Era algo que se venía rumiando desde hacía semanas. Y, al final, el caso Plus Ultra ha terminado alcanzando al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Cinco meses después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuviera a su amigo Julio Martínez, la Audiencia Nacional ha imputado este martes al exlíder del Ejecutivo en el marco de una causa que pone el foco, entre otras cosas, en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno acordó para la aerolínea. Y no como una pieza cualquiera. El magistrado José Luis Calama lo coloca en el "vértice" de una "estructura organizada y estable" que ejercía "influencia sobre instituciones públicas a favor de terceros a cambio de pagos". Y recoge abonos al expresidente y su entorno por cerca de dos millones.

Este asunto lleva años enredado en los tribunales. Pero recibió el impulso definitivo hace algunos meses, cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una nueva denuncia a raíz de la información contenida en una serie de solicitudes de cooperación internacional que llegaron procedentes de Francia y de Suiza sobre una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. En diciembre, agentes de la UDEF detuvieron, entre otros, a Julio Martínez Sola y a Roberto Roselli, presidente y consejero delegado de Plus Ultra, respectivamente. Y también al empresario Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero. El caso, entonces, adoptó una nueva dimensión. Y el Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid decidió enviarlo a la Audiencia Nacional.

La investigación, desde entonces, la está liderando el Juzgado Central de Instrucción nº2 a través del magistrado Calama, quien sustituye a su compañero Ismael Moreno –que decidió abstenerse–. Una causa que este martes ha escalado con la imputación de Zapatero, que se convierte así en el primer expresidente imputado por la justicia española por delitos de corrupción. En su auto, al que ha tenido acceso infoLibre, el instructor sitúa al exlíder del Ejecutivo en la cúspide de una trama orientada al "ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas a favor de terceros". Es él, apunta, "quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel".

"Desde su oficina de Ferraz –centro de coordinación de la red– se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria", sostiene el magistrado. Un rol de liderazgo que, continúa, "no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión". Para situar a Zapatero como "núcleo decisor y estratégico de la red", el instructor se apoya, fundamentalmente, en comunicaciones intervenidas a terceras personas. De hecho, destaca que el expresidente evitaba "en lo posible" la "ejecución directa de las gestiones más comprometidas". "Nuestro pana Zapatero detrás", "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana" o "Los de gowair saben todo lo que hacemos incluso que zapa es nuestro contacto" son algunos de los mensajes incorporados al auto de imputación.

Una "posición preeminente" que también ve el magistrado en el hecho de que sea el propio expresidente quien envíe a Julio Martínez "los archivos Excel con los clientes" de Análisis Relevante, la consultora que administra su amigo: "No constituyen simples listados, sino herramientas de planificación logística". Del mismo modo, le señala como la persona que da las instrucciones, durante una reunión celebrada en un restaurante, para la constitución de una sociedad en el extranjero. "[En aquel encuentro] se plantea la posibilidad de que determinados pagos no se realicen en España, sino en cuentas radicadas en el extranjero, concretamente a nombre de Landside", apunta el magistrado.

Calama llega a esta conclusión porque un día después de aquella comida, de la que se tiene constancia por un intercambio de correos de la secretaria de Zapatero, uno de los participantes a la misma, Tomás Guerrero, envía a Martínez, que también estuvo presente, un correo en el que le detalla la documentación necesaria para constituir una sociedad en Dubái con un "según lo conversado ayer". Las gestiones para constituir Landside Middle East Fzco, una empresa radicada en la principal ciudad de Emiratos Árabes Unidos y participada al 100% por Idella Consulenza Strategica –administrada también por Martínez–, arrancaron poco tiempo después de que esta última sociedad suscribiera un contrato con Plus Ultra vinculado, precisamente, al rescate de la aerolínea.

La duración del mismo venía determinada, precisamente, por el tiempo que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tardase en emitir resolución relativa a la concesión del rescate. Y se estipulaba como remuneración "el 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada", es decir, 530.000 euros. Una cifra que se recoge, con cierta sorna, en algunos mensajes intercambiados por los investigados: "Tranquilo, eso sale del 1%", escribía uno de ellos cuando otro decía con ironía que "la SEPI" no aprobaba los gastos de una comida que estaban celebrando. "Estos hechos permiten inferir de forma indiciaria la creación de una estructura societaria para recibir el pago acordado entre Plus Ultra e Idella en cuenta bancaria titulada por Landside en territorio extranjero", apunta el instructor.

El rescate de la aerolínea centra, precisamente, buena parte de la resolución judicial. El instructor resalta que directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda a través de "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos". Y, para ello, articularon dos líneas de influencia. Una, a través del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Otra, a través de Zapatero, siendo la de este último la que adquirió un "papel predominante". El instructor también destaca la capacidad de la red para acceder a información privilegiada, como demuestra el hecho de que celebraran la concesión del rescate antes incluso de su aprobación definitiva.

La resolución también detalla el movimiento de dinero entre las empresas de la trama. Así, sostiene que "la mayor parte de los fondos" que recibió Análisis Relevante de empresas como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor o Grupo Aldesa "terminaron en el entorno" de Zapatero, a quien el magistrado atribuye blanqueo de capitales o tráfico de influencias. La consultora habría remitido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, cuyas administradoras y socias son las hijas del expresidente. El auto, además, recoge pagos de Gate Center y de las sociedades del grupo Thinking Heads, quienes señalan en un comunicado que sus pagos responden a servicios de consultoría efectivos desde el año 2014. Sumando estos últimos, los pagos recogidos por el instructor se sitúan en cerca de los dos millones.

El auto también llega a mencionar la "intervención directa" del expresidente del Gobierno "en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke [subproducto derivado del petróleo], oro, compraventa de acciones o divisas". Y le sitúa como puerta de entrada al negocio del crudo. "De los mensajes analizados se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada, quienes han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero mediante la preceptiva Letter of Intent (LOI). Los interlocutores revelan incluso que desconocen el tipo de crudo que van a adquirir –que precisarán con posterioridad–, al señalar que "necesitan la información sobre qué producto se hace la carta de intención".

En este caso, el instructor se apoya en una serie de conversaciones halladas en el teléfono de Martínez en las que se identifica a Delcy Rodríguez (La Dama) como la persona que controla "la asignación de los buques". "Finalmente, remiten la LOI en la que constan los datos de contacto de José y la dirección postal designada para su envío. Ello evidencia el modo de proceder y pone de manifiesto la participación e influencia determinante de José Luis Rodríguez Zapatero, quien dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política", recoge el auto de imputación, que también pone el foco sobre una carta enviada el 30 de octubre de 2023 por "China International Cultural Technology Resources Group CO LTD" a la "Oficina del Presidente Zapatero".

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado haber realizado gestiones para mediar en favor del rescate de la aerolínea Plus Ultra y ha señalado que "jamás" ha tenido una sociedad mercantil, ni en España ni en el extranjero.

Zapatero se ha expresado en estos términos en un vídeo difundido tras conocerse que la Audiencia Nacional lo ha llamado a declarar como imputado el próximo 2 de junio dentro de la investigación del caso Plus Ultra.

El expresidente ha defendido que toda su actividad pública y privada siempre se ha desarrollado con absoluto respeto a la legalidad. A la vez, ha indicado: "Mi actividad privada ha sido declarada vía IRPF con transparencia".

Zapatero ha manifestado que "jamás" ha realizado alguna gestión ante la administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra. Al hilo, ha dicho que tampoco ha tenido una sociedad mercantil "ni a través de terceros, ni en España ni fuera".

El expresidente concluye el vídeo con el mensaje de que va a ejercer su derecho a la defensa y que atenderá próximamente a los medios de comunicación.

Estas palabras de Zapatero llegan después de la decisión del juez José Luis Calama de imputarlo en la causa al considerarlo como presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.

"Confiamos en la inocencia del expresidente". Fuentes del Palacio de la Moncloa muestran tranquilidad con estas palabras en estos momentos de incertidumbre en los que se ha conocido la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra.

En público, la portavoz el Ejecutivo, Elma Saiz, ha señalado en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros que el Gobierno tiene confianza en la justicia y en la presunción de inocencia, además de poner el foco en que la denuncia contra Zapatero fue puesta por la organización ultra Hazte Oír.

La portavoz del Gobierno ha remarcado que el rescate a Plus Ultra se hizo de forma transparente y con todos los procedimientos necesarios, a la vez que ha sido avalado por la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal de Cuentas. 

Fuentes de la Moncloa, además, recalcan en privado que el Gobierno confía en la inocencia del expresidente, aunque evitan cuestionar al juez. En el entorno del presidente remarcan que no ven un escenario de moción de censura, como ha dejado entrever Vox, y subrayan que no se plantean un adelanto electoral.

Lunes, 12 de mayo de 2025. Acaba de arrancar una nueva edición de la bienal Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feindef), el escaparate de armas de referencia en nuestro país. E Ifema es todo un hervidero de gente. Desde primera hora, la normalidad la marca un ir y venir continuo de taxis, vehículos VTC y ejecutivos. Una estampa de negocios en la que se cuela, a eso del mediodía, una docena de activistas antimilitaristas que acceden al recinto por la puerta sur. Seis se rocían con pintura roja, representando la muerte alrededor del comercio de armas, y se tumban sobre la calzada con carteles de países asolados por la guerra –Palestina, Yemen, Líbano, Sudán o Ucrania–. Otros dos, trajeados como si fueran peces gordos de la industria armamentística, lanzan billetes falsos de 500 euros mientras se estrechan la mano y miran con indiferencia a las víctimas. Y el resto, despliega pancartas y corea lemas.

José Miguel Lorenzo formaba parte del primer grupo. Juli Aguado, por su parte, representaba en la performance a uno de esos "señores de la guerra" que se daban cita en la capital. Y ambos tienen hoy sobre sus mesas una propuesta de sanción por aquella acción. Ellos, y los otros diez compañeros que aquel lunes fueron trasladados en tres vehículos policiales a la comisaría del distrito de Hortaleza para su identificación –no portaban documentación–. Tras recibir la denuncia formulada por la Dirección General de la Policía, la Delegación del Gobierno ha fijado para cada uno de los activistas una multa de 700 euros. Y lo ha hecho en base a la Ley de Seguridad Ciudadana –conocida popularmente como ley mordaza–, una norma que el Ejecutivo prometió hace años derogar.

El expediente sancionador, al que ha tenido acceso infoLibre, identifica la infracción cometida como grave. Es, en concreto, la que se recoge en el artículo 36.3 de la citada ley: "Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana". No es la primera vez que protestan contra la industria armamentística a las puertas de su feria de referencia. Ni la primera que, por ello, acaban en comisaría. "A veces nos multan y otras veces no, porque la Policía es quien eleva la propuesta de sanción y Delegación quien decide si se tramita. En esta ocasión, el Gobierno más progresista de la historia ha decidido que se tramite", resalta al otro lado del teléfono Lorenzo.

En el parte de intervención, al que ha accedido este diario, se realiza un somero relato de la actuación policial. En él, los agentes hacen una suerte de fotografía de la performance. Y acusan a los activistas de "interrumpir el tráfico de acceso y desencoche de las personas asistentes" a la feria. A diferencia de las actas, que se limitan a hacer referencia a las manchas que quedan en la vía o a la puesta "en peligro" del tráfico, el parte niega expresamente resistencia alguna por parte de los activistas: "El indicativo interviene para proceder al embolsamiento del colectivo y retirarlo de la calzada. No existe empleo de la fuerza por parte de los actuantes". "Los hechos generan una obstaculización del normal funcionamiento del tránsito rodado en el recinto ferial para acceder al evento", completa el documento.

Una vez recibida la comunicación de la Delegación del Gobierno en Madrid, los activistas tenían dos opciones. Por un lado, pagar la multa sin rechistar y obtener una rebaja sobre la misma. Por otro, dar la batalla. Y Lorenzo, por supuesto, se decantó por la segunda. En su recurso, el activista antimilitarista niega que la acción en la que participó afectase al tráfico. "El lugar donde nos encontrábamos estaba ubicado dentro del recinto privado del Ifema, donde apenas acceden vehículos", resalta. Es más, añade, solo se ocupó "uno de los tres carriles" que discurren frente a la puerta principal, "quedando dos libres para el tráfico rodado, que en ese momento no había".

En su escrito, Lorenzo también alega que "en ningún momento" se "interrumpió" el "normal funcionamiento del acto". "Los asistentes pudieron continuar asistiendo, con la única salvedad de que también pudieron vernos simbolizando las consecuencias del uso de las armas que se exponían", apunta. Y pone también el acento en la ausencia de resistencia por parte de los activistas, pertenecientes a colectivos como Desarma Madrid o Alternativa Antimilitarista-MOC: "Resulta difícil de creer que en mitad de la supuestamente tan grave alteración del orden público de la que se nos acusa, los agentes ni siquiera tuvieran que hacer uso de la fuerza para que nos levantáramos".

No es la primera vez que pelean contra la ley mordaza. Y, hasta ahora, no les ha ido mal. En un cajón terminaron, al final, las sanciones que se impusieron a casi una treintena de activistas por realizar pintadas a favor de la paz y en contra de la Organización del Tratado Atlántico Norte en la fachada de la Escuela de Guerra del Ejército en Madrid coincidiendo con la cumbre de la OTAN en la capital. Y lo mismo ocurrió con las tramitadas por protestar en 2017 contra otra feria de tecnología de defensa en la capital. Como no se pudo demostrar ni desobediencia ni resistencia a la autoridad en la acción, todo quedó finalmente archivado.

Aguado, que se desplazó más de 300 kilómetros para participar en la protesta contra la feria armamentística, critica que se esté "castigando el derecho a la protesta". En conversación con este diario, reconoce que este tipo de sanciones, con las que se persigue un "control social", son armas de doble filo. Por un lado, "disuaden y mucho": "Sientes que te quitan garantías". Pero también sirven de "caja de resonancia". "Igual que ocurría con el movimiento insumiso, que cada vez que alguien iba a la cárcel aumentaba de tamaño", resume este profesor de Sociología en la Universitat de València y experto en movimientos sociales.

Pese a las multas, Aguado, que lleva en el activismo antimilitarista desde los ochenta, piensa seguir al pie del cañón. Sobre todo, en un momento de rearme mundial como el actual. "No es que te lo pida el cuerpo, es que te lo pide el contexto. Guerras, genocidio y todo el catálogo de desastres provocados por el militarismo. Hay que estar ahí y deberíamos ser más. Es gordo lo que hay y lo que viene", asevera. En la misma línea se pronuncia Lorenzo, que avisa de que seguirán alzando la voz contra ferias de tanques, helicópteros, drones, miras telescópicas o simuladores de tiro. Escaparates como Feindef, que desde su primera edición en 2019 ha quintuplicado el espacio de exposición y ha multiplicado por diez el número de exposiciones internacionales. "Es un espacio repleto de militares de alta graduación, políticos o ministros. Por eso no les debe de gustar que aparezcamos por ahí", sentencia el activista.

Hace ya tiempo que en España se ha instalado la zafiedad como marca. Hace ya tiempo que la sensatez se ha refugiado en algún rincón perdido, incapaz de doblegar a la zafiedad. Es lo que lamentablemente se llevará el Secretario General de la OMS de su presencia en España.

El máximo responsable del organismo que vela por la salud de los terrícolas (incluidos los españoles) que lleva sobre su mochila toda la información científica de cada rincón del mundo y de los recursos que poseen las autoridades de aquellos rincones, no dudó ni un segundo en señalar a España como el lugar con la capacidad necesaria para solventar los problemas sanitarios que, en torno al hantavirus, se habían producido en el barco crucero My Hondius procedente de Ushuaia (Argentina). “Estamos orgullosos de que haya sido la OMS quien haya elegido España para esta operación, dada la robustez de nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica y de nuestro sistema sanitario”, ha señalado la ministra de Sanidad. 

Pero lo que seguramente no lleva en su mochila es la zafiedad que lleva instalada en España desde hace más de 7 años. Que al presidente de Vox no se le ocurra otra estupidez que señalar al inquilino de La Moncloa como “el responsable de generar una epidemia en España” ya no aguanta ningún comentario. Pero que el responsable del Gobierno canario, Fernando Clavijo, no permita el amarre del buque en el puerto tinerfeño y determine la distancia exigible para fondear (una milla) para evitar que las posibles ratas “se lancen al agua” para llegar a tierra y extender el virus por la isla de Tenerife (lo había consultado en IA) escapa a cualquier comentario dotado de sensatez. Supongo que Tedros Adhanom Ghebreyesus se estará meando de risa o llorando por los límites de la estupidez humana.

Más aún, según la Constitución es un asunto 100% competencia del Gobierno de España (AGE) al ser una alerta comunitaria (UE) e internacional (OMS).

Por ello, el Gobierno de Canarias es incompetente en Puertos y Aeropuertos (Transportes) y Sanidad Exterior con ciudadanos afectados de varias CC.AA. Sanidad delega ahora en un hospital militar (Defensa). Y el ministerio del Interior es la fuerza coercitiva vía Policía Nacional y Guardia Civil para asegurar la operación sanitaria.

A Clavijo le informan por cortesía, no por obligación legal, al tener 0 competencia en este asunto. Pero a este “gobierno dictatorial” no le queda más remedio que tragar el sapo y esconderse para que no salpiquen al resto de Europa las “aportaciones científicas” del presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

Podemos quiere que se siga tirando del hilo en relación a la rocambolesca investigación por narcotráfico que se realizó de manera secreta en 2016 alrededor del exeurodiputado Miguel Urbán. Tres días después de la insustancial y desmemoriada declaración en la Audiencia Nacional del denunciante que puso en marcha el montaje de la cocaína, un asunto que se está investigando en la causa de la guerra sucia contra el partido, la formación morada ha decidido mover ficha y solicitar nuevas diligencias de investigación a la vista de la "radical negativa" del hombre a "colaborar" con la Justicia. En un escrito al que ha tenido acceso infoLibre, Podemos pide, entre otras cosas, que se investigue "si existen constancias" de que el delator "hubiera sido receptor de pagos con cargo a los fondos reservados".

La operación Cardenal, que quedó registrada oficialmente con la matrícula C00360/16, fue una de las primeras investigaciones puestas en marcha alrededor de Podemos. Se inició pocos días después de la apertura de la XI Legislatura, la primera del partido morado en las instituciones. Y tuvo como punto de partida, según reveló infoLibre en diciembre de 2024, una nota reservada que envió a la Fiscalía Antidroga el entonces director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), José Luis Olivera, que actualmente se sienta en el banquillo de los acusados de Kitchen. En ella, se daba cuenta de un posible tráfico de 40 kilogramos de cocaína en el que estaría implicado el entonces eurodiputado de Podemos. Un inexistente caso de narcotráfico montado en base al relato de un delator llamado Hugo.

Diez años después de aquello, las secretas Diligencias de Investigación 04/2016, que se archivaron en apenas seis meses ante la falta de un solo indicio, forman parte de la investigación sobre la guerra sucia contra Podemos que se está desarrollando en el Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional. La existencia de la misma salió a flote cuando un inspector de la Brigada Central de Estupefacientes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) relacionó con la citada operación las búsquedas en bases de datos policiales que había hecho sobre el exlíder de Podemos Pablo Iglesias. En un primer momento, el instructor, Santiago Pedraz, se negó a abrir esta nueva línea de investigación. Pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le obligó a hacerlo.

La pasada semana compareció, en relación con estos hechos, Hugo C., quien suscribió las declaraciones con la rocambolesca historia de Urbán intercambiando cocaína procedente de Venezuela por dinero en un pub del madrileño barrio de Malasaña, esparciendo la droga sobre la barra y gritando que la operación era para financiar a Podemos. En su comparecencia como testigo, el hombre dijo que no recordaba prácticamente nada. Sí que reconoció su firma en las declaraciones. O que Antidroga no le presionó para ratificar su testimonio. Y también negó haber cobrado dinero por su colaboración. Pero poco más. Cuando le preguntaron sobre lo que contó a la Policía o si esta le condicionó, respondió que no se acordaba. Y tampoco fue capaz, siquiera, de precisar la apariencia del eurodiputado.

Para Podemos, dicha comparecencia, lejos de "arrojar luz" sobre los hechos, genera "mayores incógnitas" sobre la "verdadera motivación e influencias del testigo al realizar sus manifestaciones originales". En un escrito remitido este lunes al Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, denuncia la "radical negativa" del hombre, "disfrazada de una pretendida amnesia, además de naturaleza selectiva", a "colaborar" con la Justicia: "[Esto] refuerza los indicios de que nos encontramos ante una actuación espuria orquestada desde estructuras policiales con fines ajenos al interés social".

En base a esto, la formación morada solicita al magistrado, por un lado, que se vuelva a citar al delator, pero esta vez en calidad de investigado. "La posición procesal como testigo resulta a todas luces insostenible y podría conculcar su derecho de defensa, dado que existen evidentes indicios de que su actuación en 2016 podría ser constitutiva de un ilícito penal"; resalta en su escrito. Y, por otro lado, pide que se oficie a la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía para que elabore y remita un "informe detallado" sobre el hombre y sobre las circunstancias que "rodearon" su "papel como 'confidente' o 'testigo".

"Es imperativo determinar si actuó espontáneamente o si, por el contrario, fue un instrumento –voluntario o no– en la investigada operación de 'guerra sucia' política", lanza el abogado de Podemos. Entre otras cosas, se pide que se analicen sus "antecedentes penales y policiales", la "relación de denuncias que hubiera interpuesto ante cualquier instancia policial" o que se identifique a todos los agentes que hubieran consultado sus datos en las bases policiales entre septiembre de 2015 y julio de 2016, indicando, si constara, la fecha o el motivo de la consulta realizada.

Y también que se indague si existen "constancias" de que Hugo C. "hubiera sido receptor de pagos con cargo a los fondos reservados" del Ministerio del Interior en ese mismo periodo temporal. "Estas diligencias creemos que son indispensables para contrastar las afirmaciones realizadas por el testigo en sede judicial y para esclarecer la verdadera naturaleza de su colaboración con la trama policial investigada", completa el escrito remitido. Ahora, la pelota está de nuevo en el tejado del instructor.

El desembarco del pasaje del MV Hondius, el crucero neerlandés afectado por un brote de hantavirus que ha causado tres muertes durante su travesía por el Atlántico Sur, ha comenzado este domingo en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. Los primeros en abandonar el buque han sido los 14 ciudadanos españoles y un epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en África, distribuidos en dos lanchas, con siete pasajeros cada una, según ha informado el Ministerio de Sanidad y recoge Efe.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado desde el puerto tinerfeño que el fondeo del barco ha sido un éxito “a pesar de todas las dificultades” y de “todas las oposiciones”. Los quince evacuados serán trasladados en avión a Madrid, donde guardarán cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Según los médicos que han subido al buque para evaluar al pasaje, junto a expertos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, la OMS y especialistas neerlandeses, los pasajeros continúan asintomáticos.

Los 14 pasajeros españoles han llegado ya al Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde han empezado un periodo de cuarentena en una planta de aislamiento.  A las 16:27 horas, y escoltados por un furgón de la Policía Nacional y varios agentes en motocicleta, los 14 han entrado en dos autobuses blancos por el ingreso de la fachada principal del centro, también custodiada por un buen número de agentes desde una hora antes de su llegada.

En la zona les esperaba también un grupo de ciudadanos que, nada más aparecer los autobuses, ha prorrumpido en aplausos dirigidos a los 13 viajeros y el tripulante que empiezan ya un periodo de cuarentena en el hospital cuya duración está aún por determinar. La delegación ha tardado unos 40 minutos en recorrer 34 kilómetros que separan el Gómez Ulla de la base militar de Torrejón de Ardoz.

“El operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que esto tenga éxito, a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando”, ha afirmado García, que ha comparecido junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La ministra no ha querido pronunciarse sobre la negativa del Gobierno canario a que el buque fondeara en Granadilla si no se realizaba este domingo y ha insistido en que ahora es el momento de “culminar con éxito este operativo”.

El Hondius llegó al puerto de Granadilla de Abona sobre las 6.05 horas de Canarias —5.05 GMT— para recibir asistencia en un dispositivo coordinado por el Ministerio de Sanidad y la OMS. Médicos del Servicio de Sanidad Exterior subieron a bordo para comprobar la situación sanitaria de los pasajeros y activar la evacuación escalonada.

Tras los españoles y el epidemiólogo de la OMS, el siguiente grupo en desembarcar fue el de Países Bajos. Después lo hicieron los pasajeros de Canadá, Turquía, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos. García ha explicado que, tras el vuelo que trasladará a los españoles al Gómez Ulla, saldrá otro avión de Países Bajos con viajeros de Alemania, Bélgica, Grecia y otros países.

Uno de los cinco franceses repatriados presenta síntomas compatibles con la enfermedad, informó el primer ministro francés, Sébastian Lecornu. “Cinco de nuestros compatriotas presentes en el MV Hondius, foco de infección por hantavirus, han sido repatriados al territorio nacional. Uno de ellos presentó síntomas en el avión de repatriación“, anunció Lecornu en un mensaje en sus redes sociales. 

A su llegada al territorio francés en la tarde de este domingo, los cinco pasajeros han sido colocados “inmediatamente en aislamiento estricto hasta nuevo aviso” como medida de precaución sanitaria, añadió el primer ministro francés.

El operativo continuará este lunes con nuevos traslados. Países Bajos enviará un segundo avión, al que la ministra se ha referido como “avión escoba”, para recoger al pasaje que quede pendiente. El último vuelo será el de Australia, previsto para la tarde del lunes, con seis pasajeros a bordo, entre ellos ciudadanos de Nueva Zelanda y de algunas zonas de Asia. “Ese vuelo, como ustedes comprenderán, es el vuelo más complejo porque tiene que venir de Australia”, ha señalado García.

La Unión Europea también ha movilizado recursos para apoyar el dispositivo. La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha anunciado el envío de una ambulancia aérea de rescEU desde Noruega a Tenerife después de que España activara el Mecanismo de Protección Civil de la UE. “A raíz de la solicitud de España en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE, se está enviando una ambulancia aérea de rescEU desde Noruega a Tenerife para hacer frente a la situación provocada por el hantavirus a bordo del MV Hondius”, ha indicado Lahbib en redes sociales. Un oficial europeo se encuentra además sobre el terreno para facilitar la coordinación en el puerto de Granadilla.

En Madrid, el Gómez Ulla tiene preparado un dispositivo específico para recibir este mismo domingo a los 14 españoles y al epidemiólogo de la OMS. A su llegada en autobús desde la base militar de Torrejón de Ardoz, accederán al hospital por un circuito cerrado y serán trasladados a una planta de aislamiento, donde permanecerán en habitaciones individuales y sin posibilidad de recibir visitas.

El centro ha reforzado su plantilla con entre 60 y 90 efectivos para esta operación. Los evacuados serán atendidos por personal exclusivo y altamente cualificado, sin contacto con otros pacientes, familiares ni trabajadores ajenos a su asistencia. El recorrido desde el exterior del hospital hasta el ascensor que les conducirá a la planta de aislamiento será desinfectado y limpiado de nuevo tras su paso.

El protocolo será similar al que el Gómez Ulla ya desplegó en crisis sanitarias anteriores, como la del ébola en 2014 o la de la covid-19, cuando acogió a 21 repatriados de Wuhan, en China. De acuerdo con el protocolo aprobado el viernes por la Comisión de Salud Pública, a los pasajeros se les realizará una PCR nada más llegar y otra a los siete días. Durante la cuarentena habrá vigilancia activa, con toma de temperatura dos veces al día para detectar de forma precoz cualquier síntoma compatible con la infección.

En principio, según avanzó el sindicato CSIF, se ha establecido una cuarentena de hasta 42 días si no aparecen síntomas, aunque podría ser menor. La duración exacta del aislamiento, al que ninguno de los pasajeros se ha opuesto, se determinará de forma individual según la evolución de cada caso y será revisada de forma constante.

Si alguno desarrollara síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos, será trasladado inmediatamente a una habitación de aislamiento con presión negativa. Allí se le practicará una PCR en sangre y suero. Si el resultado fuera negativo pero continuaran los síntomas, la prueba se repetiría 24 horas después. En caso de persistir el cuadro sin otro diagnóstico razonablemente certero, se realizarían nuevas pruebas cada 48 horas.

Si se confirma un positivo mediante análisis del Centro Nacional de Microbiología, el paciente ingresará en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Gómez Ulla hasta su recuperación clínica. Esta unidad es la mayor de España, con siete camas de hospitalización y un laboratorio BSL-3 (de alto nivel de contención), y está preparada para tratar a pacientes con sospecha o confirmación de enfermedades infecciosas de alto riesgo, minimizando el riesgo de contagio para el personal sanitario y la población.

Sanidad también ha previsto apoyo psicológico para los pasajeros. El Comisionado de Salud Mental ha diseñado un dispositivo de atención telefónica las 24 horas y acompañamiento continuado de un profesional especializado para quienes lo necesiten durante el aislamiento.

La Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha informado este domingo de que ya ha remitido al Centro Nacional de Microbiología la segunda muestra recogida a la mujer que permanece ingresada en un hospital de Alicante por sospecha de hantavirus, para que se le practique una nueva PCR.

La primera PCR a esta mujer de 32 años, que voló en el avión del que fue evacuada una mujer holandesa que había viajado en el crucero MV Hondius y que posteriormente falleció por hantavirus, dio resultado negativo, según informó Efe este sábado.

Conforme al protocolo establecido, se someterá a una segunda prueba diagnóstica transcurridas 24 horas de la confirmación del resultado, que ya ha sido remitida, y el diagnóstico estará disponible entre 24 y 48 horas después. Si esta segunda prueba fuera también negativa, la paciente se consideraría contacto en cuarentena y sería trasladada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.

En caso de que la PCR resultara positiva, la mujer sería evacuada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital La Fe de València.

Se trata de la primera persona ingresada en España con sospechas de hantavirus y permanece en el hospital universitario de San Juan de Alicante con un cuadro leve y episodios de tos.

De todas las disonancias que hay en el mercado inmobiliario, la de los datos es una de las más llamativas. Los porcentajes y las cifras llenan informes de todo tipo que se publican casi a diario, pero paradójicamente, es un área en la que los números no están claros, ya que los registros oficiales son insuficientes. En materia de compraventas, el Portal del Notariado ofrece desde hace apenas un año la evolución de las compraventas y de los precios, pero en materia de alquiler es mucho más complicado, ya que no todas las comunidades tienen un mecanismo de depósito de fianzas y la gran mayoría no ofrece datos sobre importes o tipos de arrendadores. Grandes o pequeños tenedores, socimis, empresas, comunidades autónomas… Saber quién pone casas en alquiler y a qué precio resulta complicado y, además, alimenta relatos y propuestas de solución muy dispares. Si son pequeños propietarios, se justifica apoyar con medidas que incentiven la oferta; si son empresas o profesionales, las sugerencias van más a penalizar la especulación y topar el mercado.

En el ámbito del alquiler, el vacío estadístico es patente, pero conocer su comportamiento es clave, sobre todo para dar una estimación de la forma en la que afecta a los hogares con menos renta. Esa falta de datos fiables es algo que ha reconocido el propio Gobierno y que recientemente ha desatado una bronca entre economistas y expertos en torno a un informe publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que identificaba un porcentaje de multipropietarios de inmuebles superior al 60% del conjunto de los alquileres. La metodología y la interpretación de los datos, así como la nomenclatura, desataron en la red social X una disputa sobre relatos y conflictos de intereses. Los autores eran acusados de utilizar términos cargados como "multiarrendador" o afirmar que los pequeños caseros eran minoría. También de no desagregar los datos —creados a partir de fuentes oficiales como las estadísticas de IRPF o el Catastro— por número de posesiones. En su respuesta, los autores del estudio señalaban que utilizaban fuentes oficiales y que su elaboración no respondía a ninguna posición ideológica. Pero, más allá de las disquisiciones metodológicas entre expertos, ¿qué se necesita en España para tener datos limpios y claros?

Iván Auciello es investigador en CY Cergy París Université y especialista en vivienda. Explica a infoLibre que la clave está en crear fuentes públicas y accesibles, algo que aún está lejos de ser así. "En cuestiones como el alquiler, tenemos información de muestras, pero no del universo, es decir, faltan datos agregados", apunta. "Lo mejor que tenemos son los datos de los depósitos de alquiler, pero no están completos y tampoco están centralizados a nivel nacional", lamenta.

"Las críticas al informe del CSIC han sido, a mi modo de ver, demasiado grandes. Si bien es cierto que las definiciones y la metodología deben estar claras en este tipo de informes y podrían ser mejorables, la base de datos que han utilizado es habitual en los estudios y se ha empleado muchas veces en otros casos", valora el experto.

Algunas de las críticas que recibió el informe tenían que ver con el uso de las referencias catastrales en la contabilización de inmuebles, ya que se pueden dar duplicidades, o en denominar como "multipropietarios" sin desagregar por cortes a todas las personas con más de dos inmuebles. Aunque el debate de fondo era más político, ya que la idea que se trata de cuestionar es si realmente el perfil de persona jubilada que alquila una segunda residencia para complementar su pensión es tan habitual o el mercado está en manos de inversores y profesionales de la especulación inmobiliaria. Esto último, justificaría un tipo de política más intervencionista con el mercado, algo a lo que se opone la derecha y las inmobiliarias.

Uno de los puntos en los que suelen coincidir todas las propuestas es en la necesidad de construir más vivienda para responder al déficit acumulado tras la burbuja, a la demanda y a la creación de hogares, pero aquí terminan los consensos. Si a largo plazo esa es la solución más compartida, el problema sobre cómo atajar la escasez a corto plazo es mucho más complicado y aquí las posiciones políticas empiezan a marcarse.

El mero hecho de aumentar el parque de vivienda no es suficiente, según advierten expertos como el urbanista Gerardo Roger. "No se puede resolver el problema del acceso a la vivienda de las clases medias sin una empresa pública. Resulta que en los diez años de la burbuja se edificó y se urbanizó el doble de la demanda normal. Según esa teoría, las viviendas se tendrían que haber regalado, pero resulta que subieron más que nunca”, explicaba el experto a infoLibre.

Por un lado, los sindicatos y partidos de la izquierda como Sumar o Podemos son partidarios de una intervención del mercado con medidas como la prórroga de los alquileres que decayó en abril. A la derecha del espectro, el Partido Popular y las asociaciones inmobiliarias, se posicionan a favor de reducir la fiscalidad y respaldar a los caseros para incentivar la puesta en el mercado de las viviendas. Para unos, los multipropietarios son un problema grave, mientras que para otros, son quienes deben proveer de oferta inmediata.

La parte socialista del Gobierno no había aclarado del todo su postura en este debate, aunque la pasada semana el presidente del Ejecutivo entraba al debate planteando esta disyuntiva. “El dilema es intervenir el mercado o mirar hacia otro lado”, señaló Pedro Sánchez. Aunque por el momento, solo se ha quedado en unas declaraciones. En el otro extremo, el argumento de quienes quieren evitar topes en el mercado inmobiliario se basa, principalmente, en que afectaría negativamente a ciudadanos corrientes que alquilan una vivienda que no utilizan para sacarse un pequeño "extra".

Y en este contexto aparecen los choques y las fricciones. También los conflictos de intereses sobre quién dice qué, y los intereses que pueden motivar esa posición. Por un lado, el peso de los datos de compañías privadas sigue siendo muy relevante. Idealista, Pisos.com, Alquiler Seguro, Fotocasa y otras empresas dedicadas al sector, siguen siendo proveedores principales de información. "Son estudios que se deben tomar como estudios de lobby, que si están bien hechos son adecuados, pero todo es más sano si se referencia a datos oficiales y los conflictos de intereses quedan claros", apunta Auciello. "Nadie duda de que en el mercado laboral los datos que se deben usar son los oficiales y no los de las empresas más grandes, y en vivienda debe ocurrir lo mismo", sentencia.

Por otro lado, el carácter incompleto de los datos públicos, explica Auciello, provoca que las elaboraciones de informes a partir de muestras generen discrepancias metodológicas como la que afecta al CSIC. "En los últimos años ha habido una mejora en cuanto a la recogida de datos, pero falta un gran salto para estandarizar las bases administrativas y que se puedan usar de forma generalizada y por defecto", concluye el investigador.

Este martes el Gobierno ha aprobado el Plan Anual Normativo, un documento que recoge las iniciativas legislativas que prevé aprobar durante el año. En el documento no aparecía la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, una de las medidas en las que más ha insistido Sumar y, sobre todo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero a pesar de este interés, la medida sigue en el aire. Fuentes del ministerio señalan que el hecho de que no aparezca en el plan no implica que no se pueda llevar a cabo este año, aunque ante la falta de respaldo parlamentario priorizarán la puesta en marcha del registro horario, que pretenden llevar por otra vía.

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que proponía Yolanda Díaz. Pero mientras que la reducción de jornada debe pasar por el Congreso para su validación, Trabajo pretende que el endurecimiento del control de las horas extraordinarias se tramite por real decreto.

Pero esta vía se ha encontrado con el rechazo de la parte socialista del Gobierno. Recientemente, el Ministerio de Economía y el Consejo de Estado han emitido informes desfavorables a la activación de un real decreto que obligaría a las empresas a implementar sistemas de fichaje digitales y accesibles por parte de Inspección de Trabajo. El vicepresidente primero y ministro de Economía Carlos Cuerpo pedía tiempo y una implementación “equilibrada” con “periodos de adaptación”, mientras Díaz insistía en la necesidad de regular este ámbito inmediatamente. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, afirmaba la titular de Trabajo en el Congreso. 

Este real decreto se escindió de la propuesta inicial, que era la reducción de jornada laboral y que no logró el respaldo del Congreso en septiembre del año pasado. En aquel momento, PP, Vox y Junts votaron en contra y las posiciones no se han movido demasiado desde entonces. Por parte de Trabajo reconocen la complejidad para cerrar acuerdos sobre esta medida, pero señalan que buscarán una “ventana de oportunidad” para su tramitación.

En cuanto al real decreto sobre el registro horario, que ahora avanza de manera independiente, las mismas fuentes apuntan que su intención es hacerlo efectivo “antes del verano”.

Félix Sanz Roldán, quien fuera director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante una década –entre 2009 y 2019–, ha negado en la Audiencia Nacional que los espías participasen de algún modo en los seguimientos al extesorero del PP Luis Bárcenas. "El CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, en el caso sobre el que se me está preguntado. Ninguna, cero absoluto", ha resaltado el también exjefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) durante su comparecencia como testigo en el juicio de Kitchen, la supuesta operación parapolicial para evitar que documentación sensible para la formación conservadora que pudiera tener su excontable acabara en la investigación judicial del caso Gürtel.

La sombra de sospecha en torno al servicio secreto ha planeado desde el principio en la investigación, si bien es una línea de investigación que nunca se terminó de explotar. El comisario Enrique García Castaño, durante años jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información –la que realizó el grueso de seguimientos sobre la familia Bárcenas– y que se ha librado del banquillo de los acusados por motivos de salud, deslizó en enero de 2019 ante el juez instructor que el extesorero había sido espiado "por otros servicios de información de otros cuerpos, presuntamente, Guardia Civil y CNI". Unos espías a los que también ha apuntado el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

El director del Centro Nacional de Inteligencia ha prestado declaración como testigo una semana después del "no me consta" de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría al ser preguntada por la posible participación del servicio secreto en una operación alrededor de la familia Bárcenas. Y durante su comparecencia ha rechazado tajantemente que sus espías participasen de algún modo en la Kitchen. "No tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, sobre el caso por el que se me está preguntando. Ninguna, cero absoluto. El CNI actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su Gobierno para aportar elementos de juicio para tomar buenas decisiones", ha resaltado Sanz Roldán.

Que su comparecencia iba a estar vigilada al milímetro es algo que dejó claro desde el primer momento la Fiscalía Anticorrupción. "Todas las actividades del CNI están clasificadas con el grado de secreto", advirtió el fiscal César de Rivas antes de arrancar el interrogatorio. Por tanto, continuó, solo podría responder a aquellas cuestiones que tuvieran que ver con la Kitchen, un asunto sobre el que el Gobierno ha desclasificado información. Y él, de hecho, se ha mostrado en todo momento dispuesto a hablar. "Quiero responder", ha señalado cuando se le ha lanzado la pregunta clave. "Ningún Gobierno a los que he servido me ha pedido que hiciera nada ilegal, y esto lo habría sido", ha afirmado Sanz Roldán.

En la sesión de este lunes también se ha puesto el foco en la Guardia Civil. Y, más en concreto, sobre la Unidad Central Operativa (UCO). Al menos, durante unos segundos. "¿La UCO, a través de algún agente a su mando, intentó captar al señor [Serio] Ríos, al chófer del señor Bárcenas, en algún momento?", ha lanzado el abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los acusados en este procedimiento. "No, en absoluto. El tiempo que yo estuve al mando de la UCO, en absoluto", ha respondido Manuel Sánchez Corbí, exjefe de la unidad de élite del Instituto Armado. El abogado de Ríos insistió para saber si le constaba un movimiento así previo a su mandato. "No, en absoluto. Nunca fue objeto de investigación ni antes ni durante ni después", ha zanjado.

Tanto Sanz Roldán como Corbí fueron llamados a petición de la defensa de Villarejo, que ejerce Antonio Cabrera. Y con un objetivo claro: dibujar Tándem, la macrocausa en la que se integra Kitchen, como una oscura operación de varios organismos estatales para hacer caer al comisario jubilado. De ahí que buena parte de las preguntas dirigidas al exdirector del CNI versaran, precisamente, sobre la mala relación con Villarejo. Sanz Roldán ha rechazado tener una enemistad manifiesta con él. Y ha dicho que si le denunció fue porque sintió la "obligación" como director del CNI de "salir al paso de mentiras tan crueles" que se decían sobre sus "subordinados". Del mismo modo, ha negado haber pedido hasta en tres ocasiones a Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía y acusado en este procedimiento, que cesara al comisario.

"¿Y ha dicho en reuniones que o el Estado acaba con Villarejo o Villarejo acaba con el Estado?", ha preguntado Cabrera. "No lo he dicho porque nunca he tenido la sensación de que fuera tal su capacidad", ha respondido Sanz Roldán. La defensa del comisario jubilado, del mismo modo, ha interrogado al exjefe de los espías sobre una serie de correos electrónicos que recibió su defendido desde cuentas con dominio "areatec", que ha vinculado al Centro Nacional de Inteligencia y que vendrían a demostrar que el servicio de espionaje estaría detrás de su caída en desgracia. "No solo no lo reconozco, sino que con los datos que tengo de la forma en que escribía el CNI y cómo trataba las cosas, ese correo es falso. Lo diré mejor: este correo no tiene su origen en el CNI, ni en mí ni en ninguno de mis colaboradores", ha apuntado Sanz Roldán.

La tesis del abogado de Villarejo es que Tándem está contaminada desde el inicio. Y, por tanto, también Kitchen. Así, relata en su escrito de defensa que la UCO de la Guardia Civil recibió en su día una información de David Rodríguez Vidal, quien fuera durante años colaborador del CNI, que terminó derivando en una reunión con el fiscal jefe Anticorrupción y el fiscal que se hizo cargo de la macrocausa contra el comisario jubilado, Ignacio Stampa. Y que, pese a participar en un momento inicial de las pesquisas, "no informó en ningún momento" de que había tenido a su "disposición" los "documentos" que luego se aportaron de "forma anónima" por Vidal en el Ministerio Público o de que, incluso, "conocía la identidad del denunciante".

Tanto Corbí como Francisco de Borja, quien fuera agente del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO, han confirmado que, efectivamente, el excolaborador del CNI les trasladó que un empresario –Francisco Menéndez– tenía "información sobre corrupción policial" y que quería negociar con la Fiscalía en relación con un problema tributario que tenía. Tras hacer unas indagaciones, comprobaron que la información "podía ser veraz" y se pusieron en contacto con Anticorrupción. En concreto, Corbí se reunió con el entonces fiscal jefe, Manuel Moix, quien organizó un encuentro posterior en el que participaron De Borja, Vidal o el fiscal Ignacio Stampa. "Recuerdo que se habló de que la otra persona –Menéndez– no había acudido y de que Vidal decía que había sido por miedo a represalias", ha explicado De Borja.

El exjefe de la UCO ha contado que después de aquello Moix le comentó que iban a abrir una investigación y que quería que la llevaran de forma conjunta Policía Nacional y Guardia Civil, algo que Corbí rechazó. Al final, ha completado, la labor de la unidad de élite del Instituto Armado se limitó a "una diligencia": "Averiguar el paradero y la identidad de una persona". En concreto, de Asunción Mba, nombre que aparecía en el anónimo remitido a Anticorrupción que dio origen al caso contra Villarejo. Una nota cuyo autor es, en realidad, Vidal, quien se decidió a enviar la carta ante la indecisión de Menéndez. Meses antes, ha contado en la Audiencia Nacional, había trasladado al comisario general de Policía Judicial, José Sánchez Aparicio, información sobre sociedades en Panamá de Villarejo.

Frente al tribunal del caso Kitchen, que preside la magistrada Teresa Palacios, ha testificado también este lunes el empresario Javier Pérez Dolset, que fue quien aportó a la causa una serie de audios relativos a conversaciones mantenidas entre Villarejo y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también en el banquillo de los acusados. Grabaciones que, según ha explicado, formaban parte de unos ficheros que le facilitó un hombre cuando buscaba "material probatorio" para defenderse de un "montaje" en su contra. Unos archivos que él y su equipo consiguieron desencriptar y que ya estaban circulando en los chats del eurodiputado Luis Alvise Pérez cuando se los hicieron llegar a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

Durante su comparecencia, en la que ha acusado a fiscales y políticos de estar conchabados para dirigir el caso Tándem en la dirección que ellos querían, Pérez Dolset también ha relatado un encuentro en su casa con el ex secretario de Estado de Seguridad en el que éste le pidió perdón por unos hechos que afectaron al empresario. Además, ha relatado que Martínez le dijo que las instrucciones las había recibido "de distintas vías". En concreto, ha hablado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. "O sea, ¿este señor es el máximo responsable de lo que ha ocurrido aquí? Ni de coña", ha completado el empresario.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presentado en el Tribunal de Instancia de Madrid una demanda contra el empresario investigado en el caso Koldo Víctor de Aldama por vulnerar su derecho al honor al afirmar en programas de televisión que le intentó sobornar.

Según ha adelantado elDiario.es y han confirmado a EFE en fuentes del Ministerio Félix Bolaños reclama 70.000 euros por daños y perjuicios a Víctor de Aldama, que está siendo juzgado estos días en el Tribunal Supremo por la trama de las Mascarillas junto con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exasesor de este Koldo García.

Víctor de Aldama dijo el pasado mes de febrero en Telemadrid en referencia a Bolaños: "Se puso en contacto para silenciarme y para sobornarme de alguna manera pagándome una cantidad muy alta".

Bolaños reclama a Aldama que se abstenga de realizar afirmaciones de igual tenor o en el mismo sentido "ya sea en medios de comunicación (televisivos, impresos o digitales), en plataformas digitales (webs y redes sociales) o por cualquier otra vía".

También que se condene al demandado a la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento en sus redes sociales, particularmente en su cuenta de la red social X y que se le condene a pagar 70.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen.

Bolaños sostiene que "no conoce ni ha hablado nunca ni tiene ni ha tenido relación personal alguna con el demandado ni con su responsable de comunicación".

E Insiste en que su relación personal "es total y absolutamente inexistente”, que "nunca ha mantenido una conversación ni telefónica ni de ningún otro tipo con Aldama ni con su responsable de comunicación, y ni siquiera tiene sus números de teléfono”.

Aldama difundió en la red social X que Bolaños había asistido a una fiesta de cumpleaños de José Luis Ábalos siendo este aún ministro en la que también estuvo el empresario que se celebró en un restaurante de su propiedad en diciembre de 2019.

En este sentido el escrito de Bolaños señala que "la única evidencia" que ha aportado Aldama para sostener públicamente que el demandante le conocía es una fotografía que, según manifiesta, habría sido tomada en ese restaurante, en la que, por cierto, ni siquiera aparece el empresario".

Y Bolaños recuerda además que Aldama reconoció, antes de acusarle en varios programas de televisión y en sus redes sociales de intento de soborno, "no conocerle de nada" en una entrevista e la Cope el 27 de noviembre de 2024.

Una contradicción que, en la demanda, se considera "tan evidente que no deja lugar a dudas acerca de la falsedad de todo su relato y dinamita por completo la ya exigua credibilidad del demandado".

Si hay unos responsables de que no se prorroguen los alquileres a miles de familias ahogadas por la presión económica y los precios voraces de la vivienda estos son PP, Vox y Junts. Los populares, por partida doble. No haría falta el decreto de prórroga si se aplicara la ley de vivienda. El muro levantado por el PP en las comunidades autónomas pasa por rechazar los topes de precios a los más vulnerables en zonas tensionadas. La medida no resolvería la totalidad de los casos, pero sí la mayoría. En las zonas de alta especulación es donde más se mueven los precios hacia arriba, donde más aprietan los fondos buitre para doblar la rentabilidad a costa de las rentas medias. 

De la culpa de la derecha, a la responsabilidad de la izquierda. La prórroga de los alquileres venida abajo deja lecciones vitales para el Gobierno y su socio. Ambos subestimaron el daño de su estrategia. Si empezamos por Sumar, presionaron para impulsar un decreto que nació muerto y sin la mayoría suficiente. Lo hizo el ministro Pablo Bustinduy sin tener las competencias y en oposición a la ministra Isabel Rodríguez. Mostrando una división interna que en un contexto de fragilidad parlamentaria les debilita. El ministro tiene legitimidad para hacerlo, pero desde fuera, para quien está pendiente de renovar su alquiler, la imagen es un Ejecutivo que confronta sin encontrar salida. Ahondando en la sensación del ‘yo me estoy ahogando y tú me hablas de competencias o mayorías’. Prometer algo que no puedes cumplir aumenta la frustración de quien lo sufre… y el cabreo. El ciudadano y el votante se quedan con el que remanga y a favor de quien lo hace cuando está en juego lo más elemental. Salud, educación, vivienda. No importa el orden. 

El Gobierno no creía en la iniciativa forzada por el plantón de Sumar en el Consejo de Ministros y dejó hacer al socio a sabiendas de que se estrellaría. Al final del camino, Pablo Bustinduy hizo un buen discurso y forzó el debate. Pero a ese buen combate le siguió el llanto de los afectados. Al lucimiento y la victoria en corto sobre el PSOE (ausente en un debate fundamental), una mujer afectada lloraba en la puerta, fotografiada por Olmo Calvo como símbolo del millón de familias afectadas. El grito en tribuna “¡Haced algo ya, coño!” fue un clamor a toda la bancada. 

Sumar prometió lo que iba a ser imposible y el ministerio de Vivienda ha tenido que asumir la necesidad de hacer más. Tenía razón la ministra Isabel Rodríguez en defender medidas garantistas y tenía razón Sumar en presionar. La estrategia, ir separados, fue el error. Y como en política no hay nada imposible, Junts ya ha aceptado sentarse a negociar. Si aprueban parte de la prórroga de alquileres es más de lo que había antes de que el PSOE renunciara al decreto. Lo inconcebible es que sea Junts y no el PP quien se sienta interpelado para buscar soluciones. 

El Gobierno progresista está obligado a sacar adelante como sea políticas públicas para aliviar y resolver una crisis profunda que ha tocado fondo. Por su transversalidad, hunde a la sociedad en la desigualdad y condena a generaciones a una discriminación intrínseca. Más allá de la riqueza, el ascensor hoy es tener o no vivienda. Todos los partidos y gobiernos se han dado cuenta, salvo PP y Vox, incapaces de impulsar propuestas de consenso. Isabel Rodríguez tiene razón en el relato ganado. Casi nadie se atreve a defender abiertamente la vivienda como producto especulativo. Quienes lo hacen, el ala más liberal de los populares, buscan subterfugios para hablar de los derechos de los propietarios y el libre mercado. Más allá de la obviedad del daño de los fondos, los coliving y tantas otras fórmulas similares, un tenedor de diez viviendas es un profesional del negocio y mercadea con un bien de primera necesidad. Quienes exigen el cumplimento de la Constitución con la presentación de presupuestos, se lo saltan por partida doble con la "prioridad nacional" y la vivienda. La Carta Magna es explícita con la regulación del suelo, la bestia negra de la derecha desde la primera ley de Aznar. “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Más claro, imposible. Por eso ha hecho bien Pedro Sánchez en reivindicar esa regulación como condición obligada. Lo hizo hasta el rey Felipe VI hace dos discursos navideños. 

La crisis de la vivienda es la espada de todos los partidos y gobiernos. Vox perdió la oportunidad de lepenizarse y votar a favor, descolocando al PP. Al final demostró que el discurso de Carlos Quero es propaganda electoral, el abono de sus mítines, PPC más. A la hora de votar, entre las familias y los fondos extranjeros, eligió el negocio. Igual que ante el soldado español y Netanyahu prefirió defender al segundo. El debate destapó la falsa disyuntiva populista de Vox. Las casas que faltan no las tienen los inmigrantes. No hay un ellos extranjeros y un nosotros nacional. La sesión demostró que tras el eslogan xenófobo y discriminatorio no hay medidas ni soluciones. Al PP no le ha ido mejor: hasta Ayuso tuvo que aceptar el fondo estatal de más de mil millones para vivienda social blindada a la especulación. Ni con esas Alberto Núñez Feijóo se ha sentido aludido para sumarse a las negociaciones de un futuro decreto.

Tras la derrota, se ha tomado nota. La agenda de vivienda está viva y todo es posible. Es más, debería serlo. Las movilizaciones sociales están en marcha. Hay un millón de contratos de alquiler en el aire. Un fraude de ley con el alquiler temporal y turístico por donde se cuelan las subidas abusivas y los desahucios. Desgravaciones necesarias. Fondos y ayudas pendientes. Y un consenso imprescindible. Quien no lo lea, sufrirá.

Cuenta que hubo una época en la que la confianza en sus superiores era nula. Un tiempo en el que intentaban quitarle de en medio enterrándole en trabajo o dándole la patada hacia arriba. Un periodo en el que, con tono despectivo, se le calificaba por los pasillos como "la bestia negra del PP". Pero este miércoles, Manuel Morocho, antaño inspector jefe del Grupo XXI de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) e investigador principal de la Gürtel, ha sido en la Audiencia Nacional el encargado de tirar la última palada de tierra sobre la principal línea de defensa de los acusados en Kitchen. El agente 81.067 ha negado con contundencia que las vigilancias sobre el entorno del extesorero Luis Bárcenas contasen con autorización judicial. Y ya, de paso, ha dibujado toda una trama policial al servicio de la formación conservadora.

Las defensas nunca han negado el espionaje al entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas. Básicamente, porque las vigilancias están perfectamente documentadas en más de una veintena de informes elaborados sobre las mismas. Ahora bien, han rechazado que formaran parte de, como dice la Fiscalía Anticorrupción, una "operación ilícita" para "obtener tanto información como pruebas materiales" que pudieran "resultar incriminatorias" para el PP y sus máximos dirigentes en Gürtel y que pudiera tener Luis Bárcenas. Fue, más bien, según sus argumentos, una "operación policial, justificada y totalmente legal" para encontrar cuentas bancarias que el extesorero pudiera tener en el extranjero.

Pero dos inspectores jefes se han encargado durante el juicio de poner en cuestión esa tesis. El primero fue Gonzalo Fraga, el investigador principal de la Kitchen. "No hemos encontrado rastro de que la información que se obtenía se trasladase ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora", dijo el agente de Asuntos Internos, que fue quien abrió la ronda de testificales. Algo que ahora se ha encargado de apuntalar, precisamente, el investigador principal de aquella causa de corrupción. "Había una operación policial que no contaba con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno", ha resonado este miércoles en la sede central de la Audiencia Nacional.

Son varios los elementos expuestos que apuntan en esa dirección. Es el caso, por ejemplo, de la "opacidad evidente", en palabras del propio Fraga, sobre los trabajos que se estaban desarrollando, fundamentalmente, desde la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información. Algo que no se hizo aflorar en las bases de datos hasta casi dos años después. La Kitchen no se introdujo hasta mediados de 2015 en GATI, el fichero de inteligencia policial en el que se registran las diferentes investigaciones, de forma que se establezcan cruces entre ellas por si hubiera elementos coincidentes y, en ese caso, se tuvieran que tomar medidas a nivel de coordinación entre unidades investigadoras.

La Fiscalía Anticorrupción considera que con ese movimiento los acusados buscaban "enmascarar la operación policial". Es decir, legalizarla. Morocho ha explicado que el "protocolo" de 1995 que regula el funcionamiento de GATI "dice taxativamente" que la investigación debe registrarse cuando se inicia –y eso es, precisamente, lo que ellos hicieron en 2007 cuando empezaron a investigar Gürtel– y, a partir de ahí, se va "alimentando" con nuevos datos de los que se vaya disponiendo. Pero en este caso se hizo tiempo después. Y eso impidió que se realizaran los cruces y que el inspector jefe tuviera conocimiento de estas pesquisas realizadas bajo el paraguas de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que no es una unidad investigadora, hasta agosto de 2015.

"Cuando se recibió la información el procedimiento estaba ya cerrado", ha explicado Morocho. En mayo de ese año, se había dictado auto de apertura de juicio oral en Papeles de Bárcenas, pieza separada de Gürtel. Y nadie antes le había informado ni de la existencia de un topo en el entorno de los Bárcenas ni de la posible existencia de fondos en las Antillas Holandesas o Cracovia. Nunca, "como responsable de la unidad de auxilio judicial", le "llegó" ninguna "nota informativa de inteligencia" sobre este tema procedente de la Dirección Adjunta Operativa, que entonces tenía como cara visible al comisario Eugenio Pino. Y él nunca, como investigador principal en Gürtel, pidió el apoyo de la UCAO o de Instituciones Penitenciarias para hacer indagaciones respecto a Bárcenas o su entorno.

"Yo hice un oficio cuando comenzó Gürtel solicitando que se me comunicara a mí expresamente, además de al comisario general o al jefe de unidad, si había cruce con alguna investigación secreta respecto de alguno de los encartados, y eso a mí no se me ha comunicado", ha apuntado el inspector. Aunque las defensas sostienen que con la operación se buscaba el dinero en el exterior de Bárcenas, lo cierto es que la primera vigilancia de la que se tiene constancia documental se produjo el 25 de julio de 2013, cuando las autoridades suizas ya habían aflorado los 47 millones vinculados al extesorero en la Confederación Helvética.

La extensa comparecencia del agente 81.067 ha permitido, además, dibujar una suerte de trama policial al servicio total del PP. Durante buena parte del interrogatorio, el inspector ha relatado las continuas trabas impuestas por la cadena de mando durante la investigación de Gürtel. Así, ha mencionado las presiones para que no mencionara en sus informes al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como perceptor de sobresueldos. O al empresario Ignacio López del Hierro, entonces marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, como uno de los donantes de la formación conservadora.

Todas esas "imposiciones", ha explicado a preguntas del abogado de Podemos, se las hacían sus superiores analizando solo "el informe final", no toda la documentación con la que él había trabajado y que le llevaba a las conclusiones que se plasmaban en el mismo. Es más, ha deslizado que a sus jefes solo parecía interesarles "cuántas veces" se mencionaba "al PP" en los documentos que elaboraban o si aparecía "algún cargo" de la formación conservadora. Una cadena de mando en la que, ha reconocido el inspector, no confiaba: "No estaban avalando la investigación que nosotros estábamos haciendo".

"Se pretendía que vulnerara la neutralidad que debo tener en una investigación", ha lanzado Morocho. Es más, ha explicado que él tenía que moverse "con inteligencia" porque había "mucho interés" en tumbar el procedimiento: "Maniobras que podían torpedear o dar armas para pedir la nulidad de alguna de las pruebas". Además, y siguiendo con los palos en las ruedas, ha relatado que sus superiores tardaban en visar los informes que él elaboraba, lo que retrasaba durante meses el envío de los mismos al juez instructor. Entre otros, ha puesto como ejemplo uno relativo a los regalos de la trama que salpicaba al exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda y la exministra Ana Mato (entonces marido y mujer), que estuvo más de un año en el aire. Y se presentó porque así lo exigió el magistrado ante el riesgo de prescripción de los delitos.

"Se demoraban tanto tiempo porque se escrutaban desde diferentes ángulos", ha señalado Morocho. De hecho, y en este sentido, ha apuntado hacia otro de los acusados: Andrés Gómez Gordo. Así, ha contado que un día se le "escapó" a quien era su jefe en la UDEF que los documentos eran analizados, entre otros, por dicho inspector jefe, quien había trabajado para Cospedal en Castilla-La Mancha como director general de Documentación y Análisis. 

Durante su declaración, el investigador de la Gürtel, que ha tardado más de tres lustros en ser juzgada en su totalidad, ha deslizado que el PP tenía acceso a los informes de la investigación. Unas filtraciones sobre las que puso el acento el propio juez instructor en una de sus resoluciones.

Sobre el informe que afectaba al matrimonio Sepúlveda-Mato, Morocho ha resaltado que el comisario José Luis Olivera le pidió una copia. De hecho, ha dicho que siempre estuvo interesado en tener acceso al contenido de lo que ellos hacían. "Me dijo que sería conveniente que le participase los informes y me dio un correo personal, pero yo no le remití nada", ha explicado al tribunal. Es más, el inspector ha llegado a relatar cómo en una ocasión el propio Olivera le llegó a reconocer que le había facilitado a la ex secretaria general del PP un fax intervenido a Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, que iba dirigido a Luis Bárcenas. "Me dice: ya me he encargado yo de que ese documento lo tenga Cospedal en su caja de seguridad. Me quedé estupefacto", ha contado.

El agente ha dibujado, de principio a fin, el mismo "panorama desolador" –en palabras del magistrado Manuel García-Castellón– que describió en la fase de instrucción, donde el cierre precipitado de las pesquisas apenas permitió profundizar en la conexión política de la Kitchen. Un periodo en el que se intentaron "quitar de en medio" al policía que se estaba enfrentando a una de las grandes tramas de corrupción de la historia reciente. A golpe de "hostilidad manifiesta", como cuando el comisario Enrique García Castaño, antaño jefe de la UCAO, le dijo: "¿Y tú qué haces aquí? Deberías estar muerto". A base de enterrarle en trabajo. O de trasladarle de manera forzada durante unos meses a la DAO, donde el inspector José Ángel Fuentes Gago, miembro de la mal llamada brigada patriótica y también acusado en Kitchen, le llegó a pedir que revisara el famoso informe Pisa contra Podemos.

Cuando el magistrado jubilado Manuel García-Castellón puso punto y final a la investigación del caso Kitchen todavía quedaban algunos hilos de los que tirar. Ocurrió en el verano de 2021, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones. Tras tres años de pesquisas, el instructor decidió que hasta ahí llegaba el caso y circunscribió la trama parapolicial para hacerse con información comprometedora para el PP que pudiera tener el extesorero Luis Bárcenas alrededor del Ministerio del Interior. Ni se seguiría explorando la rama política ni se tratarían de resolver algunas de las grandes incógnitas que surgieron durante la instrucción. Cuestiones que han salido, aunque de pasada, durante el arranque de esta cuarta semana de juicio –tercera con testigos– en la Audiencia Nacional.

Si la última sesión de la vista oral estuvo marcada por la comparecencia del expresidente Mariano Rajoy y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el plato fuerte de la de este lunes era la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Su testimonio despertaba un gran interés por dos motivos. En primer lugar, por su posición clave en el Ejecutivo conservador: fue, durante casi ocho años, su número dos. En segundo lugar, por su papel en relación con los servicios de inteligencia. Durante todo este periodo, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) estuvo adscrito al Ministerio de Presidencia que ella encabezaba. Y la sombra de los espías ha planeado en todo momento sobre la Kitchen.

En enero de 2019, apenas dos meses después de que comenzaran las pesquisas, compareció ante el instructor el comisario Enrique García Castaño, durante años jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información –la que realizó el grueso de seguimientos sobre la familia Bárcenas–. Y apuntó hacia otras fuerzas de seguridad. Así, dijo que Bárcenas había sido espiado "por otros servicios de información de otros cuerpos, presuntamente, Guardia Civil y CNI". Habló de "motoristas con cámaras" en el casco, así como de motocicletas con "matrículas y documentación falsa". A este ex alto mando policial, conocido como El Gordo, un problema de salud lo ha dejado fuera del banquillo de los acusados.

Una escena similar describió este lunes frente al tribunal, que lidera la magistrada Teresa Palacios, Guillermo Bárcenas, el hijo del extesorero de la formación conservadora. "Notamos, tanto mi madre como yo, que había motoristas que nos seguían, que llevaban una cámara en el casco", señaló. Algo que, continuó, ha llegado a sentir también mientras circulaba él solo con su propio vehículo. "¿Conoce usted que Sergio [Ríos] hizo una maniobra evasiva y pudo sacar unas fotografías de las matrículas de esas motos que les seguían", lanzó posteriormente el abogado del exconductor del extesorero, topo clave en la Kitchen. "No, no lo conozco", respondió el hijo de Bárcenas.

Unos meses después de aquello, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel, protocolizó varios mensajes ante notario. Una serie de comunicaciones que mantuvo en el verano y otoño de 2013, año en el que se desarrolló buena parte de la Kitchen, con un número que él tenía guardado en su agenda con el nombre del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. "Entiendo que hablamos mañana en cuanto tengas el contacto Cecilia. Yo estaré viajando pero totalmente en guardia y conectado", escribía Martínez el 2 de agosto de aquel año. "Yo lo tendré al acabar el Consejo, así hemos kedado [sic]. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info”, le responden.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo y su entorno se referían a los agentes de los servicios secretos como "cecilios". Martínez, de hecho, hizo referencia a La Casa durante su declaración como investigado ante el juez: "El ministro me dice que me va a dar un contacto en el Centro Nacional de Inteligencia para que yo establezca una coordinación y que le diga a ese contacto que cualquier información que pudiesen tener la facilitase a la Policía porque entiendo que en ese momento la prioridad del Gobierno es conseguir toda la información sobre las cuentas y las actividades ilícitas del señor Bárcenas". Unas gestiones que, según él mismo ha declarado, las hizo directamente con el director del servicio secreto, Félix Sanz Roldán.

El ex secretario de Estado de Seguridad también apuntó, aunque de manera más sutil, hacia los servicios secretos en su escrito de defensa. En concreto, cuando solicitó que se elevase al Consejo de Ministros "exposición razonada" para, por un lado, la "desclasificación y remisión de las grabaciones realizadas en el exterior del chalé de la familia Bárcenas en la estación de esquí de Baqueira Beret, remitidos al Ministerio del Interior el 2 de agosto de 2013". Y, por otro, para el envío de "todos los autos dictados por el magistrado especial del artículo 342 bis LOPJ" –es decir, del magistrado del Tribunal Supremo que tutela las operaciones del CNI– relativos "a tales vigilancias o a cualquier vigilancia realizada sobre el Sr. Bárcenas o sobre su esposa Rosalía Iglesias o sobre los inmuebles de su propiedad".

Ni la defensa de Martínez ni la de Villarejo, quien lleva años presentándose como una víctima del servicio secreto, preguntaron este lunes a Sáenz de Santamaría sobre la posible participación de sus espías en la operación. Sí lo hizo, sin embargo, el letrado de Podemos: "¿Recuerda si el CNI tuvo algún tipo de participación en investigaciones al entorno de la familia Bárcenas de 2013 a 2015?". Una pregunta que hizo saltar al fiscal Anticorrupción, César de Rivas: "Señoría, es materia secreta". Pero, tras dejar claro que la cuestión se circunscribía en exclusiva a la Kitchen, la presidenta del tribunal dejó responder. Y Sáenz de Santamaría dijo desconocerlo. La próxima semana, será el exjefe de los espías, Sanz Roldán, quien comparezca en el juicio.

La declaración de la exvicepresidenta del Gobierno apenas duró un cuarto de hora. Y apenas aportó información. Bajo juramento, la exdirigente conservadora dijo, básicamente,  que se enteró de la Kitchen por la prensa, que ella nunca tuvo "ningún tipo de estrategia" relacionada con el caso Gürtel, que tampoco conocía la que podía tener Cospedal –con quien tenía una guerra abierta– y que lo que dijera Rajoy la pasada semana en sede judicial "bien dicho está". Es más, la exvicepresidenta ha venido a dibujar un escenario en el que parecía que nadie de Moncloa se interesaba por las informaciones que iban saliendo sobre el dinero oculto de su extesorero o sobre la trama de corrupción que terminó por sacar al PP del Gobierno.

E igual que se ha pasado de puntillas por los servicios secretos, lo mismo ha ocurrido con otro rocambolesco acontecimiento: la entrada a punta de revólver de tipo Bulldog de un hombre vestido de negro y con alzacuellos en casa de la familia del extesorero buscando documentación "que pudiera hundir al Gobierno". Los Bárcenas están convencidos de que alguien lo envió. Es más, defienden que no fue "casualidad" que fuera vestido de cura: "Rosalía [Iglesias] –mujer de Bárcenas– es una persona muy religiosa". A raíz del "secuestro" por parte del "sicario", ha explicado el hijo del exsenador, decidieron poner cámaras apuntando a la puerta del domicilio.

Durante la instrucción del caso Kitchen se puso el foco sobre el secuestro ejecutado por Enrique Olivares. Entre otras cosas, se descubrió que varios funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía habían estado visitándole en prisión. O que había recibido numerosos ingresos en su cuenta de peculio de la prisión pese a pertenecer a una "familia sin recursos". "Aparecen datos que permiten profundizar en la posible participación de Enrique Olivares en el asalto al domicilio de la familia Bárcenas bajo el directo control de los mandos policiales que desarrollaron la Operación Kitchen; o, incluso, bajo el control de otros servicios de seguridad del Estado", llegó a lanzar la Fiscalía Anticorrupción en uno de sus escritos.

Los investigadores no pudieron determinar el "origen concreto" del revólver utilizado en el asalto. Y no se le pudo tomar declaración en la causa al "no reunir las condiciones psíquicas y físicas" para ello. Con el auto de procesamiento, García-Castellón cerró la puerta a seguir tirando de ese hilo. "No se ha recabado ningún indicio que permita sostener con la seriedad que un proceso penal de esta naturaleza reclama, que el asalto [...] estuviera directamente relacionada con la operación Kitchen", apuntó el instructor. Y completó: "Más importante aún es que ninguno de los investigados que ha declarado ha referido participación alguna en estos hechos, antes bien, todos ellos negaron tajantemente su participación en los mismos".

"En cuanto a que este hecho se hubiera cometido 'bajo el control de otros servicios de seguridad', la amplitud y generalidad de los términos en que se formula semejante afirmación impiden un pronunciamiento específico, dado que parece referirse a acontecimientos que ni son objeto de esta pieza ni parecen guardar vinculación alguna con la misma", zanjó el instructor. A comienzos de 2022, el falso cura falleció.

No es solo uno de los más de 5.000 jueces que hay en España. Es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano constitucional que tiene como principal misión preservar, promover y defender la independencia judicial en España. Desde esa atalaya, a la que fue aupado por el PSOE y Sumar, el consejero Carlos Hugo Preciado ha denunciado que el Gobierno formado por esos dos partidos pretendería controlar la elección del próximo miembro español de la más alta instancia de protección de los derechos fundamentales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Y lo ha hecho tras presentar su candidatura y no pasar la primera criba. Preciado ha impugnado el proceso ante la Audiencia Nacional y ha solicitado su paralización. Prospere o no, su recurso extiende una sombra de sospecha que afectará al debate sobre los candidatos y a la apariencia de imparcialidad de quien resulte finalmente designado, advierten en el CGPJ.

Preciado, que no ha recurrido las bases de la convocatoria hasta que no ha sido rechazado para el puesto, advierte ahora que la comisión que debe seleccionar a los tres candidatos de la lista que el Consejo de Ministros enviará a la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa para que dé su última palabra sobre el miembro español del TEDH está formada mayoritariamente por personas vinculadas al Gobierno. Esa comisión está integrada por tres miembros del Ejecutivo –los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y Justicia y el subsecretario de Presidencia– a los que se une una magistrada designada por el CGPJ (en este caso la designada es la vocal conservadora Gema Espinosa) y un jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio, preferiblemente seleccionados entre personas que hayan sido miembros del TEDH (en el proceso actual, la catedrática de Derecho Internacional Público, miembro permanente del Consejo de Estado y exjueza ad hoc del tribunal, Paz Álvarez).

Con su recurso contencioso-administrativo, Preciado lanza dudas sobre la imparcialidad de un proceso que, sin embargo, fue regulado hace seis años por el Gobierno socialista mediante un reglamento precisamente para darle la objetividad, transparencia e institucionalidad que el Consejo de Europa –la organización internacional en la que se encuadra el tribunal europeo– reclamaba para los procesos internos de selección de jueces de cada país. En la anterior elección, la de la magistrada actual, María Elósegui, la preselección de la terna fue de cuatro miembros del Gobierno exclusivamente (secretarios de Estado y subsecretarios de Asuntos Exteriores, Justicia y Presidencia), sin la participación de ningún magistrado ni experto jurista, al contrario que ahora. El procedimiento, además, no estaba recogido en una norma, como actualmente, sino en unas simples “pautas” acordadas previamente por el Consejo de Ministros.

En cualquier caso, la última palabra sobre los tres candidatos finales, tanto entonces como ahora, corresponde al Ejecutivo, que, en teoría, puede devolver la terna de candidatos seleccionada si considera que no está formada por personas aptas para el cargo. Nunca lo hace. En realidad, en casi todos los Estados miembros, al igual que en España, la decisión final corresponde a alguna instancia gubernamental, ya sea el Consejo de Ministros, el presidente, el primer ministro o el ministro de Justicia o Asuntos Exteriores. Esas son las instituciones de cada país que envían la terna a la Comisión para la elección de los jueces del TEDH, un órgano de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el organismo que tiene en sus manos la decisión final sobre el nombramiento del juez de cada Estado.

Sembrar dudas sobre la intervención del Gobierno en el procedimiento de elección de los jueces, ya sea del último juzgado de pueblo o del presidente del Tribunal Supremo, o acusarlo de ataques a su independencia es uno de los mantras de la derecha judicial al que ahora se suma Preciado, un vocal del Poder Judicial progresista, elevándolo todavía más hasta el magistrado español del TEDH. Las asociaciones judiciales conservadoras (APM, Francisco de Vitoria y Foro) han llegado a comparar a España con la Hungría del recién derrocado Viktor Orbán –que sometió el Poder Judicial de su país al Ejecutivo–. Incluso han reclamado a la Unión Europea que abra un procedimiento de sanción contra España (que supondría cortar un flujo de miles de millones de euros en fondos europeos) por, supuestamente, vulnerar las normas europeas sobre el Estado de derecho. Bruselas jamás ha comprado esa iniciativa y, en sus últimos informes, ha valorado las reformas judiciales emprendidas por el Gobierno de Sánchez.

Fuentes del sector progresista del CGPJ muestran su sorpresa con el recurso de Preciado porque, dicen, afectará a la imagen de la Justicia española ante uno de sus principales organismos evaluadores, el Consejo de Europa. Se cual sea el recorrido del pleito, estas fuentes dan por seguro que el cuestionamiento de la convocatoria por un miembro del órgano de gobierno de los jueces hará que las dudas sobre la legalidad del proceso planeen sobre todo el debate que mantengan los miembros de la Asamblea Parlamentaria de ese organismo internacional. Dos de sus grupos de trabajo, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) y la Comisión de Venecia analizan periódicamente la calidad democrática de las instituciones y los poderes públicos en España y emiten recomendaciones. El grado de cumplimiento de estas últimas es también el termómetro al que recurre la Comisión Europea para redactar su informe anual sobre el Estado de derecho.

Las fuentes del Consejo consultadas, además, cuestionan la propia candidatura de Preciado, lanzada desde otro puesto de designación política como es el de vocal. El candidato ya desechado llegó a su cargo en el Poder Judicial en 2024 a propuesta del PSOE y Sumar, lo que podría afectar a su propia apariencia de imparcialidad en el proceso de selección de nuevo juez del TEDH al aparecer ya ligado a esos dos partidos, los que conforman el Gobierno cuya injerencia denuncia. Además, las fuentes critican que haya utilizado el órgano de gobierno de los jueces como “trampolín” para saltar a un nuevo puesto. Por último, recuerdan que en el caso de que hubiera podido conseguir la plaza en el tribunal europeo, el Consejo habría quedado definitivamente escorado a la derecha, ya que su sustituto sería un miembro de la conservadora y mayoritaria APM propuesto por el PP.

Fuentes del Gobierno aseguran que, por el momento, el proceso de selección sigue adelante. Si el vocal progresista consiguiera que la Audiencia Nacional lo paralizara cautelarmente, el resultado sería el bloqueo de la renovación del magistrado español del tribunal y la prórroga en ese puesto de María Elósegui, conservadora, perteneciente al Opus Dei y aupada por el Gobierno de Mariano Rajoy hace ocho años. Elósegui fue muy criticada tras su nombramiento por formaciones como Podemos, IU o En Comú (estas dos últimas forman parte de Sumar) por varias manifestaciones homófobas previas a su designación como jueza española del TEDH.

Preciado, a través de un portavoz, ha rechazado hacer ningún tipo de declaración sobre su recurso contencioso-administrativo y los motivos que le han llevado a presentarlo. Sin embargo, su interposición ha generado ya un efecto. La comisión de selección ha decidido entrevistar a todos los candidatos al puesto, entre ellos al propio vocal progresista, pese a que inicialmente descartó a 13 de ellos, entre los que se encontraba el consejero propuesto por Sumar.

Mucho ruido y pocas nueces. La comparecencia de este jueves en la Audiencia Nacional del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy no ha servido para profundizar en la supuesta conexión política de la operación parapolicial para hacerse con documentación comprometedora para el PP en Gürtel que pudiera tener en su poder el extesorero Luis Bárcenas. El exlíder conservador no se salió ni un milímetro del guion. Con una declaración medida, repleta en algunos puntos de lagunas mentales, negó todo lo que implicaba a su partido. Y solo admitió lo que está acreditado. Media hora en la que Rajoy, con el silencio de Anticorrupción y de las defensas de la cúpula de Interior, se escabulló de la Kitchen y lanzó un salvavidas a su exministro del Interior y ex secretario de Estado de Seguridad.

El interrogatorio no fue, precisamente, fluido. Las interrupciones fueron continuas por parte de la presidenta del tribunal, Teresa Palacios. La magistrada dejó claro desde el minuto cero que no iba a permitir que los abogados se salieran del perímetro marcado por los escritos de acusación. Y fiscalizó, una a una y con ojo clínico, todas las preguntas que se lanzaban. "Le ruego que reconduzcamos el interrogatorio a los hechos que aquí se enjuician", pedía una y otra vez Palacios. "Protesto", se quejaba la abogada del PSOE, que veía cómo la presidenta rechazaba algunas preguntas relacionadas, por ejemplo, con la caja B del partido pese a que la Kitchen versa, precisamente, sobre las maniobras para destruir documentos comprometedores para la formación que pudiera tener Bárcenas en su poder.

Dos tercios del interrogatorio han corrido a cargo de la letrada socialista. Y el restante, del abogado de Podemos, del comisario jubilado José Manuel Villarejo y de las defensas del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Ni una sola pregunta planteó la Abogacía del Estado. Y tampoco el fiscal Anticorrupción, César de Rivas, quien, sin embargo, sí levantó la mano en un momento dado para indicar que una cuestión que estaba lanzando la abogada del PSOE resultaba improcedente. El Ministerio Público es consciente de los límites marcados por el tribunal. Y ha decidido no salirse ni un milímetro de los mismos.

Anticorrupción siempre criticó que el instructor, el magistrado Manuel García-Castellón, circunscribiera la Kitchen al ámbito del Ministerio del Interior y no ahondara en la llamada "conexión política". "Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja", criticaba en uno de sus escritos, en los que incluso llegaba a hacer alusión a la existencia de "elementos que confluirían" en una "posible responsabilidad" del entonces presidente del Gobierno. Una sospecha que el fiscal también plasmó en su escrito de acusación cuando dijo que no podía descartarse "la intervención" en la operación de "otras personas de diferentes instancias".

El exministro del Interior también llegó a apuntar en su día, aunque de forma implícita, al PP. "Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio", lanzaba su abogado en el recurso que interpuso en julio de 2021 contra el auto de procesamiento de García-Castellón, el mismo que cerró la puerta a la rama política. Un escrito en el que, además, recordaba que al exministro del Interior "no le afectaba ni perjudicaba" el "resultado" de la investigación judicial sobre los papeles de Bárcenas, pieza separada de la Gürtel.

Misma dirección a la que también señaló su ex número dos en un mensaje de WhatsApp que en marzo de 2019 remitió al entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea: "Yo soy comprensivo, leal y comprometido. Por eso me he metido en este lío. Por eso y por nada más. Por lealtad al partido, a Jorge Fernández y a Rajoy". Uno y otro eran, por tanto, quienes podían poner en más apuros a su exjefe. Sin embargo, los abogados de ambos se han limitado a lanzar media docena de preguntas completamente inofensivas orientadas, más bien, a apuntalar determinados aspectos de su defensa en relación al reparto de fondos reservados o el conocimiento de operaciones policiales.

Con su testimonio, de hecho, Rajoy ha lanzado un salvavidas a sus antiguos mandos, tanto en el Ministerio del Interior como en la Policía Nacional. "En todo este tema no ha habido una operación política", lanzó. Más bien, continuó, se trataba de una "operación policial" cuyo "objetivo fundamental" era "coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros". Esa es, precisamente, la tesis que han mantenido en todo momento las defensas. "Y estoy convencido de que se ajustó a la legalidad", ha completado. Y eso que, según ha dicho, él se enteró de la existencia de la Kitchen mucho tiempo después, cuando "un policía lo dijo" en el Congreso de los Diputados.

Una tesis, la de la legalidad de la Kitchen, que por el momento se tambalea. En primer lugar, porque en el momento de ponerse en marcha –verano de 2013– ya se había localizado buena parte del dinero de Bárcenas en Suiza –ocurrió en enero de ese mismo año–. Y en segundo lugar, porque no se ha encontrado ni rastro, en palabras del investigador principal del caso, "de que la información que se obtenía" se trasladase "ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora". Una sospecha que también genera el hecho de no se hubiera hecho constar la existencia de la operación en el sistema interno policial hasta 2015, cuando la misma ya había concluido.

Las preguntas formuladas por los abogados de Fernández Díaz y Martínez sirvieron, además, para que Rajoy dibujase una cúpula de Interior completamente ajena al reparto de fondos reservados, operativos policiales y confidentes. Dijo que, como titular de ese departamento a comienzos de siglo, nunca se ocupó del dinero opaco. Y que, sobre este tema, el secretario de Estado de Seguridad solo firmaba "grandes partidas": "50 para Policía Nacional y 50 para Guardia Civil. A partir de ahí, no hacía más". "Ni el ministro ni el secretario de Estado ni el presidente están en las operaciones policiales", apuntó en otro momento. En los 90, el Supremo condenó a todo un exministro del Interior –José Barrionuevo– y a un ex secretario de Seguridad, Rafael Vera, por conocer, aprobar y dar el dinero necesario para el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey.

Rajoy, durante su declaración, se esforzó por cortar todos los hilos que pudieran terminar conectándole a la trama. Dijo que no se adoptaron medidas para destruir pruebas que pudieran implicar al PP en Gürtel, que no se interesó por el posible daño que ese caso pudiera tener para el partido, que no se presionó al extesorero o que nunca metió en una trituradora una hoja de la caja B de la formación política. De hecho, puso en duda la existencia de las grabaciones que dijo tener Bárcenas y que le implicaban en esa "contabilidad extracontable". Lo tenía fácil. Sólo el extesorero las ha escuchado. Y el pendrive donde las guardaba, desapareció del taller de su mujer. "No creo que las tuviera, porque si las tuviera las hubiera dado a conocer como dio a conocer otros muchos documentos", señaló el expresidente.

El testimonio de Rajoy, del mismo modo, también ha evidenciado momentos de amnesia selectiva. Por ejemplo, cuando se le ha ido preguntando por distintos mensajes que envió a Bárcenas en la primavera de 2013. Reconoció el SMS de "Luis, sé fuerte" porque "en los últimos quince años se ha publicado casi todos los días". Sin embargo, renegó de otro enviado en febrero de 2012, cuando la Gürtel ya salpicaba a Bárcenas, con aquel "hacemos lo que podemos". "¿Lo envió usted?", le preguntaron. "No", se limitó a responder.

Si alguien pensaba que el juicio de la Kitchen discurriría solo por cuestiones de carácter operativo y policial, la declaración en sede judicial de Luis Bárcenas dejó meridianamente claro que no será así. El extesorero del PP vinculó esta semana a sus antiguos compañeros con la supuesta operación parapolicial para hacerse con información comprometedora que pudiera aportar a la investigación de Gürtel. Cuando el interrogatorio de su abogada tocaba a su fin, levantó el dedo y señaló a la cúpula conservadora: "Esta operación se inicia por los responsables del partido". Una rama política sobre la que este jueves se indagará con el interrogatorio como testigo del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la exministra y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

El instructor de la causa, el magistrado Manuel García-Castellón, circunscribió en exclusiva la operación Kitchen a la cúpula del Ministerio del Interior que lideró Jorge Fernández Díaz, a quien se asignó la X de la trama. Una conclusión que, sin embargo, consideraba precipitada la Fiscalía Anticorrupción, que siempre se quejó de las reticencias del magistrado a la hora de ahondar en la "conexión política". "Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja", criticaba en el recurso de apelación contra el auto de procesamiento que dejó fuera del banquillo a Cospedal. Un escrito en el que, además, mencionaba que existían "elementos que confluirían" en una "posible responsabilidad" del presidente del Gobierno.

Rajoy comparecerá este jueves por tercera vez en la Audiencia Nacional. Antes, lo hizo en la pieza principal de la Gürtel y en la de papeles de Bárcenas. El exlíder del Ejecutivo y del PP nunca ha figurado como investigado en Kitchen, donde los indicios contra él son indirectos y a través de terceras personas. De hecho, García-Castellón ni siquiera le llamó a declarar como testigo en el procedimiento. Pero su nombre ha sobrevolado la causa en todo momento. De hecho, el informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que dio impulso a esta pieza separada del caso Tándem ya hablaba de que alguien llamado El Asturiano tendría conocimiento de la operación.

Aquel documento recogía, entre otras, la grabación de una conversación en la que el comisario retirado José Manuel Villarejo contaba a quien fuera comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera algunos detalles de la operación: "Y luego la charla a Paco [el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez] explicativa y Paco: espérate que voy a hablar con El Asturiano". En un primer momento, Asuntos Internos no fue capaz de identificar a quien se escondía tras ese mote. Pero a medida que prosiguió la investigación, lo tuvo claro. "Es Mariano Rajoy", dijo el investigador principal de la Kitchen la pasada semana en sede judicial.

Villarejo, durante la instrucción, llegó a asegurar ante el juez que intercambió algunos mensajes con Rajoy relacionados con el operativo. E, incluso, aportó un número de teléfono. Se confirmó que dicho contacto fue registrado por el PP y que estuvo dado de alta durante un periodo coincidente con el tiempo que el conservador ocupó La Moncloa. Anticorrupción pidió que se reclamara al partido el nombre de la persona o personas que hubieran tenido ese móvil corporativo, pero el instructor lo rechazó y cerró las pesquisas: "Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro".

La declaración como testigo de Bárcenas colocó a Rajoy como uno de los posibles beneficiarios de la operación. Al fin y al cabo, el extesorero aseguró que tuvo en el pasado una grabación que demostraba que el exlíder de la formación conservadora tenía conocimiento de la caja B del partido. La misma, completó, estuvo almacenada en un pendrive que desapareció del taller de su esposa. Aunque las defensas en el juicio trataron de sembrar dudas sobre el relato, lo cierto es que las cintas de Villarejo muestran cómo los comisarios de Kitchen estaban convencidos de la existencia de esos audios.

Una vez finalice su comparecencia, será la ex secretaria general del PP quien se siente ante el tribunal, que lidera la magistrada Teresa Palacios. A diferencia de Rajoy, María Dolores de Cospedal sí que estuvo investigada en este procedimiento. En su caso, con indicios directos. Pero al final, se libró del banquillo. Se decretó el sobreseimiento provisional de la causa contra ella. Y eso le da ahora margen para escabullirse de las preguntas que puedan resultar incriminatorias para ella y que puedan motivar una reapertura del procedimiento en su contra.

Unos límites sobre una situación excepcional que la presidenta del tribunal se encargaba de explicar este jueves a quien fuera marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro: "Usted tiene todo el derecho de a preguntas que puedan ser relativas a usted e incriminatorias decidir no contestarlas. Ahora, si le preguntan por hechos de otros que usted no tenga nada que ver o que, aunque fuera relacionado con usted, no tiene inconveniente de decirlo, puede manifestarse. Pero aquello que pueda suponer una reapertura del procedimiento respecto a usted con el dato suministrado por usted, eso está amparado de no efectuarlo".

El instructor dio carpetazo a la investigación contra el entonces matrimonio apenas un mes después de imputarlo. Lo hizo al entender que atribuirles una participación intelectual en la trama contra Bárcenas no era más que el "resultado de una inferencia voluntarista sin indicio alguno".García-Castellón calificaba, en aquella resolución, como "dudosa" la fiabilidad de los audios filtrados sobre la reunión de 2009 de Cospedal con Villarejo, al tiempo que resaltaba que no existían indicios para afirmar que buscase recopilar información sobre el caso Gürtel.

En aquel encuentro, que se celebró el 21 de julio de 2009 en la sede nacional del PP y que fue la continuación de otros que previamente había mantenido su marido con el comisario, se habló, entre otras cosas, del pendrive intervenido al que fuera contable de Francisco Correa. "O sea, que hay de todo", deslizó la política. "Hay mucha chicha", respondió el policía, que aseguró que habían hecho "todo lo posible" por "romper el USB".

La investigación conectó en un primer momento el nombre de la exdirigente conservadora con el proceso de captación de Sergio Ríos. Al fin y al cabo, según decía el propio Villarejo en sus grabaciones, la misma había sido posible gracias a la intermediación del comisario Andrés Gómez Gordo, quien fuera director general de Documentación y Análisis durante la etapa de Cospedal como presidenta de Castilla-La Mancha y que coincidió con el exchófer en la época en la que ambos trabajaban para el exconsejero madrileño Francisco Granados.

Y luego llegaron las agendas del comisario jubilado. Y ahí el nombre de la ex secretaria general aflora en varias ocasiones. "Llamó para vernos. La parienta María Dolores de Cospedal quiere datos para tomar decisiones", reza una anotación del 26 de enero de 2009. "Me envía a José L. Orti –en referencia a José Luis Ortiz, jefe de Gabinete de la política– con 100 y promete 50 más el lunes", se lee en otra del 6 de diciembre de 2012. "Muy preocupada con los 5 pago de 200 [sic]. Me pide que le mantenga informada", apunta un año después. Y el 15 de septiembre de 2014 insiste en que "Cospe" promete "pagar la deuda de 100" y pide "un análisis de Ezquerra [sic]".

Tanto las acusaciones como Anticorrupción intentaron que el archivo fuera revocado y que Cospedal volviera a ser investigada. Sobre todo, tras la publicación de unos audios en el diario El País en los que se la escuchaba decir a Villarejo que había que parar lo de la "libretita" de Bárcenas. García-Castellón lo rechazó, alegando que no podían sustentarse las acusaciones "sobre la base de grabaciones troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia". Una decisión que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó.

Sergio Ríos Esgueva es una de las piezas clave dentro de la Kitchen. Al fin y al cabo, de él dependía, en buena medida, el éxito de la supuesta operación parapolicial para robar a Luis Bárcenas información comprometedora que pudiera tener del PP. Como conductor y recadero del extesorero, conocía cada reunión mantenida, cada movimiento de documentación, cada escondite. Era, en palabras de Rosalía Iglesias, esposa del contable, "uno más de la familia". El topo perfecto para una misión que buscaba proteger del caso Gürtel a la formación conservadora. Un PP con el que, precisamente, el chófer había estado estrechamente conectado en el pasado.

Ríos Esgueva, nacido en Ceuta en 1975, aterrizó en casa de los Bárcenas en febrero de 2013. Lo hizo en un momento especialmente turbulento. El diario El País acababa de publicar los papeles del extesorero, que se encontraba ya bajo la lupa judicial, sobre la caja B del PP. Y el partido había retirado al exsenador, según explicó él mismo este lunes en el juicio de Kitchen, el "conductor que le tenía asignado". Es entonces cuando el extesorero descuelga el teléfono y acaba contratando a Ríos, un exmilitar con un pasado también turbulento. Fue, según publican varios medios, portero de un prostíbulo. Y las bases de datos policiales, tal y como consta en un informe de Asuntos Internos, recogen una detención a comienzos de siglo por tenencia de armas.

Su "función principal" era la de conductor, pero también hacía "tareas de carácter administrativo" –desde cobrar cheques a llevar documentación de un sitio a otro–. Un puesto para el que, en definitiva, la familia Bárcenas necesitaba a alguien de "absoluta confianza". El nombre de Ríos se lo facilitó al extesorero una persona de dentro de la formación conservadora. En resumen, un "jefe de Seguridad" del PP recomienda al entonces enemigo público número uno del partido que contrate como "chico para todo" a una persona que "había hecho trabajos" previamente para la formación. Bárcenas no dijo en ningún momento a lo largo del extenso interrogatorio el nombre de ese responsable de Seguridad, un departamento cuyo director era, por aquel entonces y según consta en resoluciones judiciales, el cuñado de Bárcenas.

El informe de la Unidad de Asuntos Internos que dio origen a Kitchen, pieza separada dentro de la macrocausa Tándem, ya hacía alusión a esa conexión laboral del chófer con la formación conservadora. En el mismo se recogían detalles de los papeles relacionados con la supuesta operación parapolicial que habían sido intervenidos en el domicilio del comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los acusados en este procedimiento. Entre otros, se mencionaba, por ejemplo, un documento denominado "CURRI CHEF SERGIO JAVIER RÍOS ESGUEVA" que, según resaltaba el informe policial, se correspondía con el currículo del conductor y que recogía, dentro del apartado "experiencia laboral", una mención al "servicio de seguridad del Partido Popular".

La lealtad de Ríos hacia la familia Bárcenas duró apenas unos meses. En el verano de 2013, el chófer ya estaba controlado por la brigada política. Según el relato de la Fiscalía Anticorrupción, hubo un "primer intento infructuoso" de captarle por parte de Enrique García Castaño, entonces comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, la que se encargó de la mayor parte de los seguimientos que se hicieron sobre el entorno del extesorero. Una captación que, finalmente, se produjo con la intermediación del excomisario Andrés Gómez Gordo, que también se sienta en el banquillo de los acusados. Y de la que se encargó el propio Villarejo, según apuntó en las primeras sesiones de juicio el investigador principal de la Kitchen.

En la causa consta, precisamente, una grabación en la que el comisario retirado reconoce ese papel de captador al empresario Adrián de la Joya y al excomisario José Luis Olivera, que también integra la lista de acusados: "Primero va El Gordo –así llamaban a García Castaño– a captarlo… Oye, tú que has sido milico no sé y no sé cuántos, todo por la patria y no sé qué..., y el otro se asusta y se acojona: no quiero saber nada de usted. El Gordo claro, utiliza la técnica esa que tiene [sic] ellos de captación brusca, que se llama… Ummm, ¿sabes? Yo lo que hago es que digo: A ver este tío dónde está..., este tío ha sido el escolta de Granados, ha sido no sé qué... ¿A quién conoce?..., a éste y a éste... Y a quién tal... Cospedín. Y me voy a Cospedín", se escucha decir a Villarejo.

Cospedín es Gómez Gordo. Y le llamaban así por la estrecha relación que tenía con la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que cuando se convirtió en presidenta de Castilla-La Mancha se lo llevó como director general de Documentación y Análisis. Ríos le conocía, recoge Anticorrupción en su escrito, de haber coincidido con él en "eventos" de la Comunidad de Madrid. El exchófer, en concreto, trabajó años atrás para el exconsejero madrileño Francisco Granados. Y Gómez Gordo ocupó también varios puestos vinculados al Ejecutivo regional. Entre octubre de 2007 y octubre de 2009 fue director de Seguridad del fallido Campus de la Justicia. Y durante el año siguiente, ejerció como "personal eventual de confianza" de la Comunidad de Madrid. En concreto, como asesor de Granados.

En diciembre de 2018, el arrepentido David Marjaliza, uno de los principales imputados en la Operación Púnica, declaró ante el juez que fue Granados quien le pidió que localizara a Ríos porque el comisario José Villarejo lo necesitaba para “interceptar” documentación en poder de Luis Bárcenas. Al parecer, Ríos era amigo del conductor del empresario. Una afirmación que provocó el enfado del abogado del exconsejero madrileño, que lo negó tajantemente.

Este martes el Consejo de Ministros ha ratificado la aprobación definitiva del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Esta medida, dotada con un presupuesto total de 7.000 millones, ha generado polémica desde que se anunció el año pasado. Si bien el Gobierno insiste en que el tono de las negociaciones con las distintas comunidades autónomas ha sido sosegado, algunas autonomías como Madrid ya han reiterado su rechazo al plan del Ejecutivo. “Es un plan que se ha hecho a espaldas de las comunidades autónomas y ni siquiera se ha aprobado en la conferencia sectorial”, ha dicho el consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad, Jorge Rodrigo, en un vídeo donde insistía en que la nueva regulación es una injerencia en sus competencias.

Hoy también se ha conocido cómo quedará el reparto de fondos que se ha realizado teniendo en consideración parámetros como la tensión del mercado, la dispersión poblacional, las tasas de desempleo y otros similares. Las comunidades que más se llevan son Andalucía y Madrid. La primera, con un importe total de 1.197 millones, de los cuales el Estado aportaría 718 millones (un 60%), mientras que el 40% restante correspondería a la región. En el caso de Madrid, recibiría en total 1.113 millones, de los cuales 667 millones provendrían de las arcas del Gobierno central. En la cola quedarían La Rioja y Cantabria, con una dotación total de 119 millones y 133 millones, respectivamente.

La propuesta queda ahora en fase de implementación y aún tiene camino por delante. Primero, el Ministerio de Vivienda se reunirá con las comunidades para explorar su implementación técnica y para la redacción de convenios. Además, se espera que en abril se celebre una comisión multilateral como primera toma de contacto con las diferentes autonomías. En mayo se celebrará la primera conferencia sectorial donde se aprobará la distribución territorial de los fondos y, finalmente, (considerando que haya acuerdo) se espera que el plan se despliegue entre julio y diciembre de este año.

El Gobierno ha condicionado los fondos al cumplimiento de determinados puntos, algo que le reprochan comunidades como Madrid o Andalucía. La primera línea roja es que toda la vivienda pública que se haga a partir de este plan debe estar blindada de por vida, esto es, que no deje de llevar la etiqueta VPO nunca. La segunda es la cofinanciación, es decir, que las comunidades pongan un 40% del dinero. La tercera es el control de los datos y la transparencia en materia de precios o de depósitos de fianza.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la responsable de Vivienda, Isabel Rodríguez, justificaba las condiciones impuestas señalando que el Estado no podía seguir siendo un mero pagador: "Que nunca más con este dinero público se pueda especular", insistió. Sobre el rechazo de la Comunidad de Madrid, la primera en pronunciarse, señaló que su presupuesto en vivienda subiría desde "apenas 300 millones el año pasado a más de 1.100 millones".

La respuesta era al hilo de las declaraciones de Jorge Rodrigo, que calificó la financiación de inviable. "El Estado dice que aporta el 60%, pero obliga a las comunidades autónomas a multiplicar por seis el esfuerzo. Además, parte de ese dinero ni siquiera está garantizado, porque depende de un presupuesto que no está garantizado”, señaló.

En el documento compartido por el Ministerio de Vivienda señalan que un 40% de la financiación debe destinarse a construcción de vivienda; un 30% debe canalizarse a la rehabilitación de vivienda existente y el 30% restante a ayudas directas para los ciudadanos. Por otro lado, ni País Vasco ni Navarra están incluidas en este plan, ya que no forman parte del régimen común.

Como se observa en el gráfico posterior, Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña son las tres comunidades que más presupuesto tendrían. En la cola, La Rioja, Cantabria y Baleares serían las regiones con menos dotación. Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se llevarían siete millones cada una en total.

A la espera de lo que ocurra en las próximas semanas, la previsión del Gobierno de llegar a acuerdos con las autonomías ha encontrado en Madrid un primer escollo. Sobre esto, la responsable de Vivienda se mostró dura con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Ella [en referencia a Isabel Díaz Ayuso] cree que daña al Gobierno cuando no aplica la ley, pero a quien está dañando es a un millón de personas que viven de alquiler en Madrid". Rodríguez señaló que durante este tiempo se habían reunido con la comunidad y se mostró escéptica ante una posible renuncia: "Tras el trabajo de estos meses con todas las comunidades, incluida la de Madrid, a mí no me entra en la cabeza que vayan a renunciar a estos mil millones. Tengo que verlo", concluyó.

El consenso de los ciudadanos para percibir la vivienda como un problema es un hecho innegable desde hace tiempo, pero ahí parecen terminar los acuerdos. Las medidas a derecha e izquierda para combatir esta crisis no suelen apuntar en la misma dirección y ese choque se ha escenificado de forma clara en la negociación del Plan Estatal de Vivienda que llega al Consejo de Ministros este martes. Cuando se concretó el año pasado, la iniciativa del Gobierno recibió un no rotundo por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP).

En septiembre de 2025 los populares emitían un comunicado acusando al Ejecutivo de legislar “contra las comunidades” y de hacerlo “sin diálogo”. Tras varias reuniones, conferencias sectoriales y una incorporación de alegaciones, fuentes del Ministerio de Vivienda señalan a infoLibre que el tono ha sido “más sosegado y más constructivo de lo que pueda parecer” y cuentan con que las autonomías se adapten sin reticencias significativas.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, llegó incluso a recurrir la ley de vivienda ante el Tribunal Constitucional, aunque la resolución avaló en su mayoría la propuesta del Gobierno. Otras comunidades como Cantabria o Madrid (que también apeló al Constitucional sin éxito) se mostraron muy reticentes y pedían incluir medidas relativas a la okupación o a la liberalización de suelo. “No se está topando (el alquiler) en Madrid porque el PP no quiere, ni en Andalucía porque el PP no quiere y ni en Aragón porque el PP no quiere”, lanzaba la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en respuesta a la posición de Madrid.

Estas discrepancias han prolongado la concreción del plan fuera de los plazos establecidos inicialmente, ya que la idea era ponerla en marcha antes de que finalizase 2025. Pero fuentes de la negociación señalan que se ha optado por dilatar las conversaciones para poder alcanzar consensos. “Siempre puede haber una orden de Génova de última hora, que no sería la primera vez que pasa, pero si las comunidades autónomas van en la misma línea de lo que se ha trasladado en las negociaciones, confiamos en que pueda haber un acuerdo”, concluyen las mismas fuentes. 

Para tratar de suavizar las reticencias iniciales, el Ministerio de Vivienda abrió un periodo de alegaciones e incorporó algunas de ellas a la propuesta. En concreto, ayudas a la urbanización de suelo, ayudas para sufragar los gastos de gestión y puesta en marcha del propio Plan, medidas de flexibilización en la gestión y ayudas para jóvenes.

En primer lugar, la propuesta del Ejecutivo plantea que se blinden las viviendas públicas de forma permanente y sin que puedan pasar al mercado libre al cabo de unos años. Esto es, además, una línea roja que, de no cumplirse, dejaría a las regiones que no lo asuman sin la posibilidad de acceder a los fondos del plan. Fuentes de la negociación señalan que muchas comunidades han asumido este compromiso de forma amplia y otras solo lo implementarán de forma limitada para aquellas casas que se construyan con fondos estatales.

Otro punto central será el reparto de la financiación. Con un presupuesto total de 7.000 millones, la intención es que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista y que las comunidades autónomas aporten el 40% restante. También este reparto generó polémica en su momento, ya que hasta ahora el aporte de las comunidades era inferior (en torno a un 25%). La aportación que recibirá cada comunidad se determinará teniendo en cuenta parámetros como la tensión del mercado, la dispersión poblacional, las tasas de desempleo y otros similares. Una vez determinado, es cuando se calcula el porcentaje que cada comunidad deberá añadir para completar el paquete. Esta nueva estructura de cofinanciación la justificaba el Gobierno apelando a la búsqueda de una mayor implicación autonómica en lo que tiene que ver con la vivienda, pero disgusta a las comunidades populares, que la han tachado de "ideológica".

Desde Vivienda explican que, ante las quejas que apuntaban a unos plazos demasiado cortos para su puesta en marcha, será el Gobierno quien asuma los gastos hasta que las comunidades puedan ajustar sus presupuestos. "El primer año lo damos de cadencia y luego ellos comienzan a financiarlo los cuatro años siguientes”, concluyen.

Además del blindaje de la protección pública y del dinero, la norma prevé poner orden en el caos de datos para que se pueda seguir la evolución de los precios a través de organismos oficiales, como los depósitos de fianzas de las comunidades, y no por entidades privadas como los portales inmobiliarios. Este es otro de los requerimientos que Vivienda ha lanzado a las comunidades, exigiendo más transparencia en, por ejemplo, los datos sobre depósitos de fianzas de cada administración o el número de viviendas vacías.

Más allá del marco general y de la batalla política están las medidas destinadas a facilitar el acceso y contener los precios. El documento recoge ayudas a jóvenes para el alquiler con opción a compra de hasta 300.000 euros y para compra y construcción de primeras viviendas en municipios con problemas demográficos. Estas últimas con una dotación que superaría los 10.800 euros. También se incrementa la cuantía del bono joven hasta 300 euros al mes y se concede una ayuda de hasta 250 euros mensuales para alquiler de vivienda habitual.

En conjunto, el reparto porcentual de los fondos pasa por destinar un 40% del presupuesto a la nueva construcción o a la compra de vivienda protegida y un 30% a la rehabilitación.

El otro punto clave es ampliar el parque de vivienda y movilizar casas vacías. Se crearán ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías con una cuantía de hasta 35.000 euros si después se ponen en alquiler residencial un mínimo de cinco años a un precio asequible. El plan incluye, también, ayudas de hasta 85.000 euros para construir vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes, que podrán destinarse a la venta.

Los plazos para la puesta en marcha de la nueva regulación se conocerán tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde la ministra de Vivienda, aportará información al respecto.