Las otras Ceuta: Lampedusa, la frontera de Turquía o Bielorrusia también sufren la política migratoria

Ceuta se ha convertido en el escenario visible de las principales tensiones en política migratoria. La respuesta de España y la Unión Europea frente a esta crisis humanitaria, que cuenta con al menos 141 fallecidos y que algunas ONGs califican de “abandono institucional”, es resultado de un endurecimiento gradual de las medidas relacionadas con esta materia.

Lo acontecido en la ciudad autónoma es uno de los ejemplos de lo que sucede a raíz del refuerzo en el control fronterizo y la externalización de estas responsabilidades a terceros países. Lampedusa o la instrumentalización por parte de Turquía de la crisis siria son algunos de los episodios de la historia reciente de Europa. “Todos esos países reciben dinero de España y de la Unión Europea. Pero claro, incluye un sistema que no tiene derechos”, asegura Lucila Rodríguez-Alarcón, directora de porCausa.

Al igual que en el caso de Ceuta, las intervenciones de la UE apoyan, y en muchos casos financian, medidas y comportamientos que han sido calificados como vulneraciones de derechos humanos por numerosas organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, u Oxfam Intermón.

Lampedusa y los acuerdos con Túnez

La isla italiana de Lampedusa se encuentra dentro de la ruta central del Mediterráneo. En 2013 y 2015 fue protagonista de dos grandes naufragios en los que entre 1.068 y 1.318 personas fallecieron al intentar llegar a las costas europeas. 

Pese a ser conocida como una de las rutas marítimas más peligrosas del mundo, la afluencia de personas que seguían jugándose la vida en ella no paró. En 2023, la isla de 6.000 habitantes experimentó una crisis cuando más de 7.000 personas migrantes llegaron a sus costas entre el 12 y el 14 de septiembre. 

Túnez, país desde donde se suele iniciar este recorrido, había firmado apenas dos meses antes el memorándum UE-Túnez, en el que asumió un mayor control migratorio a cambio de compensaciones económicas europeas. Denunciado por Amnistía Internacional por su trato violento a las personas migrantes, este país recibe acusaciones de abandonos en el desierto o hundimiento deliberado de embarcaciones. 

Ceuta

En 2021, la ciudad autónoma volvió a ser la protagonista de una batalla por el control migratorio. El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, fue hospitalizado en España enfermo de covid, lo que provocó una crisis diplomática entre Marruecos y España.

El país africano abrió la frontera y unas 9.000 personas pasaron a territorio español. Ante esto, la respuesta del Parlamento Europeo fue la de condenar a Marruecos por usar esta medida como mecanismo de presión. El entonces jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, afirmó que la UE haría “lo necesario para apoyar a España”.

Turquía y la crisis siria

La guerra civil de Siria se prolongó durante casi 14 años, provocando el exilio de millones de personas. En 2016, cuando se produjeron los ataques más cruentos hasta el momento en el país y que coincidieron con el final de la Batalla de Alepo, la UE firmaba con Turquía un acuerdo en el que Erdogan se comprometía a retener a los refugiados sirios.

Tras tres años de bloqueo fronterizo, el presidente turco comenzó a amenazar a los 27 con “abrir las puertas” a estos refugiados si Europa seguía criminalizando sus operaciones militares en el noreste de Siria. En 2020, Erdogan llevó a cabo su amenaza y permitió la salida de miles de migrantes sirios a Grecia como medida de presión. En respuesta, la Unión Europea envió a los jefes de la Comisión, el Consejo y el Parlamento a la frontera para prometer apoyo total a Grecia, y Atenas denunció "el uso de la presión migratoria por parte de Turquía con fines políticos".

Bielorrusia y la frontera polaca

Otro caso de instrumentalización de fronteras es el de Bielorrusia. En 2020, Alexander Lukashenko ganó su sexto mandato en unas elecciones condenadas y sancionadas por la Unión Europea por ser fraudulentas. En respuesta, el régimen del presidente facilitó visados y multiplicó sus vuelos desde Oriente Próximo, empujando a migrantes a las fronteras de los países vecinos.

Letonia, Lituania y Polonia calificaron esta crisis como “guerra híbrida”, y comenzaron a aplicar medidas más duras en cuanto a control migratorio, apoyadas y financiadas por la UE. Borrell profirió un discurso firme condenando la actuación de Lukashenko, y algunos eurodiputados solicitaron incluso financiar la construcción de una valla en todas las fronteras exteriores de la Unión. Este posicionamiento político supuso el inicio de esta "instrumentalización de la migración" por parte de los 27.

Finlandia y Rusia

Después del caso bielorruso, el término de “guerra híbrida” fue usado por Finlandia para calificar una supuesta injerencia rusa en la frontera. El país finés, que recientemente había entrado en la OTAN pese a la negativa de Moscú, experimentó en 2023 un aumento de personas migrantes que llegaban a la parte ártica del país en bicicleta, característica que activó las alarmas sobre una posible facilitación del país vecino.

Su respuesta fue la de cerrar totalmente su frontera con Rusia. El estado, gobernado por la derecha y la extrema derecha, aprobó al año siguiente una ley que permite a los guardas fronterizos devolver al país vecino a las personas migrantes que hayan cruzado la frontera, violando así las leyes internacionales en materia de inmigración y asilo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, visitó Finlandia para apoyar al país nórdico en su nueva norma. “Esto no se trata solo de la seguridad de Finlandia, sino de la seguridad de la Unión Europea. Estamos todos juntos en esto”, aseguró.

La ruta atlántica

El Gobierno reforma la ley de asilo y de extranjería tras la crisis migratoria en Ceuta

Ver más

También conocida como “ruta canaria”, supone un trayecto por mar, cuyo inicio suele ser algún país cercano del oeste de África. Sin embargo, los nuevos acuerdos de externalización que España está firmando con los países localizados geográficamente en esta zona, obligan a las personas migrantes a iniciar el recorrido cada vez más al sur. Por el momento, el Gobierno español tiene acuerdos con Mauritania y Senegal, lo que ha disminuido la llegada de personas a Canarias, pero también ha aumentado la mortalidad en esta ruta al aumentar los kilómetros a recorrer. Según datos de la organización Caminando Fronteras, la cifra de personas fallecidas ha pasado de 14 a 21 de cada 100 en el último año, y hasta junio de este año la cifra era de 1.317 personas.

La posición de la Unión Europea ante esta realidad también es la de apoyo y financiación. En 2025, El Salto publicó que los 27 financiaron junto a España dos cárceles para migrantes en Mauritania.

Lejos de cambiar la dirección política, los discursos que criminalizan estos movimientos migratorios están fortaleciéndose en las instituciones. El pasado 17 de junio, el Parlamento Europeo aprobó una Ley que habilita la expulsión de personas migrantes a terceros países, aún cuándo no guarden ninguna relación con el mismo. Representantes de talibanes fueron invitados a Bruselas en el marco de negociaciones para estas devoluciones, pese a que la Unión Europea no reconoce a las autoridades de Afganistán como legítimas.