En el madrileño barrio de Moscardó, en recuerdo a aquel teniente general que encabezó el golpe de Estado en la provincia de Toledo, se ubica un pequeño local que evoca un oscuro pasado. En la entrada, el principal lema franquista sobre un cartel rojigualdo. En el interior, banderas preconstitucionales, retratos del dictador y conmemoraciones anuales del "Día del Alzamiento". Es tan solo uno de los muchos establecimientos hosteleros que todavía hoy, medio siglo después de la muerte de Francisco Franco, siguen basando buena parte de su negocio en la apología del golpe de Estado de 1936 y de la sangrienta dictadura. Bares y restaurantes que se han convertido en punto de encuentro, parada obligada o lugar de peregrinación de la ultraderecha patria. Y, por supuesto, de difusión de sus mensajes. Todo ello pese a la Ley de Memoria Democrática.

Los ejemplos abundan. A los pies de Despeñaperros se ubica, desde hace un siglo, Casa Pepe, un restaurante en cuyas paredes lucen desde una foto grupal de los juzgados por el fallido golpe de Estado del 23F hasta numerosas insignias de la Falange y retratos de su fundador, José Antonio Primo de Rivera. Un local cuya tienda, además, se ha convertido en epicentro del merchandising franquista, con mecheros, llaveros, relojes, navajas y hasta chocolates con la cara del dictador o con el Águila de San Juan. A 300 kilómetros de allí, otro restaurante, El Rincón Nacional, ha incluido en alguna ocasión en su menú, expuesto en una pequeña pizarra, el plato "huevos rotos fusilados". Y en Arteixo (A Coruña) otro local decora su entrada con un "rojos abstenerse" y una enorme bandera franquista.

En el interior de este último bar, uno puede toparse con carnés propagandísticos del golpista Antonio Tejero. Y con lotes de vinos etiquetados con la figura de Franco. "Es mi ídolo, alguien que quitó a España de la nada", decía, arrodillado frente a la gigantesca enseña preconstitucional, el dueño del local en un reciente reportaje televisivo. Un establecimiento al que la Xunta de Galicia acaba de abrir un expediente sancionador que podría llevar aparejada una multa de hasta 9.000 euros. Pero no por su exaltación del franquismo, sino por la posible comisión de una infracción turística grave. Es decir, no se analizará si menosprecia a las víctimas de la dictadura, sino que se verá si vulnera el derecho de acceso restringiéndolo de forma discriminatoria.

El artículo 86 del Código Penal alemán castiga con hasta tres años de cárcel a aquellos que difundan, produzcan, almacenen, exporten o importen material propagandístico nacionalsocialista. Por eso no es raro, por ejemplo, que la Policía irrumpa en un pub de Augsburg, confisque varias botellas de vino con el rostro de Adolf Hitler junto al lema Sieg Heil y abra una investigación contra el propietario del establecimiento. Al igual que en suelo germano, también están castigadas en Italia y Francia este tipo de conductas. En suelo galo, por ejemplo, el artículo R645-1 del Código Penal prohíbe "llevar o exhibir en público un uniforme, insignia o emblema" que recuerden a los que portaban miembros de organizaciones declaradas criminales en base al Estatuto del Tribunal Militar Internacional, como por ejemplo el NSDAP nazi.

Pero la exaltación del franquismo no tiene reproche penal en el ordenamiento jurídico español. Nuestra Constitución, a diferencia de la alemana, no optó en su día por un modelo de democracia militante. Y todas las peticiones por penalizar estas conductas han caído siempre en saco roto. Hasta la fecha, los únicos pasos del legislador para poner coto a la apología de la sangrienta dictadura y sus protagonistas se han dado al calor de las leyes memorialistas. Eso sí, sin demasiado éxito. La de 2007, la primera, impedía, por ejemplo, actos de exaltadores en el Valle de los Caídos. Sin embargo, la ausencia de un régimen sancionador hizo que la prohibición fuera burlada constantemente sin consecuencia ninguna.

La actual Ley de Memoria Democrática sí incluye un cuadro de castigos económicos. Y con ella en la mano hay margen suficiente como para atacar la exaltación del franquismo. "Se pueden, y se deberían, imponer sanciones", resalta en conversación con infoLibre Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Y da igual que sea en la calle que en un bar de Usera. "Son lugares de acceso público, por tanto se incumple la ley. Eso significa que debe existir un expediente sancionador, sobre el cual el restaurador puede, si así lo considera, recurrir", expone, por su parte, Eduardo Ranz, abogado especializado en memoria y exasesor del Ministerio de Justicia.

La norma considera en su artículo 62 como infracción grave "la falta de adopción de las medidas necesarias" para impedir o poner fin a la realización, en espacios abiertos al público o en locales y establecimientos públicos, "de actos de exaltación personal o colectiva" de la "sublevación militar, de la Guerra Civil o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo u organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial" cuando los mismos entrañen "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares". La horquilla de sanción oscila entre los 10.001 y los 150.000 euros.

Por el momento, reconocen a este diario desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, no se han impuesto sanciones a este tipo de establecimientos franquistas. "No se hace porque no se quiere, no porque no se pueda. No hay voluntad política", lamenta el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que sigue echando en falta un delito genérico en el Código Penal que castigue la apología de todo tipo de violencias, acabando así con la "doble moral" existente en la actualidad. El Ejecutivo sí que impuso una multa de 10.001 euros a Falange por los actos de homenaje del 20N del 2022. Una sanción que, sin embargo, anuló la Audiencia Nacional hace solo unos meses al entender que la celebración de estos actos solo es sancionable "cuando se ejecuta" con la "finalidad" de causar dolor a las víctimas.

Desde el Gobierno, no obstante, no descartan la imposición de castigos a este tipo de bares de la llamada Ruta del 36, cuyo negocio orbita en buena medida alrededor del espectáculo neofascista que, para más inri, promocionan los sospechosos habituales del famoseo patrio. "El real decreto de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática ha perfilado la posibilidad y, en estos momentos, los juristas están estudiando los casos para poder avanzar en medidas concretas y, en su caso, sanciones administrativas", apuntan fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que este lunes se van a desplegar en Ceuta varios dispositivos de atención humanitaria de carácter extraordinario y temporal, que supondrán la habilitación "inmediata" de 1.500 nuevas plazas para migrantes.

Los nuevos dispositivos se desplegarán en cuatro emplazamientos: el aparcamiento del embolsamiento de la zona de la Loma del Colmenar, cedida por la ciudad autónoma, las instalaciones de la hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el denominado espacio del Guano, estos dos últimos de titularidad del Gobierno de España.

"La colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Esa va a ser la brújula que guíe mi estancia estos días", ha dicho durante su visita a la ciudad.

Saiz ha lamentado además que el PP esté comprando el discurso de Vox en materia migratoria, le ha pedido que se comporte como un "partido de Estado" y ha recalcado que el Gobierno de España no ha dejado de trabajar "ni solo un segundo" acompañando a Ceuta, liderado por el presidente, Pedro Sánchez, con reuniones presenciales, telemáticas y visitas.

Saiz, que llegó anoche a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación generada tras la llegada masiva de migrantes, se ha reunido con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, un encuentro a cuya llegada ha sido abucheada.

La ministra ha recordado que su departamento declaró hace unos días una situación de emergencia dotada con 6,5 millones de euros para reforzar la respuesta humanitaria, con Cruz Roja como entidad prioritaria para atender a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Según los datos facilitados por la ministra, la organización está repartiendo aproximadamente 4.000 kit de alimentación diarios y ha realizado más de 4.000 asistencias sociosanitarias desde el inicio de la crisis.

La titular de Migraciones también ha reconocido el trabajo de otras entidades sociales y asociaciones vecinales que están participando en la atención humanitaria.

Saiz ha insistido en que el sistema de acogida es "flexible" y ha situado los nuevos dispositivos anunciados este lunes dentro de la respuesta que está articulando el Ejecutivo para adaptar los recursos disponibles a las necesidades de Ceuta.

Preguntada expresamente por la situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que se encuentra saturado, y por las miles de personas que permanecen en el asentamiento de la playa del Trampolín, ha señalado que el Gobierno está "dimensionando" la situación.

No obstante, no ha concretado en ese momento las cifras de ocupación del CETI o del asentamiento y ha apuntado a la habilitación de los nuevos espacios temporales como parte de la respuesta para descongestionar el sistema.

Saiz también ha sido preguntada sobre si la intención del Gobierno ante la llegada masiva de migrantes es expulsarlos o acogerlos, y ha respondido que el Ejecutivo está actuando "cumpliendo estrictamente el marco de la legalidad vigente" y ha reivindicado la atención humanitaria como una parte esencial.

Al respecto, ha recalcado que la actuación del Gobierno se desarrolla dentro de las normas nacionales y europeas en materia de migración y asilo.

El Ejecutivo, ha explicado, apuesta por una migración "regular, ordenada y, sobre todo, segura", teniendo en cuenta que la inmigración irregular constituye un "drama humanitario" que puede costar vidas.

La responsable de Migraciones ha reivindicado además el comportamiento de la sociedad ceutí durante la crisis, a la que ha definido como un "ejemplo de convivencia".

También ha advertido de que, junto a esa respuesta ciudadana, se han producido intentos de aprovechar la situación extraordinaria para introducir "discursos de odio" y generar miedo.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha advertido este lunes de que acudirá al Poder Judicial para trasladar a sus máximos responsables la situación que atraviesa la ciudad tras la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio, ante la "pasividad" del Gobierno en la respuesta a la crisis.

En una rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo ceutí, Vivas ha explicado que solicitará ser recibido por la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, y por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para trasladarles que Ceuta "está en peligro".

Vivas ha insistido en que la situación en la ciudad autónoma continúa lejos de la normalidad y que desconoce todavía cuántas de las 80.000 personas que entraron irregularmente permanecen en Ceuta y cuántos expedientes de devolución o expulsión se han iniciado.

El presidente ceutí ha denunciado una "falta de respuesta adecuada" del Gobierno central hacia "una parte de España que se ha visto atacada en su integridad territorial", y ha recordado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó a Ceuta de territorio en situación de "alto riesgo".

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha renovado la autorización de explotación de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta el 8 de junio de 2030.

Dicha renovación, según la Orden TED/864/2026, ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La autorización anterior establecía su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y hasta el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II. 

La entidad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) solicitó el 30 de octubre de 2025 la ampliación de la vigencia de ambas unidades hasta el 8 de junio de 2030.

La decisión del Ministerio se produce después del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que tuvo entrada el pasado 16 de julio y que consideró favorable la renovación por el periodo solicitado, "siempre que la explotación de la central se ajuste a los límites y condiciones establecidos en el anexo" de la orden.

El Ministerio señala que la extensión solicitada se limita a unos 31 meses para la Unidad I y 19 meses para la Unidad II y sostiene que esta ampliación "representa una proporción reducida de la vida media prevista del parque nuclear español", sin alterar el resto del calendario ni la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear, fijada en 2035.

Asimismo, según la orden, el análisis de sensibilidad realizado estima que la extensión de la explotación de Almaraz supondría en 2030 una reducción del 1,4% de la generación renovable respecto al escenario contemplado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), mientras que la generación procedente de gas natural en ciclos combinados se reduciría un 7% respecto a ese mismo escenario.

El Ministerio también recoge que, según Enresa, el incremento del inventario de residuos radiactivos derivado de la extensión será "poco significativo" y no exigirá ampliar las instalaciones de almacenamiento existentes y en curso.

La orden añade que no se prevé el traslado de costes adicionales a los consumidores ni a los presupuestos generales.

En cuanto al sistema eléctrico, el operador del sistema considera que la disponibilidad de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 aporta al sistema, aunque "de forma limitada en algunos aspectos", y señala que esta extensión no modifica la necesidad de continuar con las actuaciones destinadas a reforzar la seguridad y estabilidad del suministro.

La orden establece que la nueva autorización tendrá efectos desde el día siguiente a su notificación a CNAT y será válida para las dos unidades hasta el 8 de junio de 2030, inclusive.

La explotación deberá ajustarse a los límites y condiciones establecidos por el Ministerio. La autorización podrá quedar sin efecto si se incumplen esos límites y condiciones, si existen inexactitudes en los datos aportados o discrepancias fundamentales con los criterios en los que se basa su concesión, o si aparecen factores desfavorables para la seguridad nuclear y la protección radiológica que no se conozcan en el momento de la autorización, según recoge el BOE. 

Este miércoles se cumplen cinco años desde que la ley rider entró en vigor. La norma nació tras el "boom" de teléfonos inteligentes y plataformas digitales de reparto de comida a casa que impulsaron esta tendencia y que operaban en su mayoría con autónomos. Un lustro después, el sistema es muy diferente.

El hecho de que los repartidores de los productos funcionaran como "falsos autónomos" se situó en el centro de la polémica desde el inicio de este fenómeno del "delivery".

Por ello, administraciones, sindicatos y patronales impulsaron esta norma, que ha impactado de lleno en el sector y en sus operadores, con procesos judiciales y movimientos empresariales de calado.

La polémica sobre la petición de la comparecencia inmediata de tres ministros aprobada por el Senado haciendo valer la mayoría absoluta del PP y la amenaza de su presidente, Pedro Rollán, de tomar medidas contra el Gobierno en caso de que rechacen acudir a la Cámara ha quedado reducida a un cruce de declaraciones de políticos de distinto signo sin apenas trascendencia constitucional. El Ejecutivo de Sánchez ha desinflado el globo al confirmar que tiene la intención de comparecer en la Cámara de representación territorial, pero no en las fechas que exige Rollán y su partido, sino cuando lo permitan sus agendas. La única herramienta jurídica del Senado, la presentación de un conflicto entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional, quedaría así vacía de contenido. El PP, sin embargo, no se empleó con la misma contundencia en 2016 cuando Mariano Rajoy y los miembros de su Gobierno se negaron a acudir a ninguna de las Cámaras durante más de 10 meses.

Los tres ministros –el de Exteriores, José Manuel Albares; la de Defensa, Margarita Robles; y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska– junto con el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han pedido a iniciativa propia comparecer en el Congreso entre los próximos 25 y 28 de agosto. Cuando acudan podrán informar a los diputados sin límite de tiempo y después los portavoces de cada uno de los grupos en cada una de esas comisiones podrán plantear sus cuestiones en su turno de palabra. También han asegurado, ante la polémica suscitada por Rollán, que cumplirán con su obligación de ir al Senado, aunque no con la premura que les exige el PP. Gracias a la reforma del Reglamento de la Cámara Alta impulsada por ese partido el pasado noviembre, los ministros cuentan con solo 40 minutos para dar sus explicaciones.

El Ejecutivo cumple así con la obligación prevista en el artículo 101 de la Constitución que permite a ambas Cámaras exigir la presencia de los ministros y del presidente en ejercicio de su función de control. También con el artículo 66.2 del Reglamento del Senado que en la nueva redacción propuesta por el PP introdujo un mandato expreso de acudir a los miembros del Gobiernos para dar dar explicaciones. "Los miembros del Gobierno y demás autoridades y funcionarios de Administraciones públicas están obligados a comparecer ante las Comisiones y sus órganos, incluidas las Comisiones de Investigación", dice el nuevo precepto. La incomparecencia ante una comisión de investigación supone la comisión de un delito de desobediencia, según el artículo 502 del Código Penal, pero la ley no prevé ninguna consecuencia por no acudir a una comisión ordinaria en una fecha concreta.

Fuentes del Ejecutivo explican que lo normal en los casos de los ministros y el presidente es que los gabinetes de estos o la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, se pongan de acuerdo con los letrados de las Cortes o los presidentes de cada comisión para pactar una fecha. Esas mismas fuentes subrayan la dificultad que, en muchos casos, supone preparar una comparecencia y dar las preceptivas explicaciones debido a las cargadas agendas del presidente o de los ministros. "Se trata de una cuestión de cortesía parlamentaria y de lealtad entre instituciones", aseguran esas mismas fuentes. Marlaska anunció ayer que este miércoles debe coordinar el dispositivo para el eclipse. Robles, por su parte, está en Ceuta para supervisar el despliegue militar que busca prevenir una nueva entrada masiva de migrantes.

En esas condiciones, la única arma que le queda al Senado es presentar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional como el que ya remitió a ese órgano el pasado diciembre contra el Gobierno por no presentar los Presupuestos. El anuncio del Ejecutivo de que sí dará explicaciones en la Cámara de representación territorial sobre la crisis de Ceuta dejaría previsiblemente sin contenido ese recurso ya que los magistrados del órgano de garantías, debido a los plazos que establece ese mecanismo, solo lo estudiarían cuando las comparecencias ya se hayan producido y la obligación constitucional de los ministros de someterse al control de los senadores se haya cumplido.

El incumplimento de ese deber –no solo ante el Senado, sino también ante el Congreso– sí se produjo en 2016, cuando el entonces presidente, Mariano Rajoy, y los miembros de su Gobierno se negaron a comparecer ante el Parlamento durante más de 10 meses alegando que estaban en funciones. En esa ocasión fue el Congreso, entonces presidido por el socialista Patxi López, el que llevó al Constitucional al Gobierno con los votos en contra del PP, que no consideró un problema los continuos plantones del presidente y sus ministros a ambas Cámaras.

La respuesta del Constitucional no llegó hasta noviembre de 2018, cuando Rajoy ya había caído por la moción de censura que hizo presidente a Sánchez. Sus magistrados dieron la razón al Congreso y aseguraron que las sucesivas negativas del ya expresidente y sus ministros a comparecer afectaban al "equilibrio de poderes" y que el Gobierno estaba obligado a someterse al control parlamentario "en la medida en que el Ejecutivo sigue desarrollando actividad", aunque se encuentre en funciones. La diferencia con las comparecencias por la crisis de Ceuta es evidente: el Gobierno socialista sí cumplirá con su obligación constitucional de acudir tanto al Congreso como al Senado, pero no en el momento exacto que le imponga el principal partido de la oposición.

El domingo 2 de agosto, Radio France Internationale dedicó su programa semanal de geopolítica al 90º aniversario del estallido de la Guerra Civil española. Lo que se emitió, sin embargo, tuvo poco de conmemoración histórica: durante casi 50 minutos, un aristócrata español que lleva cuatro años organizando manifestaciones para exigir la dimisión del presidente del Gobierno dispuso de la emisora pública exterior francesa para desarrollar su discurso político, presentado ante los oyentes como un simple representante de la sociedad civil.

Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, noveno conde de Ripalda, fue introducido en antena por Marie-France Chatin, la conductora del programa, únicamente como “coordinador de Español a Español por la Constitución y de la Asociación Española de Mujeres Juristas y de 32 asociaciones de la sociedad civil de toda España”. Esa presentación es formalmente cierta, pero engañosa. Omite algo esencial: que la plataforma que coordina tiene un objetivo político declarado y singular, que es la salida del Gobierno de Pedro Sánchez.

Marichalar ha organizado concentraciones, según él mismo afirmó, en Madrid, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Granada, Alicante, Burgos, Santander y Marbella, algunas junto a los movimientos de protesta de la calle Ferraz y ha contado en ocasiones con la participación de figuras como la del exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto. Además, ha remitido cartas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en las que sostiene que el Ejecutivo accedió al poder “corruptamente” y que la ley de amnistía constituye un “golpe institucional”. Incluso, llegó a afirmar en febrero, en el diario El Debate, que a Sánchez “se le ha ido la cabeza”. Es hermano de Jaime de Marichalar, exmarido de la infanta Elena, y de Álvaro de Marichalar. Por lo tanto, es el tío de las personas que ocupan el cuarto y quinto puesto en la línea de sucesión al trono en España: Juan Froilán y Victoria Federica de Borbón.

Nada de este perfil se le explicó al oyente al inicio del programa. Y sobre esa presentación aséptica se construyeron 48 minutos de discurso sin contradicción efectiva.

Marichalar sostuvo en antena que Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero ejecutan “una estrategia muy bien pensada” para “volver a enfrentar a las partes de España”, y que lo hacen “porque quieren cambiar el régimen español”: “Quieren cambiarlo por cinco repúblicas o por una república”. 

Afirmó que la Segunda República “llegó por la vía de un golpe de Estado”, que Francisco Largo Caballero “hizo un golpe de Estado en 1934” y que Franco “fue designado por la República para detener ese golpe de Estado”. Añadió que “hay que bajar mucho a la realidad de las cuestiones”.

Además, durante una de sus intervenciones, sostuvo que España "está muy sola", que las instituciones europeas "no responden" pese a seis años de cartas, y equiparó su situación a la de Venezuela: “Tenemos un presidente del Gobierno y un antiguo presidente del Gobierno europeo [sic], Zapatero, que ayuda al régimen narcodictatorial de Venezuela, y eso es un problema como España”.

Y cerró con una petición explícita: "Queremos recuperar la dignidad y queremos recuperar la democracia, y queremos que dimita el presidente del Gobierno".

La mayor parte de estas afirmaciones no fue objeto de réplica o matización por parte del resto de contertulios o la conductora.

Varias de las afirmaciones que Marichalar difundió en la radio pública francesa no resisten la comprobación.

La jornada de ocho horas. Es el caso más claro, y no es la primera vez que hace esta declaración sin que se le contradiga. Marichalar afirmó en antena: "Los grandes avances sociales de España se hicieron después de Gran Bretaña, en 1917, 18 y 19. Y fue mi abuelo quien hizo la jornada de ocho horas". Y remató: "No es la izquierda, que ahora dice que la jornada de ocho horas la hizo el señor Largo Caballero".

A pesar de sus palabras, el real decreto que estableció la jornada de ocho horas se firmó el 3 de abril de 1919, bajo el Gobierno del conde de Romanones, tras la huelga de La Canadiense. Luis de Marichalar y Monreal, vizconde de Eza —abuelo paterno de Amalio— fue ministro de Fomento entre junio y noviembre de 1917 y ministro de Guerra entre mayo de 1920 y agosto de 1921. No formaba parte del Gobierno en abril de 1919.

Es cierto que el vizconde de Eza fue una figura relevante del reformismo social católico: consejero del Instituto Nacional de Previsión, director de las Semanas Sociales de España y académico de Ciencias Morales y Políticas. Existe literatura académica específica sobre su papel en el conservadurismo social del primer tercio del siglo XX. Pero eso es una cosa y atribuirle la autoría de la jornada de ocho horas es otra.

No es la primera vez que Marichalar difunde esta versión. La sostuvo también en agosto de 2025 en una entrevista en El Español, cuyo titular la reprodujo sin contraste ni explicación alguna. De hecho, en aquella ocasión, el aristócrata achacaba a una operación del PSOE que se ocultara ese supuesto hito de su abuelo.

El "muro" contra el 50% de los españoles. Marichalar afirmó que Sánchez "lo dijo en el Parlamento: 'quiero hacer un muro contra la mitad de los españoles'". La expresión existe, pero su significado es otro: en el debate de investidura de noviembre de 2023, Sánchez planteó "alzar un muro" frente a lo que definió como los ataques de la derecha reaccionaria a los valores democráticos, no contra el 50% de la ciudadanía.

"La prensa internacional señala casi todos los días la gran corrupción de un primer ministro europeo" y "150 personas de su Gobierno han acabado ante la justicia". No consta ninguna fuente que sustente estas afirmaciones.

Pero más allá de estas frases, Marichalar aseguró en antena que habla “siempre con gente muy importante del Partido Socialista, por ejemplo, José María Múgica, quiero decir el nombre. Hablo con él, le envío todos los días la manifestación que hacemos cada día”. Sin embargo, deliberadamente omitió que Múgica lleva tiempo alejado del PSOE y que, de hecho, pidió la baja del partido hace casi ocho años.

Sería inexacto decir que nadie le rebatió. Hubo dos correcciones. Por un lado, el historiador Benoît Pellistrandi, hispanista francés y autor de Les fractures de l'Espagne (Gallimard, 2022), que también participaba en el programa, rechazó de forma tajante la tesis del golpe de Estado republicano: "No puedo admitir que se diga que el 14 de abril de 1931 se trate de un golpe de Estado. El golpe de Estado es el del 17 de julio de 1936", dijo, recordando además el precedente de Primo de Rivera en 1923. Fue el único momento del programa en que un invitado desmintió a otro en directo.

Por su parte, Miguel Ángel García Carrasco, investigador de la Fondation pour la Recherche Stratégique, tercer invitado en la conversación,  matizó la tesis del cambio de régimen a manos de Sánchez y Zapatero: no es "una estrategia firme", replicó, sino negociaciones sostenidas con socios minoritarios dentro de una coalición con sensibilidades regionalistas e independentistas.

Pero ninguno de los dos discutió el marco general. Pellistrandi habló por su cuenta de "catástrofe democrática", atribuyó a Sánchez "una falta de moral" y comparó su situación con la del ex primer ministro húngaro Viktor Orbán: “Si Viktor Orbán hubiera actuado de esta manera, les puedo asegurar que se hablaría de ello en los medios franceses. Así que sí, hay en España un problema de funcionamiento de las instituciones”. 

García Carrasco coincidió en el diagnóstico de parálisis y pronosticó que las elecciones de 2027 desalojarán al PSOE: “Cada vez [Sánchez] lo tiene más difícil para dar continuidad a la legislatura, de cara a unas elecciones en 2027 que probablemente desalojarán al Partido Socialista del poder”. 

Pero ninguno corrigió el dato de la jornada de ocho horas, ni la cifra de las 150 personas ante la justicia, ni la tergiversación de la frase del muro. Resulta sorprendente que en un programa en el que se quería analizar “qué revela aún 1936 sobre la España de hoy” solo se invitara a participar a contertulios abiertamente críticos con el Gobierno.

Marie-France Chatin, que dirige Géopolitique desde septiembre de 2008, no interrumpió ni verificó ninguna de las afirmaciones. Su única intervención correctiva consistió en pasar el micrófono a Pellistrandi cuando Marichalar sostuvo lo del golpe de Estado de 1931.

Sin embargo, tampoco asumió el papel neutral de conductora del programa. En varios momentos adoptó el marco de Marichalar. De hecho, llegó a elogiar las acciones que lleva el aristócrata contra el Gobierno: "Ese hastío de la política da finalmente todo su valor a lo que usted hace, con esas manifestaciones; imagino que tendría usted otras preocupaciones que organizar todo eso. En todo caso, da esperanza sobre el futuro. Es importante movilizar a esa sociedad civil".

No es una pregunta ni una síntesis: es un aval editorial a una campaña política en curso en un país extranjero, emitido por una radio pública financiada con recursos públicos franceses.

RFI forma parte de France Médias Monde, el grupo público del sector audiovisual exterior francés, y difunde a través de una amplia red de repetidores en todo el mundo, con especial implantación en África y América Latina.

El grupo se financia en un 95% mediante una fracción de la recaudación del IVA —una fórmula elegida precisamente para que no se le perciba como medio de Estado— y su presidencia la designa la autoridad reguladora independiente ARCOM. France Médias Monde dispone de una carta deontológica y de un comité interno específico "relativo a la honestidad, la independencia y el pluralismo de la información y de los programas", y exhibe la certificación Journalism Trust Initiative.

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La crisis de Ceuta ha vuelto a situar a los menores extranjeros no acompañados en el centro de la disputa entre el Partido Popular y Vox. Pero esta vez el conflicto se desarrolla con una diferencia sustancial respecto a lo ocurrido hace dos años, cuando se produjo la ruptura entre ambos por la acogida de los menores en las comunidades autónomas. Ahora, los conservadores no aparecen como el partido que resiste el ultimátum de la extrema derecha, sino como una formación dispuesta a asumir buena parte de su diagnóstico y discurso.

La primera reacción de la dirección nacional del PP fue presentar lo sucedido en Ceuta como una cuestión de “seguridad nacional” y responsabilizar en exclusiva al Gobierno de Pedro Sánchez. Su secretario general, Miguel Tellado, reclamó que quienes habían entrado irregularmente salieran por el mismo lugar, sin diferenciar inicialmente entre personas adultas y menores de edad. El mensaje aproximaba a Génova a la posición de Vox, que exige a sus socios autonómicos una negativa frontal a cualquier distribución de menores migrantes.

Génova, sin embargo, tuvo que rectificar horas después. La vicesecretaria Alma Ezcurra aseguró este miércoles que las comunidades gobernadas por el PP “siempre van a cumplir la ley” y distinguió finalmente entre los adultos y los niños y adolescentes en una entrevista en Onda Cero. Pero aunque la dirección de Alberto Núñez Feijóo admite que la acogida es obligatoria por el decreto ley aprobado el pasado año en el Congreso, varios gobiernos autonómicos compartidos por PP y Vox han anunciado que van a rechazar a los menores procedentes de Ceuta. 

Una consigna que dejó más que clara el líder de Vox, Santiago Abascal, tras afirmar el martes que “ni un euro de los españoles” debe destinarse a la acogida de los menores que se encuentran solos en Ceuta. Los pactos de coalición firmados por ambos partidos en Aragón, Castilla y León, Extremadura y Andalucía contienen prácticamente la misma cláusula. Bajo el enunciado “No más menores extranjeros no acompañados”, los ejecutivos se comprometen a oponerse por medios políticos y jurídicos a cualquier mecanismo de distribución de inmigrantes, incluidos los menores. 

El contraste con julio de 2024 es significativo. Entonces, Feijóo anunció que las comunidades gobernadas por su partido aceptarían el traslado —entonces voluntario— de unos 400 menores desde Canarias y Ceuta. El líder del PP defendió aquel acuerdo como un ejercicio de solidaridad y como un “último esfuerzo” ante la falta de una política migratoria suficiente por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Vox respondió abandonando los gobiernos de coalición de Aragón, Castilla y León, Extremadura, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. Abascal había advertido de que consideraría rotos los ejecutivos si el PP aceptaba el reparto. Génova acusó entonces a los ultraderechistas de irresponsabilidad y sostuvo que la acogida de entre diez y treinta menores por comunidad era solo una coartada para romper unas coaliciones que, según el PP, funcionaban correctamente.

Dos años después, Vox ha regresado a varios gobiernos autonómicos y lo ha hecho con mayor capacidad para condicionar sus políticas— con la “prioridad nacional” como bandera— y el PP procura evitar que una nueva crisis migratoria vuelva a provocar una ruptura de la derecha. En lugar de defender desde el principio la solidaridad territorial, Génova ha comenzado cuestionando la acogida y no ha sido hasta este miércoles cuando ha reconocido que sus comunidades deberán cumplir la legislación, aunque no estén de acuerdo con ella.

En 2024, el reparto acordado en la conferencia sectorial era voluntario. Desde la reforma de la ley de extranjería aprobada en marzo de 2025, el Estado dispone de un mecanismo obligatorio para reubicar a menores cuando el sistema de protección de un territorio supera su capacidad ordinaria y se declara una contingencia migratoria extraordinaria. Y Ceuta se encuentra precisamente entre los territorios para los que el Gobierno declaró esa contingencia. Su presidente, Juan Jesús Vivas (del PP), asegura que se está viviendo una situación “absolutamente insostenible” en la ciudad autónoma por la presión migratoria y ha pedido “socorro, auxilio, ayuda y solidaridad” al Gobierno y al resto de comunidades.

La normativa establece un procedimiento de traslado y atribuye a las comunidades de destino la tutela y protección de los menores que les sean asignados. Las autonomías pueden recurrir el reparto, como ya han anunciado algunas comunidades autónomas, y reclamar más financiación, pero no disponen de un veto ni pueden negarse a las reubicaciones mientras la norma siga vigente y los tribunales no suspendan su aplicación.

La obligación alcanza incluso a Vox. Uno de sus dirigentes autonómicos, el vicepresidente andaluz Manuel Gavira, ha reconocido que la situación jurídica es distinta a la de 2024 y que las comunidades tendrán que acatar la legislación, aunque su partido rechace el sistema. Por su parte, el vicepresidente de Castilla y León, Carlos Pollán, ha afirmado que utilizarán “todas sus competencias y recursos jurídicos y políticos” para oponerse al reparto. 

El endurecimiento del PP se produce, además, mientras las instituciones europeas han cerrado filas con España frente a la crisis de Ceuta pese a las críticas iniciales. Los ministros de Interior de la Unión Europea y de los países asociados a Schengen —muchos de la familia del PP— han trasladado su “fuerte solidaridad” con España y han valorado la actuación “rápida y eficaz” de las autoridades españolas. La declaración europea también destacó que la mayoría de las personas que habían cruzado irregularmente habían sido retornadas y que no se había producido un movimiento relevante hacia la península ni hacia otros Estados miembros.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había reaccionado previamente a la situación de Ceuta y condenado las entradas irregulares y los cruces peligrosos. El respaldo europeo permitió al Gobierno contener las críticas iniciales de algunos socios, preocupados por una posible circulación secundaria de migrantes por el espacio Schengen, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que calificó lo ocurrido como una “amenaza para la seguridad de las fronteras europeas” y promovió junto con otros 21 líderes europeos una reunión urgente de ministros de Interior.

Mientras la UE ha situado el episodio en el ámbito de la cooperación con España y de la defensa de una frontera exterior común, desmontando la idea de un Gobierno aislado en Europa, el PP y Vox han intentado trasladarlo al terreno de la confrontación interna. Tellado fue el primero en hablar de seguridad nacional y reclamar devoluciones y se negó a aclarar si las comunidades lideradas por su formación acogerían a los menores, como les reclama no solo el Gobierno, sino también el popular Vivas.

Si llegaran realmente a incumplir con la acogida, el Gobierno podría requerir formalmente a la administración autonómica para que ejecutase el traslado y acudir después a los tribunales. También podrían intervenir la Fiscalía o las entidades encargadas de velar por los derechos de los menores si la negativa provocase una situación de desprotección. Para hablar de desobediencia penal sería necesario analizar la conducta concreta de una autoridad, la existencia de una orden clara y su negativa consciente y reiterada a cumplirla. 

Hay varios motivos que explican la postura del PP. El primero es la competencia electoral con Vox. La hostilidad contra los migrantes es uno de los asuntos de los que la extrema derecha ha hecho bandera. Cuando se produce una crisis fronteriza, como ha sido el caso, el PP teme que una posición centrada en la protección de los menores sea presentada por Vox como una cesión al Gobierno. Adoptar expresiones como “seguridad nacional”, insistir en las devoluciones y cuestionar el reparto permite a Génova reducir inicialmente la distancia con Abascal.

El segundo factor es la nueva dependencia autonómica. Tras las elecciones celebradas en el nuevo ciclo electoral, el PP ha vuelto a alcanzar acuerdos de gobierno con Vox. La extrema derecha ha aprendido de la ruptura de hace dos años y ha introducido en los pactos cláusulas explícitas contra la acogida, que los conservadores han aceptado sin reproches. El margen de los presidentes del PP es menor ahora que hace dos años, porque aceptar un traslado sin confrontación puede ser presentado como un incumplimiento del acuerdo de coalición.

El tercero es el recuerdo de la crisis de hace dos veranos. La salida de Vox dejó al PP gobernando en minoría y demostró que Abascal estaba dispuesto a sacrificar poder institucional para mantener su posición sobre inmigración. Génova sabe que la amenaza puede repetirse, aunque en los pactos los ultras se comprometieron a aprobar todos los presupuestos. Su reacción inicial ante Ceuta parece dirigida tanto contra Sánchez como a evitar que Vox vuelva a ocupar en solitario el espacio del rechazo.

Existe también una razón de estrategia nacional. El PP pretende convertir cualquier crisis migratoria en una prueba de incapacidad de Sánchez. Admitir desde el primer momento que las comunidades deben acoger a los menores debilitaría ese relato y obligaría a hablar de corresponsabilidad territorial. Por eso, combina la aceptación final de la ley con condiciones políticas: que el reparto sea “justo”, que el Ejecutivo asuma la responsabilidad y que se prioricen las devoluciones o las reagrupaciones familiares.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confiado este miércoles en no entrar en un conflicto judicial con el PP por una hipotética negativa de sus comunidades a acoger menores inmigrantes procedentes de Ceuta, actitud que ha achacado al temor a romper sus pactos con Vox.

Cuerpo se ha referido a la actitud de las autonomías gobernadas por el PP ante ese reparto de menores tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta en una entrevista en Televisión Española en la que ha considerado que defendido la gestión de esta situación por parte del Ejecutivo.

Ante las voces del PP, como las de su secretario general, Miguel Tellado, en las que apuntan sus reticencias a ese reparto de menores, Cuerpo ha señalado que en este asunto "no hay discusión".

"Aquí se trata de cumplir la ley, y es lo que espero que haga todo el mundo que tenga algún tipo de responsabilidad, ya sea al frente de una comunidad autónoma o del Gobierno. No espero otra cosa", ha subrayado.

En esa línea ha abundado confiando en que el Gobierno no tenga que entrar en ningún tipo de conflicto jurídico o judicial con el PP en materia de cumplimiento de la ley.

Tras señalar que hay unos elementos objetivos para el reparto para reducir la presión migratoria de lugares como Canarias, Ceuta o Melilla, ha apelado a la solidaridad de las autonomías.

Cuerpo ha recordado que en los últimos días varios dirigentes del PP, entre ellos su líder, Alberto Núñez Feijóo, han visitado la ciudad autónoma, y ha dicho que con ello entiende que querían transmitir un mensaje de solidaridad que no casaría con su actuación posterior en caso de negarse otras comunidades a acoger a los menores.

Eso sería un "mensaje pobre", ha señalado el vicepresidente, quien ha considerado que la actitud del PP se debe a sus pactos con Vox y al hecho de que la cuestión migratoria motivó anteriormente la ruptura entre ambos partidos en varias comunidades en las que tenían pactos.

"Entiendo que lo que quieren es evitar esa situación en gobiernos que se han formado apenas hace unos meses", ha apostillado.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este martes que el Gobierno destinará 25 millones de euros adicionales para Ceuta con el fin de atender a los menores migrantes no acompañados que han llegado a la ciudad durante esta crisis migratoria.

En declaraciones a los medios este martes, la ministra ha explicado que el Ejecutivo habilitará una partida extraordinaria de 25 millones de euros, que se sumarán a los 5,5 millones ya asignados durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el pasado mes de julio.

Con estos recursos, Saiz ha asegurado que el Gobierno demuestra que "ha estado y va a seguir estando" con Ceuta y especialmente al lado de "los más vulnerables". 

Se trata de una partida habilitada desde el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Juventud e Infancia, que hará una transferencia de crédito extraordinario a la ciudad autónoma por los mecanismos ya articulados, ha detallado la ministra.

Saiz ha apelado a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, "por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular", para dar atención a los menores.

La también portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha vuelto a reiterar este martes que, aunque el Ejecutivo tenía información de que se produciría un repunte de llegadas irregulares propio del verano, no dispuso "nunca" de un informe que hablara de "la magnitud del hecho inédito" que se vivió el pasado jueves en Ceuta.

Saiz ha respondido así a las preguntas de los periodistas sobre la información conocida ayer por parte de fuentes del Ministerio de Exteriores marroquí, de que el país alertó a España días antes de la crisis en la ciudad de Ceuta acerca de la sentencia del Tribunal Supremo español de comienzos de julio.

La ministra ha subrayado la colaboración de Marruecos, sin la que no hubiera sido posible una "respuesta tan excepcional" por parte del Gobierno a la emergencia, y se ha remitido a la reunión del consejo de ministros de Interior de la Unión Europea en la que participa esta mañana el titular de este departamento, Fernando Grande-Marlaska.

También ha destacado las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con las que aplaudió este lunes la gestión de España en esta crisis.

Por otro lado, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han informado este martes que, tras la coordinación con el Ministerio de Educación, se han habilitado dos centros educativos en Ceuta como lugar de atención a los menores no acompañados llegados a la ciudad autónoma, especialmente para las niñas.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajará a Ceuta en los próximos días, han señalado las mismas fuentes, para hacer un seguimiento de la situación y con el objetivo de activar todos los mecanismos disponibles para dar una acogida digna a todos estos niños, niñas y adolescentes.

Dentro de estos mecanismos se encuentra la modificación de la ley de extranjería, que establece un modelo de reubicación de los menores llegados a zonas con alta presión migratoria, como era el caso de Ceuta ya incluso antes de esta crisis, a otras comunidades.

Las fuentes ministeriales han recordado que la misma norma establece la posibilidad de firmar convenios con ONG para la protección de estos jóvenes y la reagrupación familiar, "siempre que existan familiares en sus países de origen y se corroboren que las condiciones garantizan el interés superior del menor".

Estos mecanismos se aplicarán caso por caso para garantizar los derechos de cada uno de estos niños y, para ello, se ha reforzado la filiación individualizada, un paso imprescindible antes de trasladarles a los dispositivos de protección. 

La portavoz del Gobierno también ha instado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a dimitir por la compra del ático en Chamberí.

En relación con las informaciones sobre la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático que la presidenta regiona iba a utilizar como oficina temporal durante unas obras en el Palacio de Correos en Sol, Saiz ha comentado que "el tiempo de las explicaciones ya ha pasado" y ha considerado que "la señora Ayuso lo que tiene que hacer es dimitir".

En declaraciones a los medios, la ministra también ha confesado que le "llama la atención" el "silencio atronador" respecto a esta cuestión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En ese sentido, ha asegurado que "fortalecer los servicios públicos, luchar contra el cambio climático y paliar los efectos de los incendios no se hace comprando y vendiendo áticos de lujo en tu barrio de Madrid de toda la vida".

El caso Kitchen ha quedado esta semana visto para sentencia. Tras cuatro intensos meses y cerca de un centenar de testigos, el juicio ha finalizado prácticamente como comenzó: con algunas acusaciones insinuando que no se sientan en el banquillo todos los responsables y las defensas trabajando en bloque en busca de la absolución. Pese a las manifiestas desavenencias personales entre algunos de ellos, los acusados han mantenido hasta el final prietas las filas. Y lo han hecho en torno a una idea, la de la legalidad del operativo que se encuentra bajo la lupa, que choca con algunas de las pruebas recopiladas y expuestas durante la vista oral.

Las defensas nunca han negado el espionaje al entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas. Básicamente, porque las vigilancias, que en su mayor parte se llevaron a cabo en el verano de 2013 por agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, están perfectamente documentadas en más de una veintena de informes elaborados sobre las mismas. Ahora bien, han rechazado que formaran parte de una operación parapolicial orientada a obtener y destruir pruebas en poder de Bárcenas que pudieran resultar incriminatorias para el PP y sus máximos dirigentes en Gürtel.

Los acusados, cuya situación procesal les permite mentir, han mantenido hasta el final que lo que se hizo fue "totalmente legal". Y que la captación como confidente de Sergio Ríos, exchófer de la familia Bárcenas, y los seguimientos estaban orientados a localizar el dinero que el extesorero pudiera tener en el exterior. "Estamos ante una operación de inteligencia", sostuvo en su informe final el abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. "Existía una operación real policial lícita y legal de inteligencia para buscar el dinero y el patrimonio del señor Bárcenas y su familia", insistió el letrado del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Una tesis defensiva que Anticorrupción, que ha mantenido las mismas peticiones de pena que al inicio del juicio –entre otras, 15 años de cárcel para el exministro y su ex número dos–, ha buscado derribar. "Desde el momento en el que fue concebido, ya se puso de manifiesto la finalidad bastarda, delictiva, de todo el operativo. Nada tenía que ver con la investigación del caso Gürtel. Todo lo contrario, estaba dirigida a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el PP y sus máximos dirigentes y dirigida, precisamente, a boicotear, a obstaculizar, la investigación de Gürtel", resaltó el fiscal César de Rivas durante su informe final.

Esta afirmación se apoya, entre otros elementos probatorios, en las agendas de José Manuel Villarejo, uno de los personajes principales de las llamadas cloacas del Estado –y para quien se piden 19 años de cárcel–. Con fecha 20 de febrero de 2013, el comisario jubilado anotó "Grabaciones BARCEN" –en referencia a supuestos audios incriminatorios que decía tener con dirigentes conservadores– junto a "Chisco", que es como se refería al ex secretario de Estado de Seguridad. Un mes después, el 25 de marzo, volvió a escribir en relación a Martínez: "Propone más acercamiento y mejor control sobre BAR". "Quiere plan estratégico para salir del caso LB", anotó, también junto al nombre de "Chisco", con fecha 11 de julio.

El primer informe de seguimiento del que se tiene constancia en relación a Kitchen está fechado el 25 de julio de aquel mes. Dos días antes, Villarejo escribió en su agenda la información que le iba trasladando el "Chef", que era como se refería a Ríos –aunque también le llamaban "Coci"–. E hizo una larga lista, rematada con un "OPER: LB", en la que se incluían cuestiones como "SMS Arenas" o "Dos disc. duros", que anotó sobre un "anular y/o destruir". Esto evidencia que la operación nada tenía que ver con la vendida por los acusados. "Nada tiene que ver con la localización de bienes en el extranjero pero sí con documentación referida al caso Gürtel o con grabaciones que Bárcenas pudiera tener en su poder", resaltó el fiscal en su turno de última palabra.

También las grabaciones del comisario jubilado apuntan en esa misma dirección. Destaca, por ejemplo, una del 2 de octubre de 2013 en la que se advierte el interés de Villarejo por hacerse con grabaciones comprometedoras que Bárcenas pudiera tener sobre dirigentes del PP. "Lo único es que ese tipo de conversaciones, macho, en ese pendrive, es algo que de alguna manera hay que darle al tarro para, para encontrarlo", le dijo Villarejo a Ríos, al tiempo que insistía en "recuperar" las "grabaciones" y "discos duros". En aquella conversación, el exchófer informaba de que al día siguiente trasladaría a los "abogados" unos "poderes notariales" en los que aparecía la firma de Álvaro Lapuerta, extesorero del PP.

El comisario jubilado plasmó el contenido de dicha reunión en su agenda, lo que para el fiscal evidencia la "veracidad tanto del archivo del audio como de las anotaciones". Las defensas han restado importancia al contenido de las libretas durante el juicio. "¿Qué escribe una persona en un diario? Pueden ser hechos reales, pero también pueden ser hipótesis, informaciones no verificadas, escenarios, líneas de investigación, evaluaciones preliminares, valoraciones personales... O simples rumores", resaltó el abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera. "Cuando escribe en sus agendas, Villarejo no se engaña a sí mismo. Es decir, plasma exactamente lo que está ocurriendo en cada momento", defendió, por su parte, el fiscal.

La tesis defensiva también choca con la confesión que hizo en fase de instrucción Enrique García Castaño, alias El Gordo, quien fuera durante más de dos décadas jefe de la UCAO y que no se sienta en el banquillo de los acusados por motivos de salud. Según dijo, a él le hicieron varios encargos. Uno de ellos, que partió del director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, estaba orientado a conseguir información sobre el patrimonio en el extranjero que pudiera tener Bárcenas. Pero luego, Martínez introdujo un "plus" a ese operativo. Le dijo que existía "preocupación" por unos "discos duros" que se habría llevado el extesorero con la "contabilidad". "Y todo lo que hacía en el partido: pagos en A, en B, donaciones...", concretó. "Estaba muy interesado", añadió.

El Gordo, cuyo testimonio han negado los acusados y han tratado de desvirtuar sus defensas durante la vista oral, aseguró que nunca llegó a los famosos discos duros. Pero sí tuvo acceso a varios dispositivos móviles de Bárcenas que, aseguró, le fueron entregados por Ríos. Un equipo de la UCAO volcó, y así lo han confirmado durante el juicio, el contenido de aquellos teléfonos. En ellos, había contactos, correos electrónicos, mensajes. Entre otros, el famoso "Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos" que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, envió a Bárcenas. Toda esa información, que entregó al instructor durante la investigación de Kitchen, se copió en una memoria USB que, afirmó, entregó al secretario de Estado de Seguridad.

En junio y octubre de 2019, cuando la investigación aún se encontraba bajo secreto, Martínez protocolizó ante notario una serie de mensajes. Los mismos, dijo, le fueron enviados desde el teléfono de Jorge Fernández Díaz. "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica", reza uno fechado el 18 de octubre de 2013, un día después de que Villarejo anotase en su agenda junto a "Big" –es así como se refería a García Castaño– lo siguiente: "Relación cocinero-copiando Tfnos".

Esos "mensajes de contenido absolutamente incriminatorio", en palabras del fiscal Anticorrupción, son una de las principales pruebas de cargo contra Fernández Díaz, que en todo momento ha negado haber tenido conocimiento de la operación llevada a cabo sobre el extesorero del PP y su familia. Sin embargo, en el marco de la estrategia conjunta de defensa y aprovechando que las conversaciones fueron borradas en su momento, el abogado del exministro del Interior ha restado credibilidad a las mismas –"no existieron nunca"– mientras la defensa de su ex secretario de Estado de Seguridad miraba hacia otro lado, renunciando al propio perito informático con el que se buscaba confirmar la veracidad de los mensajes.

Durante su declaración en fase de instrucción, El Gordo terminó señalando que entendía que lo que se buscaba con la operación Kitchen no era facilitar la información al juez instructor, sino "ocultarla". "Todas las cosas que hice yo de los testaferros no sé dónde han ido a parar", llegó a señalar. "¿Usted esta carpeta [la del volcado de móviles de Bárcenas] se la entregó al juez?", insistió el fiscal. "No", respondió el investigado. Durante el juicio, se ha puesto de manifiesto que los acusados no tuvieron interlocución alguna ni con el magistrado de Gürtel ni con los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Y que la captación de Ríos se hizo al margen de los mismos. 

"Esa falta de interlocución les impedía conocer cualquier laguna que pudiera presentar la investigación del caso y que necesitase ser completada a través de ningún tipo de operativo", resaltó en su informe final el representante del Ministerio Público, que también recordó que "nunca se elaboró" ningún acta de los seguimientos realizados "dirigida a ser incorporada al procedimiento judicial". Pero es que, además, para cuando se puso en marcha el supuesto "operativo de inteligencia" para localizar patrimonio en el extranjero de Bárcenas, hacía meses que constaba en la causa la información relativa a los fondos del extesorero en Suiza. La respuesta de la Confederación Helvética a la comisión rogatoria cursada había llegado a finales de 2012.

Otro de los elementos que han sido utilizados por las acusaciones para ahondar en la opacidad alrededor del operativo es la falta de incorporación del mismo a las bases de datos policiales hasta casi dos años después. La Kitchen no se introdujo hasta mediados de 2015 en GATI, el fichero de inteligencia policial en el que se registran las diferentes investigaciones, de forma que se establezcan cruces entre ellas por si hubiera elementos coincidentes y, en ese caso, se tuvieran que tomar medidas a nivel de coordinación entre unidades investigadoras. La Fiscalía Anticorrupción considera que con ese movimiento los acusados buscaban "enmascarar la operación policial". Es decir, legalizarla.

El Congreso ha cerrado el curso político con el habitual pleno escoba, celebrado el pasado jueves 23 de julio. Se trata de la sesión maratoniana que se celebra en la Cámara Baja cada año, antes de cerrar hasta septiembre, para culminar las votaciones que no se han logrado sacar adelante durante meses. En la cita de este año, el Gobierno logró sacar adelante la convalidación del segundo decreto de medidas anticrisis por el conflicto en Oriente Medio, que incluye una rebaja de los carburantes, y la reforma de la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las administraciones públicas. 

También culminó, tras el conflicto con el Senado, la tramitación de tres proposiciones de ley impulsadas por el PSOE: la actualización periódica del programa de cribado neonatal, la transferencia de la AP-9 a Galicia y la pasarela voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Esta última permitirá a los profesionales mutualistas alternativos (como abogados, procuradores o arquitectos) trasladar de forma voluntaria sus fondos acumulados en mutualidades privadas al RETA de la Seguridad Social para mejorar las futuras pensiones de jubilación de estos profesionales. Además, con los votos de ERC, Junts, Podemos, Compromís y BNG, sacó adelante una reforma del Reglamento del Congreso que rebaja los requisitos para constituir grupo parlamentario propio.

Pero ese mismo pleno certificó, una vez más, los límites de la mayoría parlamentaria, ya que PP, Vox y Junts volvieron a tumbar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, el primer paso para poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado. Es la segunda votación consecutiva que pierde el Gobierno en esta materia en apenas un mes. El Congreso también rechazó la senda de déficit público, aunque no tiene implicaciones prácticas y el Gobierno podrá presentar sus presupuestos a la vuelta del verano.

Para septiembre quedan pendientes 81 proyectos de ley en tramitación, varios de ellos llevan más de un año y medio esperando su turno. La Ley de Familias y la reforma del Estatuto de los Trabajadores para trasponer la directiva europea sobre condiciones laborales llegaron a la Cámara en 2024 y siguen sin ver la luz.

El bloque más numeroso tiene que ver con derechos sociales y sanidad. Ahí está la Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, que busca recuperar el acceso sanitario para colectivos que quedaron fuera de la cobertura pública como las personas extranjeras que se encuentran en España sin residencia legal; la reforma de la financiación de la dependencia para las personas con ELA y con otras enfermedades de curso irreversible; o la Ley de Organizaciones de Pacientes, que busca integrar por primera vez a las asociaciones de pacientes en la gobernanza del Sistema Nacional de Salud (SNS). En el terreno laboral, sigue pendiente el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, que debía poner coto a la precariedad de los becarios y que los sindicatos llevan reclamando desde hace años.

Le sigue el bloque institucional, con la Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés en España, la conocida como ley de los lobbies, el proyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Información Clasificada, que sustituirá a la norma de secretos oficiales de la época franquista de 1968 para regular con criterios democráticos qué documentos puede reservar el Estado y durante cuánto tiempo, una reforma prometida por numerosos gobiernos y que aún sigue sin materializarse.

También siguen pendientes la Ley de gobernanza de la inteligencia artificial y la de protección de menores en entornos digitales, dos textos que llevan meses de retraso, pese a la urgencia con la que Bruselas empuja a los Estados miembros a regular esta materia. Además, también está en tramitación la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, que lleva más de dos años en el Congreso pese a ser una demanda histórica del sector.

Sin embargo, una parte considerable de esos 81 proyectos no son iniciativas nuevas del Gobierno, sino la tramitación parlamentaria de reales decretos-ley que ya están en vigor, como las ayudas tras la dana, la revalorización de las pensiones o la respuesta a la amenaza arancelaria, que ya se aplican desde la convalidación de los decretos.

A diferencia de los proyectos de ley que siguen en el Congreso, hay tres proposiciones que ya aguardan en el Senado. Ya han superado su tramitación en el Congreso, lo que las convierte en las que más opciones reales tienen de convertirse en ley nada más arrancar el curso.

Esas son la prohibición de las terapias de conversión LGTBIQ+, el reconocimiento del carácter de agente de la autoridad para los funcionarios de prisiones y el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo en las empresas, las tres en fase de enmiendas. También está pendiente la extensión de derechos de las personas con discapacidad, el único proyecto que ya se tramita como tal en el Senado, no como proposición.

Sumando reales decretos-ley, leyes ordinarias, las dos reformas de la Constitución y las cuatro modificaciones del Reglamento del Congreso, el Ejecutivo llega al parón de agosto con 74 normas publicadas en el BOE desde que arrancó la legislatura, en noviembre de 2023. Una cifra todavía muy alejada de las 215 iniciativas aprobadas durante la legislatura anterior, reflejo de las dificultades parlamentarias con las que el Gobierno afronta el nuevo curso, marcado de nuevo por su dependencia de Junts.

Los españoles confían poco en su sistema judicial. Tan poco que lo colocan a la cola de Europa en independencia. En gran medida, por la percibida influencia política. Eso es, al menos, lo que muestran las últimas encuestas sobre la materia. Un 65% de los ciudadanos, según un sondeo reciente de 40dB., considera que en nuestro país existe lawfare. Y solo un 32% ve justas o imparciales las resoluciones sobre asuntos políticos. Un asunto, el de la guerra judicial, que ha marcado buena parte del debate político en la presente legislatura. Desde el Gobierno se han cuestionado abiertamente determinadas investigaciones judiciales. O se han puesto en duda las "distintas velocidades injustificadas" de los jueces.

La justicia, con carácter general, es lenta en nuestro país. Y no se puede negar la existencia de distintos ritmos en la resolución de procedimientos. Tengan o no impacto político y mediático. Sean casos civiles o penales. Pero eso, sostiene un magistrado en conversación con infoLibre, tiene más que ver con el tipo de órgano judicial que lleva el asunto y con la complejidad del mismo que con maniobras políticas. Así, por ejemplo, mientras que en 2023 –último dato disponible– un asunto en procedimiento penal tardaba de media 2,5 meses en resolverse en los juzgados de instrucción de Madrid, en La Rioja ese plazo ascendía a 5,2 meses. Y lo mismo con los pleitos por accidentes laborales: de los 10,4 meses de Euskadi a los 40,9 meses de Andalucía.

El Tribunal Supremo impuso hace solo un mes el castigo más severo a un exministro. La Sala de lo Penal condenó a José Luis Ábalos, extitular de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, a 24 años y tres meses de cárcel por el caso Mascarillas, centrado en los contratos millonarios para la compra de cubrebocas adjudicados en plena pandemia a una sociedad vinculada al comisionista Víctor de Aldama. La más alta instancia judicial se hizo cargo formalmente de este caso el 5 de noviembre de 2024. Es decir, que en veinte meses el Alto Tribunal completó la investigación, celebró juicio y emitió resolución condenatoria contra el exministro, su exasesor Koldo García y el comisionista.

Esos son, más o menos, los plazos en los que se ha movido el Supremo en las últimas causas especiales de las que se ha hecho cargo. Prácticamente dos años duró el procedimiento contra los líderes del procés. O dos años y dos meses se alargó el caso contra el senador de Coalición Canaria Pedro Manuel Sanginés, que resultó absuelto de los delitos de denuncia falsa y falso testimonio. Algo más rápida fue la causa contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz: poco más de un año desde que se asumió por la Sala Penal hasta que se hizo pública la sentencia. O contra el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, que se prolongó poco más de un año en el Alto Tribunal –si bien estuvo seis dormida en un juzgado de La Laguna–.

El Alto Tribunal es más un órgano de casación que de enjuiciamiento. Al fin y al cabo, solo es competente para instruir y enjuiciar causas contra miembros de altos órganos del Estado –desde el presidente del Gobierno y ministros hasta diputados, magistrados del Constitucional o vocales del Consejo General del Poder Judicial, entre otros–. Eso explica la rapidez a la hora de investigar. Y la relativa facilidad para encontrar hueco en el calendario para celebrar, llegado el caso, la vista oral. Al fin y al cabo, no son muchos los procedimientos de este tipo. La memoria de 2024 del Supremo, por ejemplo, solo destacaba las causas contra García Ortiz, Ábalos o el expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar por un delito contra la seguridad vial.

El máximo órgano judicial también investigaba hasta comienzos de este mismo año otra de las derivadas del caso Koldo. En concreto, la que salpica a Santos Cerdán, el sucesor de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización socialista, por una supuesta trama de amaños de contratos de obra pública a cambio de mordidas. Pero la renuncia del exministro de Transportes al acta de diputado que conservaba hasta el momento dejó la causa sin aforados. Y obligó al Tribunal Supremo a derivarla a la Audiencia Nacional para su continuación. Un cambio de competencia que, según asumían entonces algunas defensas, va a alargar la resolución definitiva del caso.

Un buen ejemplo de ello está en el anteriormente citado caso Mascarillas: mientras que la carpeta de los aforados ya está cerrada en el Supremo, la parte que se quedó en el Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional por no pertenecer los investigados a altos órganos del Estado aún está bajo investigación. Los tiempos en este órgano judicial nada tienen que ver con los que se manejan en el Alto Tribunal. En algunos casos, los procedimientos se alargan durante años. A finales de enero, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional alertó de una situación "próxima al colapso" y solicitó la puesta en marcha de dos juzgados más de instrucción.

"Está francamente mal, acumula mucho retraso", resume un magistrado. Los juicios, en ocasiones, se están fijando a dos, tres y hasta cuatro años vista. El de Kitchen, una investigación que se inició hace casi ocho años, acaba de quedar visto para sentencia. Y si nada cambia, la vista oral contra el expresidente madrileño Ignacio González por el supuesto amaño de contratos para la construcción y explotación del campo de golf en las instalaciones del Canal de Isabel II se celebrará una década después del inicio de las pesquisas. El caso Lezo, de la que forma parte esta pieza separada, empieza ahora a ser enjuiciado. Y aún sigue coleando, más de una década después, el caso Púnica, que persigue al exconsejero y ex secretario general del PP madrileño Francisco Granado.

En diciembre, la Audiencia Nacional dictó sentencia en una de las piezas de este último procedimiento. 11 años después de su inicio. Un tiempo de respuesta que, resaltó el tribunal, "excede" lo "razonable", lo que obligó a los magistrados a aplicar a las condenas una rebaja por dilaciones indebidas. La tardanza, dijo, estaba motivada por, entre otros "déficits estructurales", la "sobrecarga" de macrocausas que acumula la Sala Penal. Entre ellas, Gürtel, que 16 años después de su estallido acaba de celebrar su último juicio. En la velocidad de los procedimientos también influye, por tanto, el tamaño de las causas o la complejidad de las mismas, que en muchos casos requieren de unas comisiones rogatorias a otros Estados que irremediablemente las alargan.

La lentitud en algunas causas contrasta, sin embargo, con la rapidez en otras pocas. El caso de las tarjetas black de Caja Madrid, por ejemplo, quedó resuelto en poco más de dos años, tiempo que pasó desde el inicio de la investigación hasta la sentencia emitida por la Audiencia Nacional –penas que, en algunos casos, corregiría el Supremo a finales de 2018–. Y, sin embargo, el caso Bankia, del que derivó el anterior, se prolongó durante más de ocho años, que es lo que se demoró el primer fallo absolutorio –luego confirmado por el Alto Tribunal– desde el comienzo de las pesquisas.

Y luego están los juzgados ordinarios. Ahí, la velocidad de la causa depende del órgano en la que caiga, del estado en el que se encuentre, de la saturación que afronte, de los medios de los que disponga o de la complejidad y el tamaño del procedimiento. Porque no es lo mismo aquellos con solo un acusado que los que acumulan decenas de ellos. Un ejemplo de esto último lo encontramos en el caso Montoro, con una treintena de imputados maniobrando con un equipo legal de primerísimo nivel para intentar "cargarse", en palabras de la Fiscalía Anticorrupción, más de siete años de investigación bajo secreto.

Los ritmos también están condicionados por las dificultades con las que se pueda ir encontrando el instructor por el camino. Ahí está el caso de la supuesta estafa de la consultora Sinclair&Wilde al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de medio millón de mascarillas en pandemia, que no termina de despegar por las dificultades para localizar e interrogar al empresario investigado.

En algunos casos también dependen de la diligencia de los investigadores o los propios instructores. Seis meses tardó, por ejemplo, el magistrado Antonio Viejo en autorizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar las cuentas bancarias de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y cuatro meses tardó el juzgado en remitir a los investigadores copia del procedimiento en el que se indaga si la compra de una sociedad sin valor aparente por parte del empresario podía esconder una comisión encubierta a un directivo de Quirón.

González Amador se sentará en el banquillo por fraude fiscal. Sin embargo, diez meses después del auto de apertura de juicio oral, aún no se ha fijado fecha para la celebración de la vista oral. Se hará, según un escrito remitido a las partes por el Juzgado de lo Penal nº19 de Madrid, "considerando la sobrecarga y circunstancias que pesa" sobre el órgano judicial y "cuando las razones de agenda lo permitan".

El levantamiento de siete años de secreto de sumario alrededor del caso Montoro reveló el pasado verano la existencia de una compleja investigación sobre una supuesta trama dedicada a conseguir cambios legislativos a medida a cambio de importantes pagos. Un caso que, un año después, avanza con lentitud debido a la enorme cantidad de investigados y, por ende, de recursos interpuestos. Y cuyo futuro quedará determinado a la vuelta del verano. A mediados de septiembre, según ha podido saber infoLibre, la Audiencia de Tarragona deliberará, votará y fallará sobre la cuestión de competencia planteada por Equipo Económico, el despacho que se encuentra en el epicentro de la trama. Lo que resuelva el órgano determinará si la investigación alza de una vez el vuelo o si, por contra, se enreda aún más.

La investigación arrancó en el verano de 2018. Y surgió a raíz del hallazgo casual en una causa por delito urbanístico de un correo electrónico en el que se ponía de manifiesto la existencia de "una organización", de la que formarían parte altos cargos del Gobierno y la Administración, desde la que se "habrían ido creando una red de influencias" cuyo fin último sería la obtención de "lucro económico". "A cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que éstas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes", recoge el juez instructor en sus resoluciones. Entre los investigados, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y varios de sus ex altos cargos.

Tras el alzamiento del secreto, las partes solicitaron plazos de hasta tres meses para poder instruirse adecuadamente sobre el contenido de la causa. E, incluso, se llegaron a conceder plazos extraordinarios para la interposición de los recursos contra las decisiones del instructor del caso, el magistrado Rubén Rus. Entre personaciones y una montaña de apelaciones transcurrieron los primeros meses. Movimientos en los que la Fiscalía Anticorrupción apreciaba un intento de "cargarse la investigación". "Han transcurrido más de siete meses desde que se levantó el secreto y las partes no han solicitado ninguna diligencia ni aportado prueba o documentación alguna", denunciaba la fiscala, Carmen García Cerdá, en uno de sus escritos.

Los primeros movimientos de la consultora fundada en 2006 por Montoro se dirigieron a disparar contra la validez del correo que dio origen al caso, contra la duración del secreto de sumario o contra la competencia del juez de Tarragona para dirigir la investigación. Tres líneas de ataque a las que sumaron una cuarta en mayo, cuando remitieron al juzgado dos extensas periciales en las que defendían que algunos de los informes elaborados por los Mossos d'Esquadra y la Agencia Tributaria en la causa carecían de "fundamento sólido" e incurrían en "interpretaciones erróneas". "Adolecen de numerosos errores, omisiones e inconsistencias lógicas", sostenía Juan Manuel Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, el ex alto cargo de Hacienda fichado por Equipo Económico para rebatir a los investigadores.

Por aquel entonces, el instructor había decidido impulsar la investigación solicitando abundante documentación al Ministerio de Hacienda, registros mercantiles, empresas investigadas e, incluso, notarios –con la vista puesta en el régimen económico matrimonial de los investigados–. También autorizó a los investigadores el acceso al Fichero de Titularidades Financieras. Y libró cerca de 40 mandamientos solicitando dos décadas de información bancaria –entre otros, del exministro–. Lo hizo después de que la Agencia Tributaria alertara en su último informe de "deficiencias" en los datos financieros facilitados durante la investigación: "La ausencia [...] constituye una verdadera limitación al alcance y contenido del presente informe".

El análisis de toda esa información aún no ha concluido. Por eso, el pasado jueves el instructor decretó una nueva prórroga de la instrucción. En su auto, al que ha tenido acceso este diario, el magistrado, que subraya la complejidad de las pesquisas, recuerda que aún se tiene que llamar a declarar a 17 investigados, entre los que se encuentran los peces gordos. Por el momento, se han practicado una quincena de comparecencias –diez personas físicas y cinco jurídicas– en la causa. No obstante, solo en un caso se han respondido las preguntas planteadas. El resto de imputados ha preferido acogerse a su derecho a no declarar. Al menos, hasta que la Audiencia de Tarragona resuelva las distintas apelaciones que tiene sobre la mesa.

Unos recursos que la Audiencia verá a la vuelta del verano. El 14 de septiembre, según ha podido saber infoLibre, la Sección Segunda deliberará, votará y fallará sobre la cuestión de competencia planteada a finales de marzo por Equipo Económico vía artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé un cauce extraordinario para aclarar este asunto en plena instrucción ante un tribunal superior, que resolverá "de plano y sin ulterior recurso". En su escrito, defiende que la causa debería estar en un juzgado de Madrid, que es donde se habrían cometido los supuestos delitos. En la capital se encuentra la sede de Equipo Económico, la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales o el Ministerio de Hacienda. "En ningún momento habría intervenido ningún funcionario o autoridad ubicado [...] en Tarragona", señala el bufete.

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, rechaza estos argumentos y defiende que la causa continúe en Tarragona al entender que es allí donde se producen los "hallazgos delictivos". "El delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo [penal]", sostiene la fiscala en su escrito, que se apoya en el impacto económico que los cambios normativos conseguidos habrían tenido sobre las arcas catalanas o en que una de las gasistas bajo la lupa está asentada en suelo tarraconense.

Para defender su postura se agarra, sobre todo, al papel jugado por la gasística Messer. Fue en el registro que se hizo de esta empresa –con domicilio social en la provincia catalana– en el marco de una investigación que salpicaba también al Ayuntamiento del Morell cuando aparecieron los correos electrónicos que provocaron la apertura de esta causa. Entre otros, uno fechado el 5 de diciembre de 2013 en el que Rubén Folgado, director técnico de la compañía, decía a su entonces director general, Karl Hauck, que la "vía más directa" para las pretensiones de algunas gasistas en materia tributaria pasaba por pagar a Equipo Económico, que tenía "contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro".

Dos años después de su entrada en vigor, la Ley de Amnistía empieza a desplegar sus efectos en el Supremo. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha aplicado en los últimos días la medida de gracia a más de una docena de condenados y acusados por desórdenes públicos y desobediencia. Lo ha hecho meses después de que el Constitucional diese el visto bueno a una norma contra la que se ha alzado buena parte de la judicatura –incluida su cúpula–. Y tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dando su aval al texto. Un movimiento del Supremo que, sin embargo, no anticipa el olvido penal inmediato para los líderes del procés, que aún están a la espera de que la corte de garantías les abra el camino.

Tras meses de trámites parlamentarios y de retoques por las trabas en distintas causas judiciales –fundamentalmente, el caso Tsunami y el caso Volhov–, la Ley de Amnistía entró en vigor el 11 de junio de 2024. Sin embargo, pronto se topó con la resistencia del Supremo. A las pocas semanas, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal y el instructor de la causa del 1-O –el magistrado Pablo Llarena– emitieron sendos autos en los que rechazaban que la malversación por la que fueron condenados los líderes del procés –y que aún persigue a los fugados– tuviera encaje en la norma. La ley permitía amnistiar dicha conducta si no había existido "propósito de enriquecimiento". Sin embargo, en este caso los magistrados consideraban que al desviar fondos para la consulta, los acusados habían obtenido un "beneficio personal de carácter patrimonial".

"Quienes eran ajenos al desempeño de funciones públicas aportaron cantidades que consideraron oportunas para hacer realidad lo que luego resultó un frustrado proyecto político. Pero todos sufrieron un decrecimiento de su patrimonio. Por el contrario, los responsables políticos que dispusieron de ingentes partidas presupuestarias para favorecer los mismos fines no vieron alterado su patrimonio en esas cuantías", argumentaban en una resolución que contó con el voto discrepante de la magistrada Ana Ferrer. No obstante, sí consideraban que el delito de desobediencia quedaba cubierto porque se abarcaba "en su integridad, sin matices, sin distinción". Y en la misma línea se pronunció en casos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad.

Pese a ese encaje jurídico, el Alto Tribunal no aplicó la amnistía automáticamente en todas esas causas. Consideraba que la norma vulneraba el derecho a la igualdad ante la ley y atentaba contra los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad. Y, por ello, planteó una cuestión de inconstitucionalidad que volvió a poner todo en stand by. El Tribunal Constitucional, finalmente, avaló hace un año el encaje de la norma en la Ley Fundamental. Pero el Supremo decidió no mover ficha hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolviera las cuestiones prejudiciales impulsadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, en las que se planteaba un posible choque de la ley de amnistía con el derecho comunitario.

Luxemburgo rechazó formalmente a mediados de mes que la norma afectase a los intereses financieros de la Unión Europea o que menoscabara la directiva europea contra el terrorismo. Y una vez confirmado el fracaso en ambos frentes, al Alto Tribunal no le ha quedado más remedio que empezar a aplicar la medida de gracia. El Supremo ha declarado amnistiados en la última semana los actos cometidos por al menos una docena de personas. Es el caso, por ejemplo, de tres jóvenes que fueron condenados por desórdenes públicos a raíz de su participación en los disturbios de Barcelona o Girona tras darse a conocer la sentencia contra los líderes del procés por el referéndum del 1-O.

El Supremo, del mismo modo, ha declarado extinguida la responsabilidad penal de Maties Serracant, el ex alcalde de Sabadell condenado por desobediencia al facilitar la consulta independentista. Y lo mismo ha hecho respecto a ocho exmiembros de la Mesa del Parlament. Cuatro de ellos –Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó– fueron castigados por haber permitido la tramitación de las normas sobre las que se apoyó el referéndum, y los otros cuatro –Josep Costa, Adriana Delgado, Roger Torrent y Eusebi Campdepadrós– por permitir, tras la sentencia del 1-O, que se impulsaran resoluciones relacionadas con la autodeterminación o que reprobaban a la monarquía. Un delito de desobediencia que también ha quedado borrado en el caso de Meritxell Serret, consellera en el Govern que promovió el 1-O.

El movimiento del Alto Tribunal solo se ha producido en causas juzgadas en instancias inferiores por desórdenes públicos y desobediencia que han llegado hasta su mesa vía recurso. Y no anticipa, por tanto, una amnistía inmediata para los líderes del procés. Previamente, el Constitucional deberá pronunciarse sobre los recursos de amparo de todos los dirigentes condenados y procesados, que previsiblemente serán estimados. El plan es abordar, en primer lugar, los de los ya condenados –el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull–, de forma que la doctrina que se genere se aplique por extensión a los huidos –el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig–.

La corte de garantías ya ha fijado el 22 de septiembre para abordar en Pleno el recurso de amparo de Turull. Como ponente del mismo se ha designado al magistrado conservador José María Macías. Dado que hasta ahora ha sido uno de los más críticos con la ley de amnistía, lo previsible es que proponga rechazar el recurso. Si la mayoría, por contra, considera que el mismo debería ser admitido, tendrá que nombrarse un nuevo ponente que elabore una resolución que recoja el sentir mayoritario. Por eso, en el Constitucional se da por hecho que las primeras resoluciones no llegarán hasta octubre. En teoría, solo con ellas, en caso de ser estimatorias, el Supremo debería aplicar la medida de gracia a todos los líderes del procés.

Dos grandes incendios forestales asolan la Comunidad de Madrid y el jueves por la noche la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso  reconoció que sus medios no bastaban para contener su avance en las localidades de Aldea del Fresno, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en el suroeste de la Comunidad de Madrid, y pidió al Gobierno central que declarara la emergencia de interés nacional. De esta manera, el operativo quedaba bajo la dirección del Ministerio del Interior y se trasladaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la responsabilidad inmediata sobre la evolución de la crisis.

La petición buscaba movilizar todos los recursos disponibles ante una situación que desborda la capacidad autonómica. Pero también ha evidenciado que a Ayuso no le queda más remedio que recurrir al Gobierno de Sánchez, al que cuestiona diariamente, ante la incapacidad autonómica para atajar un problema cuando reviste cierta gravedad. Se trataría de una situación habitual si no fuera porque desde el momento en que el Estado asumió el mando, el foco ha dejado de estar únicamente sobre la prevención, los medios y las decisiones de la Puerta del Sol y ha pasado a situarse sobre la respuesta de Moncloa.

La baronesa del PP ha vuelto así a una fórmula ya utilizada en otras crisis: nacionalizar la gestión cuando la emergencia supera a la Comunidad y autonomizar el relato para conservar la iniciativa política. Ocurrió durante el apagón y la pandemia y ahora con los incendios. El Ejecutivo de Ayuso cede el mando operativo mientras Sol se reserva el derecho a repartir las responsabilidades ante lo que ella misma ha calificado como “el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid” algo que, según aseguró, le está “costando mucho asumir”.

La orden publicada en el BOE es clara. Desde la activación del nivel 3, corresponde al ministro del Interior “la dirección de la emergencia”, incluida la coordinación de los recursos estatales, autonómicos y locales. La dirección operativa queda en manos del jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Es decir, Sol continúa aportando sus efectivos, pero la cadena de mando ya no acaba en la Administración madrileña. La gravedad de los incendios, su dimensión supraautonómica y la amenaza sobre zonas habitadas justificaban, según la orden, esa dirección única.

La presidenta madrileña señaló este viernes que “la coordinación” con el Gobierno central estaba “siendo buena”. “Y creo que es absolutamente necesaria por varios motivos. En primer lugar, porque estamos hablando de un mecanismo que marca la ley. Hablamos de tres comunidades autónomas y de riesgo para la vida. Y cuando hay este volumen de personas confinadas o desplazadas, cuando se han tenido que evacuar residencias y centros de salud, es cuando precisamente la Administración del Estado ha de estar”, dijo, para justificar la declaración del estado de emergencia.

La solicitud de la Comunidad de Madrid llegó mediante una breve comunicación y fue anunciada simultáneamente por Ayuso en su cuenta de X. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, reprochó las formas y habló de “una escueta carta con la que ha sacado un tuit”. Martín sostuvo que una decisión de esa importancia debía explicar si respondía a una incapacidad técnica, operativa o a la previsión de que los incendios no pudieran ser controlados. Pese al desencuentro, el ministerio del Interior aceptó la solicitud aproximadamente dos horas después y extendió la emergencia nacional a la provincia de Ávila, concretamente en la localidad de Burgohondo.

El Gobierno intentó inicialmente mantener un tono institucional. Sánchez presidió el comité estatal de coordinación, aseguró que se habían desplegado todos los efectivos y prometió apoyo durante la emergencia y la posterior recuperación. Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que corresponde al Estado asumir inmediatamente la dirección cuando una Administración menor no puede hacerlo. “El Gobierno central en ningún momento discute, lo que hace es actuar. Si una comunidad autónoma, por las razones que sea, entiende que no tiene la capacidad operativa y de gestión necesaria, para eso está el Gobierno central, para asumirla inmediatamente”, señaló este viernes. 

El ministro de Transportes, Óscar Puente, quebró esa contención. Acusó a los gobiernos autonómicos del PP de reducir impuestos, debilitar los servicios públicos y pedir después al Ejecutivo central ayuda. “Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Ellos reducen impuestos a los ricos, liberalizan los servicios públicos y luego le piden al Gobierno que les resuelva la papeleta”, señaló en X. Un mensaje que Ayuso no tardó en responder: “El primer mamarracho que se ponga por medio para calentar el ambiente allá él”, dijo ante la prensa.

De nuevo, Puente replicó: “De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú”. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, siguió la línea argumental de la presidenta madrileña y calificó de “miserable” la actitud de Puente y del delegado del Gobierno. “Ellos ven bandos y ven muros donde nosotros solo vemos fuego”, afirmó, al tiempo que reclamaba “todos los recursos disponibles” y “coordinación leal entre administraciones”.

Dos semanas antes de la emergencia, el partido de Alberto Núñez Feijóo ya había presentado al Gobierno de Sánchez como responsable de garantizar los medios extraordinarios de extinción. La vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, lo advirtió así: “El Gobierno está paralizado, pero los incendios no esperan”, al tiempo que exigió la movilización de todos los recursos necesarios. Génova preparaba así un marco en el que las comunidades gestionan ordinariamente la prevención y la extinción, pero la insuficiencia de medios se atribuye a la falta de apoyo del Gobierno central.

El relato contrasta con el balance triunfalista que el Gobierno de la Comunidad de Madrid había difundido nueve días antes de la catástrofe. El pasado 15 de julio, la Comunidad de Madrid celebraba que el 81% de los incendios registrados durante el año hubieran quedado reducidos a conatos. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, atribuía ese resultado a las labores de prevención y a la rapidez de los profesionales del plan autonómico contra incendios.

La emergencia ha coincidido, además, con un conflicto laboral y organizativo que afecta a una parte de los bomberos forestales públicos madrileños. Los trabajadores han denunciado que decenas de efectivos permanecían inoperativos por carecer de vehículos y herramientas y que sus solicitudes para participar en distintos incendios habían sido ignoradas. “No tenemos ni vehículos, ni camiones ni herramientas. Nos tienen paralizados”, lamentan. Según representantes laborales, las unidades forestales que antes operaban desde 19 parques dejaron de hacerlo durante el conflicto, aunque sí participaron en los incendios los efectivos contratados a través de Tragsa, un grupo de empresas públicas españolas, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que funciona como medio propio y servicio urgente de las administraciones.

El conflicto contiene, además, otro precedente de la estrategia de Ayuso. En agosto de 2025, ante las protestas de los brigadistas externalizados, la presidenta afirmó que “las mejoras salariales dependen del Gobierno central, no son de nuestra competencia”, porque los trabajadores estaban contratados por Tragsa y señaló que le sorprendía que la huelga se produjera en Madrid porque las condiciones laborales “no son ni mucho menos las peores de España”, aludiendo a una supuesta motivación política. Días después, el Ejecutivo autonómico se abrió a prolongar los contratos durante todo el año y a incorporar mejoras mediante su propio contrato con la empresa pública, reconociendo en la práctica que sí disponía de instrumentos para actuar.

La emergencia nacional de los incendios tiene un único antecedente: el apagón del 28 de abril de 2025. También entonces Madrid solicitó el nivel 3 y el Ministerio del Interior asumió la dirección de la crisis en la comunidad. La secuencia política fue prácticamente la misma. Ayuso pidió al Ejecutivo central que tomara el mando y, al día siguiente, utilizó la gestión de la emergencia para atacar a Sánchez: “Falla tres de cada tres. Veremos cuánto tarda en decir que la culpa es de Madrid por su consumo”, señaló. También calificó la actuación del Gobierno de lenta e ineficaz y comparó la imagen de España con la de un país que se apagaba “a la venezolana”.

Seis de las ocho comunidades que habían solicitado la emergencia nacional pidieron volver al nivel dos al día siguiente, cuando el suministro y los servicios básicos estaban prácticamente normalizados. Madrid y Extremadura mantuvieron el nivel tres, de modo que Grande-Marlaska continuó dirigiendo la recuperación en ambos territorios. La cesión del mando no impidió que Ayuso utilizara después el apagón como munición contra la Moncloa. Durante el acto institucional del Dos de Mayo habló del “bochornoso apagón” y sentenció que los ciudadanos no podían acostumbrarse “al desastre, ni al sectarismo, ni a la mentira”: “A nosotros nadie nos encierra, nos apaga ni nos deja en evidencia ante el mundo”, señaló.

La fórmula también apareció durante la segunda ola de la pandemia. El PP reclamó durante semanas medidas homogéneas y una mayor intervención estatal, alegando que la responsabilidad última correspondía al Gobierno. Cuando el Ministerio de Sanidad estableció criterios comunes y trató de intervenir ante la elevada incidencia madrileña, Ayuso denunció una “irresponsable obsesión” de Sánchez por desestabilizar la comunidad. Después de que los tribunales dejaran sin cobertura algunas restricciones, el Gobierno decretó el estado de alarma en Madrid. La Comunidad rechazó la medida, la calificó de “chantaje” y presentó como una intervención política de Sánchez lo que hasta poco antes el PP había exigido como ejercicio de responsabilidad estatal.

La pauta que conecta ambos episodios con los incendios no consiste simplemente en pedir ayuda, ya que todas las administraciones lo hacen cuando una emergencia supera su capacidad. El rasgo distintivo del Ejecutivo de Ayuso es la distribución del mérito y de la culpa: los resultados favorables se atribuyen al modelo madrileño, las carencias estructurales se externalizan hacia el Gobierno o las empresas públicas estatales y, cuando el Ejecutivo central central interviene, queda expuesto como responsable operativo mientras cualquier crítica a Sol se presenta como deslealtad institucional.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este viernes que las previsiones meteorológicas con vientos "ligeramente" más flojos para esta madrugada abren "una ventana importante" para atacar por tierra los fuegos activos en la Comunidad de Madrid y Ávila.

"En estos momentos no podemos ser muy optimistas, pero somos realistas", ha sostenido Marlaska desde el puesto de mando habilitado en Navaluenga (Ávila) tras declararse la pasada medianoche la emergencia nacional por los incendios declarados en ambas provincias.

El ministro ha avanzado que las previsiones de esta noche y las de mañana, con menos viento, humedad y temperaturas más bajas, son "ligeramente" más favorables para atacar los focos activos que han obligado ya a evacuar o confinar a más de 45.000 personas.

"Día difícil" ha comenzado el ministro su intervención en el canal 24 horas de RTVE, en la que ha explicado los esfuerzos para que "no haya una convergencia de los incendios" de Ávila y Madrid, circunstancia que ya se produjo con los fuegos de la comunidad madrileña.

Marlaska ha adelantado que este sábado llegarán los cuatro medios aéreos comprometidos por Italia y Grecia, y que una vez que se ha activado el mecanismo de la emergencia nacional, se han aceptado las propuestas de ayuda de seis comunidades autónomas.

Además, están desplegados más de 3.000 efectivos de la UME, las fuerzas de seguridad del Estado, Protección Civil, las brigadas BRIF y personal del Ministerio de Transición Ecológica, al que se suman helicópteros y medios anfibios, si bien ha reconocido que "a veces las condiciones del fuego hacen muy difícil atacarlo".

Respecto a las evacuaciones de población, el titular de Interior ha recordado las cifras: En la región madrileña 25.000 evacuados y 20.000 confinados y en Ávila 8.000 desalojados y 5.000 confinados. En total 60.000 entre los dos fuegos que están bajo el paraguas de gestión de la emergencia nacional.

Una decisión que Marlaska ve "acreditada" por la evolución de los dos incendios y el riesgo de que converjan.

Los incendios cuyas llamas siguen avanzando en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, tras haberse declarado la emergencia nacional, siguen este viernes sin control en un día crítico por el calor y el viento, en el que se ha agravado la situación tras confluir los fuegos madrileños en un solo frente, después de que España haya pedido ayuda a la Unión Europea (UE).

Los fuegos originados en Almorox (Toledo) y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) se han fusionado en un solo frente que ha obligado a desalojar otros tres municipios del suroeste madrileño y que avanza sin control con unas condiciones climáticas muy desfavorables.

Los incendios que afectaban a la Comunidad de Madrid, el procedente de Almorox (Toledo) y el originado por un vehículo incendiado en San Martín de Valdeiglesias, forman ya "un único incendio", el "peor" de la historia de la región madrileña, según su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

El Ministerio del Interior ha enviado dos mensajes ES-Alert para ordenar la evacuación de tres municipios de la Comunidad de Madrid. Es la primera vez que la secretaría general de Protección Civil y Emergencias ha enviado un mensaje ES-Alert en una situación operativa de nivel tres, han explicado fuentes del Ministerio del Interior.

"Esto es una emergencia real: Debido a la evolución de los dos incendios en la Com. de Madrid. A todos los habitantes de Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo evacuen estos municipios. Posibles puntos de acogida: Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón, Leganés, Brunete, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón y Las Rozas", sostiene uno de los mensajes.

Según el propio presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se trata de unos incendios forestales "dramáticos"; la Comunidad de Madrid mantiene desplegado "el mayor dispositivo de su historia" en la lucha contra estos incendios, según sus autoridades.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha asegurado que el incendio que afecta al suroeste de la región se encuentra en su “momento álgido” y que la cabeza del fuego está “fuera de capacidad de extinción”.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), Novillo ha explicado que la cabeza del incendio avanza hacia Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva, una zona donde “no se puede atacar”, debido a la intensidad del fuego y a las fuertes rachas de viento.

Por ello, ha indicado que los trabajos se centran en la defensa de los núcleos de población y en reforzar el flanco derecho, el que más preocupa de cara al cambio de viento previsto para este viernes.

El consejero ha señalado que el incendio continúa creciendo, aunque ha destacado que hasta el momento no ha causado daños personales, “el objetivo más prioritario” de la gestión de la emergencia.

Asimismo, ha indicado que los servicios de emergencia siguen muy pendientes de la evolución del incendio de Burgohondo (Ávila), que por ahora no ha entrado en la Comunidad de Madrid y evoluciona con una componente más al norte de la prevista inicialmente, lo que hace confiar a los técnicos en que no termine afectando a San Martín de Valdeiglesias.

Novillo ha expresado su esperanza de que la disminución del viento durante la noche, después de una jornada con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora, abra una “ventana de oportunidad” para tratar de anclar la cabeza del incendio y mejorar las labores de extinción.

También ha agradecido la coordinación entre la Comunidad de Madrid, la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil y la Administración General del Estado, así como la llegada de refuerzos procedentes de otras comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad Valenciana y Andalucía.

Por último, el consejero ha calificado el incendio de “inédito” por el impacto que está teniendo sobre distintas poblaciones y por la evacuación de miles de personas.

El número de personas desalojadas asciende ya a 63.000 después de que se haya dado la orden de evacuar un camping en El Escorial según ha informado el Ministerio del Interior.

Hasta ahora se había ordenado ayer el desalojo de las localidades de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno, a las que sen sumado hoy Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Zarzalejo.

Esta tarde el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha advertido de que el fuego se dirige ahora hacia la zona de El Escorial y ha anunciado que la UME va a establecer las líneas de defensa para proteger este municipio.

Martín ha pedido prudencia a todos los vecinos de los municipios afectados hasta el momento y ha instado a los residentes en El Escorial y San Lorenzo que atiendan las indicaciones de la Policía Nacional que va a trabajar conjuntamente en esta zona para asegurar el posible confinamiento.

En Ávila, según los datos proporcionados por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hay 8.000 desalojados y 5.000 confinados.

Un total de 29 carreteras de Madrid (8), Ávila (7) y Guadalajara (14) están afectadas con cortes de tráfico como consecuencia de los incendios declarados en las últimas horas en ambas provincias.

Pedro Sánchez se ha convertido ya en el presidente español al que más le gusta jugar en los campos políticos internacionales. Las elecciones en España ya están a la vista, pero el Gobierno va a librar varias batallas con toda su artillería allende los Pirineos para situar a dirigentes en puestos clave para el futuro.

El propio Sánchez confirmó este jueves que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, concurre a la carrera para hacerse con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dependiente de Naciones Unidas. Lo que suma trabajo a la diplomacia española, que tiene también entre manos ayudar a Luis Planas a hacerse con las riendas de la FAO (la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y a Pablo Hernández de Cos a llegar a lo más alto en el Banco Central Europeo (BCE).

Díaz da este paso después de escuchar a las organizaciones sindicales en un momento en el que las derechas mundiales quieren desviar el rumbo de la OIT, una organización esencial para los derechos de los trabajadores. El plazo para la presentación de las candidaturas concluye a mediados de agosto y la elección se producirá el 16 de noviembre, pero el ganador no iniciará el mandato hasta octubre del año que viene. Por lo tanto, la vicepresidenta segunda no dejará el Gobierno. De hecho, esa toma de posesión se produciría previsiblemente con un nuevo Ejecutivo en España tras las elecciones generales del año próximo.

La vicepresidenta segunda ya lleva tiempo preparando esta carrera y ha intensificado su agenda internacional. De aquí a noviembre, le toca lo más complicado: ganarse la mayoría entre los 56 votantes. Entre ellos, hay representantes de 28 países, 14 de los sindicatos y 14 de los empresarios. 

La lucha se prevé muy reñida y, por el momento, solo aparece un único contrincante, Gilbert F. Houngbo, el togolés que dirige la organización desde el año 2022. La propia Díaz fue muy crítica con el actual mandato el mes pasado durante su intervención en sesión plenaria en Ginebra: “No creo que nadie se sorprenda en esta sala si digo que la OIT está en crisis”.

Las palabras de aquella sesión marcan el camino de su candidatura: “Se pretende, sobre todo por la Administración norteamericana, desregular completamente el mundo del trabajo de la mano de la IA. Esto es la barbarie”. “Frente a ese modelo de ley de la selva, lo que estamos señalando justamente es tener un instrumento normativo de mínimos con capacidad de desarrollo de normas propias, para que tengamos la posibilidad de tener normas laborales, derechos humanos y competencia leal entre las empresas”, argumentó en Suiza.

“Sin normas, es una organización inane frente a los grandes cambios digitales y verdes que tenemos la obligación de gobernar”, clamó la vicepresidenta segunda, quien ahondó en que la OIT no se puede convertir en mera “mercancía”. Asimismo, quiere poner en el centro del debate de la OIT la regulación de la IA y de la digitalización que está trastocando el mercado laboral.

Díaz va a la carrera, como dicen en su equipo, con su trabajo como mejor aval: la subida sin precedentes del salario mínimo interprofesional, la aplicación del sistema de los ERTE que salvó miles de puestos de trabajo durante la pandemia, una reforma laboral que ha demostrado que se puede crecer mejorando la dignidad de los trabajadores y un número récord de más de 22 millones de empleados en el país. La vicepresidenta segunda se puede convertir en la primera mujer en dirigir la OIT, una organización fundada en 1919.

España también lleva tiempo trabajando para que el ministro de Agricultura, Luis Planas, se haga con la FAO. La elección se producirá en verano del año que viene, pero el Gobierno ya ha arrancado los trabajos diplomáticos, que están encabezados por el titular de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel Albares.

El propio Albares ha explicado durante estas semanas la filosofía de este movimiento: “Es una candidatura española, pero que tiene vocación europea y es también un reflejo de la creencia que tiene España en el multilateralismo y en Naciones Unidas en momentos en que la seguridad alimentaria es algo absolutamente fundamental”.

Esa vocación europea de la candidatura también se debe a que la FAO no está en manos de un dirigente de este continente desde 1975. Por eso, varios países de la UE trabajan para hacerse con la FAO tras el mandato del chino Qu Dongyu. España intentó sin éxito lograr ese puesto en 2011 a través del exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos. Planas podría competir en esta batalla con el irlandés Phil Hogan y el italiano Maurizio Martina.

El Gobierno confía en el abultado currículum de Planas, que es ministro del ramo desde que llegó Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa tras la moción de censura de junio de 2018. Asimismo, ha ocupado cargos como embajador de España en Marruecos y ante la UE, lo que le ha permitido forjar aliados a nivel internacional durante décadas.

Y España también va a librar una de las grandes batallas continentales: la Presidencia del Banco Central Europeo. El Gobierno respaldará finalmente a Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual director gerente del Banco Internacional de Pagos (BIS), que es uno de los grandes favoritos entre los expertos para suceder a Christine Lagarde.

Hernández de Cos cuenta con el apoyo de los dos grandes partidos, algo casi utópico en mitad del clima de polarización política, y encabeza quinielas como las del Financial Times. A favor de su candidatura está su marcado perfil técnico, además de presentarse como un pragmático entre los halcones y las palomas. España tendrá que competir duramente con Francia y los Países Bajos, que ansían ese puesto, pero Moncloa confía en que se premie, entre otros aspectos, la buena marcha de la economía nacional.

La diplomacia española no para. Con Sánchez a la cabeza. A pesar de que queda menos de un año para que acabe la legislatura, el Gobierno quiere atar algún gran puesto más a nivel internacional. Todo en un momento de auténtica incertidumbre internacional y en el que se juega el nuevo orden mundial. Y en el Ejecutivo esperan marcar algún gol más, como ya hicieron con Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea y con Nadia Calviño al frente del Banco Europeo de Inversión.

José Luis Rodríguez Zapatero pone punto final a nueve semanas de silencio absoluto. El expresidente del Gobierno se ha sentado este jueves en la televisión pública para hablar sobre el caso Plus Ultra. Una entrevista que le ha servido, sobre todo, para defenderse públicamente de la acusación contenida en los escritos de colaboración que esta semana han remitido al juez instructor tanto el empresario Julio Martínez Martínez como dos de los directivos de Plus Ultra. El exdirigente socialista ha negado categóricamente haber influido en la concesión del préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea en plena pandemia. O haber tenido información privilegiada sobre el mismo. Ahora bien, no ha aclarado el origen de las joyas halladas por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en su despacho, algo que ha achacado a su estrategia procesal.

La última vez que el expresidente del Gobierno se pronunció públicamente fue el día en el que se conoció su imputación y en el que los investigadores registraron su oficina. A través de un vídeo, Zapatero aseguró que toda su actividad "pública y privada" se había desarrollado siempre "con absoluto respeto a la legalidad" y que todos los ingresos percibidos se habían "declarado" a Hacienda. Y negó haber realizado "jamás" una "gestión" ante ninguna "Administración pública" en relación con el rescate de Plus Ultra. Dos ideas en las que insistió, ya a puerta cerrada, en su declaración como investigado ante el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama: "Lo reafirmo rotundamente: no tuve ninguna intervención".

Zapatero no se ha movido ni un milímetro de ese relato durante su intervención en el programa Mañaneros 360. Una entrevista concedida en un momento muy concreto. Hace solo tres días, tres de los principales investigados de la trama decidieron mover ficha en busca de los beneficios que el Código Penal reserva para aquellos que colaboren con la justicia –y de los que el empresario Víctor de Aldama puede dar buena cuenta–. Tanto Julio Martínez Martínez como el presidente y el ex consejero delegado de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, respectivamente, remitieron al instructor sendos escritos en los que situaban al expresidente del Gobierno como pieza clave en la consecución del rescate de la aerolínea. Es más, el primero de ellos llega a asegurar que Zapatero le avanzó que la ayuda pública se concedería once días antes de que la aprobara el Consejo de Ministros.

El expresidente del Gobierno no ha querido entrar en si se siente "traicionado" por quien fue amigo íntimo durante casi tres lustros. Allá cada cual, ha venido a decir, con su estrategia de defensa. Eso sí, ha rechazado de plano el relato ofrecido por quienes pretenden convertirse en colaboradores, cuyo testimonio, al menos por ahora, no ha permitido atar el delito de tráfico de influencias en relación a la aerolínea. "No hablé con nadie ni de la SEPI ni del Gobierno, ni con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra", ha señalado el exdirigente socialista. Y ha asegurado que jamás aparecerá una sola conversación de él con algún miembro de la compañía hablando del préstamo concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En su escrito de colaboración, el presidente de Plus Ultra relata que antes de buscar ese rescate trataron de conseguir un crédito ICO. Y que, en ese contexto, Martínez Martínez le dijo que escribieran una carta al vicepresidente del Banco Santander Juan Manuel Cendoya, con quien el exlíder del Ejecutivo iba a realizar unos "contactos". Una misiva dirigida a dicho directivo que Martínez Sola fechó el 25 de mayo de 2020 y que arrancó con la siguiente fórmula: "Siguiendo instrucciones del presidente Zapatero". "El encabezamiento es un exceso", ha señalado el exdirigente socialista, quien ha explicado que lo único que hizo fue "llamar" a Cendoya "para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas". "Eso no tiene que ver ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada", ha querido zanjar, rechazando que con esa gestión estuviese ejerciendo "influencia".

En su auto de imputación, el instructor también pone el foco sobre una reunión que el expresidente habría mantenido con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el 7 de septiembre de 2020. Seis días después de que la aerolínea pidiera la ayuda. Y un mes antes de que se acordara el aplazamiento de la deuda preexistente que Plus Ultra tenía con la Tesorería General de la Seguridad Social. Esto último es importante, porque un requisito para acceder al rescate era estar al corriente de estas deudas, lo cual es posible cuando las mismas se encuentran aplazadas, suspendidas o fraccionadas. El expresidente, sin embargo, ha desvinculado dicho encuentro de la ayuda a la aerolínea: "Esa es otra de las locuras. Me llama para conocerme. No hablamos de Plus Ultra".

También ha negado haber avanzado a su amigo el 26 de febrero de 2021 que la SEPI iba a conceder el rescate. Es decir, once días antes de su aprobación en Consejo de Ministros. Los mensajes remitidos por Julio Martínez Martínez aquel día confirman la filtración de dicha información. "Solo felicitarte por la próxima obtención del préstamo de la Sepi, muy previsiblemente será en el Consejo de Ministros del día 9 de Marzo. Mi mayor felicitación por haber conseguido el objetivo", escribió a uno de los empresarios venezolanos vinculados a la aerolínea. El expresidente del Gobierno, sin embargo, ha querido dejar claro que él no supo "en ningún momento" si la aerolínea se iba o no a rescatar.

Martínez Martínez sostuvo en el escrito remitido a comienzos de semana a la Audiencia Nacional que Zapatero, aunque no formara parte del accionariado, era quien lideraba la consultora Análisis Relevante y quien "decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes". En la entrevista, el exdirigente socialista ha defendido su papel como consultor, asegurando que toda su actividad está declarada en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). "Todo mi trabajo en Análisis Relevante fue de consultoría, de asesoramiento, que se sustanciará en su momento. Nunca tuve intención ni participé en ninguna sociedad ni firmé ningún contrato con ningún cliente", ha señalado Zapatero.

La UDEF en sus informes ata la supuesta "posición directiva" del expresidente del Gobierno en Análisis Relevante en base a dos archivos Excel que envió Zapatero a Martínez Martínez el 6 de julio de 2021 con "un listado de personas físicas y jurídicas con direcciones de correos electrónicos y cargos", algunos de ellos clientes de la consultora. "Eran personas a las que, como consultor, considero que [les] interesa conocer los informes de los análisis políticos y económicos que hacía Análisis Relevante. Es tan simple como eso", ha respondido el exdirigente socialista sobre esta cuestión. Y, del mismo modo, ha negado que se falsearan conceptos a la hora de facturar a la firma por sus trabajos de consultoría.

El exlíder del Ejecutivo también ha negado haber dado instrucciones para la puesta en marcha de una offshore en Dubái. "Es una invención absoluta", ha apuntado. La tesis del instructor y de los investigadores era que la trama podía haber constituido una sociedad en Emiratos Árabes Unidos para cobrar de forma opaca una comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra. Una hipótesis que, sin embargo, tiran por tierra los escritos de colaboración remitidos por Martínez Martínez y los directivos de Plus Ultra. Los tres reconocen que, efectivamente, se pagaron 530.000 euros por las gestiones. Ahora bien, aseguran que dichos abonos se canalizaron, mayoritariamente, a través de tres sociedades en España.

Zapatero también ha defendido el trabajo realizado por sus hijas, que a través de su empresa, WhaTheFav, ingresaron 239.755 euros entre 2020 y 2025 de Análisis Relevante. Ha negado que sean sus testaferros. Y ha dicho que presentarán en el procedimiento judicial "todos sus trabajos, tarea y contratos". Pero no ha querido dar más detalles: "WhaTheFav tiene que hablar por sí misma". Entre las dudas que aún quedan sobre la mesa están, por ejemplo, los 561.440 euros que esta firma recibió de Inteligencia Prospectiva, administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. La empresa llama la atención de los investigadores por tener "escasos ingresos y un volumen muy elevado de gastos por trabajos realizados por otras empresas y servicios exteriores".

El expresidente tampoco ha querido dar demasiados detalles sobre las joyas que los agentes de la UDEF encontraron durante el registro de su despacho, unas piezas que un peritaje encargado por el juez valoró en 1,3 millones de euros y que han provocado la imputación de Zapatero también por posibles delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública. Hace un mes, durante su declaración ante el instructor, aseguró que daría las explicaciones pertinentes en diez días. Pero este jueves, durante su entrevista televisiva, se ha limitado a decir que eran un "regalo de cortesía personal" que recibió hace muchos años, aunque ha señalado que la valoración económica que arrojó la tasación judicial será sometida "a contradicción". No ha desvelado, por respeto al procedimiento, ni cuándo ni qué país se las regaló. "Ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podríamos imaginar ese valor; estaban ahí y nada más", se ha limitado a resaltar, al tiempo que ha negado el contrabando y el afán defraudatorio.

Un cambio en la composición del Gobierno, bien por la vía de una moción de censura o por la vía electoral, supone siempre una variación de la organización del Gobierno precedente, bien de forma estructural (número de ministerios) o un cambio de algunas normas jurídicas, siempre que no afecten a derechos fundamentales consolidados por el refrendo del Tribunal Constitucional apoyado además por acuerdos o tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por España.

La tensión política que estamos viviendo, desde que el 23 de julio de 2023 se vieron frustradas las expectativas que algunas encuestas y una gran parte de la opinión publicada otorgaban al Partido Popular como vencedor indiscutible e inquilino del Palacio de la Moncloa, se ha incrementado hasta llegar a límites asfixiantes que ponen en peligro la supervivencia del propio sistema democrático. La derecha política y otros centros de poder empresarial y mediático e incluso la salida de tono del presidente de la Conferencia episcopal se han unido a los ataques y a la presión sobre el Gobierno de coalición centrados en la persona de su presidente, acudiendo a excesos dialécticos rayanos en el puro delirio. La colaboración para alimentar este clima se ha visto reforzada por la actuación selectiva de algunos sectores de la judicatura que aisladamente o en bloque bastante numeroso se han posicionado en abierta rebelión contra las normas de procedimiento.

No se trata de un simple cambio de Gobierno. Feijóo en su momento habló, ante el asombro de los constitucionalistas, de la celebración de una “moción de censura instrumental” con el objetivo de hacer una “limpieza” y convocar elecciones. Ya estaba en su mente la creación de una empresa de “Reformas y limpiezas” con unos objetivos que alcanzan, en estos momentos, a unas cien leyes. Como es lógico tiene prioridades que ha trasladado a la opinión pública, lo que siempre es de agradecer.

Su secretario general Miguel Tellado ha dado algunas pistas en una reciente entrevista concedida a Esperanza Aguirre en el diario digital The Objective: “Hace falta un cambio de gobierno en España (...) y hay que derogar el sanchismo en su totalidad. Eso supone tocar cerca de 100 leyes”. El catálogo es amplio: reducir prestaciones por desempleo, limitar la representación sindical de los trabajadores, volver a considerar enfermas a las personas trans, limitar el acceso a prestaciones como el ingreso mínimo vital o acabar con las ayudas a víctimas del franquismo y personas migrantes. Por supuesto la derogación de las leyes de Memoria Democrática y la de Amnistía.

Espero que las urnas eviten que puedan acceder al poder, pero los presagios que nos proporcionan las encuestas son reiterados y por tanto habrá que estar preparados para cualquier eventualidad. La única ventaja radica en que el PP se ha despojado de sus veladuras y se ha fundido con la extrema derecha de VOX con la que ya gobierna en varias Comunidades Autónomas, luego el elector no puede llamarse a engaño.

Si desgraciadamente se confirman los malos augurios, alguien debería entregar al futuro Consejo de Ministros un manual de instrucciones. Con el desparpajo que les caracteriza, Feijóo y Tellado han afirmado rotundamente que la primera decisión que adoptarán será la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Para su ilustración les recuerdo que el artículo 2º. 2 del título preliminar del Código Civil establece que las leyes sólo se derogan por otras posteriores.

Si insisten en llevarla a afecto, saben que tanto el Relator de Naciones Unidas como otros organismos internacionales ponen en cuestión su compatibilidad con los textos internacionales de derechos humanos y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. En todo caso, el Preámbulo debe incluir la referencia histórica a que el golpe militar contra la democracia encarnada en la Constitución republicana comenzó con los Bandos de guerra (Mola y Queipo de Llano 18 de julio de 1936) en los que se ordenaba “pasar por las armas sin necesidad de juicio a todos los componentes del Frente Popular y a las personas que les ayudasen”. Como puede comprobarse, un “buen comienzo para una reconciliación”.

Feijóo, en su afán por las reformas, se apunta a la ley de la Comunidad de Madrid y anuncia que: “Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”. Si se trata de ayudar a la mujer, sin exclusiones, y a las familias, en principio nada habría que objetar jurídicamente y salvo que se derogue el artículo 29 del Código Civil en el que ya está previsto que el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Mantiene, como impone la biología, que solamente el nacimiento determina la personalidad y por tanto la titularidad de derechos. Todo lo que precede son expectativas e incluso ficciones. De momento ha manifestado que no tiene intención de reformar la vigente ley del aborto.

Cercenar derechos o reducirlos no es gobernar. Es más bien una tarea de iconoclastas y no de políticos. A nadie deben extrañar los excesos oratorios de los líderes políticos. Mientras se mantenga la permanencia de España en la Unión Europea deben tener en cuenta la supremacía de las normas emanadas de sus órganos y las decisiones del Tribunal de Justicia como máximo intérprete de la normativa europea.

En su frenesí derogatorio pretenden eliminar la Ley de Amnistía, misión imposible, por ser radicalmente inconstitucional. Por más que lo intento no consigo ensamblar el rechazo de la amnistía con el propósito de pasar página sobre la ilegal condena a los líderes independentistas. Por favor, lean con ojos limpios y mente lúcida las resoluciones del Tribunal de Justicia. Les recuerdo un pasaje: “En conclusión esta ley busca proporcionar seguridad jurídica, el respeto por el principio de legalidad y un marco legal para la protección de los derechos fundamentales”.

Sr. Feijóo, como jefe de una empresa de reformas, le recuerdo que hay columnas y muros que no se pueden derribar sin que se venga abajo el edificio.

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José Antonio Martín Pallín es abogado. Ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Si último libro es ‘Visto para sentencia. Jueces e ideología en la Justicia española’ (Siglo XXI Editores).