El Gobierno tiene preparado el anteproyecto de la nueva Ley de Publicidad del Sector Público y está a punto de enviarlo al Consejo de Ministros, pero las organizaciones de periodistas que lo han analizado comparten una misma inquietud: que la norma, bien intencionada en su diseño, no sirva para lo que dice que sirve. 

El texto establece que la publicidad de la Administración central no podrá superar el 35% de la facturación de cada medio, amplía el concepto de publicidad institucional para incluir la actividad comercial de empresas públicas y exige inscripción en un registro de medios como condición para acceder al dinero público. Lo que no hace, y ahí está el problema, es tocar el dinero que reparten comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Y ese es precisamente el dinero que más ata.

La norma deriva del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) y del Plan de Acción Democrática, y llega con el respaldo formal de todas las organizaciones consultadas. Ninguna la rechaza. Pero el apoyo convive con un escepticismo que, en algunos casos, roza la desconfianza explícita hacia su eficacia real.

La asimetría territorial es el punto en el que coinciden todas las voces consultadas. El anteproyecto regula la publicidad del Estado central, pero deja intacta la que distribuyen las administraciones autonómicas y locales, que es donde se concentra históricamente la mayor capacidad de presión sobre los medios.

Joan Maria Morros, decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya, lo califica como "probablemente uno de los puntos más discutibles del anteproyecto". A su juicio, "no parece coherente establecer límites y mecanismos de control para la Administración General del Estado y no hacerlos extensivos, al menos en parte, a comunidades autónomas y administraciones locales", porque “esta diferencia puede generar estándares desiguales de transparencia y abrir la puerta a usos discrecionales de la publicidad institucional, especialmente en el ámbito local, donde los mecanismos de control suelen ser más débiles”.

Lorena Mejías, decana del Colegio de Periodistas de Andalucía, apunta en la misma dirección, aunque añade un matiz sobre la arquitectura legal: cada comunidad autónoma tiene competencias propias sobre su publicidad institucional, y la norma estatal “sirve de base, pero siempre y cuando las normas autonómicas se ajusten a esa base”. El problema, dice, es que sin mecanismos estatales de garantía, las desigualdades territoriales son inevitables. “¿Puede haber en ese sentido desigualdades territoriales? Pues seguro que sí, seguro que se van a producir”.

Mejías va más lejos en su diagnóstico sobre los límites económicos. El techo del 35% puede sortearse con facilidad porque hay “un montón de formas de que las empresas de comunicación reciban dinero a través de las administraciones públicas mediante otro tipo de contrato”. No solo publicidad directa: “Puede ser a través de patrocinio, puede ser mediante organización de eventos, puede ser mediante jornadas de cosas que se inventan”. La conclusión es que una empresa puede respetar el límite del 35% en publicidad y seguir recibiendo fondos públicos por otras vías que la ley no cierra.

El límite del 35% es la medida más visible del anteproyecto y también la más cuestionada en su diseño técnico. María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), señala que el texto no aclara si ese porcentaje se calcula por cabecera o por grupo editorial, y que eso “es muy determinante, cambia mucho las cosas”. La APM ha solicitado un informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) precisamente porque la norma le parece “imprecisa” en aspectos que condicionan su alcance real.

Rey enumera otras incógnitas que el anteproyecto deja sin resolver: quién sanciona, cómo sanciona, cuál es el régimen de excepciones para medios autonómicos y con qué criterio. “Exactamente no sabemos ni siquiera cuál es el régimen sancionador, si existe”, afirma. La presidenta de la APM reconoce que las asociaciones están siendo deliberadamente cautelosas porque el texto está en una fase muy inicial: “Estamos vigilantes, estamos pendientes, pero ahora mismo falta mucha concreción”.

El anteproyecto incluye además una excepción significativa: los medios con una facturación inferior a dos millones de euros y audiencia regional quedan exentos del tope. Esta cláusula, pensada para proteger a los medios pequeños, puede tener el efecto contrario: dejar sin regulación efectiva a buena parte del tejido de publicaciones locales que teóricamente más dependen del dinero público. 

El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, que ha presentado un documento formal de alegaciones, propone rebajar ese umbral de dos millones a un millón de euros, “al entender que el umbral actual supera ampliamente la facturación de buena parte de los medios locales que teóricamente se pretende proteger”.

Los periodistas gallegos proponen también que el límite del 35% se extienda a las administraciones autonómicas y locales, y que la ley incluya una reserva mínima del 25% del presupuesto de cada campaña para su difusión en medios que difundan información mayoritariamente en lenguas cooficiales. Galicia, recuerdan, sigue sin disponer de una ley autonómica propia de publicidad institucional.

Hay una cuestión que las organizaciones profesionales han identificado como especialmente sensible: el anteproyecto da preferencia a los medios de carácter informativo para recibir publicidad pública, pero no especifica quién determinará que un medio es informativo o no.

Mejías no oculta su irritación. “El Gobierno en su anteproyecto de ley identifica a los medios de comunicación informativos, es decir, da prioridad a los medios de comunicación informativos y determina cómo tiene que ser un medio informativo, pero no indica quién se va a encargar de determinar que un medio es informativo o no”. La decana andaluza señala que ese vacío se llenará con decisiones discrecionales de organismos que no tienen formación ni competencia específica en materia periodística, “habiendo como hay corporaciones de derecho público –como los colegios, que tienen esa capacidad– y a las que el Gobierno central sigue ninguneando de forma sistemática”.

El Col·legi de Catalunya también pone el acento en cómo se apliquen los criterios, más que en los criterios en sí. Morros advierte de que el límite del 35% puede convertirse en “un tope rígido que no tenga en cuenta la realidad del mercado ni la capacidad efectiva de los distintos medios para difundir campañas”, y que si se aplica “de manera mecánica, podría penalizar a medios con mayor audiencia o implantación, primando el reparto sobre la eficacia comunicativa”. Para el decano catalán, lo que importa no es el porcentaje en sí, sino que “su aplicación responda a criterios técnicos claros, transparentes y evaluables”.

Morros resume la posición de su organización con una frase que podría firmar cualquiera de las organizaciones consultadas: la nueva regulación “deberá aplicarse con criterio”, porque lo que está en juego “no es solo la eficiencia de la publicidad institucional, sino también el equilibrio del sistema mediático”.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado su propio informe sobre el anteproyecto con una valoración globalmente positiva, pero con un enfoque que revela una prioridad diferente a la de las organizaciones de periodistas. Mientras estas se preocupan por la captura de medios y el pluralismo informativo, la CNMC pone el foco en la distorsión del mercado publicitario y la seguridad jurídica de las licitaciones. Son problemas distintos, y la diferencia de perspectiva es muy relevante.

El organismo regulador advierte de que el techo del 35% “no existe en la contratación pública” y puede convertirse en una barrera económica que impida a algunos medios presentarse a licitaciones una vez superado el umbral, “distorsionando la competencia”. Señala también que, al fijarse el límite sobre el grupo empresarial en su conjunto, se podría incentivar la creación de medios específicos para eludir el tope, “lo que vaciaría de contenido la regla”.

La CNMC propone que, si se mantiene el límite, el porcentaje se calcule por cada empresa del grupo, no por el grupo en su totalidad, y que se estudien “porcentajes máximos decrecientes por tramos de ingresos para evitar dependencias excesivas”. También critica la excepción para pequeños medios con audiencia concentrada en una o varias comunidades limítrofes, porque permite que esos medios lleguen al 100% de dependencia de la publicidad pública, mientras otros de igual tamaño pero con ámbito estatal quedan limitados al 35%. La CNMC lo considera “potencialmente discriminatorio”.

El informe también pone el foco en algo que el texto da por resuelto y no lo está: la definición de qué es publicidad del sector público. El anteproyecto habla genéricamente de "asignación de fondos públicos", pero el Reglamento EMFA europeo habla de "fondos públicos o cualquier otra remuneración o ventaja", incluyendo contratos de servicios, subvenciones, convenios y patrocinios. Si la ley española no cierra esa lista, las vías de elusión que ya señalaba Mejías quedan abiertas por defecto.

Sobre la obligación de que los medios comuniquen sus tarifas —que el anteproyecto convierte en precios máximos para la contratación pública— la CNMC advierte de que una interpretación rígida podría "favorecer el alineamiento de precios entre competidores y desincentivar descuentos y precios dinámicos". En su lugar, propone usar bandas o rangos en lugar de tarifas puntuales.

Finalmente, la CNMC pide recursos. Señala que ni el anteproyecto ni su memoria de impacto explican con qué medios humanos y organizativos se reforzará el organismo para asumir las nuevas funciones de supervisión que la ley le atribuye. Sin esa dotación, las obligaciones de seguimiento y control que la norma deposita en la CNMC quedan en el papel.

Sobre todo este debate pende una pregunta que las propias organizaciones de periodistas ya se hacen en voz alta: ¿llegará esta ley a aprobarse? La APM lo duda. Rey afirma que la asociación “sinceramente duda mucho, tal como está ahora mismo la legislatura, que vaya a poder salir adelante”. El anteproyecto aún debe superar algunos trámites, convertirse en proyecto de ley, pasar por el Congreso y el Senado, y recibir el visto bueno final.

Con unas elecciones generales que apuntan a la primavera de 2027, el margen para completar ese recorrido es estrecho. La legislatura no tiene tiempo ilimitado, y el anteproyecto todavía no es ni proyecto. Lo que hoy existe es una norma en construcción, con apoyo profesional condicionado, con reservas técnicas de la CNMC y con las principales brechas estructurales —la asimetría territorial, la elusión por vías alternativas, los vacíos en el régimen sancionador— pendientes de corrección. Si el Gobierno no acelera el trámite, la ley que debía poner orden en el reparto de la publicidad pública puede convertirse en la norma que nunca llegó a tiempo de intentarlo.

Cada mes de abril, millones de españoles abren el borrador de su declaración de la renta con la discreción de quien maneja información clasificada. Lo que uno paga a Hacienda es, aquí, una cuestión íntima. Casi tabú. En cambio, en Noruega, cada octubre, la administración tributaria publica en internet los ingresos netos, el patrimonio y los impuestos satisfechos de todos los ciudadanos mayores de 16 años. Cualquiera puede consultar lo que paga su vecino, su jefe o el más rico del país. Y nadie (casi nadie) lo tacha de invasión de la privacidad. Lo consideran, simplemente, un gesto de transparencia democrática.

La diferencia no es una cuestión técnica. Es política, cultural e histórica. ¿Estaría usted dispuesto a que sus datos fiscales fuesen del dominio público a cambio de conocer los de todo el mundo? ¿Tiene sentido que el conjunto de los ciudadanos sepa lo que aporta cada individuo al sostenimiento del bien común?

Noruega lleva publicando datos fiscales individuales desde 1863. Suecia, desde el siglo XIX. Finlandia hace lo propio cada noviembre: la agencia tributaria publica el nombre, el municipio de residencia, las rentas del trabajo, las rentas de capital y los impuestos pagados de todos los contribuyentes. En estos países, el fundamento de esa apertura no es la curiosidad ni el castigo. Es la confianza.

La lógica que impulsa este comportamiento es más sencilla de lo que parece. Si el Estado exige tipos impositivos elevados, los ciudadanos necesitan saber que todos los demás contribuyen de forma equitativa. La transparencia fiscal no se considera una amenaza al sistema, sino su condición de legitimidad. Saber lo que aporta cada cual refuerza la confianza institucional y reduce la tentación de evadir. Los nórdicos tienen la presión fiscal entre las más altas del mundo y también las tasas de cumplimiento voluntario más elevadas. No debe de ser una simple coincidencia.

El modelo no ha permanecido intacto a lo largo del tiempo, pero sí ha sobrevivido a sus propias tensiones. Una de las más notables tuvo lugar en Noruega en 2014. Hasta ese año, todas las consultas eran anónimas. Eso acabó generando un ecosistema de aplicaciones que permitían espiar, con solo un par de clics, los ingresos de citas personales, de los vecinos de al lado o de compañeros de trabajo.

Pero la respuesta no fue cerrar el sistema, sino hacerlo recíproco. Desde ese año, quien hace una consulta queda registrado y el consultado recibe una notificación con el nombre, año de nacimiento y código postal del curioso. ¿El resultado? Las búsquedas cayeron un 90% de inmediato. La transparencia se mantuvo; el chismorreo prácticamente despareció.

En Finlandia, entre 2019 y 2022, alrededor de un millar de contribuyentes de altos ingresos lograron excluirse de las listas que la agencia tributaria envía anualmente a los medios de comunicación, alegando riesgos de seguridad. Veinte medios finlandeses protestaron bloqueando su propio portal fiscal durante un mes.

El Tribunal Administrativo Supremo falló en diciembre de 2022: los datos fiscales de los grandes contribuyentes son información pública por ley y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo no ampara la exclusión cuando existe un interés público prevalente. Así que, desde 2023, ningún contribuyente puede optar por no aparecer. En noviembre de 2025, el cofundador de Wolt —una especie de Glovo finés—, Miki Kuusi, encabezó la lista con 80,6 millones de euros de ingresos declarados. Sin posibilidad de ocultarse.

Suecia atraviesa un conflicto de diferente naturaleza. En este caso fue la organización de defensa de la privacidad digital noyb —acrónimo de none of your business, "no es asunto tuyo"—, liderada por Max Schrems, un activista austriaco especializado en la protección de datos, la que puso en riesgo la transparencia al demandar a la agencia tributaria sueca por vender datos fiscales a empresas intermediarias como Dun & Bradstreet, que los revendían sin salvaguardas.

El Tribunal Supremo sueco dictaminó que la libertad de información y la privacidad deben equilibrarse, y que los datos deben marcarse como confidenciales solo si el receptor los va a procesar violando el RGPD europeo.

Los argumentos a favor de la transparencia fiscal no vienen solo de Escandinavia; forman parte también del discurso de los economistas que llevan décadas midiendo la brecha entre lo que los ricos declaran y lo que realmente poseen.

Thomas Piketty lleva años usando datos fiscales históricos públicos de Francia para reconstruir series de desigualdad. Su conclusión es directa: sin transparencia, no hay debate informado sobre justicia fiscal. Por eso ha elogiado explícitamente el modelo noruego y ha ido más lejos: propone un registro financiero global que incluya cuentas bancarias, acciones, bonos y propiedades de todos los contribuyentes, con independencia de dónde estén domiciliados. No por transparencia en sí misma, sino porque ese registro es la condición técnica indispensable para implementar cualquier impuesto progresivo sobre el capital. Si no sabes quién tiene qué, no puedes gravar con justicia.

Gabriel Zucman, director del Observatorio Fiscal Europeo y profesor en la Universidad de Berkeley, sostiene que el secreto bancario y la opacidad fiscal actúan como un mecanismo que permite a los más ricos reducir su contribución, generando de facto un privilegio estructural dentro del sistema tributario. Según sus cálculos, hay decenas de billones de dólares ocultos en paraísos fiscales. Ninguna lista pública nacional lo desvelaría todo, pero es una evidencia que la opacidad doméstica facilita la opacidad global. Emmanuel Saez, coautor habitual de Zucman y Piketty, defiende que los datos fiscales son esenciales para medir con precisión la desigualdad y para comprobar si los sistemas tributarios son tan progresivos como afirman ser.

El argumento central de todos ellos es el mismo: la opacidad no protege a los ciudadanos en general. Ayuda, de forma estructuralmente selectiva, a quienes tienen más que ocultar. Un trabajador asalariado no posee activos en el extranjero ni estructuras societarias que el secreto fiscal preserve. Quienes se benefician del blindaje son las grandes fortunas que pagan tipos efectivos muy inferiores a los nominales gracias a deducciones y optimizaciones fiscales legales que el ciudadano medio no puede muchas veces ni llegar a imaginar.

La paradoja española lo ilustra bien. España publica la lista de deudores con Hacienda —lo que debes—, pero no la de contribuyentes —lo que aportas—. Se castiga públicamente al que no paga, pero se protege al que, siendo rico, paga poco o nada mientras lo haga dentro de la legalidad. La lógica cívica queda invertida.

No obstante, no todas las objeciones a la transparencia fiscal son de mala fe. Algunas merecen tomarse en serio. Por ejemplo, los riesgos de seguridad, que son reales en contextos con altas tasas de violencia. Un pequeño empresario en una zona conflictiva o una víctima de violencia de género que ha cambiado de identidad, por citar dos ejemplos que se entienden bien, tienen razones legítimas para no querer que sus ingresos sean públicos. El modelo noruego, con su sistema de identificación obligatoria del consultante, busca mitigar ese riesgo. Pero no lo elimina por completo.

Por otro lado, la estigmatización asociada a las rentas bajas también es un efecto documentado. Se han reportado casos de acoso escolar a hijos de familias con pocos recursos tras consultas a las listas. La intimidad no solo tapa a los ricos; también puede proteger a quienes declaran pérdidas, atraviesan una quiebra o tienen ingresos por debajo de la media.

Hay quien sostiene, además, que la transparencia no garantiza automáticamente la justicia fiscal. Los millonarios noruegos han seguido usando estructuras internacionales para reducir su carga tributaria, estructuras que las listas públicas nacionales no desvelan. La publicidad de los datos domésticos es una condición necesaria, pero no parece haber sido suficiente para mejorar la disciplina fiscal de las clases más acomodadas.

Lo que no es una objeción seria —aunque se presenta como tal— es esgrimir el RGPD europeo como barrera insalvable. Noruega, Suecia y Finlandia son miembros del Espacio Económico Europeo y aplican el reglamento sin problema. El RGPD no prohíbe la transparencia fiscal; permite el tratamiento de datos cuando existe un interés público prevalente. La cuestión es si los tribunales y los legisladores lo reconocen como tal. En los países nórdicos, llevan siglos haciéndolo.

En España, en cambio, el secreto tributario está consagrado en el artículo 95 de la Ley General Tributaria y amparado por una interpretación del artículo 18.1 de la Constitución —el derecho a la intimidad— que los tribunales han extendido a la información fiscal. De acuerdo con ese criterio, la Agencia Tributaria solo puede ceder datos a otras administraciones, a jueces y al propio contribuyente sobre sus propios datos. Nunca al público en general.

Lo llamativo es que ningún partido con representación parlamentaria incluye en su programa el objetivo de la publicación masiva de las declaraciones del IRPF. Ninguno. Sobre esto no es que haya consenso, es que hay unanimidad. Las propuestas fiscales se dirigen a otras materias. La transparencia individual, el modelo en el que cualquier ciudadano puede saber lo que aporta su vecino al bien común, no está en la agenda de nadie.

La única aproximación al debate la protagonizan periodistas de investigación que trabajan con filtraciones —Papeles de Panamá, Pandora Papers— porque el acceso legal es imposible. La transparencia entra por la ventana de los leaks porque la puerta del derecho está cerrada.

En todo caso, la distancia con el modelo nórdico no es solo legal. Es cultural. En España, como en Alemania o en los Países Bajos, hablar de los ingresos propios se percibe como de mal gusto, y conocer los ajenos, como una intromisión. En Noruega, en cambio, basta una gestión sencilla para conocer la renta de cualquier compatriota. Las sociedades nórdicas han construido su contrato social sobre la premisa contraria a la española: los impuestos son un acto público y colectivo, y su visibilidad es garantía de equidad, no una amenaza a la privacidad.

En el caso español, el elefante en la habitación es a quién beneficia exactamente el secreto tributario. La respuesta incómoda es que favorece, de forma desproporcionada, a quienes tienen más recursos para optimizar su contribución fiscal dentro de la ley. El asalariado que tributa por retención no tiene nada que ocultar. El patrimonio estructurado en varias capas societarias, sí.

Es cierto que el modelo nórdico no es exportable sin adaptaciones. Requiere niveles de confianza institucional que no se construyen por decreto, y plantea dilemas reales sobre seguridad y estigmatización que no son menores. Pero la pregunta de fondo que plantea —¿tiene la ciudadanía derecho a saber lo que cada cual aporta al bien común?— es una pregunta política legítima que en España ni siquiera se formulan quienes se presentan a las elecciones.

Mientras arranca la campaña de la renta y millones de contribuyentes abren sus borradores —a buen recaudo de las miradas de extraños—, vale la pena recordar que esa discreción no es un valor universal. En algunos países es, simplemente, una convención.

España está a la cabeza de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el acceso que proporciona a los ciudadanos a la información pública: en transparencia. También en el control de los conflictos de intereses de los políticos y altos cargos. Sin embargo, al igual que recogió el último Informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea y el del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, nuestro país suspende por la ausencia de regulación del lobby, la influencia en la política de los grupos de interés. El Estado Español también queda a la cola de los países analizados en el control de la financiación de los partidos.

La organización internacional con sede en París ha hecho público su informe sobre Perspectivas de anticorrupción e integridad de 2026. En su apartado sobre España, el informe hace referencia al Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción anunciado por Gobierno el pasado julio tras conocerse la implicación del ex secretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes José Luis Ábalos y la de su sucesor como número tres del partido, Santos Cerdán, ambos estrechos colaboradores del presidente Pedro Sánchez, en la trama de comisiones ilegales ligadas a obra pública que se investiga en el caso Koldo.

La OCDE valora ese plan y el anteproyecto de ley orgánica de integridad pública en el que se ha traducido (aprobado el 17 de febrero por el Consejo de Ministros), como "la primera estrategia anticorrupción de España adoptada a nivel gubernamental". La iniciativa, que está todavía en elaboración y no ha sido remitida al Parlamento, pero el informe valora que contemple la creación de una nueva Agencia de Integridad Pública independiente, que en caso de ser aprobada, "integraría las competencias de la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude".

El hecho de que la nueva norma todavía no esté aprobada coloca a España en la parte media baja de la tabla de países analizados en lo que respecta a su "marco estratégico" contra la corrupción. El Estado cumple sobre el papel el 53% de los criterios de la OCDE sobre la solidez de este marco, pero en la práctica solo se cubren el 17%. El dato es malo, porque 16 de los 62 países analizados carecen de cualquier tipo de plan estratégico. Entre los que sí lo tienen, España se encuentra el 14 por la cola.

El plan anunciado por Sánchez el pasado verano "identifica los riesgos actuales para la integridad pública a los que se enfrenta el país", dice el documento, que subraya que, algunos indicadores en los que España sale peor parada, como el del control de la financiación de los partidos políticos. Sin embargo, hasta el momento, el Estado "no tiene un plan de acción en vigor", dice, a lo que añade: "Como la estrategia se adoptó muy recientemente, no se dispone de informes de seguimiento de su implementación".

De todos los aspectos recogidos en el plan anticorrupción de Sánchez que analiza la OCDE, aquel en el que España sale mejor parada es, el "acceso a la información pública", es decir, la transparencia, en la que se encuentra en el puesto seis de los 62 países y por delante de Francia, Alemania, Países Bajos o Italia. La normativa española cumple con el 89% de los criterios de la organización, de los que, en la práctica, se cumple el 81%. La media de los Estados analizados queda por debajo, en el 72% y el 62% respectivamente.

El informe subraya que la Ley de Transparencia "establece que todas las personas, incluidas las personas jurídicas y los ciudadanos no nacionales, tienen derecho a acceder a la información en todas sus formas" con las únicas restricciones que recoge esa norma. También resalta la documentación pública que a la que se puede acceder en línea, como "los programas de las reuniones del Gobierno, las agendas de los ministros, el registro de la propiedad, los salarios de los altos funcionarios individuales y las licitaciones públicas anunciadas por el Gobierno central y sus resultados". También "la mayoría de las declaraciones de bienes e intereses", aunque no "las de los jueces del Tribunal Supremo".

La necesidad de conocer los intereses de estos altos magistrados fue objeto de controversia el pasado noviembre. Tras la inhabilitación del ex fiscal general los medios publicaron que tres de los magistrados del tribunal que lo condenó daban clases en el colegio de abogados de Madrid que, a su vez, era acusación en el proceso. Uno de ellos, además, dirigió la tesis doctoral del abogado que representaba a Alberto González Amador, el denunciante y novio de Isabel Díaz Ayuso, y a otro letrado de la asociación de fiscales APIF, que actuó como acusación popular.

El segundo de los aspectos en el que España obtiene una muy buena calificación es la regulación de los conflictos de interés. "España cumple el 89 % de los criterios (...) y presenta un excelente rendimiento en la práctica, cumpliendo el 89 % de los criterios, frente a la media de la OCDE del 80 % y el 45 %, respectivamente", recoge el documento. "Todos los miembros del Gobierno y del Parlamento han presentado declaraciones de intereses en los últimos seis años, y todos los funcionarios de alto nivel recién nombrados (...) en los últimos cuatro años".

Además, prosigue el informe, "todas las declaraciones presentadas durante los dos últimos años naturales fueron verificadas por la Oficina de Conflictos de Intereses, que emite recomendaciones cada vez que se detecta un caso de conflicto de intereses". El texto solo recoge una pega: los jefes de gabinete, que se considera que ocupan "puestos de alto riesgo", no están sometidos a esa obligación. Otro de los ámbitos en el que nuestro país se encuentra por encima de la media es la integridad de su sistema judicial, tanto desde el punto de vista de la judicatura como de la fiscalía.

En junio de 2018, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, perdió la moción de censura en la que resultó investido Pedro Sánchez. El motivo fue la sentencia del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que ha afectado al PP, que terminó condenado como "partícipe a título lucrativo". Pero el partido de Sánchez, el PSOE, también se enfrenta ahora a un importante caso de corrupción, el caso Koldo, que afecta a los que fueron dos de sus principales dirigentes y colaboradores del jefe del Ejecutivo, Ábalos y Cerdán.

La OCDE concluye ahora que la regulación del sistema de financiación de partidos políticos es una de las grandes asignaturas pendientes del sistema anticorrupción en España. Sobre el papel, según el informe, España cumple el 70% de los criterios de la organización (76% es la media) gracias a la Ley de Financiación de Partidos. El texto valora su sistema de sanciones y la prohibición de las contribuciones a las formaciones de empresas públicas, empresas extranjeras y Estados extranjeros.

"Sin embargo, el marco normativo no prevé prohibiciones más amplias sobre el uso de fondos y recursos públicos a favor o en contra de un partido político", sostiene. Campos como la regulación de las televisiones y medios públicos o la publicidad institucional con la que algunas administraciones riegan a sus medios afines parecen entrar en este capítulo.

Pero el problema, más que la normativa, es la práctica, en la que España solo supera el 43% de los criterios frente al 58% de media en la OCDE. El organismo supervisor es el Tribunal de Cuentas, y cuenta con todos los medios para desarrollar su labor. "Sin embargo, no todos los partidos presentaron sus cuentas anuales dentro de los plazos (...) en 2023, y otros no las presentaron en 2024", refleja el documento. "Además, las cuentas relacionadas con las elecciones y los informes financieros de todos los partidos no están a disposición del público".

Por último, otro de los apartados en los que España suspende reiteradamente en todos los organismos internacionales que evalúan sus indicadores democráticos, es el lobby, el control de la influencia en los políticos y altos cargos de los grupos de interés. El informe recoge que se está elaborando una regulación –el proyecto de ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, actualmente en tramitación parlamentaria– pero el cumplimiento actual de los criterios de control de la OCDE para estas organizaciones en España sigue siendo terreno por explorar.

La normativa –la ley de Altos Cargos– solo recoge períodos de incompatibilidad para los cargos públicos una vez que dejan esos puestos de responsabilidad, pero "no existe regulación alguna sobre el cabildeo (lobby), ni un registro de grupos de interés", advierte el informe. Esa disposición y la orden que obliga a cualquier empresa a inscribirse en el Registro Mercantil para poder identificar a suss propietarios solo cumplen el 40% de los criterios formales de la OCDE

De policía nacional dedicado a la localización de fugitivos a asesor local del eurodiputado Alvise Pérez. Ese es el resumen de los últimos años de carrera laboral de Adrián Yacar. También ha sido cantante de rock aficionado y empresario de inteligencia artificial, actividades en las que aún continúa según ha expresado él mismo públicamente. El puesto que ya no desempeña es el de asesor del eurodiputado ultra.

Pero eso no quiere decir que Yacar no siga de la mano de Alvise. El policía, que según asegura se encuentra en excedencia, es el cabeza de lista de Se acabó la fiesta (SALF) para las elecciones andaluzas que se celebrarán este 17 de mayo.

Adrián Yacar ofreció una entrevista el pasado mes de julio para el canal de YouTube del coronel Pedro Baños. En ella alababa públicamente a Alvise sin hablar de su vinculación con él —ahora ha contado que se conocieron en UPyD, el extinto partido de Rosa Díez—, afirmaba estar de excedencia de su puesto como policía nacional y haber sido reconocido con la medalla de la Orden del Mérito Policial, unas distinciones que concede el Ministerio del Interior y sobre las que el departamento de Marlaska guarda una gran opacidad.

El propio Alvise Pérez ha presumido de su fichaje como candidato asegurando que Yacar ha recibido esa distinción "por la detención de Samir Benbouabdellah, uno de los más buscados de Francia por intento de asesinato a un hombre y una niña de siete años con un subfusil". ¿Pero hasta qué punto es cierto?

No se sabe. El Ministerio del Interior no ha confirmado ni desmentido nada al respecto. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska se niega a aclarar cuál era el último destino de Yacar en la Policía y si efectivamente le ha otorgado la medalla. Tampoco quiere revelar los motivos de esa supuesta concesión. 

Interior se niega a entregar esos datos, entre otros, alegando la supuesta protección de los datos personales de Yacar y se salta así una resolución del Consejo de Transparencia. El organismo había estimado que esa información debía ser pública tras una reclamación de infoLibre.

Todo se remonta al desembarco de Yacar como asesor de Alvise Pérez con cargo a las arcas del Parlamento Europeo. infoLibre informaba este verano del fichaje, unas semanas después de que el propio Yacar concediera la entrevista a Pedro Baños en la que se omitía su nuevo puesto.

De lo que sí habló Yacar es de su currículum. Es cierto que el policía ha trabajado en el Grupo de Localización de Fugitivos del Cuerpo Nacional de Policía, que pertenece a las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO). De hecho, esa labor le llevó a ser uno de los protagonistas de la serie documental 'Fugitivos', de Movistar Plus+, en la que se muestra cómo trabaja ese grupo.

Yacar comentó ese trabajo en la entrevista y también habló de ciertas operaciones concretas en las que asegura haber participado. Incluso mencionó la supuesta medalla: "Me consta por compañeros de la Guardia Civil que a Alvise le propusieron para la medalla del mérito de la Guardia Civil y no se le dio por cuestiones políticas y porque se fue de eurodiputado, pero luego le dan la medalla del mérito policial a la Virgen del Rocío. A mí me la dieron, pero creo que ganada, que bien merecida".

Debido a esas declaraciones públicas del propio Yacar, infoLibre realizó una solicitud al amparo de la ley de transparencia dirigida a Interior. Este medio pedía al ministerio saber "si Adrián Yacar López es policía nacional en excedencia o qué situación o relación tiene con el Cuerpo y desde qué fecha se encuentra en la misma". Además, se solicitó conocer "cuál fue su último cargo, puesto y destino antes de coger la excedencia" y "si se le ha distinguido o no con la Orden del Mérito Policial y en caso afirmativo, con qué categoría, por qué motivo se le concedió, en qué fecha y una copia de la resolución de la concesión".

Interior denegó la solicitud de infoLibre. El ministerio aseguró que era abusiva, que la información que se solicitaba no tenía relación con los objetivos de la ley de transparencia y que había que salvaguardar la protección de los datos personales de Yacar. En ese momento, infoLibre decide reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Este organismo es el que se encarga de decidir si la información debe ser pública cuando un ciudadano utiliza la ley de transparencia para solicitarla, pero la Administración se la deniega. El CTBG es quien pondera los distintos derechos en juego y decide quién tiene razón.

En este caso fue claro y estimó al completo la reclamación de infoLibre. El Consejo entendió que el ministerio no había justificado "de forma suficiente y adecuada la concurrencia del carácter abusivo de la solicitud" y que tampoco prevalecía la protección de los datos personales. "No se ha justificado ni se alcanza a apreciar en qué medida el conocimiento de la situación administrativa de servicio activo o de excedencia de un funcionario de policía cuya identidad es públicamente conocida y participa en actividades igualmente públicas puede generar un riesgo para su seguridad personal o constituir una injerencia grave en su derecho a la intimidad personal y familiar", reza la resolución.

Sobre la concesión de la supuesta medalla el Consejo va incluso más allá: "La acreditación de los méritos que se han tenido en cuenta para otorgar la condecoración recogerá hechos o actuaciones ya consumadas por el policía en relación con su servicio al Estado, por lo que difícilmente puede argumentarse que su conocimiento pueda causarle ningún perjuicio a su intimidad o seguridad; siendo evidente, en cambio, el interés público en conocer los méritos acreditados en la medida en que constituye una herramienta indispensable para discernir si la Administración se ha movido dentro del ámbito de discrecionalidad, que a estos efectos se le reconoce, sin incurrir en arbitrariedad".

Tras esa resolución, Interior debía entregar la información que había solicitado infoLibre, pero, en lugar de cumplir, se reafirmó en sus argumentos. En una comunicación dirigida a este medio y al Consejo de Transparencia, y firmada por Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional, el departamento "reitera la procedencia de la aplicación" de la protección de datos personales. "El hecho de desempeñar una función pública no legitima a solicitar datos de índole personal utilizando indebidamente la ley de transparencia", asegura el documento en el que, en lugar de eso, Interior debería haber facilitado la información que había pedido infoLibre.

Joaquín Meseguer, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y experto en transparencia, explica a este medio que lo que ha hecho Interior es incumplir con la resolución del Consejo sin ni siquiera recurrirla ante los tribunales.

"La oposición de las Administraciones ante las resoluciones de los consejos de transparencia debe materializarse a través de un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, pero nunca de esta manera. Dar respuesta al reclamante incumpliendo el mandato del Consejo no puede admitirse. O se discute su decisión ante los tribunales, o lo único que queda es cumplir con ella", resume el experto, que asegura que hace falta "un modelo eficaz de multas coercitivas cuando se detecta el incumplimiento de una resolución firme" como en este caso.

Los incumplimientos de las resoluciones del Consejo de Transparencia por parte de la Administración Pública se han dado con cierta regularidad en los últimos años. La actual ley de transparencia no recoge ningún tipo de sanción para estos casos y, en ocasiones, la Administración se salta la normativa optando por no recurrir las resoluciones ante la Justicia pero tampoco cumplirlas. Concepción Campos Acuña, que será la nueva presidenta del Consejo, también ha pedido sanciones para las Administraciones que actúen de esta forma.

Mientras, Alvise Pérez ha anunciado a su nuevo candidato presumiendo, precisamente, de la supuesta medalla al mérito policial y citando otros supuestos éxitos de su currículum policial. Por ahora, nada de ello se puede corroborar debido a la opacidad del Ministerio del Interior y a su negativa a cumplir con las resoluciones del Consejo de Transparencia.

Esta semana el Gobierno ha desclasificado y publicado en su página web más de 150 documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. Algo que ha revolucionado la agenda mediática a lo que se ha sumado, el mismo día, la muerte del propio teniente coronel Antonio Tejero.

Pero, ¿el Gobierno ha publicado realmente todos los archivos que tiene sobre el asunto? ¿Conoce siquiera el Ejecutivo cuántos documentos posee sobre el 23-F? Diversos especialistas consultados por infoLibre aseguran que no, que el Gobierno no sabe exactamente qué información y documentos tiene sobre el tema ni cuáles estaban clasificados y cuáles no y, por tanto, no lo ha publicado todo. Esto impide que la desclasificación haya aclarado todas las incógnitas que aún rodean el 23-F —como qué papel jugó el rey Juan Carlos—.

La propia ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes hablaba de desclasificar "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", reconociendo de forma implícita que pueden faltar archivos. A pesar de ello, una cosa es la publicación —los archivos que el Gobierno ha encontrado y colgado en su página web— y otra la desclasificación —que según ha aprobado el Consejo de Ministros afecta a "cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981"—.

Así que, aunque el Gobierno por ahora solo ha encontrado y publicado en la web de Moncloa 167 archivos, cualquier documentación relativa al 23-F ha pasado a estar desclasificada y se tiene que permitir la consulta a cualquier ciudadano.

Aun así, la cifra de documentos hechos públicos por el Gobierno tampoco está del todo clara. La ministra portavoz aseguró que se trataba de "153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía".

Una unidad documental es, según la terminología archivística, un "elemento indivisible de una serie documental" y puede estar constituido por un solo documento o por varios. El problema es que casi todos los archivos se han colgado sin indicar su unidad documental y expediente. Por tanto, los 167 documentos publicados pueden constituir efectivamente 153 unidades documentales, como también pueden ser más o menos.

Esa falta de información de contexto en los archivos publicados, sumada a la falta de otros documentos que ni siquiera se han hecho públicos, es por lo que los expertos, a pesar de lo dicho por la ministra, ponen en duda hasta qué punto la información publicada puede ser útil para historiadores e investigadores. 

Y el problema con la falta de información de contexto va mucho más allá de unidades y expedientes documentales. ¿Quién elaboró cada archivo? ¿En qué fecha? ¿Dónde se custodian actualmente y dónde han estado durante las últimas décadas? Son solo algunas de las preguntas a las que no se ha dado respuesta en el caso de la mayoría de documentos.

El periodista Antonio Rubio, presidente de honor de la Asociación de Periodistas de Investigación y experto en información clasificada y secretos oficiales, es claro al definir la publicación por parte del Gobierno: "Ha sido incompleta, parcial, confusa y sin método". Henar Alonso, funcionaria del cuerpo de archiveros del Estado y miembro de la junta directiva de la Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), también: "Ha sido una operación de maquillaje".

Aunque ambos expertos reconocen que se trata de un primer paso positivo, son absolutamente críticos con cómo se ha llevado a cabo la publicación y desclasificación. Primero de todo, destacan esa falta de documentos en el repositorio de Moncloa. "Nos han dado solo el aperitivo, pero falta el cocido", resume Rubio.

El periodista concreta, en declaraciones a infoLibre, algunos de los documentos que no se han recogido en la web del Gobierno. "Faltan documentos del antes, durante y después del 23-F. Faltan, sobre todo, documentos del antiguo CESID, lo que es hoy el CNI. Después del 23-F la función principal de los nuevos directores y secretarios generales del CESID fue la de eliminar documentos relacionados con el intento del golpe de Estado", explica.

Rubio, como periodista de investigación, conoce de la existencia de muchos de esos documentos. Lo que no está tan claro es si esa existencia sigue vigente y todos esos documentos se han mantenido y custodiado hasta la actualidad. "Lo más fácil es que hayan sido sustraídos o destruidos", asegura. 

El periodista también reconoce tener en su poder "una serie de documentos que no se han hecho públicos con la desclasificación" y que desde el 2001 él mismo ha ido publicando en sus artículos e investigaciones —el último de este mismo mes de febrero—.

infoLibre ha preguntado a Presidencia del Gobierno si el Ejecutivo conoce toda la documentación que obra en su poder sobre el 23-F y si tiene constancia de por qué faltan documentos o si incluso se han podido destruir o sustraer. No ha habido respuesta.

Henar Alonso asegura que el principal problema está en cómo se aplica la legislación actual y cómo se aterriza en la práctica. "El Consejo de Ministros puede declarar materias enteras directamente como clasificadas aunque la documentación no tenga los sellos o los requisitos que dice la ley", explica. "Entonces nos encontramos con la paradoja de que en España hay documentación con marcas o sellos de confidencialidad que, en realidad, no está clasificada y documentación que sí que está legalmente clasificada sin las marcas de confidencialidad que marca la ley". 

La experta también cree que existen documentos que no se han hecho públicos y que el descontrol sobre qué documentación se tiene y con la clasificación previa de la misma puede ser uno de los motivos. La AEFP, la asociación de la que forma parte, ha criticado en un comunicado la forma en la que se ha producido la desclasificación. En el mismo piden que la Administración imponga y cumpla con "la obligación de crear, publicar, y revisar y actualizar periódicamente una lista detallada y precisa de los archivos clasificados que posee".

Los documentos publicados por el Gobierno vienen únicamente de tres ministerios: Interior, Defensa y Asuntos Exteriores. Hay, por lo menos, dos sonadas ausencias: el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Casa Real.

El ministerio que dirige Félix Bolaños es el que, junto a los ya citados Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, ha propuesto el acuerdo de desclasificación en el seno del Consejo de Ministros. A pesar de ello, no ha encontrado ni un solo documento clasificado sobre el 23-F en sus archivos, según ha reconocido el ministerio ante las preguntas de infoLibre.

Casa Real, en cambio, ha explicado a este medio que el Gobierno no le ha pedido que realizara esa tarea de búsqueda y que solo le avisó de la desclasificación el 21 de febrero —dos días antes de que se anunciara públicamente—.

El equipo de Presidencia del Gobierno, por su parte, no ha contestado a las consultas que le ha hecho llegar infoLibre, entre las que se incluía a qué administraciones o archivos ha contactado el Gobierno para pedir información, documentos y expedientes clasificados sobre el intento de golpe.

Lo que sí ha indicado Moncloa, en un aviso en la web donde ha publicado los documentos, es que si se dispone "de indicios sobre la existencia de material clasificado relativo al 23-F que no figure en esta relación", se podrá solicitar a través del Portal de la Transparencia. La AEFP, en su comunicado, ha respondido de la siguiente forma: "No se puede desclasificar documentación que no se conserva, ni se puede exigir la desclasificación de documentación cuya existencia se ignora".

Según ha podido saber infoLibre, el Gobierno no ha contactado con todos los archivos de la Administración General del Estado para saber de qué información disponían antes de esta desclasificación. Ese proceso sí se hizo al menos con el Archivo General e Histórico de Defensa —que en el repositorio de Moncloa aparece nombrado incorrectamente como 'Archivo general e histórico del Ministerio de Defensa'— y con el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores (AGMAE), los únicos citados de forma directa como fuentes en la web con los documentos del 23-F.

De hecho, tal y como explica Alonso, los documentos que se han publicado y vienen de esos dos archivos son los que contienen más información de contexto. En los documentos del Archivo General e Histórico de Defensa se indica a qué expediente pertenecen y para cada uno de ellos si anteriormente estaba declarado reservado o secreto. En el caso de los del AGMAE, también se han dividido por expedientes —a diferencia del resto de documentos que se han publicado mayormente de forma individual— e incluyen su propia signatura —la numeración que permite identificar cada unidad en un depósito—.

"Aun así, tampoco están perfectos", resume Alonso. La experta explica a infoLibre que todos los documentos se deberían haber publicado con esa información sobre a qué expediente pertenecen, su signatura y qué clasificación de reserva o secreto tenían, algo que no se ha hecho. Pero también se debería haber indicado para todos ellos la autoría, la fecha de elaboración del documento, cómo se obtuvo y en qué fecha y la información sobre dónde está y dónde ha estado custodiado. "Los documentos se han publicado sin contexto de producción y es el contexto el que da información al dato. Los datos sin contexto no son información", resume la archivera.

Del mismo modo, también hay documentos que aparecen con cierta información tapada o anonimizada. Es un procedimiento común para algunas situaciones, pero la publicación de Moncloa no detalla en qué momento se ha producido esa labor ni qué tipo de información se ha tapado y por qué. 

"Lo que se ha colgado es información sin contexto", resume Alonso, que critica especialmente la forma en la que se han publicado los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Ministerio del Interior. "No se sabe el entorno de producción de los documentos, a qué serie pertenecen, en qué archivo están o en qué momento y quién los han tratado", denuncia.

De hecho, esa falta de información de contexto sobre lo publicado ha llevado a equívocos con uno de los documentos del Ministerio del Interior. Se trata del archivo 'Documentación con una presunta planificación del golpe, manuscrita (1980)', publicado en la web del Gobierno y referenciado a la Guardia Civil (Ministerio del Interior).

El documento aparece como datado de 1980, tanto en su título como en la primera página del mismo, pero no se detalla ni su autoría ni de dónde se ha obtenido ni qué contiene exactamente. Tiene 23 páginas y a pesar de que las primeras tratan sobre una posible planificación previa al 23-F, a partir de la séptima aparece otro documento. En el archivo se pasa a hablar de supuestos "errores cometidos" ya en el 23-F y parece planificar una conspiración golpista fallida posterior, la del 27 de octubre de 1982.

El autor desconocido incluso escribe "qué se debe hacer después del 23-F" y se habla de que los militares "no estén decepcionados por los acontecimientos del 23-F", dejando claro que al menos a partir de ahí el archivo es posterior al intento de golpe protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero.

A pesar de ello, de nuevo, la falta de información de contexto impide saber de qué se trata exactamente el documento desclasificado e incluso algunos medios de comunicación en el momento de su publicación no cayeron en la cuenta y hablaron del documento como si fuera completamente previo al 23-F.

"Esa información nos la están omitiendo. Ese es el problema, han publicado información descontextualizada y no sabemos a quién le encontraron esa documentación ni cuándo. Muchas veces el contexto es más importante que la información", explica Henar en relación al documento. La experta asegura que "posiblemente se trate de un anexo a una nota informativa que hizo el servicio de información de la Guardia Civil. Pudieron entrar en casa de alguien en un momento dado e hicieron un informe que emiten en base a lo que encontraron en casa de 'fulanito'". 

infoLibre ha preguntado a Interior por ese documento. El ministerio reconoce que el mismo "carece de contexto", pero asegura que "no existe posibilidad de conocerlo". "Se archivó tal como llegó hace más de 40 años", explica el departamento de Fernando Grande-Marlaska.

El Ministerio del Interior cuenta también que entre los archivos que han recopilado, desclasificado y publicado "existen documentos previos y otros posteriores al 23-F". "Por ejemplo, el teniente coronel Tejero ya fue sometido a un Consejo de Guerra en 1978 por la Operación Galaxia y posteriormente al 23-F se produjeron maniobras involucionistas en el entorno de las Fuerzas Armadas. No son documentos vinculados estrictamente al 23-F, pero sí son fondos que pueden englobarse bajo el concepto de involucionismo", detalla.

Los documentos publicados por Interior provienen "de los archivos de las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil y del Archivo General del ministerio, que gestiona la secretaría general técnica" y esas unidades son las que se han encargado de la recopilación, según explica el ministerio, que asegura que "la búsqueda ha sido lo más exhaustiva posible". Aunque reconoce que "en muchos documentos no consta la autoría, la fecha y, en ocasiones, tampoco el membrete, porque así debieron de solicitarse por la autoridad a la que iban dirigidos". "Se han publicado tal como figuran en los archivos", resume.

De nuevo, la calidad de la información de contexto y de los documentos publicados choca con la duda de cuánta información tiene el Gobierno sobre el 23-F. El Ejecutivo no tiene toda la información que ha existido sobre el intento de golpe de Estado —o al menos no la tiene localizada—. Pero, además, tampoco sabe qué es exactamente cada documento que sí tiene ubicado.

Pero ese no es el único problema. Los expertos apuntan también a la discrecionalidad de la medida. ¿Por qué ahora la desclasificación y por qué sobre el 23-F? "Han publicado lo que han querido y cuando han querido, pero la argumentación también se podría aplicar a otros casos", resume Alonso. Rubio cita algunos, como el atentado de Carrero Blanco, el Caso Almería o los GAL.

A día de hoy, España sigue siendo una excepción europea al no tener una ley que marque unos plazos concretos que obliguen a la desclasificación de documentos. "Esperamos ahora que el proyecto de ley de información clasificada pueda salir adelante en el Congreso para que las decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma", aseguraba la ministra Elma Saiz el martes en referencia a esa problemática.

En el verano de 2023, tras las elecciones generales del 23-J, el PNV presentó una propuesta en el Congreso para reformar la ley de secretos oficiales. En el verano de 2025, el Gobierno aprobó el proyecto de ley que citaba Saiz tras el Consejo de Ministros y lo mandó al Congreso. Ambas iniciativas marcan plazos automáticos para que la discrecionalidad y excepción en la desclasificación de información dejen de ser la norma en España, pero por ahora siguen en periodo de enmiendas sin que se sepa cuándo se van a debatir y si alguna va a conseguir ser aprobada.

Un año después de la entrada en vigor de la norma europea que obliga a los medios de comunicación de toda Europa, también a los españoles, a revelar quiénes son sus dueños y a detallar cuánta publicidad reciben de las Administraciones públicas, las televisiones, periódicos y emisoras de radio que han dado ese paso, siquiera parcialmente, siguen siendo una minoría.

España se arriesga a que el incumplimiento del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado en 2024, emborrone el cumplimiento de las reglas del Estado de derecho sobre las que la Comisión Europea examina anualmente a los 27 socios de la Unión. Un informe negativo en esta materia, que Bruselas se toma muy en serio, puede dar lugar a sanciones e incluso condicionar la entrega de nuevos fondos europeos.

La EMFA es de obligado cumplimiento. Y los artículos que afectan a la transparencia de los medios no necesitan de desarrollo legislativo en España. El artículo 6 obliga a las empresas de medios a hacer "accesible, de forma sencilla y directa, a los destinatarios de dichos servicios, entre otras cosas, información actualizada sobre el nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública".

No basta con decir que un medio es propiedad de la compañía tal o de la sociedad limitada cual. El punto 6.1.c del reglamento puntualiza que lo que deben revelar es "el nombre o los nombres de los titulares reales" del medio, tal como se definen en una directiva de la UE de 2015, según la cual "titular real" es "la persona o personas físicas que, en última instancia, posean o controlen al cliente o la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción".

O, en su caso, "la persona física o personas físicas que posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o participación en el capital de una entidad jurídica", entendiendo que una participación directa o indirecta del 25% o más se considera indicativa de propiedad o control.

De acuerdo con este artículo, que en realidad lleva en vigor desde el 8 de febrero de 2025, no vale esconderse tras sociedades pantalla o estructuras en cascada. Si una empresa de medios pertenece a una SL que a su vez está controlada por una sociedad en Luxemburgo, el medio debe seguir el rastro hasta identificar y publicar quién es la persona física detrás de esa estructura.

En las últimas semanas han sido varios los medios que han dado pasos, algunos de ellos solo parciales, para someterse a una norma que infoLibre cumple desde el pasado verano. Lo hacen, sin embargo, mediante enlaces que relegan al pie de sus páginas de inicio, a menudo bajo epígrafes equívocos, lo que parece poco compatible con la obligación legal de publicar esos datos de forma "accesible, sencilla y directa".

Es el caso de los periódicos que forman parte de Editorial Prensa Ibérica, muchos de ellos líderes del mercado local en sus respectivas provincias, aunque no en todos los casos. La Nueva España, por ejemplo, lo ha incluido en un enlace a "Quiénes somos". En él el diario hace público que los "titulares reales" de la propiedad son el empresario Javier Moll y su esposa, Aránzazu Sarasola, y que en 2024 ingresó en "publicidad estatal" 1.638.284 euros. Ni una palabra sobre el dinero que ha recibido del Principado de Asturias o de los municipios de la comunidad.

El Periódico, de los mismos propietarios, repite este esquema. Deja constancia de la publicidad estatal que recibió en 2024 (7.133.790,04 euros), pero no la cuantía de lo que obtuvo de la Generalitat de Catalunya o de los Ayuntamientos de la comunidad. Los demás periódicos del grupo, desde La Opinión de Murcia a la de A Coruña (el grupo lo forman 27 cabeceras de una docena de comunidades), calcan este esquema: reflejar solo la publicidad estatal y ocultar la autonómica, local o provincial. Con una excepción, que afecta a uno de sus diarios más importantes: Levante, el periódico hegemónico en València, no da cuenta, en la fecha en la que se redactó esta información, ni de quién es su propietario ni del dinero que recibe en concepto de publicidad con origen en las Administraciones públicas.

Los medios del grupo Vocento, propietario de ABC, El Correo y otras once cabeceras locales, también se han apuntado a dar cumplimiento a la EMFA, pero de forma parcial. ABC, por ejemplo, ha situado al pie de su página de inicio un enlace llamado "Reglamento UE 2024/1083" que remite a la página corporativa del grupo. En ella descartan revelar quiénes son los propietarios que toman las decisiones sobre el diario, alegando que, "por tratarse de una entidad cotizada sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no existen titulares reales identificables". Igual que los diarios de Prensa Ibérica, oculta el dinero que recibe de la Comunidad de Madrid o de los Ayuntamientos y se limita a dejar constancia de que en 2024 recibió, en concepto de publicidad estatal, 5.965.070 euros.

El Correo, a su vez, utiliza el mismo recurso para no revelar quién toma las decisiones en su empresa matriz. Pero, a diferencia de ABC, sí da cuenta el dinero que recibió en 2024 "de fondos públicos recibidos de autoridades públicas (nacionales, autonómicas y/o locales)”: 2.819.504 euros.

Los medios del Grupo Godó también han iniciado el camino. La Vanguardia ha incluido los datos en el "Aviso legal" que todos los medios tienen en el sótano de su página principal. Allí, debajo de un largo texto sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial, el diario catalán revela que el titular real del periódico es Javier Godó Muntañola. Y que el importe total de publicidad proveniente de entidades, organismos públicos o empresas de titularidad pública (estatales, autonómicos, municipales o de cualquier otro ámbito), correspondiente al ejercicio de 2024 fue de 8.347.920 euros. Precisa, eso sí, que esa suma representa el 11,8% de su cifra total de negocio, algo que no hacen los diarios de Prensa Ibérica y de Vocento.

El Grupo Godó repite el esquema en su emisora de radio: RAC1 hace constar en el epígrafe "Aviso Legal" que en 2024 ingresó 5.380.416 euros (el 21,74% de su cifra de negocio) procedentes del conjunto del sector público. Y en Mundo Deportivo: ingresos de publicidad pública de 1.554.519 euros (6,68% de la cifra de negocio).

Los diarios del Grupo Joly (diez cabeceras, todas andaluzas) también han optado por incluir esta información en el epígrafe "Aviso legal" al final de sus páginas de inicio. Ahí hace constar que el titular real de la propiedad es el empresario José Joly Martínez de Salazar. El Diario de Sevilla, sin embargo, no indica cuánto dinero recibe de publicidad pública y se limita a decir que representa "el 10,87% de los ingresos publicitarios totales" del grupo. De nuevo, la misma plantilla se repite en el resto de diarios de Joly.

Diario de Navarra, por su parte, en su "Aviso legal", no dice quién controla su sociedad matriz. Las acciones, argumenta, son propiedad "casi en su totalidad" de "los descendientes de los 57 industriales que en 1903 pusieron en marcha la sociedad. El capital está muy diluido, sin que exista ningún accionista de referencia que pueda ejercer control por sí mismo". En 2024, dice el mismo texto, recibió 643.900 euros de publicidad pública, lo que supuso el 12% del total de sus ingresos publicitarios y el 3,8% de los ingresos totales del periódico.

Su rival en este territorio, Noticias, explica en el apartado "Quiénes somos" que el control del periódico está en manos de Jon Iñaki Alzaga Etxeita y de Juan Manuel Ugarte Martín y que en 2024 recibió de publicidad estatal 22.956 euros (ni una palabra acerca de lo que obtuvo de la Comunidad Foral o de los Ayuntamientos y sus empresas públicas).

El mallorquín Última Hora también ha creado un enlace al pie de su página de inicio titulado "Aviso Legal y transparencia" en el que hace constar que el control de la empresa está en manos de los hermanos Serra Magraner: Carmen, Miguel y Paula. Este diario tampoco revela el dinero público que ha recibido a través de la publicidad. Solo dice que en 2025 la cifra alcanzó el 16% de sus ingresos.

Estos medios se suman a otros que, algunos parcialmente, ya estaban cumpliendo la EMFA desde hace varias semanas: elDiario.es, Heraldo de Aragón, 20Minutos o El Confidencial.

Al incumplimiento por parte de la mayoría de los medios de las obligaciones de transparencia en vigor desde hace un año, se suman otros por lo que España tendrá que rendir cuentas en Bruselas. Las Administraciones públicas, tampoco están cumpliendo sus obligaciones de transparencia y equidad en materia de reparto publicitario, no han iniciado la reforma de las leyes reguladoras de los medios públicos —estatales y autonómicos— para liberarlos del control político y por no han designado todavía un organismo independiente para supervisar el sector.

Las evaluaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) trazan un diagnóstico incómodo para el sistema político español: la opacidad sobre las retribuciones de los máximos responsables de los partidos es absoluta y transversal. Ninguna de las seis principales formaciones de ámbito estatal (PSOE, PP, Vox, Sumar, Podemos e Izquierda Unida) cumple, según el CTBG, con la obligación legal de publicar en sus páginas web cuánto cobran sus dirigentes, pese a recibir financiación pública y a estar obligadas a hacerlo en virtud de la Ley de Transparencia.

La falta no es nueva ni accidental. El propio Consejo ya la había señalado en 2024 y formuló recomendaciones expresas que, un año después, han sido ignoradas por todos.

El resultado es un panorama en el que la transparencia partidista avanza solo de forma parcial y selectiva. Los partidos mejoran en algunos indicadores formales —organigramas, estatutos, memorias de actividad—, pero mantienen blindada la información más sensible desde el punto de vista del control ciudadano: los sueldos de quienes toman las decisiones políticas y gestionan recursos públicos.

Aunque no todos son igual de opacos. El Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) de 2025 refleja una evolución a dos velocidades. En la parte alta de la tabla se sitúan el PSOE, con un 83,1% de cumplimiento, y Podemos, con un 74 %. Ambas formaciones han mejorado de forma significativa respecto al año anterior y han aplicado aproximadamente la mitad de las recomendaciones formuladas por el CTBG en 2024. También Izquierda Unida y Sumar registran avances, aunque con puntuaciones más modestas, del 50,5% y el 46,1%, respectivamente.

Sin embargo, la mejora global no alcanza a la cuestión clave de las retribuciones. Ninguno de los partidos analizados, asegura el Consejo de Transparencia, publica de forma clara, accesible y actualizada el sueldo de sus máximos responsables, una obligación explícita en la normativa de transparencia. En este punto, no hay diferencias sustanciales entre formaciones: la opacidad es total.

En el extremo inferior del ranking se encuentran el Partido Popular y Vox, con índices de cumplimiento del 34,2% y el 33,2 %. Ambos no solo cierran la clasificación, sino que han desoído por completo las recomendaciones del Consejo: aplicaron cero de las doce que recibieron en la evaluación anterior.

El caso del PP destaca especialmente porque, además de no avanzar, retrocede. Su puntuación cae más de diez puntos tras haber eliminado de su página web información que anteriormente sí estaba disponible, como el organigrama del partido o la descripción de su estructura organizativa.

Los informes del CTBG muestran que la información económica es, con diferencia, el ámbito más problemático de la transparencia partidista. Más allá de los salarios ocultos, las carencias se repiten en varios frentes.

En materia de contratación pública, PP, Izquierda Unida y Vox no publican ningún dato sobre contratos o convenios con las administraciones. PSOE, Podemos y Sumar optan por una fórmula defensiva: declaran que no son adjudicatarios de contratos públicos, sin aportar documentación adicional que permita verificar esa afirmación o conocer la existencia de convenios, subvenciones finalistas u otras relaciones económicas.

Los presupuestos y las cuentas previsionales tampoco escapan a la opacidad. Vox mantiene como información presupuestaria más reciente la correspondiente a 2022, mientras que PP y Sumar ni siquiera publican sus cuentas previsionales actuales.

En otros casos, la información existe, pero carece de calidad mínima: no está fechada, no se indica cuándo fue actualizada o se presenta en formatos que impiden el tratamiento y el análisis de los datos. El CTBG señala expresamente el caso de Vox, cuyas cuentas anuales están publicadas en archivos que no permiten copiar ni reutilizar la información.

Esta combinación de ausencias, desactualización y formatos opacos vacía de contenido práctico el deber de publicidad activa y convierte los portales de transparencia de los partidos en repositorios incompletos, más orientados al cumplimiento formal que a la rendición de cuentas efectiva.

La base jurídica de estas exigencias no ofrece margen a la ambigüedad. Los partidos políticos están sujetos a la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en tanto que perceptores de financiación pública. La norma les obliga a difundir de oficio información relevante sobre su organización, su actividad económica y la retribución de sus altos cargos.

Sin embargo, el propio diseño institucional del sistema de transparencia explica en parte la persistencia del incumplimiento. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no dispone de un régimen sancionador efectivo en materia de publicidad activa. Su capacidad se limita a evaluar, formular recomendaciones e instar al cumplimiento, además de hacer públicos informes como los de 2025, cuyo principal efecto es el reproche reputacional. Las sanciones económicas y las consecuencias jurídicas más severas quedan, en la práctica, fuera de su alcance.

La citada norma establece que las obligaciones fijadas en su Capítulo II, entre ellas publicar “las retribuciones percibidas anualmente por sus altos cargos y máximos responsables”, así como “las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo” (artículo 8.1.f), son de aplicación a “los partidos políticos” (artículo 3).

Y deben cumplirse mediante su publicación “en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada, así como su identificación y localización” (artículo 5.4).

Además, la ley establece que “toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos” (artículo 5.5).

El balance que dejan las evaluaciones de 2025 apunta a un patrón reconocible: los partidos cumplen cuando el coste político es bajo y se resisten cuando la información afecta al núcleo del poder interno. Publicar estatutos, códigos éticos o memorias de actividad tiene un impacto limitado; revelar cuánto cobran los líderes, en cambio, expone a las formaciones a la crítica pública y a comparaciones incómodas en un contexto de desafección política.

Hay herencias que tardan décadas en liquidarse. En la Comunidad de Madrid, el legado de la época de las grandes infraestructuras de Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre no solo sobrevive en el hormigón abandonado, sino también en las cuentas del Gobierno regional. El último informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2024, pone de manifiesto que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso mantiene en su activo 303,02 millones de euros en “obras fantasma” abandonadas que en varios casos no son recuperables, según la propia Administración. 

No se trata de un simple descuadre contable. Según explican fuentes de la Cámara de Cuentas consultadas por infoLibre, el mantenimiento de este valor en los libros responde a una “clara sobrevaloración del activo” motivada por la resistencia política a admitir que esos proyectos son hoy dinero perdido. Al no limpiar la contabilidad, el Ejecutivo de Ayuso evita enviar el mensaje de que cientos de millones de euros de inversión pública terminaron, literalmente, en vía muerta.

El grueso de esta "riqueza fantasma" se concentra en proyectos ferroviarios que nunca llegaron a destino o que fueron cerrados prematuramente por falta de usuarios. El máximo exponente de ellos es el ferrocarril de Móstoles a Navalcarnero, una obra iniciada en 2008, bajo el mandato de Aguirre, y abandonada apenas dos años después, que la Comunidad sigue valorando como un activo de 126,2 millones de euros. 

Mientras en la Puerta del Sol se resisten a admitir dicha pérdida en sus libros, la factura real no deja de crecer: el Gobierno regional ya tuvo que abonar 162,5 millones de euros en indemnizaciones a la constructora OHLA en 2022 por la liquidación prematura del contrato. La estrategia actual para mantener viva esta ficción contable pasa por que sea el Ministerio de Transportes quien se haga cargo de dicha infraestructura. El departamento de Óscar Puente licitó el pasado diciembre un estudio de viabilidad para intentar rescatar la obra, en lo que supondría, de facto, un traspaso de la responsabilidad sobre dicha ejecución que la Comunidad lleva años reclamando y que le permite deshacerse de la responsabilidad sin reconocer que la inversión fue un fracaso.

A pocos kilómetros, en San Martín de la Vega, la línea de Cercanías C-3a, que pretendía dar servicio al parque temático Warner, ofrece una estampa de abandono todavía más visual, con la estación dejada a su suerte y vandalizada, y un trazado que la propia Administración descartó oficialmente recuperar en diciembre de 2024 por no ser rentable. Como en el caso del tren Móstoles-Navalcarnero, la Comunidad de Madrid pretende que el Ministerio de Transportes se haga cargo del servicio. 

Aunque este activo figura en el balance con un valor de 59,8 millones de euros, la realidad es que se trata de una infraestructura que llegó a registrar una media de apenas cuatro usuarios por tren antes de su clausura en 2012. La desidia contable con este proyecto convive con nuevos hachazos judiciales: el pasado diciembre, el Tribunal Supremo condenó a la región a pagar 7,5 millones de euros adicionales por la expropiación de unos terrenos al iniciar la construcción de la vía, que lleva 13 años cerrada.

La variante de Torrejón de Ardoz completa este mapa de la herencia ferroviaria no resuelta. Con una obra ejecutada —en este caso bajo el mandato de Alberto Ruiz Gallardón— y valorada en sus libros en 26,6 millones de euros (de un contrato total de 69,9 millones), se trata de un túnel inacabado que la Comunidad de Madrid decidió paralizar definitivamente en 2017. La Administración admitió entonces que el proyecto era "inviable" debido a que el entonces Ministerio de Fomento exigía para su explotación una segunda fase que ni siquiera estaba planificada ni contaba con proyecto constructivo. 

Según los dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora, la Comunidad tuvo que abonar a la constructora Sacyr una indemnización de 1,91 millones de euros exclusivamente por el desistimiento del contrato, a lo que se suman otras reclamaciones por daños y perjuicios derivados de años de suspensiones y errores en la gestión de permisos y expropiaciones. Pese a este abandono oficial, el Gobierno regional ha mantenido el valor de lo ya construido en su balance utilizando el término contable "inmovilizado": esto le evita reconocer que la infraestructura carece de utilidad.

El cuarto "activo fantasma" es la carretera M-203 (recientemente rebautizada como MP-205), que figura en el balance como "inmovilizado terminado" por un valor de 90,3 millones de euros. Esta vía de 12,5 kilómetros, diseñada originalmente en 2005 para unir la A-2 con la R-3 y la M-50, lleva casi dos décadas en un limbo administrativo. Aunque el asfalto está terminado y en perfecto estado, la falta de permisos originales de la Confederación Hidrográfica del Tajo y del Ministerio de Fomento paralizó las obras en 2007, un año antes de su inauguración prevista, convirtiéndola en un escenario habitual para rodajes de cine y carreras ilegales.

El fiasco no solo es logístico, sino financiero: tras un litigio judicial, la Comunidad de Madrid fue obligada a pagar 73,4 millones de euros a la constructora Ferrovial por la resolución del contrato. La Cámara de Cuentas advierte que el activo debe ser “regularizado” (borrado del balance) en caso de que dicha vía continúe abandonada. El Gobierno de Ayuso ha anunciado su “resurrección” dentro del Plan de Carreteras 2025-2032. La maniobra implica una nueva inversión –adicional a la inicial– de casi 60 millones de euros para completar la conexión, una promesa que permite esquivar, un año más, la asunción de este agujero en las cuentas públicas.

Junto a las obras paradas, la fiscalización del ejercicio 2024 pone el foco en un desorden administrativo que arrastra la Comunidad desde que absorbió a la desaparecida empresa autonómica MINTRA en 2011. Al hacerse con ella, adquirió también un derecho de cobro de 121,6 millones de euros que Metro de Madrid le debe ahora a la Comunidad por el arrendamiento de vías desde hace más de una década.

Al ser Metro una empresa propiedad de la Comunidad de Madrid, en las cuentas consolidadas el impacto en el balance neto es nulo (lo que uno debe, el otro lo tiene por cobrar). Sin embargo, mantener esta deuda viva en el papel tiene un perjuicio económico directo: la Comunidad está obligada a facturar ese alquiler ficticio y, por tanto, a ingresar el IVA correspondiente a la Hacienda estatal. Es decir, la Administración madrileña está perdiendo dinero en impuestos pagados al Estado por unos ingresos de Metro que son incobrables y que no van a entrar en las arcas regionales.

Los “valores fantasma” pendientes de regularizar que la Comunidad de Madrid contabiliza en el activo suman más de 300 millones de euros, pero las indemnizaciones que la Comunidad ha desembolsado a las constructoras o a otras partes perjudicadas por la paralización de las obras ascienden a otros 245,3 millones de euros entre las cuatro obras paralizadas. 

La Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo, que en 2021 se comprometió, según la Cámara de Cuentas, a regularizar las tres obras ferroviarias y dejar de contarlas como activo, no ha respondido a las preguntas de infoLibre sobre las razones por las que no lo ha llevado a cabo la regularización ni respecto a los plazos en los que se plantea hacerlo.

El primer informe europeo de evaluación del cumplimiento del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés) deja a España en muy mal lugar. España: Informe de captura de medios y monitoreo de EMFA 2025 parte de una nueva serie de estudios que examinan la captura de los medios de comunicación y el cumplimiento en los Estados de la UE del reglamento europeo de medios, se publicó el pasado mes de diciembre y evidencia un incumplimiento generalizado en aspectos clave relacionados con la independencia de los reguladores de medios, el funcionamiento de los medios públicos, el uso de fondos de las administraciones para publicidad institucional, la transparencia mediática y el pluralismo. 

Para los responsables del informe, elaborado bajo la responsabilidad del Instituto Internacional de Prensa (IPI) y el Centro de Investigación de Medios y Periodismo (MJRC), dos de los interlocutores con los que contará Bruselas para examinar el cumplimiento del Estado de derecho en nuestro país, la situación evidencia que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes para garantizar los estándares que la EMFA establece, y que el país necesita reformas profundas y urgentes si quiere alinearse con los objetivos europeos.

Uno de los capítulos más críticos del informe se centra en la independencia de los reguladores de medios. La EMFA exige que los reguladores sean funcionalmente independientes de los gobiernos, operen con imparcialidad y transparencia, y cuenten con competencias claramente definidas y mecanismos efectivos de apelación. España, según el informe, cumple solo de manera parcial estos criterios.

En particular, critican que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), encargada de supervisar los mercados audiovisuales, mantenga una dependencia legal respecto al Ministerio de Economía, lo que genera percepciones de subordinación. Además, su autonomía presupuestaria es limitada: cualquier reasignación de recursos o ampliación de personal requiere aprobación gubernamental previa. De aquí que el informe recomiende implementar un modelo similar al del Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que garantice financiación estable y predecible, y permita a la CNMC operar con independencia funcional real.

El informe también destaca la necesidad de fortalecer los procedimientos de nombramiento dentro de la CNMC mediante comités independientes y multidisciplinarios, que incluyan expertos en gobernanza de medios, periodismo y comunicación digital. Esto permitiría asegurar que los cargos de responsabilidad se otorguen por mérito y con criterios transparentes, evitando la influencia política que hasta ahora ha sido visible en la práctica.

Más allá de la independencia formal, el informe subraya que España carece de mecanismos robustos para consolidar la capacidad institucional de la CNMC a largo plazo. Sus autores recomiendan planes plurianuales de personal y formación, así como la creación de direcciones especializadas en medios y servicios digitales que permitan supervisar de manera efectiva la creciente complejidad del sector audiovisual, incluida la vigilancia de plataformas digitales y servicios a demanda.

En materia de transparencia y evaluación externa, el informe subraya la creación de un portal unificado de datos abiertos, acompañado de evaluaciones periódicas independientes sobre el desempeño de la CNMC frente a los estándares europeos. También recomienda la rendición de cuentas ante el Parlamento y la sociedad civil, para reforzar la confianza pública en la independencia y eficacia del regulador.

El informe dedica un apartado específico a la independencia de los medios de servicio público, y reprocha que España no garantiza plenamente el funcionamiento autónomo de RTVE. Según la EMFA, los Gobiernos deben asegurar que los medios públicos mantengan independencia editorial y funcional, que los procedimientos de nombramiento de la dirección sean transparentes y no discriminatorios, y que la financiación sea adecuada, sostenible y predecible.

Pero en España, como recuerda el informe, el actual Consejo de Administración de RTVE está claramente politizado, lo que compromete la neutralidad de la gestión. El informe recomienda establecer criterios más restrictivos de incompatibilidad y asegurar que los cargos se otorguen siguiendo criterios de formación y experiencia profesional verificables. Asimismo, urge renovar el marco normativo de RTVE y aprobar un contrato-programa que garantice la asignación de recursos adecuados y sostenibles, cumpliendo con el mandato de servicio público.

Proporcionar mayores recursos financieros y humanos a la CNMC permitiría también, según este estudio, una supervisión más eficaz de RTVE y de su misión de servicio público, sobre todo frente a las responsabilidades adicionales que la EMFA introduce para los reguladores, incluyendo la evaluación del cumplimiento de estándares de independencia y pluralismo.

Uno de los capítulos más críticos tiene que ver con la necesidad de reforzar la transparencia y objetividad en la asignación de publicidad institucional, un objetivo en el que España no ha dado un solo paso desde la aprobación de la EMFA. Según el reglamento europeo, los fondos públicos deben asignarse siguiendo criterios transparentes, objetivos, proporcionales y no discriminatorios. Sin embargo, España aún carece de un marco sólido de control anterior y posterior que asegure la rendición de cuentas, la diversidad y la independencia en la toma de decisiones a la hora de repartir este dinero.

Entre otras cosas, el documento recomienda la adopción de buenas prácticas como convocatorias públicas abiertas, criterios objetivos basados en datos de audiencia y consumo mediático, y comités independientes de expertos que planifiquen, seleccionen y supervisen las campañas. Además, se insiste en la necesidad de informes públicos detallados sobre la distribución de los fondos, evaluaciones anuales de resultados y la supervisión parlamentaria, como medidas estructurales para garantizar transparencia y pluralismo.

Otro de los puntos débiles de España señalado en el informe es el pluralismo mediático. La legislación vigente cubre el sector audiovisual, pero deja fuera a la prensa y a los medios digitales. Sigue sin exigirse que los sitios web divulguen la titularidad efectiva de su propiedad.

El informe recuerda la necesidad de revelar la titularidad efectiva y la financiación pública, y propone aplicar una prueba de pluralidad autónoma y evaluada caso por caso en todos los mercados. Además, recomienda vincular bases de datos para facilitar la trazabilidad de propiedad, control y financiación, incluyendo fuentes de terceros países, y garantizar la participación pública informada en los procesos de decisión.

El primer examen europeo sobre la EMFA pone de relieve que España se encuentra lejos de cumplir los estándares de independencia, transparencia y pluralismo que la Unión Europea considera esenciales para un ecosistema mediático democrático. La falta de autonomía de los reguladores, la politización de los medios públicos, la gestión opaca de la publicidad institucional y las limitaciones en la transparencia dibujan un panorama preocupante.

El expresidente de la Generalitat Carlos Mazón ha puesto en marcha su oficina de apoyo como expresidente, una prerrogativa prevista en el estatuto autonómico que permite a los exmandatarios disponer de despacho, conductor, seguridad y hasta dos asesores designados a dedo, con cargo a fondos públicos.

Como primer nombramiento, Mazón ha elegido a José Manuel Cuenca, su exjefe de gabinete y responsable de comunicación durante su etapa al frente del Consell. Cuenca percibía como jefe de gabinete en torno a 77.000 euros anuales y pasa ahora a ocupar un puesto de personal eventual en la oficina del expresidente, con una retribución de 57.592 euros brutos al año, según las tablas salariales vigentes de la Generalitat. Una rebaja de unos 20.000 euros que garantiza su continuidad en un cargo de confianza financiado con fondos públicos.

El estatuto de expresidentes, aprobado en 2002, regula con detalle qué medios materiales y humanos deben ponerse a disposición de los exmandatarios —oficina, dos asesores, conductor, vehículo oficial y seguridad—, pero no dedica ni una sola línea a definir para qué sirven esas oficinas de apoyo. 

La norma no menciona funciones institucionales, tareas de representación, labores de archivo, asesoramiento a la Administración ni ningún otro cometido, ni siquiera en términos genéricos. Tampoco fija obligaciones de actividad, rendición de cuentas o resultados. El texto se limita a garantizar el sostenimiento de una estructura financiada con fondos públicos y a establecer que el personal será designado a propuesta directa del expresidente.

En la práctica, las oficinas activas suman actualmente seis asesores: dos de Ximo Puig, dos de Alberto Fabra, uno de Francisco Camps y uno ya nombrado por Carlos Mazón, a falta de que complete el cupo. En conjunto, el coste de los seis asesores asciende a unos 345.000 euros al año, sin contar otros gastos asociados previstos en la ley: conductores, vehículos oficiales de la Generalitat, seguridad, locales para las oficinas, suministros y mantenimiento.

La designación de Cuenca por parte de Carlos Mazón no es una anomalía. La revisión de los perfiles que ocupan las oficinas de apoyo de otros expresidentes muestra un patrón reiterado: exjefes de gabinete, cargos orgánicos de partido o colaboradores políticos directos, sin exigencias de perfil técnico ni dedicación exclusiva.

Ximo Puig, anterior expresidente, ha cubierto los dos puestos de asesor que permite la normativa. Uno de ellos lo ocupa Francisco Cerdá, periodista y escritor, colaborador de El País y autor de varios libros. Como personal eventual, su cargo no está sujeto a un régimen de incompatibilidades, lo que le permite mantener su actividad profesional privada mientras percibe el salario público asociado al puesto.

Cerdá ya había desempeñado funciones políticas durante el mandato de Puig: fue delegado de Presidencia para asuntos culturales y, según publicó Valencia Plaza, una de las personas que redactaban los discursos de Puig. Su segunda asesora es Esther Ortega, que fue su jefa de gabinete cuando presidía la Generalitat, el mismo esquema que ha reproducido ahora Carlos Mazón con el fichaje de Cuenca.

En la oficina del expresidente Alberto Fabra aparecen perfiles estrechamente vinculados al Partido Popular de Castellón. Uno de sus asesores es Javier Buñuel, dirigente orgánico del PP castellonense que sigue figurando en la estructura local del partido como vicesecretario general. Buñuel declaró como testigo en el caso Gürtel por su papel como apoderado de las cuentas bancarias de las elecciones municipales de 2007 y formó parte, a propuesta de su partido, de la Junta Electoral Provincial de Castellón. 

La otra asesora es Carmen Amorós, exdiputada autonómica por Castellón durante la presidencia de Fabra y también vinculada orgánicamente al PP local, donde continúa apareciendo como coordinadora general de Organización.

Amorós sustituyó a Esther Pastor, que había sido secretaria autonómica con Fabra como presidente y que dimitió en 2016 de su cargo en la oficina de apoyo. Pastor, casada con el empresario naviero Vicente Boluda, fue protagonista  hace dos años de un reportaje en Las Provincias sobre su residencia en Navajas (Castellón), una mansión con 20 dormitorios y un servicio doméstico formado por 15 personas, según declaró el matrimonio.

El expresidente Francisco Camps es la excepción parcial. Aunque el estatuto le permite contar con dos asesores, solo mantiene uno: Susana Fayós, que fue su secretaria particular durante su etapa al frente de la Generalitat. Un perfil de confianza personal, sin trayectoria política posterior relevante.

El estatuto de los expresidentes de la Generalitat reconoce estos derechos a todos los exmandatarios autonómicos, pero no todos han mantenido una oficina de apoyo activa. Además de Mazón, Camps, Puig y Fabra, la Comunitat Valenciana ha tenido otros tres presidentes desde el inicio de la democracia: José Luis Olivas, Eduardo Zaplana y Joan Lerma.

Olivas —fallecido el pasado noviembre y bajo cuyo mandato se aprobó en 2002 el estatuto de expresidentes— sí llegó a activar una oficina de apoyo, pero solo durante aproximadamente un año, según publicó eldiario.es. Olivas, que dirigió el PP valenciano tras la marcha de Zaplana y antes de la llegada de Camps, fue condenado a un año y medio de prisión por delito contra la Hacienda Pública en 2017. Lerma y Zaplana, por su parte, no han tenido nunca oficina de expresidente. 

Dentro de cinco semanas, el 8 de febrero, se cumplirá el primer año de vigencia del artículo del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés) que obliga a los medios de comunicación de toda Europa, incluidos los españoles, a detallar de forma visible en sus páginas web tanto la propiedad real de las empresas de las que dependen como la publicidad institucional que reciben de las Administraciones públicas.

Tan largo plazo no ha servido para que el poder mediático en España se ponga las pilas: la práctica totalidad de los medios sigue ocultando al público quiénes son sus dueños, si sus intereses pueden condicionar la información que publican y a cuánto alcanza su dependencia del dinero público que reciben en forma de publicidad institucional.

La única excepción sigue siendo, a día de hoy, infoLibre, que desde hace meses incluye un enlace bien visible al lado de su cabecera, que conduce a una página en la que se detalla la totalidad de la composición de su accionariado. Y a través de la cual se puede conocer el porcentaje de publicidad institucional que alimenta sus ingresos.

A este ejercicio de transparencia se han sumado parcialmente otros tres medios, aunque de manera insuficiente.

El primero de ellos es elDiario.es que, aunque no detalla la composición del accionariado de su empresa matriz, Diario de Prensa Digital SL, sí publica que su director, Ignacio Escolar, tiene el control de la compañía, sin precisar su porcentaje.

La información, que no está accesible fácilmente —es necesario buscar y rebuscar hasta dar con ella, a partir de un enlace enterrado al final de su página principal— añade que otros miembros de la redacción también tienen acciones, pero sin explicar en qué cuantía.

Sí detalla, en cambio, que en 2024 elDiario.es recibió 336.438 euros en campañas de publicidad institucional del Gobierno de España, un “2,1% del total” de sus ingresos. Entre el resto de las administraciones locales, autonómicas y europeas ingresaron 1.183.119 euros en publicidad institucional. Entre todas ellas, sumadas, suponen el 7,6% del total de sus ingresos, aseguran.

El segundo medio nacional, entre los más relevantes en términos de audiencia, que ha dado pasos para cumplir con las exigencias de la EMFA es 20Minutos. Eso sí, como en el caso anterior, hay que bucear para dar con la información, situada al final de la página, bajo un enlace de muy reducidas dimensiones que remite al epígrafe “Transparencia”.

Ahí, 20Minutos explica que pertenece al 100% al Grupo Henneo y que este, a su vez, es propiedad de “la familia Yarza” y de Ibercaja Banco, sin detallar los porcentajes de cada miembro del clan ni de la entidad financiera.

En cuanto a la publicidad institucional —del Estado, las administraciones autonómicas y las locales— 20Minutos admite que supone “el 23% de sus ingresos totales“ (hay que suponer que se refieren al ejercicio de 2024, porque no lo especifican).

El tercer medio que cumple parcialmente con la EMFA, aparte de infoLibre, es El Confidencial, que también ha incluido información sobre su accionariado, aunque prácticamente oculta en la última línea de su página de inicio. Allí figura que es propiedad de Titania Compañía Editorial SL, controlada a su vez por Comitia Inversión SL, de la que es dueño José Antonio Sánchez, el hombre fuerte de este diario digital, con un 46,17% de las acciones. De lo que no habla es de la publicidad institucional que recibe por parte de las Administraciones públicas.

Por limitados que sean estos datos y por muy escondidos que estén, siguen siendo la excepción. El resto de los grandes medios —desde las televisiones privadas a las emisoras de radio, pasando por las cabeceras de papel y los diarios digitales más conocidos— siguen sin cumplir lo que la EMFA les exige desde febrero. Hace once meses.

El reglamento europeo es claro: no basta con cubrir el expediente; hay que revelar esa información de forma visible y detallada. Su artículo 6 dice, literalmente, que los medios de comunicación están “obligados” a hacer “accesible, de forma sencilla y directa”, el “nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública”. Es decir: los nombres de quiénes son sus dueños.

Pero no solo eso. No basta con decir que un medio es propiedad de la compañía tal o de la sociedad limitada cual. El punto 6.1.c del reglamento europeo puntualiza que lo que deben revelar es “el nombre o los nombres de los titulares reales” del medio tal como se definen en una directiva de la UE de 2015 contra el blanqueo de capitales, según la cual “titular real” es “la persona o personas físicas que, en última instancia, posean o controlen al cliente o la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción”. O, en su caso, “la persona física o personas físicas que posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o participación en el capital de una entidad jurídica”, entendiendo que una participación directa o indirecta del 25% o más se considera indicativa de propiedad o control.

Esto significa que todos los medios deben revelar públicamente quién controla o posee la empresa editorial o audiovisual, incluso si lo hacen mediante otras sociedades de propiedad indirecta. Ya no basta con publicar el nombre de la sociedad editora o del consejo de administración, como hacen la mayoría: tienen que identificar a la persona física que, en última instancia, ostenta el control o la propiedad efectiva.

No vale esconderse tras sociedades pantalla o estructuras en cascada. Si una empresa de medios pertenece a una SL (Sociedad Limitada) que a su vez está controlada por una sociedad en Luxemburgo, el medio debe seguir el rastro hasta identificar y publicar quién es la persona física detrás de esa estructura.

El reglamento, que en su día mereció el respaldo en el Parlamento Europeo de todos los partidos españoles allí representados, con la única excepción de Vox, lo que busca es impedir que personas físicas con intereses políticos, económicos o ideológicos ocultos controlen medios sin que la ciudadanía lo sepa. Una norma de transparencia estructural que trata de preservar el pluralismo y la independencia informativa.

Además, también desde el 8 de febrero, todos los medios deben divulgar, de nuevo de manera clara, detallada y accesible, el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países.

Medios tan potentes en audiencia como Antena 3, La Sexta y Onda Cero Radio remiten a la web de su propietario común —Atresmedia— mediante enlaces corporativos que obligan a esmerarse para encontrar algo. Al final, lo único que muestran en estos momentos es una tarta de reparto accionarial según la cual el accionista mayoritario es el Grupo Pasa Cartera/ Planeta-Agostini, con un 41,7% de la propiedad. Ni una referencia a la familia Lara, ni tampoco a los dueños de la compañía italiana con la que están asociados y, por supuesto, ni una mención a la publicidad institucional que reciben de las administraciones públicas.

Con Telecinco y Cuatro ocurre lo mismo. Para encontrar un enlace a la matriz del grupo —Mediaset—, hay que buscarlo al final de sus páginas de inicio. Una vez dentro hay que rebuscar para encontrar un enlace a información sobre el grupo. Y de ahí a la información corporativa, que se muestra en inglés porque remite a la empresa domiciliada en Países Bajos —Media for Europe— controlada a su vez por el holding familiar del fallecido político italiano Silvio Berlusconi, que ni se menciona. Como tampoco se habla de su director ejecutivo, Pier Silvio Berlusconi, ni del presidente del consejo de administración, Fedele Confalonieri, el que fuera hombre de confianza del fundador del grupo.

El País y la Cadena SER hacen algo parecido. Se limitan a incluir enlaces, al final de sus páginas de inicio, a la web corporativa de su empresa matriz, Prisa. Una vez allí, cualquier interesado en saber quién es el dueño debe navegar por diferentes enlaces hasta uno que hace referencia a participaciones significativas y autocartera que, en realidad, conduce a la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Una vez allí hay que ir a “notificaciones de derechos de voto e instrumentos financieros” para encontrar una primera referencia que indica que los accionistas mayoritarios son la sociedad Amber Capital UK LLP, con un 29,5%, y el presidente del grupo, Joseph Oughourlian, con otro 29,5%. Pero nada más: imposible saber por esta vía quién está detrás de Amber Capital, un fondo de inversiones opaco gestionado por el propio Oughourlian.

Sobre publicidad institucional, la opacidad es total. No hay un solo dato visible en El País ni en Cadena SER ni en la web corporativa de Prisa.

Ni siquiera la Iglesia católica se ha apuntado a cumplir la EMFA en lo que a transparencia se refiere. COPE y Trece TV evitan hacer referencia a que su empresa matriz es Ábside Media y que esta, a su vez, está controlada por la Conferencia Episcopal. Tampoco explican a los ciudadanos, como obliga el reglamento europeo, qué porcentaje de publicidad institucional nutre su cuenta de resultados.

La Vanguardia tampoco ofrece la información que está obligada a facilitar en aplicación de la EMFA, más allá de incluir un enlace a la web corporativa del Grupo Godó, que tampoco lo hace. Su emisora RAC1 va más lejos: ni siquiera hace referencia a que pertenece al grupo propietario de La Vanguardia. Imposible, por tanto, conocer de forma accesible el porcentaje del accionariado ni qué importancia tiene la publicidad institucional en sus ingresos.

Incumplen también El Mundo, Expansión, Marca y Radio Marca, todos medios de Unidad Editorial. La matriz se limita a enlazar con RCS Group, la web corporativa del grupo italiano al que pertenece —en idioma de aquel país—. En ella no hay referencia alguna al hombre fuerte del grupo, Urbano Cairo, que participa en RCS a través de Cairo Communication SpA. Ni una palabra, tampoco, de la publicidad institucional que engrosa la cuenta de resultados de cada uno de los medios que dependen de Unidad Editorial.

Abc actúa del mismo modo que El País. Al final de su página de inicio incluye un enlace a su grupo matriz, Vocento, en el que no solo no se detalla la composición del accionariado sino que tampoco se da cuenta de la publicidad institucional que reciben sus medios.

La web corporativa acaba remitiendo a la de la CNMV, en enlaces ocultos detrás de otros enlaces. Allí consta que el accionista mayoritario es Francisco García Paramés (15%), seguido de dos sociedades. La primera, Mezouna SA (11%), de la que no se informa que pertenece a la familia Ybarra Aznar. La segunda tiene por nombre Valjarafe SL, con un 10,1%, y tampoco se explica que está administrada por Soledad Luca de Tena y García-Conde.

EsRadio, la emisora de Federico Jiménez Losantos, se limita a poner un enlace al Grupo Libertad Digital que explica su origen. Si se busca en detalle dentro de esta página, aparece que el consejo de administración lo preside Losantos, al que suele atribuirse el control accionarial del medio, pero no se detalla la composición accionarial. Tampoco, por supuesto, cuánto suponen en sus beneficios la publicidad institucional que recibe.

El repaso a otros medios digitales no ofrece tampoco ejemplos de transparencia. Es el caso de El Español y su empresa matriz, El León de El Español Publicaciones SA, que preside Pedro J. Ramírez, aunque no consta que sea el accionista mayoritario. Ni una palabra sobre el dinero que llega de las administraciones públicas.

Público, al final de su página, deja constancia de que es propiedad de Display Connectors SL, pero no detalla ni enlaza a quién es el propietario —se supone que es el empresario Jaume Roures—. Sobre los ingresos por publicidad institucional se limita a decir que “han representado en Público en los últimos años entre el 5% y el 8% del total percibido por publicidad”, muy lejos del ejercicio de transparencia al que obliga la EMFA.

El cumplimiento de la norma europea para detallar el capital de su empresa matriz (Dos Mil Palabras SL) y la publicidad que recibe de los poderes públicos tampoco está entre las prioridades de OKDiario, el digital ultra que dirige Eduardo Inda.

Miguel Ángel Rodríguez ha vuelto a ocupar espacio en la actualidad política y judicial en los últimos meses por su comparecencia ante el Tribunal Supremo como testigo en el procedimiento que ha culminado con la inhabilitación del ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En su declaración, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña reconoció haber difundido entre periodistas que la Fiscalía había retirado un pacto con la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por supuestas “órdenes de arriba”, una versión que atribuyó a una “deducción lógica” y para la que admitió no tener pruebas.

Ese episodio ha concentrado buena parte de la atención mediática reciente sobre el principal asesor de la presidenta madrileña. Sin embargo, en paralelo, la actualización de los datos del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid ha permitido ampliar un asunto menos mediático: la de sus gastos públicos en comidas y cenas de trabajo.

Con la publicación de los gastos correspondientes al tercer trimestre de 2025, el registro de gastos protocolarios y de representación de la Comunidad de Madrid permite reconstruir el gasto completo de Miguel Ángel Rodríguez durante cuatro años en comidas institucionales desde octubre de 2021 hasta septiembre de 2025.

En ese periodo de cuatro años, Rodríguez ha cargado 53.122 euros en comidas y cenas de trabajo, siempre bajo el concepto de comidas institucionales. El registro incluye 360 entradas, lo que equivale a una media de 90 comidas al año. El gasto agregado se traduce en una media mensual de 1.106 euros, calculada sobre los 48 meses naturales que abarca la serie completa. El importe medio por comida o cena asciende a 147 euros, según el detalle de los tickets registrados.

El análisis por años muestra además diferencias relevantes en la intensidad del gasto. Los primeros datos de la serie, los últimos tres meses de 2021 arrojan una media mensual de de 858 euros. En 2022, el gasto medio sube hasta 1.083 euros al mes, mientras que en 2023 se situó en 951 euros mensuales. En 2024, la media volvió a superar el umbral de los 1.000 euros, con 1.126 euros al mes. En 2025, con datos aún incompletos (de enero a septiembre), la media mensual asciende ya a 1.401 euros, la cifra más alta de toda la serie. A falta del último trimestre, el gasto de este año apunta a convertirse en el más elevado del periodo. 

La Comunidad de Madrid publica de forma desagregada los gastos protocolarios de sus altos cargos, incluyendo fecha, concepto e importe. Sin embargo, como courre con la publicidad institucional, no todas las comunidades autónomas ofrecen este nivel de detalle, lo que impide establecer comparaciones homogéneas con otros gobiernos regionales.

Además de los gastos en comidas institucionales, el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid fija el sueldo de Miguel Ángel Rodríguez en 100.989 euros al año, según la información actualmente disponible. Esa cifra supone un aumento respecto a una versión anterior del mismo portal, archivada en julio, en la que su retribución anual era de 96.210 euros anuales. El salario del jefe de gabinete se sitúa así en niveles próximos al de la presidenta madrileña y por encima del sueldo del Presidente del Gobierno.

El nombre de Rodríguez ha cobrado especial protagonismo en los últimos meses por su papel en el origen del bulo sobre la supuesta retirada de un pacto entre la Fiscalía y la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

Ante el Supremo, el jefe de gabinete reconoció haber difundido entre periodistas que la Fiscalía había recibido “órdenes de arriba” para frenar ese acuerdo, pese a disponer de mensajes que indicaban que las negociaciones seguían abiertas. Según explicó, esa afirmación no se basaba en ninguna fuente ni prueba concreta. Ese episodio derivó en un desmentido oficial de la Fiscalía y forma parte del contexto de la condena al fiscal general del Estado por la filtración de correos relacionados con el caso, un procedimiento en el que Rodríguez ha sido uno de los testigos clave.

Hace un año y ocho meses, en abril de 2024, el presidente Pedro Sánchez sorprendió a propios y extraños al anunciar que abría una reflexión de cinco días sobre su continuidad al frente del Gobierno. ¿El motivo? Su mujer, Begoña Gómez, acababa de ser procesada en el marco de lo que consideraba —y todavía califica en esos términos— una “operación de acoso y derribo” de la derecha y la ultraderecha con el objetivo de hacerle “desfallecer en lo político y en lo personal” atacando a su esposa.

Sánchez resolvió la situación pasando aparentemente al ataque. Confirmó no solo su continuidad, sino que también anunció lo que acabó bautizando como un Plan de Acción Democrática que, entre otras cosas, incluía una batería de iniciativas destinadas a frenar la difusión de bulos y desinformación a través de seudomedios de derecha y extrema derecha, financiados en gran medida por administraciones gobernadas por el PP. Una práctica que, rescatando un término creado por el semiólogo italiano Umberto Eco, bautizó como “la máquina del fango”.

La idea era sencilla y fue rápidamente aplaudida por la izquierda. Se trataba de combatir los llamados seudomedios —que han convertido la desinformación en un negocio alimentado con fondos públicos— y reforzar el periodismo de calidad. Sin embargo, a año y medio del final de la legislatura, de nuevo sumergidos en un ciclo electoral que no dará tregua hasta las elecciones generales, las medidas siguen sin concretarse. No existe un calendario claro para su impulso y ni siquiera está claro que el Gobierno cuente con aliados suficientes para sacarlas adelante.

De hecho, lo único que se ha ido concretando, en parte porque es una derivada de los fondos europeos de recuperación, ha sido el paquete de ayudas aprobado en diciembre de 2024, dotado con 124,5 millones de euros. Este presupuesto, orientado al refuerzo del periodismo digital, incluye un programa de 65 millones para la consolidación digital de la prensa (adquisición de nuevas tecnologías y renovación de infraestructuras) y un “kit digital” de 5 millones para fortalecer a los periódicos locales.

Se han reservado 15 millones para mejorar la ciberseguridad de los medios, 10 millones para proyectos de I+D con inteligencia artificial dirigidos a medios grandes y medianos, otros 10 millones para innovación basada en la compartición de datos y 19,5 millones en préstamos para digitalización y herramientas tecnológicas de difusión. Estas ayudas —en línea con las buenas prácticas europeas mencionadas en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, conocido como EMFA por sus siglas en inglés— se conceden con la intención de reforzar la capacidad tecnológica de la prensa, pero no tienen relación directa con la lucha contra la desinformación.

Lo cierto es que, hasta ahora, el Gobierno no ha culminado ningún proyecto legislativo relacionado con los medios. El único que ha salido del Consejo de Ministros y ha llegado al Congreso de los Diputados es el que desarrolla la EMFA para convertir a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) en el organismo independiente encargado de supervisar el sector y crear un registro estatal de medios de comunicación accesible a los ciudadanos.

El proyecto, sin embargo, acumula prórroga tras prórroga del trámite de enmiendas en la Cámara baja desde el pasado mes de julio, sin que nadie sepa cuándo se someterá a debate en el pleno.

Los medios, entretanto —con infoLibre casi como única excepción—, desafían la normativa y, pese a estar obligados por la EMFA desde el pasado mes de febrero, siguen sin divulgar de forma detallada y accesible quiénes son sus propietarios y cuánta publicidad reciben de las administraciones públicas, un dato crucial para saber si sus contenidos rinden obediencia a un partido u otro.

El resto de iniciativas ni siquiera han sido enviadas al Congreso. El Gobierno da vueltas desde hace meses a la anunciada reforma de la Ley reguladora del Derecho de Rectificación, con el objetivo de agilizar las reclamaciones contra noticias falsas o tendenciosas y aplicar indemnizaciones adecuadas. Pero no se decide a llevarla siquiera al Consejo de Ministros en forma de anteproyecto.

Lo mismo sucede con la ley reguladora del secreto profesional de los periodistas, un mecanismo de protección reconocido por la Constitución pero que nunca se ha desarrollado en nuestro país, y al que ahora el Gobierno —aprovechando que también es una exigencia de la EMFA— quiere dar forma. El anteproyecto, aprobado antes del verano, salió a información pública y sigue esperando a que el Ministerio de la Presidencia se decida a enviarlo al Congreso.

Sometido a un debate interno que el Gobierno no parece capaz de resolver sigue el proyecto de ley regulador de la Publicidad Institucional, una reforma que también es consecuencia directa de la EMFA europea. El objetivo es que toda la publicidad que se paga con fondos públicos —por parte del Estado, de las empresas de capital público, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos— se distribuya con criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación.

Y no solo eso: el proyecto debe dar forma a lo que ya es un mandato en vigor de la EMFA: que anualmente se publique el detalle de ese reparto, para saber qué administración paga a qué medios y cuánto dinero recibe cada televisión, diario o emisora de radio.

Tampoco hay avances en varios compromisos del Plan de Acción Democrática, en particular en la introducción de límites legales a la financiación pública de medios. No existe tampoco ningún avance en la propuesta de crear una comisión parlamentaria contra las campañas de desinformación ni en relación con la prometida reforma de artículos del Código Penal (escarnio público, delitos contra los sentimientos religiosos, entre otros) vinculados a la libertad de expresión, que ha quedado fuera de la agenda del Gobierno y sigue en manos de iniciativas parlamentarias en el Congreso que tampoco parecen avanzar.

Es lo que sucede con la anunciada modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como ley mordaza—, que tampoco ha dado pasos concretos. Si bien el Gobierno y los grupos que le apoyan retomaron conversaciones sobre esta reforma, aún no hay acuerdo. La derogación parcial de la “mordaza” —eliminando, por ejemplo, las sanciones por tomar fotografías o grabar a agentes policiales— sigue atascada en fase de negociación, sin que se haya abierto formalmente la ponencia parlamentaria.

Otro compromiso del plan, la estrategia nacional contra las campañas de desinformación, ha iniciado su tramitación técnica, pero todavía no ha dado frutos. El Consejo de Seguridad Nacional aprobó el 28 de enero de 2025 el procedimiento para su elaboración, pero el proceso sigue pendiente.

Alvise Pérez ha cobrado 106.000 euros de una o varias empresas españolas desde que es eurodiputado. Así lo ha revelado infoLibre después de que el propio líder de Se acabó la fiesta (SALF) lo haya reconocido al presentar una modificación de su declaración de intereses ante el Parlamento Europeo para indicar que ha ingresado ese dinero por labores de "consultor freelance en redes sociales y comunicación". Pero, ¿para qué empresa o empresas? No se sabe y el eurodiputado se niega a aclararlo.

Los europarlamentarios están obligados a presentar estas declaraciones de intereses y mantenerlas actualizadas. Estos documentos deben detallar las actividades e ingresos que tengan antes y durante su mandato, con la intención de poder fiscalizarlos y evitar conflictos de intereses. El código de conducta del Parlamento Europeo, que especifica cómo las tienen que rellenar, establece que deben indicar "cualquier actividad remunerada realizada paralelamente al ejercicio del cargo, incluido el nombre de la entidad" de la que reciban ingresos.

A pesar de ello, Alvise oculta el nombre de la empresa o empresas que le han pagado e indica únicamente que se trata de compañías "españolas" y "del sector de la comunicación". Tal y como explica a infoLibre Raphaël Kergueno, responsable de Políticas de Transparencia Internacional Unión Europea (UE), los eurodiputados que trabajan como autónomos —como es el caso de Alvise— en muchas ocasiones detallan únicamente la cantidad total de sus ingresos y la actividad a la que se dedican de forma genérica, sin especificar quiénes son sus clientes.

De hecho, Alvise asegura a infoLibre que ha rellenado la declaración de intereses de la forma que le ha dicho el Parlamento Europeo. Según el eurodiputado, la Eurocámara le comunicó que "el código de conducta no se aplica a los ingresos que declaramos los eurodiputados cada trimestre de varias empresas". 

infoLibre ha preguntado al Parlamento si esto es cierto, pero el equipo de la institución ha rechazado dar detalles de la posible conversación con Alvise porque no comentan casos individuales. Aun así, el Parlamento Europeo asegura que las declaraciones deben "contener una lista detallada de información, incluyendo cualquier actividad remunerada que se realice paralelamente al ejercicio del cargo" y reitera a infoLibre que los eurodiputados deben indicar el "nombre de la entidad" de la que cobran, algo que Alvise no ha hecho.

Kergueno explica que la redacción del código de conducta sobre este asunto no es del todo clara y eso da lugar a este tipo de problemas. La última vez que Transparencia Internacional estudió las declaraciones de intereses de los eurodiputados fue a finales de 2024, con la formación del nuevo hemiciclo tras las elecciones de ese año. La ONG denunció que varios eurodiputados habían declarado de forma opaca actividades "como 'trabajador autónomo' o 'miembro del consejo de supervisión' [de una empresa] (sin indicar a qué entidad podría pertenecer)".

En 2023 la misma organización analizó al detalle la información de los parlamentarios que afirmaban trabajar como autónomos. La conclusión fue que el 42% omitía datos clave en sus declaraciones de intereses, como es el caso del nombre de sus clientes, al igual que ha hecho Alvise. 

Los eurodiputados pueden trabajar para empresas privadas mientras están en el cargo, pero tienen determinadas limitaciones. No pueden ejercer labores de lobby si están remuneradas y vinculadas a la UE ni trabajar para compañías que puedan suponer un conflicto de intereses durante su mandato parlamentario. La ocultación de quién está pagando a Alvise impide saber si en su caso se da alguna de esas dos circunstancias.

Alvise Pérez se ha negado a aclarar a infoLibre para quién trabaja o ha trabajado, pero asegura que "no son un lobby ni nada que condicione mi mandato". El eurodiputado define la empresa o empresas como de "asesoría y comunicación" y "de lo mío", sin mayor explicación al respecto. 

Pero Kergueno deja clara la importancia de conocer de quién cobran los eurodiputados: "Revelar la identidad de los clientes es necesario para poder evaluar si existe algún conflicto de intereses derivado de una actividad externa, como la de los eurodiputados que trabajan como consultores o abogados. Sin esa información, no se puede evaluar si existe o no el conflicto de intereses", cuenta el miembro del capítulo europeo de Transparencia Internacional.

En la misma línea se explica Vicky Cann, investigadora de Corporate Europe Observatory, una organización que denuncia la influencia de las empresas y sus grupos de presión en las políticas de la UE. Cann detalla a infoLibre que "no hay justificación para ocultar los nombres de los clientes que han pagado por servicios de consultoría". "La transparencia debe ser lo mínimo que podemos exigir en este caso, ya que, de lo contrario, nadie puede comprender el alcance de los conflictos de intereses, si ese trabajo tiene vínculos directos o indirectos con la labor parlamentaria, o en qué medida podría constituir una labor de lobby", remata. 

En el caso de Alvise, es muy probable que ese pago corresponda a una única empresa. En una entrevista este mes de octubre el eurodiputado aseguró: "Solo con una asesoría mía cobro 106.000 pavos [sic]". Y solo dos semanas después actualizó su declaración de intereses para añadir que había ingresado, precisamente, 106.000 euros.

Raphaël Kergueno explica, como se ha señalado, que esta falta de transparencia entre los parlamentarios se produce "porque la normativa es confusa" y por la falta de supervisión de la Eurocámara. El experto pone como ejemplo a los eurodiputados que ejercen como autónomos o aquellos que trabajan para consultorías o despachos de abogados. Aunque la normativa exige de forma genérica que indiquen el "nombre de la entidad" de la que cobran, para ese tipo concreto de casos no especifica que deban detallar todos los clientes a los que se factura. Según explica Kergueno, en la práctica a los eurodiputados que son autónomos "se les está permitiendo no identificar a sus clientes".

En las respuestas a infoLibre, Alvise afirma que ha rellenado la declaración de la forma que le ha dicho "la propia Administración del Parlamento a través del servicio responsable de la verificación de las declaraciones de intereses" y que, aunque no sea público, él remite al Parlamento no solo la declaración de intereses, sino "toda la información" sobre estos ingresos, incluyendo el nombre de la empresa e, incluso, las "facturas". 

infoLibre ha preguntado a la Eurocámara por la veracidad de todas estas afirmaciones, pero la institución ha declinado valorar casos personales. Kergueno dice que la supuesta orientación que el Parlamento Europeo habría dado a Alvise indicando que hay que rellenar la declaración de intereses sin listar los clientes concretos podría ser cierta. Coincide también Cann, que asegura que no le sorprendería, aunque añade que "no se ajustaría al espíritu de la ley ni a una aplicación ambiciosa de las normas éticas con el fin de crear una cultura de transparencia y responsabilidad" en Bruselas.

De todos modos, como se ha explicado, esa falta de transparencia sobre las empresas de las que cobran los eurodiputados no se da solo en el caso de Alvise. A pesar de ser algo recurrente, no ha habido sanciones por ello, según asegura Transparencia Internacional UE, organización que lleva años investigando el asunto. 

El código de conducta de los eurodiputados no solo establece cómo deben cumplimentar la declaración de intereses, sino que también posibilita las sanciones para cuando lo hacen mal. Pero "el Parlamento Europeo nunca ha sancionado a un eurodiputado por no identificar a los clientes de los que cobra como autónomo", explica Kergueno. Tampoco hay constancia de que se le haya pedido a ninguno que añada esa información, aunque los detalles de las investigaciones sobre las declaraciones de los eurodiputados son privados —únicamente se hacen públicas las sanciones finales al respecto—.

Aun así, ha habido otros casos sonados. Uno de ellos es el de la actual ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, que fue eurodiputada entre 2009 y 2019. En su tiempo en la Eurocámara, indicaba simplemente que recibía ingresos paralelos como "abogada", pero no declaraba quién le estaba pagando por ello. En su declaración de intereses de 2018 aseguraba cobrar por esas labores 16.000 euros brutos mensuales.

Tras diversas investigaciones periodísticas, se pudo saber que había recibido grandes cantidades de dinero de empresas como Renault. De hecho, la Justicia francesa la está investigando por, presuntamente, haber cobrado 900.000 euros por trabajos de asesoría para la empresa automovilística que, en realidad, no realizó. Todo ello mientras tenía escaño en Bruselas.

"Se desveló que trabajaba para empresas como Renault y que la cantidad que cobraba era significativamente mayor a lo que declaraba. Todo ello gracias a la prensa. En ningún momento el Parlamento Europeo le preguntó quiénes eran sus clientes o para quién trabajaba cuando finalmente resultó que había un caso real y claro de conflicto de intereses. Estaba utilizando su posición para favorecer a las empresas de las que cobraba", explica Kergueno.

Por ello, hay quien directamente defiende la prohibición para los eurodiputados de ejercer labores de consultoría paralelamente a su labor parlamentaria, como hacía Dati o está haciendo Alvise. Cann asegura que "todas estas funciones de consultoría deberían prohibirse, ya que este tipo de trabajo, ya sea como abogado o como consultor, implica cobrar dinero de unos clientes y existe un alto riesgo de que los intereses de esos clientes entren en conflicto o incluso superen al interés público, que debería ser la motivación principal de todos los cargos electos".

Consulta aquí la nueva declaración presentada por Alvise Pérez:

Alvise Pérez ha cobrado al menos 106.000 euros de empresas españolas desde que es eurodiputado. Así lo ha reconocido él mismo al presentar una modificación de su declaración de intereses ante el Parlamento Europeo este mes de noviembre. Según el parlamentario ultra, ha recibido ese dinero debido a sus labores como "consultor freelance en redes sociales y comunicación".

De hecho, Alvise ha especificado que el dinero proviene de "empresas españolas del sector de la comunicación". Toda esa información ha quedado reflejada en una modificación de su declaración de intereses, el documento en el que los eurodiputados deben rendir cuentas y detallar sus ingresos y actividades tanto previos a su labor parlamentaria como durante su mandato, con la intención de evitar posibles conflictos de intereses.

El líder de Se acabó la fiesta (SALF) ha indicado estos nuevos ingresos en el apartado donde deben especificar "cualquier actividad remunerada" realizada durante "el ejercicio del cargo" y ha asegurado a infoLibre que corresponden al último trimestre de 2025.

Los eurodiputados pueden trabajar para empresas privadas mientras están en el cargo, pero tienen determinadas prohibiciones. Por ejemplo, no pueden ejercer labores de lobby si están remuneradas y dirigidas a la Unión Europea ni trabajar para empresas que puedan suponer un conflicto de intereses durante su mandato parlamentario. 

Estos 106.000 euros se suman a los 783.200 que Alvise Pérez había declarado haber ganado desde 2021, principalmente como agitador en redes sociales. En total, ha ingresado 889.200 euros de trabajos externos al Parlamento Europeo en los últimos cinco años.

A esa cantidad hay que añadir su sueldo como eurodiputado, que, a pesar de sus promesas electorales, lleva más de un año sin sortear. El salario de los europarlamentarios es de 10.927,44 euros brutos al mes. Con este noviembre, Alvise lleva ya 14 meses sin repartirlo a alguno de sus seguidores. Lo que suma 152.984,16 euros. Por ello, entre unos ingresos y otros, ha recibido al menos 1,04 millones de euros desde 2021.

La cifra es incluso mayor, ya que desde que es eurodiputado ha seguido cobrando a través de redes sociales, según mantiene en su declaración de intereses. Según ese documento, Alvise estaría ingresando 500 euros al mes de Instagram y otros 2.500 gracias a Patreon, YouTube y Twitter.

El líder de SALF ha indicado esos 106.000 euros en su declaración de intereses detallando únicamente que han sido "empresas españolas del sector de la comunicación" las que le han pagado por sus supuestas labores como "consultor freelance" y que actualizará esa información "de forma trimestral".

Además, según ha aclarado ante las preguntas que le ha hecho llegar infoLibre, el dinero lo ha facturado en el último trimestre de 2025. Es decir, entre octubre y noviembre, ya que el mes de diciembre no había empezado cuando Alvise presentó la modificación de su declaración ante el Parlamento Europeo.

El eurodiputado ha asegurado a infoLibre que ejerce como autónomo en el campo de la "asesoría" y la "comunicación" y que factura "por obra y servicio". Pérez también afirma que nunca antes había indicado ingresos de este tipo en su declaración porque en los anteriores trimestres desde que es eurodiputado no había facturado nada como autónomo. 

El código de conducta del Parlamento Europeo especifica cómo tienen que rellenar los eurodiputados la obligatoria declaración de intereses. Además, establece sanciones para los que mientan u oculten información en sus declaraciones. De hecho, Alvise ya fue sancionado por este motivo. El líder de SALF, cuando llegó a Bruselas, rellenó la declaración de intereses indicando únicamente que en los últimos años había ejercido como "analista y consultor político - por cuenta propia" pero dejó en blanco la casilla referente a cuántos ingresos le había supuesto esa actividad.

Tras la penalización, que le dejó sin dos días de dietas como eurodiputado, Alvise accedió a modificar su declaración de intereses. Algo que ahora ha vuelto a hacer para declarar los ingresos que está recibiendo de empresas españolas. 

Consulta aquí la nueva declaración presentada por Alvise Pérez:

La publicidad institucional no solo financia campañas de interés público. También condiciona, de manera más o menos indirecta, la estructura económica de gran parte de las empresas que se dedican al negocio de la información. Y cuando se convierte en pieza esencial de la supervivencia empresarial de quienes la reciben, da lugar a lo que se conoce como la captura de medios: el proceso mediante el cual un actor político o económico logra influir en el trabajo periodístico mediante mecanismos que no pasan por la censura directa, sino por la dependencia financiera.

El fenómeno tiene tanta importancia que la Unión Europea decidió abordarlo como un elemento más del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). Desde este verano, es obligatorio que los poderes públicos europeos y españoles (lo que interpela al Gobierno central, pero también a las comunidades autónomas y a la Administración local) repartan de manera transparente y reglada la publicidad institucional que llega a los medios, detallando cuánto recibe cada uno de ellos y por qué.

Ninguno lo está haciendo, pero la regulación ha abierto un debate soterrado e incómodo entre partidos y medios de comunicación, muchos de los cuales dependen de ese flujo de dinero público para sobrevivir. Es un asunto de enorme relevancia porque una arquitectura económica dependiente incentiva la autocensura y la alineación editorial con el poder que distribuye los recursos. [Ver aquí, como ejemplo, la investigación realizada por infoLibre sobre el reparto de publicidad institucional del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid].

El sistema actual de reparto de la publicidad institucional favorece ese mecanismo. Las Administraciones —estatales, autonómicas o locales— concentran cantidades significativas de inversión pública en medios de comunicación, en ocasiones con criterios opacos, discrecionales o directamente vinculados a afinidades políticas. Algunos de los principales actores de la desinformación política en España se sostienen, en todo o en parte, con dinero público de las Administraciones del Partido Popular.

Pero también es una fuente de financiación vital para muchos medios profesionales, especialmente los de ámbito local o regional, porque supone una parte sustancial de sus ingresos anuales. Y cuando la continuidad de un proyecto informativo depende de una decisión política renovable cada año, la frontera entre independencia y complacencia se vuelve mucho más frágil.

Impedir la captura de medios es la razón por la que el borrador de reforma de la Publicidad Institucional que prepara el Gobierno llegó a incluir un artículo que prohibía a los medios recibir más del 30% de su volumen de negocio en forma de publicidad institucional. Pero solo a los que facturaran más de dos millones de euros al año: los demás, los más pequeños, podrían seguir recibiendo inyecciones de dinero público por encima de ese porcentaje, incluso si alcanza el 100% de su volumen de negocio.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, sin embargo, se lo está pensando dos veces. Todavía no hay un anteproyecto listo para llevar al Consejo de Ministros, pero la idea de fijar un porcentaje máximo se ha caído, de momento, del borrador. Y sigue sin haber una decisión definitiva, según fuentes consultadas por infoLibre.

A la espera de lo que el Gobierno decida sobre este asunto, el debate ya ha estallado en Castilla y León. Los partidos de la oposición en esta comunidad —PSOE, Vox, Ciudadanos y Podemos— se pusieron de acuerdo para imponer a la Junta de Alfonso Fernández Mañueco (PP) una reforma de la ley autonómica de Publicidad Institucional que, entre otras cosas, limita al 33% los ingresos que los medios de este territorio pueden recibir por este concepto en proporción a su volumen de negocio.

Los medios de la región y el Colegio de Periodistas de Castilla y León, que afirman no haber sido siquiera consultados por los promotores de la norma, se oponen frontalmente a su contenido. A la fijación de un porcentaje, que en la práctica limita cuánto dinero de publicidad institucional pueden recibir los medios, y a un artículo que excluye de estos fondos a los medios que hayan sido condenados en sentencia firme de manera reiterada.

La movilización es tal que una plataforma de 29 empresas periodísticas que representan a 33 medios de la comunidad ha decidido impugnar la nueva ley ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León pidiendo su suspensión cautelar. Se apoyan en un dictamen redactado por el Consejo Consultivo de Castilla y León, a petición de la Junta del PP, según el cual la normativa no tiene encaje en la Constitución porque, al fijar límites en la contratación y supuestos de prohibición a la hora de percibir estos fondos, invade competencias estatales.

Si la ley no se cambia, el Colegio de Periodistas pronostica el cierre de muchos medios de comunicación. Esta organización afirma que el nuevo escenario ya ha provocado los primeros despidos en algunos de ellos, lo que, sostiene, afecta directamente a la pluralidad informativa en Castilla y León.

La modificación de la ley ha llegado a pocos meses de las elecciones que decidirán el futuro político de la comunidad. Presionados por el sector de medios y organizaciones de periodistas, el PSOE de Castilla y León ha presentado una proposición de ley para volver a reformarla, eliminando precisamente el límite del 33%.

Pedro Lechuga, decano del Colegio de Periodistas, considera arbitrario ese porcentaje, asegura que perjudica especialmente a los medios de zonas rurales y dice que vulnera los derechos de las empresas. “Esta nueva ley no viene a arreglar los problemas que puede tener la ley de publicidad institucional, sino a poner unas trabas y a poner unos condicionantes que, precisamente, a quien va a afectar es a los medios de comunicación más pequeños”, sostiene.

Del mismo modo, se opone a que los medios condenados de manera reiterada y firme se vean privados de estos recursos. Según Lechuga, eso es tanto como abrir las puertas “a que haya campañas para intentar cerrar algún medio” mediante denuncias judiciales “por posibles fallos que hayan cometido o por posible información no correcta que hayan podido publicar”. “A nosotros también nos parece que es algo muy peligroso”, concluye.

Cincuenta años después de la muerte de Franco, España sigue guardando sus secretos bajo una ley aprobada por el propio dictador. La ley 9/1968, de Secretos Oficiales, modificada de forma superficial en 1978, continúa siendo el marco legal que permite al Gobierno decidir qué información se clasifica y durante cuánto tiempo permanece oculta. 

El resultado es una anomalía institucional que contrasta con los países de nuestro entorno. Mientras que Reino Unido o Francia cuentan con plazos de tiempo establecidos a partir de los cuales hacer públicos los archivos, el Estado español carece de un calendario automático de desclasificación de documentos y de un cuerpo técnico que supervise la apertura de archivos. “Aquí ni siquiera se sabe muy bien todo lo que hay; ni el presidente del Gobierno lo sabe”, advierte el historiador Ángel Viñas, que lleva décadas reclamando la sustitución de la norma.

La diferencia con otros países no solo está en el procedimiento, sino también en la cultura política. Viñas explica que en otros países de nuestro entorno existen grandes equipos de archiveros especializados y comisiones técnicas dedicadas a desentrañar e interpretar el pasado documental del Estado. Mientras, en España, la desclasificación sigue siendo un acto discrecional, dependiente del Consejo de Ministros y, en la práctica, sujeto a la voluntad de cada Gobierno. Esta ley, y la opacidad que conlleva, impide interpretar y comprender correctamente el franquismo en toda su magnitud, según indica Viñas, al regirse sus secretos por una herramienta diseñada e impuesta por el dictador.  

El peso del franquismo se percibe también en lo que ya nunca podrá revisarse. Durante los primeros años de la Transición, miles de documentos de los ministerios de Defensa, Justicia e Interior fueron destruidos de forma deliberada, entre ellos, los expedientes personales de cientos de jueces, según Viñas. “Hubo individuos, grupos y autoridades que quisieron dejar tras de sí el menor volumen posible de evidencias”, señala. Esa eliminación dejó huecos irreparables. Incluso si mañana se abrieran todos los archivos, una parte esencial de la historia reciente de España ya no existe para ser desclasificada.

Durante décadas, los sucesivos gobiernos democráticos han evitado tocar los secretos de Estado. “Miedo”, resume Ángel Viñas cuando se le pregunta por qué. “Miedo, y eso se aplica a los Gobiernos de Suárez y de Felipe González. Porque nadie sabe qué es lo que hay en los archivos”.

El nuevo anteproyecto de ley de información clasificada, aprobado por el Consejo de Ministros y actualmente en tramitación parlamentaria, pretende acabar con esa opacidad. En la presentación tras el Consejo de Ministros, Félix Bolaños defendió que la norma “supera una rémora de la dictadura” y situará a España “en los estándares europeos”. Por primera vez —subrayó— habrá plazos automáticos de desclasificación: 45 años prorrogables a 60 para los “altos secretos” y 35 prorrogables a 45 para los “secretos”. También aseguró que los documentos con más de 45 años se abrirán de forma automática. Según sus cálculos, esa disposición permitiría que “los informes reservados del golpe de Estado del 23-F se hagan públicos a finales de 2026”.

Sin embargo, la letra pequeña del texto matiza esa promesa. La nueva ley, de aprobarse tal y como está redactada ahora, permitiría mantener cerrados los documentos que puedan afectar a la defensa o la seguridad nacional, y deja en manos del Consejo de Ministros las prórrogas y excepciones. En la práctica, los criterios de clasificación seguirán dependiendo del Gobierno de turno.

Viñas lo ve con escepticismo. “Las evidencias primarias se encuentran todavía bajo secreto de sumario”, advierte, y teme que el nuevo sistema solo cambie las etiquetas. Según sus cálculos, tal y como está redactado el anteproyecto, los documentos generados durante el franquismo tardío y la Transición podrían no desclasificarse hasta 2050 o 2060. “El proyecto de ley es un avance importante, pero insuficiente”, señala.

Aunque el debate público suele centrarse en el origen franquista de la ley de 1968, algunos juristas no comparten la idea de que su antigüedad sea, por sí misma, un problema. Rosa María Collado, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Pontificia Comillas, subraya que, pese a provenir de la dictadura, la norma fue redactada por altos funcionarios con una sólida formación jurídica y con criterios técnicos que han permitido un funcionamiento estable y eficaz durante más de cinco décadas. El hecho de que sucesivos gobiernos de distinto signo hayan optado por mantenerla intacta desde su última modificación en 1978 es, para la experta, una prueba de que la ley ha ofrecido resultados razonables en la práctica. 

Collado recuerda, además, que otras normas preconstitucionales —como la Ley de Expropiación Forzosa, de 1954, o algunas partes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sobreviven desde 1882— continúan vigentes por motivos similares: porque, más allá de su contexto histórico, siguen cumpliendo su función. En este sentido, Collado destaca que la ley delimita con precisión quién puede clasificar información —solo el Consejo de Ministros y la antigua Junta de Jefes de Estado Mayor—, lo que evita que cualquier autoridad intermedia pueda hacerlo de forma arbitraria.

Otro argumento jurídico apunta a que el ordenamiento ya incorpora mecanismos de control capaces de corregir excesos en la clasificación. El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción —un órgano mixto compuesto por magistrados del Tribunal Supremo y del Consejo de Estado— resuelve los choques entre la autoridad judicial y el Gobierno cuando un juez reclama documentación declarada secreta. La jurisprudencia muestra que, cuando la materia no afecta a la seguridad del Estado, el tribunal ha ordenado entregar actas o documentos a la Justicia.

Además de la discrecionalidad del Ejecutivo para decidir qué se desclasifica y qué no, otra de las críticas al anteproyecto es la introducción de sanciones económicas contra quienes difundan información considerada clasificada. La futura ley prevé multas desde 30.000 hasta 2,5 millones de euros para periodistas o medios que publiquen documentos protegidos. El Gobierno defiende que sustituir las penas de prisión —de seis a doce años según la ley franquista— por la vía administrativa es un avance en proporcionalidad.

Sin embargo, para la Asociación de Periodistas de Investigación (API), esa sustitución no elimina el riesgo de censura, sino que lo desplaza. La organización advierte de que las sanciones pueden convertirse en un instrumento disuasorio, especialmente para medios pequeños o profesionales autónomos, y denuncia que el derecho a la información se utilice como un simple atenuante en la graduación de las multas. “La libertad de información, reconocida en la Constitución, no puede quedar supeditada a una interpretación ambigua del interés nacional”, señala la asociación en un comunicado respaldado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la mayor organización profesional de periodistas del país.

La API también alerta de la concentración de poder en manos del Ejecutivo para decidir qué se clasifica y qué no, sin órganos independientes ni control judicial previo. Esa discrecionalidad, advierte, podría usarse para blindar información de interés público bajo el pretexto de la seguridad nacional. Por ello reclama al Gobierno y al Parlamento que revisen el texto para garantizar la protección del periodismo de investigación “como herramienta esencial de control democrático”.

Dos meses después de que infoLibre publicara la investigación Ayuso parte y reparte, que reveló la falta de criterios objetivos y la sobrerrepresentación de los medios de derechas en el reparto de la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid, Más Madrid ha registrado una propuesta para cerrar el agujero legal que permite esa discrecionalidad.

La investigación de infoLibre documentó que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destinó 23,96 millones de euros en 2024, la cifra más alta desde que existen registros, con un reparto que favorece de forma sistemática a los medios conservadores. De ellos, ABC y El Debate fueron los que más crecieron —un 67,7% y un 80,6% respectivamente frente a 2023—, mientras que medios progresistas como infoLibre, La Marea o CTXT volvieron a quedarse fuera del reparto, a pesar de superar en audiencia a otros medios que sí recibieron publicidad. 

En cuanto a las radios, esRadio y Radio Intereconomía fueron, en proporción a su audiencia, las más beneficiadas, mientras las emisoras de PRISA recibieron menos dinero que las de la Conferencia Episcopal pese a tener dos millones más de oyentes. El Ejecutivo de Ayuso también multiplicó por diez respecto a 2020 el dinero destinado a la cadena pública Telemadrid, convirtiéndola en la principal receptora de fondos de todo el plan de medios e impidiendo así que cerrara con pérdidas el ejercicio económico. El Gobierno de Ayuso destinó a Telemadrid 2,52 millones de euros, más de lo asignado en los anteriores cuatro años juntos y más del doble que lo destinado a El Mundo, el segundo medio del ránking en 2024. 

La iniciativa registrada por Más Madrid plantea modificar la Ley 10/2019 de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid para obligar al Ejecutivo autonómico a publicar con detalle los criterios de reparto, el impacto y los beneficiarios finales. El texto incorpora por primera vez la obligación de difundir los informes finales de cada campaña publicitaria —que ahora no se publican— con las impresiones estimadas y alcanzadas y una evaluación del impacto logrado. También exige publicar los criterios que justifican la inclusión o exclusión de medios y una identificación del receptor final del presupuesto asignado.

Según el borrador, toda esta información deberá ofrecerse “de manera accesible, interoperable, editable y reutilizable, veraz y gratuita”. Se trata de un nivel de transparencia que hasta ahora no existe en la Comunidad de Madrid, donde los planes de medios se publican de forma dispersa y sin criterios de reparto. Esto impide conocer con qué parámetros se destinan los fondos públicos y facilita que la cercanía ideológica de ciertos medios con el Gobierno reemplace a los criterios objetivos, como ocurre en el caso de Libertad Digital, el periódico de Federico Jiménez Losantos, que en 2024 recibió cuatro veces más dinero que eldiario.es a pesar de tener una tercera parte de su audiencia. 

Pablo Padilla, el diputado de Más Madrid que firma la propuesta junto a la líder de la formación, Manuela Bergerot, traslada a infoLibre que la reforma busca poner fin a la opacidad y el uso partidista de los fondos públicos destinados a publicidad institucional. El grupo sostiene que su propuesta permitirá fiscalizar “cada euro” destinado a los medios de comunicación de la Comunidad de Madrid, con la obligación de detallar quién lo recibe, para qué se utiliza y cuál es su impacto. Según explican, la iniciativa pretende garantizar un reparto “justo, objetivo y transparente” y evitar que la publicidad institucional pueda emplearse como herramienta de presión o de recompensa política.

La ley de transparencia obliga a las Administraciones a publicar determinada información con el objetivo de que cualquier ciudadano pueda fiscalizar la gestión y el uso del dinero público —lo que se conoce como publicidad activa—. Pero no solo a ellas: algunas entidades privadas, como las que reciben más de 100.000 euros al año de subvenciones o ayudas públicas, también deben cumplir ciertas obligaciones de publicidad activa sobre asuntos como su gestión económica o su organización institucional. A pesar de la obligación legal, no todas lo hacen. 

Un ejemplo de ello es Cruz Roja Española. En 2024 recibió 913,25 millones de euros en subvenciones y, por tanto, supera holgadamente el umbral a partir del cual debe cumplir con la ley de transparencia en materia de publicidad activa. Sin embargo, la organización no publica determinadas informaciones que exige la ley, como la remuneración anual de sus responsables y directivos. Todo ello, a pesar de haber sido informada de la obligatoriedad de hacerlo en varias ocasiones por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). 

Este incumplimiento lleva prolongándose desde hace al menos seis años, durante los cuales Cruz Roja no ha tomado ninguna medida al respecto a pesar de ser consciente de la situación. En junio de 2019, el Consejo de Transparencia— a raíz de la denuncia de un periodista de infoLibre— recordó a la entidad su obligación de publicar esta información y solicitó explicaciones por su parte, sin recibir respuesta.

En julio de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno volvió a recordar a Cruz Roja sus obligaciones cuando evaluó a la organización en un informe de cumplimiento de la publicidad activa. En esta ocasión la entidad sí contestó al Consejo presentando alegaciones sobre el caso, y afirmó que "sus máximos responsables son voluntarios y no perciben retribución". El Consejo de Transparencia solicitó entonces que esta aclaración se incluyera en el portal, cosa que la ONG no hizo. 

Lo cierto es que, a pesar de las alegaciones que hizo ante el Consejo, ese mismo año Cruz Roja gastó 3,57 millones de euros en remuneraciones a sus directivos, como se refleja en la auditoría de sus cuentas de ese año. Ese dinero fue para el personal de lo que la organización define como "alta dirección", que entonces estaba integrada por 62 personas, según la misma información de las cuentas. Por tanto, esos directivos habrían cobrado 57.694 euros de media. 

En 2024, último ejercicio disponible, esta cifra ha aumentado hasta alcanzar los 4,31 millones de euros. La alta dirección ese año estuvo formada por 67 personas; y la media salarial ascendió hasta 64.299 euros por cabeza. En cualquier caso, Cruz Roja no detalla —ni en sus cuentas anuales ni en su portal de transparencia ni en ningún otro lugar— el desglose del sueldo para los distintos cargos dentro de esa alta dirección.

Entre ese personal directivo se encuentran la presidenta de la organización, la secretaria general, la coordinadora general, los secretarios autonómicos y provinciales y los gerentes de los centros sanitarios de Cruz Roja, entre otros cargos. Como es evidente, no todos cobran el mismo salario, pero la opacidad de la organización imposibilita hacer otros cálculos más allá de esa media. 

Además, las cuentas no aclaran si el número de personas que indican para la alta dirección corresponde al número de cargos que ha habido ese año o al número de personas concretas que los han ocupado. Un mismo puesto puede haber sido ocupado por varias personas distintas a lo largo del ejercicio, en cuyo caso el sueldo medio de cada cargo sería más alto. 

Contactada por este medio en varias ocasiones, la entidad se ha negado a hacer público el desglose de estos sueldos, o en su defecto a facilitarlo a infoLibre, que también se lo ha solicitado en múltiples ocasiones. Cruz Roja no ha vuelto a utilizar el argumento de que sus directivos son voluntarios, como afirmaron al Consejo en 2020. En esta ocasión, en una de sus respuestas a este medio, la entidad afirma que cumple con todas sus responsabilidades de transparencia y no tiene "mayores obligaciones de información" que las contenidas en los artículos 6.1 —sobre la estructura organizativa— y 8.2 —sobre contratos o convenios con la Administración pública— de la ley de transparencia. 

La trampa está en que la obligación de publicar "las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades" se encuentra en el artículo 8.1 de la ley. Pero el criterio del Consejo de Transparencia, el organismo que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia en nuestro país, es claro. 

En un criterio interpretativo de 2015 el CTBG establece de forma expresa que las entidades sin ánimo de lucro y las organizaciones privadas que reciban más de 100.000 euros al año de fondos públicos deben cumplir el artículo 8 en su totalidad, incluido el 8.1 y, por tanto, la obligación de publicar las retribuciones de sus directivos. El CTBG, además, ha confirmado a este periódico que ese criterio interpretativo sigue plenamente vigente. Cruz Roja no ha vuelto a responder cuando infoLibre le ha hecho llegar esa información.

Cruz Roja, además, debería ser consciente de este hecho, ya que cuando el CTBG evaluó a la organización en 2020, en el informe de cumplimiento —que se encuentra disponible en la propia web de la organización— se valoró su grado de cumplimiento de todo el artículo 8, no solo de su apartado 2. 

Manuel Sánchez de Diego, profesor de Derecho en la Universidad Complutense y director del Centro de Investigación en Transparencia y Gobierno Abierto, explica a infoLibre que al carecer la ley de transparencia de un régimen sancionador, este incumplimiento no tiene ninguna consecuencia práctica para la entidad. 

María Díez, profesora de periodismo en la Universidad de Valladolid y experta en transparencia, coincide: "Si buscamos organizaciones sociales en las que confiar, lo lógico sería que ellas fueran las primeras interesadas en ser transparentes. Pero tenemos un problema con el cumplimiento de la norma, debido a que esta no contempla sanciones. Su cumplimiento depende de la voluntariedad de las Administraciones y organizaciones, y en España tenemos una falta de cultura de la transparencia brutal", señala.

Como prueba de ello, en su respuesta a infoLibre, Cruz Roja también declara que no tiene que responder a las peticiones de información que puedan hacer los ciudadanos al amparo de la norma, puesto que esa obligación se limita a la Administración pública. Esta afirmación sí es cierta y se alinea con la ley y con el criterio del CTBG, que en julio de 2024 dio la razón a la ONG cuando no contestó a una petición de información sobre la gestión de los bienes inmuebles que obtiene mediante herencias. 

Lo que resulta sorprendente es que, a pesar de ello, la entidad mantiene un formulario en su portal de transparencia que permite enviar solicitudes en virtud de dicha ley. infoLibre, por ello, decidió preguntar tanto por esa vía como directamente al departamento de prensa por cuestiones como el coste de los dos despidos colectivos que realizó la entidad y fueron anulados por la Justicia o qué otras remuneraciones en especie o beneficios perciben los directivos de la organización que, según fuentes internas, incluyen el disfrute de un apartamento en Madrid en el caso de la directora, y el de un coche con chófer en el caso de la secretaria general.

El departamento de prensa declinó informar sobre ambas cosas —aunque sí respondió a otras cuestiones— y el de transparencia solo indicó que no respondería ninguna de las solicitudes al no estar obligado por ley a hacerlo.

El Consejo de Transparencia analiza cada año el grado de cumplimiento de distintas organizaciones y Administraciones sobre la publicidad activa que les exige la ley. La última vez que lo hizo con la Cruz Roja fue en 2020 y detectó que los salarios de sus directivos no eran lo único que la organización estaba ocultando.

El Consejo indicó que la ONG cumplía en un 65% con la información que debe publicar. Conseguía un aprobado, pero escondía varios datos que la legislación le exige publicar. En el caso de la información económica, además, el grado de cumplimiento bajaba hasta situarse en un 51%.

El organismo también destacó "el escaso uso de formatos reutilizables y la carencia de referencias a la fecha en que se actualizó o se revisó por última vez la información" por parte de la Cruz Roja. 

Algunas de las informaciones que ocultaba ya son públicas a día de hoy, como los contratos que le han sido adjudicados por Administraciones públicas. Otras, como las obligaciones económicas suscritas con Administraciones a través de convenios o los propios sueldos del personal directivo, siguen sin ser reveladas seis años después de que el Consejo les escribiera por primera vez sobre este asunto.

De hecho, al realizar la evaluación de 2020, el CTBG remitió ocho recomendaciones a Cruz Roja para mejorar su publicidad activa. En 2021 el Consejo volvió a evaluar a la organización para comprobar si había cumplido con ellas. Solo había aplicado tres y el organismo volvió a destacar en su informe que "no se publica información sobre las retribuciones percibidas por los máximos responsables de la organización".

España ha visto cómo la hermana del rey Felipe VI, Cristina de Borbón, y su entonces esposo, Iñaki Urdangarin, han declarado como acusados en el juicio del caso Nóos. En directo. Lo mismo pasó con un expresidente, Mariano Rajoy –en este caso como testigo–, en el proceso que acabó con su Gobierno, la primera pieza del caso Gürtel. También con nueve exconsejeros independentistas del Gobierno catalán así como con la expresidenta del Parlament en el juicio del procés. Sus declaraciones como acusados y acusadas fueron retransmitidas en vivo por los tribunales que las juzgaron. También se pudieron emitir por streaming a través de internet. La Audiencia de Baleares, entre otros muchos tribunales provinciales y superiores, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo han aplicado en los últimos años la máxima transparencia a los juicios más mediáticos. Pero esa apertura que tanto costó lograr está a punto de terminar. El juicio al fiscal general que comienza este lunes restringe de manera significativa el acceso a la imagen y al sonido de la vista prohibiendo expresamente su difusión en directo. Se trata de una nueva política que, según fuentes del Supremo, ha llegado para quedarse.

El nuevo presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, consultó con los otros seis miembros del tribunal que deben juzgar desde este lunes a Álvaro García Ortiz. Sin pedir su opinión a las partes, los siete magistrados decidieron prohibir la emisión en directo de las seis sesiones del juicio. Tampoco se retransmitirá por streaming, como se hace con los juicios más importantes. Se trata de una decisión inédita en los últimos años en un proceso de la máxima trascendencia en el que la más alta instancia penal española juzgará al máximo responsable de un órgano constitucional como es la Fiscalía.

Como lo fue el juicio del procés, este es, además, un proceso muy cuestionado tanto a nivel académico, por varios expertos penalistas, como por antiguos miembros de la propia Sala. También por uno de sus integrantes actuales, el magistrado Andrés Palomo, que el pasado 29 de julio, en un voto particular, afirmó, en contra del criterio de todos sus compañeros magistrados que hasta ahora han intervenido en el proceso, que no existía un solo indicio que permitiera sentar al fiscal general en el banquillo de los acusados. La trascendencia social y política del caso es, por tanto, innegable.

Las restricciones a la transparencia decretadas en este caso por el Supremo suponen que los medios que quieran emitir imágenes o sonido tendrán acceso desde el edificio del tribunal a vídeo en alta definición y sonido analógico. Se trata de algo fácil y habitual para las televisiones o las radios. Sin embargo, no solo los medios audiovisuales emiten imagen y sonido, también los escritos a través de internet. El nuevo sistema genera una discriminación entre los primeros y los segundos, porque los medios escritos, que distribuyen sus contenidos (también vídeo y audio) a través de internet, tendrán que digitalizar la señal por sus propios medios para poder montarla y emitirla o adquirirla de las productoras que decidan cubrir el proceso o de lo que quieran distribuir las agencias de noticias.

Hasta el juicio del fiscal general, las vistas con mayor interés público en los principales tribunales eran retransmitidas a través de internet. El juicio del procés se emitió por streaming y la Audiencia Nacional cuenta con un canal en YouTube al que se conectan los medios cuando quieren emitir una comparecencia. Esos recortes a la publicidad no se recogen en ninguna resolución en la que pueda conocerse su motivación. Tampoco se ha hecho llegar a las partes, por lo que se desconocen las razones concretas.

Las nuevas reglas no solo suponen una restricción de los medios de acceso a la imagen y el sonido. En el caso del fiscal general, la Sala de lo Penal ha impuesto, además, normas adicionales sobre cómo tratar la imagen y el sonido que proporcionará. Las televisiones y resto de emisoras que puedan hacerse con el vídeo o el audio tampoco pueden hacer lo que quieran con ese material. El Supremo ha dictado instrucciones precisas. "No está permitida la retransmisión íntegra o parcial de la señal ni en directo ni en diferido", se señala en las instrucciones enviadas a los medios esta semana. "La señal institucional podrá ser utilizada por los medios acreditados únicamente para la elaboración de piezas informativas, de modo que solo podrán difundirse aquellos extractos que consideren precisos para las mismas".

Es decir, que en el juicio del fiscal general no habrá sitio para una observación independiente e imparcial por parte de la opinión pública. Sin intermediarios. Una imagen sin la orientación que cada uno de los medios quiera imponer según su línea editorial. Se trata de un caso polémico que ha dividido a la opinión pública. Pero la justicia, en este caso, ha preferido no dar a la ciudadanía la posibilidad de tener una visión objetiva de lo que pase en la sala de vistas. Cada televisión, periódico o radio podrá emitir lo que considere pertinente y con su interpretación, reforzando los sesgos que ya existen en un proceso en el que la audiencia está muy polarizada. Un juicio en el que el acusado se juega mucho, sí, pero que llega tras una instrucción muy cuestionada que, como en el caso del procés, también afecta a la apariencia de imparcialidad del propio tribunal.

Desde el Supremo explican que la gran transparencia judicial de los últimos años ha causado multitud de reclamaciones por supuestas vulneraciones del derecho a la intimidad de los acusados y demás comparecientes. Muchos de ellos, recuerdan esas mismas fuentes, reclaman el derecho al olvido, es decir, la cancelación de sus procesos en internet. Fuentes jurídicas explican que la decisión de impedir la emisión en directo del juicio del fiscal general busca evitar la sobreexposición de García Ortiz. Sin embargo, el acuerdo del presidente y el resto de magistrados se ha adoptado sin haberle pedido su opinión ni a él, ni al resto de las partes presentes en el proceso y sin informarles de los motivos concretos que se han valorado.

La Constitución establece la publicidad de los procesos como un derecho fundamental y una garantía procesal del acusado (artículo 24) y como una obligación del Poder Judicial (120.1). La Ley de Enjuiciamiento Criminal (649) establece que todos los actos procesales serán públicos desde la apertura de juicio oral. El principio de publicidad del proceso penal solo se restringe en los casos en los que la víctima o cualquiera de las partes son especialmente vulnerables, como en la jurisdicción de menores o en los de violencia sexual o de género. En cada causa mediática, el tribunal debe hacer una ponderación de los derechos fundamentales de las partes. El proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que acaba de iniciar tu tramitación parlamentaria, prevé que el tribunal solicite informes a todas ellas antes de tomar una decisión sobre la cobertura audiovisual de la vista.

Hace ya 26 años, en 1999, periodistas de los principales medios de comunicación se unieron con varias asociaciones de la prensa para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Supremo de impedir el acceso a su sede a las cámaras y fotógrafos salvo para el acto de apertura del año judicial. El órgano de garantías estableció cinco años después que esa prohibición general –que solo podía solventarse con una autorización puntual– era contraria a la libertad de información que en realidad establecía lo contrario: que los medios audiovisuales están autorizados salvo prohibición o limitación razonada del tribunal en función de las circunstancias de cada caso.

Tribunales internacionales como el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) permiten la retransmisión en directo y por internet de cada una de sus vistas con determinadas condiciones a través de sus respectivas páginas web. El TJUE, que solo da acceso a los vídeos de sus comparecencias públicas durante el mes posterior, prohíbe, además, su descarga y emisión.

El nuevo sistema que se pondrá en marcha con el juicio al fiscal general ha generado un malestar generalizado entre los periodistas que cubren la información de tribunales. Medios como infoLibre o Público han hecho llegar al Alto Tribunal escritos reclamando, sin éxito, una cobertura similar a la del juicio del procés. Las nuevas restricciones a la transparencia han generado la sospecha de que, tras ella no está solo el derecho a la intimidad del acusado, sino también la imagen que la propia Sala pueda transmitir con este juicio.