Recortes, falta de plazas y, ante todo, la promoción de lo privado. Son los tres hilos que la marea verde y la comunidad educativa pública llevan años denunciando en Madrid y que tuvieron su origen —al menos de forma más evidente— con la llegada de Esperanza Aguirre a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Ahora, con Isabel Díaz Ayuso al mando, la “libre elección” se abre paso ante una pública que ya no puede más. 

Desde que Ayuso llegó al poder, el número de nuevos centros educativos públicos ha caído en picado. De los 43 que se construían en 2018 se pasó a 19 en 2021, según los datos de la Comunidad de Madrid. En 2025, la cifra cayó aún más, hasta los 14 nuevos centros. La privatización de la educación en la Comunidad de Madrid es una realidad conocida —y denunciada durante años— por alumnos, madres, padres y docentes. Pero hay un territorio donde esa tendencia se percibe con especial intensidad: el sur de Madrid, donde a la privatización de los servicios se suma la falta de atención de las instituciones.

De todas las zonas que recoge el portal de datos abiertos de la Comunidad de Madrid, la zona sur —entendida como la Dirección de Área Territorial Madrid-Sur, que incluye municipios como Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto o Valdemoro— es, con la excepción del centro, el lugar donde se concentran más centros educativos privados. En concreto, cuenta ya con 470, a los que hay que añadir otros 78 privados concertados. Como comparación, en el norte de Madrid hay 175, mientras que el oeste y el este suman 278 y 221, respectivamente.

Los recortes también se reflejan en el cierre de aulas y en la falta de apertura de nuevas unidades. El curso 2025-2026 arrancó con 78 aulas menos en la escuela pública madrileña, según el informe de Comisiones Obreras (CCOO): 42 menos en Infantil y Primaria y 36 en Secundaria. Con una traducción en el personal docente: más de 215 profesionales menos. Y, según el sindicato, el sur de Madrid es la zona más golpeada por estos recortes.

En concreto, CCOO denuncia un especial ensañamiento con ciudades como Fuenlabrada o Alcorcón, que pierden 21 y alrededor de 11 aulas, respectivamente. En ambas viven ahora 39.552 y 29.419 personas en edad de escolarización, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las cuentas no salen.

“Hay una falta generalizada de plazas públicas. En la zona sur también porque son municipios que han crecido muy rápido y que se han desarrollado recientemente”, destaca Andrés Maroto, secretario de Enseñanza e Intervención Social de CNT Madrid. Esto ocurre, explica el también profesor de secundaria en Orcasitas, porque las administraciones no son capaces de desarrollar servicios públicos a la misma velocidad que se construyen viviendas privadas en estas zonas. 

“Cuesta mucho encontrar un centro público simplemente porque la Administración no lo ha construido. Las familias obreras no necesariamente eligen la privada por convicción, sino porque es la opción que tienen más cerca o porque esos centros están menos masificados. En definitiva, porque en la pública no hay plazas”, recalca Maroto. 

Tras siete años de Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid, y con un precedente claro en las políticas educativas de los gobiernos anteriores del PP, las consecuencias del modelo regional se reflejan ahora en las protestas de la educación infantil. Las profesoras denuncian bajos salarios, falta de estabilidad, ratios elevadas y una privatización que acaba deteriorando el sistema público. La consecuencia es evidente: educación inestable, trabajadoras agotadas y recursos que no llegan. 

Estos recortes, según denuncia CCOO en su informe, tienen una intención clara: empujar a alumnos más pequeños hacia la educación privada o concertada. No por elección, sino por falta de alternativas. De esta forma, las escuelas infantiles quedan en el punto de mira de la privatización. Es más sencillo comenzar desde ahí: cuando un alumno inicia su escolarización en un centro privado, resulta mucho más difícil que después pase a la pública. 

“Cuando comienzan en la privada en las primeras etapas, después tienen más fácil continuar en esos mismos centros o en otros de la misma red al pasar a Primaria, por el sistema de puntos y por el arraigo familiar. De esta forma, se puede crear una segregación entre los alumnos de la privada, la concertada y la pública”, asegura Rafael Feito Alonso, profesor titular de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. 

“Al permitir que la privada abra todas las líneas que quiera mientras se cierran o no se crean líneas públicas, se genera una falsa sensación de eficacia de lo privado frente a una pública intencionadamente saturada”, añade Aída San Millán, secretaria general de la Federación de Educación de CCOO de Madrid. Así, el desprestigio de la pública, unido a una falta de plazas, provoca que esa identidad tan característica de la zona sur pueda tambalearse ante las ideas y las formas que se transmiten en la privada. 

Para muchos vecinos del sur, ser de esta zona es mucho más que un código postal. Históricamente, ha sido un territorio marcado por la lucha sindical desde que, durante el franquismo, la industria se trasladó a las afueras de la gran ciudad. Fue entonces cuando comenzaron las reivindicaciones por unas mejores condiciones de vida ante una Administración central que no miraba hacia ellos. Con el triunfo de la izquierda, cuenta una de las crónicas del momento de El País, se confirmaba esa identidad, ese orgullo de clase. 

Esa identidad, sin embargo, parece estar diluyéndose. “El modelo urbanístico de los últimos años, lo que se ha llamado el Madrid de las piscinas —una forma de urbanismo basado en urbanizaciones privadas, con zonas comunes y prácticamente sin contactos con los vecinos—, busca individualizar a la clase trabajadora. Si obligas a una familia obrera a recurrir a la privada para asegurar una plaza o un grado de FP, estás rompiendo el vínculo con lo público y fomentando una mentalidad de clase media aspiracional”, cuenta San Millán. 

Para Andrés Maroto, lo que está sucediendo es un cambio social y político. “Cuando se habla del cinturón rojo, se recurre a una narrativa de los años 70 u 80. Pero en el contexto que tenemos ahora de precariedad, competencia laboral y descenso de las expectativas sociales, la privada y concertada emergen como una alternativa con mejor reputación, menos conflictividad y un entorno social un poco más homogéneo”, matiza. 

Y parece que, al menos en el sentido de voto, ese cambio está dando sus frutos. En los últimos años empieza a verse cómo aquel orgullo se difumina ante una nueva realidad: el sur se está derechizando. En las últimas elecciones autonómicas, ciudades como Móstoles, Alcalá de Henares, Leganés, Alcorcón, Getafe, Pinto o Valdemoro se tiñeron de azul. 

Con ello, comienza a perderse esa identificación y esa lucha tan característica de la zona sur, en favor del “si quieres puedes”. “La política de precios del suelo y la demora deliberada en la construcción de institutos públicos son herramientas políticas para favorecer un modelo de negocio privado y captar a una nueva generación para que deje de pertenecer a ese cinturón rojo”, zanja San Millán. 

Isabel Díaz Ayuso presentaba esta semana una de sus medidas estrella. La presidenta madrileña ha anunciado una estrategia para ampliar la red de residencias de la Comunidad de Madrid que ha hecho saltar las alarmas de las asociaciones que pelean por dignificar la atención a los mayores. El plan contempla la apertura de 40 residencias y 40 centros de día. En total, 8.000 nuevas plazas. Al menos 3.200 estarán integradas en la red pública, mientras que el resto —la mayoría— serán privadas y contarán con una inversión de 500 millones de euros. Explica el gobierno regional que a ellas se podrá acceder a través de un cheque servicio que ofrece ayuda monetaria para quien no pueda costearlas. Las familias de las víctimas de las residencias —que aun buscan justicia por los Protocolos de la Vergüenza, desvelados por este periódico, y no olvidan los desplantes del gobierno regional y de Ayuso durante todos estos años— recelan de que estas ayudas puedan cubrir parte de su coste.

El plan, aseguran las asociaciones, dista mucho de ser equitativo. El principal problema que ven es la abrumadora presencia de centros privados. “Hay una discriminación clara entre las personas que tienen dinero y las que no. La mayoría de las nuevas plazas serán privadas y el cheque servicio no cubre todos los gastos”, afirma Pilar Serrano, presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Pública y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. 

“La colaboración público-privada no va a funcionar porque ya la hemos vivido. Cuando las residencias son públicas de gestión privada, sabemos lo que pasa: la estructura de los edificios está mal, no hay suficiente personal, tienen condiciones horribles, etc.”, retrata María Jesús Valero, portavoz de 7.291: Verdad y Justicia, al otro lado del teléfono. 

Desde la organización se oponen a que con dinero público se “construyan residencias cuya propiedad sea de fondos buitre o grandes empresas del sector de residencias”. Para ellas, el objetivo no es mejorar el servicio de las residencias sino por el contrario, “hacer grandes negocios a costa de la calidad de vida de residentes y personas trabajadoras”. 

En Marea de Residencias también ponen el foco en los riesgos de la colaboración público-privada. “Lo que se hace con este modelo es dar recursos públicos a empresas que no tienen ningún control. Se quitan de en medio a personas vulnerables y las dejan en manos privadas", asegura Carmen López Llorente, portavoz de Marea de Residencias. 

Las cifras dejan ver las grietas que tiene el modelo privatizado. Algo que se hizo más evidente en la pandemia. Entre marzo y abril de 2020, la mortalidad en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid fue del 7,4%. En las concertadas, la cifra se elevó a un 21,9%. Aun así, tan solo el 5,7% de las residencias son totalmente públicas. En ellas, cuentan desde Verdad y Justicia en un comunicado, imperan las “malas condiciones de vida de los residentes” además de “las pésimas condiciones laborales de las trabajadoras”. 

“La presidenta Ayuso quiere ‘un pelotazo’ para ciertas empresas y, de paso, aparecer como la gran benefactora de la población mayor, construyendo residencias, para que olvidemos que dejó morir a 7.291 residentes sin asistencia sanitaria y que Madrid fue la región europea con mayor exceso de mortalidad en 2020”, denuncian desde estas asociaciones. Y critican la falta de interés de la Comunidad de Madrid en favorecer políticas públicas: “La presidenta Ayuso nunca ha actuado en favor de la salud de la ciudadanía. Es una medida que, más que útil, es puro marketing político”, afirma Serrano. 

Hay muchas cosas que se han dejado fuera del nuevo plan. Se trata de acciones que, tanto para Marea de Residencias como para 7.291: Verdad y Justicia, son imprescindibles. La principal es la zonificación. “No han hecho ningún tipo de estudio. Conceden el suelo sin tener en cuenta las necesidades de las personas que están en lista de espera. Hay muchas personas que tienen a sus mayores a kilómetros y kilómetros porque no porque no hay disponibilidad en su zona y, si dices que no, no te dan alternativa: vuelves al final de la lista”, cuenta Valero. 

Pero desde 7.291: Verdad y Justicia son claros con lo que piden: 40 nuevas residencias completamente públicas, distribuidas territorialmente en función de la población y adaptadas a los criterios de acreditación, además de mecanismos de participación. 

No parece que se vaya a cumplir en el futuro cercano. Ni siquiera la región parece escuchar las demandas, ya no de las familias, sino de la Administración central. Ahora mismo, lo que impera es un acuerdo marco que muchas comunidades, como la Comunidad de Madrid, se saltan. “El acuerdo se tiene que convertir en una ley marco que pueda blindar a las personas de las ganancias de las empresas. Hay muchos que se lo saltan. Por ejemplo las ratios están fijadas en 120 mayores por residencia pero en Madrid hay muchas que superan los 150”, relata Carmen López. 

“Si la presidenta Ayuso ya no cumple con el acuerdo marco, ¿cómo esperamos que cumpla con las promesas de este nuevo plan?”, se pregunta María Jesús. Por ejemplo, el plan recoge una forma de estructurar las residencias por módulos para que los mayores vivan como si estuvieran en un piso. “Esto es una utopía y el Gobierno de Madrid nunca ha facilitado las cosas. No se va a cumplir”, zanja María Jesús Valero.

La Comunidad de Madrid se engalana este sábado para celebrar su festivo regional con los focos puestos en su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y en qué palabras utilizará esta vez para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Como ya avisaba el año pasado en infoLibre el presidente de la FRAVM Jorge Nacarino, el acto institucional por el Dos de Mayo ha pasado de ser un homenaje al levantamiento del pueblo madrileño en el año 1808 a escenificar por todo lo alto la ruptura entre el Gobierno regional y el central.

El acto de este año llega marcado, igual que en 2025, por el enfado de Ayuso ante la negativa del Ministerio de Defensa de autorizar un desfile militar en el ‘Kilómetro Cero’. ¿La respuesta? Excluir –de nuevo– de la celebración a cualquier miembro del Ejecutivo central y definir como “sectaria” la postura del Gobierno central. 

Repasamos cuáles han sido las polémicas que han marcado a lo largo de los años el Dos de Mayo y cómo esta fiesta ha servido a Díaz Ayuso para afianzar su cruzada contra Pedro Sánchez y el Ejecutivo. 

La inquina contra el Ministerio de Defensa por dejar a Madrid sin desfile en 2025 dista mucho de la estampa en plena pandemia, cuando el 2 de mayo de 2020, guardando todas las medidas de seguridad por el covid-19, Díaz Ayuso bautizaba a la ministra Margarita Robles como “la nueva Manuela Malasaña” por su labor durante lo peor de la crisis sanitaria que asoló el mundo ese año.

“Algunas veces, durante esta batalla contra el virus, os ha faltado con qué protegeros y habéis salido a luchar con lo que teníais: os digo que no volverá a pasar; con imaginación e iniciativa hemos hecho frente a lo peor, colaborando juntos, sin colores, ideologías, ni prejuicios”, aseguró a los presentes.

Un año después, la misma fiesta coincidió con el fin de una campaña electoral en la que la palabra más repetida fue “libertad” y en la que dedicó a Sánchez declaraciones como esta: “Necesitan Madrid para seguir con su hoja de ruta, que es romper España, dividirla territorialmente y crear ciudadanos de primera y de segunda”.

Tras estas declaraciones durante la campaña, el Dos de Mayo adquirió un tono conciliador, deseando que ese día sirviese “de paréntesis en la disputa”, pero dejando claro que dos siglos atrás "el pueblo de Madrid se echó a la calle para demostrarle al mundo que no hay bien más preciado que la libertad", y lo hizo "por la nación entera, y no sólo por Madrid". Dos días después, Díaz Ayuso salió victoriosa al balcón de Génova tras conseguir una mayoría absoluta para gobernar la región.

Después de un año gobernando en solitario, en 2022 Isabel Díaz Ayuso llegó a la fiesta regional con toda la artillería pesada, dejando claro que Madrid es la España necesaria “frente a las ideologías totalitarias que enfrentan a unos contra otros; es la realidad abierta de unos junto a otros y que niega la confrontación ideológica en la Educación, en la familia, entre sexos, el campo y las ciudades o nuestra intimidad, que no fabrica clases sociales”. 

“El verdadero fracaso viene cuando se cede ante el terror, la mentira, el totalitarismo, o la injusticia, hasta que la confrontación o la ruptura de la convivencia se hacen inevitables”, destacó la dirigente madrileña, agregando que no iba a “perder tiempo, ni malgastar energías en batallas estériles, en confrontaciones absurdas, en iniciativas fracasadas, en gasto inútil que despilfarra el esfuerzo de los ciudadanos”. “Madrid se respeta a sí misma y por eso respeta a todos”, sentenció.

El discurso de 2022 sentó un precedente para todos los Dos de Mayo que estaban por llegar, siendo el del año 2023 la fiesta de la polémica con un gran protagonista: el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

La foto del día no fue ni Ayuso durante su discurso ni ninguna sobre el homenaje a los héroes de Madrid. La foto del Dos de Mayo de 2023 fue una en la que se ve a la responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid impidiendo el paso a Bolaños a la tribuna de honor, lugar al que sí se le dio acceso en 2022.

Que el foco se pusiera en este hecho fue algo que enfureció a Ayuso, cuyas declaraciones sobre Madrid, la libertad y la “inmensa responsabilidad” que tiene la capital –“porque lo que pase aquí resonará en toda España”–, quedaron diluidas en la controversia.

Con más calma, pero todavía con rencor, al día siguiente la popular acusó a Bolaños en la Cadena Ser de presentarse allí para “provocar” e intentar “reventar este evento y crear mal ambiente” para que no se hablase de un “día magnífico” como es el 2 de mayo. 

“Cada casa tiene sus normas y, sobre todo, es que estamos dando por normal que la presencia de un ministro sea de obligado cumplimiento porque así lo decide el Gobierno”, indicó. También advirtió que las autonomías son “contrapesos” y “no todo es el Gobierno, y no todo es (Pedro) Sánchez”. 

“Al señor Bolaños se lo dijimos amablemente, que no estaba invitado, y luego fue, a mi juicio, en calidad de provocación”, reiteró Ayuso. Quien sí subió a la tribuna de autoridades fue Alberto Núñez Feijóo, invitado personalmente por Ayuso, la cual subrayó que el Gobierno ya estaba representado en la tribuna con la presencia de Margarita Robles, que sí fue invitada –junto a Isabel Rodríguez, que no acudió–. Desde este incidente, Bolaños no se ha atrevido a acercarse a la Real Casa de Correos un Dos de Mayo.

El Dos de Mayo de 2024 llegó cargado de tensión por los diversos ataques entre el Ejecutivo regional y el Gobierno central. Tras lo ocurrido con Bolaños el año anterior, el “desplante” a Díaz Ayuso en la inauguración de un tramo del AVE y la “cacería política” orquestada –según Ayuso– desde Moncloa contra su persona y Alberto González Amador, la presidenta decidió que al Dos de Mayo no iba a ir nadie del Gobierno, excepto el Delegado en Madrid, Francisco Martín, con el que la relación en los últimos años también ha ido de mal en peor.

Finalmente se instauró la tregua para celebrar la fiesta de los madrileños, y en representación del Gobierno central acudieron tanto Martín como Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. 

Torres señaló su voluntad de “tender la mano” a la Comunidad de Madrid para “caminar juntos en la convivencia y la democracia” y hablar de temas como “la vivienda o el empleo”. Por su parte, Ayuso reiteró que en la región madrileña no triunfan “ni los abusos, ni las injusticias”, afirmando que su Comunidad es “la región al servicio de España” como ”siempre” ha sido porque es “la plaza mayor de todos”.

A pesar de la tregua, las críticas entre PP y PSOE se dejaron ver igualmente. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no quiso perder la ocasión de opinar que los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno “consisten en la persecución a todo aquel que disiente de Pedro Sánchez”, que “no acata los deseos del amado líder”. 

Por su parte, fuentes socialistas hicieron hincapié en la ausencia de Núñez Feijóo, incidiendo en que “los grandes nombres del Partido Popular” han dejado “sola a Isabel Díaz Ayuso en uno de sus días grandes por excelencia”. “Tiene un aluvión de preguntas sin responder, una pareja delincuente confeso por delito fiscal y una casa en la que reside que no sabemos si se está pagando con dinero del fraude fiscal”, agregaron.  

Esta calma tensa volvió a romperse en 2025, cuando desde Defensa decidieron suprimir el desfile militar, habitualmente desplegado el día de la fiesta de la comunidad, y Ayuso, sin echarse atrás como el año anterior, denegó la invitación a cualquier ministro y no se quedó corta con las “puyitas” en su discurso.

"A nosotros nadie nos encierra, nos apaga, ni nos deja en evidencia ante el mundo. (...) Si alguien duda de que España es así, que se venga a Madrid, y escuche por sus calles esta misma forma de ver la vida, en todas sus formas", espetó. 

Todo hace presagiar que, este sábado, Díaz Ayuso volverá a valerse del acto institucional del Dos de Mayo para ejercer una crítica mordaz contra el Gobierno central disfrazándola de la gran fiesta de los madrileños.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso afronta su último Dos de Mayo antes de la precampaña de las autonómicas del próximo año. l

Le acompañará el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, señalan fuentes de la formación conservadora a infoLibre. La dirigente que convirtió la confrontación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su seña de identidad, llega a la fiesta de la Comunidad con menos presencia mediática que en otras ocasiones. La cita funciona, además,  como antesala de una campaña larga hacia 2027, en la que Ayuso espera reeditar su mayoría absoluta, aunque el desgaste por la situación procesal de su entorno más cercano empieza a pesar. 

Desde su pareja pasando por su jefe de gabinete. Sus colaboradores más cercanos están vinculados a investigaciones, polémicas o causas que han terminado erosionando el relato de una dirigente que siempre ha intentado separar su figura de los problemas judiciales de quienes la rodean. A ello se suma la crisis interna derivada del caso de acoso sexual por parte del alcalde de Móstoles que presuntamente encubrió, el cese de su consejero de educación, Emilio Viciana, la posterior rebelión de los pocholos y la presión de Vox.

Hasta ahora, una de las claves del éxito de Ayuso es que apenas se hable de su gestión ni de los problemas que atraviesa la comunidad que dirige con una cómoda mayoría absoluta desde 2023, entre ellos los precios de la vivienda, las listas de espera en sanidad y las ratios en la educación pública. Desde su llegada a la Puerta del Sol, la Asamblea de Madrid se ha convertido en un espejo del Congreso, mientras ella ha construido una imagen de liderazgo hipermediatizado basada en la polarización y la victimización.  

El hecho de que una  jueza decidiera enviar al banquillo a su pareja, Alberto González Amador, por un presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros impactó de manera directa en Sol. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que desde el primer momento puso recursos del Gobierno autonómico al servicio de la defensa de su novio, empezando por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, siempre ha presentado la investigación contra el empresario con el que convive como una persecución política por ser ella quien es, y no por lo que supuestamente ha hecho González Amador. Pero su situación también le compromete.

Actualmente, la pieza separada, que deriva de la principal –la que versa sobre el fraude fiscal–, se mantiene en stand by a la espera de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que se encargó hacer averiguaciones en relación a una operación de compraventa societaria que podría esconder, a ojos de la Fiscalía, una comisión encubierta a un directivo del grupo sanitario Quirón. Un informe que, más de medio año después, sigue sin llegar, lo que puede retrasar la fijación de la vista y resolución hasta después de las elecciones autonómicas del próximo año, previstas para el mes de mayo.

Tampoco se libra Miguel Ángel Rodríguez de su cita con los tribunales, su jefe de gabinete, el arquitecto comunicativo del ayusismo, capaz de convertir cada crisis en una batalla cultural y cada denuncia en munición contra Moncloa. Su citación como investigado por la presunta difusión de datos personales de dos periodistas de El País que trabajaban en el caso González Amador no ha sentado nada bien en Sol. La Audiencia Provincial de Madrid obligó a investigar cómo, cuándo y por qué llegaron esos datos al jefe de gabinete de Ayuso, y el juzgado lo ha citado a declarar como investigado el próximo 6 de mayo.

Además, hace solo dos semanas, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano y mano derecha de Ayuso, declaró como testigo en el caso en el que se investiga la filtración de un documento policial en enero de 2024. Serrano subió a X una foto de una denuncia en la que se definía al autor de una agresión sexual como de raza negra. Esta imagen fue utilizada para relacionar migración y delincuencia, en un momento en el que el PP de Madrid estaba criticando la llegada de migrantes procedentes de Canarias a un centro en Alcalá de Henares. Durante su declaración, aseguró que la foto le llegó por mail y que la publicó sin leer siquiera el encabezado.

Solo un día después de la declaración de Serrano, la Fiscalía envió un escrito al juzgado sobre el que recayó la querella presentada contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por un presunto caso de acoso sexual y laboral a una exconcejal del PP solicitándole que se diera impulso procesal a la causa ante su "inactividad manifiesta". Según el testimonio de la concejal, la cúpula del PP madrileño, con Ayuso a la cabeza, encubrió el caso y mantuvo al alcalde en el cargo. Tras conocerse la denuncia, Bautista se ha negado a abandonar el consistorio con el visto bueno de Ayuso y su núcleo duro.

En los últimos meses, Ayuso ha lidiado con su peor crisis interna de la legislatura tras el cese del consejero Emilio Viciana. La versión oficial fue que la presidenta madrileña lo apartó por su incapacidad para consensuar con los rectores universitarios el nuevo modelo de financiación, un proyecto que quería enarbolar como un logro de gestión pero que veía cómo se encallaba semana tras semana. Sin embargo, desde la oposición siempre han mantenido que su salida tuvo que ver con la denuncia sobre el troceo de contratos en la Consejería de Educación en el caso FP, que cerca a altos cargos del Gobierno regional por una serie de irregularidades detectadas en la construcción de centros educativos.

Al cese de Viciana le siguió la dimisión de los diputados Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, conocidos en la Asamblea de Madrid como los pocholos, lo que fue todo un shock para un partido acostumbrado al orden. Se trata de un movimiento muy poco frecuente a mitad de legislatura, que no pocos en el PP madrileño interpretaron como un desafío a la baronesa del PP. Ayuso los fichó para las elecciones de 2023 como la "nueva generación" del PP, aconsejada por su gurú en materia educativa, Antonio Castillo Algarra, que los había "formado"' en su compañía de teatro.

Tras estas salidas se produjo la dimisión del propio Castillo Algarra, que había ganado influencia en la trastienda del Ejecutivo madrileño aunque no tenía despacho alguno en Sol. Según aseguró él mismo en redes sociales, detrás de la campaña en su contra se escondía Miguel Ángel Rodríguez, aunque desde su entorno negaron haber tenido trato con él.

Vox también supone una amenaza para la presidenta madrileña. Durante años, Ayuso neutralizó a la extrema derecha absorbiendo parte de su tono y presentándose como una versión más eficaz, institucional y ganadora de esa batalla cultural hasta el punto de lograr una mayoría absoluta que les dejó fuera de juego en las últimas autonómicas. Pero la formación ultraderechista ha cambiado de estrategia y acusa a la dirigente del PP de haber abandonado a los madrileños de los barrios y de apostar por el “Madrid de todos los acentos” frente a la “prioridad nacional”. 

Con perfiles como el del diputado Carlos Hernández Quero, Vox busca atacar a Ayuso desde el malestar social en los barrios y municipios del sur de Madrid y por eso ha lanzado la campaña "Madrid Sur en Pie". El partido presenta a Quero como una cara distinta a la de Rocío Monasterio, anterior cabeza visible en la comunidad, pero compatible con la de Isabel Pérez Moñino, actual portavoz, menos vinculada a la élite tradicional de Vox y más centrada en vivienda, empleo y jóvenes expulsados del mercado inmobiliario.

El objetivo último de Vox es acabar con la mayoría absoluta de Ayuso en 2027 y recuperar relevancia en Madrid. En Génova creen que la presidenta madrileña puede mantener su mayoría, pero consideran que “no está garantizada” y por eso creen que se mostró tan combativa con la idea de “prioridad nacional” presente en los pactos de PP y Vox en Extremadura y Aragón. La presidenta de la Comunidad de Madrid busca distanciarse de los ultras sin renunciar a dar determinadas batallas.

A ese pulso externo con Vox se suma una lectura interna en el PP: el espejo de Juanma Moreno. El equipo de Ayuso mira de reojo la estrategia electoral del presidente andaluz, que intenta contener a Vox evitando el choque y presentándose como un gestor institucional mientras que Ayuso representa la vía dura, la de la confrontación permanente con Sánchez, la polarización ideológica y Madrid como fortín nacional de la derecha. Mucho se ha escrito sobre sus aspiraciones nacionales, pero en Génova consideran que, “cuanto más tiempo pase”, más difícil tendrá alcanzar La Moncloa pese a que su entorno “así lo quiere”.

La prueba de que a Ayuso le preocupa lo que pueda ocurrir en las elecciones del próximo año es que el PP de Madrid ha enviado una carta a los cerca de 90.000 interventores y apoderados que participaron en la campaña de 2023 para pedirles que estén "más vigilantes que nunca" ante un PSOE al que presentan como "capaz de todo". La misiva, adelantada por Artículo 14, vincula el voto por correo, regularizaciones y nacionalizaciones con el riesgo de alteración del censo.

La misiva está firmada por Serrano, la vicesecretaria de Organización, Ana Millán, y el secretario de agentes electorales, Juan Peña, y piden a los suyos un “ejército de agentes electorales” para ser “más ambiciosos” y “cubrir todas las mesas con interventores para “teñir de azul los colegios”. “A todos nos une una pasión, Madrid, y una pesadilla que se llama socialismo”, arenga a la militancia para que, tras los próximos comicios, la Comunidad siga siendo “libre, próspera y abierta”.

La Audiencia de Madrid rechaza la última maniobra del empresario Alberto González Amador para intentar archivar las pesquisas que se siguen contra él por un supuesto soborno a un directivo de Quirón. En una resolución fechada el pasado 9 de abril, a la que ha tenido acceso infoLibre, los magistrados desestiman un recurso de apelación en el que la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pedía el sobreseimiento de las actuaciones. La Sección Tercera explica que aunque se había interpuesto contra la resolución judicial que encomendaba las pesquisas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dicho recurso no rechazaba el encargo, sino que aprovechaba ese auto para exigir que se diera carpetazo a la causa sin haberlo pedido previamente ante el juzgado.

La apertura de esta pieza separada se produjo en octubre de 2024 tras un recurso de PSOE y Más Madrid, decisión que posteriormente fue avalada por la Audiencia de Madrid. Los hechos se centran en la adquisición de la sociedad Círculo de Belleza, que luego pasaría a llamarse Masterman & Whitaker, por la farmacéutica Gloria Carrasco, esposa del directivo de Quirón Prevención SL –filial del gigante sanitario– Fernando Camino. Por la misma, González Amador pagó 499.836 euros. Un importe "elevado" a ojos de la Agencia Tributaria o la Fiscalía: "No tenía inmuebles a su nombre; no tenía (ni había tenido en los años anteriores) trabajadores; y su activo material estaba compuesto por un ordenador portátil sin valor y tres aparatos de depilación y remodelación corporal".

La Fiscalía cree que ese abono es, en realidad, una comisión encubierta al directivo del gigante sanitario, ya sea por el pelotazo de las mascarillas que reportó 1,97 millones de euros a la pareja de Ayuso en plena pandemia –Camino era consejero de Mape Asesores, una de las firmas implicadas en dicha operación de compraventa–, por el "incremento" de la "facturación" que González Amador recibía de Quirón Prevención o por "ambas cosas". "Es claro que no pagó medio millón de euros a Carrasco porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido", sostenía el fiscal Diego Lucas.

El Ministerio Público solicitó en aquel escrito la intervención de la unidad de élite de la Guardia Civil en las pesquisas. Algo que acordó, finalmente, la entonces jueza instructora, Inmaculada Iglesias, dada la "complejidad de la investigación" y el "carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva". Contra este auto interpuso recurso de apelación González Amador. El mismo, sin embargo, no protestaba por la solicitud de auxilio a la UCO, sino que pedía el sobreseimiento de las actuaciones alegando que con la documentación que habían aportado quedaba "acreditada la inexistencia de delito". En definitiva, utilizaba un auto acordando una diligencia como autopista para pedir directamente a la Audiencia de Madrid el archivo.

Una estrategia que ahora rechazan los magistrados, que desestiman el recurso de apelación y confirman el auto con el encargo a la Guardia Civil –un encargo que aún no se ha completado–. "La decisión del Juzgado de solicitar auxilio de la UCO para la investigación de los hechos es, en definitiva, la admisión de práctica de diligencias de investigación, contra la que no cabe recurso. Ahora bien, según se constata en el escrito de recurso, la finalidad y suplico del mismo no se dirige contra esta decisión, sino que se solicita que se dicte resolución que acuerde el sobreseimiento de las actuaciones, petición que no se ha efectuado ante el Juzgado de Instrucción y respecto de la que este Tribunal, con funciones revisorias, no puede pronunciarse al no existir resolución previa dictada por el Instructor", sentencia la Audiencia de Madrid.

El doctor Antonio Burgueño, exasesor de la Comunidad de Madrid, ha dicho este miércoles ante el Tribunal de Instancia de Collado Villalba (Madrid) donde estaba citado para declarar como imputado, que en el inicio de la pandemia del coronavirus no se medicalizaron las residencias porque no había médicos, según informa EFE.

En la Sección Civil y de Instrucción de este tribunal, plaza número 2, estaban previstas las comparecencias como investigados de Burgueño, del ex director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y de su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, por el caso de las residencias.

La abogada de la acusación particular, Alejandra Jacinto, ha explicado que las declaraciones han sido suspendidas porque hay un informe del Ministerio Fiscal que todavía no ha sido notificado a las partes para que se pronuncien. 

En declaraciones a los periodistas, Burgueño ha asegurado que las residencias no se medicalizaron porque no había médicos para hacerlo y ha responsabilizado de la gestión de la crisis sanitaria en 2020 al Gobierno central, culpando de todo al doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

También ha reconocido que él elaboró un plan de choque por iniciativa propia, aunque luego ha asegurado que se lo encargó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. 

En los primeros días de la crisis sanitaria, en marzo de 2020, Ayuso nombró a Burgueño como su principal asesor para hacer frente a la pandemia de la covid-19 y le encargó elaborar el plan de choque aprobado por el Ejecutivo regional, una de cuyas medidas principales era medicalizar las residencias, algo que finalmente no se hizo. 

Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia consideran que su testimonio puede ser clave para saber por qué se discriminó a las personas mayores que vivían en las residencias de la Comunidad de Madrid.

Carlos Mur firmó los llamados protocolos de la vergüenza, revelados por infoLibre, que impidieron el traslado de personas mayores de residencias a hospitales públicos, mientras que Peromingo está considerado el autor intelectual del documento. Ambos ya han declarado en otras causas como imputados. 

Este procedimiento de Collado Villalba no forma parte de las querellas impulsadas por Marea de Residencias entre 2020 y 2021, ni de las causas abiertas a raíz de la denuncia colectiva coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia, sino que fue promovido por un particular, hijo de una persona fallecida en el Hospital La Fuenfría, ubicado en el municipio de Cercedilla.

La Cañada sigue a oscuras. Lo que comenzó como un corte del suministro de la red eléctrica el 2 de octubre de 2020, en plena pandemia, se mantiene desde hace más de cinco años en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, que discurre por los municipios de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid. Pero, de las 4.500 personas que viven allí, 1.800 están sufriendo algo que, en muchas ocasiones, es lo único que han conocido. 

Los niños y adolescentes de la Cañada sufren las consecuencias económicas, sociales y políticas de vivir apartados del mundo. Pero la posibilidad de salir de allí cada vez se hace más pequeña. Con la falta de electricidad, el ascensor social más efectivo de la democracia, la educación, se rompe ante una realidad: en la oscuridad y en el frío, no hay quien estudie. 

La excusa de Naturgy para dejar a toda una población sin luz fue que en el asentamiento había sobrecargas en la red debido a varios enganches ilegales. No ha habido soluciones reales, a pesar de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha establecido que se están violando derechos fundamentales como el de tener una vivienda digna. En este mismo escrito, se recoge que el Estado no está garantizando el derecho a la educación de la población de la Cañada. 

Precisamente, en la Cañada hay muchos que ni siquiera pueden ir a la escuela. Según un informe de la Universidad Francisco de Vitoria y el Banco Santander, recogido por Vallecas Va, tan solo un 20% de los niños entre tres y seis años están escolarizados y de doce a dieciséis, solo el 24%. Los jóvenes tampoco pueden acceder a un centro que sea próximo, sino que se mueven hacia otras zonas madrileñas como Villa de Vallecas, Rivas-Vaciamadrid o Perales del Río, en Getafe, con alrededor de 1.296 desplazamientos diarios, según este mismo estudio. 

De ellos, no muchos logran superar la etapa. La falta de recursos en casa también hace que el abandono de la escuela llegue pronto. “Muchos de los chavales ven más viable ponerse a hacer una FP y quitarse los estudios rápido o directamente ponerse a trabajar para ayudar en casa”, cuenta María, profesora de un instituto de Vallecas, que escolariza a varios jóvenes de la Cañada. 

Tampoco si se quedan es fácil. Según el informe La Cañada Responde, realizado por el Centro Sira, junto al Grupo de Acción Comunitaria, un 78,4% de los niños, niñas y adolescentes que viven en la Cañada Real tienen o han tenido dificultades en el aprendizaje y en su proceso educativo debido al corte del suministro eléctrico. Los propios familiares de los jóvenes acreditan en el estudio que sus hijos han empeorado su rendimiento y que su actitud frente a los estudios ha ido cambiando a peor. 

La propia forma en la que ha evolucionado la educación supone un problema para estos jóvenes. Ahora, con las nuevas tecnologías, tener una conexión a internet es casi indispensable para poder rendir en la escuela. De los libros de texto se ha pasado a los PDF y de los deberes a mano a las actividades interactivas. Algo que en la Cañada es prácticamente imposible. Y eso, en la escuela, se nota. 

Un 92% de la población en la Cañada tiene dificultades para realizar acciones que ahora nos resultan tan naturales como acceder al wifi o cargar el móvil, según el estudio de La Cañada Responde. “En la educación me ha afectado mucho. Justo antes de que cortaran coincidió con la pandemia y era todo online, así que tenía muchos problemas para poder cargar el ordenador e iba fatal el generador”, cuenta una de las entrevistadas por el Centro Sira.

“El acceso a poder estudiar en invierno a partir de las cinco y media de la tarde, o a poder tener internet para consultar o para realizar trabajos o aprender, está completamente delimitado”, explica Gabriela López Neyra, coordinadora del Centro Sira. La propia dependencia de los alumnos durante la pandemia, que ha derivado en un mayor uso de las TIC en las aulas, ha hecho que aquellos alumnos que no puedan optar a una conexión se queden atrás.

Tampoco sus padres pueden hacer mucho más por ellos. Desde el Centro Sira cuentan a infoLibre que, al no tener acceso a la electricidad, las tareas de casa se acumulan y, para solucionarlas, necesitan más tiempo y esfuerzo. Hasta hacer la comida se convierte en una odisea. “La estructura familiar también se ve afectada porque quienes son los proveedores de recursos sufren un impacto derivado de la falta de suministro eléctrico y no pueden atender a sus hijos”, denuncia López Neyra. 

La posición socioeconómica de los padres también condiciona la forma en que los hijos afrontan los estudios. Según un estudio de la Fundación Foessa, los estudios de los padres tienen un impacto directo sobre los estudios de los hijos. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida recogidos en este informe, el 80,2% de las personas cuyas madres tenían estudios universitarios alcanzaron su mismo nivel. Pero si por el contrario, la madre no tenía estudios primarios, la cifra se reducía al 4,6%. Es simple: si los padres han podido estudiar, los hijos podrán estudiar. Y si no ha sido así, se convierte en casi una misión imposible. 

La distancia también es un gran impedimento a la hora de mantener la motivación por la escuela. La Cañada no tiene un centro propio y a los que pueden ir, en Rivas, Vallecas o Getafe, están a kilómetros y kilómetros del asentamiento. 

Antes de que consiguieran tener un autobús –un derecho que lograron hace solo seis años–, los alumnos tenían que ir en coche (si sus padres podían llevarles) o a pie. Aunque ahora pueden ir en transporte público, la mejora no ha sido suficiente. Los trayectos que hacen los alumnos para llegar a sus centros de estudio pueden durar horas y horas, si es que los autobuses pasan. Muchos de ellos tienen que esperar y perder un tiempo que, en muchas ocasiones, no pueden permitirse. 

De hecho, María cuenta que varios de sus alumnos no siempre llegan a la hora de clase. De nuevo, no porque no quieran, sino porque no pueden. “La ruta de la Cañada es complicada. Hay chavales que tienen que estar una hora esperando el autobús, llega tarde o no llegan porque la ruta falla. Entonces tienen más faltas y más retrasos, pero está justificado. No es solo una cuestión de ‘me da igual el instituto’. Son muchas las razones por las que puede haber absentismo”, cuenta María al otro lado del teléfono. 

La propia situación en la que se encuentran los vecinos de la Cañada causa que concentrarse sea una misión imposible. El informe del Grupo Sira también pone nombre a lo que muchos se imaginan que sucede cuando se corta el suministro eléctrico. En un entorno así, afloran el miedo, la ansiedad y el estrés. En concreto, el 90% de los vecinos de la Cañada sienten tristeza prácticamente a diario. 

Todo ello acompañado de la discriminación. En el mismo informe, los investigadores encontraron –a través de entrevistas– que un 54,3% de la población de la Cañada percibe que el estigma sobre ellos se ha agravado. Algo a lo que contribuye (como todo) la falta de electricidad. 

La imposibilidad de mantener una higiene debido a la falta de agua hace que el rechazo de los otros se encuentre con “justificación”. A ello también se le añade la etiqueta de criminalidad impuesta y normalizada por muchos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a justificar los cortes relacionando delincuencia y Cañada como si se tratasen de sinónimos. La frase “tener los Porsche ahí aparcados, bien; pagar las facturas, no”, todavía resuena en el asentamiento.

“Hay toda una narrativa institucional y mediática que ha conseguido criminalizar a la Cañada y eso afecta a los chavales que viven ahí. Al final cuando llegan a otros entornos, no saben si va a ser un lugar seguro, acogedor o si les van a juzgar; y eso hace que vayan a la escuela con esa percepción”, zanja López Neyra. 

Una nueva jueza de instrucción en Navalcarnero ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa que investiga a la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y 'número tres' del PP regional, Ana Millán, por unos presuntos delitos de prevaricación administrativa durante su etapa de concejal en el Ayuntamiento de la localidad de Arroyomolinos (Madrid), según informa EFE.

Según el escrito, al que ha tenido acceso EFE, la nueva magistrada de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero, Plaza nº6, la jueza Marta Hernández Lafuente, ha archivado la investigación al no quedar acreditada "la existencia de indicios racionales de comisión de delito de prevaricación administrativa ni de cohecho, ni de tráfico de influencias, ni fraude contra la Administración Pública".

El dictamen llega después de que la Fiscalía solicitara el pasado 4 de marzo el sobreseimiento provisional al "no quedar debidamente acreditada la perpetración de los delitos que dieron lugar a la formación de la causa".

Este asunto se remonta al año 2016, cuando el entonces alcalde de esta localidad, Carlos Ruipérez (Cs), denunció la relación existente entre Ana Millán y la empresa Neverland Eventos S.L en la época en que la primera ostentaba la condición de concejala del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

En concreto, denunciaba un supuesto delito de prevaricación administrativa en relación a la adjudicación de unos supuestos contratos irregulares por parte de Millán a la mercantil Neverland Eventos SL, del empresario Francisco Vicente Roselló Baldó, quien a su vez había efectuado una serie de pagos a una cuenta corriente de Millán.

Unos pagos que, según lo declarado a la Agencia Tributaria por Neverland Eventos SL, se justificaban bajo el pago de alquiler de un ático, por lo que también se le imputaba por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la Administración Pública.

En relación a estos pagos, la jueza ha deducido que se corresponden con un contrato de alquiler con opción de compra concertado entre las partes sobre un ático sito en la Plaza Mayor de Arroyomolinos, propiedad de Millán.

La magistrada ha descartado así que la conexión temporal de estos ingresos con la etapa de concejal de la investigada indique alguna relación entre los ingresos percibidos y los contratos adjudicados por el Ayuntamiento a las empresas de Roselló y sea "indicio suficiente de la comisión de delito por los investigados".

Ha concluido que "no se infieren indicios con la solidez suficiente para atribuir la participación en la comisión de delitos constitutivos de prevaricación, de tráfico de influencias o de negociaciones o actividades prohibidas".

Lafuente ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, "puedan corresponder al perjudicado", además, ha suspendido las declaraciones testificales señaladas el día 3 de junio de 2026.

Madrid ha rendido homenaje este miércoles a las 193 víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 con la tradicional ofrenda floral en la fachada de la Real Casa de Correos, en un acto presidido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, según recoge EFE.

Díaz Ayuso y Martínez Almeida han colocado una corona de laurel bajo la placa de la fachada de la Real Casa de Correos en recuerdo de las víctimas de los atentado, junto a los presidentes de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce; la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito; y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, María Soledad Pérez.

Antes de colocar la corona de laurel en la placa que homenajea en el kilómetro cero de la capital a los 193 fallecidos y los más de 2.000 heridos, así como a los cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencias y a todos los ciudadanos que las auxiliaron, ha sonado el tañido de las campanas del reloj de la sede del Gobierno regional durante dos minutos, al igual que en multitud de municipios de la región en señal de recuerdo.

Al acto han acudido los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, además del delegado del Gobierno, Francisco Martín. El homenaje en recuerdo de las 193 víctimas ha contado con el acompañamiento musical de la Orquesta de la Comunidad de Madrid (Ocram), tras el cual ha sonado el himno nacional.

Este es el primero de los homenajes que se sucederán este miércoles en la capital. Díaz Ayuso y Martínez Almeida también participarán en el que organiza la Asociación Víctimas del Terrorismo en el Bosque del Recuerdo del parque de El Retiro. Además, están previstos un acto y una ofrenda floral en la estación de Atocha y un homenaje en el memorial de la calle Téllez. Y, por la tarde, se celebrarán sendos actos de recuerdo en las estaciones de Cercanías de Santa Eugenia y El Pozo, que también fueron golpeadas en el atentado.

Un mes después de que se hiciera pública la denuncia de una concejala del Ayuntamiento de Móstoles contra el alcalde de la ciudad, el popular Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral —que presuntamente el Partido Popular de Madrid encubrió y Génova ignoró— el regidor del PP sigue en su puesto gracias al apoyo expreso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Las únicas dimisiones las han protagonizado quienes dieron amparo a la víctima: el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Móstoles, Raúl Gallego, y la coordinadora de Digitalización y Nuevas Tecnologías del Consistorio, Victoria Moyano.

Gallego hizo pública este lunes su renuncia en una carta en la que evitó detallar las razones de su marcha, pero reivindicó que cada decisión que ha adoptado ha estado "guiada por la conciencia y el compromiso con lo que consideraba justo". El hasta ahora concejal del PP había dado credibilidad al testimonio de la exedil y, según fuentes conocedoras de la situación, había sido víctima de presiones internas desde entonces. Hace dos semanas la citada Victoria Moyano, alto cargo del Ayuntamiento, también renunció por "un deber de compromiso con la veracidad" y "coherencia con los hechos que han sido objeto de conocimiento público".

La marcha de Gallego se produce después de que la pasada semana su pareja, Elisa Vigil, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, fuera destituida de su cargo de portavoz. Un movimiento que fuentes del PP madrileño atribuyen a su relación con Gallego, aunque el equipo de la presidenta madrileña lo niega. El edil del PP asegura marcharse "con la satisfacción de haber defendido sus convicciones" y "con la certeza de que el servicio público es una de las tareas más nobles cuando se ejerce con responsabilidad".

A esa lista hay que añadir la propia denunciante, que dejó su acta y solicitó la baja en el partido el 3 de octubre de 2024, al sentirse desamparada por su propio partido ante la falta de respuesta a sus denuncias. "Me he encontrado con que los órganos de mi partido me han negado cualquier tipo de amparo haciendo oídos sordos a mis denuncias, sin realizar ninguna intervención, lo cual me ha resultado inaudito, por inesperado", escribió, después de haber enviado seis escritos a la dirección de su partido, incluido uno de 20 folios, relatando su calvario al comité de Garantías del PP nacional —que nunca la recibió en persona para dirimir la denuncia—.

El caso, según el relato que ofreció la mujer al PP, comenzó con proposiciones sexuales explícitas y no deseadas por parte del alcalde y continuó con la difusión de rumores falsos sobre una supuesta relación entre ambos. Una situación que después derivó en un acoso laboral por la negativa de ella, lo que llevó a Bautista a apartarla de sus funciones como concejala. Tras siete meses de denuncias internas, acabó entregando el acta y solicitando la baja como afiliada del partido, en el que militaba desde 2010.

En paralelo a este caso, este último mes se han producido más dimisiones en el PP madrileño, la de los diputados Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, conocidos en la Asamblea de Madrid como "los Pocholos". Se trata de un movimiento muy poco frecuente a mitad de legislatura, que no pocos en el PP madrileño interpretaron como un desafío a la baronesa del PP. Ayuso los fichó para las elecciones de 2023 como la "nueva generación" del PP, aconsejada por su 'gurú en materia educativa, Antonio Castillo Algarra, que los había 'formado' en su compañía de teatro. Esta circunstancia, sin embargo, no era del agrado de la vieja guardia del PP de Madrid, que siempre ha defendido que hay que apostar por "gente del partido" porque "son más leales".

Su dimisión se produjo como respuesta al cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, por parte de la presidenta madrileña el día anterior, lo que también provocó la marcha del citado Algarra, que había ganado influencia en la trastienda del Ejecutivo madrileño y hasta hace pocas semanas dirigía el Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Algarra atribuyó la campaña en su contra al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que este martes ha sufrido un golpe en los tribunales después de que la Audiencia de Madrid haya ordenado reabrir la investigación sobre él por difundir datos de dos periodistas.

La marcha de 'Los Pocholos' provocó la remodelación del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid que, a su vez, ha reforzado a otro núcleo duro, apodado 'Los Pancetas'. Este grupo está dirigido por el portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, el claro ganador de la crisis interna frente al número dos de Ayuso, Alfonso Serrano, al que no pocos reprochan la falta de diligencia en el caso del acoso sexual de Móstoles. Así, los diputados diputados afines a Díaz-Pache como Ainhoa García, Isabel Vega y Ester Platero entran en la dirección del grupo parlamentario junto a Ana Millán, número tres del PP de Madrid e implicada también en la denuncia de Móstoles, y a otro grupo de diputados que rondan al portavoz, Andrés Navarro y Lorenzo Pérez.

Todos estos elementos sitúan a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ante la mayor crisis de la legislatura, pese a gozar de una cómoda mayoría absoluta. El próximo jueves 5 de marzo comparecerá en la Asamblea a petición propia por el polémico cese del consejero de Educación, el citado Emilio Viciana. La versión oficial es que la baronesa del PP lo cesó por su incapacidad de consensuar con los rectores universitarios el nuevo modelo de financiación, un proyecto que la baronesa del PP quería enarbolar como un logro de gestión pero que veía cómo se encallaba semana tras semana.

Sin embargo, desde la oposición creen que su marcha tiene que ver con la denuncia sobre el troceo de contratos en la consejería de Educación en el caso FP, que cerca a altos cargos del Gobierno regional por una serie de irregularidades detectadas en la construcción de centros educativos. Para sortear las adjudicaciones, se troceaban las partidas en contratos pequeños. Un caso que podría llegar hasta Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea y a Rocío Albert López-Ibor, consejera de Hacienda.

Ayuso, por lo pronto, ha tratado de zanjar este martes una de las carpetas de Viciana y ha alcanzado un acuerdo con los seis rectores de las universidades públicas de Madrid para poner en marcha un plan de financiación plurianual en los centros públicos. En estos meses las universidades han denunciado su infrafinanciación, lo que les dificultaba mantener los campus y hasta pagar las nóminas de los funcionarios. El pacto contempla un aumento de los fondos de más de un 40% en la parte que aporta la Comunidad de Madrid, al final del ciclo 2026-2031 y también de los controles económicos a las universidades.

La Audiencia Provincial de Madrid ha instado a una jueza a investigar si Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, pudo incurrir en presunta revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas –sus nombres, apellidos y una foto– que habían sido identificados por un policía, según informa EFE.

La sección quinta de la Audiencia ha ordenado admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas del diario El País afectados, y ha revocado el archivo decretado por la titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid hace casi un año. "Es pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente divulgó los mismos", subrayan los magistrados en su auto, al que ha tenido acceso EFE este martes. 

El tribunal establece que la magistrada debe investigar si en la presunta divulgación de dichos datos "existió infracción penal", de forma que le insta a practicar las diligencias pertinentes "a los efectos de la investigación de un posible delito de revelación de secretos por el querellado".

Según la denuncia, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja. El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

La resolución de la Audiencia de Madrid, que estima los recursos de apelación interpuestos por el PSOE y los periodistas afectados contra el archivo inicial de la causa, subraya que la ley establece que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben "guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones".

"Por lo tanto, los datos de los periodistas que un agente de policía recibió en un primer momento tenían un indudable carácter reservado y por ello mismo, se debe investigar si en la divulgación de los mismos existió infracción penal", enfatiza.  

Al estudiar el caso, la titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid rechazo abrir una investigación en contra del criterio de la Fiscalía, que sí consideraba que los hechos denunciados "podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos".

La magistrada vio "intrascendente penalmente" la identificación de estos dos periodistas con nombre y apellido, así como su foto, y consideró que tienen "escasa o nula relevancia" en la afectación de la intimidad o esfera privada de quien ejerce su trabajo, dado que no incorpora "referencias añadidas a ámbitos íntimos, personales o confidenciales". 

Al analizar el delito de revelación de secretos, que debe ser cometido por autoridad o funcionario público sobre secretos conocidos por razón de su cargo, la jueza afirmó que la "simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales" no puede "estar comprendido en el concepto de 'secreto, dato o información reservada', pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal".

La Comunidad de Madrid ha acordado con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas incrementar hasta los 14.800 millones de euros en seis años, de 2026 a 2031, la financiación para estas instituciones, que han celebrado este "hito" asegurando que abre "una nueva etapa", informa EFE.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado este martes el acuerdo con los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Alcalá, Politécnica y Carlos III en la sede del Gobierno regional, junto a la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.

El acuerdo se firma tras una reunión mantenida el lunes entre los rectores y las consejerías de Educación y de Hacienda, tras el cese en febrero del exconsejero de Educación Emilio Viciana y el fracaso de su ley de Enseñanzas Superiores y Universidades (Lesuc) que suscitó el rechazo generalizado de la comunidad educativa con protestas y huelgas masivas.

Tras la firma, Díaz Ayuso ha detallado que las universidades recibirán un total de 14.800 millones de euros en seis años, de los cuales el 83% provendrá de los presupuestos generales de la Comunidad, es decir, 12.300 millones, y el resto de los precios públicos, obtenidos por tasas o servicios prestados.

En total, se estima que las universidades públicas recibirán anualmente una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad, cifra superior a los 1.239 millones presupuestados para 2026, que los rectores consideraban "insuficiente".

Es la primera vez que las universidades públicas contarán con una propuesta de financiación plurianual "para que puedan planificar con tiempo y eficacia su propio futuro estratégico", ha destacado Díaz Ayuso.

Habrá una financiación básica para la actividad ordinaria de las universidades y una financiación por objetivos "para mejorar la calidad docente e investigadora", ha subrayado la presidenta madrileña.

El modelo se articula, además, mediante un fondo de convergencia para corregir desequilibrios; un fondo adicional para competitividad y proyectos singulares, así como una financiación específica dirigida a inversiones para acometer la modernización de infraestructuras.

En el último ejercicio (2031), las universidades contarán con 549 millones adicionales de la Comunidad y los fondos específicos recogidos en el acuerdo habrán crecido un 41% (480 millones de euros más), según las cifras facilitadas por el Ejecutivo autonómico.

Asimismo, se estima que las universidades puedan tener otros ingresos propios cercanos a los 2.500 millones en los años del modelo.

Cada universidad deberá aprobar un plan estratégico a cinco años, con la participación del Consejo Social, y presentará cada año una memoria económica justificativa del destino de los fondos recibidos.

Se reforzarán los mecanismos de auditoría interna y externa y, si hay desequilibrio, la universidad afectada deberá aprobar un plan económico financiero.

La presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (Cruma) y rectora de la Autónoma (UAM), Amaya Mendikoetxea, ha mostrado su "enorme satisfacción" y ha calificado de "hito" el acuerdo, que abre "una nueva etapa" y el camino hacia un sistema universitario madrileño "más fuerte, más estratégico y con mayor estabilidad".

En su discurso, Mendikoetxea ha recordado cómo desde abril de 2024 los rectores habían alertado del "creciente desequilibrio entre ingresos y gastos que ponía en riesgo" la situación de los campus madrileños, atrapados en una financiación que solo "garantizaba unos mínimos sin un marco estable plurianual".

Por ello, ha agradecido a la presidenta madrileña "su sensibilidad" e "interés personal" en la consecución de una financiación "suficiente y estable", a la vez que ha reconocido la labor del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, por liderar el proceso "con cintura", y del exconsejero Emilio Viciana por haber iniciado del camino.

Igualmente ha agradecido a los demás rectores y ha añadido que el acuerdo no solo cierra una etapa sino que "abre otra, de reconocimiento explícito de una necesidad estructural que debe ser atendida en el tiempo".

Le ruego me disculpe el atrevimiento de dirigirme a usted, así, sin avisar. De repente y sin darle tiempo a prepararse. Es posible que jamás lea usted esto que le quiero decir, y no me importa demasiado. Lo dejo escrito por si acaso usted se animase un día a leerlo. Soy mayor y a estas alturas de la vida ya hay cosas que no me importan demasiado. 

Pero ojo: mayor sí, pero tonto no. ¿Le suena esto, verdad?

Quería decirle que no es usted una buena persona. Así, sin rodeos. Y lo digo porque le he escuchado a usted decir que es la presidenta de la Comunidad más libre del mundo. Que, además, es la casa de todos los españoles. Y si estoy en mi casa: quiero opinar.

Casualidades del calendario: casi al mismo tiempo que se aprobó la Constitución del 78 en el Congreso, nació usted. Igual estamos equivocados, igual la democracia llegó gracias a su nacimiento. Usted decidió regalarnos la libertad y posiblemente lo que teníamos entonces era un borrador de país.

Yo no estoy dispuesto a darle las gracias por traernos la democracia.

Según usted, vivimos bajo una dictadura. Una dictadura extraña, con elecciones, prensa libre, manifestaciones y tertulianos gritándose cada noche, pero dictadura al fin y al cabo, porque lo dice usted desde un atril con logo institucional.

Una dictadura donde se puede llamar "hijo de puta" al presidente del Gobierno, sin que pase nada. Usted no sabe lo que es una dictadura. A usted le entregan cuatro líneas escritas y luego las repite como un papagayo. Cuando murió el dictador, usted no estaba seguramente en el imaginario de este mundo.

Nada más que comienza usted a hablar, se ve claramente que tiene muy poco sentimiento, muy poca empatía y que no es compasiva ni sensible. Sin embargo, le sobra indiferencia y chulería. Pero eso sí, depende con quién.

Da usted lástima porque es muy manipuladora. Se aprovecha de cualquier víctima que le venga bien para intentar obtener réditos políticos. Lo hace muy menudo con las víctimas de ETA, y lo ha hecho recientemente con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

Y le voy a poner algunos ejemplos más, que apoyan lo que digo:

La plataforma llamada 7291 Verdad y Justicia para las víctimas en residencias está formada por familiares y personas afectadas que reclaman verdad, justicia y reparación por las muertes de sus familiares y por la gestión de los "protocolos de la vergüenza" durante la pandemia. Usted ha tenido la cara dura de llamarles "plataforma de frustrados". Describir de esta forma tan despectiva a la asociación de familiares de las 7.291 personas fallecidas en residencias sin atención hospitalaria, debería de acabar con su carrera política. Al fin y al cabo, lo que estas víctimas pretenden es saber por qué murieron sus familiares de aquella forma, solos y abandonados.

Estas víctimas, parece que no le vienen bien.

Con el genocidio de Gaza, no le he escuchado la más mínima palabra a favor de las niñas, niños, mujeres y hombres de Palestina asesinados por Israel. 

¡Asesinados, sí, señora!

Usted ha dado a Israel un apoyo incondicional, sin grietas, como lo hace la ultraderecha de todo el mundo. Me extraña (tiene que haber intereses económicos importantes para su Comunidad), que a una mujer que ha intentado ser madre no se le haya escapado una lagrimilla por todas las niñas y niños víctimas de este horror, no lo puedo entender.

¿Qué me dice usted de un tal González Amador?

Este debe de ser un señor al que parece que van a juzgar por un delito de fraude a Hacienda (ya están tardando, por cierto) y por otro de corrupción en los negocios. Sus enredos con Quirón le han hecho millonario y a pesar de que según me dicen duerme con usted en un piso de lujo, el muy listillo ha intentado defraudar a todos los madrileños. Y usted, que tiene que velar por el cumplimiento de las obligaciones fiscales de todos y dar ejemplo, no ha sido capaz de reprochárselo. Me parece que es usted un poco cínica.

Después de lo que ha ocurrido con el escándalo de Ribera Salud en el Hospital de Torrejón, alargando listas de espera y seleccionando pacientes en función de la rentabilidad que dejan, o reutilizando material médico de "un solo uso" para ahorrar dinero. 

Con los miles de millones que le ha dado a Quirón en estos años (se dice que han sido más de 5.000), y que son millones que se podían haber invertido en la Sanidad Pública: ¿Sigue usted pensando que la sanidad madrileña es la mejor del mundo?

¿Qué me dice usted del alcalde de Móstoles, un tal Manuel Bautista?

Seguramente para sus amigos es una buena persona y posiblemente muchos vecinos pensarán que ella, la denunciante, es la culpable de todo. Aparece la mujer despechada y todo esto se parece a lo que ocurrió también hace muchos años en Ponferrada. Usted ha hecho una defensa que huele a manual viejo: minimizar y relativizar el acoso. Cerrar filas y convertir todo en un “malentendido”. Lo que ha hecho usted es defender al compañero, como manda el catecismo del partido. El acoso pasa a ser “polémica”, la víctima se vuelve “ruido” y el acusado, pobrecito, "un daño colateral". Primero se salva al colega, luego, si sobra tiempo, ya hablamos de las mujeres. Ahora, eso sí: con las presuntas víctimas de un tal Salazar le falto a usted tiempo para pedir todas las dimisiones posibles.

Y para finalizar, tengo que completar esta carta con una noticia que me ha dejado descolocado (esto no estaba previsto). Después de reconocer a Israel a pesar del genocidio contra Palestina y también a Milei y su motosierra, se ha descolgado usted dándole otra medalla a Estados Unidos, país al que llama "faro del mundo libre". Ya lo siento, señora mía, no sé a quién pretende engañar. Sus actitudes huelen a fascismo descarnado y sin complejos. 

Podría seguir, porque usted no da tregua. No voy a hablar de Julio Iglesias, ni del hermano Tomás, tampoco de Madrid Network, del Hospital Zendal, ni de Avalmadrid. La carta sería interminable y me tengo que marchar. 

Me despido, señora Isabel Díaz Ayuso, deseándole una larga carrera… lejos del Servicio Público. Que la vida le regale muchos micrófonos privados y que los pueda disfrutar. Y me gustaría que algún día descubra que gobernar no es señalar, sino cuidar de los gobernados. Darles una sanidad y una educación gratuitas y de mucha calidad. Unas pensiones dignas y reconocerles el derecho a la vivienda.

Por mi parte, mientras tanto, seguiré esperando que España tenga memoria, y que ni usted ni el Partido Popular vuelvan a confundir mayoría con impunidad. Me da miedo pensar lo que podría ocurrir si ustedes llegaran a gobernar.

Atentamente,

______________

Alfonso Donnay Gómez de Segura es socio de infoLibre.

Uno de los directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, Antonio Castillo Algarra, ha presentado su dimisión tras el cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y la renuncia a sus actas por parte de tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid, según fuentes del Ejecutivo autonómico que ha recogido EFE.

El pasado lunes, el Gobierno regional anunció a través de un comunicado la sustitución de Viciana y el nombramiento como nueva consejera de Educación de la hasta ahora viceconsejera Mercedes Zarzalejo. El martes presentaron la renuncia a sus actas los diputados del PP de la Asamblea de Madrid Pablo Posse, portavoz de Educación; Mónica Lavín, de Política Social, y Carlota Pasarón, de Juventud.

También se esperan, en los próximos días, los ceses de al menos otros dos altos cargos de la Consejería: el director general de Universidades, Nicolás Javier Casas, y el de la directora general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha nombrado este lunes a Mercedes Zarzalejo como consejera autonómica de Educación, Ciencia y Universidades en detrimento de Emilio Viciana, que ocupaba el cargo desde 2023 y cuya gestión ha estado marcada por la tramitación de la ley universitaria autonómica, informa EFE.

Se trata del primer cambio en el Consejo de Gobierno de Díaz Ayuso en esta legislatura y, consultadas por los motivos del relevo, fuentes del Ejecutivo autonómico han trasladado a EFE que la presidenta había encargado a Viciana en 2023 "un programa de apoyo, refuerzo y modernización de las universidades madrileñas" que no se había visto cumplido.

Por ello ahora Díaz Ayuso "ha decidido dar un nuevo impulso" a la Consejería con el nombramiento de Zarzalejo, cuyo objetivo será "sacar adelante este ambicioso proyecto universitario" que la presidenta madrileña "encargó hace ya más de dos años".

Estas fuentes evitan poner la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) en el centro de ese proyecto, definiéndola como "otra herramienta más que el consejero comenzó a trabajar, pero que tampoco ha fructificado".

En cualquier caso, la Lesuc es desde hace meses, y sin haber pasado de la fase de borrador, el foco de las iras de las universidades públicas madrileñas, que se movilizaron durante todo 2025 contra una norma que, denuncian, "perpetúa la infrafinanciación", favorece a las privadas y recorta la autonomía universitaria.

Durante todo el año pasado hubo protestas en las seis universidades públicas madrileñas -Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Politécnica, Carlos III y Alcalá-, culminando con una huelga de dos días en noviembre, y ya se prepara una nueva escalada de protestas.

Más allá de la polémica en el ámbito universitario, el paso de Viciana por la Consejería ha incluido numerosas novedades que a menudo han abierto, incluso, debates a escala nacional, como su apuesta por la jornada partida, las restricciones al uso de pantallas en las aulas o la incorporación de los dos primeros cursos de la ESO en numerosos colegios de Educación Infantil y Primaria.

En cuanto a la nueva consejera, empezó la legislatura como diputada del PP en la Asamblea de Madrid y fue la encargada de interrogar a Begoña Gómez en la comisión de investigación sobre su cátedra de la Universidad Complutense. En octubre de 2025 había sido nombrada viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia.

El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha avisado este miércoles de que, si llegara a aprobarse el anteproyecto de ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios, "tendría su correspondiente respuesta en los tribunales" por parte de la Comunidad de Madrid, según recoge EFE.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, García Martín ha afirmado que la norma supondría una invasión de las "competencias exclusivas" de la Comunidad de Madrid.

En todo caso, el portavoz duda "mucho" que la ley pueda ser aprobada por el Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta la minoría parlamentaria del Gobierno y que la norma afectaría a Cataluña, una región "donde tienen una dependencia muy alta de hospitales de gestión privada".

Madrid, por su parte, tiene cinco hospitales de titularidad pública concesionados a operadores privados, la mayoría operados por Quirón, un modelo de "éxito", según García Martín, que le permite "prestar la mejor sanidad a los ciudadanos".

García Martín ha acusado a la "incompetente" ministra de Sanidad, Mónica García, de pretender "exportar el caos sanitario" propiciado por su gestión a las autonomías. "Deje trabajar a las comunidades autónomas y, especialmente, a la Comunidad de Madrid, que hemos demostrado que sabemos hacerlo bien", ha zanjado.

Mónica García apuntó ayer directamente a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, diciéndole que el anteproyecto de ley persigue cargarse "su chiringuito, su negociete".

La ministra dijo que con esta iniciativa, que deroga la ley de 1997 que permitió desarrollar modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid, se "pone coto a las garras especuladoras y privatizadoras de nuestra sanidad".

En el texto del anteproyecto se define la gestión directa y se limita la indirecta a situaciones excepcionales. La permite sólo cuando no sea posible la prestación directa, cuando se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia y cuando se cumplan una serie de requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. Los conciertos y contratos existentes seguirían vigentes hasta su vencimiento, y se aplicaría la nueva normativa a los procedimientos futuros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que siempre se ha mirado a Estados Unidos con "admiración por ser el principal faro del mundo libre" y ha anunciado que concederá a este país la Medalla Internacional que otorga su Gobierno, según recoge EFE.

Así lo ha asegurado esta noche en un vídeo emitido durante The hispanic prosperity gala (La gala de la prosperidad hispana), un evento organizado en Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente Donald Trump en Florida, en el que se le ha concedido un reconocimiento por su labor en favor de la hispanidad.

Ayuso ha asegurado que el mundo no se entendería sin la visión hispana que está unida por "la alegría, la celebración, el humanismo cristiano, el mestizaje, la familia, el derecho y el español como el idioma común" con los "valores occidentales que más prosperidad y avances ha dado al mundo a lo largo de los siglos".

"El nuevo orden mundial necesita nuestra forma de ser y estar para que Norteamérica, el resto del continente americano y Europa sean los lugares más libres y pujantes", ha afirmado la dirigente madrileña, quien ha señalado que la tristeza, el empobrecimiento y la tiranía han llegado demasiado lejos, "contaminando naciones enteras".

Desde la Comunidad de Madrid, ha dicho, se celebra cada paso que Estados Unidos está dando en su defensa de la hispanidad porque eso significa defender la verdad en la historia y un futuro de oportunidades.

A renglón seguido ha asegurado que la libertad de Venezuela es la herida más importante que hay que curar ante la salida de más de ocho millones de personas "a las que el comunismo les ha arrebatado todo".

La presidenta madrileña ha mostrado su deseo de que pronto otros países como Cuba, Nicaragua y México sigan los pasos de Argentina y "rompan sus cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja", destruyendo familias y creando negocios que "destrozan nuestra convivencia, seguridad y prosperidad".

Ayuso ha anunciado que concederá la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos en el año que se conmemora el 250 aniversario de su independencia, y por ser el "principal faro del mundo libre".

El Gobierno madrileño entregará el galardón a un representante de la administración estadounidense que visite de manera oficial España.

Este mismo reconocimiento ha sido entregado en los últimos años a los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); Ecuador, Daniel Noboa (2023); y Argentina, Javier Milei (2024). 

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado este viernes que la exconcejala de Móstoles que denunció un presunto acoso sexual y laboral del alcalde del municipio, Manuel Bautista, actuó "de mala fe" y por una "vendetta" personal, aparentemente "grabando conversaciones sin autorización", y ha amenazado con emprender acciones legales si se confirma este extremo, según informa EFE.

En una rueda de prensa, Serrano ha acusado a la exedil de intentar "involucrar" en el caso a la presidenta autonómica y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "no tiene absolutamente nada que ver", y ha insistido en que este caso "pretende tapar el desastre del PSOE" en la campaña electoral aragonesa.

El País publicó el miércoles por la noche que la mencionada exedil denunció internamente que Bautista la "acosó sexualmente" desde el inicio de la campaña electoral de 2023 con "comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas", y cuando la exedil se plantó ante esa situación, comenzó lo que ella define como "un acoso laboral". La misma información señalaba que el PP no amparó y supuestamente encubrió la denuncia.

Después de cuatro intentos, Carlos Mur, firmante de los Protocolos de la Vergüenza aprobados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, va a declarar en calidad de imputado. Será durante la mañana del próximo lunes 26 de enero en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid.

Mur, junto con Francisco Javier Martínez Peromingo, es uno de los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid señalados por la causa judicial como responsables directos de los protocolos, ya que ambos eran los directores de Coordinación Sociosanitaria durante la pandemia.

Al contrario que Mur, Peromingo sí que ha llegado a declarar e incluso, culpó en sede judicial a Mur de ser quien incluyó los elementos discriminatorios dentro de los protocolos. Por ellos, no se permitió que los mayores que no tuvieran un seguro médico privado, fueran derivados a los hospitales públicos. Fallecieron 7.291 mayores por estos protocolos, como reveló infoLibre.

El lunes será la primera vez que dará a conocer su versión de los hechos, después de no declarar en cuatro ocasiones anteriores, en las que fue citado. Sin embargo, no lo hará presencialmente sino por videoconferencia, ya que ha alegado que trabaja y reside en Andorra. Desde Marea de Residencias piden que Mur “tire de la manta” y cuente lo que sabe sobre lo que sucedió para que 7.291 personas fallecieran sin ser derivadas a un hospital.

En mayo, tanto Mur como Peromingo debían comparecer en el Juzgado número 3 de Madrid como imputados. Algo que no sucedió por la suspensión de ambas ya que alegaron que no habían recibido las actuaciones.

Más tarde, el 17 de junio, tenían que haber declarado ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés. Esta vez no sucedió debido a que el juez decidió suspender las declaraciones al inhibirse precisamente en favor del Juzgado 3 de Madrid, al entender que éste “estaba investigando con anterioridad los mismos hechos”.

Ya más recientemente, Mur debería haber declarado en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, el 9 de diciembre, y al día siguiente en el Juzgado número 2 de Collado Villalba. En ambas ocasiones no se presentó asegurando que no había recibido la notificación del Juzgado citándolo a declarar. Días después, Mur solicitó declarar por videoconferencia.

La Audiencia Nacional sienta desde el lunes en el banquillo al exconsejero madrileño Francisco Granados en el que será su segundo juicio por el caso Púnica, que estalló en octubre de 2014 con su arresto y el de medio centenar de personas por presunta corrupción, entre ellas varios alcaldes de la región, según informa EFE.

Granados, que pasó dos años y medio en prisión preventiva, solo ha sido juzgado en todo este tiempo por servirse del chivatazo que le dio un guardia civil sobre la operación policial, por el que fue condenado a dos años de cárcel. 

El juicio que arranca este lunes, y que se prolongará hasta el próximo mes de marzo, se centra en la presunta contratación irregular de empresas vinculadas a la trama para la organización de festejos de municipios madrileños gobernados por el PP entre 2004 y 2013.

Granados, que fue número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y dirigente del PP madrileño, afronta una petición de la Fiscalía de seis años de cárcel por dos delitos continuados de fraude y prevaricación, que la acusación del PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) eleva a 38.

Además de él, están acusadas otras trece personas, entre ellos el exsenador y exdiputado en la Asamblea de Madrid David Erguido, por su etapa como teniente de alcalde de Algete, y varios exalcaldes de municipios madrileños. 

Es el caso de los exregidores de Valdemoro, José Miguel Moreno y José Carlos Boza (recientemente absuelto en otra pieza de la Púnica); Ciempozuelos, María Ángeles Herrera; Móstoles, Esteban Parro, también exsenador, y Daniel Ortiz, y el de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada. Los dos últimos fueron condenados recientemente por otra rama del caso.

La Fiscalía pide para ellos penas que oscilan entre los dos y los cuatro años de cárcel, salvo en el caso de Ortiz, para quien pide inhabilitación de ocho años.

La Audiencia Nacional juzgará si en los diferentes consistorios madrileños "existió acuerdo previo para defraudar las arcas municipales en beneficio político de sus gestores, a través de las adjudicaciones de fiestas sobredimensionadas en unos casos con sobrecostes más allá del lógico beneficio industrial, en otros", según exponía el juez en su auto de procesamiento.

La Fiscalía destaca en su escrito de conclusiones provisionales la "relación de amistad" entre Granados y el dueño de la empresa Waiter Music, José Luis Huertas, ya fallecido, que llegó a correr con los gastos de dos fiestas privadas del exconsejero.

Subraya la "gran influencia" de Granados en el PP de Madrid y en el Gobierno regional y su posición de "prevalencia y superioridad" ante autoridades y funcionarios, que fue utilizada presuntamente para favorecer al citado empresario "ante posibles contrataciones que dependían de la Comunidad de Madrid".

Fiestas patronales, festejos de Navidad, cabalgatas, orquestas de verano o incluso alguna actuación musical en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid fueron adjudicadas de manera presuntamente irregular a Waiter Music. 

En concreto, logró la adjudicación de los festejos en Valdemoro (por 773.186,88 euros), Móstoles (por 262.000,00 euros), San Martín de la Vega (135.349,96 euros), Torrejón de Velasco (por 100.172,96 euros), y en Moraleja de Enmedio (104.565,12 euros), entre otros.

Había, según la Fiscalía, "contraprestaciones". El empresario proporcionaba "unos servicios extras a requerimiento de los políticos", también para actos del PP, que no facturaba, y hacía "regalos", como un reloj y una pluma Montblanc por 1.000 euros a Granados, entre otros.