El popular Juanma Moreno ha sido reelegido este jueves por el pleno del Parlamento autonómico presidente de la Junta de Andalucía con los votos del PP y Vox poco después de que esta misma tarde los dos partidos hayan firmado un acuerdo de gobierno.

La investidura se ha producido en una segunda votación, después de que el martes Vox votara en contra, y Moreno ha obtenido el apoyo de los 53 diputados del PP y los 15 de Vox, y el voto en contra de los 28 del PSOE, los 8 de Adelante Andalucía y los 5 de Por Andalucía.

El acuerdo de las derechas han incluido el concepto de 'prioridad nacional' en el acuerdo que ambas fuerzas han suscrito para la gobernabilidad de Andalucía en la nueva legislatura, un pacto que da entrada a los de Abascal en el Ejecutivo regional con una consejería con rango de vicepresidencia.

El pacto, que se ha conocido este jueves, poco antes de la votación de la investidura, recoge en su punto 18 de los 150 que contiene que se establecerá la "'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas públicas", que pueden ser "ayudas, subvenciones y prestaciones públicas" ligadas a "un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Ese "arraigo" se medirá, dentro de la "legalidad vigente", con un "periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio" y ligado a la "trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema".

El pacto PP-Vox contempla también la "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital".

El acuerdo recoge también en el punto 49 la 'prioridad nacional' en el "acceso a la vivienda protegida y al alquiler social", que se basa, como ocurre en el caso de las ayudas, en un "un arraigo real, duradero y verificable con el territorio" comprobable por el empadronamiento histórico en España de al menos diez años para la compra y cinco para el alquiler.

Además, PP y Vox han acordado reforzar "los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio" para "garantizar la estabilidad residencial, fijar población, fomentar la cohesión social, favorecer la consolidación de proyectos de vida" y facilitar la vuelta de los andaluces emigrados.

Por eso se valorará "al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en Andalucía, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región" y "todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda" como son jóvenes, "nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo" y similares.

El acuerdo recoge también la expulsión del sistema de VPO de quienes han sido condenados "como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años".

“La puerta se cerró detrás de mí con un sonido que, todavía hoy, sigo escuchando. No fue un ruido especialmente fuerte, pero fue definitivo. Quince días antes estaba sentado en una mesa donde se tomaban decisiones que afectaban a todo un país. Quince días después, estaba solo, en nueve metros cuadrados, intentando entender cómo había llegado hasta allí. Ese contraste no es progresivo, es violento”.

Así describe el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán su ingreso en prisión. Y lo hace en el libro La caída: poder, relato y destrucción en la era del juicio político, escrito en buena parte en Soto del Real. Un texto autoeditado y distribuido a través de Amazon en el que se presenta principalmente como víctima de un “juicio político” y en el que plasma su particular visión del poder, la justicia y los medios de comunicación, además de reivindicar el principio de la presunción de inocencia.

Cerdán plantea como principal idea que su caída en desgracia política y judicial se debe a su papel para construir mayorías que parecían imposibles, como la de la investidura de Pedro Sánchez después de las elecciones del 23J. Y pone también el foco en una supuesta operación contra él por ser el encargado de negociar durante estos años con el PNV y con Junts, dos formaciones clave para sustentar al socialismo en el Palacio de la Moncloa.

Pero los silencios y omisiones son también muy elocuentes. No hay ninguna mención a la exmilitante Leire Díez, con la que supuestamente orquestó una operación para boicotear investigaciones judiciales relacionadas con el Gobierno y con el PSOE. Tampoco hace mención al exasesor Koldo García, con el que supuestamente formó parte del entramado para cobrar mordidas por adjudicaciones de contratos de obra pública. Un libro que respira aire de defensa ante los tribunales.

A José Luis Ábalos, su gran compañero durante años en el partido y ahora condenado a 24 años de prisión por el caso Mascarillas, solo lo cita una vez con su apellido en todo el libro. En concreto, lo hace al recordar el momento de la reunión en Ferraz capitaneada por Pedro Sánchez para decidir si se presentaba la moción de censura, que posteriormente marcaría el giro inesperado que ha determinado la política española desde junio de 2018.

Lo que sí quiere dejar por escrito el navarro es su versión de que fue él quien decidió dimitir de su cargo como secretario de Organización el mismo día que se publicó el informe de la UCO sobre sus actividades. Relata que lo leyó en su escaño en el Congreso, durante la sesión plenaria: “El hemiciclo sigue ahí, yo ya no”. “Lo que leo no tiene sentido, interpretaciones sin sustento, afirmaciones que no reconozco y, sobre todo, unos audios que no son conversaciones mías”, afirma.

Según Cerdán, se fue posteriormente a su despacho en la sede del partido en la madrileña calle de Ferraz y allí tomó la decisión, junto a su equipo, de dejar su puesto orgánico y su escaño en el Congreso. Deja esta idea: “Nadie me pidió la dimisión. Fue una decisión propia, convencido de que era mi obligación, de que era la única forma de poder defenderme”.

En ese momento, prosigue Cerdán, recibió otra llamada de Sánchez para pedirle que fuera a Moncloa. Relata entonces: “Le explico lo que estoy leyendo, que las acusaciones son muy graves, que no las reconozco, que no tiene sentido. Pero también le digo que tengo la decisión de dimitir tomada”.

Pero lo peor, añade Cerdán, no fue la caída “institucional”, sino la “personal, emocional y vital”. Ahí sí expresa su pesar por la decisión del PSOE de que el abogado del partido dejara de representarlo y le comunicara que debía buscar una defensa por su propia cuenta. “Me encontré solo”, escribe, para luego hablar del “golpe definitivo” cuando el Tribunal Supremo ordenó su ingreso en prisión.

“Nadie ha explicado qué pruebas podría destruir ni por qué ese riesgo era real para justificar una medida tan extrema como la entrada en prisión”, se queja Cerdán, quien dice que no quiso ni comprar una televisión en la cárcel para no ver el tratamiento mediático que estaba recibiendo.

Cerdán carga contra el ecosistema de justicia y medios: “La combinación de filtraciones selectivas, investigaciones prolongadas y cobertura mediática masiva genera un entorno en el que la sospecha se transforma en una verdad socialmente aceptada. A partir de ahí, la justicia deja de percibirse como proceso y pasa a convertirse en escenario”.

Su reflexión pasa por esta línea: “Se utiliza la justicia como instrumento de gestión y de comunicación. El objetivo es influir en la opinión pública y generar un determinado clima social, para lo cual se instrumentaliza el derecho dentro de una guerra política mucho más amplia que mi caso”. Con esta apreciación: “Y cuando esto sucede, nadie, y digo nadie, está completamente a salvo”. Para lamentar también que el informe “demoledor” de la UCO sobre él ya se venía anticipando en la prensa desde un año antes de su publicación.

Asimismo, también habla de los momentos elegidos para ir contra él y pone, como ejemplo, la publicación de una noticia sobre el supuesto pago de Víctor de Aldama de una comisión de 15.000 euros en un bar cercano a la sede del PSOE. Esa noticia apareció justo cuando iba a arrancar el congreso federal en Sevilla, en el que Cerdán fue reelegido secretario de Organización. 

Cerdán alimenta en el libro la idea de que su caso forma parte de un juicio político contra él principalmente por haber armado esas mayorías “imposibles”, especialmente a través de su conexión con el PNV, EH Bildu y Junts. Sobre los nacionalistas vascos, cuenta cómo cerró el apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy la noche anterior, aunque se pactó que fuera Aitor Esteban el que anunciara su voto durante la propia sesión plenaria.

Pero, añade el exdirigente socialista, “un antes y un después” de su vida fue la relación con Junts. Fue un encargo directo de Sánchez, pero mucho antes de la investidura. El jefe del Ejecutivo le pidió abrir una vía de diálogo ya pensando que los posconvergentes serían necesarios después de las elecciones generales de 2023. Ese acercamiento se inició con la ayuda del PNV, que sirvió de contacto para que el entonces secretario de Organización se viera con Jordi Turull en Bilbao por primera vez. 

Hubo conversaciones muy discretas durante meses. El otro gran punto de inflexión fue la reunión con Carles Puigdemont en Bruselas, con foto incluida. Para Cerdán, aquel acuerdo “simbolizó un cambio de etapa” porque abrió la puerta a la investidura de Sánchez y a la Ley de Amnistía, “con todo lo que ello acarreaba”. “Todo se puso en marcha aquel día”, dice.

Según Cerdán, “los ciudadanos no votan para el conflicto, sino para que se resuelvan sus problemas”. “Pero esa forma de entender la política tiene un precio. Porque moverte entre posiciones distintas, construir acuerdos y hacer posible lo que otros consideran imposible también genera incomodidad”, remarca.

Por eso, el ex secretario de Organización del PSOE abona esta tesis del juicio político con frases crípticas como que el “contexto” hace que la “caída parezca un hecho aislado, cuando en realidad no lo es”. Y remata: “Es el resultado de una trayectoria, de un rol y de un conjunto de dinámicas que en algún momento convergen y lo hacen sin avisar”.

Todo apunta a que la economía acaparará el debate en la recta final de junio. Por un lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la pasada semana la aprobación de un nuevo decreto con un escudo social anticrisis por las repercusiones del conflicto en Oriente Medio. Por otro, y tras un aplazamiento de siete días, está previsto que este lunes el Ejecutivo dé el primer paso hacia los Presupuestos Generales del Estado, con la actualización del cuadro macroeconómico. Ambas medidas pasarán por el Consejo de Ministros en la misma sesión y ninguna de las dos está exenta de polémica.

Los Presupuestos son la piedra en el zapato del Gobierno desde hace años y, aunque siempre ha reiterado su intención de presentarlos, solo a principios de este mes de junio se ha concretado una fecha: 2027. Si se echa la vista atrás, desde 2016 no se han presentado en los plazos que corresponden y las cuentas públicas no llegaron al Congreso ni en 2020, ni en 2024, ni en 2025, de ahí que operen prorrogados los de 2023, que se presentaron en 2022. En los últimos años, el Ejecutivo no ha logrado cerrar una senda de déficit, de ahí que los presupuestos hayan quedado también por el camino. Este lunes, si nada cambia, comenzará de nuevo el proceso hacia su aprobación con la elaboración del cuadro macroeconómico, una especie de informe de situación que sirve de punto de partida.

El otro gran anuncio en materia económica es el nuevo real decreto que entrará en vigor para combatir los efectos de la crisis en Oriente Medio y que sustituirá al anterior, que expira el martes 30 de junio. “Movilizará todos los recursos del Estado el tiempo que sea necesario para no desproteger a las familias y los autónomos”, señalaba esta misma semana Sánchez durante un acto en el Teatro Real de Madrid. Y, aunque los detalles de las medidas que incluirá aún no han trascendido, el presidente adelantó que incluirá algunas ayudas con carácter general que irán más allá de aquellas destinadas a sectores especialmente afectados por el precio de la energía y los combustibles. 

La cuestión más polémica, que acaparó el debate en la tramitación del anterior paquete, es la vivienda. En aquel momento, los socios de gobierno del PSOE y los partidos de la izquierda llevaron a cabo una campaña para tratar de incluir en el real decreto una prórroga de los alquileres que contuviese las subidas de precios y frenase los desahucios. Incluso hubo manifestaciones organizadas por los sindicatos de vivienda para reclamar una prórroga de los contratos de alquiler. Entre las cuestiones que se contemplaban, estaba alargar dos años los contratos vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitar al 2% las actualizaciones anuales de renta. Finalmente, ante la negativa del arco de la derecha y la imposibilidad de que saliera adelante en trámite parlamentario, la medida se desgajó del decreto y decayó con los votos en contra de PP, Vox, Junts y la abstención del PNV.

En esta ocasión la presión no ha sido tanta, pero desde Sumar señalan que siguen insistiendo para que se ponga en marcha. Algunas voces del partido han vuelto a pedir que el escudo social del Gobierno restablezca la prórroga el lunes, pero desde la formación no aclaran si finalmente irá o no en el texto. "La ministra de Vivienda no tiene otra obligación de aquí al día 29 que garantizar que el real decreto que anunció el presidente del Gobierno para la semana que viene incluye sí o sí la prórroga de alquileres. Si esto no pasa, será culpa exclusiva suya", señaló en el Congreso el portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez. Fuentes del Ministerio de Economía señalan a infoLibre que la negociación del real decreto sigue abierta y tampoco concretan si contemplan incluir los alquileres en el nuevo escudo social.

A falta de saber qué ocurrirá el lunes, esta vez la movilización social ha sido escasa y la vivienda no ha tenido tanto protagonismo mediático. Sin embargo, fuentes de Sumar señalan que “siguen presionando” para que se apruebe, aunque no han precisado si será dentro de este decreto o por otros canales. El propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, lo expresaba así en la red social Bluesky este viernes. “Mamdani lo prometió y lo ha cumplido: Nueva York ha congelado los contratos de alquiler de 2,4 millones de trabajadores y trabajadoras. Aquí la derecha lo tumbó en el Congreso. Pero vamos a volver a llevar la prórroga hasta que se apruebe. Lo conseguiremos”, escribió.

Más allá del problema de la vivienda, el anterior paquete incluía descuentos sobre la electricidad, el gas y los carburantes, además de ayudas directas para sectores especialmente expuestos al encarecimiento energético, con un coste estimado para Hacienda de casi 5.000 millones de euros. Algunas de las medidas decayeron el 1 de junio, aunque el Gobierno se comprometió a hacer un seguimiento de la evolución de los precios y ello condicionará qué medidas de este tipo se mantienen el lunes.

La presión para pedir que se regule el mercado de la vivienda es la misma que la que motiva el decreto anticrisis: una evolución desbocada de los precios. De hecho, en la Encuesta de Presupuestos Familiares que ha publicado el INE, se constata que tener una casa implica sacrificar cada vez más ingresos: en concreto, un 33,2% en 2025. Este indicador incluye los precios de la luz y señala que en ese año, las familias pagaron, de media, 636 euros más que en le ejercicio previo. Además, cuanta menor renta tiene la unidad familiar, más se agrava el fenómeno y, si se mira al 20% que menos ingresos tiene, la vivienda absorbe casi la mitad de lo que ganan, un 41,9% de su renta.

En este contexto, el alquiler resulta mucho más inestable, ya que los precios están sujetos al mercado y, con una demanda creciente, mantienen una evolución constante al alza. Y, aunque esta vez las reivindicaciones no mantienen en esta ocasión un tono tan elevado como en la aprobación del anterior decreto, la posibilidad de incluir esta regulación sigue en el debate.

Hace unos días, 14 familias de diferentes ciudades catalanas anunciaban que, tras aprovechar el plazo de solicitud entre la entrada en vigor del anterior decreto anticrisis que contenía una prórroga de los alquileres y su derogación en el Congreso, habían conseguido que la socimi Vivenio, propietaria de sus casas, les concediera la prórroga. Lo anunciaba el Sindicat de Llogateres de Cataluña, que insistía en la necesidad de que el Gobierno reactivara esta medida en el decreto del lunes.

“Es urgente que si la Moncloa quiere aprobar un plan anticrisis el próximo lunes, lo incluya en ese decreto. Es el momento de no dejar a nadie colgado y de evitar nuevas expulsiones de gente inquilina", señalaba Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres y de la Confederación nacional de Sindicatos de Inquilinas. “Todas las personas que quedaron fuera de las anteriores prórrogas, también los inquilinos que están en tácita reconducción, tienen que quedar cubiertos”, insistía.

El pasado viernes los sindicatos expresaban de nuevo su malestar con una nota de prensa en la que insistían sobre lo mismo, alegando que si las Comunidades Autónomas no aplican la Ley de Vivienda, el mecanismo de la prórroga puede servir de protección hacia los inquilinos. “La Confederación de Sindicatos de Inquilinas exige la recuperación del Real Decreto sobre las prórrogas que incluyan, también, los contratos en tácita reconducción [es decir, de renovación automática]. De tal manera que, se aplique o no la Ley de Vivienda en las Comunidades Autónomas, las inquilinas puedan tener una estabilidad que de otra manera no tendrían”, protestan.

Finalmente, en lo que respecta a los Presupuestos, con el anuncio de presentación se inicia un camino de largo recorrido hacia su concreción. Aunque, de llevarse a cabo, el proceso desembocaría en un arco parlamentario nada favorable para su aprobación. Con la elaboración del cuadro macroeconómico, lo que se hará es una estimación sobre las previsiones de crecimiento, empleo e inflación para los próximos años, sobre las que se trabajará después para distribuir la financiación y los niveles de déficit permitidos.

“Estoy cruzando los dedos para tener buenas noticias pronto”, asegura Rachid Bouderka, un joven de 29 años originario de Marruecos y una de las 900.000 personas que se ha acogido al proceso de regularización extraordinaria que aprobó el Gobierno el pasado 14 de abril, que finaliza este 30 de junio. Bouderka es diseñador web y en su país veía muy limitadas sus oportunidades profesionales, por lo que decidió venir a España “para encontrar algo mejor”.

En marzo de 2025 viajó a Portugal, país para el que tenía visado, y desde ahí se trasladó a Madrid. En la capital ya estaba su primo asentado, que le ayudó a encontrar una habitación en la que vivir. En el año y tres meses que lleva en España ha tenido que encadenar diferentes trabajos irregulares, como repartidor, jardinero o pintor, para poder mantenerse. “Cuando me salía algo, tenía que hacerlo”, cuenta en conversación con infoLibre.

Por esta razón, el proceso de regularización extraordinario fue una luz de esperanza en su camino. “Cuando salió la noticia, supe que era una buena noticia, porque yo tenía el plan de esperar dos años para hacer arraigo”, relata. El pasado 27 de abril pudo presentar la solicitud y ahora está a la espera de una respuesta. “Tuve que aportar una lista de documentos”, entre ellos el certificado de antecedentes penales de Marruecos y pruebas de presencia en España como la tarjeta de transporte público, una tarjeta de donación de sangre y pruebas de participación en eventos deportivos.

“Para mí la regularización me permitirá tener estabilidad legal, que es todo lo que estoy buscando, para tener esa tranquilidad. Ojalá me salga el permiso de trabajo y residencia, porque voy a conseguir crecer profesionalmente y un trabajo de lo mío”, explica. Durante todo el proceso ha estado acompañado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), donde ahora participa como voluntario.

Esa misma tranquilidad buscaba Carla (nombre ficticio), que llegó desde Colombia a España en 2023 en busca de asilo. En su país tuvo problemas con sus tierras familiares y se vio envuelta en un conflicto en el que desaparecieron sus tíos y su abuelo. Cuando llegó, lo que más sintió fue la “incertidumbre”: tuvo que trabajar en lo que podía, muchas veces solo durante unas horas. “Es muy duro emocionalmente no tener una estabilidad laboral”, denuncia al otro lado del teléfono. 

“Muchas empresas no te contratan cuando ven la tarjeta roja de asilo, por lo que este proceso ha sido como una luz en el túnel”, explica. En su caso, ya ha recibido la buena noticia de que su regularización ha sido aceptada. “Estoy muy feliz, ya pidiendo la cita para las huellas”, relata, y destaca el acompañamiento recibido por parte de las trabajadoras sociales de CEAR.

“Soy la voz de muchos migrantes que realmente lo que queremos es una calidad de vida y una tranquilidad” agrega. Y explica que ya se puede olvidar de “ese agobio de si vendrá esa resolución de asilo”. “Era una incertidumbre muy terrible”, resume.

“El perfil de las personas que hemos atendido refleja bastante bien la realidad migratoria de España”, relata a este periódico el presidente de CEAR, Mauricio Valiente. Predominan las personas latinoamericanas, “muchas de ellas jóvenes”, aunque la organización ha observado “una mayor presencia de personas procedentes de países asiáticos, algo que resulta llamativo en comparación con nuestro trabajo habitual”. “Hemos atendido a numerosas personas de Bangladesh, India o Sri Lanka, colectivos que probablemente han permanecido en situaciones de irregularidad menos visibles hasta ahora”, añade.

Detrás de cada una de estas solicitudes hay una historia distinta, pero desde CEAR destacan tres factores comunes entre muchas de las personas migrantes que han acudido al proceso. “El primero es la necesidad de regularizar trayectorias migratorias que ya están plenamente asentadas en España. Se trata de personas que han construido aquí su vida, que tienen posibilidades reales de empleo y de integración y que desean normalizar su situación administrativa”, destaca Valiente.

“El segundo factor es la posibilidad de recuperar la relación con los familiares. La regularización no solo permite avanzar hacia la reagrupación familiar, sino también recuperar algo tan básico como la posibilidad de viajar y mantener el contacto con los seres queridos. Para muchas personas migrantes, la imposibilidad de regresar a su país o de visitar a sus familiares constituye una de las situaciones más dolorosas de la irregularidad administrativa”, continúa.

Por último, Valiente apunta una tercera dimensión, mucho más simbólica, “relacionada con el reconocimiento del papel que estas personas desempeñan en la sociedad española. El hecho de que este proceso haya sido impulsado por una iniciativa legislativa popular y que las propias organizaciones de personas migrantes hayan tenido un papel protagonista ha generado una percepción de reconocimiento y participación que también resulta importante”.

Vitali Aguilar, de 31 años y nacido en Rusia, no tiene ninguna duda del objetivo que persigue con su regularización y la de su familia. “Al final, lo único que quiero es trabajar, contribuir y sacar adelante a mi familia. Quiero tener una vida digna y ofrecerle a mi hijo un futuro mejor”, explica a infoLibre.

Su historia con España es larga, ya que llegó al país por primera vez con ocho años, “gracias a un programa que existía entonces y que permitía que niños rusos y ucranianos pasaran aquí los veranos”. Estuvo con una familia de acogida y repitió la experiencia durante los siguientes veranos. Con 14 años, su abuelo le preguntó si quería venirse a vivir a España y dijo que sí.

“Vine con un permiso de estudios y, cuando terminé mi formación, obtuve un permiso de trabajo”, relata. Sin embargo, acabó teniendo que volver a Rusia. El estallido de la guerra en su país de origen lo cambió todo y, junto a su mujer, decidieron hace tres años regresar de forma definitiva a España, concretamente a Sevilla. “Al regresar me encontré con que había perdido toda mi documentación y tenía que empezar prácticamente desde cero”, denuncia.

Por esta razón pidieron asilo político y han estado años pendientes de la resolución, hasta que el pasado mayo recibieron la noticia de que se lo habían denegado. “Cuando vimos que la situación se complicaba, empecé a buscar alternativas para regularizar nuestra situación. Ya no éramos solo dos: también teníamos un hijo pequeño y necesitábamos estabilidad”, explica Aguilar.

En un principio se planteó recurrir la resolución, pero entonces llegó la noticia de la regularización extraordinaria. “Me enteré por la televisión, como creo que le ocurrió a mucha gente. Al principio me costó creerlo. A veces se anuncian medidas relacionadas con migración que luego tardan mucho en aplicarse o no terminan de materializarse, así que tenía dudas. Sin embargo, me llamó la atención que fuera un proceso relativamente sencillo y con menos exigencias documentales de las habituales”, celebra Aguilar.

Contactó con varios abogados para buscar orientación y fue una de las letradas de CEAR la que le explicó bien el procedimiento. Finalmente, la familia presentó la solicitud para toda la familia el 17 de junio. 

“La posibilidad de regularizar nuestra situación no solo significa poder trabajar, también supone poder pensar en el futuro. Cuando una familia tiene estabilidad económica puede plantearse ahorrar, comprar una vivienda o incluso abrir un pequeño negocio. En definitiva, permite empezar a construir una vida digna. Mi mayor deseo es que mi hijo tenga oportunidades que yo no tuve. Quiero que estudie en buenos centros, que pueda formarse y que tenga la posibilidad de elegir el futuro que quiera para sí mismo”, explica Aguilar.

Aunque CEAR describe el proceso como “positivo”, también destaca una serie de problemas detectados durante estos meses. En el momento del anuncio, la principal crítica se dirigió a la “falta de preparación inicial, fundamentalmente por la falta de concreción por parte de la Administración”, explica el director general de la organización.

“Sin embargo, el desarrollo posterior del proceso ha sido razonablemente bueno. Hemos podido ir resolviendo las dificultades que han ido apareciendo sobre la marcha y creemos que finalmente ha llegado a las personas a las que iba dirigido”, relata .

Los problemas, no obstante, no han tenido tanto que ver con los plazos como con la imposibilidad de obtener determinados documentos, “especialmente en algunos países donde renovar un pasaporte o conseguir antecedentes penales resulta muy complicado”. Valiente destaca que estos obstáculos “difícilmente se habrían solucionado con una simple ampliación del plazo”.

Las mayores tensiones se han vivido en las ciudades donde hay una mayor concentración de población migrante, como Madrid o Barcelona, donde “la magnitud del proceso ha movilizado a centenares de miles de personas”.

A esto se suma que la respuesta institucional ha sido desigual. “Ha habido comunidades autónomas y ayuntamientos que han colaborado activamente, movilizando recursos y facilitando el desarrollo del proceso. Otras administraciones, en cambio, han adoptado una actitud más pasiva e incluso han intentado obstaculizarlo”, relata Valiente. En este punto, CEAR señala las ocho comunidades gobernadas por el PP —Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Castilla y León y Galicia— que han presentado recursos para intentar paralizar la regularización.

Sin embargo, este proceso no es nada más que un punto de partida.“Una regularización extraordinaria es, en cierto modo, la constatación de que algo no está funcionando adecuadamente en los mecanismos ordinarios, porque lo deseable es que los procedimientos habituales de regularización sean capaces de responder a las necesidades reales de las personas migrantes sin necesidad de recurrir periódicamente a medidas excepcionales”, asegura Mauricio Valiente.

“El nuevo reglamento ha ampliado y simplificado algunas vías de arraigo, y eso supone un avance importante. Ahora el reto consiste en garantizar que esas herramientas funcionen adecuadamente, para lo que hacen falta recursos, personal y capacidad administrativa. Las buenas leyes, si no van acompañadas de medios suficientes para aplicarlas, corren el riesgo de quedarse en papel mojado”, denuncia.

Hace poco más de un año que murió Brian Wilson y desde entonces he vuelto varias veces a Pet Sounds. Lo hago con esa mezcla de gratitud y melancolía que me producen las canciones que han aprendido a envejecer mejor que yo, por esa engañosa apariencia de lo inevitable que conserva el disco. Pareciera que su música siempre hubiera estado ahí, flotando en el aire californiano esperando a que alguien la recogiera.

Conviene no fiarse demasiado de la belleza. Detrás de aquellos temas míticos había talento, claro, pero también había esfuerzo, tecnología, músicos, horas de grabación y una industria muy compleja. La inspiración y el ritmo de The beach boys necesitaban cables y un presupuesto detrás, y si una escucha con atención puede llegar a percibir el ruido del trabajo ajeno sobre el que descansan unas melodías que parecen caídas del cielo.

Con la inteligencia artificial pasa algo parecido: nos fascina la respuesta que aparece en la pantalla, ese pequeño milagro de una frase con aparente sentido cuyas palabras se ordenan ante nuestros ojos. Casi magia. Preguntamos y la máquina responde con una frase de una limpieza casi inquietante. La parte que vemos es tan cómoda que se come el resto de la historia. No hay forma de escuchar el ruido tras la melodía y es más que evidente que la verdadera historia está detrás (en los grandes centros de datos, la supercomputación, el trabajo periodístico, la red eléctrica… y en los millones que se mueven en este mercado del disparate). Parece ligera porque cabe en una ventana de un chat, pero pesa toneladas.

España acaba de entrar en la carrera con nada menos que 719 millones de euros para impulsar una gigafactoría de inteligencia artificial. Por si todavía no lo saben, las gigafactorías son centros de datos enormes con el propósito de albergar cientos de miles de GPU (unidades de procesamiento gráfico) que son imprescindibles para entrenar a los grandes modelos de IA. El nombre parece sacado de una historieta, pero describe bien lo que promete: una instalación gigante con chips carísimos, mucho espacio y un gran consumo en refrigeración y conexión. Además de la paciencia administrativa, porque hablamos de dinero público.

Ahí empieza lo interesante, porque desde Reagan y Thatcher hemos escuchado la cantinela neoliberalista de que el mercado se regulaba mejor sin interferencia del Estado, que debía evitar la tentación de intervenir con sus ineficientes regulaciones que lo complican todo con su burocracia. La planificación industrial olía a despilfarro y a señores con carpeta decidiendo mal y tarde, así que cambiamos planificación por palabras más modernas y que sonaban mucho mejor: emprendimiento, talento, innovación… el no va más del neoliberalismo. Cualquier cosa menos permitir que una sociedad decidiera hacia dónde orientar su economía.

En estas estábamos cuando irrumpe la IA y hoy tenemos a Francia movilizando inversiones enormes en centros de IA; a Europa creando programas de supercomputación y planes de autonomía tecnológica… y a España entrando de lleno con fondos públicos. Llegan tarde, claro. China lleva años pregonando que la IA forma parte de su estrategia nacional y parece evidente el giro mundial, aunque casi nadie lo llama planificación. Lo llamamos resiliencia, que queda mucho mejor. O autonomía estratégica. O transición digital. Nos vale todo lo que parezca nuevo, no vayamos a caer en el viejo vicio de llamar a las cosas por su nombre: el Estado corriendo con parte del riesgo que el mercado no quiere asumir solo.

No creo que Trump se haya convertido al keynesianismo con coro de gospel en el despacho oval. Creo que lo que ocurre es mucho más prosaico: la IA se ha revelado como una tecnología demasiado potente como para dejarla en manos del mercado. En el caso de Trump, el mercado chino. Afecta a la defensa y a la hegemonía yanqui. Al poder geopolítico, en resumidas cuentas, y por ahí no pasa la Casa Blanca. Poco le importó al poder que la globalización debilitara durante décadas la capacidad de elegir dónde se producía cada cosa: la cadena de suministros se estiró por el planeta buscando mano de obra barata, sin protección laboral… La IA acelera ahora un viaje de vuelta y los gobiernos intentan recuperar la capacidad de decisión.

No me digan que la paradoja política no es notable. Después de años viendo a los mismos tomar decisiones para apartar al Estado en favor del mercado (hola, Quirón), los vemos ahora compitiendo por macrocentros de datos. Esto debería obligarnos a abrir una conversación democrática seria: si vamos a dedicar fondos públicos (estatales o autonómicos), la ciudadanía debería poder decidir sus condiciones: desde quién se beneficia a dónde se instala, qué energía consume o qué dependencias provoca. Y, sobre todo, qué retorno va a tener para una sociedad que aporta los recursos. 

La pregunta de fondo no es anti tecnológica, es democrática. Si la IA necesita recursos e infraestructuras públicos, también necesita control público. El Estado ha entrado en El cuarto de máquinas y algunos prefieren que no se diga en voz alta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto para aumentar la financiación de la dependencia con 2.218 millones adicionales para 2026, de tal forma que la aportación del Estado, según el jefe del Ejecutivo, superará los 7.200 millones de euros el año que viene.

Sánchez ha hecho este anuncio durante su intervención en un acto celebrado en el Imserso sobre dependencia y discapacidad, junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y ha destacado que este real decreto "permitirá cumplir con el compromiso de la legislatura" de que el Estado financie el 50 por ciento del gasto total de la dependencia.

El decreto "blinda por ley" el aumento de la financiación que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia, e implica duplicar las cuantías de las personas que requieren más apoyos, han explicado a EFE fuentes de Derechos Sociales.

En total, estos incrementos implican que la aportación económica del Gobierno a la dependencia alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.239,4 millones de euros en 2027.

"Lo primero que debemos hacer es reducir las listas de espera", ha señalado Sánchez, y garantizar más y mejores cuidados aumentando la intensidad de la atención, reforzar los apoyos que reciben y dignificar las condiciones de quienes cuidan, porque “todos, antes o después, necesitamos alguien que nos cuide”, ha dicho.

Entre 2012 y 2020 la aportación del Estado permaneció estancada en mínimos históricos. Desde entonces se ha triplicado la inversión estatal en dependencia, pasando de unos 1.300 millones de euros a casi 3.800 millones en 2025, ha recordado el jefe del Ejecutivo.

A partir del 1 de julio, las comunidades recibirán esa mayor dotación económica para continuar reduciendo listas de espera, contratar a más personal, mejorar sus condiciones, ofrecer más servicios y ampliar otros como los cuidados a domicilio, han explicado desde el ministerio de Bustinduy.

Así, las cuantías para el grado III (gran dependencia) suben un 128%, pasando de 290 euros al mes a 660 euros al mes; para el grado II (dependencia severa) suben un 100%, pasando de 130 euros al mes a 260 euros al mes, y para el grado I (dependencia moderada) suben un 18%, pasando de 76 euros al mes a 90 euros al mes.

Esto supone que en 2027 la inversión del Estado en dependencia será el doble que en 2025 y cinco veces más que hace una década, cuando el Ejecutivo que gobernó entre 2011 y 2018 recortó su aportación al sistema en más de 5.400 millones de euros, recuerdan desde el Ministerio de Derechos Sociales.

Es, ha dicho Sánchez, la “mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática”, que “multiplica por cinco la financiación estatal” porque para el presidente del Gobierno, “la grandeza de un país no se mide por los rascacielos o las cuentas de sus grandes empresas, sino por como cuida”.

El plan de expansión facilitará a los gobiernos de las comunidades poner en marcha los cambios estructurales que establecerá la reforma de las leyes de Dependencia y de Discapacidad, que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados, y consolida el mandato del nuevo artículo 49 de la Constitución para garantizar derechos e inclusión a las personas con discapacidad.

El PSOE llevaba días esperando la sentencia del Tribunal Supremo por el caso Mascarillas. En mitad de una vorágine judicial que hace tambalear el tablero político. Y finalmente llegó. Con una dura condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos de más de 24 años de cárcel. Un hombre que lo fue todo en el partido, pero al que los socialistas habían dado la espalda hace ya mucho tiempo.

Nadie defiende a Ábalos hoy en día en el socialismo. Todos le reprochan no haber actuado conforme a los principios del partido. Y, además, hay una profunda indignación por el daño que ha hecho a la formación que él dirigió durante años a través de la Secretaría de Organización. Un sentimiento de decepción, rabia e indignación recorre a cargos y militantes del partido por lo que hizo el exdirigente valenciano.

El PSOE ya había hecho desde hace meses la digestión de una posible condena. Por eso, encaja durante estas horas este golpe judicial con la idea de que el partido actuó “desde el primer minuto”, como defienden en el cuartel general de los socialistas. Y se reafirman en la dirección del partido en que Pedro Sánchez hizo lo correcto al apartarlo al conocerse los primeros informes e indicios, algo que no fue bien visto incluso entre sectores del partido en ese momento.

En el PSOE dan por amortizado el daño electoral por el caso Ábalos, pero uno de sus objetivos en estos momentos es defender su actuación y remarcar que es un partido “limpio”, como indican varios dirigentes, después de los cambios orgánicos llevados a cabo a raíz de los escándalos del exministro de Transportes y del exsecretario de Organización Santos Cerdán.

“Somos un Gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público. A lo largo de estos años, hemos construido equipos, actuado e impulsado numerosas leyes y regulaciones en virtud de ello”, defendieron fuentes del Palacio de la Moncloa tras hacerse pública la sentencia.

Con este mensaje principal: “Por eso, lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios. Y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada”.

Pero también hay miembros del Gobierno que apuntan a que es “desproporcionada” esa sentencia porque conlleva penas de cárcel de más de 24 años para Ábalos y de más de 19 para el exasesor Koldo García, mientras que exime de ingresar en prisión al empresario Víctor de Aldama, condenado a más de cuatro años, y de devolver los 3,7 millones de euros de comisiones.

Este sentimiento se repite entre miembros del Gobierno y del PSOE en privado, aunque algunos dirigentes también lo sacaron a relucir en público, como el actual titular de Transportes, Óscar Puente, y la portavoz federal, Montse Mínguez, que escribió en X: “Quien la hace, que la pague, por supuesto, pero: 24 años para Ábalos, 19 años para Koldo y 4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP. ¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Porque, sinceramente, cuesta entenderlo”.

Aldama llegó a acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de conocer la trama, aunque sin aportar ninguna prueba. No hay ninguna referencia al jefe del Ejecutivo en la sentencia del Tribunal Supremo. El empresario se ha convertido durante estos meses en un icono para parte de la derecha, que lo defiende al entender que puede hacer caer al Gobierno.

Diferentes voces del PSOE comentan también en privado que, tras la sentencia, el empresario condenado se hizo una fotografía con el agitador Vito Quiles, quien en redes dijo: “Lo que estamos preparando va a ser un golpe histórico contra Sánchez. Aldama ya es libre y está dispuesto a seguir ayudando a los españoles a derrotar a la mafia. Atentos a las próximas horas”.

Asimismo, el apoyo al empresario llegó en redes a través de Daniel Esteve, líder de Desokupa, que colgó una foto con él y el siguiente mensaje: “Enhorabuena, hermano. Y los putos rojos ya podéis ir pasando a comernos los huevos por detrás. Aldama no entrará en prisión”.

Nadie en el partido sale a defender a Ábalos, pero sí muchos cargos ponen el énfasis en la idea que envía la parte de la sentencia relacionada con Aldama. Como indica un dirigente territorial: “Que no pise la cárcel ni tenga que devolver la comisión que se llevó de la corrupción lanza un mensaje muy peligroso a la ciudadanía: roba y si luego delatas a los demás, quedas libre”.

Para muchos socialistas, se manda el mensaje de que un corrupto se puede salvar de la cárcel si ayuda a tratar de tumbar a un Gobierno progresista. Y también varios cargos del partido dicen que esto puede servir de cara a futuros procesos en casos como los de Leire Díez y Julio Martínez.

Esta condena a Ábalos y García llega en una semana clave también para el Ejecutivo por la esperada comparecencia de Sánchez en el Congreso para informar sobre la situación tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el paso de la UCO por segunda vez por la sede socialista para requerir información sobre el caso Leire, que investiga una supuesta trama para entorpecer procesos judiciales relacionados con el partido y con el Ejecutivo.

El Gobierno, además, da este martes el primer paso para elaborar los presupuestos generales del Estado a través de la presentación en el Consejo de Ministros, por parte de Carlos Cuerpo, de la actualización del cuadro macroeconómico. Las cuentas públicas serán la clave de hasta dónde puede llegar la legislatura después de que Sánchez haya abierto la puerta a ir a elecciones anticipadas si no salen adelante. La votación de infarto podría ser a finales de octubre o principios de noviembre con las enmiendas a la totalidad. Ya nadie en el partido descarta que la cita pueda ser en el primer trimestre de 2027.

Tras conocerse la sentencia del caso Mascarillas, Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular) exigió la dimisión del presidente y la convocatoria urgente de elecciones, aunque evitó presentar una moción de censura en el Congreso. Desde el PSOE insisten en su hoja de ruta, mientras critican la hipocresía del líder del PP: “Antes de lanzar su propia moralina barata, debería explicar por qué es incapaz de exigir una sola explicación a Isabel Díaz Ayuso”.

El PSOE también criticó este lunes duramente la nueva decisión del juez Juan Carlos Peinado, que ha exigido a Begoña Gómez que entregue su pasaporte el próximo miércoles, el día en que el presidente ofrece explicaciones ante el Congreso. El Consejo General del Poder Judicial inició el proceso para decidir si abre expediente al magistrado. Desde el Ejecutivo insisten en lamentar la instrucción “anómala” y con carácter político que está sufriendo la esposa del presidente.

Una mayoría de españoles cree que los juzgados y tribunales no son independientes o no lo suficiente. Y apuntan a la política y la economía como motivos de esa falta de imparcialidad. Así lo recoge la edición de 2026 del cuadro de indicadores de la justicia de la UE que cada año elabora la Comisión Europea. España mejora ligeramente respecto a informes anteriores, pero sigue quedando muy lejos de las grandes economías de la UE, como Alemania, Francia o Italia. De los Veintisiete, se sitúa en el puesto 22 dejando únicamente por detrás a Chipre, Eslovaquia, Hungría, Croacia y Bulgaria. ¿La razón? La supuesta influencia del Gobierno y los partidos en los jueces. También la de las grandes empresas y poderes económicos. 

Frente a un 40% de españoles que considera “buena” o “muy buena” la independencia judicial, un 45% tiene una percepción negativa y la ve “mala” o “muy mala”. Entre los ciudadanos, la visión positiva gana apenas un par de puntos respecto al año anterior. Sin embargo, en la percepción de las empresas, la confianza en la independencia de los jueces crece con más fuerza, aunque en comparación con el mismo indicador en el resto de países, España no abandona los últimos puestos de la UE. El crecimiento en 2026 respecto a 2025 de las compañías con una visión positiva de la independencia judicial española es del 5%, lo que nos deja en el puesto 19 del ranking, también lejos de nuestros principales países de referencia.

La percepción subjetiva sobre la independencia de los jueces contrasta con el gasto público dedicado a este servicio. España está a la cabeza en inversión en justicia y es uno de los Estados con mejor nota en aplicación de las nuevas tecnologías al sistema judicial. Se sitúa en el puesto nueve entre los que más invierte en justicia respecto a su Producto Interior Bruto (PIB), posición en que, entre los grandes países europeos, solo es superada por Alemania. Italia, Francia o Países Bajos se quedan detrás. Si el gasto se mide por habitante, en lugar de compararlo con el tamaño de la economía, España se sitúa en una posición intermedia dentro de la UE, aunque en niveles similares a los de Italia o Francia.

Que la mayoría de esa inversión ha ido a mejoras tecnológicas para la administración de justicia lo demuestra el hecho de que, en todos los indicadores relacionados con la tecnología, España se sitúe a la cabeza de Europa. Sus calificaciones están entre las mejores en acceso a la información judicial a través de internet, la digitalización de juzgados y tribunales, el uso de la inteligencia artificial, las videoconferencias, el teletrabajo… También en la digitalización de los expedientes o la puesta a disposición de medios y aplicaciones para que ciudadanos y profesionales puedan actuar con los órganos judiciales.

Pese a que los medios materiales y tecnológicos sean buenos, España sigue estando por debajo de la media en número de jueces por cada 100.000 habitantes y solo tiene por detrás a Malta, Dinamarca e Irlanda. El dato será previsiblemente mejor en su edición del año próximo debido a que el Gobierno ha anunciado para este año la creación de 500 nuevas plazas judiciales. Este lunes, el BOE ha publicado una macroconvocatoria para cubrir 700 plaza de jueces y fiscales: 375 plazas de jueces por oposición, 125 de magistrados por el denominado cuarto turno —para juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional— y 200 más para fiscales. Con todo ello, según el Ejecutivo, España alcanzará la media europea en este indicador.

La inversión –la general y la tecnológica– tampoco se refleja en el sempiterno atasco judicial español. El informe coloca otra vez a España en los últimos puestos respecto del tiempo que los tribunales necesitan para resolver los asuntos, los casos pendientes y en la tasa de resolución (en la que estamos terceros por la cola). Sin embargo, sí sale bien parada en el acceso a métodos alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación, la negociación o el arbitraje. Desde principios de enero de 2025, cuando entró en vigor la ley de eficiencia impulsada por el Gobierno, recurrir a estos métodos antes de presentar la demanda, es obligatorio en los procesos civiles. 

Por último, y en coincidencia con otros organismos como el Consejo de Europa o la OCDE que cada año evalúan la calidad de la democracia española, el informe de la Comisión coloca a España en el grupo de países de la UE que no tienen un registro de grupos de interés (lobby), en el que también están otras grandes economías como Dinamarca, Italia, Países Bajos o Suecia. En pleno estallido del caso Plus Ultra y de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias entre otros delitos, la comisión advierte que hay que dotar de transparencia a esta actividad para que no se transforme en “una puerta hacia la corrupción”.

“Hemos superado una semana muy dura”. Esta es la sensación que domina ahora mismo el Palacio de la Moncloa y el cuartel general del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. Nadie resta dureza a lo vivido durante estos días, con los tribunales como grandes protagonistas. Pero no ven el game over que presagiaba la derecha política y mediática.

Los socialistas vieron durante toda la semana cómo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero declaraba ante la Audiencia Nacional, cómo Begoña Gómez comparecía en una audiencia previa ante el juez Juan Carlos Peinado y cómo la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se enfrentaba al interrogatorio parlamentario en el Senado por sus reuniones con la exmilitante Leire Díez.

Moncloa y Ferraz mantienen su apoyo a Zapatero, que salió de la Audiencia sin medidas cautelares, pero al que el juez mantiene su imputación, además de ampliar la investigación a sus hijas y a su secretaria. Desde el círculo de Sánchez confían en que siga el expresidente aclarando todas las cuestiones y consiga demostrar su inocencia ante el supuesto tráfico de influencias por el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Y, además, creen que se ha visualizado que el caso de Gómez no tiene sustancia y se basa en una instrucción malintencionada del juez Peinado. Sobre la directora de la Guardia Civil, en el entorno de Sánchez consideran que “salió viva” y que fue contundente en su cita en el Senado, donde despejó cualquier sombra respecto a una supuesta injerencia en las investigaciones judiciales.

Sobre la situación, señalan en el círculo íntimo del presidente: “La semana arrancó con mucha pesadumbre. No le quitamos dureza. Pero hemos ido explicando todo. Y hemos escuchado a Rodríguez Zapatero. La hemos superado”.

Y, a pesar del “ruido”, en la sala de máquinas del PSOE dicen que “la militancia está muy enchufada” y pide que el Gobierno siga actuando. En el Ejecutivo admiten que es muy difícil en el actual entorno mediático que se ponga el foco en las medidas que están saliendo adelante. Pero indican que el electorado progresista valora que se vaya a aprobar el día 29 un nuevo escudo social, que ya está negociando el vicepresidente primero y titular de Economía, Carlos Cuerpo, con los sectores implicados.

Los socialistas insisten, frente a la imagen de parálisis que venden las derechas, en que se están dando pasos de gran calado, como la aprobación en la Comisión de Igualdad del Congreso de la proposición de ley para penar con cárcel las llamadas “terapias de conversión” del colectivo LGTBI. Y que también se nota esa acción del Ejecutivo en el día a día con medidas como el Verano Joven, el programa de grandes descuentos para traslados en trenes y autobuses.

Pero esta semana se ha producido un movimiento de Sánchez de enorme trascendencia. Por primera vez, ha abierto la puerta a que las elecciones puedan adelantarse en el caso de que no se logre una mayoría para aprobar los presupuestos generales para el año que viene. El primer paso para esas cuentas públicas se dará el martes que viene con la actualización del cuadro macroeconómico, que presentará Cuerpo como base para ese proyecto de ley. 

A partir de ese momento echarán a andar los trabajos para los presupuestos generales, aunque nadie prevé que vayan al Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. Los cálculos que hacen en círculos socialistas es que el debate de enmiendas a la totalidad, el primer gran test de las cuentas en el Congreso, no se produciría al menos hasta finales de octubre o noviembre.

En caso de que el botón rojo se impusiera en la Cámara Baja, se abriría la pantalla de poder adelantar elecciones. Este escenario no es nuevo para Sánchez, ya que fue el mismo que vivió en 2019 y que le llevó a llamar a las urnas en abril de ese mismo año. Pero la mayoría de fuentes del Gobierno y del PSOE consultadas entienden que esas elecciones serían ya en 2027, lo que supondría adelantarlas casi de manera técnica.

No obstante, hay un factor esencial: las generales podrían producirse antes que las municipales, una opción que es bien vista por amplias capas de barones regionales y alcaldes. Lo que no está encima de la mesa, como ya ha confesado el propio Sánchez en alguna ocasión, es un superdomingo electoral, algo a lo que teme mucho, por ejemplo, el PNV.

“Presentaremos los presupuestos en 2026. Y habrá elecciones en 2027. No serán junto a las municipales. No puedo decir más. La realidad es muy dinámica”, aseveró Sánchez este viernes en Bruselas.

Voces socialistas también interpretan la declaración de Sánchez abriéndose al adelanto electoral si no hay presupuestos, como un gesto a algunos socios, como el PNV. Y también como una señal ante las presiones parlamentarias que persigue Junts, junto al PP, de tratar de que se vote algún texto simbólico parlamentario que exija que se pongan las urnas antes de 2027.

Pero sus colaboradores más cercanos recalcan que Sánchez está fuerte: “Está convencido de lo que está haciendo. No se trata de estar agazapado en una silla en la Moncloa. Está convencido de lo que tiene que hacer frente al avance ultra. Si Sánchez claudica, ¿qué va a quedar en Europa?”.

Sánchez está convencido de seguir, pero también engrasa ya de lleno la maquinaria electoral. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, se reunió este miércoles con sus homólogos territoriales para fijar las primarias para la elección de cabezas de lista para municipios de más de 20.000 habitantes y para las comunidades autónomas.

Y se ha elaborado un sistema voluntario de tres ventanas: julio, septiembre y noviembre. Lo elegirá cada agrupación y federación. Esa flexibilidad fue una petición de los diferentes territorios para que quedara constancia en la reunión del Comité Federal del próximo sábado.

De esta manera, como indican fuentes del partido, el PSOE “entra de lleno en modo electoral”: “Ponemos toda la maquinaria en marcha para afrontar las elecciones de 2027. Se da el pistoletazo de salida al próximo ciclo electoral, que sin duda nos llevará a gobernar en muchos más municipios y comunidades, y a revalidar el Gobierno de España”.

Los socialistas miran a estas autonómicas como una oportunidad para recuperar terreno perdido, con batallas tan cruciales como la de Madrid, donde la izquierda echará el resto con dos ministros, Óscar López (PSOE) y Mónica García (Más Madrid), y con la líder de Podemos, Ione Belarra, frente a una Isabel Díaz Ayuso, que ahora se ve más acorralada por el caso de su pareja.

Una cita en 2027 en la que el PSOE mira con fuerza también a la Comunidad Valenciana, la tercera más poblada y donde los socialistas esperan poder, junto a Compromís, vencer a las derechas después de la tragedia de la dana. Y hay mucha esperanza puesta en recuperar Canarias gracias a la figura del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Alberto Núñez Feijóo no tiene, por el momento, intención de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Prefiere, en su opinión, que el Ejecutivo se vaya desgastando cada día por las causas judiciales abiertas. Jugando con la presión política, como el texto simbólico que pretendía hacer votar en el Congreso para adelantar elecciones. Y aprovecha estos días duros para el PSOE tratando de buscar una imagen agradable y cercana frente al bronco discurso en las instituciones.

Esta semana supone un vía crucis para el Gobierno, principalmente por la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional. Todo ello después de que la mujer del presidente, Begoña Gómez, se enfrentara el lunes a la audiencia previa ante el juez Juan Carlos Peinado y de que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, compareciese este martes en el Senado por sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez. Además, sobrevuela la sentencia del caso Mascarillas, que afecta a José Luis Ábalos y Koldo García.

El líder popular ha diseñado una agenda con la que quiere mostrar su lado más cercano frente a los escándalos del Gobierno. Por eso, va este miércoles a divertirse a El hormiguero, en pleno prime time televisivo y en un espacio con un marcado carácter anti-Sánchez. De esta manera, busca meterse en el salón de millones de espectadores de la mano de Pablo Motos, un presentador que ha criticado duramente durante estos años al jefe del Ejecutivo, un tema recurrente también en la mesa de análisis de ese programa. 

Uno de los mayores déficits de Feijóo es la falta de tirón personal que tiene entre los votantes, muy lejos de las expectativas que depositó el PP en él después de que los barones forzaran la dimisión del anterior líder, Pablo Casado, por su enfrentamiento directo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Feijóo sólo es citado por el 13,4% de los encuestados como su político preferido para ser presidente del Gobierno, muy por debajo de Sánchez, que es mencionado por el 25%. Además, Santiago Abascal le sigue de cerca, con un 9,5%.

Asimismo, Feijóo tiene una valoración media (3,79) por debajo de Sánchez (4,21). El presidente del Partido Popular solo genera confianza entre el 20,3% de los españoles, en tanto que despierta “poca o ninguna confianza” entre el 78,4% de los ciudadanos. El líder conservador tiene su principal caladero entre los mayores de 75 años, en tanto que anota sus peores registros entre los votantes de 25 a 34 años.

Este intento de acercarse a los ciudadanos durante estos días se ha visto también en redes sociales. Por ejemplo, en X colgó una foto, antes del partido de España contra Cabo Verde en Atlanta en la primera fase del Mundial, junto a su hijo jugando al fútbol. La acompañó con este mensaje: “Viendo esta imagen, es evidente que ‘no juego en la selección porque no quiero’. Hoy he disfrutado del fútbol con mi hijo. Mañana lo haré con el debut mundialista del equipo de mi país. ¡Vamos España!”

El Partido Popular quiere presionar también políticamente al Gobierno para que se disuelvan las Cortes, pero sin dar el paso definitivo de una moción de censura. Los populares y Junts presentaron este martes sendas enmiendas en la Cámara Baja a una “moción consecuencia de interpelación urgente” del PP para incluir  en la votación del jueves la exigencia al presidente de que convoque elecciones de manera anticipada.

Se trata de una iniciativa sin ningún carácter vinculante y tan sólo con peso simbólico. Pero los populares vendieron el texto como una moción de confianza de facto al Gobierno porque enviaría, en su opinión, una señal muy clara de que Sánchez no tiene respaldo parlamentario.

Finalmente, la Mesa del Congreso, con mayoría progresista, rechazó aceptar las enmiendas del PP y de Junts para su votación al entender que se trata de una competencia (la convocatoria de elecciones anticipadas) exclusiva de la Presidencia del Gobierno.

Junts se ha alineado con el PP en este camino, aunque deja la decisión en manos de Sánchez. Desde el PSOE insisten en que se trata de mera “cobardía política” y restan importancia porque no se trataba de una moción de censura. Asimismo, el mensaje que trasladan desde La Moncloa es que siguen gobernando para la mayoría y que su intención, como ha repetido Sánchez, es agotar la legislatura.

La semana que viene será clave para el Gobierno. El martes dará el primer paso para tramitar los presupuestos generales del Estado. Aunque parezca casi imposible, el Ejecutivo cree que puede conseguir armar todavía una mayoría. Y el miércoles tendrá lugar la esperada comparecencia de Sánchez ante el Pleno para abordar el caso Leire Díez y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Feijóo y su equipo creen que es imposible ya para el PSOE darle la vuelta a la situación y que el declive es total. Por eso, a pesar de la ansiedad de algunos en el PP, hay también dirigentes que creen que este fuego lento judicial es abrasador para Ferraz y que sólo hay que esperar. 

Además, el PP aguarda un pacto en breve entre Juanma Moreno y Vox en Andalucía. El presidente de la Junta ha iniciado ya el relato para justificar el acuerdo  con la ultraderecha, a pesar de haberse presentado durante años como uno de los barones moderados y abanderado de un centroderecha alejado de Santiago Abascal. El popular ha criticado que la izquierda “se ha autoexcluido de una manera irresponsable sin dejar ninguna posibilidad a la abstención”. El PP se mueve entre El hormiguero y la “prioridad nacional”.

La Mesa del Congreso no ha admitido las enmiendas presentadas por el PP y Junts para que la cámara inste al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un adelanto electoral al entender que la prerrogativa para solicitar una cuestión de confianza es exclusiva del jefe del Ejecutivo.

Según han informado a EFE fuentes parlamentarias, la Constitución es clara sobre esta potestad del presidente del Gobierno, por lo que toda iniciativa que vaya en ese sentido, aunque sea de manera "encubierta", va contra la carta magna.

La Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, han rechazado así las enmiendas presentadas a la moción del PP por los propios populares y Junts, ya que "ambas invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno".

Las citadas fuentes han recordado además que existen precedentes anteriores, como la proposición no de ley de Junts de febrero de 2025 en la que pedían a Sánchez someterse a una cuestión de confianza, que fue inadmitida por el mismo motivo por la Mesa.

Otras fuentes parlamentarias han advertido por su parte que Junts ya había incluido en su enmienda que su petición carece de vinculación jurídica con el propósito de que no fuera parada por la Mesa del Congreso.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha apuntado que para Sumar la legislatura debe continuar, aunque eso "tiene que significar que le valga la pena a la gente”.

Al mismo tiempo señala que también es necesario que el PSOE “aclare lo que está ocurriendo” en torno al partido ante supuestos casos de corrupción.

Sobre la opción de acudir a las urnas antes de lo previsto recuerda que “los socios parlamentarios ya han dicho que no van a participar de ella” porque el PP “viene con Vox bajo el brazo” y “nadie va a querer participar de esa operación”.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso y uno de los socios del Gobierno de coalición, ha señalado que lo que su partido pregunta al Ejecutivo es para qué quiere aprovechar el tiempo, si para aguantar y decir que "los otros son peores" o para cuestiones como frenar la especulación inmobiliaria o tener una fiscalidad más justa.

"Ya sabemos que los otros son peores, eso lo sabemos, es de primero de izquierdas", ha recalcado, aunque ha rechazado que se opte por "aguantar y asquear" a los ciudadanos

Viernes, 18 de febrero de 2005. José Luis Rodríguez Zapatero preside la reunión semanal del Consejo de Ministros. Toma la palabra el titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. En su cartera lleva el Código de Buen Gobierno que afectará a partir de ese momento a todos los miembros del Ejecutivo y a los altos cargos. Un texto que ahora está de plena actualidad por las joyas encontradas en el despacho del expresidente.

En ese código, por primera vez, se regulaba el comportamiento respecto a los regalos que recibían los políticos. En el apartado dedicado a los principios de conducta se fijaba: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal”.

“En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”, añadía el código.

Este texto además sirvió de inspiración para la Ley de Transparencia, aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Entre los principios de conducta para los miembros del Ejecutivo, los secretarios de Estado y los altos cargos, se incluye: “No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente”.

Estos dos textos no fijan una cantidad exacta que bareme la aceptación de los obsequios y lo fía al criterio de los políticos respecto a los “usos habituales, sociales y de cortesía”. Durante estos días, el exministro socialista Miguel Sebastián ha revelado, por ejemplo, que él recibió unas joyas por parte de la Casa Real saudí después de participar en un acto en ese país y que decidió colocarlas en una vitrina en la sede de su departamento. 

La Casa Real española reguló la recepción de regalos a través de una normativa aprobada en enero de 2015, dentro del paquete de reformas lanzado por Felipe VI tras llegar al trono en junio de 2014 en mitad de los escándalos protagonizados por su padre. Se basó en la Ley de Transparencia y fija que se actualizará si hay cambios en la legislación.

Se establecen unos principios generales por los que los miembros de la familia real “no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni aceptarán favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones”. Y señala el texto: “En el caso de obsequios que, de acuerdo con estas normas, tengan carácter institucional, se procederá a su incorporación al Patrimonio Nacional”.

Asimismo, establece que los miembros de la familia real “no podrán aceptar regalos que, por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario, o por la propia naturaleza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales que tengan o les sean atribuidas”. 

Por ejemplo, esta normativa fija que no se aceptarán “préstamos sin interés o con interés inferior al normal del mercado, ni regalos de dinero”. “En este último caso se procederá a su devolución o a ser donado a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general”, marca el texto, que indica que si se concede un premio a un miembro de la familia real que comprenda una dotación económica, se tendrá que ceder su importe a una entidad sin ánimo de lucro “que persiga fines de interés general”.

Además, regula el escenario de herencias que puedan recibir miembros de la familia real por parte de personas con las que no haya una relación familiar. La norma señala que podrán ser aceptadas “cuando así se considere procedente”: “Estos bienes, en atención a su naturaleza, deberán incorporarse al Patrimonio Nacional o ser entregados a instituciones públicas o entidades sin ánimo de lucro para la consecución de fines de interés general, salvo que las disposiciones incluyan un destino o finalidad específica cuyo cumplimiento se requiere para su aceptación”.

La Casa Real publica todos los años la relación de regalos institucionales recibidos por la familia real. Por ejemplo, en 2024 fueron 358. Especialmente fueron dirigidos a Felipe VI, que obtuvo 203 presentes. Entre ellos, una alfombra del embajador de Irán, un ajedrez de madera del presidente de Paraguay y una camiseta personalizada del Cádiz. Esta lista, no obstante, no incluye el valor económico de estos regalos.

Hay otras instituciones que ponen un tope monetario a los regalos. Es el caso de las Cortes Generales, en cuyo código de conducta, aprobado tanto por el Congreso como por el Senado, se fija como límite 150 euros. Se establece que los parlamentarios “se abstendrán de aceptar, en beneficio propio o de su entorno familiar, obsequios o regalos de valor, favores, servicios, invitaciones o viajes que les sean ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta como parlamentarios”.

Sí permiten las Cortes que los diputados y senadores reciban regalos “personales de amigos y familiares que se hayan otorgado sin vinculación alguna con su labor como parlamentarios”. “Serán también admisibles los obsequios, descuentos, promociones o beneficios de similar naturaleza que sean comunes de acuerdo con los usos y costumbres y cuyo ofrecimiento y entrega se encuentren desvinculados de su actividad política”, añade el texto.

También recoge el caso de los regalos recibidos por miembros de las Cortes en viajes oficiales de las Cámaras: “Deberán ser entregados a la Secretaría General siempre que sean ofrecidos en razón de dicha representación y no a título personal y tengan un valor estimado superior a 150 euros. Dichos regalos serán inventariados y publicados en la página web del Congreso de los Diputados o del Senado”.

Asimismo, en el desarrollo protocolario de esta guía se dispone qué hacer en casos de regalos inesperados, como, por ejemplo, el envío de un presente al despacho de un diputado: “El obsequio no debe usarse ni consumirse. Se informará a la Secretaría General o a la Oficina de Conflicto de Intereses para su devolución o, si ello no fuera viable, para su entrega a la institución o eventual donación autorizada, dejando constancia del trámite”.

También, por ejemplo, fija límites en función del valor económico el Ayuntamiento de Madrid. El régimen fue aprobado durante el mandato de Manuela Carmena y fija que sólo se podrán recibir obsequios dentro de la “cortesía habitual o la atención protocolaria” que se correspondan con los “usos y costumbres sociales”.

Establece que estará prohibido recibir regalos que sobrepasen los 50 euros y no se podrán acumular presentes procedentes de la misma persona física o jurídica cuando la suma de sus valores sea superior a 150 euros durante el periodo de un año. 

En ese sentido, marca también claramente los límites el código de conducta del Parlament catalán, que recoge que no se puede aceptar “ningún obsequio o regalo de valor, ni favor o servicio que les sea ofrecido por razón del cargo”: “Se entiende por obsequio o regalo de valor el que supera el importe estimado de 150 euros”.

Establece esta norma, aprobada en 2016, que si los diputados reciben regalos “en virtud de las reglas de cortesía”, deben entregarlos a la Cámara, que “debe llevar un registro de los mismos que debe ser de consulta pública en el Portal de la Transparencia”. “Los obsequios y regalos se han de enajenar periódicamente y los rendimientos obtenidos deben destinarse a la financiación de actividades o servicios sociales”, añade el texto.

Domingo por la mañana. El centro de Madrid es un hervidero, más de un millón de personas se concentran en el área de la plaza de Cibeles. El papa León XIV ofrece una misa multitudinaria por el Corpus Christi. Es uno de los momentos álgidos de su visita a España. Allí están los reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Apenas diez horas más tarde, a ocho kilómetros, se abren las puertas del estadio Metropolitano, a las afueras de la capital. Empieza el perreo de Bad Bunny dentro de su histórica residencia en la capital. Allí están también la heredera y su hermana. Pero esta vez para bailar letras como “ella es callaíta, pero en el sexo atrevida”.

Esas son las vibraciones que dominan la capital durante estos días, en los que han coincidido León XIV y Benito Antonio, dos iconos mundiales. Dos hombres que se han convertido en símbolos contra las políticas de Donald Trump, pero que también tienen fuertes componentes conservadores y machistas. Y evidencian los tiempos convulsos que se viven internacional, social y políticamente. Ponen a prueba también la coherencia y evidencian las contradicciones actuales.

Todavía sigue resonando la ovación de más de siete minutos que dedicó el Congreso al pontífice tras su discurso ante el Pleno. Aplausos que llegaron desde la bancada de la ultraderecha y de la derecha, pero también desde las filas socialistas y de otros grupos de la izquierda presentes. Pero, conforme pasan las horas, la digestión se hace más complicada para todos respecto a ese alboroto sin precedentes en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

La izquierda se dejó llevar por la parte del discurso del papa más humanista, a favor de la paz y del orden internacional y con un mensaje a favor de la integración de la migración. El Gobierno se está volcando en esta visita a pesar de ser un Ejecutivo de coalición progresista y, además, le está sirviendo de tregua ante el pesado escenario judicial que enfrentan ahora mismo los socialistas.

En la parte socialista prefieren quedarse con la parte del discurso del papa sobre paz y migración frente a las referencias que hizo contrarias al aborto y la eutanasia, aprobadas precisamente con el empuje del PSOE a lo largo de estos años de democracia. De hecho, esas referencias de León XIV llegan en un momento en el que se está tramitando en la Cámara Baja la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo para blindar en la Constitución la interrupción voluntaria del embarazo.

Asimismo, ese discurso del pontífice se escuchó en la Cámara Baja tres días antes de que los diputados tengan que pronunciarse sobre una proposición de ley para blindar la eutanasia ante dilaciones judiciales. Es una propuesta que llega directamente desde el Parlament de Catalunya y que está apoyada por el PSC, Junts, ERC, los comunes y la CUP. Un texto que va de la mano de las entidades que defienden el derecho a la muerte digna y que se debate después del caso de Noelia Castillo, cuya eutanasia se retrasó dos años por los recursos interpuestos por su padre junto a asociaciones ultracatólicas. 

Los partidos de la izquierda presentes en el Congreso durante el discurso del papa rebajan en estas horas esos aplausos, que llegaron por parte de ministros como Mónica García, Sira Rego y Pablo Bustinduy. Gerardo Pisarello, diputado de Sumar y secretario de la Mesa, hacía esta reflexión este martes: “La visita de León XIV ha dejado una sensación agridulce con luces y algunas sombras también. Por un lado, pudimos escuchar un discurso humanista contra la guerra, contra el rearme, contra la codicia sin límites de los grandes tecno-oligarcas y en defensa de las personas migrantes y vulnerables que merecían ser aplaudidas”.

“Pero, por otro lado, el Vaticano decidió adrede acompañar ese discurso de una negación del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, del derecho de las personas LGTBI a formar familias diversas y del derecho a la eutanasia. Estas últimas consideraciones conservadoras y excluyentes no merecían aplauso alguno. Por el contrario, hicieron mucho más sonoras otras ausencias como pedir perdón por el papel desempeñado por la jerarquía eclesiástica durante el franquismo u ofrecer reparación por los casos de pederastia. En esto, León XIV no mostró la sensibilidad de su antecesor”, prosiguió Pisarello.

Con esta reflexión final: “En pleno siglo XXI, ninguna religión puede defender de manera creíble la dignidad de las personas si no se coloca en el centro la defensa de los derechos de las mujeres a decidir sobre sus vidas. Fue un discurso humanista contra la crueldad y contra la arrogancia de los Trump de turno que merece ser escuchado y, sobre todo, puesto en práctica dentro de las iglesias y fuera de ellas, pero, al mismo tiempo, lo que escuchamos reafirma nuestras convicciones laicas y la necesidad de mantener más que nunca una estricta diferencia entre las iglesias y el Estado sin privilegios de ningún tipo”.

Esta contradicción también la reflejó el diputado Alberto Ibáñez, de Compromís, que señaló que se trata de una visita “histórica” y de “relevancia” por el “contexto global de auge del fascismo”: “Hubo partes importantes del discurso que compartimos plenamente como la defensa universal de la dignidad de las personas y la censura explícita de la prioridad nacional del PP y Vox. También compartimos las palabras sobre los refugiados y su apoyo a la regularización, además de la oposición a los tecno-oligarcas que quieren controlar las democracias y la vida de la gente”.

“Pero también hubo partes que no nos gustaron y que no compartimos, como el cuestionamiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Tampoco nos gustó la parte del discurso de no reconocimiento del derecho a la muerte digna y la falacia de la libertad educativa de las familias”, añadió el diputado, que hizo este análisis: “Quizás nos pasamos aplaudiendo siete minutos. También es cierto que había una competición para ver quién aplaudía las partes del discurso que más le habían gustado. Si nos ponemos de acuerdo, mal. Y si montamos el show y hacemos cosas diferentes, también. Fue un aplauso excesivamente largo, pero también cada uno aplaudía una parte del discurso”.

Podemos, por ejemplo, decidió no acudir a la Cámara Baja a escuchar al papa. Su líder, Ione Belarra, dejó estas impresiones al hilo: “Este discurso nunca se tenía que haber producido en la sede de la soberanía nacional. En el marco de un Estado aconfesional, no ha lugar para que el jefe del Estado de la Iglesia católica hable en el Congreso. Nunca un papa había hablado allí porque es algo extemporáneo. Le pido a la gente que piense si fuera, en vez de León XIV, un ayatolá el que hablase en el Congreso. Nadie lo comprendería. Han convertido el templo de la democracia en una iglesia. Es algo que una democracia no se puede permitir”.

Estas contradicciones se evidencian también en primera persona en el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha puesto en primera línea durante toda la visita. De hecho, el jefe del Ejecutivo participa este miércoles en una celebración litúrgica por primera vez desde que llegó al Palacio de la Moncloa en junio de 2018, ya que estará en la misa en la Sagrada Familia. Esto choca con algunas de sus medidas iniciales, como quitar el crucifijo y la Biblia en la toma de posesión del Gobierno. El líder socialista no acudió a las misas por las víctimas de la dana ni a la dedicada a los fallecidos en el accidente de Adamuz (Córdoba).

El ala socialista del Gobierno ha evitado criticar las partes del discurso del papa sobre el aborto y la eutanasia y se ha centrado en los aspectos en los que coincide con el Vaticano, La portavoz del Ejecutivo y ministra de Migración, Elma Saiz, destacó en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que León XIV es "un aliado" por su visión humanista, en cuestiones tan importantes como la paz, el respeto a la dignidad humana, al orden internacional o al multilateralismo, además de haber dado un "espaldarazo" a la política migratoria de Moncloa.

La derecha tampoco queda al margen de esas contradicciones durante la visita del papa a España. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lleva días diciendo que suscribe de la “A a la Z” las palabras del pontífice, pero, en cambio, hace lo contrario con los hechos. Este mismo martes Alfonso Fernández Mañueco pronunció su discurso de investidura en el Parlamento de Castilla y León con una defensa cerrada de la “prioridad nacional”, un concepto que queda fuera del discurso sobre migración del Vaticano.

Vox también ve cómo su política migratoria sobrepasa todos los límites marcados por el papa, mientras aplaude un discurso que lleva años despreciando en el Congreso cuando lo pronuncian líderes de la izquierda. La ultraderecha apunta que no ve contradicción con sus palabras, pero la realidad es que las intervenciones de los de Santiago Abascal sobre los menores migrantes o las personas que llegan sin papeles no tienen nada que ver con la “acogida respetuosa” que defiende León XIV.

“Por la mañana café, por la tarde ron”. Bad Bunny había reconocido que quería conocer al papa, un encuentro que se produjo finalmente en el Santiago Bernabéu. Benito Antonio es el artista global del momento. Y, además, se ha convertido en un icono para muchas personas progresistas desde su histórica actuación en la Super Bowl, que se convirtió en un alegato a favor de la migración en los Estados Unidos de Donald Trump.

Bad Bunny está haciendo historia en España estos días con una serie de conciertos en Barcelona y Madrid, que terminan el próximo día 15. El estadio Metropolitano está abarrotado estos días, pero ese fervor también ha dado paso a varias polémicas. Una de ellas es por la famosa Casita, el segundo escenario del concierto inspirado en los hogares de las clases populares en Puerto Rico. Pero ahora perrean allí famosos, millonarios, influencers y cuerpos perfectos. Su mensaje de igualdad choca con el clasismo y el machismo (un ojeador elige a las chicas para subir especialmente por sus cánones de belleza normativa).

Asimismo, el debate está abierto en otro sentido. Muchas de sus letras son consideradas machistas, pero también hay otra parte del público que defiende que el artista ha intentado abrir otro espacio en el reguetón con temas como Yo perrea sola. Por ejemplo, esa contradicción la ha intentado explicar Rita Maestre (Más Madrid), que ha dicho estos días: “Las mujeres bailamos, movemos el culo, perreamos. Eso no nos convierte en machistas. Al contrario, disfrutar, bailar y mover el cuerpo es estupendo. Fuera hay centenares de mujeres disfrutando, siendo libres, moviéndose y vistiéndose como quieren. Para mover el culo no hay que pedir permiso. Es música de baile. Y no es música absolutamente machista”.

El apoyo a Bad Bunny ha llegado también desde el propio corazón del Palacio de la Moncloa. El todopoderoso ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes. Félix Bolaños, acudía este fin de semana a ver el show de más de dos horas y media de Benito Antonio. En su cuenta de Instagram colgaba varias fotos con el siguiente mensaje: “Grande Bad Bunny. Ahora el reto es aprenderme todas las letras”.

A pesar de las críticas en redes por su machismo, por los conciertos de Bad Bunny han desfilado durante estos días artistas reconocidas que han defendido postulados feministas y progresistas como Penélope Cruz y Carmen Machi.

España perrea y reza. Las contradicciones de un país en pleno 2026. 

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de las organizaciones de pacientes, una norma con la que el Gobierno busca regular por primera vez el papel de estas entidades en el sistema sanitario y establecer unos cauces para que tengan una participación en las políticas públicas de salud. “La iniciativa consolida su papel como interlocutoras ante la Administración General del Estado y las reconoce como agentes fundamentales de la gobernanza del Sistema Nacional de Salud”, destacan desde el Ministerio de Sanidad. 

La iniciativa, cuya tramitación comenzó en septiembre de 2025, reconoce a las organizaciones de pacientes de ámbito estatal, pero fija una serie de requisitos que deben cumplir para acogerse a este marco legal. Los principales son su carácter no lucrativo, la presencia mayoritaria de pacientes, familiares o cuidadores no profesionales en sus órganos de gobierno o el desarrollo de su actividad en más de una comunidad autónoma.

Una de las principales novedades de esta norma es el reconocimiento de nuevos derechos para estas entidades. El principal es que podrán acceder a la información necesaria para la defensa de sus intereses, así como asesoramiento para el ejercicio de sus derechos. A esto se suma el derecho a participar en la elaboración y evaluación de planes y estrategias y el derecho a formar parte de un censo estatal para facilitar su interlocución.

Por su parte, la Administración del Estado también debe asumir una serie de obligaciones. Entre ellas, agilizar la respuesta a las solicitudes de información, fomentar el uso de herramientas digitales en la relación con estas organizaciones y difundir de forma activa las iniciativas normativas o los planes de salud que puedan afectar a este colectivo. 

Otro cambio relevante que introduce la norma afecta directamente a los órganos de participación del Sistema Nacional de Salud, al garantizar la presencia de representantes de estas organizaciones en los principales espacios de consulta y gobernanza sanitaria. En el caso del Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud, se asegura la participación permanente de ocho representantes de las organizaciones de pacientes mediante la modificación de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

El papa pisa España. Y León XIV realiza su primera visita oficial con un mensaje muy centrado en las políticas de acogida de los migrantes y convertido en una de las figuras anti-Trump con más peso a nivel internacional. Un viaje a un país sumido en una gran polarización política y con unas derechas que se alejan del Vaticano en varias líneas clave marcadas por el pontífice.

El papa estará en España hasta el próximo día 12 y su viaje tendrá tres paradas. La primera de ellas es en Madrid, para luego desplazarse hasta Barcelona y Canarias. Esta última es la más buscada por el pontífice, ya que quiere implicarse de lleno en los temas de acogida, especialmente en lo relativo a las rutas migratorias hacia Europa. 

El Gobierno español se ha volcado con esta visita, empezando por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esa implicación se escenificará en varios actos, con el jefe del Ejecutivo recibiendo a León XIV y acompañándolo, por ejemplo, a la misa que se oficiará en la Sagrada Familia, en Barcelona. Será la primera vez que el socialista acuda oficialmente a una ceremonia litúrgica desde que llegó al Palacio de la Moncloa en junio de 2018, justo hace ocho años.

Sánchez tiene sintonía con el papa en varios temas esenciales a nivel internacional. Son dos de los rostros que representan políticas contrarias a Donald Trump. El presidente español visitó la semana pasada ya en el Vaticano a León XIV, justo en un momento en el que el Gobierno está llevando a cabo una regularización de migrantes, que supondrá legalizar a medio millón de personas que trabajan en el país.

Además, el presidente del Gobierno también estará en Canarias junto al papa, un desplazamiento que no estaba previsto en el primer programa de la visita. Sánchez irá el jueves al encuentro con personas migrantes, trabajadores y voluntarios que las atienden en el muelle del puerto de Arguineguín (Gran Canaria).

Sánchez encuentra en esta visita del papa una tregua dentro del complicado panorama político interno, marcado por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y por el levantamiento del secreto de sumario del caso Leire Díez, que ha llevado a la UCO a acudir a la sede socialista de Ferraz para requerir información por orden del juez Santiago Pedraz, que está investigando una trama, liderada por Santos Cerdán, que supuestamente trató de influir en los procesos judiciales que afectan al Ejecutivo y al PSOE.

Asimismo, Sánchez y León XIV coinciden en el discurso a favor de la paz en mitad de un mundo tambaleándose por las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que, de la mano de Benjamin Netanyahu, ha atacado a Irán, al margen de las normas del derecho internacional. Asimismo, el papa se ha mostrado contrario al genocidio perpetrado por Israel en Gaza.

En el Gobierno no ocultan que la visita del papa servirá para cambiar el discurso público dominado por el momento por los procesos judiciales en torno a los socialistas y que volverá a servir para marcar el perfil de Sánchez en el plano internacional. Y también este viaje de León XIV pondrá frente al espejo al Partido Popular y a Vox, que cada día radicalizan más sus posturas sobre la migración, en mitad de los pactos a nivel autonómico para incluir la “prioridad nacional”. Ese concepto xenófobo ya ha sido incluido en los acuerdos de investidura de Extremadura, Aragón y Castilla y León, además del firmado en la Comunidad Valenciana para aprobar los primeros presupuestos de Juanfran Pérez Llorca. 

A pesar del fervor del PP de Madrid por la llegada del papa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó duramente en la última sesión de control en la Asamblea regional el proceso de regularización de migrantes y acusó al Gobierno central de buscar alterar el censo electoral e “importar pobreza masiva”.

La visita de León XIV se produce también semanas después de la alta tensión que se ha vivido entre Vox y la propia Iglesia. El líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, llegó a decir durante la campaña electoral de Aragón que hay obispos que se “enriquecen con la inmigración”. Este partido ha puesto en su punto de mira a Cáritas y ha amenazado con retirarle las ayudas, aunque el Partido Popular ha negado que esta medida forme parte de sus acuerdos.

Es muy significativo, en este sentido, que el papa visite este mismo sábado el centro Cedia, de Cáritas, en el madrileño barrio de Lucero. Un mensaje muy claro de apoyo a esta organización y a su labor de referencia para atender a personas en situación de sinhogarismo en la capital de España. Es un espacio que trabaja 24 horas al día y al que pueden acudir las personas en situación de emergencia. 

El portavoz episcopal, César García-Magán, respondió a las críticas de Vox por supuestamente enriquecerse con la migración de esta manera: “Esas declaraciones no solamente no obedecen a la realidad de los hechos, sino que entran en el ámbito de la pura posición ideológica porque no se basan en la verdad, sino en la falsedad. Incluso, en un ámbito de injuria. Afirmar que hay enriquecimiento donde no lo hay entra en ese ámbito”.

En el Gobierno, en cambio, ponen el acento en otros asuntos en los que han llegado a acuerdos con la Iglesia como la inmatriculación de los bienes inmuebles, el fin de algunas ventajas fiscales y la reparación de víctimas de abusos por parte del clero. Aunque sigue habiendo temas en los que hay una profunda división como el aborto y la muerte digna.

Precisamente, el Congreso debatirá el próximo jueves, tres días después de recibir al papa,  una proposición de ley para blindar la eutanasia ante dilaciones judiciales. Es una propuesta que llega directamente desde el Parlament de Catalunya y que está apoyada por el PSC, Junts, ERC, los comunes y la CUP. Un texto que va de la mano de las entidades que defienden el derecho a la muerte digna y que se debate en la Cámara Baja después del caso de Noelia Castillo, cuya eutanasia se retrasó dos años por los recursos interpuestos por su padre junto a asociaciones ultracatólicas.

España recibe al papa. Y lo hace con el máximo despliegue. Por las calles se desplegarán más de 23.500 agentes de seguridad y las autoridades prevén la asistencia de más de 600.000 personas a los actos multitudinarios. Se espera incluso que a la misa de Cibeles acudan hasta un millón y medio de fieles. Una visita histórica. 

"Nunca avalé ni nunca tuve información de algo que no hubiera tolerado". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado de manera tajante estar detrás de la trama que investiga el juez Santiago Pedraz que, a través de la militante Leire Díez, habría supuestamente intentado obstaculizar procesos judiciales relacionados con el PSOE.

Sánchez se ha expresado en estos términos ante los periodistas en Tivat (Montenegro), antes de participar en la Cumbre UE-Balcanes Occidentales. Desde allí también ha mandado un mensaje de confianza respecto a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, quien aparece en el sumario del caso por sus reuniones con Leire Díez.

Sánchez ha afirmado que preside un "Gobierno limpio" y ha insistido en su intención de agotar la legislatura y rearmar la mayoría parlamentaria: "No habrá un súper domingo electoral".

Ha defendido que el PSOE siempre ha sido "contundente" y ha pedido dejar trabajar a la Justicia. Asimismo, ha remarcado que los servicios jurídicos del partido están analizando todavía la situación para tomar las decisiones pertinentes.

"Las informaciones que se han conocido en los últimos días nos llena de decepción, preocupación y de indignación. Quiero ser muy claro. Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire. Nunca las hubiera tolerado. Quiero ser absolutamente rotundo y que los ciudadanos no tengan ninguna duda al respecto", ha trasladado el presidente.

Para añadir: "Es el momento de la Justicia. Vamos a dejar que trabaje. Hemos actuado con contundencia hasta incluso cuando hemos visto meros indicios en otros casos". "Lo que no voy a permitir es que las corruptelas de unos pocos y el ruido interesado de unos muchos tapen e impugnen un proyecto político", ha apostillado, a la vez de criticar la "oposición marrullera".

Y ha manifestado que no ha dado "en absoluto" órdenes a Leire Díez, a la vez que ha mostrado respeto por los informes de la UCO y por la investigación del juez Santiago Pedraz.

Gran parte de lo que estamos viviendo en los procesos electorales, los de aquí y los de fuera, con ese avance imparable de posturas ultras, que piden regresar a tiempos pasados, tiene mucho que ver con lo que estamos descubriendo estos días. Con esos casos de corrupción, de tramas intentando mover hilos para doblegar a poderes como el judicial o el policial a su antojo. Lo uno es consecuencia de lo otro. Y eso deberían de entenderlo quienes insisten en negar lo evidente, en empeñarse en hablar de conspiraciones o de tiempos judiciales pactados. Están alimentando eso que ellos mismos dicen querer frenar.

De todo lo que estamos sabiendo sobre el sumario del caso Leire Díez, que es mucho y muy grave, me llama mucho la atención la normalidad con la que asumen los que participan en la trama que pueden doblegar la voluntad de jueces, fiscales o testigos. Cómo dan por hecho que esto se puede hacer y se hará. Dando a entender que, quizás, esto ha pasado más veces y que no nos hemos enterado.

Casos como el de Leire Díez son el mejor torpedo en la línea de flotación de la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático. Son el mejor cheque en blanco para todos esos salvapatrias que se están frotando las manos con todo esto y que vendrán a decirnos que con ellos las instituciones no serán asaltadas ni doblegadas. Ni una Gürtel ni un Ábalos en su mejor momento hacen tanto daño como esto que estamos conociendo esta semana. Con un DAO supuestamente pidiendo ponerse de perfil a sus agentes en las investigaciones y a una directora de la Guardia Civil manteniendo supuestamente reuniones periódicas con una mujer que presumía de lo bien que se le daba la fontanería.

Da pavor ver con qué naturalidad hablan de poder manipular informes para perjudicar a una jueza, cómo pueden comprar voluntades de algunos testigos, cómo manejan cifras de dinero para conseguir destruir pruebas. Sin preguntarse si eso será posible, si se aleja una galaxia entera de los valores que dicen defender. Al revés: se jactan de lo bien que se le está dando todo y de lo contento que se va a poner el number one cuando se entere.

Todo esto es grave. Mucho más que robar a espuertas cuando estás en el poder. Y es grave porque es trabajar contra el sistema para salvar tus intereses. Tratando a las instituciones como juguetes a tu antojo, y a los ciudadanos como pobres ingenuos que no se enteran de nada.

Faltan muchas explicaciones y muchas dimisiones. Faltan muchas decisiones políticas para salvar este barco que hace aguas. Y no me refiero al barco del PSOE o al barco del gobierno de Pedro Sánchez, me refiero al barco de nuestra democracia, ésa que ya está herida y que algunos están rematando de la forma más burda.

El levantamiento del secreto de sumario del caso Leire Díez ha puesto en el ojo del huracán a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Y supone un torpedo político, con la derecha apretando para que deje su cargo al frente de la Benemérita por la trama liderada por Santos Cerdán para tratar de torpedear investigaciones judiciales en torno al Gobierno y al PSOE.

González era un nombre desconocido para la mayoría de la sociedad, pero es una figura muy vinculada con el presidente, Pedro Sánchez. Ella ha sido uno de sus grandes apoyos desde el inicio de su carrera política y han caminado juntos en el siempre tumultuoso PSOE de Madrid. No es una persona que se acercara al presidente por su liderazgo en el partido o su salto a la Moncloa, sino que la confianza se labró mucho años atrás en el Ayuntamiento de Madrid.

Ella es una de las personas que mueve con más fuerza los hilos dentro del PSOE de Madrid, enmarcada dentro del grupo de los simanquistas. El propio presidente la eligió para dos de sus anteriores puestos. Cuando era concejala del Ayuntamiento de Madrid, Moncloa la requirió para ser la delegada del Gobierno en Madrid, con una misión muy clara: hacer frente con su estilo directo y punzante a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Y, más tarde, fue reclamada para ocupar la Dirección General de la Guardia Civil, después de la marcha abrupta de María Gámez.

González aparece ahora en el sumario del caso Leire Díez por haber mantenido tres conversaciones al menos con la exmilitante socialista, a la que la UCO sitúa como la número dos de Cerdán en esta supuesta trama contra jueces y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

La directora general de la Guardia Civil guarda silencio públicamente desde que se hiciera público el sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz, aunque desde su entorno se niega que haya participado en cualquier tipo de operación para obstaculizar precisamente las labores del cuerpo.

La UCO sospecha que la directora de la Guardia Civil activó el borrado automático de mensajes de WhatsApp con Díez. Para la Unidad, la exmilitante “estaría haciendo llegar” a González "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando".

González mantiene el respaldo del Gobierno en estos momentos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la defendió de manera cerrada este jueves y negó tener constancia de algún tipo de presión sobre la Unidad Central Operativa: "Vuelvo a decir que no he conocido, y si la hubiera conocido, no las hubiera tolerado. Lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil".

La dirección del PSOE señaló, tras el requerimiento de información de la UCO, que analizaría el sumario, una vez se conociese, y que tomaría entonces las decisiones pertinentes respecto a algunos de los citados en el auto. Por el momento no se ha movido ninguna ficha y Ferraz mantiene en sus puestos tanto a la gerente, Ana María Fuentes, como al responsable de Política Municipal, Juan Francisco Serrano.

El levantamiento del sumario ha puesto también el nombre de González en la primera línea. Ella también fue la líder del PSOE de Madrid ciudad y estuvo a punto de ser nombrada candidata para la alcaldía de la capital, aunque finalmente el PSOE optó a última hora por Reyes Maroto, que era entonces ministra de Industria, Turismo y Comercio. La directora de la Guardia Civil sigue teniendo poder de influencia y consiguió colocar a algunas de sus personas de confianza en la Comisión Ejecutiva autonómica que lidera Óscar López.

En el sumario se recoge una conversación de Díez en la que se vanagloria ante varios interlocutores, entre ellos un excapitán de la UCO, de que González es una persona de su “confianza”. E incluso llega a decir que su siguiente llamada será a la directora general de la Guardia Civil. Además, en uno de los informes de la policía se incluye que la exmilitante fue multada por mal aparcamiento en una de las visitas que presuntamente le hizo a González.

La multa la recibió el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, que se la reenvió a Díez en un correo electrónico junto al siguiente mensaje: "He recibido esta multa por parking tuyo en la calle Julián Romea. Creo que es de cuando fuiste a reunirte con la directora general de la GC. ¿Te la pago con descuento?".

El jueves por la noche fuentes de la Guardia Civil explicaron la versión de González: “Conoció a Leire Díez en su etapa de delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos”. Esta relación fue “tan solo mediante intercambios de whatsapps, relativos a las movilizaciones laborales en las que esta empresa se encontraba inmersa, que provocaron manifestaciones y concentraciones en sus diferentes sedes”.

Según las fuentes, hasta ese momento nunca había tenido contacto con ella ni la conocía.. Añaden: “Tras su nombramiento como directora general de la Guardia Civil, Díez se pone en contacto para mantener un primer encuentro en el que le traslada su nueva situación laboral y en el que se limita a contarle que está ejerciendo de freelance, recuperando así su labor en el mundo del periodismo, sin especificar ni dónde ni para quién trabajaba, tan solo que estaba a caballo entre Cantabria y Madrid”.

Las fuentes recalcan que este encuentro se realizó en una cafetería cercana a la Dirección General de la Guardia Civil: “Se ven personalmente por primera vez, y no se habla de nada relacionado con el trabajo que desempeña este Cuerpo. Tras un encuentro rápido, de apenas unos 15 minutos, la directora entendió que era una mera toma de contacto para pedirle trabajo o establecer en un futuro una relación laboral, dado su reciente nombramiento”.

“Respecto de un posible segundo encuentro de haberse producido, habría sido de las mismas características y contenido que el primero”, señalan desde la Guardia Civil. Y detallan que, pasados varios meses, Díez contacta con la directora “proponiéndole verse, aprovechando que se encuentra en Madrid”. La cita se anula por la enfermedad de un familiar, lo que le obliga a permanecer en Cantabria. 

El relato del entorno de González continúa así: “Esa cita se retoma tiempo más tarde, desarrollándose en las mismas circunstancias que las anteriores, sin alusiones al trabajo de la Guardia Civil, ciñéndose a una conversación sobre su situación familiar, anteriormente mencionada”. Y añaden: “En un momento, Díez le plantea a la directora que tiene que hacerle una petición relativa a su trabajo, preguntándole si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Rubén Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo. Una petición que la directora rechaza de plano, recordándole que éste se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial, dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro”.

Las fuentes precisan que, tras este encuentro, Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil no vuelven a mantener encuentro alguno: “Cuando en los medios de comunicación se hizo pública la participación de Leire Díez en una reunión atacando a agentes de la Guardia Civil, la directora general se reunió personalmente con los principales mandos de la Jefatura de Policía Judicial, UCO y el agente señalado, mostrándoles su máximo apoyo y respaldo, así como su confianza en el trabajo y la labor que estaban desempeñando”.

Por todo ello, el entorno de González afirma que “jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil”. Con el mensaje de que la directora general “respeta y admira” a la institución. Además, ella asegura que “jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este Cuerpo, como muestra de su respeto absoluto y confianza a la labor de Policía Judicial”.

El Partido Popular se ha lanzado de lleno contra González tras conocerse el sumario. La vicesecretaria de Coordinación Territorial del PP, Alma Ezcurra, opinó que la directora de la Guardia Civil "está tardando en marcharse" por "intentar laminar" a sus propios compañeros, a la vez que reiteró que debe dimitir Grande-Marlaska porque "ha convertido su departamento en el epicentro de la cloaca". 

La vicesecretaria del Partido Popular tachó de “delincuencia de Estado” lo que se está conociendo en el caso Leire Díez porque, en su opinión, se ha utilizado el Gobierno para atacar a los contrapoderes democráticos y se ha perseguido “al que estorba”.

Vox ha ido incluso más lejos y ya ha pronosticado una posible investigación sobre Pedro Sánchez. Su secretario general, Ignacio Garriga, afirmó que hay "sobrados indicios" para que el presidente del Gobierno "se siente ante un tribunal" por los casos que afectan al PSOE: "Esperamos que en los próximos días u horas sea Sánchez el siguiente imputado". Su relato pasa por esta línea: "No estamos ante el caso Leire, ni el caso Ábalos, ni el caso Begoña, ni el caso David Sánchez, estamos ante el caso PSOE, el caso Pedro Sánchez. Es evidente que todas las vías de corrupción acaban en el 'uno' de la Presidencia del Gobierno y en el 'uno' en la Secretaría General del PSOE". 

El exmagistrado Manuel García-Castellón sitúa su dirección oficial como abogado en el mismo lugar en el que tiene su sede en Madrid la aerolínea Plus Ultra, cuyo rescate de 53 millones de euros se encuentra en estos momentos bajo la lupa del Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional. Así figura en su ficha del Colegio de Abogados, en el que se hace constar como "dirección profesional" el mismo edificio de oficinas ubicado al norte de la capital en el que la aerolínea tiene su domicilio social. Preguntado por infoLibre, el exmagistrado explica que es desde hace décadas "íntimo amigo" de Julio Martínez, presidente de la aerolínea. Y que, tras ofrecérselo él, puso su dirección para no hacer constar su "domicilio". No obstante, en contra de lo que figura en su ficha, asegura que no está ejerciendo como abogado.

Tras más de cuatro décadas en la judicatura, los últimos marcados por causas de gran impacto político y mediático –desde Kitchen hasta el caso Tsunami, que se convirtió en todo un obstáculo para la Ley de Amnistía–, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 2 de septiembre de 2024 la jubilación forzosa de García-Castellón, que por entonces estaba a punto de cumplir los 72 años. Una nueva vida que, sin embargo, no tardaría en reorientar. Tres semanas después de que se hiciera oficial el retiro, según los datos del Consejo General de la Abogacía Española, el extitular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional se dio de alta como abogado.

En su ficha oficial del Colegio de Madrid, el exmagistrado hizo constar varios datos. Entre ellos, su "dirección profesional", en la que los letrados ponen las señas del despacho o del domicilio desde el que ejercen. En el caso de García-Castellón figura como tal un exclusivo complejo de oficinas ubicado en la localidad madrileña de Alcobendas, a escasos metros de la sede de Telefónica. El mismo en cuya tercera planta tiene su domicilio social la aerolínea Plus Ultra. Unas oficinas que el pasado 11 de diciembre registraron de arriba abajo agentes de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco de la causa en la que ha sido imputado Zapatero.

Durante aquella entrada, que se prolongó hasta las 21.58 horas, los investigadores se incautaron de buzones de correo electrónico, dispositivos de almacenamiento o documentación de todo tipo, incluyendo agendas, facturas o varios tomos nombrados como "Solicitud SEPI", según consta en la documentación incorporada al sumario. El magistrado instructor, José Luis Calama, investiga, entre otras cosas, un posible delito de tráfico de influencias relacionado con la concesión a la aerolínea de una ayuda de 53 millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un asunto que ya estuvo hace algunos años bajo la lupa de un juzgado de Madrid.

Esa misma mañana, a eso de las 7.20 horas y a escasos 2 kilómetros de aquel edificio, varios agentes accedieron a un chalé ubicado en una exclusiva urbanización ubicada al sur de La Moraleja. Era el domicilio de Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra y máximo accionista de la aerolínea tras adquirir la participación que tenían en la empresa los antiguos socios venezolanos. Allí, según consta en la diligencia de entrada y registro, se halló, entre otras cosas, una gran cantidad de dinero en efectivo. En concreto, varios fajos que sumaban 107.000 euros y 75.175 dólares. Cuando detuvieron a Sola, según ha adelantado Público, pidió a los agentes que comunicaran a García-Castellón su arresto y lugar de custodia. Según la compañía, lo hizo por la relación de amistad que une a ambos.

Este diario se ha puesto en contacto con el exmagistrado para saber por qué motivo figura su dirección oficial como letrado en el mismo edificio en el que tiene su sede la aerolínea y para preguntarle si está prestando servicios profesionales a Plus Ultra. "Soy íntimo amigo de Julio desde hace 30 años. Y como soy abogado no ejerciente pues puse como dirección la de él que se ofreció porque no quería poner mi domicilio. No hay más misterio", ha señalado García-Castellón. Preguntado por qué motivo figura en el censo como letrado ejerciente, asegura que se debe a un error. Este diario también se ha puesto en contacto con la aerolínea vía correo electrónico, sin que a cierre de esta edición se haya recibido respuesta.

El empresario Rafael Reiter Muñoz, quien fuera gerente de Prevención y Control de Pérdidas de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), situó al máximo responsable operativo del Cuerpo Nacional de Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy en el epicentro de la guerra sucia contra Podemos. En febrero de 2022, el exdirectivo de la petrolera declaró como testigo ante agentes de la Unidad de Asuntos Internos. Y allí, en el Complejo Policial de La Verneda, relató una reunión a la que asistió el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino y en la que se le ofreció la nacionalidad española a cambio de información sobre la financiación de Podemos. El acta de su declaración, a la que ha tenido acceso infoLibre, acaba de ser remitida al juez Santiago Pedraz, que investiga desde hace meses las maniobras contra el partido morado.

El Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional indaga desde hace más de dos años en las supuestas investigaciones prospectivas de personas que formaban parte de Podemos. En el marco de esta causa, la Unidad de Asuntos Internos trasladó el resultado de una auditoría que evidenciaba cientos de consultas en bases de datos policiales sobre decenas de diputados en los años 2015 y 2016. En algunos casos, se produjeron en el marco de operaciones como Venus –centrada en el montaje del informe Pisa–, Bolívar –que guarda relación con el montaje de la cuenta en Granadinas– o Cardenal –que versa sobre el montaje de la cocaína contra el exeurodiputado Miguel Urbán–. En otros muchos eran, simplemente, consultas automáticas y rutinarias por el alojamiento en hoteles, renovaciones de DNI o viajes.

En el marco de estas pesquisas, Pedraz solicitó en febrero determinada información al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, donde se investiga una supuesta trama de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abogados y hasta un espía israelí que, presuntamente, extorsionaba a exdirigentes venezolanos vinculados con el blanqueo de capitales. Una causa, Caranjuez, que ha terminado desvelando más detalles de las maniobras del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Una cúpula policial y política que en estos momentos está siendo juzgada por Kitchen, la supuesta operación parapolicial para boicotear la investigación de Gürtel.

El instructor solicitaba, entre otras cosas, un informe de diciembre de la Unidad de Asuntos Internos en el que se recogían una serie de mensajes entre el ex militar israelí Alberto Galán, alias Avi –a quien sitúan al frente de la delegación española de la organización– y el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, entonces destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. "Por cierto, hablando de dinero: los 300.000 euros que pediste tú? [sic]", escribía el primero. Apoyándose en una carta que habría redactado Martín Rodil –abogado, colaborador de la DEA y jefe de Galán –, Asuntos Internos llega a la conclusión de que el dinero pedido podía estar destinado al pago como fuente del venezolano Carlos Alberto Arias, que fue quien facilitó a la Policía la falsa cuenta bancaria de quien fuera líder de Podemos, Pablo Iglesias, en Granadinas.

Pedraz, por otro lado, también pedía que se le facilitara la declaración que hizo como testigo ante agentes de Asuntos Internos el venezolano Rafael Reiter Muñoz, quien fuera hasta 2014 jefe de seguridad en Pdvsa. En su comparecencia, aseguró que en "marzo o abril" de 2016, coincidiendo con la irrupción de Podemos como tercera fuerza parlamentaria, se presentó en su domicilio el abogado José Aliste diciendo que venía de parte de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía chavista, y que tenía "un encargo de la policía española". Se citaron para esa misma tarde en su despacho. Y a aquel encuentro acudieron "varios funcionarios" policiales, entre los que cita a "Gago" y a "Catalán". "En dicha reunión se le solicitó colaboración relativa a la financiación del partido político del grupo Podemos", recoge el acta de declaración.

Tras este primer encuentro, se organizó un segundo en Madrid, en un restaurante del exclusivo barrio de Salamanca en el que, además de los anteriormente citados –Gago, Catalán y Aliste– acudieron "Boni", "Peláez", "El Gordo" –así se conocía en el cuerpo al comisario jubilado Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información– y el entonces director adjunto operativo Eugenio Pino. "Es en ese encuentro en el que se le ofrece a cambio de su colaboración la posibilidad de obtener la nacionalidad española por medio de carta de naturaleza –es decir, por decisión discrecional del Gobierno–", continúa el acta. A partir de ahí, Pino ordenó que los interlocutores con el exgerente de Pdvsa fueran "Boni" y "Catalán".

En la causa de la guerra sucia contra Podemos están siendo investigados, entre otros, el ex director adjunto operativo, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o los inspectores jefe Bonifacio Díaz Sevillano y José Ángel Fuentes Gago. Una lista a la que se acaba de sumar el comisario jubilado José Manuel García Catalán, quien como jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) viajó en abril de 2016 a Nueva York para entrevistarse con el exministro venezolano Rafael Isea, a quien se ofreció una "nueva vida" a cambio de información sobre Podemos. Durante su declaración como investigado, Pino negó haber participado en ninguna operación contra Podemos. Y lo mismo hicieron el resto de imputados.

El exgerente de la petrolera estatal no es el único que ha puesto el foco sobre Pino. El exviceministro venezolano de Desarrollo Energético Javier Alvarado Ochoa, por ejemplo, contó al juez que en aquellos primeros meses de 2016 se reunió en dos ocasiones con Pino en su despacho y le entregó abundante documentación sobre las relaciones de Hugo Chávez con empresas españolas y movimientos de dinero. Sin embargo, el ex director adjunto operativo solo parecía interesado en información sobre la formación morada, por lo que el exviceministro chavista se comprometió a hablar con las agencias de inteligencia.