El 8 de agosto de 2025 empezó a aplicarse en toda la Unión Europea el grueso del Reglamento (UE) 2024/1083, el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, conocido por sus siglas en inglés como EMFA (European Media Freedom Act).

Lleva un año en vigor, pero, entre los medios que no lo aplican o tratan de eludirlo —la inmensa mayoría—, las administraciones que actúan como si no les afectase —sobre todo las comunidades autónomas— y la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez de tramitar a tiempo las leyes necesarias para que la norma desarrolle todo su potencial, el reglamento es, por ahora, poco más que papel mojado. 

Y eso que todos han tenido tiempo de sobra para prepararse y hacer las modificaciones legales oportunas, porque la norma recibió, hace ya dos años y cuatro meses, por abrumadora mayoría, el apoyo del Parlamento Europeo, en el trámite que supuso su aprobación definitiva.

El reglamento es una norma de aplicación directa. Eso significa que sus artículos obligan a los Estados y a los medios de comunicación, aunque el Parlamento español no haya tocado una sola ley nacional. No es una directiva que necesite transposición. Es un reglamento y, como tal, ya rige.

El artículo 6, por ejemplo, obliga a todos los medios a hacer pública su titularidad directa e indirecta, incluida la de quienes tengan influencia sobre sus decisiones estratégicas. Es decir, están obligados a decir quién manda, en última instancia, con nombre y apellidos, porque tiene el control de la propiedad.

Deben publicar también el importe anual de fondos públicos que reciben por publicidad estatal. Casi nadie lo está haciendo, al menos no con el grado de detalle, transparencia y accesibilidad que exige el reglamento europeo.

Los medios —públicos y privados— también están obligados, en virtud del mismo artículo, a adoptar medidas para blindar la independencia de las decisiones que toman sus periodistas. 

De acuerdo con esta disposición, todos los medios deben “garantizar que las decisiones editoriales puedan tomarse libremente dentro de la línea editorial” que siga un medio y “garantizar la divulgación de cualquier conflicto de intereses existente o potencial que pueda afectar a la oferta de noticias y contenidos sobre cuestiones de actualidad”. El cumplimiento de este doble requisito —imprescindible para una buena praxis profesional— tampoco es la norma en España.

Otro asunto que regula el EMFA y está en vigor sin necesidad de adaptación legal afecta directamente a las empresas que miden audiencias (artículo 24), las que elaboran los datos que fijan el reparto de la publicidad. Desde hace un año, sus metodologías tienen que poder ser auditadas de forma independiente una vez al año y están, además, obligadas a entregar esa información a los medios y anunciantes que la pidan.

Abundan además las reformas legales que España no ha completado o incluso ni siquiera ha iniciado. El artículo 7 del EMFA obliga a los Estados a dotar de recursos a una autoridad reguladora nacional. El reglamento dice que “los Estados miembros garantizarán que las autoridades u organismos reguladores nacionales cuenten con los recursos económicos, humanos y técnicos adecuados para desempeñar sus funciones”.

En España, esa autoridad es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La paradoja es que, aunque Bruselas ya la reconoce como tal, el Gobierno todavía no le ha dado los medios que necesita para ejercer su papel. No la ha habilitado para poder cumplir sus nuevas funciones porque la ley que debe hacerlo está atascada desde hace un año en el Congreso.

Las comunidades autónomas deben hacer lo mismo: designar o crear órganos independientes para regular el cumplimiento del EMFA en sus respectivos territorios. Nadie lo ha hecho. Ningún gobierno autonómico está dispuesto, aparentemente, a cumplir el reglamento europeo.

Son varias las medidas derivadas del EMFA que necesitan un desarrollo legal y que ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas han empezado siquiera a preparar. Como si no les afectasen. Quizá la más relevante de todas ellas es consecuencia del artículo 5, el que obliga a los Estados —lo que en casos como España incluye a las comunidades autónomas— a garantizar que los medios públicos —como RTVE, TVG, Canal Sur, À Punt y todas las demás radios y televisiones que se pagan con el dinero de todos— “sean independientes desde el punto de vista editorial y funcional”.

El EMFA obliga, por tanto, a reformar las leyes para que el nombramiento y la destitución de sus directivos sigan “procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios”, que sus mandatos no coincidan con las legislaturas políticas y que su financiación se base en “criterios transparentes y objetivos, establecidos de antemano”.

No es una medida caprichosa. España lleva años ocupando los últimos puestos en dependencia política de los medios públicos en Europa.

Otra medida pendiente es la creación de una base de datos nacional que haga fácilmente accesible conocer la identidad de los dueños de todos los medios. Una tarea que el reglamento encomienda “a las autoridades u organismos reguladores nacionales u otras autoridades u organismos”. Es decir, la CNMC, que sigue sin esa competencia porque aún no hay una ley que se la atribuya, y sus equivalentes autonómicos, que ni siquiera existen.

Lo mismo sucede en relación con el establecimiento de normas para evaluar las fusiones y compras en el mercado de los medios (artículo 22 del EMFA) cuando puedan afectar al pluralismo, con criterios fijados de antemano y plazos conocidos por las partes. También forma parte del mismo proyecto de ley empantanado en el Congreso que afecta a la CNMC y al registro de medios.

Además, es obligatorio, desde hace 12 meses, que el dinero público destinado a publicidad institucional (artículo 25) se reparta con “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”, publicados de antemano, y que cada administración informe cada año de a qué medios ha pagado y cuánto. El reglamento solo exime a los ayuntamientos de menos de 100.000 habitantes.

Hasta la fecha, solo están cumpliendo la transparencia a la hora de detallar a quién están entregando publicidad la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Sánchez, que ha empezado a hacerlo este año. Pero nadie, tampoco la Administración central, ha modificado o aprobado leyes para que el procedimiento de reparto de esa publicidad siga “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”.

En febrero de 2026, el Gobierno aprobó un proyecto de reforma de la Ley reguladora de la publicidad institucional, llamado a sustituir la ley de 2005 todavía en vigor. También esta iniciativa se ha quedado en el limbo.

También sigue atascado en el Congreso, de nuevo con escasas posibilidades de culminar su tramitación, el proyecto de ley que debe regular por primera vez en España el secreto profesional de los periodistas. El artículo 4.3 del EMFA prohíbe a los Estados obligar a un periodista a revelar sus fuentes, detenerlo o vigilarlo para identificarlas, o instalar en sus dispositivos “programas informáticos de vigilancia intrusiva”, la fórmula con la que el reglamento veta el uso de programas espía como Pegasus contra periodistas. Al estar recogido este derecho de forma expresa en la Constitución, los jueces vienen aplicándolo desde hace años, pero falta una norma que lo desarrolle formalmente, como exige el reglamento europeo.

La Federación de Sindicatos de Periodistas reclamó en junio de 2026 que España “active urgentemente” el reglamento. Reporteros Sin Fronteras fue más allá en su informe anual, publicado el pasado abril, y avisó de que, sin voluntad política, el EMFA corre el riesgo de quedarse en papel mojado.

Al incumplir el reglamento, España se expone a la apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea, un proceso legal que en teoría puede culminar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) con la imposición de millonarias sanciones financieras y multas coercitivas diarias hasta que se adapte el marco legal nacional. 

Más allá del severo impacto económico, el país afrontaría un grave coste reputacional dentro de la Unión al quedar señalado por socavar los estándares comunitarios de independencia editorial, transparencia en la propiedad de los medios y protección del secreto profesional de los periodistas, arriesgándose incluso a la congelación de fondos europeos mediante el mecanismo de condicionalidad vinculado al respeto del Estado de derecho.

La entrada en vigor, en agosto de 2025, del Reglamento (UE) 2024/1083, conocido como el Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), prometía inaugurar una nueva era de luz y taquígrafos en el sistema comunicativo de la Unión. Y también en España, donde la opacidad es la norma. 

Sin embargo, casi un año después de que sus obligaciones se volvieran directamente aplicables sin necesidad de transposición nacional, el panorama de nuestro país ofrece una radiografía de resistencias, enlaces escondidos y silencios calculados. 

Los dos grandes pilares de la norma —la identificación accesible de los titulares reales y el detalle exhaustivo de la publicidad institucional— siguen siendo, para la mayoría de los grandes grupos y digitales nativos, una asignatura pendiente o aprobada con el mínimo esfuerzo formal.

El EMFA no deja lugar a interpretaciones creativas. En su artículo 6, el reglamento impone a los prestadores de servicios de medios de comunicación la obligación de hacer accesible, de forma sencilla y directa, información actualizada sobre su denominación legal, sus datos de contacto y, fundamentalmente, los nombres de sus titulares directos e indirectos y de sus beneficiarios reales. El objetivo es que los ciudadanos puedan detectar conflictos de intereses y comprender quién tiene la capacidad de influir en las decisiones estratégicas y editoriales.

Junto a la propiedad, el reglamento pone el foco en el dinero de todos. Los medios deben declarar el importe total anual de los fondos públicos destinados a publicidad institucional y los ingresos publicitarios recibidos de autoridades de terceros países. El espíritu de la ley busca evitar que los recursos públicos se utilicen como una herramienta de subvención encubierta o de castigo político, algo muy habitual y cada vez mejor documentado en el caso español. 

Pero la realidad, según revela el examen de la práctica totalidad de los medios en España que ha publicado infoLibre, es la de un sector que prefiere seguir moviéndose en las sombras de la autorregulación laxa o limitarse al mero cumplimiento burocrático ante una Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) que —por culpa de PP y Vox, que se niegan a darle trámite en el Congreso— sigue sin contar con la habilitación necesaria para exigir el cumplimiento de la norma europea.

Los grandes conglomerados audiovisuales y los diarios históricos de Madrid presentan los niveles más bajos de transparencia proactiva. Atresmedia, el grupo que lidera las audiencias con Antena 3 y laSexta, es un ejemplo de esta política de “información fraccionada”. Aunque se sabe que el control reside en la alianza entre el Grupo Planeta (familia Lara) y los italianos de De Agostini, nada de esta información es fácilmente accesible en las webs de sus canales. Atresmedia se limita a publicar datos incompletos en su web matriz, ignorando que el EMFA exige que la identificación sea directa para el destinatario del servicio.

En el caso de Mediaset España, la situación es de incumplimiento flagrante. Ni telecinco.es ni cuatro.com ofrecen rastro alguno sobre sus propietarios reales —los herederos de Silvio Berlusconi a través de Media for Europe (MFE)— ni sobre el dinero que reciben de las administraciones públicas. El grupo se beneficia de inversiones millonarias del Estado (más de 5,7 millones de euros en 2025 solo del Gobierno central), pero mantiene sus portales ciegos a la obligación de transparencia.

El bloque de la prensa tradicional no ofrece un mejor balance. Prisa (El País, SER) y Unidad Editorial (El Mundo, Marca, Expansión) recurren a una táctica similar: remitir al lector a la web corporativa del grupo y, desde allí, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con la excusa de ser sociedades cotizadas. 

Este procedimiento vulnera el requisito de accesibilidad “sencilla y directa” del EMFA. Como resultado, un lector de El País no sabe, a menos que investigue por su cuenta, que el fondo Amber Capital o el millonario francés Vincent Bolloré son quienes tutelan el medio, ni cuánta publicidad institucional sostiene sus cuentas en un momento de deuda asfixiante. 

Vocento (Abc) aplica una receta idéntica, con enlaces diminutos al pie de página que no aclaran que el gestor Francisco García Paramés es hoy su primer accionista individual.

Frente a la opacidad total, los grandes grupos con fuerte implantación territorial como Prensa Ibérica y Godó han optado por un cumplimiento formal, pero de difícil acceso. Ambos han incorporado enlaces en el pie de sus portales, a menudo bajo epígrafes poco descriptivos, que conducen a una página de transparencia.

El Grupo Godó identifica así a Javier Godó como “titular real” de la propiedad, pero sin detallar el porcentaje exacto de acciones de los miembros de la familia en la compañía matriz. En cuanto a la publicidad institucional, declaran haber recibido más de 15 millones de euros en 2024 a través de sus distintas cabeceras (La Vanguardia, Mundo Deportivo, RAC1). Lo más revelador de este dato es que la suma más que cuadruplica los beneficios netos del grupo en ese ejercicio, evidenciando una dependencia crítica del dinero público.

Prensa Ibérica, bajo el mando de Javier Moll, declara una cifra récord: casi 38 millones de euros en publicidad institucional durante 2024 para sus 24 diarios. El grupo cumple formalmente con el EMFA, pero evita desglosar qué parte procede de cada Administración, aunque la comparativa con los datos del Gobierno central sugiere que la inmensa mayoría (más de 35 millones) emana de comunidades autónomas y ayuntamientos, donde sus cabeceras suelen ejercer posiciones de dominio.

El análisis de los diez principales nativos digitales en España arroja un veredicto de claroscuros extremos. Solo dos medios, infoLibre y publico.es, cumplen íntegramente con las exigencias de transparencia tanto en propiedad como en publicidad institucional. infoLibre destaca por mostrar un enlace prominente en su cabecera con la identidad de sus accionistas, el detalle anual de sus ingresos públicos –que en 2025 supusieron un 9,31% del total– y una declaración de intereses de sus directivos.

En el polo opuesto se sitúa el ecosistema de medios vinculados a la derecha y la ultraderecha. Okdiario.com, de Eduardo Inda, reconoce su propiedad de forma parcial pero omite porcentajes de otros socios. Sin embargo, ofrece un dato demoledor: en 2025 recibió más de 2,1 millones de euros en publicidad institucional estatal, una cifra seis veces superior a la de medios de gran audiencia, como eldiario.es. Otros portales como edatv.news (Javier Negre), vozpopuli.com o elindependiente.com guardan un silencio absoluto en sus webs sobre quién financia sus estructuras o quiénes son sus dueños reales, a pesar de que investigaciones externas vinculan a algunos de ellos con redes de contratos menores en administraciones del Partido Popular.

Eldiario.es, por su parte, se queda a medio camino. Aunque detalla quiénes trabajan en la redacción y poseen capital, no precisa los porcentajes exactos de propiedad. En cambio, sí es exhaustivo en la declaración de ingresos públicos, que representaron apenas el 2% de su facturación en 2025, según declaran. Elconfidencial.com también presenta un modelo híbrido, remitiendo a una web corporativa donde sí figura un accionariado repartido entre su fundador, José Antonio Sánchez, y otros inversores.

Un caso singular de resistencia al EMFA es el de Ábside Media, el holding de la Conferencia Episcopal (COPE y Trece). A pesar de financiarse en parte con el excedente del IRPF y recibir 2,4 millones en publicidad del Gobierno central, el grupo no publica quiénes son sus dueños últimos ni cuánto ingresa de las administraciones regionales y locales. La COPE contraviene así la norma europea en un momento de beneficios récord impulsados por su crecimiento en la radio generalista.

En el ámbito regional, grupos como La Voz de Galicia o Diario de Navarra ofrecen un grado de transparencia superior al de sus homólogos en Castilla y León. El diario gallego declara que su propietario es la Fundación Santiago Rey y que la publicidad institucional supone un muy relevante 16% de sus ingresos. Por contra, los grupos Promecal (Méndez Pozo) y Edigrup (familia Ulibarri) en Castilla y León mantienen una opacidad casi total, ocultando tanto la identidad de sus dueños —vinculados a procesos judiciales por corrupción— como las cuantías de las ayudas públicas que reciben de la Junta.

Uno de los mayores fallos en la aplicación del EMFA en España es la falta de detalle sobre el origen de los fondos públicos. Aunque el reglamento exige detallar “de quién” se recibe el dinero, la mayoría de los medios que declaran cifras lo hacen de forma agregada bajo el concepto de “administraciones españolas”.

Esta falta de desglose oculta realidades políticas significativas. Por ejemplo, en el caso de Vocento, el 83% de su publicidad institucional declarada no procede del Gobierno de España, lo que implica una dependencia masiva de gobiernos autonómicos y locales, mayoritariamente bajo control del PP en las zonas donde el grupo es hegemónico. Lo mismo sucede con Henneo en Aragón, donde su simbiosis con la televisión pública y el gobierno regional es total, pero sus páginas de transparencia omiten las cifras absolutas y el origen detallado de sus ingresos.

El panorama descrito revela que la transparencia en los medios españoles es todavía un ejercicio voluntarista y no una realidad institucionalizada. La mayoría de los prestadores de servicios de medios en España parecen confiar en que la falta de un organismo supervisor fuerte en estos primeros meses les permita prolongar su opacidad histórica.

El EMFA estableció en su día la creación del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, conocido como el Media Board de la UE, para velar por la aplicación coherente del reglamento. Sin embargo, hasta que no se activen los mecanismos de seguimiento y las bases de datos nacionales sobre propiedad que el reglamento encomienda a las autoridades reguladoras (en el caso español, la CNMC), el ciudadano seguirá enfrentándose a un laberinto de cláusulas legales y enlaces invisibles. Mientras tanto, la información en España sigue teniendo dueños que prefieren no presentarse y financiadores públicos que no salen a la luz.

El Grupo Godó es uno de los nombres decisivos del mapa mediático español, en particular en Cataluña: un holding nacido de un periódico histórico, convertido en conglomerado multimedia y hoy extendido por prensa, radio, publicidad, impresión, distribución y negocios de marketing y experiencias. Su caso interesa no solo por lo que publica, sino por cómo combina influencia informativa, posiciones de liderazgo en Cataluña y una diversificación empresarial que va mucho más allá del periodismo.

La clave para entenderlo es doble. Por un lado, es una empresa con una tradición centenaria que arranca en La Vanguardia en 1881 y que se reorganiza como holding en 1998; por otro, es un grupo que ha crecido incorporando compañías de servicios, agencias de marketing y unidades de experiencias —empresas dedicadas a organizar eventos, campañas, presentaciones, patrocinios o acciones para conectar con el público—, de modo que la frontera entre información, negocio publicitario y activación comercial se ha vuelto más amplia y más compleja. Con todo lo que eso supone para la independencia editorial de los medios que forman parte de Godó.

La historia del grupo se explica a partir de La Vanguardia, fundada en 1881, y de Mundo Deportivo, cabecera nacida en 1906; esa base periodística fue la que permitió después articular una compañía más amplia. 

La familia Godó procede del mundo empresarial textil de Igualada (Barcelona) y su salto a la historia de la prensa llegó cuando los hermanos Carlos y Bartolomé Godó fundaron La Vanguardia en la capital catalana para dar voz a un liberalismo moderado y burgués. Desde entonces, la dinastía fue tejiendo una relación muy estrecha entre empresa, periodismo y poder social en la ciudad, hasta convertir el diario en una pieza central de la vida política y cultural barcelonesa y catalana.

La segunda generación consolidó ese proyecto con Ramón Godó Lallana, hijo del fundador de la cabecera, que modernizó el periódico, amplió su alcance y recibió el título de conde de Godó en 1916. Después llegó Carlos Godó Valls, segundo conde, que mantuvo el control del periódico durante décadas difíciles, incluidas la Guerra Civil y el franquismo, y dejó preparado el relevo a Javier Godó Muntañola, el gran impulsor del salto hacia el holding multimedia moderno.

En términos periodísticos, la historia de los Godó es la de una familia que convirtió un diario en patrimonio empresarial y en símbolo de continuidad de una determinada forma de influencia barcelonesa: primero en la prensa, luego en la radio y finalmente en un conglomerado multimedia que sigue en manos de la misma rama familiar.

Fue en 1998, en los últimos años de la edad de oro de la prensa en España, cuando tuvo lugar la reorganización como holding multimedia. Su estado de información no financiera confirma que el grupo opera desde entonces con dos grandes líneas de negocio: Godó Media y GMK, esta última dedicada a servicios de marketing.

El relato corporativo que hace la propia compañía insiste en la continuidad familiar y en la idea de independencia, rigor y calidad como rasgos identitarios. Esa autoimagen es importante, porque ayuda a entender cómo el grupo trata de resolver la contradicción entre sus marcas periodísticas y las líneas de negocio adyacentes, especialmente en publicidad, distribución e industria de eventos.

Históricamente, ha sido un periódico de centroderecha muy atento al poder institucional y al catalanismo moderado. La literatura académica sobre el diario lo describe como un negocio que ha tendido a acomodarse al color del poder. Desde la desaparición de CiU y la entrada de Junts en el tablero, La Vanguardia no se acomodó a la nueva realidad política catalana y trató de seguir influyendo en ella desde una posición de moderación, con editoriales y análisis que a menudo buscan encuadrar a Junts como actor decisivo del sistema. Nunca ha sido un altavoz independentista, pero tampoco su enemigo frontal; más bien ha intentado mantenerse cerca de los centros de poder, dialogar con el catalanismo dominante y, cuando convenía, empujar a Junts hacia posiciones que le permitiesen seguir siendo útil en Madrid y en Cataluña.

Desde una perspectiva histórica, el grupo también ha pasado por una transformación de cartera. La información pública disponible muestra salidas de activos y ajustes del perímetro, como la venta de su participación en la productora de televisión Veranda y en 8TV –su fallida aventura en la TDT—, a la vez que el grupo reforzaba sus negocios radiofónicos y digitales. No obstante, el Grupo Godó se resiste a ser interpretado como un simple editor de periódicos y trata de mantenerse como una organización multimedia con un centro periodístico y un anillo creciente de servicios alrededor.

La cartera mediática básica del grupo está formada por La Vanguardia, Mundo Deportivo, RAC1 y RAC105. A ello se suman otras sociedades de apoyo y comercialización, como Godó Strategies, Godó Vertical Media, CRE-A Impresiones de Catalunya, Marina BCN Distribucions y Distribución y Reparto, además de la cabecera o plataforma de grupos y marcas digitales vinculadas al ecosistema del grupo.

La parte menos visible, pero más reveladora del presente del grupo, es la de sus negocios ajenos al periodismo estricto. El grupo lleva tiempo intentando diversificar su negocio con adquisiciones en marketing experiencial, social media, eventos, producción y activación de marcas. Dentro de ese perímetro aparecen sociedades como Grafik Bureau, Iberian Leaders Influencers y, desde 2023, el Grupo Experientia, que reúne firmas especializadas en experiencias, eventos y producción audiovisual.

Ese movimiento importa periodísticamente porque cambia la naturaleza del conglomerado. Cuanto más peso tienen las agencias y los servicios para terceros, más difícil resulta separar la lógica informativa de la lógica comercial. En el caso de un grupo con cabeceras de referencia, esto obliga a mirar con atención no solo la calidad editorial, sino también la arquitectura empresarial que sostiene esa calidad.

La información financiera más reciente accesible públicamente apunta a un grupo grande y rentable, pero no exento de tensiones financieras. Según informaciones publicadas sobre sus cuentas, el Grupo Godó habría cerrado 2024 con unos ingresos de 179 millones de euros y un beneficio consolidado de 3,5 millones, el doble que en 2023. Pero esas mismas referencias señalan un aumento de la deuda bancaria, que habría superado los 50 millones, con un crecimiento relevante respecto al año anterior.

En el papel, el grupo mantiene un liderazgo claro en Cataluña. El último EGM sitúa a La Vanguardia en el cuarto puesto de los diarios de papel de toda España —tercero si se excluye a los deportivos, solo por detrás de El País y El Mundo—, con cifras que duplican los de la otra gran cabecera catalana, El Periódico, propiedad del grupo Prensa Ibérica. 

En cambio, en el mundo digital las cosas son muy distintas. En audiencia media diaria, La Vanguardia está acusando en los últimos meses una fuerte caída que la ha hecho situarse por debajo de las diez principales cabeceras informativas, muy por debajo de su rival en Cataluña, según datos de GfK DAM.

En radio, el liderazgo es más contundente. El último EGM situaba a RAC1, que solo se sintoniza en Cataluña, por encima de varias cadenas nacionales, como RNE. Y por delante de sus competidoras autonómicas, como Catalunya Radio, con un 50% más de oyentes.

La Vanguardia ni siquiera ha creado un enlace específico en su portada para dar cumplimiento al Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). Para no dejar sin cumplir del todo la norma, se han limitado a añadir unos párrafos a la página denominada Aviso Legal, al pie de la portada. 

Ahí se limitan a decir que el Grupo Godó está “participado” “por Javier Godó Muntañola (Editor), Carlos Godó Valls y Ana Maria Godó Valls”, sin especificar en qué cuantía. Todo lo que precisan es que el “titular real” es Javier Godó.

Con lo que ofrecen sus diarios, no es posible saber mucho más. La toma de decisiones ejecutivas, no obstante, según la información disponible en otros soportes, recae hoy en Carlos Godó, quien en julio de 2025 asumió la presidencia ejecutiva del grupo tras un relevo generacional planificado. Carlos Godó, perteneciente a la quinta generación familiar, ocupaba el cargo de consejero delegado desde 2005 y ha sido el principal artífice de la diversificación del negocio hacia el marketing y la transformación digital.

Su padre, Javier Godó, al que se supone el control mayoritario de las acciones, continúa ligado a la organización después de haber liderado la compañía durante más de cuatro décadas. El núcleo de poder se completa con Ana Godó Valls, quien ejerce como consejera editorial y vocal del consejo de administración.

El artículo 6 del EMFA, que entró en vigor en agosto de 2025, establece que los prestadores de servicios de medios deben hacer fácil y directamente accesible información actualizada sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos, sus beneficiarios efectivos y el dinero que reciben por publicidad institucional.

En la práctica, eso significa que un medio no puede limitarse a decir “somos independientes” o (pertenecemos a tal grupo): debe identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si hay propiedad pública directa o indirecta. El mismo artículo del EMFA añade que los medios de noticias y actualidad deben adoptar medidas para salvaguardar la independencia editorial y para revelar posibles conflictos de interés. 

En el mismo sitio en el que señala quiénes son los dueños del Grupo Godó, La Vanguardia da cuenta del “importe total de publicidad proveniente de entidades, organismos públicos o empresas de titularidad pública (estatales, autonómicos, municipales o de cualquier otro ámbito)” que recibió en 2024: 8.347.920 euros, especificando en este caso que representa el 11,8% de la cifra de negocio del periódico.

Mundo Deportivo recurre al mismo procedimiento para declarar haber recibido 1.554.519 euros (6,68% de la cifra de negocio) en 2024. RAC1 reseña 5.380.416 (21,74% de la cifra de negocio). RAC105, su emisora musical, en cambio, no revela esta información. 

En total estamos hablando de 15.282.855 euros, el 54,62% a través de La Vanguardia, el 35,20% con RAC1 y el 10,17% mediante Mundo Deportivo.Es una suma que más que cuadriplica lo que el grupo declaró como beneficios en 2024.

Según el informe hecho público este año por el Gobierno de España, el Grupo Godó recibió de la Administración central en 2025 un total de 1.863.103,28 euros, la décima cifra más elevada de todos los grupos de comunicación en España. 

Godó no lo detalla, pero a la vista de estas cantidades se puede deducir que el grueso del dinero público que fluye hacia sus medios (un 87,8%, aproximadamente) procede de comunidades autónomas y ayuntamientos. Según El Triangle, el Grupo Godó volvió a ser en 2024 el mayor beneficiario de publicidad institucional del Govern catalán, con más de 5,3 millones de euros.

La política democrática no consiste únicamente en ganar elecciones. Consiste también en administrar con prudencia el dinero que pertenece a todos y a todas, someterse a controles, explicar las decisiones y actuar con ejemplaridad, especialmente cuando se gestionan millones de euros procedentes de los ciudadanos.

Por eso, la compra de un ático de lujo en el paseo del General Martínez Campos número 35 por Planifica Madrid, sociedad mercantil íntegramente pública adscrita a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, no puede despacharse como una operación inmobiliaria ordinaria.

No lo es.

Estamos ante la adquisición, formalizada el 14 de abril de 2026, de una vivienda residencial de aproximadamente 485 metros cuadrados —cerca de 200 de terraza— cuyo precio es de seis millones trescientos mil euros. Tres meses y medio después, el 30 de julio, y cuando apenas había pasado un día desde que la prensa revelara la existencia de la compra, el Gobierno regional anunció que el inmueble volvería a ponerse en venta.

Durante ese tiempo, la vivienda no prestó servicio público alguno.

Esta secuencia —comprar en abril, ocultar la operación durante meses, y ordenar la venta en julio inmediatamente después de hacerse pública— constituye, por sí sola, un fracaso político, administrativo y ético de enorme gravedad.

El primer problema es elemental: lo adquirido no era un edificio administrativo ni un inmueble acondicionado para oficinas. Era una vivienda situada en la última planta de un edificio residencial y, según la documentación examinada, se encontraba ocupada por arrendatarios en el momento de la adquisición.

La explicación inicial del Gobierno madrileño fue que el ático serviría como oficina temporal para la presidenta Isabel Díaz Ayuso y un pequeño equipo mientras se realizaban obras en la Real Casa de Correos. Después se dijo que sería utilizado para reuniones institucionales. Más tarde se afirmó que ni siquiera estaba decidido quién iba a trasladarse al inmueble. Finalmente, cuando el escándalo adquirió dimensión pública, se anunció su venta para contribuir a financiar la reconstrucción de los municipios afectados por los incendios. En menos de veinticuatro horas aparecieron varias explicaciones diferentes sobre el destino de una vivienda adquirida tres meses y medio antes.

Cuando un Gobierno cambia repetidamente la justificación de una operación millonaria, el problema ya no es solo de comunicación. El problema es que surge la duda razonable de si existió realmente una finalidad pública concreta, previa y documentada. La situación resulta todavía más difícil de explicar porque la normativa urbanística aplicable impediría, en principio, destinar libremente un ático de un edificio residencial a oficinas administrativas. El uso como despacho profesional doméstico está sujeto a condiciones restrictivas y exige mantener el uso residencial principal.

Dicho de otra manera: antes de gastar seis millones trescientos mil euros de dinero público, alguien debía haber comprobado si el inmueble podía utilizarse legalmente para la finalidad anunciada.

A día de hoy no consta públicamente que esa comprobación se realizara.

La operación resulta socialmente especialmente reprochable en una comunidad donde miles de jóvenes no pueden emanciparse, muchas familias destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler y acceder a una vivienda se ha convertido en una de las principales fuentes de desigualdad.

Mientras los ciudadanos escuchan que la Administración no puede resolver todos sus problemas, una empresa pública adquiere una vivienda de lujo, con una terraza cercana a los 200 metros cuadrados, en una de las zonas más caras de Madrid.

No se compró un modesto espacio de trabajo.

No se alquiló temporalmente una oficina.

No se utilizó un edificio público ya disponible.

Se compró una vivienda residencial de seis millones trescientos mil euros.

La crítica no deriva de que una Administración necesite espacios adecuados para trabajar. Deriva de que debe escoger la solución más eficiente, económica, transparente y proporcionada. Y adquirir una vivienda de lujo para un uso provisional, sin que conste estudio comparativo frente al alquiler o al aprovechamiento de oficinas públicas, difícilmente supera ese examen.

El poder público no puede pedir sacrificios a los ciudadanos mientras se reserva para sí decisiones inmobiliarias que ningún gestor prudente adoptaría con su propio patrimonio.

La operación se produce, además, en un contexto que exige explicaciones especialmente claras. La pareja de la presidenta había puesto en venta las viviendas en las que residían en Chamberí, inmuebles situados igualmente en una zona próxima. Medios de comunicación han informado de la comercialización de dos pisos vinculados a Alberto González Amador por una cifra conjunta superior a tres millones de euros. Fuentes cercanas a la presidenta han negado cualquier relación entre esas ventas privadas y el ático adquirido por PLANIFICA MADRID.

Debe afirmarse con rigor: no existe, con la documentación actualmente pública, prueba suficiente para sostener que el ático se adquiriera como residencia personal de Isabel Díaz Ayuso o de su pareja.

Pero la coincidencia temporal y geográfica hace todavía más imprescindible que se publique inmediatamente el expediente completo.

La mejor forma de desmentir cualquier sospecha no es atacar a la prensa ni invocar campañas de desprestigio. Es enseñar los documentos.

¿Quién propuso concretamente ese inmueble?

¿Quién lo visitó?

¿Por qué se exigió confidencialidad incluso antes de la visita?

¿Quién decidió que una vivienda residencial era preferible a unas oficinas?

¿Quién iba a ocuparla?

¿Existió alguna intervención directa o indirecta de Presidencia?

Estas preguntas no constituyen una acusación penal. Constituyen el mínimo control democrático exigible cuando se comprometen millones de euros de todos los madrileños.

La compra no se realizó directamente por la Administración autonómica, sino a través de PLANIFICA MADRID, una sociedad pública que funciona bajo forma mercantil.

Esa elección no es jurídicamente neutra.

La adquisición directa por la Comunidad de Madrid habría quedado sometida a la legislación patrimonial: necesidad de crédito adecuado y suficiente, procedimiento patrimonial, valoración técnica, informe jurídico, motivación de la adquisición directa, posible autorización del Consejo de Gobierno y fiscalización de la Intervención.

La Ley 3/2001, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, establece como regla general el concurso para la adquisición onerosa de inmuebles por la Administración y exige que cualquier adquisición directa se fundamente en circunstancias justificadas.

La utilización de una sociedad mercantil pública permitió operar mediante un negocio privado, al margen de varios de esos controles administrativos previos.

La doctrina conoce este fenómeno como “huida del Derecho administrativo”: utilizar formas privadas para realizar actividades materialmente públicas, reduciendo las garantías, controles y mecanismos de fiscalización propios de la Administración.

No significa que toda actuación de una sociedad pública sea ilegal. Significa que cuanto menos control previo existe, mayor debe ser la transparencia posterior y más sólida debe ser la justificación económica de la decisión.

En este caso ocurrió exactamente lo contrario.

No se conoció públicamente la compra en abril.

No se publicó el precio.

No apareció una memoria justificativa.

No se hizo pública una tasación.

No se identificó la fuente de financiación.

No se explicó quién ocuparía el inmueble.

La ciudadanía conoció la operación meses después, no por iniciativa del Gobierno, sino porque un medio de comunicación la localizó en el Registro de la Propiedad.

La opacidad, por tanto, no fue una impresión política. Fue el resultado objetivo del procedimiento escogido.

La supuesta necesidad del ático se vinculó a unas obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. Pero unas obras de esa naturaleza no aparecen espontáneamente. Requieren proyecto, aprobación técnica, expediente de contratación o encargo a medio propio, publicación en el perfil de contratante, autorización patrimonial cuando afecta a un inmueble protegido y una previsión cierta de comienzo.

Según la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas, no se ha localizado públicamente ninguno de esos documentos anterior a la compra del 14 de abril. El último contrato de entidad conocido sobre la Real Casa de Correos se refería a la fachada y fue ejecutado en 2025; otras actuaciones anteriores afectaban a comunicaciones, cafetería, carpinterías y accesos, no a la rehabilitación interior invocada posteriormente.

La fecha de los documentos es decisiva.

Si el proyecto de obras, la memoria de necesidad o la autorización patrimonial son posteriores a la adquisición, la explicación oficial quedaría gravemente comprometida. Significaría que la justificación se construyó después de la compra y no antes de comprometer los fondos públicos.

Y si los documentos son anteriores, el Gobierno no tiene ninguna razón legítima para ocultarlos.

La operación encierra otra contradicción difícil de justificar.

Planifica Madrid ya era propietaria de oficinas en la tercera planta del número 6 de la Gran Vía, arrendadas precisamente a la Consejería de Presidencia y ocupadas por la Comisión Jurídica Asesora. La sociedad llevaba desde agosto de 2025 intentando vender ese inmueble por un precio de salida de 14,2 millones de euros, sin haber encontrado comprador.

Es decir, la Comunidad pretendía vender oficinas ya destinadas a uso administrativo mientras compraba una vivienda residencial para utilizarla, supuestamente, como dependencia administrativa provisional.

La contradicción es evidente.

Si existía patrimonio público apto para oficinas, ¿por qué no se utilizó?

Si estaba ocupado, ¿por qué no se estudió otro inmueble administrativo?

¿Por qué no se acudió a un alquiler temporal?

¿Por qué se escogió una vivienda de lujo y no un espacio funcional?

No consta públicamente un estudio que comparase las alternativas. Tampoco una memoria económica que demostrase que comprar era más barato que alquilar.

En la gestión pública, la ausencia de comparación entre alternativas no es una cuestión menor. Es la diferencia entre administrar y disponer arbitrariamente de recursos ajenos.

Incluso aunque el ático se revenda por el mismo precio —o incluso con una eventual plusvalía—, la operación ya ha generado gastos que no se recuperarán.

La compra de un inmueble millonario puede producir impuestos, aranceles notariales y registrales, costes de gestoría, honorarios de intermediación, seguros, conservación y costes financieros derivados de mantener inmovilizados varios millones de euros.

La posterior venta generará nuevos gastos, eventuales comisiones, tributación local y el riesgo de que una comercialización precipitada obligue a aceptar un precio inferior.

La denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas calcula, a título orientativo y utilizando una hipótesis de compra de seis millones de euros, que el quebranto podría superar ampliamente los 400.000 euros y aproximarse al millón, dependiendo de la carga tributaria, las comisiones y el precio final de venta. Se trata de una estimación que deberá verificarse mediante la contabilidad real de la sociedad.

Este es el núcleo jurídico del asunto.

El daño no consistiría necesariamente en el precio del inmueble, porque el bien entró en el patrimonio público. El posible menoscabo reside en los costes irreversibles de una operación de ida y vuelta que no produjo utilidad alguna.

Comprar, no utilizar y vender tres meses después no es una política pública.

Es improvisación inmobiliaria sufragada por los contribuyentes.

Tras conocerse la polémica, el Gobierno regional anunció que la venta del ático y de los inmuebles de Gran Vía serviría para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios.

La ayuda a los damnificados es necesaria y debe ejecutarse con rapidez. Precisamente por respeto a quienes han perdido viviendas, negocios o explotaciones, su situación no debería utilizarse para blanquear una operación anterior que nada tenía que ver con los incendios.

La decisión de vender las oficinas de Gran Vía existía desde agosto de 2025. No nació como consecuencia de los incendios. Agrupar ahora esa venta frustrada con la reventa del ático bajo una cifra global de veinte o veintidós millones produce una imagen engañosa: presenta como respuesta extraordinaria una operación que, en su mayor parte, ya se intentaba realizar desde hacía casi un año.

Además, el dinero obtenido por Planifica Madrid pertenecería inicialmente a la propia sociedad. Para incorporarlo a los presupuestos autonómicos sería necesario articular el correspondiente mecanismo societario y presupuestario, como un dividendo, una reducción de capital o una devolución de aportaciones.

No basta con anunciar desde un incendio que el dinero se destinará a las víctimas. La Hacienda pública funciona mediante procedimientos, créditos y controles, no mediante declaraciones políticas improvisadas.

Será el Tribunal de Cuentas quien deba determinar si existió alcance o menoscabo de caudales públicos, quién aprobó la operación, qué informes existían y si concurrió dolo, culpa o negligencia grave.

Pero la responsabilidad política no necesita esperar años a una sentencia.

Una presidenta autonómica es políticamente responsable de que bajo su Gobierno una sociedad pública adscrita a la Consejería de Presidencia compre un ático de lujo para una finalidad relacionada directamente con Presidencia.

Es políticamente responsable de que la operación permanezca oculta.

Es políticamente responsable de que no se publique el precio.

Es políticamente responsable de que las explicaciones sean contradictorias.

Y es políticamente responsable de que el inmueble se ponga en venta inmediatamente después de ser descubierto por la prensa.

Isabel Díaz Ayuso no puede limitarse a decir que ella no se ha comprado nada. Formalmente, el inmueble pertenece a una sociedad pública. Pero precisamente por eso la cuestión es aún más grave: se pagó con fondos públicos y las consecuencias económicas recaen sobre el patrimonio de todos.

No se discute aquí la propiedad privada de la presidenta. Se discute la utilización del poder público para ejecutar una operación inexplicada, opaca y objetivamente ruinosa si se confirma que no tuvo uso alguno.

La Comunidad de Madrid debe publicar sin demora:

Hasta que esos documentos se conozcan, la ciudadanía tiene derecho a sospechar que no está ante una decisión pública racional, sino ante una operación concebida desde el poder, ejecutada sin transparencia y rectificada únicamente cuando fue descubierta.

El dinero público no es del Gobierno de turno.

No es de la presidenta.

No es del consejero que dirige la sociedad.

Es de todos los madrileños.

Y quien compra un ático de lujo con el dinero de todos tiene la obligación política, jurídica y moral de explicar hasta el último euro.

Porque el verdadero escándalo no es solo haber comprado una vivienda millonaria sin finalidad pública acreditada. El verdadero escándalo es que quienes gobiernan Madrid parezcan considerar normal que las explicaciones se den únicamente cuando la prensa descubre aquello que el Gobierno decidió callar.

La gravedad política de este episodio se acentúa al confrontarlo con el discurso público de la propia presidenta madrileña. Isabel Díaz Ayuso ha reclamado la dimisión de Pedro Sánchez por, según sus palabras, “amparar la corrupción y el desastre”, y ha denunciado que España estaría gobernada por “minorías totalitarias”.

Todo dirigente democrático tiene derecho a exigir responsabilidades políticas al adversario. Pero ese derecho pierde credibilidad cuando no se aplica el mismo estándar a la gestión propia.

Quien reclama dimisiones por la mera proximidad política con actuaciones controvertidas no puede responder con victimismo, descalificaciones a la prensa o acusaciones de campañas de desprestigio cuando la operación cuestionada se produce en el núcleo mismo de su Gobierno, afecta directamente a la Consejería de Presidencia y tenía como destino inicialmente anunciado el uso de la propia Presidencia autonómica.

La responsabilidad política no puede funcionar como un arma reservada exclusivamente para el contrario. O constituye una regla general de ejemplaridad democrática o se convierte en simple propaganda partidista.

Si la presidenta considera que Pedro Sánchez debe dimitir por “amparar” conductas ajenas, con mayor razón debería ofrecer explicaciones exhaustivas sobre una operación inmobiliaria ejecutada por una sociedad pública integrada en su propia Administración, sufragada con dinero de los madrileños y vinculada institucionalmente a su Presidencia.

No se trata de equiparar supuestos jurídicos distintos ni de anticipar responsabilidades que deben ser investigadas. Se trata de aplicar una regla elemental de coherencia: quien exige transparencia, dimisiones y responsabilidades a los demás debe empezar por practicarlas en su propia casa.

Resulta especialmente paradójico llamar a la movilización ciudadana contra la supuesta degradación institucional del adversario mientras se mantiene oculto el precio de una vivienda millonaria adquirida con fondos públicos, no se exhibe la memoria que justificaría su necesidad y se modifica su destino tan pronto como la operación es descubierta.

La ejemplaridad no consiste en elevar el tono contra el Gobierno de España. Consiste en rendir cuentas cuando el dinero cuestionado procede del presupuesto propio.

Antes de presentarse como fiscal moral de la política española, Isabel Díaz Ayuso debería responder ante los madrileños a una pregunta mucho más sencilla: ¿por qué se compró aquel ático, quién tomó la decisión, por qué firmó un acuerdo de confidencialidad y pidió privacidad y discreción durante toda la operación a la inmobiliaria promotora que anunció el ático en venta?

La democracia no se defiende únicamente exigiendo dimisiones al contrario. También se defiende asumiendo responsabilidades cuando las explicaciones propias no resultan convincentes.

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Roberto Granizo Palomeque es el presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

Detrás de Atresmedia, el conglomerado audiovisual del que dependen la televisión privada más vista de España (Antena 3), el canal de sello progresista La Sexta y la emisora de radio Onda Cero, una de las referencias en algunas franjas horarias para la derecha española, hay dos familias. La primera es de aquí y tiene tres ramas que parten del tronco original que en su día representó el fundador del Grupo Planeta, José Manuel Lara, barcelonés de adopción y fallecido en 2003. La otra familia, De Agostini, es italiana, también tiene un origen editorial y hace años que comparte negocios con sus socios españoles.

En el grupo español se dan cita los nietos del fundador a través de tres linajes: los Lara García (hijos de José Manuel Lara Bosch: José Manuel, Pablo, Marta y Ángela); los Lara Hoces (hijos de Fernando Lara Bosch: Fernando y Patricia) y los Falcó Lara (hijos de Inés Lara Bosch: Laura y Juan).

Cada una de estas tres ramas ostenta aproximadamente un tercio (33%) del capital de Planeta. Esta estructura procede de la división inicial del fundador entre sus cuatro hijos: José Manuel y Fernando (26% cada uno), e Inés y Maribel (24% cada una). Con el fallecimiento de Fernando (1995), José Manuel (2015) y Maribel (2023, sin descendencia), sus participaciones se han repartido entre las ramas vivas, quedando con un tercio cada una.

En noviembre de 2023, los Lara García pusieron a la venta su tercio (33%). Encargaron la operación al banco de inversión Morgan Stanley, con una valoración de alrededor de 900 millones de euros para ese paquete, lo que implicaría una valoración total del grupo Planeta de 2.700 millones.

La decisión, según fuentes periodísticas, generó un conflicto familiar con las otras dos ramas (Lara Hoces y Falcó Lara), temerosas de una posible entrada de un socio externo en el grupo. De momento no hay constancia de que la venta se haya consumado. O de que los Lara García hayan desistido de la venta.

De Agostini, la familia italiana con la que los Lara llevan asociados desde 1982, es un holding multinacional presente en edición, coleccionables, hobbies, medios, televisión y entretenimiento. El grupo cotiza en bolsa y está controlado por la familia Drago; en su cuarta generación, la dirección estratégica y operativa la encabezan dos hermanos, Enrico y Nicola Drago, que lideran conjuntamente el holding con una estructura de gobernanza dual. Enrico se responsabiliza de los sectores de loterías y juegos, así como de todas las actividades financieras del grupo; Nicola, por su parte, dirige la división editorial y educativa, el sector sanitario y los medios de comunicación, incluidas sus participaciones en Banijay (un grupo europeo de producción y distribución de contenidos audiovisuales, con sede en Francia) y Atresmedia.

Planeta y De Agostini controlan Atresmedia a través de una sociedad instrumental llamada Grupo Pasa Cartera, que posee, según la web del grupo audiovisual, el 41,7% de las acciones. Un 15,1% está en manos de UFA/RTL, la puerta de entrada en España del Grupo Bertelsmann, el gigante alemán de medios, propietario de docenas de canales de televisión y radios en Europa, que utiliza la combinación RTL-UFA como vehículo societario.

El resto de las acciones (42,95%), siempre según la escasa información publicada por Atresmedia en su web, está en manos de “empresas”. Un bloque amplio, al parecer, de participaciones repartidas entre multitud de fondos, gestoras e inversores minoristas. Es el colchón de mercado que mantiene su condición de compañía cotizada: acciones en manos del mercado, no controladas por un solo grupo, que dan liquidez al valor y permiten la entrada y salida de nuevos inversores, pero que no configuran, hoy por hoy, un centro de mando en el gobierno de la compañía.

Nada de esta información está disponible en las webs de Antena 3 o de Onda Cero, y solo figura de forma muy incompleta en la de la matriz, Atresmedia. Ninguna de ellas publica de forma directa, clara y fácilmente accesible quiénes son los dueños de estos medios, las personas físicas que tienen la última palabra, como exige el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés).

El artículo 6 de esta norma europea, que entró en vigor en agosto de 2025, establece que los prestadores de servicios de medios deben hacer fácil y directamente accesible información actualizada sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos, sus beneficiarios efectivos y el dinero que reciben por publicidad institucional.

En la práctica, eso significa que un medio no puede limitarse a decir “somos independientes” o “pertenecemos a tal grupo”: debe identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si hay propiedad pública directa o indirecta. El mismo artículo del EMFA añade que los medios de noticias y actualidad deben adoptar medidas para salvaguardar la independencia editorial y para revelar posibles conflictos de interés.

Una de las informaciones que están obligados a hacer pública es la publicidad institucional que reciben. El Gobierno reveló hace unos días que Atresmedia es el segundo grupo que más dinero por este concepto ingresó del Ejecutivo en 2025: 8.929.631 euros (12,19% del total invertido). Pero apenas se sabe nada de lo que obtienen de comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones provinciales. 

Ese detalle no aparece en las webs de Antena 3 o en la de La Sexta, pese a que es obligatorio, en aplicación del EMFA. Pero sí en la de Onda Cero, que especifica, en un enlace escondido al pie de su página principal, que el importe anual de fondos públicos en publicidad para medios de comunicación del Grupo Atresmedia ascendió en el ejercicio 2025 “a la cantidad de 34.320.836 euros, que representan el 3,424% sobre el total de los ingresos del Grupo, procediendo un 3,422% de autoridades españolas y un 0,003% de autoridades de terceros países”. De lo que se deduce que el año pasado Atresmedia recibió casi tres veces más dinero de administraciones autonómicas y locales que del Gobierno de España.

Al frente de Atresmedia hay un triángulo: el presidente del consejo, José Creuheras, que también preside el Grupo Planeta; Javier Bardají, que es el consejero delegado; y el miembro del consejo de administración Mauricio Casals, conocido por el sobrenombre de “el príncipe de las tinieblas”, por su extraordinaria capacidad de influencia en la política, la economía y los medios. 

Casals preside la otra pata mediática de Planeta, el diario La Razón, uno de los más significados en el ecosistema de la derecha a pesar de sus cifras de difusión relativamente modestas (ocupa el puesto 17º en el ranking de diarios, según el último EGM). La Razón tiene como director a Francisco Marhuenda, exdiputado del PP en Cataluña y asesor de Mariano Rajoy durante su etapa como ministro. Y tampoco publica quiénes son sus dueños ni la publicidad de origen público que recibe.

La influencia mediática de Atresmedia depende directamente de Antena 3, que no solo es la cadena de televisión más vista del país, además del negocio más rentable de la compañía, sino que algunos de sus programas, en particular los de más audiencia, El Hormiguero y el informativo de la noche, presentado por Vicente Vallés, son una referencia clave para la derecha.

Otra cosa es La Sexta, formalmente de orientación progresista, cuyas cifras de audiencia están cayendo progresivamente desde hace tiempo. En la temporada 2025-2026 ha perdido seis décimas y se ha quedado en un 6% de cuota, lo que supone tener que hacer frente a una realidad traumática: haber sido adelantada por Cuatro, del grupo rival Mediaset, por primera vez en doce años.

El negocio de Atresmedia se extiende a otras cadenas de TDT –Neox, Nova, Mega, y Atreseries–, además de a Atresplayer, Flooxer y Atresmedia Digital como marcas de televisión, plataforma bajo demanda y contenidos online, respectivamente. Poseen también la productora Atresmedia Cine —a través de la filial DeAPlaneta Entertainment, que produce y distribuye películas, series de televisión y contenido de animación a nivel global— y las emisoras musicales Europa FM y Melodía FM, aunque en este campo su gran apuesta es la generalista Onda Cero, la tercera radio con más audiencia de España (algo más de dos millones de oyentes, según el EGM).

Más allá de ese perímetro, su negocio comercial se extiende a Atresmedia Publicidad y Atresmedia Diversificación, junto con Atresmedia Internacional, Atresmedia Cine, Atresmedia Studios y Atresmúsica.

El año pasado entró con fuerza en el sector de la publicidad exterior con la adquisición de uno de los actores más relevantes, la compañía Clear Channel, con una presencia muy fuerte en mobiliario urbano y centros comerciales y pionera en la digitalización de soportes en Madrid y Barcelona. Atresmedia se la quedó por unos 115 millones de euros, después de que Competencia bloquease su adquisición por parte de JCDecaux, tras la decisión de su matriz estadounidense de salir del mercado español.

La decisión de Atresmedia de diversificar sus soportes publicitarios encaja con el retraimiento del mercado de anuncios en las televisiones privadas producido en 2025.

El Grupo Planeta y sus intereses, sin embargo, se extienden mucho más allá de lo mediático. Es el primer grupo editorial y de comunicación en el mercado de habla hispana, con una posición muy destacada tanto en la edición de libros como en la educación superior.

El núcleo editorial cuenta con más de 70 sellos editoriales en España y América Latina —además de la cadena de librerías Casa del Libro y su plataforma de comercio electrónico— con los que libra un pulso titánico con su eterno rival, Penguin Random House. Entre ambos se calcula que controlan más del 45% y hasta el 50% de las ventas de literatura general (ficción y no ficción) en España.

Una de las divisiones que más ha crecido en las últimas décadas es la de educación superior. Incluye la Universidad UNIE (Madrid) y Universitat Carlemany (Andorra); escuelas de negocios como EAE Business School e Inesdi Business Techschool; y centros de formación profesional avanzada como iFP (Innovación en la Formación Profesional).

A través de Planeta Formación y Universidades, el grupo ha tejido una red de centros propios y en colaboración con instituciones académicas fuera de España, sobre todo en Francia, Italia, Colombia, Marruecos y EEUU. En Francia son propietarios de escuelas como EDC Paris Business School, ESLSCA Business School y el Institut Supérieur de Marketing du Luxe. Cuentan además con la Rome Business School en Italia, y universidades o centros formativos de alcance americano como BIU University (Broward International University, con sede en EEUU y orientada al público hispanohablante), además de instituciones en Colombia (ESEIT y la corporación IBERO).

El ámbito del entretenimiento y la cultura del ocio se articula principalmente alrededor de marcas como Altaya y Editorial Planeta DeAgostini, con negocios vinculados a la venta directa o el coleccionismo.

El tamaño y la diversidad de actividades de Planeta y De Agostini hace inevitables los conflictos de intereses en sus principales medios, Antena 3, Onda Cero, La Sexta y La Razón. Porque el grupo no solo informa, sino que también vive de sectores sobre los que luego emite juicio periodístico. La frontera entre negocio y redacción se vuelve más delicada cuando el mismo accionista controla medios, editorial, educación, librerías y entretenimiento audiovisual.

El primer foco de conflicto está en el sector audiovisual y mediático. Cualquier información sobre regulación de medios, competencia, publicidad institucional, audiencias o concentración audiovisual puede quedar bajo sospecha, porque afecta directamente a su propio perímetro empresarial.

El segundo foco es el sector editorial y librero. Planeta domina un amplio catálogo de sellos y mantiene una posición central en el mercado del libro en español, de modo que la cobertura sobre premios literarios, mercado editorial, distribución, ayudas públicas o políticas de lectura nunca es neutra del todo cuando el propio grupo tiene intereses tan amplios en ese ecosistema.

La tercera zona sensible es la educación superior y la formación. El grupo afirma que Planeta Formación y Universidades agrupa decenas de instituciones y programas en varios países, lo que convierte cualquier debate sobre universidades privadas, FP, acreditaciones, becas o regulación educativa en un terreno potencialmente conflictivo para sus medios. Y el trato a las instituciones que conceden autorización para estos centros de estudios, como ocurrió en Madrid con la concesión de una universidad, queda bajo sospecha.

En el caso de De Agostini, el riesgo más claro se concentra en juegos, loterías y actividades financieras. Según la información corporativa disponible, Enrico Drago asume precisamente esos sectores, junto con las finanzas del holding, mientras Nicola Drago se ocupa de edición, educación, medios y sanidad; esa combinación multiplica los cruces posibles entre intereses empresariales y cobertura informativa.

También hay un ámbito delicado en entretenimiento y producción audiovisual, porque De Agostini comparte negocios con Planeta en Atresmedia y participa en Banijay. Eso importa especialmente cuando los informativos tratan sobre la industria televisiva, la producción de contenidos, las plataformas o la competencia entre grupos, porque el medio no está observando el mercado desde fuera, sino desde dentro.

El problema de fondo sigue siendo la transparencia. El EMFA exige que la propiedad y los posibles conflictos de interés sean fácilmente accesibles para el público, porque sin esa información resulta imposible evaluar con rigor la independencia editorial de un medio.

Comenté en un artículo reciente que el proyecto de ley que está en sede parlamentaria tiene ahora la oportunidad de ser debatido y mejorado por los grupos parlamentarios; es el momento de demostrar más ambición en la gobernanza de la IA y pasar de un texto de mínimos a una versión más valiente. 

Como un antecedente, conviene recordar que la Unión Europea tenía previsto que en el próximo mes de agosto empezaran a aplicarse las obligaciones del reglamento de IA (RIA), para los sistemas usados en el ámbito laboral. Aunque esta norma comunitaria entró en vigor hace casi dos años, la parte relativa a su aplicación en las empresas debía comenzar dentro de pocos días. Sin embargo, Parlamento Europeo y Consejo alcanzaron recientemente un acuerdo político dentro de un paquete legislativo conocido como Omnibus Digital, en el que determinaron retrasar a diciembre de 2027 la entrada en vigor de las nuevas obligaciones en materia de sistemas de IA de alto riesgo, entre ellas las laborales.

El Gobierno, a través en esta ocasión de su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado muy recientemente que ve con recelo esta demora y planea defender que la regulación de la inteligencia artificial y los algoritmos en el mercado laboral español sea más estricta y vaya más allá de los mínimos exigibles que marca el RIA a las empresas a la hora de usar todo tipo de tecnología algorítmica para objetivos como la selección de personal; la evaluación del desempeño profesional; las decisiones de promoción o despidos o la monitorización de trabajadores, entre otras cuestiones.

Con estas manifestaciones, críticas a la postura desreguladora de la UE, el Gobierno se sumaría a la posición de muchas organizaciones de la sociedad civil, que han criticado y siguen criticando esta postura liderada por Estados Unidos y, por omisión, por la Comisión Europea en materia del uso de la IA.

Llegados a este punto conviene destacar que una buena parte de las propuestas de mejora del proyecto de ley referido, preparadas para los Grupos Parlamentarios por parte de la Fundación Alternativas, coinciden con estas inquietudes manifestadas por el Gobierno de coalición.

Ante este cúmulo de informaciones que convergen en la necesidad de mejorar el proyecto de ley presentado, solamente cabe esperar de su trámite parlamentario un resultado: que se pase de las palabras a los hechos, porque a pesar de que la Comisión Europea pida tiempo, el mundo del trabajo no puede esperar.

Un primer aspecto clave de la mejora que se espera del proyecto es el de consolidar las garantías suficientes para la transparencia algorítmica y el control humano. Uno de los principios fundamentales de la IA es que sea explicable y, por tanto, hay que garantizar la posibilidad de auditar o ejercer control sobre los algoritmos, siendo lo prioritario asegurar que la decisión última antes de ser aplicado un sistema sea adoptada por un ser humano que pueda explicar, por ejemplo, cómo se ha llegado a un resultado. En el fondo de las decisiones que deben adoptar las organizaciones están los algoritmos, que son el corazón de los sistemas que se desarrollan, pero lo importante es que el cerebro del proceso siga siendo humano. Por ello es conveniente comprender bien todas las etapas, educando sobre su importancia, por ejemplo, en la rectificación de sesgos cuando se haya detectado que un programa va en contra de derechos fundamentales.

Un segundo aspecto clave que debería corregirse es el resultado de la falta de diálogo social en la versión actual del proyecto normativo. Ese ha sido, por cierto, uno de los reproches más serios del Consejo Económico y Social (CES). Por ello, otra de las mejoras sustanciales del proyecto consistiría en articular la necesaria coordinación de la Agencia Española de Supervisión de la IA y la Agencia Española de Protección de Datos, en tanto que agencias supervisoras de la IA en nuestro país, con otras instituciones. Instaurar esta coordinación supondría, por ejemplo, asegurar la participación y el seguimiento de las autoridades nacionales, económicas, laborales y sociales en sus correspondientes ámbitos y en lo relativo al desarrollo de la IA, incluyendo también a una representación de los trabajadores y de los empresarios. Esta propuesta de mejora va en la línea de propiciar, entre otras, una participación sindical informada y una coordinación real entre Inspección de Trabajo con las agencias de supervisión antes mencionadas.

Un tercer aspecto clave que habría que corregirse es el déficit en el articulado de la apertura de sistemas de coordinación de las autoridades encargadas de la supervisión y vigilancia del mercado, con los foros de consulta existentes en la Unión Europea.

Un cuarto aspecto clave es conseguir que el Gobierno garantice en la norma que finalmente resulte aprobada en el Congreso, el proceso de una negociación colectiva en el marco de lo que ya establece la norma comunitaria sobre IA.

En resumen, todo ello es lo que interpreto como una falta de valentía en la gobernanza de la IA; pero ahí está la oportunidad de que se corrija en el trámite parlamentario, pues el texto que aprobó el Gobierno de coalición progresista en el mes de mayo pasado acentúa la impresión de que es un proyecto de mínimos en su actual versión, y no incluye, curiosamente, muchas de las ambiciones explicitadas por sus distintos miembros en torno a este tema.

El poder legislativo tiene ahora la palabra.

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Antoni Farriols es analista de aplicaciones informáticas, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

El ultra Alvise Pérez sigue cobrando de empresas privadas por supuestas labores de consultoría mientras ejerce como eurodiputado en Bruselas. Así lo ha desvelado esta semana infoLibre. Esos ingresos, que ascienden a más de 280.000 euros en los primeros meses de 2026, se suman a otra larga lista en los últimos años: su sueldo como eurodiputado, pagos de redes sociales, donaciones de particulares o lo percibido como supuesto influencer.

En total, Alvise ha ingresado al menos 1.255.008 euros entre julio de 2022 y junio de 2026, los últimos cuatro años, según el cálculo realizado por infoLibre a partir de las sucesivas declaraciones de intereses que el eurodiputado ha tenido que ir presentando ante el Parlamento Europeo. Aunque es eurodiputado desde 2024, la institución obliga a todos sus parlamentarios a declarar las retribuciones dinerarias percibidas en los tres años anteriores a ocupar el escaño.

Solo en lo que va de 2026, el ultra ha facturado ya más de medio millón de euros, más que en ningún otro año. Eso se debe, principalmente, a los 288.044 euros que ha cobrado de empresas privadas "del sector de la comunicación", a la asignación que recibe como eurodiputado y a los ingresos por el libro que ha autopublicado.

Además, en la declaración de intereses modificada que ha presentado este mes de julio también ha incluido cobros por suscripciones de usuarios en redes sociales —por lo que infoLibre también ha contabilizado estos ingresos en la suma correspondiente a 2026—. En cualquier caso, en los últimos meses Alvise ha facturado más por los pagos que está recibiendo de empresas —de las que asegura que son españolas pero se niega a aclarar cuáles son— que por cualquier otro concepto, incluido su sueldo de la Eurocámara. 

Antes de lograr su escaño en Bruselas, su principal fuente de ingresos eran lo que él define en sus declaraciones de intereses como ingresos por su actividad profesional como influencer. Aun así, en esos documentos él mismo detalla que las cantidades provenían esencialmente de "microdonaciones de particulares que apoyan mi movimiento social".

infoLibre ha contactado con Alvise Pérez para preguntarle por ciertos extremos de sus ingresos y de sus declaraciones de intereses que no están del todo claros. El eurodiputado no ha respondido a muchas de las preguntas que se le han hecho llegar, como qué empresas españolas le están pagando por lo que él define como labores de "consultor freelance en redes sociales y comunicación".

En cambio, sí ha asegurado a este medio lo siguiente: "¿Parece mal que dentro de la ley y la normativa siga ganando dinero de mi trabajo, máxime cuando dono el 100% neto íntegro de mi sueldo ordinario de eurodiputado?". Alvise asegura donar su sueldo, pero en plena campaña electoral había prometido algo distinto: sortearlo mes a mes. A pesar de ello, realizó únicamente dos sorteos y hace ya dos años que no lleva a cabo ninguna acción de ese tipo.

Tras esos dos primeros sorteos, en octubre de 2024 anunció públicamente que iba a paralizarlos durante tres meses para donar las cantidades a los afectados por la dana de Valencia. Después de ese periodo no ha vuelto a hablar de sorteos en su canal de Telegram y hace ahora un año reconoció públicamente que los daba por terminados. Como justificación alegó una inspección de Hacienda, pero sin aportar mayor explicación al respecto.

No se volvió a saber nada sobre el destino de su sueldo hasta finales de 2025, cuando aseguró que había intentado donar 50.000 euros a la Fundación de Huérfanos de la Policía Nacional, pero esta declinó el donativo para mantener la neutralidad política. Fue entonces cuando Alvise anunció que lo intentaría con la Fundación de Huérfanos de la Guardia Civil, pero no se ha vuelto a pronunciar al respecto.

En resumidas cuentas, Alvise solo ha anunciado públicamente el sorteo y donación a particulares de sus primeras asignaciones mensuales como eurodiputado. Concretamente, de las 2,5 primeras —el primer mes de los nuevos parlamentarios europeos no lo ejercieron al completo—. Sobre las siguientes, no se sabe si ha llegado a realizar donaciones de forma efectiva. infoLibre le ha preguntado dónde se pueden constatar esos donativos que ahora asegura estar transfiriendo y a quién los está dirigiendo. "Que dono mi sueldo está en mi declaración de la renta 😆", ha respondido, omitiendo la segunda cuestión y que las declaraciones de la renta no son públicas.

Los europarlamentarios cobran mensualmente 10.255,26 euros brutos, según la asignación establecida por la Eurocámara para 2025 y que se ha mantenido igual para 2026, según ha confirmado el Parlamento Europeo a infoLibre. En 2024, año en el que Alvise llegó a Bruselas, el sueldo mensual era de 10.075,18 euros brutos al mes.

La cuantía de la asignación de los diputados se fija utilizando como referencia el sueldo base de un juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: a los miembros del Parlamento Europeo les corresponde el 38,5% de esa asignación base. Desde que llegó a Bruselas en julio de 2024, Alvise ha cobrado ya más de 240.000 euros brutos por este concepto.

Otro asunto que tampoco queda claro con su nueva declaración de intereses es qué ha pasado con las donaciones que, al menos anteriormente, recibía. En la modificación de la declaración de intereses de este mes de julio Alvise asegura: "Desde 2024, estas donaciones no las recibo yo a título personal, sino que se destinan directamente a mi partido político".

La afirmación del eurodiputado de Se acabó la fiesta (SALF) en ese documento oficial resulta sorprendente en tanto que en su declaración anterior, de noviembre de 2025, decía seguir recibiendo las "microdonaciones de particulares que apoyan mi movimiento social". Aun así, no detallaba cuántos ingresos le suponían y remitía a una "declaración a final de año" en la que "los ingresos exactos generados serán actualizados". En lugar de hacer esa actualización, ahora asegura no percibirlos.

En esa misma línea se ha expresado cuando le ha contactado infoLibre: "He dejado de recibir donaciones, bloqueado la cuenta y animado a todos los que me donaban a que se afiliaran a SALF, algo que ha funcionado con éxito para más de 10.000 afiliados en pocos meses. ¿Tampoco es positivo renunciar a tamaña cantidad económica para que se lo quede el proyecto político? Todos los demás cobran del partido, y yo hago todo lo contrario y sigo siendo criticable. Irónico, ¿no?".

A pesar de lo que asegura el político, este diario ha podido comprobar que el mensaje que tiene fijado en su canal de Telegram —su principal vía para relacionarse con sus seguidores— enlaza tanto a su perfil de Patreon como a una cuenta a su nombre en Revolut. En ambos lugares puede recibir donaciones. De hecho, infoLibre ha certificado que la cuenta de Revolut —que consta a nombre de Luis Pérez Fernández, el nombre real y completo de Alvise— no está bloqueada y se le pueden seguir haciendo transferencias. Tras repreguntar sobre esto a Alvise después de recibir su primera respuesta, no ha vuelto a contestar.

Además, aunque el mensaje fijado en su canal data de 2021, sigue siendo el que el político elige para destacar, de forma que aparece a todos los usuarios que entran a leer su canal. El mensaje es claro: "Ante el hostigamiento judicial, político y mediático, puedes ayudar con donaciones voluntarias a Alvise Pérez".

Los ingresos declarados por Alvise ante el Parlamento Europeo —una obligación normativa para todos los eurodiputados— también recogen lo que él ha descrito como su actividad profesional como influencer. El eurodiputado asegura haber cobrado por ello 156.000 euros en 2021, 198.000 en 2022, 145.200 en 2023 y 140.000 en 2024. En el caso de 2024 los 140.000 euros corresponden únicamente al periodo entre enero y julio, cuando ya pasó a ejercer como eurodiputado.

A pesar de esa descripción como influencer, Alvise reconoce en sus declaraciones que todo ese dinero venía de donaciones de particulares. Según sus palabras, "microdonaciones de particulares". Eso sí, entre los cuatro ejercicios hay una excepción: un pago único de 100.000 euros contabilizado en los ingresos de 2024, que corresponde, según él, a su "participación en una charla (no profesional) sobre la carga fiscal y la libertad financiera, celebrada el 6 de abril de 2024 en Madrid".

El pagador de esa suma fue Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain, un empresario de criptomonedas que está en prisión provisional tras ser imputado por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024. 

Aunque Alvise dice que recibió el pago debido a su participación en la charla, este se hizo efectivo más de un mes después de la misma y en plena campaña electoral de las elecciones europeas. Los mensajes entre Romillo y Alvise apuntaban más bien a una financiación de la candidatura del segundo. El ultra aseguraba por aquel entonces al empresario que necesitaba "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas". Alvise tiene una causa abierta por presunta financiación irregular en el Tribunal Supremo derivada de estos hechos.

No es el único problema relacionado con la financiación de su partido y candidatura que ha tenido. El Tribunal de Cuentas denunció el verano pasado que Se acabó la fiesta no había presentado las cuentas de la campaña electoral de las europeas y, por tanto, había incumplido la ley electoral y perdido el derecho a recibir la subvención monetaria que se entrega a las candidaturas que obtienen representación.

El Parlamento Europeo también ha sancionado a Alvise. El eurodiputado cuando llegó a Bruselas rellenó la declaración de intereses indicando únicamente que antes de ocupar su escaño había ejercido como "analista y consultor político - por cuenta propia" pero dejó en blanco la casilla referente a cuántos ingresos le había supuesto esa actividad.

La Eurocámara le penalizó quitándole dos días de dietas. Tras la sanción, Alvise accedió a modificar su declaración de intereses e incluir los ingresos previos a su llegada a Bruselas. Ahora, ha seguido actualizándola para cumplir con el código de conducta del Parlamento Europeo, que especifica cómo tienen que rellenar los eurodiputados la obligatoria declaración de intereses y establece sanciones para los que mientan u oculten información.

"Consultor freelance" para "empresas españolas del sector de la comunicación". Esa labor llevada a cabo en el sector privado, según declara él mismo, le ha reportado al eurodiputado ultra Alvise Pérez 288.044 euros en el último trimestre.

Unas cantidades que se suman, como mínimo, a los 106.000 euros que aseguró haber recibido ya a finales del año pasado con el mismo origen, tal y como reveló también infoLibre. En total, Alvise ha ingresado al menos 390.000 euros de "empresas españolas del sector de la comunicación" en los últimos 12 meses. 

Los eurodiputados pueden trabajar para el sector privado durante su mandato, pero la normativa establece una serie de prohibiciones. Por ejemplo, no pueden ejercer labores de lobby si están remuneradas y vinculadas a la Unión Europea (UE), ni trabajar para empresas que puedan suponer un conflicto de intereses durante su mandato parlamentario.

El problema con Alvise, como ya explicó infoLibre, es que oculta qué empresas españolas le están pagando por esas supuestas labores de consultoría. Ello impide fiscalizar si realmente está cumpliendo con las prohibiciones de la UE.

El parlamentario ha notificado la recepción de los 288.044 euros en una modificación de su declaración de intereses, el documento en el que los eurodiputados deben detallar sus ingresos y actividades tanto previos a su labor parlamentaria como durante su mandato, con el objetivo de rendir cuentas y evitar posibles conflictos de intereses. Esta última modificación la ha presentado este mes de julio, pero al igual que en sus declaraciones anteriores, no detalla las empresas de las que está cobrando.

En esta modificación, Alvise asegura que los pagos que recibe como freelance los anota en su declaración de forma trimestral. Sin embargo, hacía ocho meses que no actualizaba su declaración de intereses. La última vez correspondió al tercer trimestre de 2025, según reconoció a infoLibre, cuando indicó haber cobrado esos otros 106.000 euros. 

Si ha actualizado la declaración con prontitud, los pagos que declara ahora deberían corresponder al segundo trimestre de 2026. infoLibre ha preguntado a Pérez si no ha recibido ingresos de ese tipo en el último trimestre de 2025 y el primero de 2026. El eurodiputado ha respondido a este medio pero no ha querido aclarar esos extremos. El año pasado, Alvise aseguró a este medio que antes del tercer trimestre de 2025 no había cobrado como freelance mientras era eurodiputado.

Este medio también ha preguntado a Pérez qué empresa o empresas le han pagado esos 288.044 euros, pero tampoco ha contestado. Tras la publicación de su declaración anterior por parte de la Eurocámara, se negó a aclarar a infoLibre para quién estaba trabajando, pero respondió: "No son un lobby ni nada que condicione mi mandato".

La modificación de la declaración presentada por el eurodiputado también ha actualizado información sobre otro tipo de ingresos. Alvise Pérez asegura en la misma que ha dejado de recibir donaciones a nivel individual: "Desde 2024, estas donaciones no las recibo yo a título personal, sino que se destinan directamente a mi partido político".

"No recibo pagos directos de patrocinadores ni de ninguna empresa por mis antiguas actividades como influencer", añade en la declaración presentada ante el Parlamento Europeo.

Las afirmaciones firmadas por Alvise Pérez en la reciente modificación contrastan con la declaración que presentó a finales del año pasado, en la que aseguraba que seguía recibiendo "microdonaciones de particulares que apoyan mi movimiento social". Aun así, no especificaba cuántos ingresos le suponían y en su lugar indicaba: "Los ingresos exactos generados serán actualizados en esta declaración a final de año". En lugar de realizar esa actualización, ahora asegura no percibir los ingresos.

A pesar de ello, el canal de Telegram de Alvise sigue teniendo como fijado un mensaje de 2021 en el que el ahora eurodiputado enlaza a su perfil de Patreon, una web que permite suscribirse a usuarios o comunidades a cambio de un pago, y recuerda su número de cuenta en Revolut, donde puede recibir transferencias. En ningún momento se avisa de que esos donativos ahora vayan a su partido, Se Acabó La Fiesta (SALF), en lugar de a sí mismo.

Al ser preguntado por esto sí ha respondido a infoLibre: "He dejado de recibir donaciones, bloqueado la cuenta y animado a todos los que me donaban a que se afiliaran a SALF, algo que ha funcionado con éxito para más de 10.000 afiliados en pocos meses". A pesar de ello, infoLibre ha podido comprobar cómo la cuenta de Revolut que difunde en su Telegram, asociada a su propio nombre 'Luis Pérez Fernández', aún funciona y se le pueden realizar transferencias. Este medio le ha repreguntado al respecto, pero Alvise no ha contestado.

La nueva declaración del eurodiputado también refleja que ha cobrado 146.792 euros por los derechos de autor de Devuélveme a mi país, un libro que autoeditó y publicó en Amazon. Pérez asegura en la declaración que esos ingresos varían "según el número de libros vendidos".

Tal y como explicó infoLibre, el hermetismo de Amazon con sus cifras de venta impide saber cuánto ha vendido realmente Pérez u otros autores. Lo cierto es que el libro del eurodiputado se vendió únicamente en la plataforma, al margen de las librerías tradicionales, las grandes cadenas y el sector editorial en general, por parte del cual el eurodiputado ultra denunció un boicot.

Consulta aquí la nueva declaración presentada por Alvise Pérez:

Esta información ha sido actualizada a 7 de julio de 2026 para incluir las respuestas de Alvise Pérez a las consultas que le ha hecho llegar infoLibre y añadir citas textuales de su última modificación de la declaración de intereses ante el Parlamento Europeo.

Las condiciones básicas para que el periodismo pueda ejercerse con libertad han empeorado en España durante el último ejercicio. El ámbito de la protección fundamental del periodismo ha pasado de riesgo medio-bajo a riesgo medio-alto entre 2025 y 2026, según la última edición del Media Pluralism Monitor (MPM), el informe con el que la Unión Europea mide cada año los riesgos para el pluralismo de los medios de comunicación en sus Estados miembros.

Esta área evalúa concretamente cuatro cosas: que haya salvaguardias legales eficaces para la libertad de expresión, que exista el derecho a buscar y difundir información veraz, que las condiciones para ejercer el periodismo sean favorables y que la autoridad reguladora de los medios sea independiente y eficaz. Se descompone a su vez en cinco indicadores: protección de la libertad de expresión, protección de la integridad de la información, protección del derecho a la información, profesión periodística (estándares y protección), e independencia y efectividad de la autoridad mediática.

El informe, publicado este lunes, evalúa el ejercicio 2025. Lo elabora un equipo de la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramon Llull, coordinado por Jaume Suau Martínez, bajo la supervisión del Centro para el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación del Instituto Universitario Europeo, de referencia para las instituciones europeas.

El documento atribuye el deterioro en el área de la protección fundamental al proyecto de ley del Gobierno para la gobernanza de los servicios digitales, al entender que permitiría a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ordenar la retirada de contenidos en internet. Hasta ahora, esa potestad corresponde solo a los tribunales. Una sentencia del Tribunal Supremo de 2022 estableció que únicamente un juez puede autorizar el bloqueo o la retirada de contenidos digitales. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información advirtió de que trasladar esa facultad a un organismo administrativo elude las garantías procesales de la vía judicial. 

En realidad, lo que persigue ese proyecto de ley no es que la CNMC pueda retirar contenidos, sino que, en consonancia con la ley europea de Servicios Digitales (Digital Services Act, por su nombre oficial en inglés), pueda actuar como autoridad supervisora del marco digital, no como un censor general de contenidos. La retirada, en el esquema europeo, suele depender del tipo de contenido, del prestador de servicios y de los procedimientos de notificación, con obligaciones y garantías distintas para cada caso.

El indicador de integridad de la información subió hasta riesgo alto por el mismo motivo. El resto de variables del área, como la protección del derecho a la información o las condiciones de la profesión periodística, se mantuvieron en los mismos niveles que el año anterior.

Entretanto, reprocha el informe, la difamación (injurias, calumnias y delitos contra el honor) continúa siendo un acto delictivo penal en España. Los artículos 205 y 208 del Código Penal que prevén penas de hasta dos años de prisión siguen en vigor.

El país carece todavía de una legislación específica contra las demandas estratégicas destinadas a silenciar a periodistas, conocidas como SLAPP. Y eso a pesar de que un estudio de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo situó a España en segundo lugar de la Unión Europea por número de casos SLAPP entre 2022 y 2023, con el 17% del total registrado en el bloque.

Es verdad que el Gobierno prevé trasponer la directiva europea contra estas demandas, como prometió en el Plan de Acción por la Democracia de 2025, pero diferentes asociaciones consideran insuficiente esa iniciativa si, como parece, se limitará a cubrir únicamente los casos transfronterizos.

El MPM se hace eco del informe anual de la Asociación de la Prensa de Madrid de 2025, que sitúa la precariedad laboral como el principal problema estructural de la profesión. Un 45% de los periodistas encuestados gana menos de 2.000 euros mensuales. 

Y otro 70% declara además un deterioro de su salud mental. La plataforma Mapping Media Freedom registró diez agresiones físicas y 19 casos de agresión verbal contra periodistas españoles durante 2025.

La pluralidad del mercado sigue siendo, en términos absolutos, el ámbito con más riesgo del sistema mediático español, según este Monitor. Su calificación pasó de riesgo alto a riesgo medio-alto, aunque el cambio responde sobre todo a una revisión metodológica.

El indicador de transparencia en la propiedad de los medios incorpora ahora los requisitos del artículo 6 del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). Por eso, el dato de este año no es estrictamente comparable con el de informes anteriores.

El EMFA entró en vigor en toda Europa el 8 de agosto de 2025. Pero la norma que debía adaptar la legislación española a sus exigencias, la Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación, sigue sin aprobación parlamentaria. Mientras no entre en vigor, no hay nadie que supervise el cumplimiento de las reglas de transparencia sobre la propiedad ni los conflictos de intereses de los medios.

A su vez, el indicador de concentración de la propiedad y de audiencias empeoró hasta situarse en riesgo muy alto. Los niveles de concentración se mantuvieron por encima del 75% en televisión, radio y prensa escrita durante 2025.

Y el de independencia política de los medios del MPM empeoró también hasta riesgo medio-alto. España continúa sin una norma específica que impida a actores políticos poseer o controlar medios de comunicación, según recoge el informe.

La gobernanza de RTVE concentra buena parte de las preocupaciones del área después de que el Consejo de Informativos de la corporación denunciase en septiembre de 2025 que no había sido consultado sobre varios nombramientos directivos, pese a que el Estatuto de Información obliga a esa consulta.

El informe también se hace eco de que, en diciembre de 2025, representantes de los comités de empresa de doce radiotelevisiones autonómicas trasladaron al Congreso sus quejas por la interferencia política en las redacciones. Agrupados en la Plataforma RTVs Públicas en Lucha, también denunciaron procesos de privatización en sus respectivas cadenas.

El Mandato Marco de RTVE sigue sin actualizarse desde hace más de quince años. Su aprobación requiere una mayoría parlamentaria de dos tercios que el Congreso no ha logrado reunir.

Por su parte, la igualdad de género en los medios de comunicación se mantuvo en riesgo alto. Las mujeres ocupan únicamente el 6% de los puestos de dirección editorial en los principales medios informativos españoles.

En el sector audiovisual privado, la presencia femenina en consejos de administración y cargos ejecutivos no llega al 20%. En los medios regionales, la proporción de mujeres en la dirección editorial alcanza el 37%.

El Global Media Monitoring Project registró en su edición de 2025 que las mujeres aparecen como expertas o comentaristas solo en el 32% de las informaciones. La puntuación de España en el índice GEM-I, que mide la brecha de género en los contenidos informativos, empeoró de -27.235 puntos en 2020 a -35.639 puntos en 2025.

La diversidad cultural y lingüística en los medios también se mantuvo en riesgo alto. El Gobierno español no reconoce oficialmente la existencia de minorías nacionales, lo que el informe vincula a la ausencia de un marco legal que garantice la representación de comunidades como la población gitana.

Los disturbios de Torre-Pacheco, en julio de 2025, pusieron a prueba el sistema de detección de discurso de odio del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Su herramienta FARO detectó 138.204 contenidos potencialmente constitutivos de discurso de odio durante el episodio.

El MPM recuerda que solo se retiró el 22% de esos contenidos mientras duraron los disturbios. Tras la presión de la ministra de Inclusión y la creación de grupos de trabajo con las plataformas digitales, la tasa de retirada subió del 45% en el tercer trimestre de 2025 al 51% en noviembre.

Los medios comunitarios, reconocidos legalmente desde 2010, continúan sin acceso garantizado al espectro radioeléctrico. El informe contabiliza menos de cien emisoras de radio comunitaria en España, ninguna de ellas formalmente autorizada.

Por primera vez en la historia de la democracia española, el Gobierno central ha publicado un informe de publicidad institucional que desglosa, medio a medio y campaña a campaña, cuánto dinero público fue a parar a cada cabecera, cada emisora de radio, cada canal de televisión o cada plataforma digital durante el ejercicio 2025. El documento, elaborado por la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional, dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicación, supera así en detalle todo lo publicado en los veinte años anteriores.

De momento, sin embargo, el informe no es completo, porque no desglosa la distribución de la llamada publicidad comercial —la ley actual no lo exige—, que depende de entidades como Renfe, Aena o Loterías del Estado y que, en conjunto, superó los 84 millones en 2025. 

El detonante es externo. Desde el 8 de agosto de 2025 es de obligado cumplimiento el  Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios, conocido como EMFA, por sus siglas en inglés. Su artículo 25.2 obliga a todas las autoridades y entidades públicas a hacer pública anualmente, en formato electrónico, la distribución de su gasto en publicidad estatal. La información debe incluir las denominaciones legales de cada prestador de servicios de comunicación que haya recibido dinero, el grupo empresarial al que pertenece y el importe total y desglosado. El informe de 2025 es la primera respuesta española a esa obligación.

El Gobierno ha decidido no esperar a la modificación de la norma que regula esta materia para dejarla adaptada al reglamento europeo. La Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional sigue por tanto vigente, pendiente de que el Ejecutivo remita su reforma al Congreso de los Diputados. Pero el EMFA es de obligado cumplimiento y el Ejecutivo ha decidido cumplirlo, a diferencia de las comunidades autónomas, que siguen ocultando el reparto de su publicidad institucional.

La inversión total del Gobierno en 2025 ascendió a 88.078.848 euros, frente a los 70.430.604 euros del año anterior. El incremento es del 25,06%. El número de campañas también creció, de 108 a 120, un 11,11% más. De ellas, 26 superaron el millón de euros y concentraron el 86,15% de todo el gasto.

El soporte que lidera la inversión es el digital, con 20,85 millones de euros (el 27,60% del total de difusión, sin contar el gasto en producción y evaluación, partidas que no son compra de espacios en medios). Le siguen televisión (15,88 millones, 21,03%), radio (15,48 millones, 20,50%), publicidad exterior (10,53 millones, 13,95%) y medios impresos (10,09 millones, 13,37%). El cine apenas supuso 615.000 euros, el 0,81% del gasto en difusión.

El informe identifica quiénes se beneficiaron más. El grupo Prisa, la compañía controlada por el fondo británico de inversión Amber Capital, encabeza el ranking con 12.178.931 euros, el 16,63% de la inversión total por grupos. Su posición se sustenta en la Cadena SER, Los40, El País y Cinco Días, entre otras cabeceras. Atresmedia-Planeta recibió 8.929.631 euros (12,19%), apoyado en Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega, Atreseries, Onda Cero y Europa FM. Mediaset España captó 5.756.090 euros (7,86%), con Telecinco, Cuatro y sus canales temáticos como FDF, Divinity, Energy y Be Mad.

Los tres grupos juntos concentraron el 36,68% de toda la inversión pública en publicidad. Ningún otro grupo supera el 5%.

El resto del top diez lo completan, por este orden, el Grupo Vocento (3,65 millones, el 4,99%), apoyado en Abc y su extensa red de cabeceras regionales; Google (propiedad de Alphabet) (2,99 millones, 4,09%), fundamentalmente a través de YouTube; el Grupo Unidad Editorial (2,72 millones, 3,72%), con El Mundo, Marca y Expansión; la agencia especializada en publicidad en cines y soportes en espacios interiores 014 Media, S.L. (2,61 millones, 3,57%); el Grupo Prensa Ibérica, el más potente a escala local y el dueño de El Periódico de Catalunya (2,60 millones, 3,55%); el grupo Ábside Media, a través del cual los obispos controlan la COPE, (2,49 millones, 3,40%); y el Grupo Godó (1,86 millones, 2,54%), con La Vanguardia y RAC1 como principales referencias.

Entre los conglomerados que superan el 1% de la inversión total figuran también la filial española de un gran grupo británico de medios y publicidad exterior en estaciones y transporte público conocida como Global Media & Entertainment (1,79 millones); la empresa especializada en aeropuertos, mobiliario urbano, aparcamientos y centros comerciales Exterior Plus (1,78 millones), la central de publicidad en medios Delivery Media (1,51 millones), la compañía del tecnoligarca Mark Zuckerberg Meta Platforms (1,46 millones), RTVE (1,37 millones), Grupo Henneo, propietario de Heraldo de Aragón y 20 Minutos (1,32 millones), Spotify (1,29 millones), el Grupo Telefónica (1,24 millones), la plataforma de gestión de publicidad en medios conocida como Grupo Alayans (956.646 euros), NewixMedia, controlada por las televisiones autonómicas (890.290 euros), y la central especializada en televisión de pago y plataformas Pulsa Media Consulting (769.811 euros).

El resto está por debajo del 1%. infoLibre recibió, de acuerdo con el informe, 10.990,25 euros en todo el año 2025 (un 0,05%). 

La lectura del ranking por grupos revela una particularidad: varias de las entidades que aparecen como beneficiarias no son grupos editoriales, sino intermediarios técnicos o gestores de espacios publicitarios.

014 Media, séptima del ranking, no edita ninguna cabecera. Es una empresa especializada en la exclusividad de espacios en salas de cine y soportes de publicidad exterior. Su alta posición se debe a que gestiona una fracción muy amplia de la inversión del Gobierno en el soporte cinematográfico. Global Media & Entertainment y Exterior Plus operan en el mismo segmento: son gestoras de soportes exteriores (mupis, vallas, pantallas en infraestructuras de transporte) que no aparecen en los kioscos, pero sí en los contratos.

El caso más llamativo de intermediación es Grupo Delivery Media (13º del ranking, con 1,51 millones). Funciona como un agregador de soportes locales. Cuando el informe le asigna esa cantidad, el dinero no queda en una sola empresa: se distribuye entre cientos de medios de ámbito municipal, regional y comarcal. La lista completa, incluida en el informe, va del Diario de Burgos o el Diario de Ávila hasta portales como muchocastro.com, elsemanaldelamancha.com, murciadiario.com o pamplonaactual.com, entre muchos otros.

Lo mismo ocurre con NewixMedia, que gestiona la publicidad de las televisiones autonómicas agrupadas en la FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos). Cuando el Gobierno compra espacio en las autonómicas, el importe consolidado figura bajo ese nombre. Y con Alayans Media, la comercializadora que representa a cabeceras del Grupo Henneo (20 Minutos, Heraldo de Aragón) y de varios grupos regionales.

La comparativa con 2024 revela cambios muy acusados en la distribución de dinero por departamentos.

Tres son los ministerios con mayor incremento en términos absolutos. En primer lugar, Política Territorial y Memoria Democrática, que pasó de 87.665 euros en 2024 a 7.058.494 en 2025 —el salto se explica por dos campañas: “El valor de las libertades y la democracia en España” (5.602.255 euros) y la sobrevenida de respuesta a la dana “Reconstruyendo juntos: respuesta y recuperación frente a la dana” (1.456.238 euros), que no estaba en el plan inicial—.

En segundo lugar, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que pasó de 125.446 a 5.971.097 euros, concentrados en la campaña de ciberseguridad del Incibe (5.661.994 euros). Vivienda y Agenda Urbana, por su parte, subió de 16.767 a 3.150.318 euros.

También crecieron de forma significativa Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (de 393.236 a 3.275.263 euros), Hacienda (de 4,81 millones a 7,19 millones), Derechos Sociales (de 2,63 millones a 5,42 millones) y Sanidad (de 2,15 millones a 4,31 millones).

En el otro sentido, Interior casi redujo a la mitad su inversión, de 10,32 millones a 5,87 millones. Agricultura bajó de 12,50 millones a 7,97 millones, aunque sigue siendo el tercer ministerio por gasto total. Industria y Turismo cayó de 4,32 millones a 1,40 millones. Y el Ministerio de Juventud e Infancia no ejecutó en 2025 ninguna de las campañas que tenía previstas, frente a 1,25 millones invertidos en 2024.

El ministerio que más gastó en términos globales fue Igualdad, con 11.885.646 euros (el 13,49% del total), seguido de Cultura (8.028.015 euros, 9,11%) y Agricultura (7.973.161 euros, 9,05%).

La campaña con mayor presupuesto fue la de sensibilización fiscal de la Agencia Tributaria, con 7.190.017 euros. La de seguridad vial de la DGT fue la segunda, con 5.873.105 euros. A continuación, la de ciberseguridad del Incibe (5.661.994 euros), la de Memoria Democrática “El valor de las libertades y la democracia en España” (5.602.255 euros) y la de violencia de género del Ministerio de Igualdad (5.236.403 euros). El Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura sumó 4.416.291 euros.

Por detrás de estas destaca la campaña denominada “La naturaleza y riesgos de las cajas botín” del Ministerio de Derechos Sociales (1.932.836 euros), centrada en los riesgos del juego en el entorno digital juvenil, y las “Becas Seré” del Ministerio de Justicia (2.453.615 euros), para fomentar el acceso igualitario a la carrera judicial.

La publicación del informe estatal establece un parámetro de referencia que, a su vez, ilumina una zona de opacidad mayor: la de las Administraciones autonómicas. Ninguna comunidad autónoma española publica un informe equivalente. La mayoría ni siquiera hace pública la cuantía global de su gasto en publicidad institucional, que en conjunto supera con holgura lo que destina el Estado central.

El EMFA obliga a todos los poderes públicos de los Estados miembros a garantizar esa transparencia. Sin embargo, las Administraciones autonómicas no han adaptado sus marcos normativos ni sus comportamientos a la nueva legislación europea y el Gobierno central no tiene competencia directa para imponérselo. El resultado es que la mayor parte del dinero público destinado a medios de comunicación en España sigue siendo invisible.

Esa opacidad tiene consecuencias documentadas. En varias comunidades gobernadas por el PP y Vox existen indicios —en algunos casos producto de investigaciones periodísticas— de que fondos de publicidad institucional se están destinando a medios que difunden desinformación o que actúan como plataformas de comunicación partidista. Algunos de esos medios fueron creados expresamente sin estructura redaccional verificable ni audiencias acreditadas, con la publicidad institucional como principal o única fuente de ingresos.

El nuevo Dedómetro –edición Andalucía 2026 de la Fundación Hay Derecho– analiza los perfiles de 153 máximos responsables de 40 entidades del sector público institucional andaluz (128 entes), el segundo más grande de España después del catalán (271 entes).

La investigación evalúa cinco variables que cualquier persona podría identificar como razonables para asumir la dirección de una organización pública: formación, experiencia profesional, experiencia en gestión, conocimiento específico de la materia e independencia política. Se trata de criterios tan elementales como poco discutidos cuando se habla de calidad institucional y gobernanza empresarial. Precisamente por ello, el estudio busca resaltar una pregunta que rara vez (pre)ocupa en el debate público con la atención que merece: ¿en manos de quién estamos dejando la dirección de empresas y entes públicos?

En promedio, el índice global de mérito y capacidad apenas alcanza un 5,4 sobre 10. Al desglosar los indicadores, se observan realidades muy distintas. La experiencia profesional general obtiene una media de 7,7 puntos, la independencia política 7,5, la formación 7,3 y la experiencia específica sobre la materia 6,1. La experiencia en gestión de organizaciones de complejidad comparable es el peor indicador, con un 3,1 sobre 10 y registra una mediana de cero, lo que significa que una parte muy importante de los responsables analizados ha accedido a la máxima dirección sin experiencia acreditada en el manejo previo de estructuras similares.

Al respecto, uno de los aspectos más llamativos del estudio es la distancia que, en algunos casos, existe entre la misión de determinadas entidades y el perfil de quienes llevan su dirección. No resulta infrecuente encontrar organismos de elevada especialización técnica al frente de trayectorias académicas y profesionales desarrolladas en ámbitos muy distintos. Puede pensarse que esa diversidad puede enriquecer la gestión, aunque también plantea una pregunta legítima sobre el peso que el conocimiento específico del sector ocupa realmente en los procesos de selección.

Asimismo, se observa que la experiencia directiva funciona como un capital institucional transferible entre entidades de naturaleza muy distinta. Existen responsables que pasan de dirigir organismos agrarios a agencias digitales, de entidades de desarrollo empresarial a agencias ambientales o educativas, trasladando consigo una experiencia en gestión que parece valorarse por encima del conocimiento específico del sector.

Este informe también ha medido algo más que los perfiles directivos del sector público instrumental andaluz. Una de las mayores dificultades fue reconstruir la historia de las entidades, identificar a exdirectores, localizar resoluciones de nombramiento, seguir los cambios de adscripción entre consejerías o rastrear modificaciones de denominación. Esta dispersión obligó a un esfuerzo de arqueología digital en boletines oficiales, memorias y portales de transparencia. Un conglomerado que gestiona miles de millones de euros, presta servicios esenciales y cuyos directivos perciben una retribución media de 70.000 euros anuales, debería ofrecer esta información de forma accesible.

Los resultados muestran que estamos frente a una cultura institucional que continúa desarrollándose de forma desigual. De las 40 entidades analizadas, únicamente 10 establecen requisitos formales para acceder a la máxima responsabilidad ejecutiva, mientras 30 carecen de criterios objetivos suficientemente definidos sobre formación o experiencia. Las entidades que, por su naturaleza, y desde su creación, cuentan con requisitos, como el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, obtienen mejores indicadores agregados de mérito y capacidad, una conclusión que difícilmente puede sorprender cuando las reglas delimitan con claridad las trayectorias consideradas adecuadas para dirigir una organización pública. A su vez, entidades que estatutariamente han incorporado requisitos objetivos para acceder a la dirección, como Andalucía Emprende, empiezan a presentar perfiles más consistentes y mejores indicadores.

El análisis por género aporta otra perspectiva relevante. Las mujeres acceden a estos puestos con mejores niveles de formación académica, una experiencia profesional prácticamente equivalente y un conocimiento específico similar sobre las materias que posteriormente gestionarán. La principal diferencia vuelve a localizarse en la experiencia previa en gestión. Una vez alcanzan la máxima responsabilidad permanecen más tiempo en el cargo y no presentan diferencias relevantes respecto de la independencia política, lo que desplaza el foco desde el nombramiento hacia las oportunidades previas para construir una carrera directiva.

La experiencia andaluza otorga a estas cuestiones un significado particular. La trayectoria de la Agencia IDEA permite observar de forma especialmente nítida algunos de los problemas que atraviesan este estudio. Durante años fue uno de los principales instrumentos de política económica de la Junta de Andalucía, gestionando incentivos, préstamos, ayudas empresariales e importantes recursos públicos. Al mismo tiempo, sus estatutos no exigían requisitos específicos para acceder a la Dirección General y la elevada rotación de responsables impidió consolidar una pauta estable de profesionalización. El propio Dedómetro refleja esa alternancia entre perfiles con una sólida experiencia en gestión pública y otros cuya relación con la misión específica de la entidad resulta mucho más discutible. La posterior integración de buena parte de sus funciones en TRADE constituye una oportunidad para comprobar si la reforma institucional ha servido también para reforzar las reglas de acceso y la calidad de la dirección pública.

Ese es, probablemente, el principal interés del Dedómetro Andalucía. Más que ordenar perfiles o repartir puntuaciones, el informe permite observar cómo una administración construye su propia dirección pública. Quién llega, con qué experiencia, bajo qué reglas y con qué continuidad dejan de ser preguntas accesorias para convertirse en indicadores de calidad institucional. Al fin y al cabo, una buena parte de la confianza en las instituciones también se construye sabiendo quién está al frente de ellas.

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Germán J. Arenas Arias es investigador de la Fundación Hay Derecho. Doctor por la  Universidad de Alcalá, especialista en Políticas Públicas y máster en Derecho  Constitucional por el CEPC-UIMP. Su trabajo académico se centra en el buen gobierno y la  calidad institucional en las democracias contemporáneas.

La imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra —más allá de las dudas que suscita entre quienes ven en el auto de la Audiencia Nacional evidencias suficientes para condenar al único expresidente del Gobierno cuya integridad no había sido puesta en duda y quienes creen que, al menos de momento, no hay más que un hábil documento judicial preñado de conjeturas— ha hecho que todos vuelvan la mirada hacia la regulación de los lobbies (los grupos de presión) como la fórmula mágica capaz de poner coto al tráfico de influencias en España.

Lo cierto es que la aprobación de una normativa sobre este asunto, que es desde hace décadas una asignatura pendiente tanto del PP como del PSOE, lleva tiempo bloqueada en el Congreso, adonde llegó a comienzos de 2025 como parte del Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en septiembre de 2024.

Los ensayos de regulación impulsados en los últimos años han resultado ser desalentadores. El Código de Conducta de las Cortes, aprobado en 2020 para reforzar la integridad y la transparencia, ha tenido un cumplimiento muy limitado en su apartado clave: la obligación de que diputados y senadores publiquen sus reuniones con grupos de presión. Su Oficina de Conflictos de Intereses constata año tras año que la mayoría de parlamentarios solo hace pública la agenda orgánica (plenos, comisiones, juntas…) y “rara vez” registran encuentros con lobbies, pese a que el código prohíbe en la práctica las reuniones opacas y equipara como “grupo de interés” a cualquier actor que busque influir en el contenido de las leyes, desde grandes empresas del Ibex hasta ONG o consultoras.

En 2024, por citar las últimas cifras conocidas, apenas un 17,85% de los parlamentarios llegó a publicar alguna actividad no puramente orgánica y, dentro de ese porcentaje, las reuniones con lobistas fueron minoritarias, un resultado que la propia oficina considera “altamente improbable” que refleje la realidad.

El balance es, por tanto, el de una norma que existe sobre el papel, pero cuya aplicación efectiva está bloqueada tanto por la resistencia de los propios parlamentarios como por la ausencia de un desarrollo sancionador que haga valer su artículo 9. La oficina lleva cuatro años recordando por escrito la obligación de transparencia sin que se haya producido ninguna consecuencia para quienes incumplen.

Para corregirlo, el Gobierno aprobó en enero de 2025 el proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, que superó el debate de totalidad en el Congreso en marzo de ese año. Desde entonces, la iniciativa permanece paralizada en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

El proyecto de ley que se tramita ahora en la Cámara baja pretende, al menos sobre el papel, ordenar la situación mediante la creación de un registro obligatorio de grupos de interés —desde grandes empresas hasta despachos o consultoras— y la obligación de hacer públicas sus reuniones con cargos públicos y diputados. La idea central es que cada norma incorpore una “huella legislativa”, esto es, un rastro documentado de qué actores han participado en su elaboración y cómo sus aportaciones han modificado el texto, de forma que la cocina parlamentaria deje de ser una caja negra.

Si fracasa no será la primera vez. Una iniciativa similar impulsada en la anterior legislatura quedó varada en el trámite de enmiendas y se evaporó con la convocatoria anticipada de elecciones, algo que perfectamente puede volver a ocurrir ahora, cuando falta apenas un año para que termine la legislatura. 

La versión actual superó la votación de toma en consideración con el apoyo del bloque de investidura, aunque varios socios del Gobierno la consideran tímida y reclamaron blindajes más estrictos frente a las puertas giratorias. La derecha, por su parte, y como es habitual, rehúye el consenso: PP y UPN optaron por la abstención y Vox se posicionó en contra, lo que permitió avanzar la tramitación, pero confirma la ausencia de un acuerdo amplio sobre el alcance de una norma que debería ser asumida por todos.

El texto que propuso el Gobierno plantea restricciones, que a muchos les parecen limitadas, para ex altos cargos —que no podrían dedicarse al lobby durante los dos años siguientes a abandonar el puesto— y establece sanciones tanto para quienes ejerzan presión sin inscribirse como para los responsables públicos que oculten sus contactos. No criminaliza la intermediación ni la influencia en sí mismas, sino que se limita a exigir transparencia y trazabilidad, desplazando el foco del terreno penal al de la rendición de cuentas pública.

El problema es que ahí hay muchas áreas de sombra. La Fundación Civio, una organización especializada en la vigilancia de los poderes públicos, asegura que el proyecto de ley solo será útil si se refuerza en varios puntos clave. Entre otros cambios imprescindibles, considera crítico modificar el modelo de control para que la supervisión y el régimen sancionador no dependan de un órgano vinculado al Ejecutivo. La entidad reclama un supervisor independiente, con autonomía funcional, mandato claro, nombramientos garantistas y recursos suficientes, para evitar que la norma se quede en papel mojado.

En segundo lugar, Civio defiende que la transparencia no puede limitarse a publicar que “hubo una reunión”. Reclama que se detallen, para cada contacto, la norma concreta sobre la que se influye, qué se pide, qué documentos se entregan y qué huella queda, con requisitos fijados ya en la ley y no delegados a desarrollos reglamentarios que rebajen el estándar de supervisión.

Otro eje central de sus propuestas es que la regla sea funcional: “Quien influya, entra”. Civio rechaza excluir por diseño a actores como partidos, sindicatos, patronales, colegios profesionales u organizaciones sociales cuando realizan actividades de influencia, porque eso generaría un sistema desigual y dejaría fuera influencias decisivas. Esta organización sostiene que la obligación de registrarse y dejar rastro debería aplicarse a cualquier actor que intente condicionar decisiones públicas, precisamente para reforzar su legitimidad y evitar “puertas traseras”.

Civio recuerda además que la influencia es bidireccional y que, por tanto, no basta con regular a los grupos de interés si no se imponen deberes claros al personal público. Pide obligaciones explícitas sobre qué registrar y publicar, qué no aceptar y cómo documentar las reuniones, de forma que no dependa de la discrecionalidad de cada cargo. Además, reclama un régimen sancionador robusto, sin lagunas y realmente disuasorio, recordando que la experiencia con el Consejo de Transparencia demuestra que, cuando las resoluciones pueden ignorarse sin consecuencias, el incumplimiento se dispara.

Por último, Civio considera imprescindible que toda la información del registro sea permanente, con historial y en formatos reutilizables que permitan analizar patrones a lo largo del tiempo. Advierte de que, si los datos caducan, se fragmentan, se borran o se publican de forma poco explotable, el control social se vuelve puramente simbólico. En paralelo, recuerda que otros países europeos, entre ellos Portugal muy recientemente, ya se han dotado de regulaciones más avanzadas, por lo que prolongar el limbo de la ley española supondría perder una oportunidad difícil de recuperar.

En la misma línea, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, (Gestha) tiene claro también que con el proyecto de ley en trámite no basta y plantea un paquete amplio de reformas para someter la actividad de los lobbies a reglas estrictas de transparencia y ética.

Reclama la prohibición expresa de que ex altos cargos y altos funcionarios puedan dedicarse al lobby, la creación de una Agencia independiente de Integridad Pública y el endurecimiento del marco penal y antifraude —con más años de prescripción para los delitos de corrupción, devolución obligatoria de lo robado y planes antifraude obligatorios—, así como el uso intensivo de inteligencia artificial para detectar conflictos de intereses en contratación y subvenciones. La ley, dicen, no basta: hace falta una política de integridad institucional mucho más ambiciosa, que alcance a las puertas giratorias, la responsabilidad de los gestores públicos y la arquitectura de control del conjunto de las administraciones.

Mientras el Congreso permanece paralizado, algunas comunidades han intentado regular esta actividad. La más reciente, Navarra, que acaba de aprobar un modelo más garantista que el que tramita el Congreso al colocar el registro de lobbies bajo una autoridad anticorrupción independiente (la OANA) y no bajo un órgano del propio Gobierno.

También han dado al Consejo de Transparencia foral capacidad real para dictar resoluciones ejecutivas y obligar a agendas de reuniones muy detalladas, con identificación de asistentes, entidades y asuntos tratados, algo más ambicioso que lo que hoy asegura el proyecto que se tramita en el Congreso.

Mejorar el entramado legal y la supervisión independiente parte de que el lobby se considera una actividad legítima de representación de intereses ante los poderes públicos. Que una empresa farmacéutica, un sindicato o una ONG intenten influir en una ley presentando argumentos y documentación forma parte de la normalidad en cualquier democracia. La clave es que esa influencia quede identificada, trazada y sometida a reglas.

Los grupos de interés actúan —o deberían actuar— a la luz del día, como una actividad que nada tiene que ver con la presión política, una categoría que incluye campañas públicas, movilización social, entrevistas, manifiestos o iniciativas de opinión. Y que también puede ser perfectamente legítima como actividad orientada a cambiar una decisión, aunque puede volverse abusiva si cruza la línea de la amenaza o el chantaje reputacional.

El tráfico de influencias, en cambio, es otra cosa. Está tipificado en los artículos 428 y 429 del Código Penal español como la utilización indebida de una posición de poder, una afinidad política o un vínculo personal con un cargo público para conseguir una resolución o trato de favor que genere un beneficio ilícito. Es una práctica opaca, así que, por definición, nadie que la practique se va a inscribir en un registro de lobbies ni a dejar constancia de sus gestiones. El tráfico de influencias no se gestiona mediante reuniones formales solicitadas en sedes ministeriales. Se produce en entornos de informalidad que escapan por completo a cualquier registro administrativo.

En la Unión Europea opera desde 2021 un Registro de Transparencia obligatorio de facto para quienes quieren interactuar de forma sistemática con el Parlamento, el Consejo y la Comisión. El personal directivo de la Comisión solo puede reunirse con grupos inscritos y, en 2024, se procesaron aproximadamente 7.000 solicitudes de acceso a documentos de trabajo. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas Europeo y organizaciones como Corporate Europe Observatory han documentado fallos sistémicos: el registro no controla las reuniones informales fuera de sedes oficiales, ampara la infradeclaración del gasto real en lobby y tiene lagunas en la influencia indirecta ejercida a través de fundaciones y consultorías.

Francia tiene uno de los sistemas más exigentes del continente, gestionado con independencia por la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Desde octubre de 2025, además, opera el registro Argos para actividades de influencia extranjera: cualquier persona que actúe por cuenta de un mandante extranjero para influir en políticas públicas francesas debe inscribirse en 15 días laborables desde su primera actuación, declarar sus acciones de forma trimestral y remitir un informe anual. Las sanciones por incumplimiento son penales: hasta tres años de prisión y multas de 45.000 euros para personas físicas.

Alemania reformó en profundidad su ley de registro de lobbies en marzo de 2024, ampliando los objetivos de influencia regulados —incorporó a los jefes de división ministeriales, unos 600 funcionarios con capacidad decisoria—, eliminó la opción de ocultar datos financieros y obligó a declarar la huella legislativa en cada proyecto normativo concreto.

El de Canadá es el modelo que los informes comparados de la OCDE, el Parlamento Europeo y Transparency International señalan como la referencia técnica más avanzada. El sistema federal canadiense combina la Lobbying Act de 1989 —revisada sustancialmente en 2008— con el Lobbyists’ Code of Conduct, y su fortaleza no está en el registro en sí, sino en quién lo controla. El Comisionado de Lobbying es un alto cargo independiente que responde directamente ante el Parlamento —no ante el Ejecutivo— y tiene atribuciones exclusivas para auditar de oficio, requerir pruebas bajo apercibimiento legal e investigar infracciones civiles y penales.

Las obligaciones de reporte son inmediatas. Los lobistas inscritos deben declarar cada contacto verbal o escrito con un “cargo público designado” —primer ministro, ministros, parlamentarios, asesores de gabinete y directores generales de la administración federal— dentro de los 15 días posteriores al cierre de cada mes natural. No existe equivalente en ningún sistema europeo.

El aspecto más diferencial es el régimen de puertas giratorias. Canadá prohíbe de forma absoluta a los antiguos altos cargos designados ejercer lobby remunerado durante un período de enfriamiento de cinco años tras abandonar el servicio público. En España, la ley de incompatibilidades establece restricciones de dos años, con controles débiles y un historial de sanciones prácticamente inexistente. En la UE, los comisarios tienen un período de espera de dos años; los presidentes, tres.

Las violaciones de la ley canadiense constituyen delito y pueden acarrear penas de multa, inhabilitación temporal o prisión efectiva.

Aun así, grupos de la sociedad civil como Democracy Watch documentan lagunas: están exentas de registro las gestiones de lobby realizadas de forma gratuita por antiguos directivos que siguen percibiendo pensiones de la empresa, y los contactos con agencias encargadas de inspecciones sectoriales tienen menor cobertura de la deseable. 

No hay un sistema perfecto. Ninguna ley ha eliminado el homicidio ni el robo. La regulación del tráfico de influencias funciona con la misma lógica: no puede erradicar la conducta, pero sí subir su coste, dejar más rastro y reducir las zonas donde opera sin consecuencias.

Los estándares de la OCDE son explícitos: la regulación del lobby es solo una pieza de un sistema más amplio de integridad pública. Transparency International llega a la misma conclusión: incluso en países con registros avanzados, la combinación de definiciones demasiado estrechas, ausencia de datos financieros detallados, falta de sanciones aplicadas y opacidad en las puertas giratorias deja zonas de sombra donde pueden darse relaciones indebidas.

En todo caso, la arquitectura que mejor funciona combina, al menos, cinco elementos que ningún registro aislado puede sustituir. El primero es un órgano de supervisión independiente del Ejecutivo, con recursos para investigar de oficio y aplicar sanciones. El segundo es la huella legislativa obligatoria, que obliga a dejar constancia en cada norma de qué grupos la influyeron y cómo.

El tercero son períodos de enfriamiento reales para quienes abandonan cargos públicos, no declaraciones de intención. El cuarto son reglas estrictas sobre conflictos de interés, incompatibilidades y regalos. El quinto son canales de denuncia protegidos: en casos de tráfico de influencias, la prueba no suele aparecer en el documento formal, sino en la alerta interna o la filtración responsable.

Sin ese sistema integrado, la regulación del lobby puede cumplir las formas sin alterar el fondo. Y el fondo remite siempre a las mismas preguntas: quién influye realmente, sobre qué y por qué.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respondió este martes en el programa 'En boca de todos', de Cuatro, a las preguntas sobre el coste de su polémico viaje a México —que terminó con su regreso anticipado tras el incidente de los Premios Platino— con una pregunta retórica: "¿Pero por qué soy yo la que tiene que dar pelos y señales del dinero?". 

Lo cierto es que la ley de transparencia madrileña —aprobada en 2019 por PSOE, Podemos y Ciudadanos a pesar de la oposición del PP, que ostentaba el Gobierno pero en minoría— obliga a esa rendición de cuentas. La norma establece que los altos cargos deben hacer públicos "las dietas y gastos de viaje derivados del ejercicio de las funciones y actuaciones institucionales". 

La Comunidad de Madrid publica en su portal de transparencia un archivo con los gastos protocolarios, de dietas y de viajes de cada alto cargo. En el caso del archivo de la presidenta Ayuso, el análisis de infoLibre revela que constan 14 viajes internacionales desde enero de 2024 y que solo en cinco de ellos aparece el coste que supusieron los vuelos y/o el alojamiento. ¿Quién corrió con los gastos de desplazamiento y hoteles en el resto y cuánto costó? No se sabe.

En esos archivos, únicamente constan los viajes cuando se detalla algún tipo de gasto asociado a los mismos. En el caso de Ayuso aparecen 14 viajes internacionales porque en todos ellos pagó por la utilización de las salas de autoridades de varios aeropuertos —un total de 14.687 euros en ese periodo—, pero los conceptos de mayor cuantía —transporte, alojamiento y manutención— brillan por su ausencia. 

Los cinco con algún tipo de información extra se distribuyen entre tres viajes con detalle sobre el coste de los vuelos, uno con detalle sobre el coste del alojamiento y un quinto con detalle sobre ambos tipos de gastos.

En los otros nueve viajes únicamente aparece el coste de utilizar las salas de autoridades, sobre el resto de gastos: total opacidad. De hecho, según ha podido comprobar infoLibre, en ese mismo periodo se produjeron al menos otros dos viajes internacionales de Ayuso como presidenta que no constan en su archivo de gastos, ni por un desembolso para salas de autoridades ni por ningún otro tipo de gasto. 

En total, 11 viajes de Ayuso al extranjero en los que no se puede saber quién corrió con sus gastos de desplazamiento y alojamiento sobre un total de al menos 16 expediciones internacionales en ese tiempo.

La sala de autoridades es un espacio reservado en los aeropuertos para altos cargos del Estado que, según la normativa, solo puede utilizarse para viajes oficiales  —salvo en el caso de los miembros de la familia real, el presidente del Gobierno y los ex presidentes—. infoLibre ya informó en 2024 de que la presidenta había utilizado este espacio también en viajes de carácter privado, en verano de 2021, incumpliendo la normativa que regula su uso.

El contraste con los miembros de su propio Gobierno es llamativo. Hay varios casos en los que algunos consejeros acompañaron a Ayuso en los viajes y el portal sí recoge sus gastos en detalle.

En su expedición a Miami y Nueva York en junio de 2025, los consejeros de Economía y de Digitalización viajaron junto a la presidenta y en sus archivos de gasto constan 7.976 y 6.169 euros, respectivamente, desglosados en conceptos de locomoción, alojamiento y manutención. Mientras, en el registro de Ayuso consta un único gasto de 220 euros por el alquiler de la sala de autoridades de la terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

Los ejemplos continúan: cuatro meses después la presidenta se desplazó de nuevo a Estados Unidos, esta vez a Austin, donde los consejeros de Cultura y Digitalización gastaron 11.329 y 5.995 euros, respectivamente, en transporte y hoteles. La presidenta, según el portal de transparencia, solo gastó 1.449 euros por el uso de la sala de autoridades del aeropuerto. 

En el viaje a Corea del Sur de noviembre de 2024, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local declaró 7.354 euros y el consejero de Digitalización, 5.226 euros. Ayuso figura en ese mismo desplazamiento con un desembolso de solo 131 euros. De nuevo, por el uso de la sala de autoridades. 

No solo los consejeros han acompañado a Ayuso en sus expediciones a nivel internacional. Otro de los habituales en las comitivas de la presidenta es Luis Socías, director general de la Fundación Madrid por la Competitividad y de la oficina Invest in Madrid. Esta organización pública está impulsando estos viajes de la presidenta autonómica al extranjero con la intención de buscar inversiones económicas para la región, como consta en los objetivos de su plan estratégico 2023-2027.

En el archivo de gastos de representación de Socías, publicado en la web de la fundación pública que dirige, consta, por ejemplo, que desembolsó 8.126,5 euros entre locomoción, alojamiento y manutención para el viaje de Miami y Nueva York en junio de 2025. También acompañó a Ayuso, por ejemplo, a Quito en abril del año pasado. El archivo de Ayuso no recoge ningún gasto ni siquiera una mención a ese viaje. El de Socías computa un gasto de 4.039 euros en locomoción y otro de 709 en alojamiento.

Los dos viajes en los que el portal no recoge absolutamente ningún gasto bajo el nombre de Ayuso son los que realizó a Quito en abril de 2025 y a Nueva York en marzo de 2026. 

En este último caso, el del viaje a Nueva York, infoLibre solicitó formalmente información sobre su coste con una solicitud de acceso vía ley de transparencia. La Consejería de Presidencia no admitió a trámite la petición el 31 de marzo de 2026 con el argumento de que los datos "están actualmente en tramitación y serán próximamente publicados en el portal de transparencia". 

El portal ya ha actualizado el archivo de gastos de Ayuso, incluyendo la información del primer trimestre de 2026, y en él no aparece ningún gasto del viaje a Nueva York. Para ver si aparece —o no— algún gasto sobre el reciente y polémico viaje a México habrá que esperar a la actualización sobre el segundo trimestre de 2026.

infoLibre ha trasladado estas preguntas a la Comunidad de Madrid: ¿Quién pagó los gastos de vuelo, alojamiento y manutención de la presidenta en sus viajes internacionales? ¿Por qué en la mayoría de casos no se publican esos costes en el portal de transparencia, a diferencia de lo que ocurre con los consejeros que la acompañan? ¿Por qué no figura ningún gasto sobre los viajes a Nueva York y Quito? En el momento de la  publicación de esta información no ha habido respuesta. En el caso de recibirla, este medio la publicará.

La Comunidad de Madrid gasta más que nunca en publicidad institucional. Además, en el reparto de esta tarta publicitaria infla a los medios afines mientras margina a aquellos con líneas editoriales más progresistas. Estos hechos se constataron en la investigación 'Ayuso parte y reparte', que realizó infoLibre el pasado mes de septiembre.

Ese trabajo periodístico procesó cientos de documentos y analizó miles de pagos individuales a los medios de comunicación para demostrar ese reparto discrecional, con grandes beneficiarios, como los medios de la Conferencia Episcopal o los de Federico Jiménez Losantos.

Ahora, el PP madrileño ha decidido impedir que se profundice más en cómo se gasta ese dinero público y así lo ha demostrado en la Asamblea de Madrid. Concretamente, en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, donde se ha tramitado una iniciativa, a propuesta de Más Madrid, para que la Cámara de Cuentas fiscalice "los fondos públicos destinados a la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid en la actual legislatura". Este miércoles 6 de mayo se ha sometido a votación y el PP la ha tumbado gracias a la mayoría absoluta que ostenta en el Parlamento autonómico.

El resto de grupos parlamentarios, Más Madrid, PSOE y Vox, han apoyado la iniciativa. De hecho, la oposición al completo ha coincidido durante sus intervenciones en las críticas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por cómo está realizando ese reparto.

El diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca, que fue quien defendió la propuesta de su partido, denunció el reparto desigual que está haciendo la Comunidad de Madrid del dinero público destinado a la publicidad institucional sin tener en cuenta criterios de audiencia o relevancia y citó casos concretos, como el rescate encubierto de Telemadrid o el dinero destinado a mantener vivos los restos del Grupo Intereconomía, ambos hechos desvelados por la investigación de infoLibre.

"Hay medios que reciben un montón de dinero en publicidad de la Comunidad de Madrid simulando publicidad institucional cuando en realidad adquieren la figura de soborno. Son medios que están comprados por el Gobierno autonómico [...]. El problema es la adulteración del sistema mediático, que no es menos que adulterar la democracia en la Comunidad de Madrid", denunció Martínez Abarca.

En la misma línea se expresaron los diputados Fernando Fernández Lara, por parte del PSOE, y Ana María Cuartero, por parte de Vox. Fernández Lara denunció que "los incrementos que se han producido en esos fondos públicos destinados a la publicidad institucional han sido no solo desmesurados; sino que también han sido direccionados" y que la Comunidad de Madrid ha destinado ese dinero público a "pseudoperiodistas que lo que hacen es propagar bulos [...] y a medios y tabloides relacionados con posturas de extrema derecha".

Cuartero aseguró que "Vox considera crucial que la Cámara de Cuentas ejerza un control sobre los contratos de publicidad institucional del Gobierno de la Comunidad de Madrid". "No por un tecnicismo administrativo, no se trata de un maquillaje para aparentar transparencia, se trata de defender el dinero de todos los madrileños y la transparencia como valor irrenunciable [...]. La publicidad institucional manejada con opacidad o con criterios subjetivos se convierte en un instrumento de propaganda partidista", remachó.

El diputado popular que intervino en el debate fue Ángel Francisco Alonso. El parlamentario del PP cargó contra el plan de regeneración democrática del Gobierno de Pedro Sánchez y criticó el reparto de publicidad institucional del Ejecutivo y la opacidad sobre ese gasto de dinero público. El Gobierno central no publica cómo distribuye esos fondos entre los distintos medios de comunicación, aunque en ocasiones se han podido conocer datos, como sucedió, por ejemplo, en 2024 gracias a una investigación de El Confidencial.

Sobre lo que hizo menos valoraciones el diputado es sobre el reparto publicitario del Gobierno madrileño, aunque aseguró que "en Madrid no se utiliza la publicidad institucional para influir en ninguna línea editorial de medios", de lo que sí acusó al Gobierno central, y presumió de la transparencia de la comunidad autónoma en este campo. 

Según declaró, el PP ha tumbado la propuesta de Más Madrid porque considera que la oposición está haciendo "un uso abusivo y político de la Cámara de Cuentas". "Creemos que se está devaluando con ello la labor de esta comisión [...] Vamos a votar en contra de toda iniciativa que insista en el uso político de la Cámara de Cuentas por más inocua que nos parezca, como es el caso de la que estamos hablando", aseguró después de denunciar que los partidos de la oposición durante la actual legislatura están pidiendo más informes de fiscalización que en las anteriores.

Martínez Abarca responde, en declaraciones para infoLibre, definiendo el motivo esgrimido por los populares como "absurdo". "Afortunadamente la Cámara de Cuentas tiene plena capacidad para afrontar una fiscalización así. Si no tuvieran nada que ocultar, estarían encantados de que se fiscalizara y tras el informe favorable podrían presumir de transparencia y de que nuestras acusaciones son infundadas. Pero en vez de eso hacen lo posible para evitar que nadie examine cómo reparten el dinero público".

"La publicidad institucional es un instrumento necesario para informar a la ciudadanía, para fomentar hábitos positivos, para ser transparentes... En vez de eso el Gobierno de Ayuso la usa para fabricar un entorno mediático que cacaree sus consignas. Han convertido la publicidad institucional en un arma antidemocrática para impedir un entorno mediático libre e independiente. Si la publicidad institucional se repartiese con criterios objetivos, el PP sería el primer interesado en que se pudiera fiscalizar por todos los medios", asegura el diputado de Más Madrid.

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid es el organismo de control que se encarga de fiscalizar la actividad económica, presupuestaria y financiera de la propia Comunidad de Madrid y del resto del sector público autonómico —Ayuntamientos, universidades, empresas públicas…—. Es el homólogo a nivel madrileño del Tribunal de Cuentas estatal y cuenta con independencia funcional, aunque a nivel orgánico depende de la Asamblea de Madrid. El actual presidente del organismo es Joaquín Leguina.

Leguina fue nombrado consejero de la Cámara a propuesta del PP de Ayuso en 2024, a pesar de que es el primer presidente de la Comunidad de Madrid y el único que ha tenido el PSOE —ocupó ese cargo entre 1983 y 1995—. En el momento de su nombramiento ya no tenía carné socialista, ya que el partido le suspendió de militancia en 2022 al entender que había pedido el voto para Ayuso en las elecciones autonómicas de 2021 —Leguina llegó a acompañar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en un acto de campaña—.

Una de las principales tareas de la Cámara de Cuentas es investigar y fiscalizar cómo ejercen sus funciones y cómo gastan el dinero los distintos actores del sector público para poder valorar cómo están llevando a cabo esas labores que tienen encomendadas. El año pasado la Cámara publicó 16 informes de fiscalización.

Es el propio organismo el que se encarga cada año de aprobar un programa de fiscalizaciones, en el que indica qué informes va a realizar durante ese ejercicio. A pesar de ello, la Asamblea de Madrid tiene también competencia sobre esa iniciativa fiscalizadora y puede proponer la elaboración de informes concretos. Esas propuestas se canalizan a través de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Los grupos pueden solicitar como mucho una fiscalización al mes, pero esta tiene que aprobarse por mayoría en la comisión para que la Cámara de Cuentas la añada a su programa anual y realice el informe.

En la actualidad, la Comisión de Presupuestos y Hacienda está formada por 17 miembros: diez del PP, tres de Más Madrid, tres del PSOE y uno de Vox. El resultado de la votación respecto a la propuesta sobre la fiscalización del reparto de publicidad institucional, que había sido registrada por las diputadas de Más Madrid Manuela Bergerot y Marta Lozano, ha sido claro: diez votos en contra —los del PP— y siete a favor —los de Más Madrid, PSOE y Vox—.

El Gobierno tiene preparado el anteproyecto de la nueva Ley de Publicidad del Sector Público y está a punto de enviarlo al Consejo de Ministros, pero las organizaciones de periodistas que lo han analizado comparten una misma inquietud: que la norma, bien intencionada en su diseño, no sirva para lo que dice que sirve. 

El texto establece que la publicidad de la Administración central no podrá superar el 35% de la facturación de cada medio, amplía el concepto de publicidad institucional para incluir la actividad comercial de empresas públicas y exige inscripción en un registro de medios como condición para acceder al dinero público. Lo que no hace, y ahí está el problema, es tocar el dinero que reparten comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Y ese es precisamente el dinero que más ata.

La norma deriva del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) y del Plan de Acción Democrática, y llega con el respaldo formal de todas las organizaciones consultadas. Ninguna la rechaza. Pero el apoyo convive con un escepticismo que, en algunos casos, roza la desconfianza explícita hacia su eficacia real.

La asimetría territorial es el punto en el que coinciden todas las voces consultadas. El anteproyecto regula la publicidad del Estado central, pero deja intacta la que distribuyen las administraciones autonómicas y locales, que es donde se concentra históricamente la mayor capacidad de presión sobre los medios.

Joan Maria Morros, decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya, lo califica como "probablemente uno de los puntos más discutibles del anteproyecto". A su juicio, "no parece coherente establecer límites y mecanismos de control para la Administración General del Estado y no hacerlos extensivos, al menos en parte, a comunidades autónomas y administraciones locales", porque “esta diferencia puede generar estándares desiguales de transparencia y abrir la puerta a usos discrecionales de la publicidad institucional, especialmente en el ámbito local, donde los mecanismos de control suelen ser más débiles”.

Lorena Mejías, decana del Colegio de Periodistas de Andalucía, apunta en la misma dirección, aunque añade un matiz sobre la arquitectura legal: cada comunidad autónoma tiene competencias propias sobre su publicidad institucional, y la norma estatal “sirve de base, pero siempre y cuando las normas autonómicas se ajusten a esa base”. El problema, dice, es que sin mecanismos estatales de garantía, las desigualdades territoriales son inevitables. “¿Puede haber en ese sentido desigualdades territoriales? Pues seguro que sí, seguro que se van a producir”.

Mejías va más lejos en su diagnóstico sobre los límites económicos. El techo del 35% puede sortearse con facilidad porque hay “un montón de formas de que las empresas de comunicación reciban dinero a través de las administraciones públicas mediante otro tipo de contrato”. No solo publicidad directa: “Puede ser a través de patrocinio, puede ser mediante organización de eventos, puede ser mediante jornadas de cosas que se inventan”. La conclusión es que una empresa puede respetar el límite del 35% en publicidad y seguir recibiendo fondos públicos por otras vías que la ley no cierra.

El límite del 35% es la medida más visible del anteproyecto y también la más cuestionada en su diseño técnico. María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), señala que el texto no aclara si ese porcentaje se calcula por cabecera o por grupo editorial, y que eso “es muy determinante, cambia mucho las cosas”. La APM ha solicitado un informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) precisamente porque la norma le parece “imprecisa” en aspectos que condicionan su alcance real.

Rey enumera otras incógnitas que el anteproyecto deja sin resolver: quién sanciona, cómo sanciona, cuál es el régimen de excepciones para medios autonómicos y con qué criterio. “Exactamente no sabemos ni siquiera cuál es el régimen sancionador, si existe”, afirma. La presidenta de la APM reconoce que las asociaciones están siendo deliberadamente cautelosas porque el texto está en una fase muy inicial: “Estamos vigilantes, estamos pendientes, pero ahora mismo falta mucha concreción”.

El anteproyecto incluye además una excepción significativa: los medios con una facturación inferior a dos millones de euros y audiencia regional quedan exentos del tope. Esta cláusula, pensada para proteger a los medios pequeños, puede tener el efecto contrario: dejar sin regulación efectiva a buena parte del tejido de publicaciones locales que teóricamente más dependen del dinero público. 

El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, que ha presentado un documento formal de alegaciones, propone rebajar ese umbral de dos millones a un millón de euros, “al entender que el umbral actual supera ampliamente la facturación de buena parte de los medios locales que teóricamente se pretende proteger”.

Los periodistas gallegos proponen también que el límite del 35% se extienda a las administraciones autonómicas y locales, y que la ley incluya una reserva mínima del 25% del presupuesto de cada campaña para su difusión en medios que difundan información mayoritariamente en lenguas cooficiales. Galicia, recuerdan, sigue sin disponer de una ley autonómica propia de publicidad institucional.

Hay una cuestión que las organizaciones profesionales han identificado como especialmente sensible: el anteproyecto da preferencia a los medios de carácter informativo para recibir publicidad pública, pero no especifica quién determinará que un medio es informativo o no.

Mejías no oculta su irritación. “El Gobierno en su anteproyecto de ley identifica a los medios de comunicación informativos, es decir, da prioridad a los medios de comunicación informativos y determina cómo tiene que ser un medio informativo, pero no indica quién se va a encargar de determinar que un medio es informativo o no”. La decana andaluza señala que ese vacío se llenará con decisiones discrecionales de organismos que no tienen formación ni competencia específica en materia periodística, “habiendo como hay corporaciones de derecho público –como los colegios, que tienen esa capacidad– y a las que el Gobierno central sigue ninguneando de forma sistemática”.

El Col·legi de Catalunya también pone el acento en cómo se apliquen los criterios, más que en los criterios en sí. Morros advierte de que el límite del 35% puede convertirse en “un tope rígido que no tenga en cuenta la realidad del mercado ni la capacidad efectiva de los distintos medios para difundir campañas”, y que si se aplica “de manera mecánica, podría penalizar a medios con mayor audiencia o implantación, primando el reparto sobre la eficacia comunicativa”. Para el decano catalán, lo que importa no es el porcentaje en sí, sino que “su aplicación responda a criterios técnicos claros, transparentes y evaluables”.

Morros resume la posición de su organización con una frase que podría firmar cualquiera de las organizaciones consultadas: la nueva regulación “deberá aplicarse con criterio”, porque lo que está en juego “no es solo la eficiencia de la publicidad institucional, sino también el equilibrio del sistema mediático”.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado su propio informe sobre el anteproyecto con una valoración globalmente positiva, pero con un enfoque que revela una prioridad diferente a la de las organizaciones de periodistas. Mientras estas se preocupan por la captura de medios y el pluralismo informativo, la CNMC pone el foco en la distorsión del mercado publicitario y la seguridad jurídica de las licitaciones. Son problemas distintos, y la diferencia de perspectiva es muy relevante.

El organismo regulador advierte de que el techo del 35% “no existe en la contratación pública” y puede convertirse en una barrera económica que impida a algunos medios presentarse a licitaciones una vez superado el umbral, “distorsionando la competencia”. Señala también que, al fijarse el límite sobre el grupo empresarial en su conjunto, se podría incentivar la creación de medios específicos para eludir el tope, “lo que vaciaría de contenido la regla”.

La CNMC propone que, si se mantiene el límite, el porcentaje se calcule por cada empresa del grupo, no por el grupo en su totalidad, y que se estudien “porcentajes máximos decrecientes por tramos de ingresos para evitar dependencias excesivas”. También critica la excepción para pequeños medios con audiencia concentrada en una o varias comunidades limítrofes, porque permite que esos medios lleguen al 100% de dependencia de la publicidad pública, mientras otros de igual tamaño pero con ámbito estatal quedan limitados al 35%. La CNMC lo considera “potencialmente discriminatorio”.

El informe también pone el foco en algo que el texto da por resuelto y no lo está: la definición de qué es publicidad del sector público. El anteproyecto habla genéricamente de "asignación de fondos públicos", pero el Reglamento EMFA europeo habla de "fondos públicos o cualquier otra remuneración o ventaja", incluyendo contratos de servicios, subvenciones, convenios y patrocinios. Si la ley española no cierra esa lista, las vías de elusión que ya señalaba Mejías quedan abiertas por defecto.

Sobre la obligación de que los medios comuniquen sus tarifas —que el anteproyecto convierte en precios máximos para la contratación pública— la CNMC advierte de que una interpretación rígida podría "favorecer el alineamiento de precios entre competidores y desincentivar descuentos y precios dinámicos". En su lugar, propone usar bandas o rangos en lugar de tarifas puntuales.

Finalmente, la CNMC pide recursos. Señala que ni el anteproyecto ni su memoria de impacto explican con qué medios humanos y organizativos se reforzará el organismo para asumir las nuevas funciones de supervisión que la ley le atribuye. Sin esa dotación, las obligaciones de seguimiento y control que la norma deposita en la CNMC quedan en el papel.

Sobre todo este debate pende una pregunta que las propias organizaciones de periodistas ya se hacen en voz alta: ¿llegará esta ley a aprobarse? La APM lo duda. Rey afirma que la asociación “sinceramente duda mucho, tal como está ahora mismo la legislatura, que vaya a poder salir adelante”. El anteproyecto aún debe superar algunos trámites, convertirse en proyecto de ley, pasar por el Congreso y el Senado, y recibir el visto bueno final.

Con unas elecciones generales que apuntan a la primavera de 2027, el margen para completar ese recorrido es estrecho. La legislatura no tiene tiempo ilimitado, y el anteproyecto todavía no es ni proyecto. Lo que hoy existe es una norma en construcción, con apoyo profesional condicionado, con reservas técnicas de la CNMC y con las principales brechas estructurales —la asimetría territorial, la elusión por vías alternativas, los vacíos en el régimen sancionador— pendientes de corrección. Si el Gobierno no acelera el trámite, la ley que debía poner orden en el reparto de la publicidad pública puede convertirse en la norma que nunca llegó a tiempo de intentarlo.

Cada mes de abril, millones de españoles abren el borrador de su declaración de la renta con la discreción de quien maneja información clasificada. Lo que uno paga a Hacienda es, aquí, una cuestión íntima. Casi tabú. En cambio, en Noruega, cada octubre, la administración tributaria publica en internet los ingresos netos, el patrimonio y los impuestos satisfechos de todos los ciudadanos mayores de 16 años. Cualquiera puede consultar lo que paga su vecino, su jefe o el más rico del país. Y nadie (casi nadie) lo tacha de invasión de la privacidad. Lo consideran, simplemente, un gesto de transparencia democrática.

La diferencia no es una cuestión técnica. Es política, cultural e histórica. ¿Estaría usted dispuesto a que sus datos fiscales fuesen del dominio público a cambio de conocer los de todo el mundo? ¿Tiene sentido que el conjunto de los ciudadanos sepa lo que aporta cada individuo al sostenimiento del bien común?

Noruega lleva publicando datos fiscales individuales desde 1863. Suecia, desde el siglo XIX. Finlandia hace lo propio cada noviembre: la agencia tributaria publica el nombre, el municipio de residencia, las rentas del trabajo, las rentas de capital y los impuestos pagados de todos los contribuyentes. En estos países, el fundamento de esa apertura no es la curiosidad ni el castigo. Es la confianza.

La lógica que impulsa este comportamiento es más sencilla de lo que parece. Si el Estado exige tipos impositivos elevados, los ciudadanos necesitan saber que todos los demás contribuyen de forma equitativa. La transparencia fiscal no se considera una amenaza al sistema, sino su condición de legitimidad. Saber lo que aporta cada cual refuerza la confianza institucional y reduce la tentación de evadir. Los nórdicos tienen la presión fiscal entre las más altas del mundo y también las tasas de cumplimiento voluntario más elevadas. No debe de ser una simple coincidencia.

El modelo no ha permanecido intacto a lo largo del tiempo, pero sí ha sobrevivido a sus propias tensiones. Una de las más notables tuvo lugar en Noruega en 2014. Hasta ese año, todas las consultas eran anónimas. Eso acabó generando un ecosistema de aplicaciones que permitían espiar, con solo un par de clics, los ingresos de citas personales, de los vecinos de al lado o de compañeros de trabajo.

Pero la respuesta no fue cerrar el sistema, sino hacerlo recíproco. Desde ese año, quien hace una consulta queda registrado y el consultado recibe una notificación con el nombre, año de nacimiento y código postal del curioso. ¿El resultado? Las búsquedas cayeron un 90% de inmediato. La transparencia se mantuvo; el chismorreo prácticamente despareció.

En Finlandia, entre 2019 y 2022, alrededor de un millar de contribuyentes de altos ingresos lograron excluirse de las listas que la agencia tributaria envía anualmente a los medios de comunicación, alegando riesgos de seguridad. Veinte medios finlandeses protestaron bloqueando su propio portal fiscal durante un mes.

El Tribunal Administrativo Supremo falló en diciembre de 2022: los datos fiscales de los grandes contribuyentes son información pública por ley y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo no ampara la exclusión cuando existe un interés público prevalente. Así que, desde 2023, ningún contribuyente puede optar por no aparecer. En noviembre de 2025, el cofundador de Wolt —una especie de Glovo finés—, Miki Kuusi, encabezó la lista con 80,6 millones de euros de ingresos declarados. Sin posibilidad de ocultarse.

Suecia atraviesa un conflicto de diferente naturaleza. En este caso fue la organización de defensa de la privacidad digital noyb —acrónimo de none of your business, "no es asunto tuyo"—, liderada por Max Schrems, un activista austriaco especializado en la protección de datos, la que puso en riesgo la transparencia al demandar a la agencia tributaria sueca por vender datos fiscales a empresas intermediarias como Dun & Bradstreet, que los revendían sin salvaguardas.

El Tribunal Supremo sueco dictaminó que la libertad de información y la privacidad deben equilibrarse, y que los datos deben marcarse como confidenciales solo si el receptor los va a procesar violando el RGPD europeo.

Los argumentos a favor de la transparencia fiscal no vienen solo de Escandinavia; forman parte también del discurso de los economistas que llevan décadas midiendo la brecha entre lo que los ricos declaran y lo que realmente poseen.

Thomas Piketty lleva años usando datos fiscales históricos públicos de Francia para reconstruir series de desigualdad. Su conclusión es directa: sin transparencia, no hay debate informado sobre justicia fiscal. Por eso ha elogiado explícitamente el modelo noruego y ha ido más lejos: propone un registro financiero global que incluya cuentas bancarias, acciones, bonos y propiedades de todos los contribuyentes, con independencia de dónde estén domiciliados. No por transparencia en sí misma, sino porque ese registro es la condición técnica indispensable para implementar cualquier impuesto progresivo sobre el capital. Si no sabes quién tiene qué, no puedes gravar con justicia.

Gabriel Zucman, director del Observatorio Fiscal Europeo y profesor en la Universidad de Berkeley, sostiene que el secreto bancario y la opacidad fiscal actúan como un mecanismo que permite a los más ricos reducir su contribución, generando de facto un privilegio estructural dentro del sistema tributario. Según sus cálculos, hay decenas de billones de dólares ocultos en paraísos fiscales. Ninguna lista pública nacional lo desvelaría todo, pero es una evidencia que la opacidad doméstica facilita la opacidad global. Emmanuel Saez, coautor habitual de Zucman y Piketty, defiende que los datos fiscales son esenciales para medir con precisión la desigualdad y para comprobar si los sistemas tributarios son tan progresivos como afirman ser.

El argumento central de todos ellos es el mismo: la opacidad no protege a los ciudadanos en general. Ayuda, de forma estructuralmente selectiva, a quienes tienen más que ocultar. Un trabajador asalariado no posee activos en el extranjero ni estructuras societarias que el secreto fiscal preserve. Quienes se benefician del blindaje son las grandes fortunas que pagan tipos efectivos muy inferiores a los nominales gracias a deducciones y optimizaciones fiscales legales que el ciudadano medio no puede muchas veces ni llegar a imaginar.

La paradoja española lo ilustra bien. España publica la lista de deudores con Hacienda —lo que debes—, pero no la de contribuyentes —lo que aportas—. Se castiga públicamente al que no paga, pero se protege al que, siendo rico, paga poco o nada mientras lo haga dentro de la legalidad. La lógica cívica queda invertida.

No obstante, no todas las objeciones a la transparencia fiscal son de mala fe. Algunas merecen tomarse en serio. Por ejemplo, los riesgos de seguridad, que son reales en contextos con altas tasas de violencia. Un pequeño empresario en una zona conflictiva o una víctima de violencia de género que ha cambiado de identidad, por citar dos ejemplos que se entienden bien, tienen razones legítimas para no querer que sus ingresos sean públicos. El modelo noruego, con su sistema de identificación obligatoria del consultante, busca mitigar ese riesgo. Pero no lo elimina por completo.

Por otro lado, la estigmatización asociada a las rentas bajas también es un efecto documentado. Se han reportado casos de acoso escolar a hijos de familias con pocos recursos tras consultas a las listas. La intimidad no solo tapa a los ricos; también puede proteger a quienes declaran pérdidas, atraviesan una quiebra o tienen ingresos por debajo de la media.

Hay quien sostiene, además, que la transparencia no garantiza automáticamente la justicia fiscal. Los millonarios noruegos han seguido usando estructuras internacionales para reducir su carga tributaria, estructuras que las listas públicas nacionales no desvelan. La publicidad de los datos domésticos es una condición necesaria, pero no parece haber sido suficiente para mejorar la disciplina fiscal de las clases más acomodadas.

Lo que no es una objeción seria —aunque se presenta como tal— es esgrimir el RGPD europeo como barrera insalvable. Noruega, Suecia y Finlandia son miembros del Espacio Económico Europeo y aplican el reglamento sin problema. El RGPD no prohíbe la transparencia fiscal; permite el tratamiento de datos cuando existe un interés público prevalente. La cuestión es si los tribunales y los legisladores lo reconocen como tal. En los países nórdicos, llevan siglos haciéndolo.

En España, en cambio, el secreto tributario está consagrado en el artículo 95 de la Ley General Tributaria y amparado por una interpretación del artículo 18.1 de la Constitución —el derecho a la intimidad— que los tribunales han extendido a la información fiscal. De acuerdo con ese criterio, la Agencia Tributaria solo puede ceder datos a otras administraciones, a jueces y al propio contribuyente sobre sus propios datos. Nunca al público en general.

Lo llamativo es que ningún partido con representación parlamentaria incluye en su programa el objetivo de la publicación masiva de las declaraciones del IRPF. Ninguno. Sobre esto no es que haya consenso, es que hay unanimidad. Las propuestas fiscales se dirigen a otras materias. La transparencia individual, el modelo en el que cualquier ciudadano puede saber lo que aporta su vecino al bien común, no está en la agenda de nadie.

La única aproximación al debate la protagonizan periodistas de investigación que trabajan con filtraciones —Papeles de Panamá, Pandora Papers— porque el acceso legal es imposible. La transparencia entra por la ventana de los leaks porque la puerta del derecho está cerrada.

En todo caso, la distancia con el modelo nórdico no es solo legal. Es cultural. En España, como en Alemania o en los Países Bajos, hablar de los ingresos propios se percibe como de mal gusto, y conocer los ajenos, como una intromisión. En Noruega, en cambio, basta una gestión sencilla para conocer la renta de cualquier compatriota. Las sociedades nórdicas han construido su contrato social sobre la premisa contraria a la española: los impuestos son un acto público y colectivo, y su visibilidad es garantía de equidad, no una amenaza a la privacidad.

En el caso español, el elefante en la habitación es a quién beneficia exactamente el secreto tributario. La respuesta incómoda es que favorece, de forma desproporcionada, a quienes tienen más recursos para optimizar su contribución fiscal dentro de la ley. El asalariado que tributa por retención no tiene nada que ocultar. El patrimonio estructurado en varias capas societarias, sí.

Es cierto que el modelo nórdico no es exportable sin adaptaciones. Requiere niveles de confianza institucional que no se construyen por decreto, y plantea dilemas reales sobre seguridad y estigmatización que no son menores. Pero la pregunta de fondo que plantea —¿tiene la ciudadanía derecho a saber lo que cada cual aporta al bien común?— es una pregunta política legítima que en España ni siquiera se formulan quienes se presentan a las elecciones.

Mientras arranca la campaña de la renta y millones de contribuyentes abren sus borradores —a buen recaudo de las miradas de extraños—, vale la pena recordar que esa discreción no es un valor universal. En algunos países es, simplemente, una convención.

España está a la cabeza de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el acceso que proporciona a los ciudadanos a la información pública: en transparencia. También en el control de los conflictos de intereses de los políticos y altos cargos. Sin embargo, al igual que recogió el último Informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea y el del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, nuestro país suspende por la ausencia de regulación del lobby, la influencia en la política de los grupos de interés. El Estado Español también queda a la cola de los países analizados en el control de la financiación de los partidos.

La organización internacional con sede en París ha hecho público su informe sobre Perspectivas de anticorrupción e integridad de 2026. En su apartado sobre España, el informe hace referencia al Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción anunciado por Gobierno el pasado julio tras conocerse la implicación del ex secretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes José Luis Ábalos y la de su sucesor como número tres del partido, Santos Cerdán, ambos estrechos colaboradores del presidente Pedro Sánchez, en la trama de comisiones ilegales ligadas a obra pública que se investiga en el caso Koldo.

La OCDE valora ese plan y el anteproyecto de ley orgánica de integridad pública en el que se ha traducido (aprobado el 17 de febrero por el Consejo de Ministros), como "la primera estrategia anticorrupción de España adoptada a nivel gubernamental". La iniciativa, que está todavía en elaboración y no ha sido remitida al Parlamento, pero el informe valora que contemple la creación de una nueva Agencia de Integridad Pública independiente, que en caso de ser aprobada, "integraría las competencias de la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude".

El hecho de que la nueva norma todavía no esté aprobada coloca a España en la parte media baja de la tabla de países analizados en lo que respecta a su "marco estratégico" contra la corrupción. El Estado cumple sobre el papel el 53% de los criterios de la OCDE sobre la solidez de este marco, pero en la práctica solo se cubren el 17%. El dato es malo, porque 16 de los 62 países analizados carecen de cualquier tipo de plan estratégico. Entre los que sí lo tienen, España se encuentra el 14 por la cola.

El plan anunciado por Sánchez el pasado verano "identifica los riesgos actuales para la integridad pública a los que se enfrenta el país", dice el documento, que subraya que, algunos indicadores en los que España sale peor parada, como el del control de la financiación de los partidos políticos. Sin embargo, hasta el momento, el Estado "no tiene un plan de acción en vigor", dice, a lo que añade: "Como la estrategia se adoptó muy recientemente, no se dispone de informes de seguimiento de su implementación".

De todos los aspectos recogidos en el plan anticorrupción de Sánchez que analiza la OCDE, aquel en el que España sale mejor parada es, el "acceso a la información pública", es decir, la transparencia, en la que se encuentra en el puesto seis de los 62 países y por delante de Francia, Alemania, Países Bajos o Italia. La normativa española cumple con el 89% de los criterios de la organización, de los que, en la práctica, se cumple el 81%. La media de los Estados analizados queda por debajo, en el 72% y el 62% respectivamente.

El informe subraya que la Ley de Transparencia "establece que todas las personas, incluidas las personas jurídicas y los ciudadanos no nacionales, tienen derecho a acceder a la información en todas sus formas" con las únicas restricciones que recoge esa norma. También resalta la documentación pública que a la que se puede acceder en línea, como "los programas de las reuniones del Gobierno, las agendas de los ministros, el registro de la propiedad, los salarios de los altos funcionarios individuales y las licitaciones públicas anunciadas por el Gobierno central y sus resultados". También "la mayoría de las declaraciones de bienes e intereses", aunque no "las de los jueces del Tribunal Supremo".

La necesidad de conocer los intereses de estos altos magistrados fue objeto de controversia el pasado noviembre. Tras la inhabilitación del ex fiscal general los medios publicaron que tres de los magistrados del tribunal que lo condenó daban clases en el colegio de abogados de Madrid que, a su vez, era acusación en el proceso. Uno de ellos, además, dirigió la tesis doctoral del abogado que representaba a Alberto González Amador, el denunciante y novio de Isabel Díaz Ayuso, y a otro letrado de la asociación de fiscales APIF, que actuó como acusación popular.

El segundo de los aspectos en el que España obtiene una muy buena calificación es la regulación de los conflictos de interés. "España cumple el 89 % de los criterios (...) y presenta un excelente rendimiento en la práctica, cumpliendo el 89 % de los criterios, frente a la media de la OCDE del 80 % y el 45 %, respectivamente", recoge el documento. "Todos los miembros del Gobierno y del Parlamento han presentado declaraciones de intereses en los últimos seis años, y todos los funcionarios de alto nivel recién nombrados (...) en los últimos cuatro años".

Además, prosigue el informe, "todas las declaraciones presentadas durante los dos últimos años naturales fueron verificadas por la Oficina de Conflictos de Intereses, que emite recomendaciones cada vez que se detecta un caso de conflicto de intereses". El texto solo recoge una pega: los jefes de gabinete, que se considera que ocupan "puestos de alto riesgo", no están sometidos a esa obligación. Otro de los ámbitos en el que nuestro país se encuentra por encima de la media es la integridad de su sistema judicial, tanto desde el punto de vista de la judicatura como de la fiscalía.

En junio de 2018, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, perdió la moción de censura en la que resultó investido Pedro Sánchez. El motivo fue la sentencia del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que ha afectado al PP, que terminó condenado como "partícipe a título lucrativo". Pero el partido de Sánchez, el PSOE, también se enfrenta ahora a un importante caso de corrupción, el caso Koldo, que afecta a los que fueron dos de sus principales dirigentes y colaboradores del jefe del Ejecutivo, Ábalos y Cerdán.

La OCDE concluye ahora que la regulación del sistema de financiación de partidos políticos es una de las grandes asignaturas pendientes del sistema anticorrupción en España. Sobre el papel, según el informe, España cumple el 70% de los criterios de la organización (76% es la media) gracias a la Ley de Financiación de Partidos. El texto valora su sistema de sanciones y la prohibición de las contribuciones a las formaciones de empresas públicas, empresas extranjeras y Estados extranjeros.

"Sin embargo, el marco normativo no prevé prohibiciones más amplias sobre el uso de fondos y recursos públicos a favor o en contra de un partido político", sostiene. Campos como la regulación de las televisiones y medios públicos o la publicidad institucional con la que algunas administraciones riegan a sus medios afines parecen entrar en este capítulo.

Pero el problema, más que la normativa, es la práctica, en la que España solo supera el 43% de los criterios frente al 58% de media en la OCDE. El organismo supervisor es el Tribunal de Cuentas, y cuenta con todos los medios para desarrollar su labor. "Sin embargo, no todos los partidos presentaron sus cuentas anuales dentro de los plazos (...) en 2023, y otros no las presentaron en 2024", refleja el documento. "Además, las cuentas relacionadas con las elecciones y los informes financieros de todos los partidos no están a disposición del público".

Por último, otro de los apartados en los que España suspende reiteradamente en todos los organismos internacionales que evalúan sus indicadores democráticos, es el lobby, el control de la influencia en los políticos y altos cargos de los grupos de interés. El informe recoge que se está elaborando una regulación –el proyecto de ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, actualmente en tramitación parlamentaria– pero el cumplimiento actual de los criterios de control de la OCDE para estas organizaciones en España sigue siendo terreno por explorar.

La normativa –la ley de Altos Cargos– solo recoge períodos de incompatibilidad para los cargos públicos una vez que dejan esos puestos de responsabilidad, pero "no existe regulación alguna sobre el cabildeo (lobby), ni un registro de grupos de interés", advierte el informe. Esa disposición y la orden que obliga a cualquier empresa a inscribirse en el Registro Mercantil para poder identificar a suss propietarios solo cumplen el 40% de los criterios formales de la OCDE

De policía nacional dedicado a la localización de fugitivos a asesor local del eurodiputado Alvise Pérez. Ese es el resumen de los últimos años de carrera laboral de Adrián Yacar. También ha sido cantante de rock aficionado y empresario de inteligencia artificial, actividades en las que aún continúa según ha expresado él mismo públicamente. El puesto que ya no desempeña es el de asesor del eurodiputado ultra.

Pero eso no quiere decir que Yacar no siga de la mano de Alvise. El policía, que según asegura se encuentra en excedencia, es el cabeza de lista de Se acabó la fiesta (SALF) para las elecciones andaluzas que se celebrarán este 17 de mayo.

Adrián Yacar ofreció una entrevista el pasado mes de julio para el canal de YouTube del coronel Pedro Baños. En ella alababa públicamente a Alvise sin hablar de su vinculación con él —ahora ha contado que se conocieron en UPyD, el extinto partido de Rosa Díez—, afirmaba estar de excedencia de su puesto como policía nacional y haber sido reconocido con la medalla de la Orden del Mérito Policial, unas distinciones que concede el Ministerio del Interior y sobre las que el departamento de Marlaska guarda una gran opacidad.

El propio Alvise Pérez ha presumido de su fichaje como candidato asegurando que Yacar ha recibido esa distinción "por la detención de Samir Benbouabdellah, uno de los más buscados de Francia por intento de asesinato a un hombre y una niña de siete años con un subfusil". ¿Pero hasta qué punto es cierto?

No se sabe. El Ministerio del Interior no ha confirmado ni desmentido nada al respecto. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska se niega a aclarar cuál era el último destino de Yacar en la Policía y si efectivamente le ha otorgado la medalla. Tampoco quiere revelar los motivos de esa supuesta concesión. 

Interior se niega a entregar esos datos, entre otros, alegando la supuesta protección de los datos personales de Yacar y se salta así una resolución del Consejo de Transparencia. El organismo había estimado que esa información debía ser pública tras una reclamación de infoLibre.

Todo se remonta al desembarco de Yacar como asesor de Alvise Pérez con cargo a las arcas del Parlamento Europeo. infoLibre informaba este verano del fichaje, unas semanas después de que el propio Yacar concediera la entrevista a Pedro Baños en la que se omitía su nuevo puesto.

De lo que sí habló Yacar es de su currículum. Es cierto que el policía ha trabajado en el Grupo de Localización de Fugitivos del Cuerpo Nacional de Policía, que pertenece a las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO). De hecho, esa labor le llevó a ser uno de los protagonistas de la serie documental 'Fugitivos', de Movistar Plus+, en la que se muestra cómo trabaja ese grupo.

Yacar comentó ese trabajo en la entrevista y también habló de ciertas operaciones concretas en las que asegura haber participado. Incluso mencionó la supuesta medalla: "Me consta por compañeros de la Guardia Civil que a Alvise le propusieron para la medalla del mérito de la Guardia Civil y no se le dio por cuestiones políticas y porque se fue de eurodiputado, pero luego le dan la medalla del mérito policial a la Virgen del Rocío. A mí me la dieron, pero creo que ganada, que bien merecida".

Debido a esas declaraciones públicas del propio Yacar, infoLibre realizó una solicitud al amparo de la ley de transparencia dirigida a Interior. Este medio pedía al ministerio saber "si Adrián Yacar López es policía nacional en excedencia o qué situación o relación tiene con el Cuerpo y desde qué fecha se encuentra en la misma". Además, se solicitó conocer "cuál fue su último cargo, puesto y destino antes de coger la excedencia" y "si se le ha distinguido o no con la Orden del Mérito Policial y en caso afirmativo, con qué categoría, por qué motivo se le concedió, en qué fecha y una copia de la resolución de la concesión".

Interior denegó la solicitud de infoLibre. El ministerio aseguró que era abusiva, que la información que se solicitaba no tenía relación con los objetivos de la ley de transparencia y que había que salvaguardar la protección de los datos personales de Yacar. En ese momento, infoLibre decide reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Este organismo es el que se encarga de decidir si la información debe ser pública cuando un ciudadano utiliza la ley de transparencia para solicitarla, pero la Administración se la deniega. El CTBG es quien pondera los distintos derechos en juego y decide quién tiene razón.

En este caso fue claro y estimó al completo la reclamación de infoLibre. El Consejo entendió que el ministerio no había justificado "de forma suficiente y adecuada la concurrencia del carácter abusivo de la solicitud" y que tampoco prevalecía la protección de los datos personales. "No se ha justificado ni se alcanza a apreciar en qué medida el conocimiento de la situación administrativa de servicio activo o de excedencia de un funcionario de policía cuya identidad es públicamente conocida y participa en actividades igualmente públicas puede generar un riesgo para su seguridad personal o constituir una injerencia grave en su derecho a la intimidad personal y familiar", reza la resolución.

Sobre la concesión de la supuesta medalla el Consejo va incluso más allá: "La acreditación de los méritos que se han tenido en cuenta para otorgar la condecoración recogerá hechos o actuaciones ya consumadas por el policía en relación con su servicio al Estado, por lo que difícilmente puede argumentarse que su conocimiento pueda causarle ningún perjuicio a su intimidad o seguridad; siendo evidente, en cambio, el interés público en conocer los méritos acreditados en la medida en que constituye una herramienta indispensable para discernir si la Administración se ha movido dentro del ámbito de discrecionalidad, que a estos efectos se le reconoce, sin incurrir en arbitrariedad".

Tras esa resolución, Interior debía entregar la información que había solicitado infoLibre, pero, en lugar de cumplir, se reafirmó en sus argumentos. En una comunicación dirigida a este medio y al Consejo de Transparencia, y firmada por Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional, el departamento "reitera la procedencia de la aplicación" de la protección de datos personales. "El hecho de desempeñar una función pública no legitima a solicitar datos de índole personal utilizando indebidamente la ley de transparencia", asegura el documento en el que, en lugar de eso, Interior debería haber facilitado la información que había pedido infoLibre.

Joaquín Meseguer, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y experto en transparencia, explica a este medio que lo que ha hecho Interior es incumplir con la resolución del Consejo sin ni siquiera recurrirla ante los tribunales.

"La oposición de las Administraciones ante las resoluciones de los consejos de transparencia debe materializarse a través de un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, pero nunca de esta manera. Dar respuesta al reclamante incumpliendo el mandato del Consejo no puede admitirse. O se discute su decisión ante los tribunales, o lo único que queda es cumplir con ella", resume el experto, que asegura que hace falta "un modelo eficaz de multas coercitivas cuando se detecta el incumplimiento de una resolución firme" como en este caso.

Los incumplimientos de las resoluciones del Consejo de Transparencia por parte de la Administración Pública se han dado con cierta regularidad en los últimos años. La actual ley de transparencia no recoge ningún tipo de sanción para estos casos y, en ocasiones, la Administración se salta la normativa optando por no recurrir las resoluciones ante la Justicia pero tampoco cumplirlas. Concepción Campos Acuña, que será la nueva presidenta del Consejo, también ha pedido sanciones para las Administraciones que actúen de esta forma.

Mientras, Alvise Pérez ha anunciado a su nuevo candidato presumiendo, precisamente, de la supuesta medalla al mérito policial y citando otros supuestos éxitos de su currículum policial. Por ahora, nada de ello se puede corroborar debido a la opacidad del Ministerio del Interior y a su negativa a cumplir con las resoluciones del Consejo de Transparencia.

Esta semana el Gobierno ha desclasificado y publicado en su página web más de 150 documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. Algo que ha revolucionado la agenda mediática a lo que se ha sumado, el mismo día, la muerte del propio teniente coronel Antonio Tejero.

Pero, ¿el Gobierno ha publicado realmente todos los archivos que tiene sobre el asunto? ¿Conoce siquiera el Ejecutivo cuántos documentos posee sobre el 23-F? Diversos especialistas consultados por infoLibre aseguran que no, que el Gobierno no sabe exactamente qué información y documentos tiene sobre el tema ni cuáles estaban clasificados y cuáles no y, por tanto, no lo ha publicado todo. Esto impide que la desclasificación haya aclarado todas las incógnitas que aún rodean el 23-F —como qué papel jugó el rey Juan Carlos—.

La propia ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes hablaba de desclasificar "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", reconociendo de forma implícita que pueden faltar archivos. A pesar de ello, una cosa es la publicación —los archivos que el Gobierno ha encontrado y colgado en su página web— y otra la desclasificación —que según ha aprobado el Consejo de Ministros afecta a "cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981"—.

Así que, aunque el Gobierno por ahora solo ha encontrado y publicado en la web de Moncloa 167 archivos, cualquier documentación relativa al 23-F ha pasado a estar desclasificada y se tiene que permitir la consulta a cualquier ciudadano.

Aun así, la cifra de documentos hechos públicos por el Gobierno tampoco está del todo clara. La ministra portavoz aseguró que se trataba de "153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía".

Una unidad documental es, según la terminología archivística, un "elemento indivisible de una serie documental" y puede estar constituido por un solo documento o por varios. El problema es que casi todos los archivos se han colgado sin indicar su unidad documental y expediente. Por tanto, los 167 documentos publicados pueden constituir efectivamente 153 unidades documentales, como también pueden ser más o menos.

Esa falta de información de contexto en los archivos publicados, sumada a la falta de otros documentos que ni siquiera se han hecho públicos, es por lo que los expertos, a pesar de lo dicho por la ministra, ponen en duda hasta qué punto la información publicada puede ser útil para historiadores e investigadores. 

Y el problema con la falta de información de contexto va mucho más allá de unidades y expedientes documentales. ¿Quién elaboró cada archivo? ¿En qué fecha? ¿Dónde se custodian actualmente y dónde han estado durante las últimas décadas? Son solo algunas de las preguntas a las que no se ha dado respuesta en el caso de la mayoría de documentos.

El periodista Antonio Rubio, presidente de honor de la Asociación de Periodistas de Investigación y experto en información clasificada y secretos oficiales, es claro al definir la publicación por parte del Gobierno: "Ha sido incompleta, parcial, confusa y sin método". Henar Alonso, funcionaria del cuerpo de archiveros del Estado y miembro de la junta directiva de la Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), también: "Ha sido una operación de maquillaje".

Aunque ambos expertos reconocen que se trata de un primer paso positivo, son absolutamente críticos con cómo se ha llevado a cabo la publicación y desclasificación. Primero de todo, destacan esa falta de documentos en el repositorio de Moncloa. "Nos han dado solo el aperitivo, pero falta el cocido", resume Rubio.

El periodista concreta, en declaraciones a infoLibre, algunos de los documentos que no se han recogido en la web del Gobierno. "Faltan documentos del antes, durante y después del 23-F. Faltan, sobre todo, documentos del antiguo CESID, lo que es hoy el CNI. Después del 23-F la función principal de los nuevos directores y secretarios generales del CESID fue la de eliminar documentos relacionados con el intento del golpe de Estado", explica.

Rubio, como periodista de investigación, conoce de la existencia de muchos de esos documentos. Lo que no está tan claro es si esa existencia sigue vigente y todos esos documentos se han mantenido y custodiado hasta la actualidad. "Lo más fácil es que hayan sido sustraídos o destruidos", asegura. 

El periodista también reconoce tener en su poder "una serie de documentos que no se han hecho públicos con la desclasificación" y que desde el 2001 él mismo ha ido publicando en sus artículos e investigaciones —el último de este mismo mes de febrero—.

infoLibre ha preguntado a Presidencia del Gobierno si el Ejecutivo conoce toda la documentación que obra en su poder sobre el 23-F y si tiene constancia de por qué faltan documentos o si incluso se han podido destruir o sustraer. No ha habido respuesta.

Henar Alonso asegura que el principal problema está en cómo se aplica la legislación actual y cómo se aterriza en la práctica. "El Consejo de Ministros puede declarar materias enteras directamente como clasificadas aunque la documentación no tenga los sellos o los requisitos que dice la ley", explica. "Entonces nos encontramos con la paradoja de que en España hay documentación con marcas o sellos de confidencialidad que, en realidad, no está clasificada y documentación que sí que está legalmente clasificada sin las marcas de confidencialidad que marca la ley". 

La experta también cree que existen documentos que no se han hecho públicos y que el descontrol sobre qué documentación se tiene y con la clasificación previa de la misma puede ser uno de los motivos. La AEFP, la asociación de la que forma parte, ha criticado en un comunicado la forma en la que se ha producido la desclasificación. En el mismo piden que la Administración imponga y cumpla con "la obligación de crear, publicar, y revisar y actualizar periódicamente una lista detallada y precisa de los archivos clasificados que posee".

Los documentos publicados por el Gobierno vienen únicamente de tres ministerios: Interior, Defensa y Asuntos Exteriores. Hay, por lo menos, dos sonadas ausencias: el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Casa Real.

El ministerio que dirige Félix Bolaños es el que, junto a los ya citados Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, ha propuesto el acuerdo de desclasificación en el seno del Consejo de Ministros. A pesar de ello, no ha encontrado ni un solo documento clasificado sobre el 23-F en sus archivos, según ha reconocido el ministerio ante las preguntas de infoLibre.

Casa Real, en cambio, ha explicado a este medio que el Gobierno no le ha pedido que realizara esa tarea de búsqueda y que solo le avisó de la desclasificación el 21 de febrero —dos días antes de que se anunciara públicamente—.

El equipo de Presidencia del Gobierno, por su parte, no ha contestado a las consultas que le ha hecho llegar infoLibre, entre las que se incluía a qué administraciones o archivos ha contactado el Gobierno para pedir información, documentos y expedientes clasificados sobre el intento de golpe.

Lo que sí ha indicado Moncloa, en un aviso en la web donde ha publicado los documentos, es que si se dispone "de indicios sobre la existencia de material clasificado relativo al 23-F que no figure en esta relación", se podrá solicitar a través del Portal de la Transparencia. La AEFP, en su comunicado, ha respondido de la siguiente forma: "No se puede desclasificar documentación que no se conserva, ni se puede exigir la desclasificación de documentación cuya existencia se ignora".

Según ha podido saber infoLibre, el Gobierno no ha contactado con todos los archivos de la Administración General del Estado para saber de qué información disponían antes de esta desclasificación. Ese proceso sí se hizo al menos con el Archivo General e Histórico de Defensa —que en el repositorio de Moncloa aparece nombrado incorrectamente como 'Archivo general e histórico del Ministerio de Defensa'— y con el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores (AGMAE), los únicos citados de forma directa como fuentes en la web con los documentos del 23-F.

De hecho, tal y como explica Alonso, los documentos que se han publicado y vienen de esos dos archivos son los que contienen más información de contexto. En los documentos del Archivo General e Histórico de Defensa se indica a qué expediente pertenecen y para cada uno de ellos si anteriormente estaba declarado reservado o secreto. En el caso de los del AGMAE, también se han dividido por expedientes —a diferencia del resto de documentos que se han publicado mayormente de forma individual— e incluyen su propia signatura —la numeración que permite identificar cada unidad en un depósito—.

"Aun así, tampoco están perfectos", resume Alonso. La experta explica a infoLibre que todos los documentos se deberían haber publicado con esa información sobre a qué expediente pertenecen, su signatura y qué clasificación de reserva o secreto tenían, algo que no se ha hecho. Pero también se debería haber indicado para todos ellos la autoría, la fecha de elaboración del documento, cómo se obtuvo y en qué fecha y la información sobre dónde está y dónde ha estado custodiado. "Los documentos se han publicado sin contexto de producción y es el contexto el que da información al dato. Los datos sin contexto no son información", resume la archivera.

Del mismo modo, también hay documentos que aparecen con cierta información tapada o anonimizada. Es un procedimiento común para algunas situaciones, pero la publicación de Moncloa no detalla en qué momento se ha producido esa labor ni qué tipo de información se ha tapado y por qué. 

"Lo que se ha colgado es información sin contexto", resume Alonso, que critica especialmente la forma en la que se han publicado los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Ministerio del Interior. "No se sabe el entorno de producción de los documentos, a qué serie pertenecen, en qué archivo están o en qué momento y quién los han tratado", denuncia.

De hecho, esa falta de información de contexto sobre lo publicado ha llevado a equívocos con uno de los documentos del Ministerio del Interior. Se trata del archivo 'Documentación con una presunta planificación del golpe, manuscrita (1980)', publicado en la web del Gobierno y referenciado a la Guardia Civil (Ministerio del Interior).

El documento aparece como datado de 1980, tanto en su título como en la primera página del mismo, pero no se detalla ni su autoría ni de dónde se ha obtenido ni qué contiene exactamente. Tiene 23 páginas y a pesar de que las primeras tratan sobre una posible planificación previa al 23-F, a partir de la séptima aparece otro documento. En el archivo se pasa a hablar de supuestos "errores cometidos" ya en el 23-F y parece planificar una conspiración golpista fallida posterior, la del 27 de octubre de 1982.

El autor desconocido incluso escribe "qué se debe hacer después del 23-F" y se habla de que los militares "no estén decepcionados por los acontecimientos del 23-F", dejando claro que al menos a partir de ahí el archivo es posterior al intento de golpe protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero.

A pesar de ello, de nuevo, la falta de información de contexto impide saber de qué se trata exactamente el documento desclasificado e incluso algunos medios de comunicación en el momento de su publicación no cayeron en la cuenta y hablaron del documento como si fuera completamente previo al 23-F.

"Esa información nos la están omitiendo. Ese es el problema, han publicado información descontextualizada y no sabemos a quién le encontraron esa documentación ni cuándo. Muchas veces el contexto es más importante que la información", explica Henar en relación al documento. La experta asegura que "posiblemente se trate de un anexo a una nota informativa que hizo el servicio de información de la Guardia Civil. Pudieron entrar en casa de alguien en un momento dado e hicieron un informe que emiten en base a lo que encontraron en casa de 'fulanito'". 

infoLibre ha preguntado a Interior por ese documento. El ministerio reconoce que el mismo "carece de contexto", pero asegura que "no existe posibilidad de conocerlo". "Se archivó tal como llegó hace más de 40 años", explica el departamento de Fernando Grande-Marlaska.

El Ministerio del Interior cuenta también que entre los archivos que han recopilado, desclasificado y publicado "existen documentos previos y otros posteriores al 23-F". "Por ejemplo, el teniente coronel Tejero ya fue sometido a un Consejo de Guerra en 1978 por la Operación Galaxia y posteriormente al 23-F se produjeron maniobras involucionistas en el entorno de las Fuerzas Armadas. No son documentos vinculados estrictamente al 23-F, pero sí son fondos que pueden englobarse bajo el concepto de involucionismo", detalla.

Los documentos publicados por Interior provienen "de los archivos de las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil y del Archivo General del ministerio, que gestiona la secretaría general técnica" y esas unidades son las que se han encargado de la recopilación, según explica el ministerio, que asegura que "la búsqueda ha sido lo más exhaustiva posible". Aunque reconoce que "en muchos documentos no consta la autoría, la fecha y, en ocasiones, tampoco el membrete, porque así debieron de solicitarse por la autoridad a la que iban dirigidos". "Se han publicado tal como figuran en los archivos", resume.

De nuevo, la calidad de la información de contexto y de los documentos publicados choca con la duda de cuánta información tiene el Gobierno sobre el 23-F. El Ejecutivo no tiene toda la información que ha existido sobre el intento de golpe de Estado —o al menos no la tiene localizada—. Pero, además, tampoco sabe qué es exactamente cada documento que sí tiene ubicado.

Pero ese no es el único problema. Los expertos apuntan también a la discrecionalidad de la medida. ¿Por qué ahora la desclasificación y por qué sobre el 23-F? "Han publicado lo que han querido y cuando han querido, pero la argumentación también se podría aplicar a otros casos", resume Alonso. Rubio cita algunos, como el atentado de Carrero Blanco, el Caso Almería o los GAL.

A día de hoy, España sigue siendo una excepción europea al no tener una ley que marque unos plazos concretos que obliguen a la desclasificación de documentos. "Esperamos ahora que el proyecto de ley de información clasificada pueda salir adelante en el Congreso para que las decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma", aseguraba la ministra Elma Saiz el martes en referencia a esa problemática.

En el verano de 2023, tras las elecciones generales del 23-J, el PNV presentó una propuesta en el Congreso para reformar la ley de secretos oficiales. En el verano de 2025, el Gobierno aprobó el proyecto de ley que citaba Saiz tras el Consejo de Ministros y lo mandó al Congreso. Ambas iniciativas marcan plazos automáticos para que la discrecionalidad y excepción en la desclasificación de información dejen de ser la norma en España, pero por ahora siguen en periodo de enmiendas sin que se sepa cuándo se van a debatir y si alguna va a conseguir ser aprobada.

Un año después de la entrada en vigor de la norma europea que obliga a los medios de comunicación de toda Europa, también a los españoles, a revelar quiénes son sus dueños y a detallar cuánta publicidad reciben de las Administraciones públicas, las televisiones, periódicos y emisoras de radio que han dado ese paso, siquiera parcialmente, siguen siendo una minoría.

España se arriesga a que el incumplimiento del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado en 2024, emborrone el cumplimiento de las reglas del Estado de derecho sobre las que la Comisión Europea examina anualmente a los 27 socios de la Unión. Un informe negativo en esta materia, que Bruselas se toma muy en serio, puede dar lugar a sanciones e incluso condicionar la entrega de nuevos fondos europeos.

La EMFA es de obligado cumplimiento. Y los artículos que afectan a la transparencia de los medios no necesitan de desarrollo legislativo en España. El artículo 6 obliga a las empresas de medios a hacer "accesible, de forma sencilla y directa, a los destinatarios de dichos servicios, entre otras cosas, información actualizada sobre el nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública".

No basta con decir que un medio es propiedad de la compañía tal o de la sociedad limitada cual. El punto 6.1.c del reglamento puntualiza que lo que deben revelar es "el nombre o los nombres de los titulares reales" del medio, tal como se definen en una directiva de la UE de 2015, según la cual "titular real" es "la persona o personas físicas que, en última instancia, posean o controlen al cliente o la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción".

O, en su caso, "la persona física o personas físicas que posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o participación en el capital de una entidad jurídica", entendiendo que una participación directa o indirecta del 25% o más se considera indicativa de propiedad o control.

De acuerdo con este artículo, que en realidad lleva en vigor desde el 8 de febrero de 2025, no vale esconderse tras sociedades pantalla o estructuras en cascada. Si una empresa de medios pertenece a una SL que a su vez está controlada por una sociedad en Luxemburgo, el medio debe seguir el rastro hasta identificar y publicar quién es la persona física detrás de esa estructura.

En las últimas semanas han sido varios los medios que han dado pasos, algunos de ellos solo parciales, para someterse a una norma que infoLibre cumple desde el pasado verano. Lo hacen, sin embargo, mediante enlaces que relegan al pie de sus páginas de inicio, a menudo bajo epígrafes equívocos, lo que parece poco compatible con la obligación legal de publicar esos datos de forma "accesible, sencilla y directa".

Es el caso de los periódicos que forman parte de Editorial Prensa Ibérica, muchos de ellos líderes del mercado local en sus respectivas provincias, aunque no en todos los casos. La Nueva España, por ejemplo, lo ha incluido en un enlace a "Quiénes somos". En él el diario hace público que los "titulares reales" de la propiedad son el empresario Javier Moll y su esposa, Aránzazu Sarasola, y que en 2024 ingresó en "publicidad estatal" 1.638.284 euros. Ni una palabra sobre el dinero que ha recibido del Principado de Asturias o de los municipios de la comunidad.

El Periódico, de los mismos propietarios, repite este esquema. Deja constancia de la publicidad estatal que recibió en 2024 (7.133.790,04 euros), pero no la cuantía de lo que obtuvo de la Generalitat de Catalunya o de los Ayuntamientos de la comunidad. Los demás periódicos del grupo, desde La Opinión de Murcia a la de A Coruña (el grupo lo forman 27 cabeceras de una docena de comunidades), calcan este esquema: reflejar solo la publicidad estatal y ocultar la autonómica, local o provincial. Con una excepción, que afecta a uno de sus diarios más importantes: Levante, el periódico hegemónico en València, no da cuenta, en la fecha en la que se redactó esta información, ni de quién es su propietario ni del dinero que recibe en concepto de publicidad con origen en las Administraciones públicas.

Los medios del grupo Vocento, propietario de ABC, El Correo y otras once cabeceras locales, también se han apuntado a dar cumplimiento a la EMFA, pero de forma parcial. ABC, por ejemplo, ha situado al pie de su página de inicio un enlace llamado "Reglamento UE 2024/1083" que remite a la página corporativa del grupo. En ella descartan revelar quiénes son los propietarios que toman las decisiones sobre el diario, alegando que, "por tratarse de una entidad cotizada sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no existen titulares reales identificables". Igual que los diarios de Prensa Ibérica, oculta el dinero que recibe de la Comunidad de Madrid o de los Ayuntamientos y se limita a dejar constancia de que en 2024 recibió, en concepto de publicidad estatal, 5.965.070 euros.

El Correo, a su vez, utiliza el mismo recurso para no revelar quién toma las decisiones en su empresa matriz. Pero, a diferencia de ABC, sí da cuenta el dinero que recibió en 2024 "de fondos públicos recibidos de autoridades públicas (nacionales, autonómicas y/o locales)”: 2.819.504 euros.

Los medios del Grupo Godó también han iniciado el camino. La Vanguardia ha incluido los datos en el "Aviso legal" que todos los medios tienen en el sótano de su página principal. Allí, debajo de un largo texto sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial, el diario catalán revela que el titular real del periódico es Javier Godó Muntañola. Y que el importe total de publicidad proveniente de entidades, organismos públicos o empresas de titularidad pública (estatales, autonómicos, municipales o de cualquier otro ámbito), correspondiente al ejercicio de 2024 fue de 8.347.920 euros. Precisa, eso sí, que esa suma representa el 11,8% de su cifra total de negocio, algo que no hacen los diarios de Prensa Ibérica y de Vocento.

El Grupo Godó repite el esquema en su emisora de radio: RAC1 hace constar en el epígrafe "Aviso Legal" que en 2024 ingresó 5.380.416 euros (el 21,74% de su cifra de negocio) procedentes del conjunto del sector público. Y en Mundo Deportivo: ingresos de publicidad pública de 1.554.519 euros (6,68% de la cifra de negocio).

Los diarios del Grupo Joly (diez cabeceras, todas andaluzas) también han optado por incluir esta información en el epígrafe "Aviso legal" al final de sus páginas de inicio. Ahí hace constar que el titular real de la propiedad es el empresario José Joly Martínez de Salazar. El Diario de Sevilla, sin embargo, no indica cuánto dinero recibe de publicidad pública y se limita a decir que representa "el 10,87% de los ingresos publicitarios totales" del grupo. De nuevo, la misma plantilla se repite en el resto de diarios de Joly.

Diario de Navarra, por su parte, en su "Aviso legal", no dice quién controla su sociedad matriz. Las acciones, argumenta, son propiedad "casi en su totalidad" de "los descendientes de los 57 industriales que en 1903 pusieron en marcha la sociedad. El capital está muy diluido, sin que exista ningún accionista de referencia que pueda ejercer control por sí mismo". En 2024, dice el mismo texto, recibió 643.900 euros de publicidad pública, lo que supuso el 12% del total de sus ingresos publicitarios y el 3,8% de los ingresos totales del periódico.

Su rival en este territorio, Noticias, explica en el apartado "Quiénes somos" que el control del periódico está en manos de Jon Iñaki Alzaga Etxeita y de Juan Manuel Ugarte Martín y que en 2024 recibió de publicidad estatal 22.956 euros (ni una palabra acerca de lo que obtuvo de la Comunidad Foral o de los Ayuntamientos y sus empresas públicas).

El mallorquín Última Hora también ha creado un enlace al pie de su página de inicio titulado "Aviso Legal y transparencia" en el que hace constar que el control de la empresa está en manos de los hermanos Serra Magraner: Carmen, Miguel y Paula. Este diario tampoco revela el dinero público que ha recibido a través de la publicidad. Solo dice que en 2025 la cifra alcanzó el 16% de sus ingresos.

Estos medios se suman a otros que, algunos parcialmente, ya estaban cumpliendo la EMFA desde hace varias semanas: elDiario.es, Heraldo de Aragón, 20Minutos o El Confidencial.

Al incumplimiento por parte de la mayoría de los medios de las obligaciones de transparencia en vigor desde hace un año, se suman otros por lo que España tendrá que rendir cuentas en Bruselas. Las Administraciones públicas, tampoco están cumpliendo sus obligaciones de transparencia y equidad en materia de reparto publicitario, no han iniciado la reforma de las leyes reguladoras de los medios públicos —estatales y autonómicos— para liberarlos del control político y por no han designado todavía un organismo independiente para supervisar el sector.