“Hemos perdido una oportunidad histórica de liderar la Europa de los valores y los derechos”. Estas son las palabras con las que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) describe los anteproyectos presentados este martes por el Gobierno para sustituir la ley de asilo y modificar la de extranjería y acusa al Gobierno de plantear “medidas regresivas” que ponen en riesgo a personas que pueden necesitar protección internacional. 

Desde el Ministerio del Interior han defendido que estos cambios son una adaptación necesaria al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y tienen el objetivo de crear un sistema “más ágil, eficaz, ordenado y garantista”. Estos dos anteproyectos se encuentran todavía en tramitación y deben pasar por el resto de ministerios para que propongan modificaciones antes de poder llegar a las Cortes para su aprobación final.

El Pacto Europeo fue aprobado en mayo de 2024, pero no entró en aplicación oficialmente hasta el 12 de junio de este año. Integrado por diez textos, nueve reglamentos y una directiva, los países de la Unión Europea “están 100% obligados a cumplirlos”, según explica la abogada especializada en protección internacional Yolanda Bassas. Los reglamentos son directamente aplicables y, si una norma nacional entra en conflicto con ellos, “la norma europea tiene prioridad”. Sin embargo, existe cierta flexibilidad en puntos concretos, que permite a los países hacer leyes “más garantistas”, añade la letrada.

Uno de los conceptos más controvertidos introducidos en el Pacto Europeo es el de “instrumentalización de la migración”, incorporado mediante el Reglamento 2024/1359. Se refiere a situaciones en las que un tercer país o un agente hostil facilita movimientos de personas hacia las fronteras de la UE con una finalidad de desestabilización. No basta, por tanto, con una llegada numerosa. Para Bassas, lo ocurrido en Ceuta constituye, a su juicio, “un perfecto ejemplo” de instrumentalización y lo define como una “crisis humanitaria y una crisis geopolítica”, no migratoria.

Aunque el anteproyecto de la nueva ley de asilo no menciona directamente el concepto de “instrumentalización”, en el punto tercero de su artículo 81 indica que “los supuestos de aplicación de los procedimientos de examen acelerado y de frontera y su duración respectiva podrán verse alterados en situaciones de crisis o de fuerza mayor, en aplicación del Reglamento (UE) 2024/1359”, que incluye entre esos supuestos la instrumentalización.

Sin embargo, la posible activación de este mecanismo no depende de la legislación nacional, por lo que desde su puesta en marcha el pasado 12 de junio, podría haber sido utilizado por España en el caso de Ceuta, pero eso habría supuesto que España tendría que haber apuntado directamente a Marruecos como precursor de la entrada masiva ante la Comisión Europea.

Una vez que se activa esta situación, la Unión Europea autoriza al país concreto a retrasar hasta cuatro semanas el registro de solicitudes, ampliar de 12 a 18 semanas el procedimiento fronterizo de asilo y permitir que prácticamente todas las solicitudes de las personas instrumentalizadas sean examinadas en frontera.

Uno de los principales cambios es precisamente el mayor peso de los procedimientos rápidos y fronterizos. Para las personas que llegan de forma irregular, el nuevo sistema europeo establece un triaje previo a su derivación al procedimiento que corresponda, en el que se realizan comprobaciones de identidad, salud, vulnerabilidad y seguridad. 

El Pacto Europeo establece un plazo máximo de siete días para realizar este triaje, pero la nueva ley de extranjería española propone que sea solo de 72 horas. Durante ese tiempo la persona estará a disposición de la Policía Nacional y si no se consigue concluir, un juez tendrá que determinar las instalaciones en las que deberá permanecer hasta finalizarlo, sin superar en ningún caso los siete días totales desde la aprehensión, rescate o presentación en frontera.

“Es extremadamente complejo reducir los plazos y catalogar a las personas de manera tan rápida”, denuncia Bassas, ya que los casos de asilo “son extremadamente complejos y se han de estudiar uno a uno”.

El anteproyecto fija además un máximo general de 12 semanas para el conjunto del procedimiento fronterizo, incluida la fase judicial, aunque la fase administrativa tiene un máximo ordinario de seis semanas y determinadas solicitudes formuladas directamente en un puesto fronterizo deben recibir un primer examen en un plazo de dos semanas. “En un procedimiento de frontera, en el que hay escasos días para decidir si una persona puede solicitar asilo, es muy complicado”, señala Bassas. Lo que debe decidirse con mayor rapidez es su admisibilidad y, en su caso, si reúne los requisitos para obtener protección y, según destaca la letrada, “a veces necesito días y días para saber si una persona cumple o no los perfiles y conocer su historia”.

CEAR critica también la posibilidad de encadenar internamientos con distinto fundamento jurídico. El anteproyecto establece que, si una persona ya está internada para garantizar una expulsión, devolución o retorno y presenta entonces una solicitud de protección internacional, la Administración podrá solicitar al juez un nuevo internamiento, esta vez vinculado al procedimiento de asilo. Mientras dure este segundo internamiento se suspende el cómputo del primero, que puede reanudarse posteriormente si desaparece el derecho de permanencia. El internamiento durante el procedimiento de protección internacional tiene, a su vez, un máximo de 60 días y debe estar justificado individualmente.

Sin embargo, no todos los cambios que se proponen en estos anteproyectos vienen impuestos de Bruselas. Esta nueva normativa permitiría que España disponga de listas nacionales propias de países seguros, además de las que establezca la Unión Europea. Esto significa que se faculta al ministro del Interior a aprobar una lista española de países de origen seguros, previa consulta con otros departamentos, organismos públicos y ACNUR.

Esto plantea una nueva problemática, ya que como describe Bassas, la nacionalidad no determina por sí sola la necesidad de protección. Como abogada ha atendido casos de personas procedentes de países considerados seguros que finalmente obtuvieron protección internacional. “Que alguien tenga una nacionalidad determinada no descarta por completo que pueda solicitar asilo”, advierte.

Por su parte, CEAR cuestiona varios de estos cambios que no vienen exigidos directamente por el Pacto. El anteproyecto elimina de la Ley de Asilo la posibilidad específica de conceder una autorización de residencia por razones humanitarias cuando el procedimiento de protección internacional finalice con una denegación, una figura que hasta el momento existe en España.

La organización también denuncia que el anteproyecto de ley dificultaría enormemente la reagrupación familiar de las personas refugiadas al exigir requisitos de medios económicos y vivienda adecuada si se presenta la solicitud de reagrupación pasado un año, un criterio que en la actual ley no es obligatorio.   

Ante la reforma planteada por Interior, Bassas coincide en que la reforma de la Ley de Asilo era necesaria por la antigüedad de la norma actual, de 2009, por el fuerte crecimiento del número de solicitudes —más de 165.000 en 2024— y porque su desarrollo reglamentario quedó incompleto, pero teme que la nueva norma “no vaya a ser tan garantista como la que existe actualmente o que recorte derechos”. En la misma línea, CEAR pide al Gobierno español que “recapacite y retire esta propuesta para que no sea recordada como la más involucionista de las tres reformas que se han aprobado en democracia”.

Los claroscuros alrededor de la inédita entrada masiva de migrantes en Ceuta persisten un mes después del asalto. Y la crisis ha terminado por tensar las relaciones dentro del propio Gobierno, que no logra ofrecer un relato claro y unánime de lo sucedido. Sobre todo, entre dos ministerios de Estado: Defensa e Interior. Aún no se sabe a ciencia cierta si los servicios de inteligencia españoles fueron capaces de anticiparse y avisar del riesgo de que decenas de miles de personas irrumpieran a nado en la ciudad autónoma o si no se supo dimensionar bien la amenaza. Sí se sabe, sin embargo, cuál fue el punto de inicio. Y la importancia que tuvieron las redes sociales. infoLibre reconstruye lo sucedido con la información disponible hasta la fecha.

El miércoles 8 de julio es clave en esta historia. Ese día, el Tribunal Supremo hizo pública una sentencia en la que dejaba claras las reglas del juego a la hora de aplicar los rechazos en frontera –más conocidos como devoluciones en caliente–. El fallo, de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, resolvía un recurso de un ciudadano argelino retornado a territorio marroquí tras ser interceptado en alta mar con intención de llegar a nado a Ceuta. Y establecía que el "rechazo en frontera" está contemplado en la ley "solo para aquellos" que intentan "cruzar ilegalmente" superando "los elementos de contención fronterizos establecidos". Es decir, no puede aplicarse a quienes pretenden "entrar a nado".

Las redes sociales comenzaron a moverse tras la sentencia. Quienes conseguían acceder a nado a la ciudad autónoma publicaban su logro. Los mensajes se viralizaban. Y la falsa idea de puertas abiertas se instalaba en grupos virtuales con miles de personas. Una suerte de ‘efecto llamada’ que se constató entre el 12 y el 26 de julio, cuando las llegadas a Ceuta por vía marítima se incrementaron significativamente. Solo en la segunda quincena de julio, según los datos difundidos en su momento por el Gobierno de Ceuta, se registraron más de un millar de nadadores. Muchos de ellos, menores no acompañados que llegaban a territorio español sin ninguna documentación que permitiese su identificación.

En el Gobierno eran plenamente conscientes de este goteo incesante de migrantes. La semana previa al asalto, según desveló la Cadena Ser, el Ministerio del Interior reconoció ante Migraciones que la situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma podía llegar a ser "crítica" y que el fenómeno de los nadadores iba "para largo". Por aquellas fechas, el Ejecutivo de Ceuta ya había planteado a la Secretaría de Estado de Seguridad, órgano superior del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, la posibilidad de colocar algún medio de contención marítimo que permitiese cubrir el agujero derivado del fallo judicial. Una barrera de boyas que, sin embargo, no llegó a desplegarse antes de la entrada masiva.

El lunes 27 de julio, tras un luctuoso domingo marcado por la recuperación en el mar de tres cadáveres de migrantes, se reunieron de urgencia el presidente de Ceuta, Juan José Vivas, y el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano. Y reclamaron una "respuesta extraordinaria e inmediata" ante la magnitud de la presión migratoria que estaba soportando la localidad. Un par de días después, con un ritmo de llegadas superior a las 200 personas diarias y una tasa de ocupación del 1.600% sobre la capacidad de los centros de acogida, el presidente de Ceuta planteó la necesidad de un mando único que coordinara y dirigiera la respuesta a la crisis. Una petición que entonces cayó en saco roto.

Aquel miércoles 29 de julio las redes echaban humo. "La campaña alcanza su máxima intensidad. La frecuencia de publicaciones aumenta de forma muy significativa y comienzan a difundirse instrucciones específicas relativas a horarios, puntos de reunión, equipamiento recomendado y condiciones del trayecto", especifica el analista de inteligencia José María Gil en un reciente informe. En redes y grupos de WhatsApp o Facebook, alguno de ellos con más de 180.000 miembros, se comenzó a instar a la gente a que intentase cruzar la frontera aprovechando la Fiesta del Trono en suelo marroquí.

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, la titular de Defensa, Margarita Robles, explicó que ese mismo día la antena del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la zona, que integran algo más de una veintena de agentes, dieron cuenta en la Delegación del Gobierno en Ceuta "de esa convocatoria para el día siguiente". La ministra evitó dar más detalles sobre cómo actuaron los servicios de inteligencia. ¿Avisaron solo de la convocatoria o también de la llegada de miles de personas a la frontera? ¿Recibieron alguna advertencia de sus homólogos marroquíes de una posible entrada masiva o estuvieron en contacto con ellos? Ambas preguntas, planteadas este miércoles al ministerio por este diario, siguen sin respuesta.

Desde Interior han defendido en todo momento que la avalancha les pilló por sorpresa. Y que nunca recibieron "informe" alguno que alertara de una avalancha migratoria como la que se produjo. Una versión en la que también ha insistido la propia Delegación del Gobierno en Ceuta, a la que Robles dijo que informaron los agentes del CNI: "No se recibió informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el 30 de julio. Lo que sí se transmitió desde esta institución, desde finales de julio, fueron los datos diarios sobre el aumento de entradas por vía marítima, comunicados a través de los canales correspondientes".

Ambas versiones, que han tensionado al Ejecutivo, pueden ser complementarias. Puede que se avisara de un aumento de la presión migratoria o de lo que se estaba moviendo en redes sociales pero que no se advirtiera del riesgo real de una entrada de decenas de miles de personas. Es decir, que no se dimensionara bien la amenaza. Desde Interior, de momento, prefieren guardar silencio. Fuentes de Moncloa consultadas por infoLibre señalan que se "disponía de mucha información" relativa a movimientos no habituales de gente intentando llegar a nado o grupos de Facebook incentivándolo. "Pero ni los servicios de inteligencia de Marruecos ni los nuestros ni, que sepamos, los de otros países tenían elementos para temer un asalto de decenas de miles de personas".

En estas circunstancias se llegó a aquel 30 de julio. A eso de las 11 de la mañana, se empezaron a observar familias enteras rodeando el espigón a nado. Y media hora después ya podía hablarse de asalto masivo. Un informe elaborado por el Estado Mayor de la Defensa hace referencia a un flujo de entrada de 5.200 personas por minuto. Una cifra que, señaló Robles, "sobrepasaría cualquier capacidad de contención y control fronterizo". Ya desde primera hora, los sindicatos policiales criticaban la inacción de las Fuerzas de Seguridad marroquíes a la hora de contener el avance hacia la frontera. De hecho, la ministra de Defensa resaltaba este martes que los primeros enfrentamientos en suelo marroquí no se vieron hasta la madrugada siguiente.

A las 20.00 horas del 30 de julio ya se contabilizaba la entrada de entre 45.000 y 55.000 personas. Fue entonces cuando el delegado del Gobierno solicitó el despliegue del Ejército para dar apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las llegadas a nado continuaron durante toda la noche. Tanto que a las 7.00 horas del día 31 ya se calculaban alrededor de 60.000 migrantes. Por entonces el Ejecutivo aún no había dado ninguna cifra que permitiera dimensionar la crisis. Sólo el Departamento de Seguridad Nacional había emitido a primera hora de ese viernes una estimación de entradas en la ciudad autónoma. Al rato, esa alerta había sido eliminada. Y la responsable de comunicación del organismo cesada de manera fulminante.

Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) han mostrado este martes su "firme solidaridad" con España tras la crisis migratoria en Ceuta (España) y han destacado la necesidad de "seguir luchando sin descanso" contra las redes de tráfico de migrantes, así como mejorar la capacidad de prevención ante este tipo de situaciones.

Al término de la videoconferencia, los ministros de los Veintisiete han valorado "la rápida y eficaz actuación de las autoridades españolas ante la situación" en la ciudad autónoma.

Y han alcanzado un consenso sobre la necesidad de fortalecer las fronteras externas de la UE, así como de "forjar alianzas sólidas con países terceros", según se lee en un comunicado difundido por el Consejo de la unión, la representación de los Estados miembros.

También han expresado la necesidad "de mejorar el conocimiento compartido de la situación" para lo que han propuesto "el desarrollo de sistemas de alerta temprana como la inteligencia previa a la exploración fronteriza y la monitorización de las redes sociales". 

"La UE está unida y dispuesta a apoyar a España. Felicitamos a España por su rápida respuesta a la situación en Ceuta y expresamos nuestras más sentidas condolencias por la trágica pérdida de vidas. Las fronteras exteriores de la UE son responsabilidad compartida, y la migración requiere una respuesta europea unificada", ha dicho Jim O'Callaghan, ministro de Interior de Irlanda, que ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo.

Las muestras de solidaridad con España y el reconocimiento del papel de Marruecos en la gestión de la crisis en días previos han sido unánimes, de acuerdo con fuentes diplomáticas. Las mismas fuentes han apuntado que el uso de la desinformación en este tipo de situaciones supone trabajar para los enemigos de la UE.

A este respecto, los ministros han señalado que la comunicación en momentos de crisis "podría reforzarse aún más mediante una coordinación oportuna y debería ser más coherente, especialmente para contrarrestar a los agentes externos malintencionados que se dedican a la manipulación e injerencia de información extranjera".

En el encuentro telemático también han participado los países asociados al espacio Schengen fuera de la UE -Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza-, que se han unido a las muestras de solidaridad con España, al igual que las agencias europeas Frontex (fronteras), Europol (policial) y de Asilo.

La última actualización que el Ejecutivo español ha proporcionado a los ministros, según el Consejo, es que "la gran mayoría" de las personas que cruzaron a territorio español la pasada semana "han sido devueltas" y que no se han producido desplazamientos desde Ceuta -situada en el continente africano- hacia Europa continental.

Según O'Callaghan, la reunión ha servido para que los Estados miembros evalúen los instrumentos de los que ya dispone, identifiquen las áreas donde se necesita mayor cooperación y avancen en los preparativos para la próxima reunión ministerial y el Consejo Europeo de octubre.

El caso Kitchen ha quedado esta semana visto para sentencia. Tras cuatro intensos meses y cerca de un centenar de testigos, el juicio ha finalizado prácticamente como comenzó: con algunas acusaciones insinuando que no se sientan en el banquillo todos los responsables y las defensas trabajando en bloque en busca de la absolución. Pese a las manifiestas desavenencias personales entre algunos de ellos, los acusados han mantenido hasta el final prietas las filas. Y lo han hecho en torno a una idea, la de la legalidad del operativo que se encuentra bajo la lupa, que choca con algunas de las pruebas recopiladas y expuestas durante la vista oral.

Las defensas nunca han negado el espionaje al entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas. Básicamente, porque las vigilancias, que en su mayor parte se llevaron a cabo en el verano de 2013 por agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, están perfectamente documentadas en más de una veintena de informes elaborados sobre las mismas. Ahora bien, han rechazado que formaran parte de una operación parapolicial orientada a obtener y destruir pruebas en poder de Bárcenas que pudieran resultar incriminatorias para el PP y sus máximos dirigentes en Gürtel.

Los acusados, cuya situación procesal les permite mentir, han mantenido hasta el final que lo que se hizo fue "totalmente legal". Y que la captación como confidente de Sergio Ríos, exchófer de la familia Bárcenas, y los seguimientos estaban orientados a localizar el dinero que el extesorero pudiera tener en el exterior. "Estamos ante una operación de inteligencia", sostuvo en su informe final el abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. "Existía una operación real policial lícita y legal de inteligencia para buscar el dinero y el patrimonio del señor Bárcenas y su familia", insistió el letrado del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Una tesis defensiva que Anticorrupción, que ha mantenido las mismas peticiones de pena que al inicio del juicio –entre otras, 15 años de cárcel para el exministro y su ex número dos–, ha buscado derribar. "Desde el momento en el que fue concebido, ya se puso de manifiesto la finalidad bastarda, delictiva, de todo el operativo. Nada tenía que ver con la investigación del caso Gürtel. Todo lo contrario, estaba dirigida a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el PP y sus máximos dirigentes y dirigida, precisamente, a boicotear, a obstaculizar, la investigación de Gürtel", resaltó el fiscal César de Rivas durante su informe final.

Esta afirmación se apoya, entre otros elementos probatorios, en las agendas de José Manuel Villarejo, uno de los personajes principales de las llamadas cloacas del Estado –y para quien se piden 19 años de cárcel–. Con fecha 20 de febrero de 2013, el comisario jubilado anotó "Grabaciones BARCEN" –en referencia a supuestos audios incriminatorios que decía tener con dirigentes conservadores– junto a "Chisco", que es como se refería al ex secretario de Estado de Seguridad. Un mes después, el 25 de marzo, volvió a escribir en relación a Martínez: "Propone más acercamiento y mejor control sobre BAR". "Quiere plan estratégico para salir del caso LB", anotó, también junto al nombre de "Chisco", con fecha 11 de julio.

El primer informe de seguimiento del que se tiene constancia en relación a Kitchen está fechado el 25 de julio de aquel mes. Dos días antes, Villarejo escribió en su agenda la información que le iba trasladando el "Chef", que era como se refería a Ríos –aunque también le llamaban "Coci"–. E hizo una larga lista, rematada con un "OPER: LB", en la que se incluían cuestiones como "SMS Arenas" o "Dos disc. duros", que anotó sobre un "anular y/o destruir". Esto evidencia que la operación nada tenía que ver con la vendida por los acusados. "Nada tiene que ver con la localización de bienes en el extranjero pero sí con documentación referida al caso Gürtel o con grabaciones que Bárcenas pudiera tener en su poder", resaltó el fiscal en su turno de última palabra.

También las grabaciones del comisario jubilado apuntan en esa misma dirección. Destaca, por ejemplo, una del 2 de octubre de 2013 en la que se advierte el interés de Villarejo por hacerse con grabaciones comprometedoras que Bárcenas pudiera tener sobre dirigentes del PP. "Lo único es que ese tipo de conversaciones, macho, en ese pendrive, es algo que de alguna manera hay que darle al tarro para, para encontrarlo", le dijo Villarejo a Ríos, al tiempo que insistía en "recuperar" las "grabaciones" y "discos duros". En aquella conversación, el exchófer informaba de que al día siguiente trasladaría a los "abogados" unos "poderes notariales" en los que aparecía la firma de Álvaro Lapuerta, extesorero del PP.

El comisario jubilado plasmó el contenido de dicha reunión en su agenda, lo que para el fiscal evidencia la "veracidad tanto del archivo del audio como de las anotaciones". Las defensas han restado importancia al contenido de las libretas durante el juicio. "¿Qué escribe una persona en un diario? Pueden ser hechos reales, pero también pueden ser hipótesis, informaciones no verificadas, escenarios, líneas de investigación, evaluaciones preliminares, valoraciones personales... O simples rumores", resaltó el abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera. "Cuando escribe en sus agendas, Villarejo no se engaña a sí mismo. Es decir, plasma exactamente lo que está ocurriendo en cada momento", defendió, por su parte, el fiscal.

La tesis defensiva también choca con la confesión que hizo en fase de instrucción Enrique García Castaño, alias El Gordo, quien fuera durante más de dos décadas jefe de la UCAO y que no se sienta en el banquillo de los acusados por motivos de salud. Según dijo, a él le hicieron varios encargos. Uno de ellos, que partió del director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, estaba orientado a conseguir información sobre el patrimonio en el extranjero que pudiera tener Bárcenas. Pero luego, Martínez introdujo un "plus" a ese operativo. Le dijo que existía "preocupación" por unos "discos duros" que se habría llevado el extesorero con la "contabilidad". "Y todo lo que hacía en el partido: pagos en A, en B, donaciones...", concretó. "Estaba muy interesado", añadió.

El Gordo, cuyo testimonio han negado los acusados y han tratado de desvirtuar sus defensas durante la vista oral, aseguró que nunca llegó a los famosos discos duros. Pero sí tuvo acceso a varios dispositivos móviles de Bárcenas que, aseguró, le fueron entregados por Ríos. Un equipo de la UCAO volcó, y así lo han confirmado durante el juicio, el contenido de aquellos teléfonos. En ellos, había contactos, correos electrónicos, mensajes. Entre otros, el famoso "Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos" que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, envió a Bárcenas. Toda esa información, que entregó al instructor durante la investigación de Kitchen, se copió en una memoria USB que, afirmó, entregó al secretario de Estado de Seguridad.

En junio y octubre de 2019, cuando la investigación aún se encontraba bajo secreto, Martínez protocolizó ante notario una serie de mensajes. Los mismos, dijo, le fueron enviados desde el teléfono de Jorge Fernández Díaz. "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica", reza uno fechado el 18 de octubre de 2013, un día después de que Villarejo anotase en su agenda junto a "Big" –es así como se refería a García Castaño– lo siguiente: "Relación cocinero-copiando Tfnos".

Esos "mensajes de contenido absolutamente incriminatorio", en palabras del fiscal Anticorrupción, son una de las principales pruebas de cargo contra Fernández Díaz, que en todo momento ha negado haber tenido conocimiento de la operación llevada a cabo sobre el extesorero del PP y su familia. Sin embargo, en el marco de la estrategia conjunta de defensa y aprovechando que las conversaciones fueron borradas en su momento, el abogado del exministro del Interior ha restado credibilidad a las mismas –"no existieron nunca"– mientras la defensa de su ex secretario de Estado de Seguridad miraba hacia otro lado, renunciando al propio perito informático con el que se buscaba confirmar la veracidad de los mensajes.

Durante su declaración en fase de instrucción, El Gordo terminó señalando que entendía que lo que se buscaba con la operación Kitchen no era facilitar la información al juez instructor, sino "ocultarla". "Todas las cosas que hice yo de los testaferros no sé dónde han ido a parar", llegó a señalar. "¿Usted esta carpeta [la del volcado de móviles de Bárcenas] se la entregó al juez?", insistió el fiscal. "No", respondió el investigado. Durante el juicio, se ha puesto de manifiesto que los acusados no tuvieron interlocución alguna ni con el magistrado de Gürtel ni con los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Y que la captación de Ríos se hizo al margen de los mismos. 

"Esa falta de interlocución les impedía conocer cualquier laguna que pudiera presentar la investigación del caso y que necesitase ser completada a través de ningún tipo de operativo", resaltó en su informe final el representante del Ministerio Público, que también recordó que "nunca se elaboró" ningún acta de los seguimientos realizados "dirigida a ser incorporada al procedimiento judicial". Pero es que, además, para cuando se puso en marcha el supuesto "operativo de inteligencia" para localizar patrimonio en el extranjero de Bárcenas, hacía meses que constaba en la causa la información relativa a los fondos del extesorero en Suiza. La respuesta de la Confederación Helvética a la comisión rogatoria cursada había llegado a finales de 2012.

Otro de los elementos que han sido utilizados por las acusaciones para ahondar en la opacidad alrededor del operativo es la falta de incorporación del mismo a las bases de datos policiales hasta casi dos años después. La Kitchen no se introdujo hasta mediados de 2015 en GATI, el fichero de inteligencia policial en el que se registran las diferentes investigaciones, de forma que se establezcan cruces entre ellas por si hubiera elementos coincidentes y, en ese caso, se tuvieran que tomar medidas a nivel de coordinación entre unidades investigadoras. La Fiscalía Anticorrupción considera que con ese movimiento los acusados buscaban "enmascarar la operación policial". Es decir, legalizarla.

La presión migratoria vuelve a dispararse en Ceuta. Cinco años después de la crisis con Marruecos que derivó en la entrada masiva de 2021, miles de personas, entre las que había no pocos jóvenes y niños, han accedido en las últimas horas a la ciudad autónoma sorteando el espigón del Tarajal. Lo han hecho ante unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se han visto desbordados. Y con una reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide realizar un rechazo en frontera si los migrantes entran a nado en territorio español. Una resolución judicial que, denuncia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está siendo "instrumentalizada" por "redes de tráfico de personas" para "fomentar el flujo de migrantes indocumentados".

La Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015 y cuya prometida reforma sigue sin culminarse, dio cobertura a las llamadas devoluciones en caliente. Lo hizo incluyendo una disposición adicional, la décima, en la Ley de Extranjería. La misma establecía un "régimen especial" para las ciudades autónomas. Y recogía lo siguiente: "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".

El Tribunal Constitucional consideró, aunque no por unanimidad, que dicho precepto legal no choca, en principio, con la Ley Fundamental. "Es una actuación material de carácter coactivo, que tiene por finalidad la de establecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa concreta frontera terrestre", recogía aquella sentencia. Eso sí, siempre y cuando se aplique de forma individualizada –es decir, nada de devoluciones colectivas– y respetando las obligaciones internacionales, prestando "atención" a las personas "especialmente vulnerables" –menores, embarazadas o afectados por serios motivos de incapacidad–.

Unas reglas de juego que el Tribunal Supremo completó hace un mes. En una sentencia fechada el 29 de junio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estableció que el "rechazo en frontera" no está contemplado en la ley "con carácter general" para todos aquellos que intentan "cruzar ilegalmente la frontera", sino "solo para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos". Y eso hace imposible aplicarlo, por tanto, a las personas "que son interceptadas en el mar" pretendiendo "entrar a nado" en Ceuta y Melilla.

Aquella sentencia dejaba claro que las autoridades no pueden apoyarse en drones, cámaras térmicas o sensores para intentar cubrir esa laguna. Los mismos no pueden entenderse como "elementos de contención", sino que son "dispositivos tecnológicos de control fronterizo". Cuestión distinta sería, por ejemplo, que se instalaran obstáculos acuáticos "para proteger la línea fronteriza", lo que ya permitiría rechazar en frontera a todos aquellos que los rebasasen. O, directamente, que se modificase la norma para que esas llegadas marítimas quedasen incluidas en la disposición adicional décima.

Con estos límites, el Tribunal Supremo estableció que lo correcto sería aplicar a estas personas que llegaron a nado el procedimiento de devolución recogido en el artículo 58.3 de la Ley de Extranjería, destinado a aquellos "que pretendan entrar ilegalmente en el país", lo que incluye a "personas extranjeras que sean interceptadas en la frontera o en sus inmediaciones". En estos casos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de la custodia de costas y fronteras deben conducir "con la mayor brevedad posible" a las personas interceptadas a una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para proceder a su "identificación".

"Se tiene que abrir un expediente con todas sus formalidades legales y procedimentales", explica a infoLibre Marcelo Belgrano, abogado experto en extranjería. Es decir, la persona respecto de la cual se sigan trámites para "adoptar una resolución de devolución" tiene "derecho" a "asistencia jurídica" y de "intérprete", que serán "gratuitas" si carece de recursos económicos suficientes. Y, por supuesto, puede interponer recursos. "Ambos países –España y Marruecos– se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente", señalan desde el Ministerio del Interior.

Dicha devolución no podrá llevarse a cabo cuando se trate de mujeres embarazadas o personas enfermas, ni tampoco cuando se haya formalizado una solicitud de protección internacional. En esos casos, el procedimiento, explica Belgrano, quedará paralizado "hasta que exista una resolución jurisdiccional definitiva". Mientras eso ocurre, estas personas tienen derecho a plena libertad de movimiento. Y eso es algo que ha dejado claro el Supremo en diferentes sentencias: "El solicitante de asilo en la ciudad autónoma de Ceuta (o, en su caso, Melilla), admitida a trámite su solicitud, tiene derecho a la libre circulación en España", recordaba el Alto Tribunal en 2021.

Tampoco podrá ejecutarse una devolución cuando "existan indicios de que la persona extranjera pueda ser menor de edad, siempre y cuando no esté acompañada". En el caso de este colectivo con especial protección, el procedimiento debe ser exhaustivo. Se tiene que determinar la edad y se debe comprobar si hay alguien que pueda hacerse responsable de él en su lugar de origen. La directiva europea de retorno establece que "antes de expulsar" del territorio de un Estado miembro a un menor no acompañado las autoridades deben cerciorarse "de que será entregado a un miembro de su familia, a un tutor designado o a unos servicios de acogida adecuados" en aquel país. "Hasta entonces, estarán tutelados por la comunidad autónoma pertinente", completa el abogado.

El juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional encara ya la recta final. Tras mes y medio escuchando testimonios, revisando documentos y repasando declaraciones judiciales y audios, los diez acusados deberán sentarse ahora frente al tribunal para dar su versión del supuesto operativo parapolicial sobre el extesorero Luis Bárcenas articulado con el fin de evitar que información comprometedora para el PP acabara en el caso Gürtel. El primero en hacerlo será el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Y luego, quien fuera su jefe, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Ambos llevan enfrentados entre sí desde hace años. Pero durante el juicio han mantenido prietas las filas. Una estrategia defensiva común que las acusaciones dan por hecho que se mantendrá en esta última fase de la vista oral. "Todos de la mano", lanzan.

Las defensas nunca han negado el espionaje al entorno de Bárcenas. Básicamente, porque las vigilancias, que se extendieron fundamentalmente entre julio y octubre de 2013, están perfectamente documentadas en más de una veintena de informes policiales elaborados sobre las mismas. Ahora bien, han rechazado durante el juicio que formaran parte de, como dice la Fiscalía Anticorrupción, una "operación ilícita" para "obtener tanto información como pruebas materiales" que pudieran "resultar incriminatorias" para la formación conservadora y sus máximos dirigentes en Gürtel. Según el relato que han ido hilvanando, fue una "operación policial justificada y totalmente legal" para buscar cuentas bancarias en el extranjero que pudiera tener Bárcenas.

Una tesis que, sin embargo, ha sido puesta en entredicho por algunos testimonios recogidos en el juicio. Enrique Barón, quien fuera durante aquella época el mandamás de la Comisaría General de Información –en la que se encuadraba la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que hizo el grueso de seguimientos–, aseguró que nunca recibió ninguna solicitud de apoyo para actuar sobre el entorno de los Bárcenas ni de la Comisaría General de Policía Judicial ni de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que jerárquicamente se ubica bajo la primera y que era la que llevaba la investigación del caso Gürtel.

Un testimonio al que se suma el de Manuel Morocho, inspector jefe del Grupo XXI de la UDEF e investigador principal de la trama corrupta, quien aseguró que nunca le "llegó" ninguna "nota informativa de inteligencia" procedente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que entonces lideraba el comisario Eugenio Pino, ni nunca pidió apoyo a la UCAO para sus pesquisas. De hecho, aseguró que él se enteró de esa operación en 2015 –dos años después de llevarse a cabo–, cuando la cúpula policial registró la Kitchen en GATI, el fichero de inteligencia que realiza cruces entre investigaciones. Un movimiento con el que se buscaba, sostiene Anticorrupción, "enmascarar" el espionaje.

Algo de oxígeno dio a los acusados José Santiago Sánchez Aparicio, quien fuera comisario general de Policía Judicial y, por tanto, máximo responsable de la UDEF y de Morocho. En su declaración como testigo, dijo que cuando tomó posesión del cargo, Pino le informó sobre una operación de inteligencia sobre el entorno de Bárcenas. Él preguntó a sus subordinados si tenían constancia de ello, pero la respuesta fue negativa. Fue entonces cuando se reunió con el director adjunto operativo y el jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, quien le explicó que se había iniciado dicha "línea de investigación" pero que, al final, no se había desarrollado.

Un problema de salud libró García Castaño de sentarse en el banquillo de los acusados. Pero lo que dijo en fase de instrucción ha marcado las últimas sesiones del juicio. Sus declaraciones, reproducidas ante el tribunal de la Kitchen, ponen el foco, fundamentalmente, sobre el ex secretario de Estado de Seguridad. De hecho, fueron las mismas las que acabaron provocando la imputación de Martínez. Y cuentan con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, que las utilizaba en su escrito de acusación –en el que, además, tenían en cuenta la "colaboración tardía" del comisario jubilado–.

Según la declaración de El Gordo, a él le hicieron varios encargos. Uno de ellos, que partió de Pino, estaba orientado a conseguir información sobre el patrimonio en el extranjero que pudiera tener Bárcenas. Pero luego Martínez introdujo un "plus" del que, aseguró durante sus comparecencias ante el instructor, también tuvo conocimiento el ex director adjunto operativo. El ex número dos de Interior le dijo que existía "preocupación" por unos "discos duros" que se habría llevado el extesorero con la "contabilidad". "Y todo lo que hacía en el partido: pagos en A, en B, donaciones...", concretó. "Estaba muy interesado", añadió.

García Castaño, quien llegó a decir que el objetivo del operativo era ocultar documentos comprometedores para el PP, también reconoció haber accedido al taller de restauración de la esposa de Bárcenas. Y haber hecho un volcado de varios dispositivos del extesorero que le facilitó su chófer, el topo en la operación. Una información que, afirmó, hizo llegar a Martínez: "El pendrive se lo entregué al secretario de Estado". Se lo dio, dijo, en su despacho, junto con un ordenador comprado con cargo a los fondos reservados para que no utilizara el oficial.

Dos de los agentes con los que García Castaño fue a ver a Martínez ya han declarado durante el juicio. Durante su comparecencia como testigos, confirmaron que acudieron a la Secretaría de Estado con el comisario. Y que manejaron un ordenador. Ahora bien, aseguraron que la visita nada tenía que ver con el volcado de los teléfonos. "Fuimos por un tema que no tiene nada que ver en absoluto con el que estamos hablando", resaltó uno de ellos. "La información que contenía dentro [del equipo] no provenía de los volcados que se realizaron, con toda certeza", aseveraron.

A Martínez también le persiguen los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo reproducidos a lo largo de la pasada semana en Sala. En uno de ellos, el primero habla de unos "recibos", no sabe si firmados por Bárcenas o por Mariano Rajoy, "cosas" que es "interesante tener", como "el ordenador ese que tienen". "Cuando vea mañana o pasado al Gordo le preguntaré si ya ha hecho lo de la entrada", se escucha a Villarejo, algo que puede guardar relación con el registro reconocido del taller de restauración de la mujer del extesorero. En los audios, Martínez también pregunta "quién paga" al "cocinero", que es como se referían al confidente.

Otra de las grabaciones reproducidas en la Sala recogía una reunión del 16 de diciembre de 2012 entre Fernández Díaz, Pino y Villarejo en la que se abordaba la posibilidad de presentar varias denuncias contra dirigentes independentistas y de la que el exministro no quería que se supiera absolutamente nada: "Yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido". "Con el fiscal jefe del Estado se ha hablado", llega a decir en aquel encuentro, una cita que recuerda mucho a aquel "la fiscalía te lo afina" que pronunció en otro encuentro con quien fuera director de la Oficina Antifraude de Cataluña.

Dos son los elementos que salpican al exdirigente conservador en Kitchen y que lo sitúan como conocedor de la operación. Por un lado, el testimonio que dio en fase de instrucción el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Y, por otro, los mensajes que éste protocolizó ante notario en junio y octubre de 2019, cuando la investigación judicial estaba bajo secreto. En la primera tanda, destacaba uno fechado el 13 de julio de 2013: "Chofer. B: Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)". Y en la segunda, otro del 18 de octubre de ese año en el que se señalaba que la "operación" se había hecho "con éxito": "Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe".

Las fechas son clave. La primera vigilancia a la familia Bárcenas de la que existe constancia documental se produjo el 25 de julio de 2013. Y el volcado de los dispositivos electrónicos de Bárcenas, confirmado por dos agentes durante el juicio, se produjo a mediados de octubre. Los mensajes, según comprobaron los dos notarios que dieron fe de los mismos, fueron enviados desde un número que Martínez tenía guardado en su terminal con el nombre de "Jorge Fernández Díaz". Pero el exministro siempre ha negado su existencia.

Tiene, en este sentido, algunos elementos a su favor. Por ejemplo, el "borrado" de los mensajes que llevó a cabo Martínez tras documentarlos ante notario impidió a la Policía acceder a los mismos, algo que tampoco pudo hacerse a través de los dispositivos del exministro –no disponía del teléfono que usaba por aquellas fechas–. Durante su declaración como testigos, los dos notarios reconocieron que solo dejaron constancia de lo que vieron y de lo que les dijo Martínez, pero no aseguraban que el teléfono desde el que procedían los mensajes fuera el del exministro del Interior. Los investigadores, no obstante, sí comprobaron durante la instrucción que el titular de aquella línea telefónica era en 2013 el Ministerio del Interior y, a partir de julio de 2019, Jorge Fernández Díaz.

Aquellos mensajes provocaron un tenso careo durante la fase de investigación. Un enfrentamiento que, sin embargo, no ha aflorado durante el juicio de Kitchen. Los acusados han mantenido hasta el último minuto prietas las filas. Y buena prueba de ello es el silencio del abogado de Martínez durante el interrogatorio al perito propuesto por la defensa de Fernández Díaz para sembrar dudas sobre dichos mensajes. "Hay elevados indicios de que algo no cuadra y de algún tipo de manipulación", dijo el testigo de parte. El ex secretario de Estado, además, ha renunciado a su propio perito informático durante el juicio, dejando vía libre a la estrategia de defensa de su exjefe.

Mucho ruido y pocas nueces. La comparecencia de este jueves en la Audiencia Nacional del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy no ha servido para profundizar en la supuesta conexión política de la operación parapolicial para hacerse con documentación comprometedora para el PP en Gürtel que pudiera tener en su poder el extesorero Luis Bárcenas. El exlíder conservador no se salió ni un milímetro del guion. Con una declaración medida, repleta en algunos puntos de lagunas mentales, negó todo lo que implicaba a su partido. Y solo admitió lo que está acreditado. Media hora en la que Rajoy, con el silencio de Anticorrupción y de las defensas de la cúpula de Interior, se escabulló de la Kitchen y lanzó un salvavidas a su exministro del Interior y ex secretario de Estado de Seguridad.

El interrogatorio no fue, precisamente, fluido. Las interrupciones fueron continuas por parte de la presidenta del tribunal, Teresa Palacios. La magistrada dejó claro desde el minuto cero que no iba a permitir que los abogados se salieran del perímetro marcado por los escritos de acusación. Y fiscalizó, una a una y con ojo clínico, todas las preguntas que se lanzaban. "Le ruego que reconduzcamos el interrogatorio a los hechos que aquí se enjuician", pedía una y otra vez Palacios. "Protesto", se quejaba la abogada del PSOE, que veía cómo la presidenta rechazaba algunas preguntas relacionadas, por ejemplo, con la caja B del partido pese a que la Kitchen versa, precisamente, sobre las maniobras para destruir documentos comprometedores para la formación que pudiera tener Bárcenas en su poder.

Dos tercios del interrogatorio han corrido a cargo de la letrada socialista. Y el restante, del abogado de Podemos, del comisario jubilado José Manuel Villarejo y de las defensas del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Ni una sola pregunta planteó la Abogacía del Estado. Y tampoco el fiscal Anticorrupción, César de Rivas, quien, sin embargo, sí levantó la mano en un momento dado para indicar que una cuestión que estaba lanzando la abogada del PSOE resultaba improcedente. El Ministerio Público es consciente de los límites marcados por el tribunal. Y ha decidido no salirse ni un milímetro de los mismos.

Anticorrupción siempre criticó que el instructor, el magistrado Manuel García-Castellón, circunscribiera la Kitchen al ámbito del Ministerio del Interior y no ahondara en la llamada "conexión política". "Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja", criticaba en uno de sus escritos, en los que incluso llegaba a hacer alusión a la existencia de "elementos que confluirían" en una "posible responsabilidad" del entonces presidente del Gobierno. Una sospecha que el fiscal también plasmó en su escrito de acusación cuando dijo que no podía descartarse "la intervención" en la operación de "otras personas de diferentes instancias".

El exministro del Interior también llegó a apuntar en su día, aunque de forma implícita, al PP. "Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio", lanzaba su abogado en el recurso que interpuso en julio de 2021 contra el auto de procesamiento de García-Castellón, el mismo que cerró la puerta a la rama política. Un escrito en el que, además, recordaba que al exministro del Interior "no le afectaba ni perjudicaba" el "resultado" de la investigación judicial sobre los papeles de Bárcenas, pieza separada de la Gürtel.

Misma dirección a la que también señaló su ex número dos en un mensaje de WhatsApp que en marzo de 2019 remitió al entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea: "Yo soy comprensivo, leal y comprometido. Por eso me he metido en este lío. Por eso y por nada más. Por lealtad al partido, a Jorge Fernández y a Rajoy". Uno y otro eran, por tanto, quienes podían poner en más apuros a su exjefe. Sin embargo, los abogados de ambos se han limitado a lanzar media docena de preguntas completamente inofensivas orientadas, más bien, a apuntalar determinados aspectos de su defensa en relación al reparto de fondos reservados o el conocimiento de operaciones policiales.

Con su testimonio, de hecho, Rajoy ha lanzado un salvavidas a sus antiguos mandos, tanto en el Ministerio del Interior como en la Policía Nacional. "En todo este tema no ha habido una operación política", lanzó. Más bien, continuó, se trataba de una "operación policial" cuyo "objetivo fundamental" era "coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros". Esa es, precisamente, la tesis que han mantenido en todo momento las defensas. "Y estoy convencido de que se ajustó a la legalidad", ha completado. Y eso que, según ha dicho, él se enteró de la existencia de la Kitchen mucho tiempo después, cuando "un policía lo dijo" en el Congreso de los Diputados.

Una tesis, la de la legalidad de la Kitchen, que por el momento se tambalea. En primer lugar, porque en el momento de ponerse en marcha –verano de 2013– ya se había localizado buena parte del dinero de Bárcenas en Suiza –ocurrió en enero de ese mismo año–. Y en segundo lugar, porque no se ha encontrado ni rastro, en palabras del investigador principal del caso, "de que la información que se obtenía" se trasladase "ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora". Una sospecha que también genera el hecho de no se hubiera hecho constar la existencia de la operación en el sistema interno policial hasta 2015, cuando la misma ya había concluido.

Las preguntas formuladas por los abogados de Fernández Díaz y Martínez sirvieron, además, para que Rajoy dibujase una cúpula de Interior completamente ajena al reparto de fondos reservados, operativos policiales y confidentes. Dijo que, como titular de ese departamento a comienzos de siglo, nunca se ocupó del dinero opaco. Y que, sobre este tema, el secretario de Estado de Seguridad solo firmaba "grandes partidas": "50 para Policía Nacional y 50 para Guardia Civil. A partir de ahí, no hacía más". "Ni el ministro ni el secretario de Estado ni el presidente están en las operaciones policiales", apuntó en otro momento. En los 90, el Supremo condenó a todo un exministro del Interior –José Barrionuevo– y a un ex secretario de Seguridad, Rafael Vera, por conocer, aprobar y dar el dinero necesario para el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey.

Rajoy, durante su declaración, se esforzó por cortar todos los hilos que pudieran terminar conectándole a la trama. Dijo que no se adoptaron medidas para destruir pruebas que pudieran implicar al PP en Gürtel, que no se interesó por el posible daño que ese caso pudiera tener para el partido, que no se presionó al extesorero o que nunca metió en una trituradora una hoja de la caja B de la formación política. De hecho, puso en duda la existencia de las grabaciones que dijo tener Bárcenas y que le implicaban en esa "contabilidad extracontable". Lo tenía fácil. Sólo el extesorero las ha escuchado. Y el pendrive donde las guardaba, desapareció del taller de su mujer. "No creo que las tuviera, porque si las tuviera las hubiera dado a conocer como dio a conocer otros muchos documentos", señaló el expresidente.

El testimonio de Rajoy, del mismo modo, también ha evidenciado momentos de amnesia selectiva. Por ejemplo, cuando se le ha ido preguntando por distintos mensajes que envió a Bárcenas en la primavera de 2013. Reconoció el SMS de "Luis, sé fuerte" porque "en los últimos quince años se ha publicado casi todos los días". Sin embargo, renegó de otro enviado en febrero de 2012, cuando la Gürtel ya salpicaba a Bárcenas, con aquel "hacemos lo que podemos". "¿Lo envió usted?", le preguntaron. "No", se limitó a responder.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición del PSOE de suspender el juicio del caso Kitchen para poder imputar de nuevo a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que fue sacada en su día del procedimiento, y que se cite al partido como partícipe a título lucrativo o responsable civil, según informa EFE.

El fiscal César de Rivas ha respondido así a una de las principales peticiones que formuló la acusación popular que ejerce el PSOE en la fase de cuestiones previas planteadas al tribunal en la primera jornada del juicio del caso Kitchen a la cúpula de Interior en el Gobierno del PP de Mariano Rajoy por el espionaje al extesorero Luis Bárcenas.

En su respuesta, el fiscal ha recordado que la clausura de la instrucción de esta causa fue confirmada por la Sala de lo Penal en 2022 y ahora el tribunal que enjuicia los hechos carece de competencia para dejar sin efecto esas resoluciones como propuso el PSOE con el objeto de que se investigue "la rama política" del caso Kitchen.

Según el fiscal, no procede abrir una "instrucción suplementaria" que lleve a la suspensión del juicio porque no existe ninguna revelación novedosa que suponga un cambio "sustancial" en los elementos, que solo puede afectar a las personas respecto a las que se decretó la apertura de juicio oral.

En este sentido ha señalado que a Cospedal y a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, no se les incluyó en el auto de procesamiento tras haberles tomado declaración como imputados a petición de la Fiscalía por lo que no se les introdujo en ese auto de apertura de juicio oral.

Al decretarse el sobreseimiento para ambos, ha proseguido, Anticorrupción lo recurrió, y tanto el juzgado de instrucción como la Sala de lo Penal confirmaron esa decisión. Además, en 2022, el Ministerio Fiscal solicitó la reapertura de la causa por elementos nuevos respecto a Cospedal, pero también se rechazó por el juzgado y por la Sala, con lo que la causa está sobreseída para ambos y "el órgano de enjuiciamiento no tiene capacidad para revocarlo", ha destacado.

Por ello ha propuesto que si el PSOE entiende que existen nuevos elementos lo que tiene que hacer es solicitar la reapertura de la causa como se hizo en 2022 y como hizo este partido en 2025, petición que también fue rechazada por el juzgado de instrucción.

Lo mismo sucede, ha dicho, con el llamamiento del PP como partícipe a título lucrativo, una cuestión que ya se solicitó en su momento y que, primero el juzgado y después la Sala, rechazaron por lo que, considera, que es una cuestión sobre la que la Sala de enjuiciamiento carece de competencia.

En el juicio del caso Kitchen se sientan en el banquillo diez acusados, entre los que figuran el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez para quienes la Fiscalía pide 15 años de cárcel, así como buena parte de la cúpula policial en esa época y comisarios como José Villarejo, de cuyo caso procede esta causa, la pieza número 7 del caso Tándem.

Las defensas de los acusados en el caso Kitchen, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, han pedido anular el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional al considerar que hubo errores en la instrucción o que este no es el tribunal competente para juzgar el procedimiento.

En la primera jornada, de cuestiones previas, los letrados de los diez acusados han coincidido en enarbolar varias cuestiones de nulidad para frenar el juicio contra la cúpula del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, por la presunta operación parapolicial para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos comprometedores para este partido entre 2013 y 2015, en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP.

El abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha sido el primero en pedir la nulidad, al considerar que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para juzgar el caso por tratarse, ha dicho, de hechos ajenos al caso Tándem o Villarejo, del que procede; a este motivo se han adherido el resto de defensas.

Otro argumento para pedir la nulidad ha sido la extensión del secreto de las actuaciones, que se alargó durante casi toda la instrucción, de 2 años y 7 meses, y que según los acusados vulneró el derecho de defensa por las pruebas practicadas a sus espaldas.

Otra alegación repetida por las diferentes defensas ha sido la de una "acusación sorpresiva" por imputaciones que aparecieron por primera vez en el auto de procesamiento y no durante la instrucción.

También se ha pedido la nulidad de distintas pruebas. El letrado del exministro del Interior ha pedido por ejemplo anular las actas notariales con los mensajes de WhatsApp que se intercambió con su número dos, Francisco Martínez, y que motivaron su imputación en el caso.

La defensa de Francisco Martínez quiere que sean nulas las diez grabaciones de audio incautadas al excomisario José Manuel Villarejo que dieron origen al caso, lo que anularía el resto del procedimiento, al considerar que el comisario las obtuvo de manera ilícita y que no se ha podido comprobar la autenticidad ni acceder al total del material.

Esta parte pide anular también tres audios en los que Francisco Martínez habla con el excomisario, que fueron aportados a la justicia por el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado en otras causas como la de Leire Díez.

El letrado del excomisario Villarejo ha denunciado que esta es una investigación "prospectiva" y "fuera de la ley" que ha vulnerado el derecho a la intimidad del policía, propietario de los archivos incautados, o su derecho a la defensa, porque no todos los archivos han sido desencriptados y no se ha podido acceder a todo el material ni pedir pruebas periciales para analizar su autenticidad.

Durante esta primera jornada han pedido también nulidades los letrados del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que presuntamente habría cobrado por el espionaje 54.000 euros, o del exresponsable de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas.

Al letrado Javier Ignacio Navarro, que representa al chófer, quien también logró una plaza en la Policía, le ha reprendido la presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, por sostener que a su defendido "le coaccionaron" los fiscales del caso y le amenazaron con pena de prisión.

En este juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, el exministro del Interior y su ex número dos enfrentan una petición de cárcel de 15 años por parte de la Fiscalía, que les acusa de dar la orden de espiar al extesorero del PP por medio de este operativo parapolicial en el que se habrían empleado supuestamente 57.943 euros procedentes de fondos reservados.

La vista se reanudará este martes, cuando las acusaciones podrán responder a las cuestiones previas expuestas por las defensas. 

La cúpula de Interior con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy se sienta ya este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional por el caso Kitchen, relativo al espionaje al extesorero Luis Bárcenas, con el exministro Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entre los principales acusados, según informa EFE.

El juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, ha arrancado a las 10.18 horas en la sede de la Audiencia Nacional en el polígono de San Fernando de Henares, donde esta semana está previsto que se centre hasta el jueves en las cuestiones previas que planteen los acusados.

A su llegada al tribunal, los diez acusados en este juicio han declinado hacer declaraciones ante los medios, a excepción del excomisario José Manuel Villarejo, que ha atribuido este caso a una "jugarreta" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), junto con algunos mandos de la Guardia Civil para "desprestigiar" a la Policía Nacional. 

Ataviado con una corbata de la Policía Nacional, Villarejo se ha reivindicado como comisario, aunque ya jubilado, y ha pedido explicaciones sobre la actuación del CNI de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, una de las testigos citadas en este juicio, y ha tildado de "impresentable" al exdirector de dicha institución Félix Sanz Roldán, al tiempo que ha insistido en que los casos en su contra eran "humo".

Fernández Díaz y su número dos comparten banquillo con el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y varios comisarios, entre ellos Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando presidía Castilla-La Mancha, y el citado Villarejo, dado que este juicio es por una de las numerosas piezas del caso Tándem, la número 7.

El exministro de Interior y su secretario de Estado de Seguridad están acusados de dar la orden de espiar al extesorero del PP por medio de este operativo para sustraerle posibles pruebas sensibles para el partido y algunos de sus entonces dirigentes, hechos por los que la Fiscalía pide que sean condenados a 15 años de cárcel. 

Para el resto de los acusados, las peticiones de pena del fiscal oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel, la petición más elevada, que es la que afronta Villarejo.

Los diez acusados (eran once, pero uno -el comisario Enrique García Castaño, El Gordo- ha sido eximido por enfermedad) de poner en marcha, entre 2013 y 2015, un engranaje de espionaje parapolicial con el fin de sustraer a Bárcenas y a su familia documentos que pudieran comprometer al que fuera su partido en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP, para lo que se habrían destinado fondos reservados.

Entre los testigos llamados a declarar figura la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que estuvo imputada en este caso y después decayó su imputación, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Bárcenas declarará el 20 de abril en el juicio junto a su mujer Rosalía Iglesias como perjudicados y ha pedido una condena de 41 años de cárcel para Fernández Díaz y para su número dos.

De policía nacional dedicado a la localización de fugitivos a asesor local del eurodiputado Alvise Pérez. Ese es el resumen de los últimos años de carrera laboral de Adrián Yacar. También ha sido cantante de rock aficionado y empresario de inteligencia artificial, actividades en las que aún continúa según ha expresado él mismo públicamente. El puesto que ya no desempeña es el de asesor del eurodiputado ultra.

Pero eso no quiere decir que Yacar no siga de la mano de Alvise. El policía, que según asegura se encuentra en excedencia, es el cabeza de lista de Se acabó la fiesta (SALF) para las elecciones andaluzas que se celebrarán este 17 de mayo.

Adrián Yacar ofreció una entrevista el pasado mes de julio para el canal de YouTube del coronel Pedro Baños. En ella alababa públicamente a Alvise sin hablar de su vinculación con él —ahora ha contado que se conocieron en UPyD, el extinto partido de Rosa Díez—, afirmaba estar de excedencia de su puesto como policía nacional y haber sido reconocido con la medalla de la Orden del Mérito Policial, unas distinciones que concede el Ministerio del Interior y sobre las que el departamento de Marlaska guarda una gran opacidad.

El propio Alvise Pérez ha presumido de su fichaje como candidato asegurando que Yacar ha recibido esa distinción "por la detención de Samir Benbouabdellah, uno de los más buscados de Francia por intento de asesinato a un hombre y una niña de siete años con un subfusil". ¿Pero hasta qué punto es cierto?

No se sabe. El Ministerio del Interior no ha confirmado ni desmentido nada al respecto. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska se niega a aclarar cuál era el último destino de Yacar en la Policía y si efectivamente le ha otorgado la medalla. Tampoco quiere revelar los motivos de esa supuesta concesión. 

Interior se niega a entregar esos datos, entre otros, alegando la supuesta protección de los datos personales de Yacar y se salta así una resolución del Consejo de Transparencia. El organismo había estimado que esa información debía ser pública tras una reclamación de infoLibre.

Todo se remonta al desembarco de Yacar como asesor de Alvise Pérez con cargo a las arcas del Parlamento Europeo. infoLibre informaba este verano del fichaje, unas semanas después de que el propio Yacar concediera la entrevista a Pedro Baños en la que se omitía su nuevo puesto.

De lo que sí habló Yacar es de su currículum. Es cierto que el policía ha trabajado en el Grupo de Localización de Fugitivos del Cuerpo Nacional de Policía, que pertenece a las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO). De hecho, esa labor le llevó a ser uno de los protagonistas de la serie documental 'Fugitivos', de Movistar Plus+, en la que se muestra cómo trabaja ese grupo.

Yacar comentó ese trabajo en la entrevista y también habló de ciertas operaciones concretas en las que asegura haber participado. Incluso mencionó la supuesta medalla: "Me consta por compañeros de la Guardia Civil que a Alvise le propusieron para la medalla del mérito de la Guardia Civil y no se le dio por cuestiones políticas y porque se fue de eurodiputado, pero luego le dan la medalla del mérito policial a la Virgen del Rocío. A mí me la dieron, pero creo que ganada, que bien merecida".

Debido a esas declaraciones públicas del propio Yacar, infoLibre realizó una solicitud al amparo de la ley de transparencia dirigida a Interior. Este medio pedía al ministerio saber "si Adrián Yacar López es policía nacional en excedencia o qué situación o relación tiene con el Cuerpo y desde qué fecha se encuentra en la misma". Además, se solicitó conocer "cuál fue su último cargo, puesto y destino antes de coger la excedencia" y "si se le ha distinguido o no con la Orden del Mérito Policial y en caso afirmativo, con qué categoría, por qué motivo se le concedió, en qué fecha y una copia de la resolución de la concesión".

Interior denegó la solicitud de infoLibre. El ministerio aseguró que era abusiva, que la información que se solicitaba no tenía relación con los objetivos de la ley de transparencia y que había que salvaguardar la protección de los datos personales de Yacar. En ese momento, infoLibre decide reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Este organismo es el que se encarga de decidir si la información debe ser pública cuando un ciudadano utiliza la ley de transparencia para solicitarla, pero la Administración se la deniega. El CTBG es quien pondera los distintos derechos en juego y decide quién tiene razón.

En este caso fue claro y estimó al completo la reclamación de infoLibre. El Consejo entendió que el ministerio no había justificado "de forma suficiente y adecuada la concurrencia del carácter abusivo de la solicitud" y que tampoco prevalecía la protección de los datos personales. "No se ha justificado ni se alcanza a apreciar en qué medida el conocimiento de la situación administrativa de servicio activo o de excedencia de un funcionario de policía cuya identidad es públicamente conocida y participa en actividades igualmente públicas puede generar un riesgo para su seguridad personal o constituir una injerencia grave en su derecho a la intimidad personal y familiar", reza la resolución.

Sobre la concesión de la supuesta medalla el Consejo va incluso más allá: "La acreditación de los méritos que se han tenido en cuenta para otorgar la condecoración recogerá hechos o actuaciones ya consumadas por el policía en relación con su servicio al Estado, por lo que difícilmente puede argumentarse que su conocimiento pueda causarle ningún perjuicio a su intimidad o seguridad; siendo evidente, en cambio, el interés público en conocer los méritos acreditados en la medida en que constituye una herramienta indispensable para discernir si la Administración se ha movido dentro del ámbito de discrecionalidad, que a estos efectos se le reconoce, sin incurrir en arbitrariedad".

Tras esa resolución, Interior debía entregar la información que había solicitado infoLibre, pero, en lugar de cumplir, se reafirmó en sus argumentos. En una comunicación dirigida a este medio y al Consejo de Transparencia, y firmada por Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional, el departamento "reitera la procedencia de la aplicación" de la protección de datos personales. "El hecho de desempeñar una función pública no legitima a solicitar datos de índole personal utilizando indebidamente la ley de transparencia", asegura el documento en el que, en lugar de eso, Interior debería haber facilitado la información que había pedido infoLibre.

Joaquín Meseguer, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y experto en transparencia, explica a este medio que lo que ha hecho Interior es incumplir con la resolución del Consejo sin ni siquiera recurrirla ante los tribunales.

"La oposición de las Administraciones ante las resoluciones de los consejos de transparencia debe materializarse a través de un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, pero nunca de esta manera. Dar respuesta al reclamante incumpliendo el mandato del Consejo no puede admitirse. O se discute su decisión ante los tribunales, o lo único que queda es cumplir con ella", resume el experto, que asegura que hace falta "un modelo eficaz de multas coercitivas cuando se detecta el incumplimiento de una resolución firme" como en este caso.

Los incumplimientos de las resoluciones del Consejo de Transparencia por parte de la Administración Pública se han dado con cierta regularidad en los últimos años. La actual ley de transparencia no recoge ningún tipo de sanción para estos casos y, en ocasiones, la Administración se salta la normativa optando por no recurrir las resoluciones ante la Justicia pero tampoco cumplirlas. Concepción Campos Acuña, que será la nueva presidenta del Consejo, también ha pedido sanciones para las Administraciones que actúen de esta forma.

Mientras, Alvise Pérez ha anunciado a su nuevo candidato presumiendo, precisamente, de la supuesta medalla al mérito policial y citando otros supuestos éxitos de su currículum policial. Por ahora, nada de ello se puede corroborar debido a la opacidad del Ministerio del Interior y a su negativa a cumplir con las resoluciones del Consejo de Transparencia.

"No podemos ir a trabajar. No podemos llevar a nuestros hijos al cole. No podemos volver a nuestra casa. Nos esperan por todas partes". Quien habla es Serigne Mbayé, exdiputado autonómico y secretario de Antirracismo de Podemos. Lo hace mientras se seca las lágrimas. Y tras abandonar, de madrugada, la comisaría del distrito madrileño de Usera, a la que había sido trasladado tras ser arrestado en la puerta de su domicilio. "Esto es racismo puro y duro, esto es una persecución contra las personas racializadas. Esta detención de hoy le tiene que dar vergüenza a todo el pueblo que no está en contra del racismo. Vamos a seguir luchando", insiste tras su puesta en libertad.

La detención del político y activista se produjo, según la Delegación del Gobierno en Madrid, tras la llamada de un vecino a la Policía Nacional alertando de un supuesto intento de robo de un vehículo. Al llegar al lugar, los agentes pararon a dos individuos. El primero se identificó sin problema. Pero el segundo, Mbayé, que en sus redes denuncia las continuas identificaciones a las que se enfrenta en su día a día, se negó. "Mostró una actitud de enfrentamiento con la Policía y trató de huir, lo que obligó a la intervención para evitar su fuga", dicen desde la Delegación del Gobierno. Fue entonces cuando bajaron algunos vecinos, produciéndose una "situación de tensión", según el relato oficial, en la que acabaron detenidas siete personas. Todas, por atentado a la autoridad y lesiones.

"Situaciones como la vivida por Serigne suceden cada día, en cada rincón, sin que se genere ningún tipo de reacción mediática o política", explica en conversación telefónica con infoLibre Youssef Ouled, periodista e investigador experto en racismo. Y las cifras que cada año pone sobre la mesa la Federación Sos Racismo, con oficinas desplegadas en seis provincias –Aragón, Bizkaia, Catalunya, Galicia, Gipuzkoa y Navarra–, dan buena cuenta de esta realidad. Solo en 2024, último ejercicio con datos disponibles, se documentaron 68 casos de racismo policial. La gran mayoría, el 72,1%, se correspondían con retenciones por perfil étnico-racial.

No es, ni mucho menos, un problema exclusivo de nuestro país. La última edición del informe Ser negro en la Unión Europea, elaborado por la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés), ponía de manifiesto que uno de cada cuatro encuestados afrodescendientes habían sido parados por la policía en los últimos cinco años, cifra que aumenta hasta el 34% en el caso de jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años. Solo en los últimos doce meses, el porcentaje de identificados se situó en el 12%. La gran mayoría de los que sufrieron estas retenciones, un 58%, vieron en ellas una motivación política –una percepción del 66% en el caso de España–.

Es complicado tener una fotografía completa a nivel cuantitativo de esta realidad. Primero, porque no hay, al menos en España, datos oficiales que permitan analizar en todo su alcance la práctica de la identificación y registro por perfil racial. Y segundo, porque existe mucha "infradenuncia" en relación con los ataques racistas. De hecho, según el informe de la agencia europea, solo un 9% de las personas que se habían sentido discriminadas pusieron los hechos en conocimiento de las autoridades. "Hay muchas denuncias en redes, pero no a nivel formal. Faltan herramientas para poder denunciar, es muy complicado probar que te han parado por un criterio racial", expone Ouled, al tiempo que recuerda que no es sencillo "denunciar" ante la "misma institución" que "está vulnerando tus derechos".

Lo sabe bien Rosalind Williams. En 1992, esta española nacida en Nueva Orleans viajaba a Valladolid con su familia cuando en la estación de tren de la ciudad castellana un policía de paisano le exigió la documentación. "Tenemos instrucción de identificar a gente como ella", soltó el policía. Williams llevó el caso hasta el Tribunal Constitucional, que le denegó el amparo alegando que en los controles policiales "determinadas características físicas o étnicas pueden ser tomadas en consideración" como "indiciarias del origen no nacional de la persona que las reúne". Ocho años después, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dio la razón a la mujer. Y sacó los colores al Estado español y a la corte de garantías.

Que hay un problema de perfilación racial es algo que han puesto de manifiesto algunos estudios. Uno elaborado en 2013 por el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València exponía que las personas gitanas tenían 10 veces más papeletas de que les identificaran en la calle que las de apariencia caucásica europea, una tasa de desproporción que en magrebíes se situaba entonces en el 7,5 y en afro-latinoamericanos, en el 6,5. Otro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), elaborado en 2015 mediante observación en la estación de autobuses de Granada, reflejaba que por cada persona blanca que se identificaba se paraban a 42 personas negras, 12 con rasgos étnicos gitanos y 10 con apariencia magrebí.

La Ley de Seguridad Ciudadana –conocida popularmente como ley mordaza– establece que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "podrán requerir la identificación" cuando "existan indicios de que ha podido participar en la comisión de una infracción" o cuando "en atención a las circunstancias concurrentes" se considere "razonablemente necesario" que "acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito". Una práctica en la que, continúa, deben respetarse "los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico". Algo que, denuncian cientos de colectivos, no ocurre.

"El de la perfilación racial es un problema que no se reconoce a nivel institucional y, en consecuencia, no se aborda", asevera Ouled. En el caso de Serigne, sindicatos policiales y Delegación del Gobierno han defendido la actuación de los agentes: "Actuó, por tanto, en respuesta a un requerimiento ciudadano, en el ejercicio de sus funciones de prevención, identificación e intervención". Los vecinos, sin embargo, aseguran que es otra "identificación injusta por perfil racial". "Ningún otro vecino o vecina del edificio (personas blancas) ha sido jamás identificada ni en la calle ni en la puerta de su casa, y esta es la segunda vez que paran a Serigne en las inmediaciones de su domicilio".

Además de la prohibición expresa de las "redadas racistas" en la llamada ley mordaza, los colectivos llevan tiempo exigiendo, como también lo hizo en 2022 el Defensor del Pueblo, que se implanten de manera sistemática formularios de identificación y registro en los que se deje constancia de la raza y nacionalidad de la persona sometida al control o del motivo de la identificación. "Si los agentes son funcionarios del Estado, debemos saber cómo actúan", expone Ouled. Esto es algo que, de hecho, ya se ha probado en algún municipio. Es el caso de Fuenlabrada. Antes de su uso, su policía municipal identificaba a 9,6 marroquíes por cada español. Medio año después, esa ratio se había reducido a 3,4 por uno, al tiempo que la tasa de acierto –porcentaje de identificaciones que descubrían un ilícito– aumentaba, pasando del 6% previo al 40% ocho años más tarde.

El juez ha rechazado dar especial protección a los audios que presentó la inspectora que denunció por agresión sexual al ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González, si bien ha garantizado que ha dado traslado a las partes a través de "un canal seguro que garantiza la confidencialidad", informa EFE.

La denunciante solicitó la "plena reserva y salvaguardia" de los audios que aportó su abogado para sustentar la querella contra el ex número dos de la Policía Nacional, de tal forma que la prueba solo pudiese ser consultada en el juzgado y en presencia de la letrada de la administración de justicia.

El magistrado que investiga la querella ha rechazado la fórmula propuesta por el abogado en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE este lunes, "habida cuenta que el traslado se realiza a las partes personadas (el querellado) y al Ministerio Público a través de un canal seguro que garantiza la confidencialidad".

Entre los documentos que ha presentado el abogado de la inspectora figura "un listado de llamadas recibidas" por la agente por parte del ex número dos de la Policía, pantallazos de los mensajes que recibió por WhatsApp y a los que aludió en la querella, y una "grabación de los audios" que realizó y que sustentan, según manifestó el abogado, los hechos que denuncia.

En la querella, que derivó en la salida del ex número dos de la Policía, se detalla el contenido de una serie de conversaciones, en una de la cuales participa el comisario Óscar San Juan, hombre de confianza del ex-DAO y que también ha sido relevado del puesto por presuntamente coaccionar a la víctima.

La agente sostiene que el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente el 23 de abril de 2025 en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir.

La querella subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".

El juez, titular de la plaza 8 de la sección de violencia sobre la mujer del tribunal de instancia de Madrid (antiguo juzgado de violencia sobre la mujer número 8) tiene previsto tomar declaración tanto al ex número 2 de Policía como a la denunciante el próximo 17 de marzo.

España es hoy un nodo central del narcotráfico global: punto de entrada y distribución de droga hacia el resto de Europa, refugio de capos internacionales y paraíso del blanqueo. Lo sabemos, en parte, gracias al trabajo de Víctor Méndez Sanguos, fundador y director de Narcodiario —socio editorial de infoLibre— y uno de los periodistas españoles que participó, junto a infoLibre, en NarcoFiles, la investigación internacional liderada por la red OCCRP que trazó una panorámica inédita del nuevo orden criminal global.  

En su libro Paraíso (Plaza & Janés, 2026), Méndez profundiza en este retrato del papel de España como punto en el que confluyen todas las grandes organizaciones del narcotráfico mundial. Con infoLibre, reflexiona sobre lo que el Estado podría hacer y no hace: jueces sin especializar, medios sin desplegar, blanqueo sin perseguir... Y sobre el porqué.

Su libro sitúa a España, y en particular a Marbella, como un nodo central del narcotráfico global. ¿Es así?

Marbella tiene el nombre, la fama, y es verdad: yo estuve allí reunido con mafias internacionales muy peligrosas, de las que dominan el narcotráfico. Pero no es solo Marbella: es toda la Costa del Sol, Girona, Alicante, Canarias, Baleares... Marbella tiene el nombre, pero hay muchos más sitios en toda España.

Desde mediados de la década pasada, los líderes de las grandes organizaciones también operan mucho desde Emiratos Árabes. Vieron que era un gran lugar para blanquear dinero, sobre todo en el sector inmobiliario, y allí se sienten seguros, porque hay muchas dificultades para extraditarlos. Como dice Gustavo Petro [presidente de Colombia], que tiene muy buena información sobre el tema, Colombia, Dubai y España forman los tres puntos fundamentales del negocio de la cocaína.

¿Cuáles son las consecuencias de esta presencia del narco global para la seguridad pública en España? ¿Podemos ver escenarios como el de Suecia o Países Bajos, donde ha aumentado la violencia del crimen organizado?

En cuanto a eso yo soy relativamente optimista, porque lo que vemos es que la violencia, por ahora, es un 99% entre ellos, dentro del crimen organizado. Por eso no hay concienciación del problema en España: cuando se matan entre ellos parece que no pasa nada. Y sin embargo hay muertes relacionadas con el narcotráfico prácticamente todas las semanas. 

Las grandes organizaciones no atacan a la sociedad porque llevan treinta años aquí y saben que el perfil bajo les funciona. Lo que han hecho en Holanda aquí no lo veo, de momento, aunque es cierto que las organizaciones que lo hacen allí también operan aquí. Además, cada vez hay más mafias de más distinto tipo asentadas en España. Aparecen grupos más jóvenes y más violentos, y que quizá no tienen esos códigos no escritos de proteger el negocio manteniéndose en la sombra.

En el libro usted cita dos nombres relativamente nuevos, el Cártel de los Balcanes y la ‘Mocro Mafia’, como dos de las organizaciones más potentes hoy. ¿A qué se debe este auge?

Primero hay que aclarar que son nombres periodísticos, como el propio término 'Mocro Mafia': no hay una organización única con ese nombre, sino un montón de grupos, procedentes de Marruecos y asentados en Holanda, que a veces trabajan juntos y a veces se matan entre ellos. El Cártel de los Balcanes son organizaciones procedentes de distintas regiones —Albania, Serbia, Montenegro, Croacia— que se iniciaron con formación militar en los años noventa, tras la guerra. Emigraron, algunos hacia Europa occidental, muchos hacia Sudamérica, y empezaron estableciendo negocios turbios: robos, prostitución... Después vieron que el narcotráfico era mucho más lucrativo y menos arriesgado.

Fueron muy listos. Se instalaron en Colombia y Ecuador, pero le dijeron a los mexicanos: yo trabajo aquí, pero no para Estados Unidos, sino para Europa. Por eso no hubo violencia entre ellos: el territorio quedó repartido. Lo que va para Estados Unidos es cosa de los mexicanos; lo que va para Europa, de ellos. A partir de ahí se infiltraron en la sociedad, en distintos países, incluso establecieron relaciones con personas del Gobierno y la justicia en Ecuador, por ejemplo.

¿Qué rol juega en España el Cártel de los Balcanes? 

Además de manejar plantaciones de marihuana, su papel fundamental está en la recepción de los envíos: son especialistas en entrar en los puertos, recoger los alijos —cada vez menos en grandes contenedores, sino, últimamente, muchos envíos más pequeños con GPS incorporado— y hacer el primer guardado. Tienen células itinerantes que van de puerto en puerto.

El libro describe una desigualdad de medios muy notable entre las fuerzas de seguridad y los narcos. ¿Cómo se trabaja con esa realidad?

Hay dos patas de esa desigualdad. Por un lado, los medios para interceptar alijos: pasa varias veces al año que la policía y la Guardia Civil saben que viene un barco, lo tienen controlado, pero no pueden salir porque no hay embarcaciones operativas.

La Armada tiene los barcos y los aviones —incluso para detectar narcosubmarinos— y no se utilizan. Francia los usa, Portugal los usa, Estados Unidos los usa. No es cuestión de ponerse a matar gente, como Trump, pero tenemos los medios y no los utilizamos. Es una decisión política.

Pero el factor más importante es que no se persigue el dinero. Las directrices son incautar droga, y eso está bien y es importante. Pero no se destinan medios a la lucha contra el blanqueo, contra los beneficios del narcotráfico. Y hay que entender algo: a los narcos les da exactamente igual que la droga sea ilegal o que mate. Lo hacen para ganar dinero. Si no persigues el dinero, no consigues nada, por muchos alijos que intervengas. En Galicia hay un montón de mansiones que se sabe que proceden del narcotráfico y no se atacan. Hay una legislación que invierte la carga de la prueba —la persona tiene que justificar de dónde viene un bien— y no se aplica. El resultado es que algunos narcos pasan una temporada en prisión, pero cuando salen conservan todo su patrimonio. Les vale la pena y seguirán traficando.

¿Está el sistema judicial español preparado para combatir el crimen organizado?

No. Primero, el colapso general retrasa todas las causas, no solo las de narcotráfico. Cuando llega el juicio, diez años después de la operación, el narco se queda con una pena muy reducida por dilaciones indebidas. Los abogados se encargan de que eso pase, con recursos y contrarre­cursos. Pero el problema de fondo es que en España no existen jueces especializados, cuando somos el país de Europa con más presencia del crimen organizado. Al mismo juez que le llega una pelea o un caso de alcohol al volante le cae de repente un caso de la ‘Mocro Mafia’ con ramificaciones en tres continentes. Es imposible que lo pueda asumir.

La solución es sencilla: siete u ocho juzgados específicos en puntos estratégicos del territorio, tanto para la instrucción como para la fase de juicio oral. Habría que pagarlo, claro. Pero los narcos vienen a España precisamente porque saben todo esto. En Francia, si te pillan, en dos o tres semanas hay sentencia y vas directo a la cárcel. Aquí te ponen en libertad y ya veremos. Por eso las narcolanchas no desembarcan en Francia, y tienen las mismas playas que nosotros. 

Hablemos de la infiltración en las fuerzas de seguridad. El caso del inspector jefe de la UDEF, Víctor Sanchez Gil, ¿es anecdótico o hay un patrón?

Después de 2020, con la desencriptación de Sky ECC [una plataforma de mensajería encriptada muy usada por el crimen organizado] a los policías buenos, que son la mayoría, se les abrieron los ojos: la infiltración dentro de las fuerzas de seguridad españolas es grande, mucho más de lo que la propia Policía pensaba. El puerto de Valencia es el ejemplo más claro: el jefe de la Guardia Civil del puerto estaba metido en el ajo. También hay estibadores, jefes de aduanas, gente de todos los cuerpos…

La mayoría de la Policía trabaja muy bien y no es corrupta. Pero hay un problema estructural: igual que los narcos tienen abogados muy buenos, los policías o guardias civiles corruptos también los tienen. Ya hemos visto absoluciones de agentes que evidentemente trabajaron con los narcos. Si quieres tener un contacto con acceso al sistema GATI [Grupo de Análisis y Tratamiento de Información, una base de datos policial unificada] necesitas un inspector jefe como mínimo. Hay que poner mucho dinero encima de la mesa, pero a estas organizaciones no les supone un problema hacerlo. Y hay gente que lo coge.

En España hay más crimen organizado que en países que, como dice, sí tienen jueces especializados, despliegan medios militares, persiguen el blanqueo… ¿Por qué no hacemos lo que hacen ellos?

Voluntad política. Pero no se lo achaco solo a los políticos: se lo achaco a la sociedad. Los políticos son un reflejo de lo que pide la sociedad. Hace treinta años la droga aparecía en el CIS en el número dos de preocupaciones, junto al terrorismo de ETA. Ahora no aparece ni entre las treinta primeras. La sociedad no tiene esa preocupación, la droga se ve como algo de ocio. Y si no te revierte en votos, no lo tocas.

¿Cómo se rompe ese círculo?

Es un problema de todos los ministerios, no solo de Interior o Justicia. También de Educación y de Cultura: hay que conseguir que esto deje de estar bien visto. En el sur de España tienes a tu primo que vuelve forrado con la mejor moto y el mejor coche, mientras tú trabajas por mil euros en la fábrica de turno, y la música que escuchas encumbra ese modelo. Si la sociedad lo ve normal, el político también lo ve normal. Y si el político lo ve normal, no se hacen las cosas para frenarlo: ni la represión con medios, ni la justicia con recursos. Y seguimos igual.

La mujer que denunció al ya exjefe de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, no ha encontrado el alivio esperado tras verbalizar la agresión sexual de la que fue víctima. Más bien al contrario. Su abogado sostiene que "está destrozada", asegura que su identidad ha sido revelada y que ha corrido como la pólvora por distintos chats internos de agentes policiales. El impacto mediático de los hechos tampoco ha ayudado a la reparación: algunos medios revelaron este miércoles datos de la querella que daban pistas sobre la víctima y otros cruzaron todas las líneas rojas al desvelar detalles que permitían identificar perfectamente su identidad.

La víctima cuenta ya con protección oficial, una petición que realizó por temor a que se difundieran datos relativos a su domicilio o el de su familia, según expresó su abogado. "Teme que se filtre su domicilio. No está aportado su domicilio real, sino el despacho profesional por motivos de seguridad. Pero este señor tiene muchos tentáculos de poder e igual que ha difundido su identidad puede difundir su domicilio", añadió.

Lo sucedido es en realidad la constatación de un sistema que no está diseñado para blindar la protección de las víctimas una vez dan el paso de denunciar. La falta de garantías tiene además un efecto disuasorio para las mujeres que han sufrido violencia, quienes precisamente tienden a valorar por encima de todo el anonimato y la protección de su identidad. 

En su libro No publiques mi nombre. Testimonios contra la violencia sexual, la escritora feminista Cristina Fallarás señala que "la inmensa mayoría" de los relatos que llegaron a sus redes sociales en los últimos años venían con una petición: "Por favor, no publiques mi nombre". A partir de ese momento, la periodista se hizo eco de las denuncias siempre de forma anónima. Pronto las mujeres "dieron por sentado que los testimonios se colgaban en mi cuenta eliminando sus identidades", escribe. "Creo que esa es precisamente la razón por la que he recibido y sigo recibiendo una cantidad casi insoportable de relatos sobre agresiones sexuales".

Pero una vez la violencia contra las mujeres adquiere una dimensión pública, la protección de la víctima –empezando por su privacidad e intimidad– deja de estar garantizada.

En el año 2018, un error en la publicación de una de las sentencias contra los agresores sexuales de La Manada de Sanfermines permitió acceder a los datos personales de la víctima. La defensa denunció la filtración y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió una investigación. Pero el daño ya estaba hecho: en internet se difundieron sin censura datos e imágenes de la joven, muchas con la evidente intención de desacreditarla. 

Aquel mismo año, uno de los responsables de difundir información privada de la víctima no dudó a la hora de publicar su nombre, apellidos, domicilio, centro donde cursaba sus estudios universitarios, fotografías de la mujer e incluso su documento nacional de identidad. Lo hacía bajo el rótulo de Yo no te creo. Cinco años después, el autor fue condenado a tres años de prisión y tres mil euros de multa por un delito contra la integridad moral en concurso con un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Diciembre de 2023. La joven que denunció al futbolista Dani Alves –finalmente absuelto por la justicia– por un episodio de violencia sexual alerta de que su privacidad corre peligro. El entorno del jugador, incluida su madre, había publicado un vídeo cuestionando el relato de la denunciante y mostrando información personal que permitía identificarla.

La defensa de la joven anunció acciones legales "contra todas aquellas personas o medios" que difundieran las imágenes de la joven o facilitaran "cualquier información, directa o indirecta, que permitiera su identificación", mientras que la Fiscalía Provincial de Barcelona señaló a la progenitora del acusado por un posible delito de revelación de secretos, contra la integridad moral y obstrucción a la justicia.

Se trata en ambos casos de episodios mediáticos, por la especial entidad de los hechos judicializados o por la relevancia de la autoría, pero la difusión de la identidad de las víctimas de violencia sexual es uno de los riesgos a los que se enfrentan las mujeres cuando toman la decisión de denunciar.

Hace dos años, un juzgado de Valencia condenó a una mujer como autora de un delito contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secretos por difundir en redes sociales el vídeo de una agresión sexual grupal. Las víctimas eran menores de edad y el caso se dio a conocer como el de La Manada de Burjassot.

Pero la odisea de las víctimas va mucho más allá. Incluso en aquellos casos en los que su identidad es conocida, tienen que soportar el escrutinio público, el descrédito y, en muchos casos, la publicación de parte de los procesos judiciales por los que transitan.

Fue el caso de Jennifer Hermoso, víctima de una agresión sexual por parte de Luis Rubiales. Su equipo legal comunicó en octubre de 2023 su intención de emprender acciones legales con el objetivo de proteger y garantizar la intimidad de la futbolista después de que trascendiera a la opinión pública el vídeo de su declaración ante la Fiscalía, cuando formalizó la denuncia contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Queremos recordar que todo procedimiento penal debe desarrollarse con garantías para preservar el derecho a la intimidad de las víctimas", indicaba entonces su equipo de abogados. Y añadían: "Las continuas filtraciones y la falta de dichas garantías impiden que la jugadora pueda llevar el proceso con normalidad". En aquel momento, fue la propia víctima quien aseguró que su salud estaba en juego como consecuencia de las filtraciones, que no se sentía segura y que tenía dudas sobre si volvería a declarar ante el juez.

No mucho después fue otro gran proceso judicial el que pasó a ocupar titulares: el de la actriz Elisa Mouliaá contra el expolítico Íñigo Errejón. Concretamente, fueron filtrados vídeos del interrogatorio del juez Adolfo Carretero durante la instrucción. En aquel momento, la entonces presidenta del Observatorio del CGPJ, Esther Erice, rechazó públicamente la filtración de los vídeos y enfatizó en que la intimidad de las víctimas debe estar garantizada en este tipo de procedimientos. En la misma línea se manifestó la asociación Jueces y Juezas para la Democracia: su portavoz aseguró que la distribución de las imágenes revictimizaba a la denunciante.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe la "divulgación o publicación de información relativa a la identidad de víctimas menores de edad, de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección y de las víctimas de los delitos de violencia sexual", tal y como introdujo la ley del sólo sí es sí. La legislación también prohíbe la difusión de datos que puedan "facilitar su identificación de forma directa o indirecta".

La inspectora que ha denunciado haber sufrido una agresión sexual por parte del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González ha aceptado protección policial tras el ofrecimiento realizado por la actual número dos del Cuerpo en funciones, Gemma Barroso, según recoge EFE. 

Fuentes del Ministerio del Interior informan a EFE de que la comisaria Barroso, subdirectora de Recursos Humanos y que ha asumido temporalmente el puesto de DAO tras la salida de González, ha hablado en la mañana de este jueves con la inspectora para hacerle este ofrecimiento.

Esta agente se querelló a principios de enero contra quien fuese número dos de la Policía desde 2018 por presunta agresión sexual en abril de 2025, a la que siguieron, según denuncia, coacciones para que ella no acudiese a la Justicia. 

Según la querella, que ha sido admitida a trámite por un juzgado de Madrid, en julio y tras sufrir "acoso telefónico" y recibir llamadas y mensajes "intimidatorios y culpabilizadores", la inspectora comunicó a la comisaria Barroso, en calidad de subdirectora de Recursos Humanos, que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental.

Se puso a su disposición un equipo de apoyo psicosocial, que le está prestando asistencia mientras se encuentra de baja laboral con el armamento retirado.

González está citado el próximo 17 de marzo en calidad de querellado ante el juzgado que lleva el caso.

Precisamente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está recibiendo presiones para que dimita por parte de la oposición. Algo que él no piensa hacer a no ser que la víctima denunciante no se haya sentido protegida o entienda que él ha fallado.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska tras la salida del número dos de la Policía Nacional, idea que ha rechazado el propio ministro asegurando que solo renunciará si la denunciante no se ha sentido protegida o entiende que él le ha fallado.

El PP sostiene que el ministro encubrió la agresión para proteger al ex DAO. "Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación", apuntó Tellado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Un nuevo caso de supuesta agresión sexual ha implosionado de lleno en la sociedad española. Y el acusado es José Ángel González, hasta ahora número dos de la Policía Nacional, lo que ha dejado en shock tanto al cuerpo de seguridad como al Gobierno, mientras que la oposición trata de utilizar la denuncia, de nuevo, contra la coalición frente a su actitud con otros episodios relacionados con el PP como las denuncias contra los alcaldes conservadores de Móstoles (Madrid) y de Algeciras (Cádiz).

El Partido Popular especialmente trata de poner ahora contra las cuerdas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien asegura que no se enteró de este episodio hasta el martes, cuando el director adjunto operativo (DAO) y uno de sus hombres de confianza en la Policía fue citado por la justicia al admitirse una querella presentada por una subordinada con unos gravísimos hechos denunciados de agresión sexual.

Tanto Marlaska como fuentes del Palacio de la Moncloa insisten en que no sabían nada de esa denuncia y condenan lo sucedido, poniendo énfasis en que le dan credibilidad a la denuncia presentada por la mujer. Y defienden que el Ejecutivo actuó en apenas dos horas apartando de ese puesto a González, además de suspender a Óscar San Juan, persona de confianza del DAO que, según la denuncia, coaccionó a la denunciante para que no se querellara.

"Evidentemente y dada la gravedad de los hechos y por salvaguardar el propio prestigio de la Policía Nacional, no cabía otra decisión que requerir al DAO su renuncia o su cese inmediato en caso de que la dimisión no fuera inmediata", resaltó Grande-Marlaska en los pasillos del Congreso, donde también dijo durante la sesión de control al Gobierno que sólo dimitirá si la víctima denunciante no se ha sentido protegida o entiende que él ha fallado.

El abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, explicó también este mismo miércoles que no se informó hasta el martes al Ministerio del Interior porque se ha querido llevar “con la máxima discreción”: “Este asunto ha entrado directamente al juzgado y no fue hasta ayer [por el martes], con la admisión de la querella, cuando mi clienta habla directamente con la subdirectora general de Recursos Humanos, Gemma Barroso".

El acusado, en sus primeras declaraciones tras estallar el caso, afirmó que fue él quien se apartó del cargo: "En el momento en que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional y además para poder defenderme en condiciones”.

Pero la oposición quiere que caiga la cabeza de Marlaska, al que pidió su marcha entre gritos de “dimisión, dimisión” y aporreos de la bancada en el Congreso. En Moncloa el apoyo es total al titular de Interior, al que respaldó personalmente el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa en India, donde se encuentra de viaje oficial. Desde allí indicó que el Ejecutivo había actuado con “contundencia y con coherencia”.

La actitud del Partido Popular y sus acusaciones sin pruebas de que Marlaska ha encubierto el caso han provocado una total indignación en Moncloa: “Nos enteramos por la prensa. El PP no puede ser más hipócrita ni ensuciar más la política. El ministro dice la verdad, no damos crédito a que se ponga en duda. Hubiésemos actuado antes si lo hubiéramos sabido. Es una vergüenza lo que está haciendo el PP”.

Fuentes del Ejecutivo subrayan que la noticia es “tremenda”: “Hay un problema estructural en la sociedad. Hay hombres que no respetan los derechos humanos. Pero para luchar contra esto lo mejor es que esté el Gobierno actual frente a los que niegan la violencia de género y los que los apoyan”.

Como señala un miembro del Gobierno y parte del núcleo duro de Sánchez: “Es increíble cuando te enteras de la noticia, no das crédito. No sabíamos nada y hay confianza total en Marlaska. Cuando vio la querella, lo echó fuera. No se lo pensó ni un minuto. Le damos credibilidad a la denunciante”. Y hace este análisis sobre el contexto político y la dura sesión de control: “El Partido Popular está en el barro. El clima en el Congreso es irrespirable. Pero llevan así toda la legislatura y no van a cambiar, están echados al monte”. Para añadir: “Marlaska está impresionado, dolido… pero muy seguro de la decisión que ha tomado”.

El Partido Popular acusa al ministro de “encubrimiento” y se ha tirado en bloque contra el Gobierno. La ofensiva de los populares se contradice totalmente con la estrategia seguida por Génova 13 y el PP de Madrid respecto a las acusaciones de una exconcejala contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Un caso en el que los populares no sólo no han movido ninguna ficha, sino que han puesto en el centro a la víctima sembrando de dudas su relato después de que se conociera que el partido no llegó a investigar el asunto a pesar de las peticiones de auxilio de la denunciante a dirigentes como Ana Millán y Alfonso Serrano, manos derechas de Isabel Díaz Ayuso.

Génova 13 ha diseñado, además, una ofensiva parlamentaria para poner en el foco a Marlaska durante las próximas semanas, empezando por una solicitud de comparecencia en la comisión de Interior. Asimismo, los populares quieren que pasen por la Cámara Baja el director general de la Policía, Francisco Pardo, y la subdirectora de Recursos Humanos (a la que quieren preguntar si tuvo comunicaciones con sus superiores jerárquicos y si activó los protocolos contra el acoso). Los populares, en cambio, no tienen ni siquiera un canal específico de denuncias contra acoso en su partido.

El grupo parlamentario popular también ha registrado dos proposiciones no de ley, tanto para su debate en el Pleno como en la Comisión de Interior, para intentar que el Congreso exija al Gobierno la dimisión del titular de Interior. En este sentido, se ha tramitado una batería de preguntas por parte del PP para saber, entre otras cosas, “desde qué fecha concreta tuvo conocimiento el Ministerio del Interior de los hechos presuntamente delictivos o qué otros mandos policiales supieron lo ocurrido y no hicieron nada para proteger a la víctima”.

Los populares quieren explotar este asunto, como ya hicieron con Francisco Salazar, a pesar de que no aplican la misma vara de medir con sus supuestos casos. Y detrás está la estrategia de ganar espacio en el electorado femenino, que será determinante en las próximas elecciones y que ahora mismo tiene un alto grado de indecisión (más del 17% de mujeres no sabe qué papeleta cogerá en las elecciones generales).

Muestra de esta estrategia son las declaraciones a lo largo de todo el miércoles del número dos de los populares, Miguel Tellado, que llegó a decir sobre Marlaska en el Congreso: "Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación. Feminismo asqueroso el de esta izquierda en contra de prohibir el burka, pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial".

Parecía la persona idónea para convertirse en el máximo responsable de uniforme dentro del Cuerpo Nacional de Policía. Era un buen perfil para hacerse cargo de una Dirección Adjunta Operativa (DAO) convertida durante el Gobierno de Mariano Rajoy en punta de lanza de la guerra sucia del PP contra los adversarios políticos. Estaba fuera de la órbita de la mal llamada brigada patriótica. También geográficamente –desarrolló su carrera lejos de Madrid–. Con esta carta de presentación, y con la misión de limpiar la podredumbre, Jota, como le conocen en el cuerpo, se convirtió en jefe operativo de la Policía. "Fue muy bien recibido", cuentan los que le conocen. Ahora, casi ocho años después, José Ángel González Jiménez deja el puesto por la puerta de atrás.

La salida del director adjunto operativo se produce tras la apertura de una investigación contra él en un juzgado de violencia sobre la mujer de la capital. La causa tiene origen en una detallada querella en la que una subordinada suya, con quien había mantenido en el pasado una "relación de afectividad", expone una serie de episodios de violencia sexual y coacciones protagonizados por el hasta ahora jefe operativo policial. Hechos que tienen como punto de partida el 23 de abril de 2025. Aquel día, González, usando de forma explícita "su autoridad institucional", hizo que la víctima, que estaba de servicio, fuera a un restaurante donde él se encontraba comiendo con otro mando policial –el comisario Óscar San Juan– y, de ahí, la llevara a su vivienda oficial.

Fue en ese inmueble donde se produjo la agresión. La querella recoge que González, pese a las "negativas inequívocas, claras y persistentes", introdujo hasta en dos ocasiones sus dedos en la vagina de la víctima, hechos que pueden sustentarse con "una grabación de audio". Y que tras esto, comenzó una larga campaña de acoso e intimidación con mensajes y llamadas del comisario –tanto desde su teléfono personal como desde el oficial de la Dirección Adjunta Operativa–. "Vete a la mierda, vete a la mierda, me arrepiento de haberte conocido. Eres lo peor que me ha pasado. Ven a verme a ver qué te puedo dar", asegura la víctima que le dijo González en una llamada de finales de mayo. Fruto de todo ello, la mujer se encuentra de baja por problemas de salud mental.

El terremoto en el Cuerpo Nacional de Policía es mayúsculo. Y buena prueba de ello es el cónclave de urgencia organizado por el director general, Francisco Pardo, con todos los mandos. Porque la crisis no se circunscribe al DAO, sino que se extiende más allá. La querella también señala a San Juan, asesor del director adjunto operativo, por encubrir la agresión y presionar a la víctima. Así, por ejemplo, se recoge que el 13 de julio mantuvo una conversación –que fue grabada– con la agente en la que le habría pedido que dijera "a qué destino quería ir", negando saber nada de lo que ella refería respecto a González. San Juan, al que se ha relevado de sus funciones, fue condecorado con la Medalla de Plata tres meses después de aquella conversación, según desveló elDiario.es.

Es la enésima mancha en una Dirección Adjunta Operativa, corazón del Cuerpo –impulsa y coordina las funciones policiales operativas–, acostumbrada a situarse en el centro de la polémica. Y que funcionó, con Mariano Rajoy en la Moncloa, como sala de mando en la guerra sucia contra adversarios políticos del PP. Por aquel entonces, era Eugenio Pino el máximo responsable de uniforme en la Policía. Un ex director adjunto operativo que deberá sentarse en primavera en el banquillo de los acusados por Kitchen, la operación de espionaje parapolicial desplegada sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas. Y que ya ha sido condenado por revelar datos reservados de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresident catalán, sustraídos "de forma ilícita".

La investigación de Kitchen sitúa a Pino como planificador de la operación para sustraer a Bárcenas documentos comprometedores que pudiera tener de la formación conservadora en pleno estallido de Gürtel. Al frente de la misma, puso al comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los máximos exponentes de las cloacas del Estado. Y al tanto de su existencia estaban, según el auto de procesamiento, también los inspectores José Ángel Fuentes Gago o Bonifacio Díaz Sevillano. Ambos, según el instructor, eran personas de la "máxima confianza" de Pino. Tanto, que los nombres de los dos también confluyen en la guerra sucia contra Podemos que se investiga en la Audiencia Nacional.

Los documentos aportados en el marco de dicha causa evidencian que todas las maniobras contra la formación morada en pleno auge político de la misma partían del mismo sitio: la Dirección Adjunta Operativa. La llamada Operación Venus, centrada en un entramado empresarial alrededor de la producción del programa Fort Apache –presentado por Pablo Iglesias–, se inició con la remisión desde la DAO del llamado informe Pisa, un documento sin membrete oficial ni firma alguna cuya elaboración se ha terminado atribuyendo a la brigada política. Y lo mismo con la Operación Bolívar sobre la supuesta financiación venezolana de Podemos. Esta se puso en marcha en base a la declaración de un exministro de Venezuela que fue a recoger Fuentes Gago a Nueva York por orden de la DAO.

Tras la jubilación de Pino, fue Florentino Villabona quien cogió las riendas de la Dirección Adjunta Operativa. Con su llegada, que hizo de la mano del ministro Juan Ignacio Zoido, se esperaba una limpia dentro del cuerpo. Pero más allá de algún gesto aislado, lo cierto es que los policías vinculados a la brigada política que estaban como agregados en embajadas continuaron disfrutando de dichos retiros dorados. El comisario, que tras su jubilación fichó por La Liga como director de Integración y Seguridad, apenas estuvo medio año en el puesto. En julio de 2017, Zoido llevó a cabo una reorganización del Ministerio del Interior que eliminó la figura del DAO, puesto que ya en 2018 se encargaría de recuperar el actual ministro, Fernando Grande-Marlaska.

La Dirección Adjunta Operativa se incluyó por primera vez en el organigrama en 2006. Y el primer jefe de la misma fue Miguel Ángel Fernández-Chico. Durante su mandato, Villarejo, cuya empresa Cenyt llegó a tener como empleada a una hija de este alto mando policial ya fallecido, se movió con agilidad en la cúpula policial. Una cúspide a la que llegó, según un documento firmado por él mismo, de la mano de Agustín Linares, quien fuera subdirector general operativo –cargo que existía antes de la DAO y que fue su germen–, investigado en el pasado por uso irregular de fondos reservados. Y en la que se mantuvo con su sucesor en el cargo, Pedro Díaz-Pintado. Tras la detención de Villarejo, Pintado, Linares y Pino emitieron cartas apoyando al comisario y diciendo que su actividad mercantil tenía "plena cobertura policial", si bien luego en el juicio terminaron marcando distancias.

Es uno de los muchos logos que se ven en la cancha o en la sala de prensa del Polideportivo Pisuerga, la casa del UEMC Baloncesto Valladolid. Y hubo una época en la que ocupaba un lugar privilegiado en las camisetas del equipo filial. Se trata de Clínica Sur. Una de las marcas con las que opera CMD Salud, un pequeño grupo empresarial que cuenta con más de un centenar de empleados y que se ha quedado desde la pandemia con la mitad del negocio sanitario que ha florecido alrededor de las cárceles españolas. Desde hace años faltan médicos en los centros. Y el Ministerio del Interior está recurriendo a la sanidad privada para cubrir la asistencia de los internos.

Desde la pandemia y hasta finales del pasado diciembre, las direcciones de al menos 17 cárceles, según los datos recopilados por infoLibre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, habían adjudicado a distintas compañías sanitarias contratos por más de 1,1 millones de euros para que se hicieran cargo de la atención primaria de los presos. Las adjudicaciones incluidas en la factura se limitaban a aquellas centradas en proporcionar a los reos la asistencia sanitaria más básica, dejando fuera las que giraban alrededor de especialidades, las que no establecen una cuantía total por el servicio –fijan precio por hora–, las que se cancelaron por incumplimiento de contrato o los servicios médicos puntuales que por su cuantía se tramitan como contratos menores.

El conglomerado vallisoletano se ha hecho en el último lustro con, al menos, una docena de estos contratos por un total de 510.178,28 euros. El grupo se ha encargado de prestar, por ejemplo, asistencia sanitaria a los reclusos del Centro Penitenciario de A Lama, con más de un millar de celdas. En la Plataforma de Contratación figuran dos adjudicaciones en 2022, otra en 2023 y una cuarta en 2024. Contratos adjudicados por un total de 169.251,06 euros. Como adjudicataria, la sociedad Acció Salut SL.

Constituida en julio de 2006, esta empresa, que forma parte del conglomerado CMD Salud –de hecho, el administrador único de la misma es CMD Salud Castilla y León SL–, cerró 2024 con 46 empleados y una cifra de negocio de 1,8 millones de euros, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Además de en la prisión pontevedresa, a esta sociedad también se le adjudicó en 2023 un contrato por 43.819,78 euros para dar servicio de atención primaria a los internos del Centro Penitenciario Alicante Cumplimiento.

En los dos años posteriores, esas labores en este último centro las asumió CMD Salud Castilla y León, a la que en 2024 se adjudicó un contrato de 43.222,12 y en 2025 otro de 50.182,53. En sus últimas cuentas, esta sociedad refleja 21 empleados y una cifra de negocio de 777.853,11 euros. Y, además de los contratos en la cárcel de Alicante, también le han adjudicado trabajos similares en la palentina prisión de Dueñas o en la madrileña de Soto del Real por un montante total de 84.950,82 euros.

Esta sociedad figura asimismo como administradora única de otra de las empresas del grupo: CMD Salud Calidad Integral. Esta firma, que cerró 2024 con 79 empleados en plantilla y facturando 3,1 millones de euros, ha recibido tres contratos para la asistencia sanitaria básica de los reclusos en el último lustro. El más reciente, del año pasado y centrado en la cárcel de Mallorca, está valorado en 41.389 euros. En 2023 recibió uno de 50.245,8 euros para prestar sus servicios en la prisión de Zaragoza. Y en 2022, otro de 27.116,25 euros para el centro penitenciario de Cuenca.

El resto de adjudicaciones para cubrir las necesidades sanitarias básicas de los reclusos en estos últimos años se los han ido repartiendo distintas empresas o médicos de forma autónoma. Dentro del primer grupo destaca, por ejemplo, Medical Service JIM, contratado recientemente para prestar servicio en la cárcel de Málaga II o Córdoba, a la que en 2021 también ofreció sus servicios Quirón Prevención, sobre la que en los últimos tiempos se ha puesto el foco a raíz de los negocios mantenidos con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la lista figuran, del mismo modo, Ansalu Onuba, contratada para la cárcel de Huelva. O Altiplano Salud y Gestión Sanitaria Tressalud, contratados por poco más de 50.000 euros cada una para dar servicio a la prisión de Villena y Valdemoro, respectivamente. Y Emergencias 360 SL, con quien hace solo unos meses rompió contrato la dirección del Centro Penitenciario Puerto III. "El servicio dejó de prestarse a mediados del mes de agosto, el médico dejó de acudir al centro aduciendo que la empresa no le pagaba la nómina", reza la propuesta de resolución de contrato del pasado mes de noviembre, que resalta que la ausencia de facultativo, "que no fue sustituida", generó "un riesgo" para la "salud y seguridad de la población reclusa".

La Guardia Civil ha terminado la inspección del lugar donde ocurrió el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y ha entregado ya un primer atestado al juzgado, según ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa, informa EFE.

El titular de Interior ha dicho también que una vez terminada la inspección, el instituto armado custodia todos los elementos localizados en el lugar que puedan resultar de interés para la investigación de las causas del accidente, de la que se ocupa el juzgado de Montoro.

El número de muertos asciende ya a 45, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado este jueves otros dos cadáveres, que han aparecido debajo del tren Alvia.

Se trata de los dos últimos desaparecidos que quedaban por localizar, de acuerdo con las denuncias presentadas por los familiares.

Hay 43 personas ya con autopsias practicadas e identificadas: 22 mujeres y 21 hombres, uno de ellos menor. 40 de ellos son españoles, así como una rusa, una alemana y una marroquí.

Tanto el ministro como el coronel han explicado que la Guardia Civil recibió aviso del accidente a las 19.47 horas y a las 20.00 horas llegó al lugar la primera patrulla de la Guardia Civil. Fuentes del Ministerio del Interior han precisado que los primeros agentes visualizaron el Alvia a las 20.15 horas.

"La Guardia Civil se trasladó inmediatamente", ha subrayado Marlaska, quien ha recalcado que la reacción del instituto armado y del resto de servicios públicos tuvo una "inmediatez que es propia de una sociedad avanzada como es la nuestra y dotada de un servicio público absolutamente ejemplar".

Los primeros agentes que llegaron se dedicaron a la atención y socorro a las víctimas y activaron el resto de los medios al apreciar "la entidad de la tragedia". Según fueron llegando los demás servicios sanitarios y de emergencias, aseguraron el lugar y habilitaron el paso a esos servicios, además de colaborar en la evacuación de heridos.

El coronel ha explicado que se ha puesto a disposición de la autoridad judicial un primer informe preliminar, que incluye más de 2.500 fotografías aéreas y terrestres de la zona del accidente.

Ha detallado que la inspección ocular realizada se ha dividido en cuatro fases: el recorrido previo del tren Iryo antes de la colisión, los vagones de este primer tren, el espacio que se encuentra entre los dos trenes y los cuatro vagones del Alvia que habían descarrilado.

Las primeras diligencias también comprenden las cajas negras de los trenes, que han sido entregadas por parte de la Unidad de Policía Judicial a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la cual es la que dispone de los mejores medios para proceder a su apertura, ha precisado el coronel.

Sin embargo, esta apertura se llevará a cabo en Madrid con miembros de la Unidad Orgánica y, tras los volcados, se hará una copia que quedará a disposición de la Guardia Civil.

A preguntas de los periodistas, el coronel ha señalado que se ha tomado declaración al maquinista del Iryo, a varios tripulantes y a determinados viajeros, sin perjuicio de que más adelante, en el transcurso de las investigaciones, se interrogue a más personas, y ha negado poder ofrecer detalles sobre su contenido debido a su carácter reservado.

El coronel jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha detallado el despliegue de efectivos de la Guardia Civil que han intervenido en el accidente, un total de 976: 240 agentes de Seguridad Ciudadana, 239 de la Agrupación de Tráfico, 214 de la Unidad de Reserva, 223 especialistas de la Policía Judicial y 60 de apoyo procedentes de órganos centrales.