es dinero que no va a sus cuentas de resultados. Y en ese contexto, que RTVE —financiada con dinero público y con aportaciones obligatorias de las propias privadas— compita con ellas es algo que han decidido que ya no pueden tolerar en silencio.

El requerimiento de UTECA está construido sobre dos pilares. El primero es la supuesta ilegalidad: la Ley 8/2009 no autoriza a RTVE a comercializar activamente patrocinios más allá de los que vienen incorporados en los derechos de retransmisión. El segundo es la competencia desleal: RTVE compite en el mercado publicitario con una ventaja estructural que sus rivales privados no tienen, porque su supervivencia no depende de los ingresos comerciales y porque parte de su financiación procede de las propias empresas a las que ahora les disputa clientes.

RTVE podría defender que la comercialización que realiza está dentro de los márgenes que la ley permite, o que los contratos firmados con anunciantes respetan la literalidad del artículo 7.2.b. Esa es precisamente la disputa que, si no hay acuerdo, acabará resolviéndose en los tribunales.

El conflicto pone también en primer plano la fragilidad estructural del modelo de financiación de la corporación pública. RTVE se financia principalmente con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado —en torno a 530-550 millones de euros anuales— y con la tasa que pagan los operadores de telecomunicaciones por el uso del espectro radioeléctrico, que puede alcanzar hasta 480 millones. A eso se suman las aportaciones obligatorias de las televisiones privadas en abierto, que ceden el 3% de sus ingresos brutos, y de las plataformas de pago y streaming, que aportan el 1,5%.

El resultado es un presupuesto de entre 1.200 y 1.300 millones de euros anuales, de los que más del 90% tiene origen público. En 2025, la corporación cerró con un superávit operativo de 45 millones.

Es en ese contexto donde hay que leer la decisión de RTVE de adquirir los derechos del Mundial por 55 millones e intentar rentabilizarlos al máximo. La corporación necesita ingresos propios, y el Mundial es el mayor escaparate publicitario del año. Que la ley le permita hacer exactamente lo que ha hecho, o que se haya excedido en su interpretación, es lo que tendrán que dirimir, previsiblemente, los tribunales.

El requerimiento de UTECA no es un movimiento improvisado. Es la culminación de una tensión que lleva meses creciendo entre las privadas y la corporación pública, alimentada por la percepción de que RTVE ha estado expandiendo progresivamente su actividad comercial al amparo de una interpretación laxa de la ley.

Detrás de esa tensión hay también una disputa por la audiencia. RTVE ha incrementado significativamente su gasto en contenidos, lo que le ha permitido mejorar sus cuotas de pantalla y competir con más fuerza en el prime time. Para las privadas, que ven cómo su trozo de la tarta publicitaria mengua mientras la cadena pública crece en audiencia con dinero público, la situación va camino de ser insostenible.

El Mundial de Fútbol ha sido el catalizador. Con el torneo previsto para el verano de 2026 y los presupuestos de los grandes anunciantes ya comprometidos o en proceso de serlo, cada euro que un anunciante destina a patrocinar los espacios de RTVE durante el campeonato es un euro que no va a Antena 3, a La Sexta, a Telecinco o a Cuatro. En un mercado que ya perdió 83 millones en un año, eso no es un matiz. Es una amenaza directa a la cuenta de resultados.

Durante décadas, las grandes plataformas digitales han estado operando bajo un principio casi sagrado: lo que publican sus usuarios no es responsabilidad suya. La Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de Estados Unidos les otorgó un escudo legal que las blindaba frente a miles de demandas y convertía cualquier intento de atribuirles responsabilidad en un ejercicio jurídico destinado al fracaso. Ese escudo se está agrietando, y lo que está entrando por las grietas, además de un reproche moral, es una abultada factura.

En Los Ángeles, un jurado popular declaró esta semana a Meta —la matriz de Instagram y Facebook— y a YouTube —propiedad de Alphabet, la empresa madre de Google— responsables de negligencia por haber diseñado ambas plataformas de una manera que dañó la salud mental de una joven de veinte años. La indemnización fue de seis millones de dólares, repartidos entre daños compensatorios y punitivos, con Meta asumiendo el 70% de la responsabilidad y Google el 30%.

Una cifra modesta comparada con lo ocurrido unos días antes en Nuevo México, donde Meta fue condenada a pagar 375 millones por permitir que Instagram se convirtiera en un entorno propicio para la explotación sexual infantil y por engañar a los usuarios sobre la seguridad de sus aplicaciones. Snap y TikTok se libraron en el juicio de Los Ángeles gracias a que prefirieron llegar a acuerdos extrajudiciales con la demandante antes de que el jurado emitiera su veredicto. Nadie sabe cuánto pagaron por no ser señaladas en este caso, pero eso no las librará de ser acusadas en en otros procedimientos.

Lo que hace jurídicamente relevantes estos fallos es que no se basan en el contenido que circula por las plataformas sino en cómo están construidas. Los demandantes no están acusando a Meta o a Google de publicar algo ilegal. Las acusan de haber diseñado productos defectuosos: el scroll infinito que elimina cualquier punto natural de parada, las notificaciones de intervalo variable que imitan la lógica de una máquina tragaperras, los algoritmos que priorizan el contenido que más engancha aunque sea el más dañino. Eso no es contenido de terceros. Eso lo fabricaron ellas. Y ahí es exactamente donde la Sección 230 deja de protegerlas.

La norma, aprobada en 1996, cuando internet era todavía un espacio marginal y sus riesgos apenas se intuían, fue concebida para proteger a los proveedores de servicios digitales de la responsabilidad por lo que sus usuarios publicaran. Su lógica parecía razonable en aquel contexto: no tenía sentido hacer responsable a una plataforma de mensajería por los insultos que un usuario enviara a otro, del mismo modo que no se considera responsable a una empresa de telefonía por las conversaciones que se producen a través de sus líneas.

Pero las redes sociales del siglo XXI no son una infraestructura pasiva. Son sistemas activos de recomendación, ordenación y amplificación del contenido, diseñados con una intención precisa: mantener al usuario el mayor tiempo posible dentro de la plataforma. Y ese diseño, argumentan los demandantes con creciente éxito, es una decisión de ingeniería cuyas consecuencias dañinas sus autores deben asumir.

Los juristas recurren a la industria tabacalera para explicar el giro histórico que están protagonizando estos procesos. Al igual que ocurrió con las tabaqueras en los años noventa, lo determinante no está siendo solo el daño, sino la evidencia de que las empresas lo conocían. Documentos internos de Meta han demostrado que sus propios equipos sabían que los filtros de belleza de Instagram generaban dismorfia corporal en adolescentes, que sus algoritmos podían empujar hacia contenido relacionado con trastornos alimenticios, y que la empresa eligió priorizar el engagement sobre el bienestar. Sabían, callaron y siguieron optimizando. Ese es el patrón que en los años noventa arruinó a Philip Morris. Y ese es el patrón que los jurados de Los Ángeles y Santa Fe han empezado a penalizar.

La base científica que sustenta estas demandas no es especulativa. El cerebro reacciona a las redes sociales de forma parecida a como reacciona a las drogas. Recibir un “me gusta” libera dopamina —el neurotransmisor que el cerebro segrega cuando anticipa o recibe una recompensa— en sus zonas más instintivas.

Con el tiempo, el usuario desarrolla lo que los investigadores llaman una disociación entre el “querer” y el “gustar”, un deseo compulsivo de revisar la plataforma que no va acompañado de satisfacción real, o que incluso coexiste con una satisfacción decreciente. El usuario sigue abriendo la aplicación aunque sepa que no va a encontrar nada que le importe, del mismo modo que un fumador enciende un cigarrillo sin esperar ya ningún placer particular de él. Los adolescentes son especialmente vulnerables porque su corteza prefrontal —la región que regula el control de los impulsos— aún no está completamente desarrollada. No es una metáfora clínica. Es neurobiología con implicaciones jurídicas.

Los mecanismos concretos mediante los que las plataformas explotan esa vulnerabilidad están bien documentados. El scroll infinito, desarrollado por el diseñador Aza Raskin —que después se arrepentiría públicamente de haberlo inventado—, elimina los momentos naturales de pausa que en cualquier otra actividad actúan como señales de que ha llegado el momento de parar. "Es como si estuvieran tomando cocaína conductual", ha llegado a decir Raskin.

La reproducción automática de vídeos hace lo mismo en el terreno audiovisual. Las notificaciones de intervalo variable —que llegan de forma impredecible, como los premios de una tragaperras— generan un hábito de comprobación compulsiva que los psicólogos conductuales llevan décadas identificando como uno de los mecanismos de condicionamiento más potentes conocidos.

Y los algoritmos de recomendación, optimizados para maximizar el tiempo de uso, aprenden rápidamente que el contenido que genera más actividad neuronal es el que activa el sesgo de negatividad: la indignación, el miedo, la comparación social desfavorable. El contenido más rentable tiende a ser también el más tóxico, y los sistemas están diseñados para servirlo con precisión creciente.

La investigación ha empezado a documentar además cambios estructurales en el cerebro asociados al uso intensivo. Niveles más bajos de materia gris en ciertas áreas, alteraciones en los patrones de atención, mayor impulsividad. En adolescentes, cuyo sistema nervioso está todavía en formación, estos efectos pueden condicionar el desarrollo cognitivo de forma duradera. La correlación entre el uso excesivo de redes sociales y el aumento de la depresión, la ansiedad y las ideas suicidas en jóvenes está suficientemente documentada como para que ya no pueda descartarse como alarmismo de padres preocupados.

El problema central es que el diseño adictivo no es un efecto secundario del modelo sino su columna vertebral. Las redes sociales ofrecen sus servicios de forma gratuita porque su negocio no consiste en vender un producto al usuario sino en vender al usuario —su atención, sus datos, su comportamiento— a los anunciantes. En ese modelo, el tiempo que el usuario permanece en la plataforma es literalmente la unidad de medida de la rentabilidad. Cada scroll de más es un anuncio más, un dato de comportamiento más, una fracción de céntimo más. El usuario no es el cliente. Es la materia prima.

Investigaciones con universitarios estiman que, si los usuarios pudieran desactivar todas las funciones de diseño persuasivo, su tiempo de pantalla se reduciría una media del 37%, con casos individuales que llegan al 65%. Una reducción de ese calibre no sería un ajuste menor para estas empresas: sería un colapso de las métricas sobre las que se construyen sus valoraciones bursátiles y se justifican sus ingresos publicitarios. El mercado global de publicidad digital, que valía 350.000 millones de dólares en 2020, alcanzará este año los 768.000 millones, un crecimiento impulsado casi exclusivamente por el aumento del engagement. Sin adicción, no hay negocio a esta escala. Esa es la aritmética del modelo.

La diferencia con otros sectores que también pueden generar dependencia es reveladora. En un modelo de suscripción —Netflix, Spotify— la empresa es indiferente a la intensidad del uso siempre que el cliente renueve. Un abonado que apenas consume el servicio es tan rentable como uno que lo usa doce horas al día, y de hecho consume menos infraestructura. Una tabaquera puede ser indiferente a si el cliente fuma el cigarrillo o lo tira, siempre que lo compre. En las redes sociales, en cambio, el beneficio no se produce con la compra inicial del servicio —que es gratuita— sino con cada minuto adicional de uso. La adicción no es un riesgo colateral del modelo. Es el modelo.

Tristan Harris, exdiseñador de Google convertido en crítico del sector, lleva años argumentando que estas empresas no pueden reformarse significativamente desde dentro porque sus incentivos financieros están estructuralmente orientados a consumir el tiempo de ocio de las personas. La arquitectura de las plataformas, sostiene, no está diseñada para servir al usuario sino para servirlo a él como producto. Los veredictos judiciales de estos días parecen haberle dado la razón, al menos en los tribunales.

Lo ocurrido en Los Ángeles y Santa Fe es, en términos procesales, un ensayo general. El juicio californiano funciona como caso piloto para más de 1.500 demandas similares consolidadas en ese estado, y sus resultados orientarán el valor de miles de reclamaciones pendientes y la posibilidad de acuerdos globales. En junio comenzará en Oakland un juicio federal impulsado por distritos escolares contra Meta, ByteDance —la matriz de TikTok—, Snap y Google. En julio, otro proceso estatal en California involucrará a las cuatro grandes plataformas. En mayo, un juez de Nuevo México decidirá si impone a Meta cambios estructurales en la arquitectura de sus productos, como verificaciones de edad efectivas que hoy no existen o no funcionan con ninguna fiabilidad.

Meta y Google han confirmado que apelarán, y los expertos prevén que la disputa llegará al Tribunal Supremo, que tendrá que pronunciarse de forma definitiva sobre si las protecciones legales actuales cubren el diseño de algoritmos adictivos. Es una pregunta a la que la Sección 230, redactada treinta años antes de que existiera el scroll infinito, no puede responder.

La batalla, previsiblemente, se extenderá además hacia nuevas fronteras: Baltimore ha demandado a xAI, la empresa de Elon Musk, alegando que su chatbot Grok genera imágenes sexuales explícitas de menores, y más de 130 demandas apuntan ya contra la plataforma de videojuegos Roblox por reclamos similares de desprotección de la infancia. La teoría del "diseño defectuoso" está encontrando aplicaciones que sus impulsores iniciales apenas anticipaban.

Hay algo significativo en que sean jurados populares —no legisladores, no reguladores, no académicos— quienes estén forzando este punto de inflexión. El Congreso estadounidense lleva años intentando aprobar la Ley de Seguridad Infantil en Internet sin lograrlo, paralizado por el poder de lobbying de las plataformas, por la dificultad de alcanzar consensos en un sistema político fracturado y por la genuina complejidad de legislar sobre tecnologías que evolucionan más rápido que los ciclos parlamentarios. Doce ciudadanos reunidos en una sala de Los Ángeles han conseguido en días lo que la política no ha logrado en años: establecer, con fuerza de ley, que estas empresas conocían el daño que causaban y eligieron no actuar. Que la ignorancia, en este caso, no es una defensa.

Las plataformas llevan años presentándose como meros intermediarios neutrales, espacios donde las personas se expresan libremente y la empresa solo pone la infraestructura. Es una imagen que siempre tuvo más de relato corporativo que de descripción precisa, pero que funcionó durante tiempo suficiente como para construir sobre ella un muro legal casi impenetrable.

Los veredictos de estos días dicen que ese muro tiene fecha de caducidad. Que el scroll infinito, las notificaciones diseñadas para generar ansiedad y los algoritmos optimizados para maximizar el tiempo de pantalla son decisiones de ingeniería con consecuencias reales sobre personas reales, y que tienen autor, tienen destinatario y tienen precio. Son, simplemente, un producto. Y los productos defectuosos no son neutrales.

Trump es "el alfa en todas y cada una de las salas, en todos y cada uno de los lugares, por todo el mundo". La frase es de Brendan Carr, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) —el organismo que regula las ondas hertzianas en Estados Unidos y que, sobre el papel, es el árbitro imparcial de las licencias de televisión y radio— y la pronunció la semana pasada en uno de esos pódcast donde los poderosos se sienten cómodos y bajan la guardia.

Que el máximo regulador de las comunicaciones del país profese públicamente semejante devoción por el inquilino de la Casa Blanca es la clave de bóveda que explica todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas en el ecosistema mediático norteamericano.

Lo que se ha venido construyendo desde que comenzaron los bombardeos sobre Irán es una estrategia de presión sistemática, con múltiples frentes, que usa la guerra como detonador y como coartada para intentar disciplinar a las televisiones que no responden al gusto de la Casa Blanca. La mecánica es conocida en su estructura —la presión a los medios en tiempos de guerra tiene una historia larga—, pero su instrumentación concreta, a través del regulador, resulta inédita en Estados Unidos.

Carr ha ido explicitando durante los últimos meses una advertencia que mezcla la normativa con la política: la legislación obliga a las emisoras a operar en “interés público”, fórmula que el presidente de la FCC interpreta como alineamiento con el relato oficial sobre el conflicto. Bajo esa lectura, quienes no se ajusten a ese estándar pueden enfrentarse a procedimientos de no renovación o retirada de licencia, presentados por el propio Carr como un instrumento legítimo frente a medios que, según él, “engañan” al público sobre la guerra.

Las advertencias no se han producido en el vacío. Han llegado a rebufo de los ataques verbales de Donald Trump contra las principales cadenas por su cobertura de los bombardeos y las represalias iraníes. Trump ha acusado a varios medios de exagerar los daños a activos militares estadounidenses, de magnificar el coste humano y económico de la campaña y, en algunos casos, de actuar como correa de transmisión de Teherán. En algunas declaraciones ha llegado a sugerir que determinados enfoques informativos rozan la “traición” —un delito que en Estados Unidos puede acarrear la pena de muerte—.

Todo comenzó, formalmente, hace pocos días. Trump publicó en su red social, Truth Social, una diatriba contra The Wall Street Journal por su cobertura de un ataque iraní a aviones cisterna estadounidenses desplegados en la base aérea Prince Sultan, en Arabia Saudí. Según Trump, el titular era “intencionadamente engañoso” y el periodismo del diario, “terrible”. El presidente concedió que los cinco aviones habían resultado dañados, aunque “ninguno destruido”, una precisión que el diario en ningún momento había negado. Era, en suma, una queja sin base factual sólida. Pero bastó.

Tres horas después, Carr se sumó con entusiasmo a la queja del presidente advirtiendo a los radiodifusores de que “perderán sus licencias” si no “operan en el interés público”. En un post en X, escribió que los operadores que “difunden bulos y distorsiones informativas —también conocidas como noticias falsas— tienen ahora la oportunidad de corregir el rumbo antes de que lleguen sus renovaciones de licencia”.

El encadenamiento causa-efecto es difícil de disimular: el presidente se queja, el regulador amenaza. Trump celebró el movimiento en Truth Social ese mismo domingo por la noche, declarándose “encantado” de que Carr estuviera “revisando las licencias” de algunas “organizaciones de noticias altamente antipatrióticas”.

Aunque Carr suele evitar nombres concretos, sus mensajes han llegado inmediatamente después de piezas muy críticas emitidas por grandes cadenas sobre la destrucción de aviones cisterna, el alcance real de los ataques iraníes y la vulnerabilidad del tráfico petrolero en el estrecho de Ormuz. Desde la Casa Blanca y el Pentágono se ha señalado en particular a CNN por reportajes que cuestionaban el triunfalismo oficial y ponían el foco en la capacidad de Irán para desestabilizar la región, una línea editorial que el entorno de Trump ha calificado de “derrotista” y “desinformadora”.

En este marco, la amenaza de las licencias funciona como aviso preventivo y como mecanismo disciplinario. O las cadenas "corrigen el rumbo" o se exponen a que el regulador active el arma administrativa de la no renovación. El resultado es una forma de presión estructural sobre el ecosistema audiovisual que subordina el derecho a emitir a la sintonía con lo que el Gobierno y la FCC deciden, en cada momento, que constituye el “interés público” en tiempos de guerra.

¿Tiene Carr poder real para ejecutar estas amenazas? Los expertos legales coinciden en que, técnicamente, muy poco. Las licencias de televisión ni siquiera se renuevan hasta finales de 2028, y cualquier acción gubernamental contra un licenciatario desencadenaría una batalla legal prolongada, en la que las cadenas probablemente invocarían el historial de declaraciones de Trump para montar un caso basado en la Primera Enmienda.

El abogado de causas de interés público Andrew Jay Schwartzman lo resumió en declaraciones a CNN: las amenazas de Carr carecen de base legal. La FCC no ha denegado una renovación de licencia en décadas. La comisionada demócrata Anna Gomez, la única voz discordante en la comisión, publicó en X que las amenazas “violan la Primera Enmienda y no llegarán a ningún lado”, urgiendo a los radiodifusores a seguir cubriendo las noticias “con fiereza e independencia”.

Pero aquí reside la trampa. Carr no necesita ejecutar la amenaza para que surta efecto. Los grupos de defensa de los medios han señalado que la presión busca precisamente que las empresas mediáticas se sometan y se autocensuren, logrando parte de su objetivo sin necesidad de acción gubernamental explícita. El arma real no es la revocación de licencias: es el miedo a la actuación regulatoria. El “verdadero martillo” de Carr, según Schwartzman, es la “amenaza implícita” de no conceder a los radiodifusores el alivio regulatorio que buscan en procesos como fusiones corporativas o aprobaciones de adquisiciones. Y ahí es donde el cuadro se vuelve más denso.

El caso de The Late Show with Stephen Colbert ya ilustra el mecanismo: CBS, propiedad de Paramount —la corporación que quiere hacerse con Warner— se negó a emitir una entrevista filmada con un candidato demócrata al Senado de Texas, temerosa de que la FCC alegara violaciones de la norma de igualdad de tiempo. Nadie ordenó a CBS que cortara esa entrevista. La cadena lo decidió sola, haciendo sus propios cálculos de riesgo regulatorio. Eso es exactamente lo que los analistas identifican en la estrategia en curso: un sistema en el que la amenaza es suficiente para alterar conductas editoriales sin dejar huella jurídica.

Mientras Carr agitaba el espectro de las licencias, la FCC aprobaba en paralelo la fusión entre Nexstar Media Group y Tegna por 6.200 millones de dólares. La entidad resultante controlaría 265 estaciones de televisión en 44 estados, alcanzando aproximadamente al 80% de los hogares estadounidenses. Trump no ha ocultado sus simpatías por la operación, afirmando públicamente que una Nexstar consolidada ayudaría a “noquear a las Noticias Falsas” de las cadenas nacionales.

Ocho fiscales generales estatales, liderados por Rob Bonta (California) y Letitia James (Nueva York), han presentado una demanda alegando que la fusión viola las leyes antimonopolio y una norma federal que limita la propiedad de medios al 39% de los hogares. Advierten de que la concentración redundará en aumento de tarifas para los consumidores y, sobre todo, en la erosión del periodismo local mediante el cierre de redacciones y despidos masivos.

La conexión entre este proceso y las amenazas sobre las licencias no es difícil de trazar. Si los propietarios de cadenas locales saben que la benevolencia regulatoria de la FCC puede influir en la aprobación de sus operaciones corporativas, el incentivo a la autocensura se vuelve económicamente calculable. En ese escenario, el 80% de la televisión local estadounidense podría ajustar sus informativos sin que nadie les haya ordenado formalmente hacerlo. La disciplina no vendría de un decreto, sino de la aritmética.

El tercer vértice de este triángulo añade una dimensión estructural que va más allá de la afinidad política coyuntural. El secretario de Defensa Pete Hegseth, durante su rueda de prensa del viernes sobre la guerra, señaló directamente a CNN, afirmando que “cuanto antes David Ellison se haga con esa cadena, mejor”. Era una declaración sin precedentes: un secretario de Defensa expresando públicamente su preferencia sobre quién debería ser el propietario de un medio de comunicación, y haciéndolo en el contexto de una guerra que ese mismo medio está cubriendo.

David Ellison, hijo del fundador de Oracle Larry Ellison —uno de los grandes donantes y aliados de Trump en el mundo tecnológico—, lidera Paramount-Skydance en su proceso de adquisición de Warner Bros. Discovery por 111.000 millones de dólares. Si la operación se cierra, Ellison controlará CNN, HBO y CBS News simultáneamente.

Lo que más preocupa a los analistas va más allá de la afinidad política. Larry Ellison es el fundador de Oracle, uno de los principales contratistas del Departamento de Defensa estadounidense, cuya infraestructura tecnológica gestiona datos críticos para operaciones militares. Si su hijo se hace con el control de CNN —la cadena que más cobertura dedica a los conflictos bélicos internacionales—, el mismo grupo empresarial que suministra tecnología al Ejército decidirá cómo se informa al público sobre las guerras que ese Ejército libra. Algunos analistas lo denominan ya el “complejo militar-tecnológico-mediático”: una concentración de poder informativo, económico y de seguridad nacional en manos de un mismo ecosistema de intereses.

Las señales del cambio editorial ya se perciben. Se han denunciado maniobras para instalar “monitores de sesgo” en las redacciones de cadenas afectadas y se han producido despidos o renuncias de productores veteranos que se negaron a orientar sus reportajes en una dirección determinada.

Hay más razones para temer lo peor. Bari Weiss, nombrada por Ellison editora jefa de CBS News en octubre de 2025, ha generado una crisis profunda en la credibilidad de la cadena al cancelar abruptamente un reportaje de 60 Minutes sobre deportaciones de venezolanos a la prisión CECOT de El Salvador, solo horas antes de su emisión en diciembre de 2025, exigiendo cambios como incluir determinadas voces y evitar términos como “migrantes”.

Esta decisión, calificada por la autora del reportaje, Sharyn Alfonsi, como “censura política” en una comunicación interna, provocó amenazas de dimisiones masivas, filtraciones y acusaciones de sumisión a presiones de la Casa Blanca de Trump, erosionando la reputación de independencia de CBS y 60 Minutes, hasta el año pasado un pilar del periodismo estadounidense.

No faltan motivos para que los más críticos vean en Weiss, fundadora de The Free Press, un portal de noticias "anti-woke", un giro derechista financiado por multimillonarios trumpistas como Ellison, dispuestos a sacrificar estándares éticos por favores políticos.

Tara Puckey, directora ejecutiva de la Radio Television Digital News Association, fue directa en su respuesta a Carr: "Seamos claros: lo que está describiendo es el control gubernamental de la prensa". Aunque, en realidad, ese control no necesita ser directo para ser eficaz. Los regímenes que han conseguido domesticar a los medios raramente comenzaron por la censura formal. Empezaron por crear un clima en el que los propios medios se censuraron. Se llama chilling effect, efecto amordazante: la autocensura que generan las amenazas, aunque jamás se ejecuten.

Carr ha prometido además impulsar políticas en la FCC para “reequilibrar” el panorama mediático, citando como ejemplo su Pledge America Campaign, que insta a las cadenas a emitir contenidos “pro-americanos” para conmemorar el 250 aniversario de la fundación del país. La definición de qué es “pro-americano”, en ese marco, recaería en el propio Gobierno.

La guerra con Irán ha dado a Trump el argumento del patriotismo, uno de los escudos más difíciles de perforar en la cultura política estadounidense. Quien cuestiona la cobertura oficial de un conflicto bélico puede ser presentado como antipatriótico, como alguien que da munición al enemigo o traiciona a los soldados en combate. Es, históricamente, un argumento de enorme eficacia para silenciar voces críticas sin necesidad de prohibirlas formalmente.

Imagina que compras un coche en España y descubres que no puede circular por las autopistas de los países vecinos porque las carreteras tienen un ancho diferente. Suena absurdo, pero algo parecido ocurre con el ferrocarril español. La red convencional tiene un ancho de vía propio, el llamado ancho ibérico, de 1.668 milímetros, que no coincide con el estándar europeo de 1.435 milímetros. Esa diferencia de algo más de 23 centímetros entre raíles ha condicionado durante décadas la historia del transporte ferroviario en España, y sigue siendo hoy uno de los mayores obstáculos para que el tren sea competitivo frente a la carretera.

Así lo concluye la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un informe recién publicado. El documento analiza cuatro grandes obstáculos técnicos de la infraestructura ferroviaria —el ancho de vía, la electrificación, los sistemas de señalización y el proceso de autorización del material rodante— y lanza seis recomendaciones concretas al Gobierno y a los gestores de la red. El regulador pide más transparencia, mejor coordinación y ayudas para que empresas, operadores y administradores puedan planificar sus inversiones sin moverse a ciegas.

La Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) tenía, a 1 de enero de 2025, 15.673 kilómetros de líneas. El 70,5% es de ancho ibérico; los 3.104 km restantes corresponden a la red de alta velocidad en ancho estándar. Hay además 326 km de vía mixta y 1.193 km de ancho métrico. El 67% de la red está electrificada, pero con dos tensiones distintas: 3 kilovoltios en la red convencional y 25 kilovoltios en la de alta velocidad. Y en cuanto a señalización, solo el 20% de la red cuenta con el sistema europeo ERTMS (Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario, por sus siglas en inglés), que es el estándar al que Bruselas quiere que toda la red converja. Cumplir ese requisito implicaría extenderlo a unos 8.000 kilómetros adicionales.

El resultado de haber construido la alta velocidad en ancho estándar es paradójico: hay muchos más trenes nacionales afectados por el cambio de ancho que internacionales. Mientras que entre España y Francia circulan unos 8 trenes de alta velocidad al día, son 91 las circulaciones diarias de viajeros nacionales que deben pasar por los cambiadores de ancho —los dispositivos que permiten a un tren ajustar automáticamente el ancho de sus ruedas sin detenerse—. La RFIG cuenta con 16 de estos aparatos, cuyo coste oscila entre 7 y 16,5 millones de euros cada uno.

Esos cambiadores son, además, cuellos de botella reales: en dos de los tres corredores de la segunda oferta de capacidad marco de ADIF AV, el cuello de botella de la línea no está en la vía, sino en el paso por los cambiadores de Taboadela (Ourense) y Majarabique (Sevilla).

El mercado de material rodante capaz de circular por ambos anchos es además extremadamente estrecho. Solo dos fabricantes —Talgo y CAF— tienen trenes homologados, y para velocidades superiores a 300 km/h en ancho variable solo existe una opción en el mundo: el Avril de Talgo. Esa dependencia de un único proveedor condiciona los planes de negocio de todos los operadores, que no pueden usar el mismo tren en rutas de un solo ancho y en rutas variables.

El transporte de mercancías vive una situación aún más difícil. No existe ningún sistema comercial de cambio de ancho para vagones de carga. La única solución es trasvasar la mercancía o cambiar los ejes en el punto frontera entre redes. Eso encarece la operación y reduce la competitividad del ferrocarril frente al camión. El informe señala expresamente que esta barrera puede inclinar la balanza hacia la carretera en los trayectos nacionales de los tráficos internacionales: si transportar mercancías hasta el País Vasco por carretera permite embarcarlas directamente en el tren europeo sin trasbordo, el ferrocarril pierde.

La primera y más urgente recomendación de la CNMC apunta al Gobierno. Pide que se publique cuanto antes el estudio de migración de ancho de vía que exige el reglamento europeo TEN-T —cuyo plazo vence el 19 de julio de 2026— y el posterior plan con calendario concreto. La Dirección General del Sector Ferroviario confirmó durante la consulta pública que está elaborando ese estudio, pero el regulador no considera suficiente esperar al último momento: operadores como Iryo, Ouigo y fabricantes de material rodante alertaron de que la incertidumbre sobre el calendario “dificulta la toma de decisiones sobre inversiones estratégicas”. El reproche implícito de la CNMC es que el Gobierno lleva demasiado tiempo sin dar respuesta a una pregunta que el sector necesita que se responda ya.

La segunda recomendación exige que, antes de decidir cualquier cambio de ancho, se analice en profundidad su impacto sobre la competitividad del ferrocarril de viajeros y de mercancías, y que ese análisis incluya la alternativa del ancho mixto.

Aquí el informe también lanza una advertencia velada a ADIF AV: el programa de actividad del gestor prevé ya la migración al ancho estándar del tramo Castellón-Vandellós-Vila Seca del corredor Mediterráneo, lo que dejará sin alternativa en ancho ibérico al transporte de mercancías en ese corredor. Las empresas ferroviarias han comprado 37 locomotoras en ancho estándar para adaptarse, pero esas locomotoras no podrán operar en el resto de la red convencional. “La rentabilidad de esta migración dependerá de los tráficos internacionales que finalmente se realicen”, advierte el informe.

La tercera recomendación se centra en la electrificación. En 2024, el 27% de los trenes de mercancías que circularon por líneas electrificadas lo hicieron con tracción diésel —entre 2,3 y 3,2 veces más contaminante que la eléctrica—, precisamente porque la convivencia de dos tensiones distintas en un mismo corredor obliga a utilizar locomotoras bitensión o tritensión, cuya disponibilidad es limitada. La CNMC pide que los planes de electrificación se publiquen cuanto antes y que se coordinen con la disponibilidad de material rodante adecuado.

Las recomendaciones cuarta y quinta se refieren al sistema europeo de señalización ERTMS. Instalarlo es caro: entre 100.000 y 200.000 euros por kilómetro en la infraestructura, y entre 300.000 y 550.000 euros por vehículo. Y según estudios de la Comisión Europea que recoge el informe, la inversión solo es rentable si el despliegue en la vía y la adaptación del material rodante se coordinan. Si no, los gestores de infraestructuras obtienen rentabilidad, pero las empresas ferroviarias no —lo que frena el despliegue—. El regulador pide, además, reducir las 29 configuraciones distintas del ERTMS que existen hoy en la red española, que obligan a las empresas a realizar 29 pruebas de compatibilidad distintas según el tramo por el que vaya a circular su tren.

La sexta y última recomendación aborda las pruebas de homologación del material rodante. La ley establece que deben concluir en tres meses; en la práctica, las empresas señalan que ese plazo "rara vez se cumple". El informe apunta a ADIF como parte del problema: el gestor puede modificar o cancelar la capacidad asignada para pruebas sin obligación de compensar ni de justificarlo suficientemente. La CNMC pide que las cancelaciones se limiten a situaciones excepcionales y que siempre se ofrezcan alternativas. Aunque también reconoce que las empresas ferroviarias tienen parte de responsabilidad: entre enero y agosto de 2025, el 51% de los surcos reservados para pruebas no llegaron a utilizarse.

El informe de la CNMC no propone una solución única ni toma partido por ninguna opción concreta. Lo que pide es que el Gobierno y los gestores de la red definan cuanto antes una hoja de ruta clara y la hagan pública. La incertidumbre, concluye el regulador, no es neutral: tiene un coste económico para las empresas y, en última instancia, para los usuarios y para la competitividad del tren frente a otros modos de transporte. En un momento en que la UE exige plazos concretos para electrificar, implantar el ERTMS y migrar a ancho estándar, España tiene pendiente una conversación que lleva décadas postergándose: qué red ferroviaria quiere tener y a qué precio está dispuesta a transformarla.

Hubo un tiempo en que acceder a las noticias era un acto deliberado. Comprabas el periódico, encendías el telediario a una hora fija o tecleabas la dirección de un medio en el navegador. Elegías. Hoy, para la mayoría de los jóvenes de entre 18 y 24 años, ese gesto ha desaparecido casi por completo. Las noticias ya no se buscan: aparecen. O no aparecen. Y quien decide, en uno u otro caso, no es el lector ni el periodista. Es el algoritmo.

Lo documenta el informe Understanding Young News Audiences at a Time of Rapid Change que acaba de publicar el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford. Un estudio que sintetiza más de una década de datos del Digital News Report —la encuesta más amplia sobre consumo informativo a escala global, que en 2025 abarcó 48 mercados— y retrata cómo la generación más joven de adultos no ha dejado de informarse, pero ha dejado de decidir cómo, cuándo y sobre qué se informa.

El cambio más visible es estadístico, pero su significado es estructural. En 2015, el 36% de los jóvenes de 18 a 24 años identificaba las páginas web y aplicaciones de medios como su principal fuente de noticias. En 2025, ese porcentaje ha caído al 24%. En paralelo, las redes sociales han pasado del 21% al 39%, convirtiéndose en la fuente predominante. Pero el dato más revelador no es ese salto, sino lo que implica: el acceso directo —teclear la URL de un medio, abrir su aplicación— ha caído al 14% entre los más jóvenes, frente al 28% de los mayores de 55 años.

Lo que los investigadores llaman el paso de un consumo online-first a un consumo social-first. Cuando alguien accede a las noticias a través de redes sociales, no está eligiendo leer sobre un tema concreto. Está navegando por un feed diseñado por una empresa privada para maximizar el tiempo de permanencia, y las noticias aparecen —o no— en función de esa lógica, no de la relevancia periodística ni del interés ciudadano.

El informe describe cómo los jóvenes consumen noticias “de manera menos intencional y más incidental”. Llegan a la información porque estaban en la plataforma por otra razón —entretenimiento, contacto social, ocio— y las noticias se cruzan en su camino. O no se cruzan. Eso también lo decide el algoritmo.

En cualquier caso, señala el informe, sería un error interpretar estos datos como que los jóvenes viven al margen de la realidad. El 60% de los ciudadanos de 18 a 24 años declara sentirse “siempre conectado a internet”, frente al 40% de los mayores de 55. Consumen enormes cantidades de contenido digital, en formatos y plataformas múltiples. El problema no es la desconexión, sino la fragmentación y, sobre todo, la pérdida de la capacidad de una persona de decidir activamente qué noticias consume, qué medios consulta, qué temas sigue, cuándo y cómo se informa.

El consumo diario de noticias entre los jóvenes ha caído 15 puntos porcentuales desde 2017, hasta situarse en el 64% en 2025. Entre los mayores de 55 años, la caída es de apenas 5 puntos, hasta el 87%. La brecha se agranda. Y la explicación no es que los jóvenes sean más apáticos o más ignorantes: es que el modelo de acceso incidental a través del scroll, estructuralmente, produce menos exposición sostenida a la actualidad que el hábito deliberado de consultar un medio.

Además, el informe detecta que solo el 35% de los jóvenes declara estar “muy” o “extremadamente” interesado en las noticias, frente al 52% de los mayores de 55. Pero aquí también hay matices importantes: el interés existe, solo que se orienta de forma diferente. Los jóvenes prefieren noticias locales, internacionales, de ciencia, de entretenimiento o de bienestar mental antes que de política. Aparentemente, el desinterés no es por la realidad, sino por el modo en que la prensa tradicional la empaqueta.

En 2025 había seis redes sociales distintas que más del 10% de la población encuestada declaraba usar semanalmente como fuente de noticias, según el informe. Hace una década, solo eran dos. Eso significa que el ecosistema se ha fragmentado. Y los jóvenes lo habitan con mayor intensidad que cualquier otro grupo: usan una media de 4,6 plataformas semanales frente a las 3,4 de los mayores de 55 años.

Pero esa diversidad tiene su reverso. Ninguna de esas plataformas tiene como misión fundamental informar a la ciudadanía. Sus algoritmos están diseñados para retener atención y generar interacción, no para garantizar que los usuarios reciban información relevante, verificada o plural. El resultado es una arquitectura de distribución noticiosa que los medios no controlan y que los usuarios no perciben como tal.

El desplazamiento dentro de las propias redes sociales también es significativo. Facebook, que en 2014 era usada para noticias por el 47% de los jóvenes, ha caído al 16% en 2025. En su lugar han emergido Instagram (30%), YouTube (23%) y TikTok (22%). Son plataformas esencialmente audiovisuales, donde el contenido efímero, la brevedad y el impacto emocional inmediato marcan las reglas. No está diseñado para contextualizar ni para dar continuidad a la cobertura de temas complejos.

Según el informe, las plataformas que más han crecido entre los jóvenes de 18 a 24 años para el consumo de noticias son tres, y el crecimiento se mide comparando 2014 con 2025:

TikTok es el caso más llamativo, sencillamente porque partía de cero. En 2014 su uso para noticias entre jóvenes era del 0% (la plataforma prácticamente no existía). En 2025 ha llegado al 22%. Además, si se mide el uso general —no solo para noticias— casi la mitad de los jóvenes, el 47%, la usa semanalmente. Instagram ha pasado del 4% en 2014 al 30% en 2025. Es el crecimiento más grande en términos absolutos entre las plataformas ya existentes, y se ha convertido en la red social más usada para noticias entre los jóvenes, por encima de todas las demás. Y YouTube ha pasado del 20% al 23%. El crecimiento es más modesto en comparación, pero el informe destaca que es la única plataforma que crece en todos los grupos de edad, incluidos los mayores de 55 años, lo que la convierte en un caso especial.

El informe es directo al señalar las consecuencias para el periodismo: “Los jóvenes sin un sentido de lealtad hacia determinadas marcas son mucho menos propensos a pagar por su contenido” y “el consumo social-first es más vulnerable a las decisiones de las empresas tecnológicas, cuyas elecciones pueden cambiar el destino de los medios que dependen de ellas”. No es solo un problema editorial. Es un problema de sostenibilidad económica del periodismo de calidad.

Hay otro fenómeno que el informe documenta con claridad y que agrava el diagnóstico: en las redes sociales, los jóvenes no consumen noticias de medios, las consumen de personas. El 51% de los usuarios jóvenes de redes sociales declara prestar más atención a creadores individuales o personalidades que a medios o periodistas tradicionales. Entre los mayores de 55 años, la proporción se invierte: el 46% presta más atención a los medios.

La arquitectura algorítmica favorece a las personas sobre las instituciones. Ya no es necesariamente relevante la praxis profesional porque TikTok, YouTube o Instagram premian la autenticidad percibida, la cercanía y la constancia de publicación. No el rigor. Los medios tradicionales, los que sí cumplen con las reglas de verificación del periodismo profesional, tienen más dificultades para competir en ese terreno.

Y cuando los medios sí consiguen audiencia a través de un periodista con perfil propio en redes, asumen un riesgo nuevo que el informe ilustra con un ejemplo elocuente: el periodista Dave Jorgenson construyó el canal de TikTok de The Washington Post hasta convertirlo en uno de los más exitosos del sector. Cuando abandonó el medio en 2025 para crear su propia empresa, se llevó consigo a una gran parte de esa audiencia. El algoritmo había premiado a la persona, no a la institución.

La investigación del Reuters Institute no se limita al análisis del mercado informativo. Subraya reiteradamente la dimensión democrática del problema. “El consumo de noticias aumenta la participación política, mejora el conocimiento de la actualidad y mejora la resiliencia frente a la desinformación”, recuerda el informe, citando múltiples estudios. El problema no es solo que los jóvenes lean menos noticias en papel o visiten menos webs de medios. Es que el modelo de consumo incidental, algorítmicamente gestionado, no produce la misma nutrición cívica que el consumo deliberado.

Cuando las noticias llegan porque el algoritmo las inserta en un feed de entretenimiento, el procesamiento cognitivo es distinto. No hay elección, no hay contexto, frecuentemente no hay recuerdo de la fuente. El informe documenta que los usuarios que acceden a las noticias de forma incidental a través de redes sociales “son menos propensos a recordar la marca informativa que las proporcionó”, lo que debilita la conexión directa con los medios y, con ella, la posibilidad de establecer una relación de confianza y seguimiento sostenidos.

Los jóvenes no están, por tanto, simplemente consumiendo las noticias de otra manera. Están consumiéndolas en un entorno donde las reglas de selección, prominencia y repetición las fija un sistema de inteligencia artificial cuyo objetivo es la retención, no la información. Y eso tiene consecuencias sobre qué temas importan, cuáles desaparecen, qué voces se amplifican y cuáles quedan silenciadas.

Con todo, el informe del Reuters Institute trata de huir de la resignación. Documenta también iniciativas que intentan revertir, al menos parcialmente, esta tendencia: medios de origen australiano como The Daily Aus que producen noticias breves, sin jerga y diseñadas específicamente para redes sociales; medios holandeses como Spilnews que hacen periodismo para jóvenes dirigido por jóvenes; plataformas latinoamericanas que combinan entretenimiento e información con gran éxito entre audiencias menores de 30 años.

Lo que todas estas iniciativas tienen en común es que no esperan que los jóvenes vuelvan a los medios tradicionales: van donde los jóvenes están, con formatos que encajan en sus hábitos de consumo y con contenidos que responden a sus preguntas reales. No es rendirse al algoritmo: es aprender a competir en el terreno que el algoritmo ha creado.

Porque el diagnóstico del informe es claro: “Hay pocas razones para esperar que los jóvenes adopten hábitos informativos que, a diferencia de las generaciones anteriores, nunca han tenido". El hábito de elegir las noticias, de construir una dieta informativa propia, deliberada y diversa, es algo que esta generación nunca conoció. Y recuperarlo, si es que aún es posible, requerirá algo más que buenos artículos. Requerirá repensar, desde sus cimientos, cómo el periodismo llega a quienes más lo necesitan.

Cuando el Gobierno presentó el anteproyecto de ley orgánica de protección del honor, la intimidad y la propia imagen —el texto que pretende derogar y actualizar la norma de 1982 para adaptarla a la era de los deepfakes, las plataformas digitales y la inteligencia artificial—, el pasado mes de enero, el foco informativo se centró, con razón, en las personas físicas: cómo proteger a ciudadanos de la difusión de imágenes manipuladas, cómo limitar el uso comercial de voces sintéticas, cómo blindar a los menores frente a contenidos generados sin su consentimiento.

Pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo regulador creado originalmente para velar por el buen funcionamiento de los mercados españoles, ha aprovechado que está obligado a pronunciarse sobre el anteproyecto para colarse en el debate con una recomendación que abre un melón jurídico y político de considerable tamaño: que la futura ley incluya una referencia expresa a la protección del honor de las personas jurídicas de derecho privado, es decir, de las empresas y otras entidades privadas.

La propuesta no es disparatada. Al contrario, cuenta con un respaldo jurisprudencial sólido. Pero plantea una paradoja: si se aprueba, una eléctrica podrá defender su honor ante los tribunales con el paraguas de una ley orgánica. El Ministerio para la Transición Ecológica que la regula, no. Un hospital privado, sí. Uno público, no. Antena 3, sí. RTVE, no.

Lo primero que llama la atención tiene que ver con el uso de las palabras. Las empresas no hablan de honor. Hablan de reputación, de imagen corporativa, de marca, de brand equity. Los departamentos de comunicación de las grandes compañías tienen manuales de gestión de crisis reputacional. Ninguno lleva por título: Cómo defender nuestro honor.

Y sin embargo, el derecho —que a menudo camina a ritmo distinto que el lenguaje cotidiano— lleva décadas reconociendo que detrás de esa diferencia semántica hay, en realidad, una misma necesidad de protección jurídica. El honor, en su sentido técnico-jurídico, no es solo el sentimiento íntimo de dignidad propia: es también la consideración que los demás tienen de una persona o entidad, su reputación externa, el crédito del que goza en la comunidad.

Desde esa perspectiva, la CNMC argumenta que el buen nombre de una empresa —su reputación comercial, su credibilidad ante clientes, proveedores e inversores— cumple exactamente la misma función social que el honor de un individuo. Y que cuando alguien difunde afirmaciones falsas o que desprestigian a una sociedad mercantil, el daño causado es análogo, aunque el afectado no tenga sentimientos ni dignidad en sentido estricto.

Lo que dice la jurisprudencia

La CNMC no inventa esta doctrina. Se apoya en una línea jurisprudencial consolidada que arranca en España del Tribunal Constitucional y que hunde sus raíces, en el plano europeo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

La sentencia clave en el ordenamiento español es la STC 139/1995. El Tribunal Constitucional estableció en ella que las personas jurídicas de derecho privado —sociedades mercantiles, asociaciones, fundaciones— pueden ser titulares del derecho fundamental al honor reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución. La razón es que, aunque el honor sea un valor vinculado a la dignidad humana, las entidades privadas pueden ver dañada su reputación de una manera funcionalmente equivalente a como les ocurre a las personas físicas, con consecuencias económicas y sociales igualmente reales.

El Tribunal Supremo ha seguido y desarrollado esa doctrina. Hay sentencias que reconocen el derecho al honor a sindicatos, partidos políticos, asociaciones de vecinos y, por supuesto, a todo tipo de sociedades mercantiles. La lógica es uniforme: lo que el ordenamiento protege no es una capacidad emocional —que las empresas no tienen— sino una posición social, un crédito, una consideración pública que puede ser atacada mediante afirmaciones falsas o vejatorias.

El informe de la CNMC detecta un problema concreto: el anteproyecto del Gobierno no menciona expresamente a las personas jurídicas entre los sujetos protegidos por la futura ley. Técnicamente, esa omisión no impide que los tribunales les apliquen la norma —la jurisprudencia ya lo avala—, pero genera inseguridad jurídica. La CNMC considera que, dado que el reconocimiento jurisprudencial existe, el texto legal debería recogerlo de forma explícita.

Pero la CNMC añade un argumento que es específicamente suyo, propio de un organismo regulador de la competencia: la protección del honor empresarial no es solo una cuestión de justicia privada. Tiene, dice, un efecto general positivo sobre la competencia. Si las empresas no pueden defenderse eficazmente de informaciones falsas o que afectan a su prestigio —especialmente en el entorno digital, donde un bulo puede viralizarse en horas—, el mercado funciona peor. Los consumidores toman decisiones sobre la base de información distorsionada. El prestigio, que es un activo económico real, puede ser destruido por un actor malicioso sin coste ni sanción adecuados. La transparencia y la sana competencia requieren, en suma, según el criterio del regulador, que la reputación empresarial esté jurídicamente blindada.

Es un argumento pragmático y coherente con el mandato de un organismo como la CNMC. Pero abre la puerta a algo que el propio informe no explicita: si se consagra legalmente que las empresas tienen honor, ¿cómo se pondera ese honor frente a la libertad de expresión, la crítica legítima, el periodismo de investigación o la denuncia de consumidores?

Aquí es donde la propuesta se complica. La tutela civil del honor implica que quien se siente agraviado puede acudir a los tribunales y exigir el cese de la difusión del contenido lesivo, la publicación de una rectificación y una indemnización por daño moral. Los criterios que introduce el anteproyecto para cuantificar esa indemnización son amplios: difusión del contenido, repercusión social, duración, reincidencia del infractor. Y la norma prohíbe expresamente las indemnizaciones meramente simbólicas.

Extender ese régimen a las grandes corporaciones genera una tensión evidente. Una empresa con recursos puede usar la amenaza de una demanda por vulneración del honor como herramienta de presión frente a periodistas, activistas, consumidores o competidores. El fenómeno se conoce internacionalmente como SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation): demandas cuyo objetivo real no es ganar en los tribunales, sino disuadir a la parte contraria mediante el coste, el tiempo y el estrés del litigio.

La Unión Europea ha empezado a legislar contra las SLAPP —en una iniciativa que también se conoce como Ley Daphne, en memoria de la periodista maltesa Daphne Caruana, asesinada en 2017 y que fue víctima de este tipo de acciones judiciales— precisamente porque su efecto sobre la libertad de expresión y el periodismo de interés público es devastador. Pero España no lo ha hecho, a pesar de que el plazo límite acaba el próximo 7 de mayo.

El anteproyecto sobre el que se ha pronunciado la CNMC no aborda este riesgo de forma específica. Y su recomendación tampoco lo menciona. Que la ley acabe incluyendo a las empresas entre sus titulares protegidos sin introducir al mismo tiempo salvaguardas reforzadas para la crítica de interés público, el periodismo de investigación o la denuncia de prácticas empresariales irregulares es una posibilidad que amenaza de forma muy concreta el derecho a la información.

La propuesta de la CNMC tiene, además, otra consecuencia. Consagra legalmente una asimetría que ya existe en la jurisprudencia pero que, al positivizarse en una ley orgánica, adquiere una visibilidad y una rigidez nuevas.

La línea que traza el derecho español —con respaldo del Tribunal Constitucional y doctrina explícita del Tribunal Supremo— es la siguiente: las personas jurídicas de derecho privado pueden ser titulares del derecho fundamental al honor. Las personas jurídicas de derecho público —ministerios, organismos autónomos, agencias estatales, entes públicos— no.

La razón esgrimida por la jurisprudencia española tiene que ver con la propia arquitectura de los derechos fundamentales. El artículo 18.1 de la Constitución protege el honor como un derecho de los individuos —y, por extensión, de las entidades privadas—. Los derechos fundamentales nacen históricamente como instrumentos de defensa de los ciudadanos frente al poder público y resultaría contradictorio, de acuerdo con la interpretación del Constitucional y del Supremo, que el propio poder público pudiera invocar ese derecho como escudo frente a la crítica de los ciudadanos.

El Tribunal Supremo lo ha dicho con toda claridad: las personas jurídicas de derecho público no son titulares del derecho al honor del artículo 18.1 CE. Para ellas, lo procedente es hablar de prestigio institucional, autoridad moral o dignidad de la función, conceptos que pueden protegerse por otras vías —responsabilidad civil, tipos penales específicos— pero no a través de la invocación directa del derecho fundamental al honor.

Las consecuencias prácticas de esta distinción son llamativas. Telefónica, que fue empresa pública y hoy es una sociedad anónima cotizada, podría acogerse a la futura ley de protección del honor. Correos, que sigue siendo una sociedad anónima estatal con capital íntegramente público, también podría acogerse, porque su forma jurídica es la de una sociedad mercantil de derecho privado, aunque su capital pertenezca al Estado. RTVE, en cambio, es un ente público sometido al derecho público, y por tanto quedaría fuera. Un hospital concertado gestionado por una empresa privada, dentro. Un hospital universitario de gestión directa, fuera. Iberdrola, dentro. El Ministerio para la Transición Ecológica que toma decisiones sobre los precios que puede cobrar Iberdrola, fuera.

La paradoja tiene una lógica jurídica interna coherente, pero su efecto político es difícil de ignorar. En la práctica, quienes más poder tienen en la economía —las grandes corporaciones— adquirirían un nuevo instrumento jurídico para proteger su imagen pública. Quienes representan el interés general —las instituciones democráticas— seguirán excluidos de ese instrumento.

Es una ecuación complicada: cómo proteger el honor de las empresas sin crear un arma legal contra quienes las critican, investigan o denuncian; cómo consagrar ese derecho sin cerrar la brecha que lo separa de la reputación institucional del Estado; y cómo evitar que una ley pensada para proteger a las personas acabe siendo, sobre todo, útil para las corporaciones.

El melón está abierto. Ahora le toca al legislador decidir qué hace con él.

Las grandes asociaciones europeas de televisión han lanzado una advertencia formal a la Comisión Europea: los sistemas operativos de los smart tv o televisores conectados y los asistentes virtuales —cada vez más potenciados por inteligencia artificial generativa— están acumulando un poder creciente sobre el acceso a los contenidos audiovisuales sin estar sometidos a ninguna de las obligaciones que impone la regulación digital de la UE.

La declaración, dirigida a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Teresa Ribera, llega en un momento clave: la Comisión Europea se encuentra en plena preparación de la próxima revisión de la ley de mercados digitales (DMA, por sus siglas en inglés), la principal herramienta regulatoria de la UE para frenar los abusos de las grandes plataformas tecnológicas. El texto está suscrito por once organizaciones del sector, entre ellas la Asociación Europea de Servicios Comerciales de Televisión y Vídeo bajo Demanda (ACT), la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la española UTECA y la alemana VAUNET.

El documento pone el foco en la rápida concentración del mercado europeo de sistemas operativos para televisores conectados. Entre 2019 y 2024, aseguran, Android TV —propiedad de Google— ha pasado de una cuota del 16% al 23%. Amazon Fire OS ha escalado del 5% al 12%, impulsado por su modelo de dispositivos propios y licencias a fabricantes. Tizen, el sistema operativo de Samsung, se mantiene en torno al 24%. Tres operadores, en definitiva, controlan en la práctica la puerta de entrada a los contenidos audiovisuales de millones de hogares europeos.

Las asociaciones advierten de que esta concentración no es un dato estadístico neutro: implica que un número muy reducido de empresas tecnológicas tiene una capacidad “cada vez mayor” para decidir qué ven los usuarios, con qué facilidad acceden a determinados servicios y qué aplicaciones aparecen destacadas en la pantalla de inicio. Los smart tv, subrayan, actúan como intermediarios centrales entre los proveedores de contenidos y los ciudadanos, y pueden distorsionar esa relación mediante decisiones técnicas, contractuales o de diseño de interfaz.

El riesgo más inmediato, según los firmantes, es el de las llamadas prácticas de cierre: los proveedores de sistemas operativos tienen incentivos para mantener a los usuarios dentro de su propio ecosistema, lo que puede traducirse en restricciones técnicas o contractuales que dificulten la navegación entre aplicaciones de distintos medios, obstaculicen plataformas agregadoras de recomendaciones o limiten la interoperabilidad entre servicios.

La segunda gran preocupación de los radiodifusores son los asistentes virtuales. La DMA los contempla explícitamente como una de las categorías de servicios de plataforma que pueden ser designados como “guardianes de acceso” —la figura que obliga a las grandes tecnológicas a cumplir con requisitos de transparencia, no discriminación y acceso justo—, pero ningún asistente virtual ha recibido esa designación hasta la fecha.

Las asociaciones describen un escenario de despliegue acelerado: asistentes reforzados por IA generativa, chatbots y agentes autónomos que ocupan ya posiciones privilegiadas en teléfonos, altavoces inteligentes y sistemas de infoentretenimiento en vehículos. La ausencia de regulación efectiva crea, a su juicio, un vacío que permite a estos sistemas convertirse de facto en guardianes del acceso al contenido multimedia sin asumir ninguna de las obligaciones que la ley exige a otros intermediarios digitales equivalentes.

La explicación de este vacío, según los firmantes, tiene varias capas. Para que la DMA se aplique a un asistente de inteligencia artificial, el sistema debe superar unos umbrales de uso que las televisiones europeas consideran excesivamente restrictivos, lo que deja fuera a plataformas con un peso real considerable en el mercado. A eso se suma que la ley tiende a subestimar la influencia efectiva de estos sistemas sobre empresas y ciudadanos, tratando como actor secundario lo que en la práctica funciona como una puerta de entrada central a la información y los servicios.

Pero el problema más de fondo es otro: la DMA solo reconoce como “usuario empresarial” de un asistente virtual a quien haya desarrollado una aplicación o funcionalidad específica integrada en él. Esto excluye a medios de comunicación, comercios y empresas de todo tipo que dependen de estos sistemas para llegar a su audiencia, pero que nunca han construido ninguna integración técnica directa con ellos. Un periódico cuyos contenidos aparecen —o dejan de aparecer— en las respuestas de un asistente no tendría, bajo esta definición, ningún derecho reconocido por la ley.

Las asociaciones advierten de que esta interpretación tiene una consecuencia especialmente grave: en la práctica, otorga a los propios proveedores de los asistentes el poder de decidir quién queda dentro o fuera del marco regulatorio, simplemente modificando cómo diseñan su sistema de interoperabilidad con terceros. Dicho de otro modo, las empresas reguladas pueden rediseñar las reglas técnicas para esquivar la regulación, sin que la ley tenga hoy instrumentos para impedirlo.

El tono final de la carta es de urgencia. Los radiodifusores recuerdan que la experiencia en otros mercados digitales muestra que, una vez que los intermediarios consolidan prácticas de cierre y los usuarios se acostumbran a entornos sesgados, resulta “extremadamente difícil” restaurar la competencia efectiva. El momento actual, insisten, es una “oportunidad única” para intervenir antes de que se repita ese patrón en el sector audiovisual.

Las demandas concretas que trasladan a Bruselas son tres. Primero, que se designe como guardianes de acceso a los principales proveedores de sistemas operativos de televisores conectados y de asistentes virtuales. Segundo, que si alguno de ellos no alcanzara los umbrales cuantitativos actuales, se abra una investigación de mercado basada en los umbrales cualitativos previstos en el artículo 3(8) de la DMA para evaluar su poder efectivo. Y tercero, que se revise la definición de “usuarios comerciales” vinculada a los asistentes virtuales para que abarque a todas las empresas que dependen de estas plataformas para llegar a su audiencia.

Las once organizaciones firmantes se declaran dispuestas a aportar datos, análisis y experiencia técnica a la Comisión, y solicitan una reunión para debatir los próximos pasos. Con este esfuerzo coordinado, la radiodifusión europea —pública y comercial— intenta influir en el rediseño de la regulación digital de la UE en un momento en que la inteligencia artificial está reconfigurando quién controla el acceso a la información y el entretenimiento.

El 16 de octubre de 2017, una bomba colocada bajo el asiento del conductor de un Peugeot 108 mató a Daphne Caruana Galizia muy cerca de su casa en Bidnija, en el norte de Malta. Tenía 53 años. Era la periodista de investigación más leída de su país, una mujer que había dedicado su vida a desenterrar la corrupción que empapaba las instituciones maltesas: los negocios turbios de políticos, los tentáculos de la criminalidad organizada, los secretos que el poder prefería que permanecieran ocultos.

La bomba solo fue el colofón. En el momento en que estalló, Daphne Caruana Galizia tenía pendientes 48 demandas judiciales en su contra. Cuarenta y tres civiles y cinco penales. Todas por supuesta difamación. Ninguna tenía visos de prosperar jurídicamente, pero eso era lo de menos. El objetivo no era ganar en los tribunales; el objetivo era que ella perdiera fuera de ellos: tiempo, dinero, energía, salud, y sobre todo, la capacidad de seguir investigando.

A ese tipo de acoso judicial se le llama hoy SLAPP, por sus siglas en inglés: Strategic Lawsuits Against Public Participation, demandas estratégicas contra la participación pública. Para acabar con ellas, o al menos ponerles freno, la Unión Europea aprobó en 2024 la Directiva 2024/1069, conocida informalmente como la Ley Daphne. España tiene hasta el 7 de mayo de 2026 para incorporarla a su ordenamiento jurídico. Faltan poco más de cuatro semanas. Y el Gobierno sigue sin dar señales de que vaya a cumplir el plazo. Las preguntas que infoLibre ha trasladado en los últimos días al Ministerio de Presidencia, que dirige Félix Bolaños, no han obtenido respuesta.

Para comprender por qué esta directiva importa, hay que entender primero qué es exactamente una demanda SLAPP y por qué resulta tan efectiva como mecanismo de silenciamiento.

La clave está en una paradoja perversa: el proceso judicial, diseñado para resolver conflictos y reparar daños, puede convertirse en un castigo en sí mismo. Un periodista, un activista medioambiental o una organización de derechos humanos que recibe una demanda —aunque sea completamente infundada— se ve obligado a contratar abogados, a dedicar meses o años de su vida a recopilar documentación, a comparecer ante tribunales, a soportar una presión psicológica sostenida. Todo ello mientras quien le demanda —una gran empresa, un político poderoso, un gobierno extranjero— dispone de recursos casi ilimitados para alargar el proceso indefinidamente.

No hace falta ganar el juicio. Basta con que el demandado se agote. Con que decida que no merece la pena. Con que, la próxima vez que esté a punto de publicar una investigación comprometedora, recuerde lo que le costó la anterior y opte por el silencio. Es lo que los especialistas denominan chilling effect: el efecto paralizador que produce el miedo a ser demandado.

Las demandas SLAPP tienen una serie de características comunes que permiten identificarlas. Suelen ser manifiestamente desproporcionadas respecto al supuesto daño alegado. Se presentan en jurisdicciones con procedimientos largos y costosos. Se multiplican sobre un mismo objetivo para maximizar el agotamiento. Y, muy frecuentemente, las interponen actores con capacidad económica muy superior a la de sus víctimas: corporaciones, Estados o individuos con acceso a estructuras legales sofisticadas.

La Directiva Daphne, que aprobó la Unión Europea y que España sigue sin trasladar a su ordenamiento jurídico a pesar del tiempo transcurrido y de que el Gobierno de Pedro Sánchez la incluyó como parte de su flamante Plan de Acción por la Democracia en septiembre de 2024, propone tres líneas de defensa fundamentales contra estas tácticas.

Primero, la desestimación temprana: que los jueces puedan archivar con rapidez una demanda manifiestamente abusiva antes de que el coste de defensa haya hecho ya el daño. Segundo, la inversión de la carga de la prueba: quien demanda debe demostrar que su acción no es un instrumento de acoso. Y tercero, las costas y sanciones disuasorias: si la demanda es declarada abusiva, quien la interpuso paga todos los gastos de defensa del demandado y puede enfrentar además multas específicas.

Son herramientas concretas, procesales, que no pretenden limitar el acceso a la justicia de nadie, sino evitar que ese acceso se convierta en un arma para silenciar voces incómodas.

Que esta directiva es necesaria en España no es una suposición abstracta. Hay casos documentados que ilustran con precisión el tipo de acoso que la norma europea pretende frenar. Le pasó a elconfidencial.com con Iberdrola en 2022, cuando la eléctrica interpuso una demanda contra este medio reclamando 17,6 millones de euros en concepto de daños por su cobertura del llamado *caso Villarejo*, la trama que involucra al excomisario de policía y sus trabajos para diversas empresas.

La cifra era tan desproporcionada que, por sí sola, ponía en cuestión la supervivencia económica del periódico. En 2023, el tribunal desestimó la demanda y reconoció la veracidad de las informaciones publicadas y la diligencia profesional de los periodistas. Iberdrola perdió el juicio. Pero el proceso ya había durado meses, había generado costes considerables y había obligado a la redacción a distraer energías y recursos de su labor informativa.

El periodista Ignacio Cembrero, especializado en el Magreb y en las relaciones entre España y Marruecos, lleva años soportando lo que él mismo ha descrito como un calvario procesal promovido desde las autoridades marroquíes. Uno de los episodios más kafkianos involucra la utilización de la “acción de jactancia”, una figura jurídica medieval —literalmente, del siglo XIII— que sobrevive en el ordenamiento español y que fue empleada para demandarle por haber afirmado públicamente que había sido espiado con el software Pegasus. Cembrero ha ganado todos y cada uno de los juicios. Pero el hostigamiento continúa, y cada nueva acción judicial supone volver a empezar: nuevos abogados, nuevos plazos, nueva presión.

En el ámbito del activismo ambiental, organizaciones como Greenpeace España han denunciado estrategias judiciales orientadas no a obtener una reparación legítima, sino a generar tal presión financiera y procesal sobre la organización que esta se vea obligada a limitar su actividad. La criminalización de la protesta ecologista a través de procedimientos civiles y penales es un fenómeno que va más allá de la anécdota.

Es una situación que enfrenta ahora mismo elDiario.es, al que el cantante Julio Iglesias quiere demandar por injurias y calumnias después de que el periódico publicara el testimonio de dos de sus extrabajadoras que acusan al cantante de agresiones sexuales.

infoLibre tampoco está libre de este tipo de prácticas. Le pasó con la demanda por revelación de secretos que le presentaron Teodoro García Egea, entonces secretario general del Partido Popular, y Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, después de que este medio revelara que el segundo había mediado para que se gestionara la atención a un familiar del primero en la sanidad pública. O con Francisco Serrano, exjuez y dos veces candidato de Vox en Andalucía, además de parlamentario, que trató de someter a infoLibre en los tribunales después de que este periódico hiciese público que el ultraderechista obtuvo una ayuda pública tras declarar que era dueño de una maquinaria industrial que nunca tuvo.

Estos casos no son excepciones. Son síntomas de un problema sistémico que afecta a la calidad de la democracia española. Una democracia en la que los tribunales pueden ser utilizados como instrumentos de acoso, y en la que quienes deberían estar protegidos por la libertad de expresión y el derecho a la información se ven obligados a dedicar sus recursos a defenderse de demandas diseñadas para agotar, no para obtener justicia.

El Gobierno de España no desconoce el problema. En septiembre de 2024, presentó el denominado Plan de Acción por la Democracia, un documento que incluía 31 medidas concretas orientadas a fortalecer el Estado de derecho, la independencia de los medios y los mecanismos de participación ciudadana. Entre esas medidas, la número 2.2.2 prometía la transposición de la Ley Daphne —la Directiva anti-SLAPP—.

Al cumplirse el primer año de la presentación del plan, el balance era decepcionante: menos de la mitad de las 31 medidas habían comenzado su tramitación. La transposición de la Directiva Daphne sigue en un limbo. Hoy, con el plazo del 7 de mayo de 2026 a poco más de un mes de distancia, no hay proyecto de ley en el Congreso, no hay texto articulado presentado, no hay señales de que el proceso vaya a completarse a tiempo.

Y la situación tiene consecuencias que van más allá del incumplimiento simbólico. España tiene un problema serio y documentado con la transposición de directivas europeas. A finales de 2025, el déficit de transposición del país alcanzaba el 3,19%, uno de los más elevados de la Unión Europea, con más de 90 infracciones abiertas por la Comisión Europea. No es un mal dato puntual: es un patrón de comportamiento que convierte a España en un alumno poco cumplidor en la adaptación del derecho comunitario.

Las consecuencias de incumplir el plazo del 7 de mayo no son solo políticas o reputacionales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede imponer multas a tanto alzado que habitualmente ascienden a varios millones de euros, más sanciones coercitivas diarias que se acumulan hasta que se completa la transposición. El coste económico para las arcas públicas puede ser considerable, y recae sobre el conjunto de los ciudadanos.

Pero hay un coste que no aparece en ninguna contabilidad presupuestaria: el coste para periodistas, medios, activistas y organizaciones sociales que siguen trabajando sin la protección que la directiva les garantizaría. Cada semana de retraso es una semana más en la que una demanda abusiva puede presentarse sin que exista un mecanismo ágil para desestimar, para invertir la carga de la prueba, para sancionar al demandante.

Daphne Caruana Galizia fue asesinada antes de poder ver el final de ninguno de los 48 procedimientos judiciales que la asfixiaban. Aquel crimen puso de manifiesto lo que muchos ya sabían pero pocos querían decir en voz alta: que la libertad de prensa en Europa no es un valor abstracto perfectamente garantizado, sino un espacio que se conquista y se defiende día a día, también frente a los tribunales.

Cuando un periodista del Detroit News, que había acudido a entrevistarle, le preguntó a Adolf Hitler en 1931 por qué tenía en la pared de su despacho en la sede del partido nazi en Múnich un gran retrato enmarcado de Henry Ford, su interlocutor le respondió: “Considero a Henry Ford mi inspiración”.

No era un halago de cortesía. Mein Kampf reproduce ideas —y a veces párrafos enteros— de las publicaciones del magnate del automóvil. 

Ford intentó jugar un papel fundamental en la promoción del nazismo en Estados Unidos como una manera de frenar a la izquierda en su país. Había comprado un periódico deficitario, el Dearborn Independent, y lo convirtió en la máquina de propaganda antisemita más potente del mundo anglosajón: 92 entregas bajo títulos como “El judío internacional”, distribuidas en los concesionarios de Ford Motor por todo el país y editadas en doce idiomas sin copyright para maximizar su difusión.

Noventa años después, en los días previos a las elecciones alemanas de febrero de 2025, Elon Musk publicó en X —la red social que compró en 2022 y cuya moderación de contenidos desmanteló casi por completo— una serie de mensajes de apoyo a Alternativa para Alemania, el partido de ultraderecha que ha heredado en parte el vocabulario y los marcos conceptuales del nazismo. No fue un tuit aislado. Era la culminación de una estrategia.

La comparación no es ni superficial ni caprichosa. Es la conclusión inevitable de la lectura de dos ensayos que acaban de ver la luz en España con pocas semanas de diferencia, Precuela (Capitán Swing), de la periodista norteamericana Rachel Maddox, e Irresponsables (Alianza), del historiador francés Johann Chapoutot. Su análisis del papel que jugaron los actores que contribuyeron al ascenso del fascismo en los años treinta, con éxito en Alemania y sin él en EEUU, revela una hoja de ruta inquietantemente familiar.

Para entender el presente hay que recordar a Alfred Hugenberg, al que Chapoutot llama el "Führer olvidado" de Alemania entre 1928 y 1933. Hugenberg construyó un conglomerado mediático sin precedentes: una agencia de noticias que vendía contenidos a la competencia, 26 diarios propios, y una “fábrica de textos” —la WiPro— que producía editoriales, artículos y reportajes listos para publicar y los enviaba en matrices a 1.600 periódicos de toda Alemania.

Esos periódicos difundían los contenidos sin saber, o sin importarles, que estaban distribuyendo propaganda con línea editorial “nacionalista, reaccionaria, racista y antisemita”, en palabras de Chapoutot. Completaba el arsenal la UFA, la mayor productora cinematográfica alemana, y el noticiario cinematográfico Deulig-Tonwoche, que se emitía en los cines antes de cada película.

El mecanismo retórico de Hugenberg —grandes titulares, signos de exclamación, caricaturas grotescas, talking points (argumentos clave que se repetían hasta convertirse en sentido común)— es reconocible para cualquiera que use redes sociales en 2025. El filósofo Oswald Spengler, amigo de Hugenberg, lo describió con cinismo en los años veinte: la prensa fabrica “verdades” mientras haya dinero para repetirlas. Lo que a partir de 2016 se llamó “posverdad”, Hugenberg lo había sistematizado un siglo antes.

Musk ha replicado el modelo con la ventaja de operar sobre una plataforma global en tiempo real. Tras adquirir Twitter por 44.000 millones de dólares, amnistió decenas de miles de cuentas suspendidas por difundir desinformación y discursos de odio, redujo drásticamente los equipos de moderación y modificó los algoritmos para amplificar sus propios contenidos y los de las cuentas afines. 

El resultado ha sido documentado por investigadores de distintas universidades: las narrativas de ultraderecha han ganado alcance sistémico en la plataforma. AfD en Alemania, Reform UK de Nigel Farage, Vox en España, el bolsonarismo en Brasil: Musk no solo expresa simpatía por todos ellos, sino que interviene activamente en sus campañas electorales con una herramienta que llega a 600 millones de usuarios.

La historia de cómo la gran patronal alemana apostó por Hitler no es, según Chapoutot, un detalle secundario. Es el corazón del relato. En enero de 1932, Hitler pronunció un discurso ante el Club de la Industria de Düsseldorf en el que argumentó que la empresa y el ejército son los únicos modelos racionales de organización —ambos antidemocráticos— y que la soberanía popular no era más que “el poder de la mediocridad”. La sala respondió con “largos aplausos entusiastas”. 

En noviembre de ese año, un grupo de “eminentes personalidades del mundo de la economía” —entre ellos Fritz Thyssen y el banquero Kurt von Schröder— enviaron un requerimiento formal al presidente Hindenburg pidiéndole que nombrara a Hitler canciller. Celebraban “la prometedora aurora de una era que, superando la lucha de clases, crearía las condiciones para un renovado crecimiento de la economía alemana”. Tres meses después, Hitler era canciller.

La lógica era sencilla: usar a los nazis para destruir al movimiento obrero, desmantelar el Estado del bienestar (muy incipiente) y garantizar la estabilidad del orden capitalista, confiando en que podrían controlar a los nazis desde las sombras. Sobra decir que no pudieron hacerlo.

Aquí el paralelismo estratégico de los tecnoligarcas se hace evidente. Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, uno de los primeros grandes inversores de Facebook y padrino ideológico de J.D. Vance, el vicepresidente de Donald Trump, habla con una franqueza que recuerda a los discursos del Club de Düsseldorf: “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”. 

Thiel financia desde hace años a pensadores del movimiento neorreaccionario, cuyo ideólogo más visible, Curtis Yarvin, defiende abiertamente que las democracias deberían ser reemplazadas por empresas dirigidas por un CEO con poderes absolutos. La “Ilustración Oscura”, como se denomina esta corriente, no es un capricho académico marginal: es la base intelectual de una red de financiación, de candidatos políticos y de decisiones empresariales.

El nombramiento de Musk al frente del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), con acceso a los sistemas informáticos de prácticamente todas las agencias federales de Estados Unidos, fue la materialización más visible de este proyecto. No se trata de reformar del Estado, sino de capturarlo. 

La historia americana de los años treinta es, paradójicamente, la más útil para entender lo que puede ocurrir ahora, precisamente porque es la historia de un fracaso. El proyecto fascista americano tenía ingredientes similares al alemán: Ford con su aparato antisemita, el padre Charles Coughlin con su audiencia de decenas de millones de oyentes de radio proclamando que “la democracia está condenada” y que “el camino es el fascismo”, y el agente nazi George Sylvester Viereck, que utilizó el privilegio del franqueo de más de una docena de congresistas para inundar el país de propaganda alemana pagada por el contribuyente —una estrategia, el uso sistemático del correo postal, sorprendente parecida a la que hoy desarrolla Musk utilizando medios digitales—.

Los neofascistas estadounidenses no triunfaron por varias razones que Rachel Maddow documenta en Precuela. Roosevelt, por ejemplo, ofreció una salida política real a la crisis económica, restando base al extremismo. Y el movimiento fascista americano era fragmentado y, con frecuencia, risible en su ejecución —sectas lideradas por egocéntricos que no se ponían de acuerdo ni en el saludo—. 

Pero, sobre todo, hubo ciudadanos que les hicieron frente antes de que las instituciones se movieran: Leon Lewis, veterano judío de la Primera Guerra Mundial, montó de su propio bolsillo una red de espías infiltrados en las organizaciones nazis de California desde 1933. Henry Hoke, un oscuro publicista de correo directo, rastreó durante años el esquema de propaganda nazi con métodos de detective y publicó sus hallazgos.

El periodista Dillard Stokes, del Washington Post —sí, el mismo diario que hoy está en manos de Jeff Bezos, otro miembro del club de tecnobros—, siguió el hilo hasta destapar la operación de Viereck en el Congreso. Y los hermanos Warner, que financiaban en secreto las operaciones antifascistas, sacaron adelante en 1939 Confessions of a Nazi Spy, la primera película de Hollywood que nombraba directamente a Hitler como enemigo —hoy lo que queda de su compañía está a punto de ser devorado por Paramount Skydance, una corporación indisimuladamente en la órbita ideológica de Donald Trump—.

Entre lo que pasó en los años treinta en Alemania y Estados Unidos y lo que está sucediendo en estos momentos en Occidente hay también diferencias. Una de ellas es que los nuevos irresponsables son, en varios aspectos decisivos, más peligrosos que sus predecesores.

Hugenberg necesitaba imprentas, camiones y suscripciones. Musk posee la infraestructura de comunicación en tiempo real de medio planeta. La propaganda de los años treinta requería fabricar y distribuir papel; los algoritmos de 2025 fabrican realidades y las distribuyen de forma personalizada, a escala, sin fricción y sin posibilidad de auditoría pública.

La WiPro de Hugenberg enviaba matrices a 1.600 periódicos. El algoritmo de X decide lo que ven 600 millones de personas en función de parámetros que solo conoce su propietario. No es propaganda; es algo más parecido a la ingeniería del entorno cognitivo.

A esto se suma lo que analistas como Yanis Varoufakis han bautizado como “tecnofeudalismo”. Las plataformas operan como feudos digitales donde sus propietarios extraen rentas de cada transacción, cada interacción, cada búsqueda, y donde los usuarios no son ciudadanos sino siervos que ceden sus datos y su atención a cambio de acceso. 

Empresas como Palantir —de Thiel— venden a gobiernos sistemas de vigilancia predictiva que permiten anticipar y neutralizar la disidencia política. Starlink proporciona conectividad de comunicaciones en zonas de conflicto, convirtiendo a Musk en un actor geopolítico con capacidad de decisión sobre el desarrollo de guerras.

Y hay un elemento que no tenían ni Hugenberg ni Ford: la dimensión mesiánica. El movimiento Tescreal —transhumanismo, singularitarismo, criogenia, longevismo— que impregna el pensamiento de buena parte de Silicon Valley introduce una lógica de elección divina que los viejos industriales nunca necesitaron. Los tecnobros no tratan solo de proteger el capital: pretenden salvar a la especie, colonizar Marte, crear superhumanos. La democracia no es solo un obstáculo para los negocios; es un sistema, desde su punto de vista, diseñado por mediocres para preservar la mediocridad.

El título del libro de Chapoutot, Irresponsables, lo dice todo. No es una acusación moral abstracta. Es un diagnóstico de causalidad histórica: los empresarios, magnates de la prensa y políticos conservadores que normalizaron y financiaron a los nazis creyendo que podían controlarlos y utilizarlos contra la izquierda provocaron el mayor desastre de la historia moderna. 

Hugenberg fue nombrado superministro en el primer gabinete Hitler-Papen. Lo destruyeron políticamente en menos de seis meses. Thyssen huyó a Suiza en 1938, horrorizado por lo que había contribuido a crear. La patronal obtuvo a corto plazo lo que quería —fin de la democracia de empresa, supresión de sindicatos, rearme—, pero desató una guerra que destruyó Alemania y Europa.

La experiencia americana, donde un proyecto similar fracasó en parte porque hubo ciudadanos que se organizaron para combatirlo, ofrece la única nota de esperanza en un panorama sombrío. No fueron los poderes del Estado los que salvaron la democracia americana en los años treinta, señala Maddow: fueron personas que actuaron antes de que las instituciones se movilizaran, a menudo solas, a menudo sin reconocimiento.

La pregunta no es si el paralelismo es exacto —nunca lo es— sino si las democracias actuales serán capaces de generar anticuerpos equivalentes antes de que el proceso sea irreversible. La historia no se repite, pero, como se atribuye a Mark Twain, a veces rima con una precisión inquietante.

No conocemos las condiciones exactas del primer acuerdo que Prisa Media firmó con OpenIA en marzo de 2024: cuánto dinero, por cuántos artículos, con qué cláusula de renovación. Los pactos entre los gigantes tecnológicos de la inteligencia artificial y los grandes grupos de comunicación tienen algo en común con los tratados de paz: se anuncian en comunicados triunfales pero entierran todos los detalles.

Aun así, lo que sabemos es suficiente para entender la dirección en la que se mueve el mercado. Y lo que no sabemos sobra para entender por qué los medios pequeños, regionales, locales e independientes están preocupados.

Desde 2023, las empresas de inteligencia artificial generativa —OpenAI, Meta, Google, Microsoft, Amazon, Perplexity— han necesitado responder a la misma pregunta incómoda: ¿de dónde sacan el texto con el que entrenan sus modelos? La respuesta es que lo toman de internet. Y una parte sustancial de ese "internet" estaba y está hecho de periodismo: crónicas, reportajes, análisis, entrevistas. El trabajo de redacciones financiadas con suscripciones y publicidad, que forman opinión pública, y a las que nadie consultó antes de convertir su producción en datos de entrenamiento.

El conflicto no es un debate técnico sobre modelos de lenguaje. Trata sobre a quién pertenece el valor que genera el periodismo. Y la respuesta que está dando el mercado es que pertenece, en gran medida, a quien tiene más capacidad de negociación.

Los modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini o Claude se entrenan con enormes corpus de texto extraídos de la red. Cuanto más rico y diverso es el material de entrenamiento, mejor funciona el modelo. El periodismo de calidad —con su precisión factual, su variedad temática, su diversidad de registros— es un activo extraordinariamente valioso. El problema es que fue tomado sin permiso.

Las empresas de IA arguyen que el rastreo de contenidos públicos está amparado por la excepción de la minería de datos de la normativa europea de 2019. Los editores rechazaron esa interpretación desde el primer momento. El resultado fue una acumulación de litigios, presiones regulatorias y, finalmente, una carrera por firmar acuerdos que pusieran un precio —aunque tardío— al uso de ese material.

Pero los acuerdos no resuelven el problema de fondo. Un sistema como AI Overviews de Google no solo se entrenó con artículos periodísticos: los resume en tiempo real y los sirve al usuario en la página de resultados, sin que este necesite hacer clic en el enlace original. El medio que financió el sueldo del periodista, el viaje y las horas de edición ve cómo su trabajo llega al usuario sin pasar por su web. Sin clic que genere publicidad. El periodismo se ha convertido en el combustible de un negocio que, en su fase extractiva, no deja nada a cambio.

En España, el actor central de quienes están cobrando a los gigantes de la IA es Prisa Media. La empresa propietaria de El País, la Cadena SER, Cinco Días, As y el Huffpost ha firmado con cuatro operadoras de IA en menos de dos años: con OpenAI, con Meta, con Google y con Perplexity. Prisa se ha convertido, de facto, en el interlocutor del periodismo español ante las grandes tecnológicas.

En el resto de Europa, el patrón es idéntico. OpenAI tiene acuerdos con Axel Springer, Le Monde, el Financial Times, The Guardian y Schibsted. Meta ha fichado a Le Figaro, Süddeutsche Zeitung, Reuters y News Corp. Microsoft colabora con Informa, Axel Springer, el FT y Reuters. Mistral cerró un acuerdo con la AFP. Amazon se alió con Reach, Condé Nast y Hearst.

La lista tiene una característica que se vuelve evidente al leerla entera: todos los nombres son grandes. Todos los medios firmantes tienen decenas o cientos de millones de lectores, archivos históricos de décadas y equipos jurídicos capaces de revisar contratos complejos. Ninguno es un periódico provincial, una revista especializada, un nativo digital de medio alcance. Ninguno.

La posición pública de las grandes empresas de IA descansa en tres argumentos. El primero es el de la innovación: cuando Meta rechazó, en agosto de 2025, firmar el Código de Buenas Prácticas de la UE en materia de inteligencia artificial, argumentó que introduce incertidumbres legales que ahogarán el desarrollo de la IA en Europa. Lo que no dijo es que "incertidumbre legal" es su manera de decir que no quiere quedar obligada a publicar qué datos usaron para entrenar sus modelos.

El segundo es el de la complejidad técnica: alegan que un modelo de pago proporcional al uso real de cada contenido es inviable porque no existe infraestructura para medirlo. Esto es parcialmente cierto. Pero la solución que proponen —la tarifa plana— no resuelve el problema de la atribución: lo elimina. Pagar una cantidad fija anual desvincula la compensación del uso real: el valor específico de cada pieza periodística desaparece en el bulto.

El tercero es el del mercado voluntario: sostienen que el ecosistema de licencias está tomando forma solo. Lo que no explican es que el mercado que toma forma es el de los grandes grupos. No funciona para el periódico regional que no tiene peso –ni recursos– para ser un interlocutor válido con las oficinas de OpenAI.

El argumento que las empresas raramente formulan en público es más simple: negociar con pocos actores grandes es más eficiente que hacerlo con muchos pequeños. Gestionar un acuerdo con Prisa Media tiene el mismo coste administrativo que uno con un periódico local de 10.000 lectores, pero el primero da acceso a décadas de archivo en cuatro cabeceras nacionales. Las cifras conocidas hablan solas: News Corp obtuvo 50 millones de dólares anuales de OpenAI; Axel Springer genera cifras de ocho dígitos. Los medios fuera de esa categoría no tienen cifra porque no tienen acuerdo.

El último acuerdo firmado por Meta con varios medios europeos, entre ellos los del Grupo Prisa, se ha conocido pocos días después de que el Parlamento Europeo, el pasado 12 de marzo, aprobase el informe sobre IA que lleva el nombre del eurodiputado de la CDU alemana Axel Voss. No es una directiva vinculante —ese es su límite principal— pero es el diagnóstico más preciso que ha producido hasta ahora una institución europea sobre este conflicto. Su lectura revela algo importante: los legisladores europeos entienden exactamente lo que está pasando. Y ya le han pedido a la Comisión que actúe.

El punto de partida es una afirmación que las empresas de IA llevan años esquivando: la IA generativa se ha entrenado masivamente con obras protegidas sin autorización. No como accidente ni zona gris, sino como práctica sistemática. El informe reafirma que el derecho de autor es algo que ninguna excepción tecnológica puede erosionar e introduce el concepto de ”acceso lícito”: solo puede ampararse en la excepción de minería de datos quien primero accedió legalmente al contenido.

En el plano operativo, el informe pide a la Comisión un nuevo marco jurídico que cubra no solo el entrenamiento inicial de los modelos, sino también la inferencia —el momento en que el modelo genera una respuesta— y la generación aumentada mediante recuperación: el sistema por el que algunos modelos consultan fuentes externas en tiempo real. Es una distinción técnica con consecuencias económicas enormes: cada vez que un modelo usa contenido periodístico para construir una respuesta, ese uso debería ser licenciable y remunerado.

El informe exige además transparencia: listas detalladas del contenido protegido usado para entrenamiento y usos posteriores, registros de actividades de rastreo, y que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) actúe como intermediaria para gestionar mecanismos de exclusión y mercados de licencias sectoriales.

Rechaza también las tarifas planas: un modelo de licencia global a cambio de pago único diluye el valor de cada contenido y amenaza la diversidad sectorial. Defiende en su lugar licencias voluntarias con remuneraciones proporcionales al uso efectivo. Y añade un elemento que suele pasarse por alto: pide estudiar soluciones para remunerar los usos ya realizados. Reconoce, en otras palabras, que el daño ya ocurrió y que hay que buscar mecanismos para compensarlo retroactivamente.

Para los medios, el informe reserva un bloque específico: control efectivo sobre sus contenidos tanto para entrenamiento como para productos que compiten con ellos, compensación por desvío de audiencia e ingresos, protección especial explícita para medios locales y regionales, y prohibición de que los sistemas de IA favorezcan selectivamente ciertas cabeceras.

Es la propuesta regulatoria más completa que existe hoy en Europa. Su debilidad es que es una resolución parlamentaria, no una ley. Las empresas de IA la leen con atención. Y mientras leen, siguen firmando acuerdos de tarifa plana. Para protegerse, al menos ante los grandes grupos de comunicación, que son además los más influyentes en las políticas de Bruselas.

Mientras tanto, la batalla judicial continúa. En febrero de 2026, el Consejo Europeo de Editores de Medios demandó a Google ante la Comisión Europea. El argumento conecta con lo que el informe Voss llama “productos que compiten directamente” con los medios: cuando AI Overviews genera un resumen tan completo que el usuario ya no necesita leer el artículo original, Google no está citando al periodismo, sino suplantándolo. El usuario obtiene la información, el medio pierde el clic, Google se embolsa el dinero que genera la publicidad.

En España, CEDRO denunció a Google ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por abuso de posición dominante. El expediente se cerró en diciembre de 2025 con compromisos vinculantes para todos los editores y agencias españolas: más transparencia sobre cómo se calcula la remuneración, un procedimiento de negociación estructurado, revisión anual de las ofertas económicas y posibilidad de remuneración retroactiva.

El Tribunal de Justicia de la UE examina por su parte si los resúmenes generados por IA constituyen una reproducción ilícita que vulnera la protección especial de los editores reconocida en la Directiva de Copyright de 2019.

Al margen se están quedando, al menos por el momento, los medios pequeños y locales, que están siendo utilizados —sus contenidos rastreados, incorporados a modelos, usados para generar respuestas— sin recibir compensación, sin capacidad técnica para verificar si su trabajo está en los corpus de entrenamiento y sin recursos legales para impugnar esa situación. El informe Voss los menciona como sujetos que merecen protección especial. Pero una mención en una resolución no es un cheque ni un acuerdo comercial.

Hay además un problema que los grandes acuerdos no solucionan. Si quienes habrían visitado la web de un medio ya no lo hacen porque la IA les dio la respuesta, ningún ingreso por licencias compensa esa pérdida. Los acuerdos actuales no contemplan el valor del lector a largo plazo: la suscripción, la fidelización, la relación sostenida con la audiencia. El modelo de negocio del periodismo financiado por audiencia está siendo erosionado con independencia de si el medio firmó o no un acuerdo.

Frente a esta asimetría, CEDRO y la Asociación de Medios de Información (AMI) defienden la gestión colectiva: ningún autor individual puede negociar con las grandes plataformas en condiciones de igualdad, pero una entidad que agrupa a miles de creadores sí puede. El informe Voss respalda esta vía al pedir que la EUIPO apoye mercados de licencias sectoriales con participación de entidades de gestión colectiva. CEDRO defiende además que el contenido no se use salvo que el medio lo autorice expresamente. Porque una vez que los contenidos han entrado en el corpus de entrenamiento, no existe mecanismo técnico para retirarlos. El permiso que no se pidió al principio se puede solicitar retroactivamente, pero no sirve para nada.

Lo que está en juego no es solo una cuestión de derechos de autor. Es si el periodismo local, el especializado, el de investigación —el que no puede permitirse un equipo jurídico ni una ronda de negociación en San Francisco— va a poder seguir existiendo en un ecosistema donde su trabajo alimenta sistemas que no le pagan y que le quitan tráfico. El informe Voss dice que no debería ser así. El mercado, por ahora, alimenta lo contrario.

Y mientras las directivas maduran en Bruselas, los corpus de entrenamiento están cerrados, los modelos de IA desplegados y los contenidos de miles de redacciones que nunca han recibido —ni recibirán— una llamada de las grandes empresas tecnológicas ya forman parte de la inteligencia artificial que hoy compite con ellas. En la mayoría de los debates sobre copyright, el daño está por venir. Aquí el daño ya se produjo, pero sigue teniendo lugar. Lo que se negocia ahora no es el futuro: es si alguien va a pagar, y a quién, por lo que ya ocurrió. Y por lo que está pasando cada día.