El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado este viernes que no respaldarán el decreto ley sobre medidas de vivienda, uno de los dos aprobados este viernes en Consejo de Ministros extraordinario, mientras que el otro de medidas anticrisis lo analizarán "en profundidad" para decidir su voto.

Tellado lo ha apuntado así en rueda de prensa en la sede del partido después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado la aprobación de ambos decretos ley en la Moncloa, los cuales tendrán que ser convalidados próximamente en el Congreso, aunque surtirán efecto desde su publicación.

El número dos del PP ha llamado al decreto ley de vivienda, "el de izquierdas", al provenir de Sumar, mientras que el otro, "el de derechas", ha dicho que incluye medidas ya propuestas por el PP, por lo que ha añadido dirigiéndose a Sánchez: "Bienvenido a la 'fachosfera'".

Fuentes del PP han precisado que su voto a favor solo estaba garantizado si el decreto con las medidas frente a la guerra incluía "todas y cada una" de sus propuestas y ninguna otra.

Estudiarán el texto que publique mañana el Boletín Oficial del Estado y tomarán una decisión más adelante, pero "Sánchez haría bien en ir convenciendo a todos sus socios de investidura de que le apoyen", apunta.

Tellado ha advertido de que Sánchez ha sido chantajeado por los ministros de Sumar y ha subrayado que "un presidente digno de serlo les habría cesado en cinco segundos", por el plante que ha retrasado el inicio de la reunión del Consejo de Ministros casi tres horas.

Además, ha criticado que el presidente se dedique a desafiar a Donald Trump y a Javier Milei, mientras "le doblan el pulso" Ernest Urtasun, Yolanda Díaz o Sira Rego.

Ha dicho que Sánchez es "un problema con patas", "un presidente vapuleado" e "hipotecado" que ni merece "tal nombre", para añadir: "Allá cada cual cómo entiende lo que es ser presidente del Gobierno".

"Su dignidad política está por los suelos", ha continuado, debido a que, en su opinión, "para que ese Consejo de Ministros se pudiese celebrar tuvo que dar su brazo a torcer y aceptar elaborar otro decreto".

También ha apuntado que "España merece que los ciudadanos puedan expresar y decidir la España que quieren en las urnas, democráticamente, y dejar atrás este esperpento que es el 'sanchismo'", en el que los ministros se dedican a "pelearse entre ellos", en una "batalla campal" protagonizada por los del 'no a la guerra'.

"La mitad del Gobierno amotinada contra la otra mitad", ha descrito Tellado, además de llamarlo "duelo a garrotazos" en un "Gobierno en llamas", el cual "no puede seguir ni un día más".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto este viernes las puertas del Palacio de la Moncloa en redes sociales con una ruta guiada en la que explica la historia del antiguo salón donde se celebraban los consejos de ministros, la Sala del Reloj, y pone en valor su importancia institucional.

"Hoy os voy a hacer un pequeño house tour en plan Isabel Preysler", ha bromeado Sánchez al inicio del vídeo publicado en la red social Instagram, antes de entrar en la histórica Sala del Reloj, donde se celebraron los primeros consejos de ministros de la democracia.

Ha recordado que "está presidida por un reloj de cuerda", que decora el salón, y ha resaltado que en dicha sala tuvieron lugar los consejos de ministros en las presidencias de Adolfo Suárez (1976-1981) y Felipe González (1982-1996), hasta construirse con el expresidente socialista el nuevo edificio funcional, donde desde entonces se celebra el consejo de ministros.

En el vídeo se muestran fotografías de la celebración de los consejos con ambos presidentes, con las paredes -ha aclarado Sánchez- "en motivos dorados", ensalzando el valor histórico y decorativo de la sala.

"Espero que os haya gustado este pequeño house tour. Dejadme comentarios si queréis y me animaré a enseñaros otras partes de este palacio", ha concluido Sánchez en la red social, cuyo post acumula más de 1.500 comentarios y más de 15.000 likes.

La Junta Electoral Central ha abierto expediente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por las declaraciones que hizo en la rueda de prensa de balance anual del Ejecutivo del pasado lunes, cuando la campaña electoral para las elecciones en Extremadura estaba en su ecuador.

Con este acuerdo, la Junta Electoral Central estima la denuncia presentada por el PP, al considerar que las manifestaciones de Sánchez durante la citada rueda de prensa podrían vulnerar el deber de neutralidad en actos institucionales durante periodos electorales.

Además de la apertura del expediente, este órgano ordena en su escrito retirar del canal oficial de la Moncloa de YouTube las referidas expresiones.

Asimismo, insta al presidente del Gobierno a abstenerse en lo que resta de campaña electoral de hacer actuaciones similares "que puedan suponer la vulneración del deber de neutralidad exigido a las autoridades públicas" en este periodo.

La Junta Electoral Central ha basado su decisión en la aplicación del artículo 50.2 de la Ley orgánica del Régimen Electoral (Loreig), que establece que desde la convocatoria de las elecciones y hasta su celebración quedan prohibidos los actos en los que los poderes públicos hagan alusiones a los logros conseguidos.

También cita el deber de objetividad, que, de acuerdo al artículo 103.1 de la Constitución, se debe respetar por parte de cargos públicos.

Según argumenta la JEC, Sánchez no se limitó en su rueda de prensa a comunicar extremos relativos a la rendición de cuentas prevista para el acto convocado, sino que hizo también una serie de apreciaciones críticas de la actuación de otros líderes políticos y de las comunidades autónomas gobernadas por la oposición.

Por otro lado, la JEC ha decidido no estimar el recurso del PSOE contra el acuerdo de la Junta Electoral de Extremadura que desestimaba a su vez una denuncia de este partido contra Vox por la colocación de banderolas con la imagen del candidato socialista a la Asamblea extremeña, Miguel Ángel Gallardo.

En las banderolas, situadas en Badajoz, Cáceres y Mérida, aparece la imagen de Gallardo y la de la presidenta en funciones de la Junta y candidata del PP, María Guardiola, junto a la frase "¡Que no te estafen!".

El PSOE sostenía que en ellas no aparece firma, simbología o nombre que permita identificar a la formación política responsable de su elaboración y colocación, por lo que puede inducir a error al electorado, vulnerando con ello el principio de transparencia recogido en la Loreg.

Ahora la JEC resuelve que el soporte documental aportado "lleva a esta misma conclusión" y que no se vulnera el principio de transparencia porque "aunque utilicen imágenes de candidatos de otras formaciones, permiten identificar a la formación política responsable de su elaboración y colocación, no induciendo a error".

El grave caso de corrupción encabezado por el, hasta ese momento, fiel Secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, supuso sin duda un fuerte golpe para Pedro Sánchez por el que estuvo a punto de dimitir. A otro nivel, se mantienen desde hace tiempo las actuaciones judiciales contra su hermano y su mujer, Begoña Gómez, esta última marcada por la “esperpéntica” figura del Juez Peinado, cuestionado desde diferentes ámbitos judiciales. Para completar el panorama, cuando se procedió a sustituir a Santos Cerdán en la Secretaría de Organización apareció un nuevo escándalo, en este caso de acoso sexual, que ha salpicado a varios ámbitos del partido y afecta gravemente a la organización socialista. El panorama no puede ser más completo; Feijóo ve o cree ver a Sánchez herido de muerte y se “ha lanzado a su yugular”.

Pero Pedro Sánchez publicó en su día el Manual de resistencia y a estas alturas hay pocas dudas de que para el Presidente del Gobierno esa obra no son solo palabras, sino su guía diaria para mantenerse, a pesar del vendaval que tiene en contra, al frente del Gobierno. Ni siquiera los últimos casos de corrupción destapados por la UCO, que afectan a la singular Leire Díaz y otros personajes relacionados también con Cerdán, han hecho tambalear a Sánchez. Todavía más, en su reciente balance de gestión de gobierno de los últimos seis meses ha ido más allá de lo esperado, no solo está dispuesto a agotar la legislatura y celebrar las elecciones generales en 2027, sino que se plantea culminar la “década” en La Moncloa para completar su proyecto político para España.

Ante esta situación, el nerviosismo y la desesperación en el Partido Popular, y muy especialmente en su líder, es máxima. Ven que, por muchos golpes que reciba, a pesar de los innumerables “enanos que le han crecido en su circo político”, su gran enemigo, Pedro Sánchez, el “sanchismo”, término acuñado por el PP para señalar a todo lo malo de este país, permanece y no cae. No cayó cuando procesaron a su mujer y a su hermano, tampoco —aunque fue sin duda el golpe más fuerte— cuando estalló el caso Cerdán o la entrada en la cárcel de Ábalos, y menos aún con los recientes casos de corrupción y de acoso sexual, habiendo causado este último asunto una grave crisis de credibilidad en el feminismo del PSOE.

Con esta situación, con esta posición teóricamente más débil que nunca de Pedro Sánchez, Feijóo tiene claro que este es su momento. Clama al cielo para que algún socio traicione al Gobierno y apoye una hipotética moción de censura. El embate judicial de algunos jueces del Supremo tampoco ha sido suficiente, ya hay nueva fiscala general del Estado y todo continúa. La única salida para Feijóo es el adelanto de las elecciones, tantas veces pedido desesperadamente con el manido —y falsamente democrático— argumento de dar la voz a los españoles. Feijóo sabe además que esta es su última oportunidad, su situación no es la de Rajoy que fracasó en 2004, lo intentó de nuevo en 2008 pero finalmente la grave crisis financiera que asoló al mundo y afectó a España le abrió las puertas de La Moncloa en 2011. La Constitución lo dice bien claro, las elecciones son cada cuatro años y esta es la firme decisión del presidente del Gobierno contra viento y marea.

Al muñeco de Pedro Sánchez lo apalearon en Ferraz, pero se recompuso su figura. A Ayuso “le gusta la fruta” y todavía más —si los hay— los árboles frutales de La Moncloa. Desde el balcón de Sol presiona a Feijóo para que se tire al precipicio, para que se lance de una vez a la yugular de Sánchez con la moción de censura o como sea, a sabiendas de que fracasará. La Reina de Madrid espera su turno con Miguel Ángel Rodríguez, alias MÁR, a su lado diciendo por lo bajini, "pa’lante Isabel, La Moncloa es tuya". 

___________________________________________________

Rafael Sánchez Sánchez es socio de infoLibre.

Pedro Sánchez tira hacia adelante. Prepara una remodelación quirúrgica del Gobierno para sustituir a Pilar Alegría en los próximos días de la que lo único que ha avanzado es que pondrá a una mujer al frente de la portavocía. Y trata, a la vez, de convencer a los socios de que hay proyecto incluso más allá de 2027, mirando especialmente al PNV, a Junts y a ERC.

Estos son los principales mensajes que dejó el presidente en el cierre del curso político, cierre que se visualizó a través de una comparecencia en el Palacio de La Moncloa para hacer balance, por la mañana, y en la copa de Navidad que ofreció a la prensa por la tarde.

Sánchez trata de alejarse del ruido y de la sensación de legislatura agotada que sale de la derecha política y mediática, pero también de muchos sectores de la izquierda, tras la sucesión de denuncias dentro del PSOE por acoso sexual y los últimos casos de presunta corrupción. No obstante, el presidente entiende que puede aguantar y no ha hecho caso ni siquiera a su socio de Gobierno, Sumar, que lleva desde el pasado viernes exigiendo una amplia remodelación del equipo ministerial.

El presidente, tanto en público en la rueda de prensa como en una conversación informal con periodistas, defendió que está contento con los ministros y que su idea no es un cambio de caras, sino impulsar la legislatura. Por eso, sólo tiene en mente hacer cambios puntuales cuando salgan los miembros del Gobierno que competirán en las diferentes autonomías. 

Ahora es el momento de cambiar a Alegría. La elegida para la portavocía es una mujer, pero Sánchez no quiere revelar todavía el nombre. Esto hace que se descarten las opciones de Félix Bolaños, Óscar López y Óscar Puente, que hasta ahora cotizaban en lo más alto de las quinielas. No hay fecha concreta para la sustitución, aunque la todavía ministra de Educación tiene que dejar en la primera semana de enero su puesto para competir en Aragón.

El jefe del Ejecutivo considera que el Gobierno está “maduro” y que es “eficaz”, por lo que no tiene sentido hacer esa profunda remodelación que exigió la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el pasado viernes. La líder del ala Sumar guardó silencio durante el lunes, en tanto que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, consideró “insuficiente” la comparecencia de Sánchez y avisó de que el “inmovilismo no es una opción”. Ningún ministro del ala de Sumar acudió a la recepción en La Moncloa para mostrar su "descontento", según fuentes de ese espacio.

El presidente del Gobierno trata durante estos días de lanzar mensajes para atraer a los socios del bloque de investidura. El lunes por la mañana conversó con el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, con quien quedó en mantener una reunión (será la primera desde que el socialista llegó al Palacio de La Moncloa). Esquerra es un socio clave y se ha convertido en un apoyo fundamental para que el PSOE aguante, pero el partido catalán está cada día más preocupado.

Sánchez también lanza guiños a Junts. Por ello, el Gobierno va a emprender el proceso para tratar de que Cataluña y Euskadi tengan mayor participación en organismos internacionales como la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo, peticiones hechas por los posconvergentes. El presidente confesó ante los periodista que espera que el cumplimiento de estos compromisos pueda suponer “una ventana de oportunidad” con los de Carles Puigdemont a pesar de estar las relaciones rotas.

Este proceso también sirve también para contentar al PNV, que el viernes pasado llegó a vaticinar, a través de Maribel Vaquero, que las elecciones podrían convocarse el año que viene. El presidente entiende la “incomodidad” de los nacionalistas vascos, pero sostiene que habla mucho con Aitor Esteban y que la relación es “fluida”. Sánchez está dispuesto a verse con los socios para convencerles de que tiene un proyecto que va más allá incluso de 2027.

El ciclo electoral arranca este domingo en Extremadura con las encuestas a la baja para el PSOE. A pesar de ello, Sánchez cree que el PP se equivoca con su estrategia de convocar en las autonomías para desgastar al Ejecutivo central. El análisis del socialista pasa por su lectura de que cada “territorio tiene su propia dinámica” y son los populares los que ya tienen esas autonomías, por lo que no es ningún un éxito para el PP que sus presidentes vayan a las urnas para al final seguir dependiendo de Vox.

El presidente del Gobierno descarta cualquier tipo de adelanto electoral porque cree que todavía tiene proyecto. Por eso, durante estas horas se afana en trasladar el mensaje de que tiene “energía y determinación” para aguantar toda la legislatura. Y pone el foco también en que abrir la puerta a un Gobierno del PP y de Vox sería un “error histórico”.

Asimismo, trata de hacer frente a las polémicas con la asunción de que ha cometido “errores”, pero reiterando que ha respondido con “contundencia”. Va a reforzar los recursos humanos de Ferraz para abordar situaciones como el acoso, aunque también ha afirmado que no piensa admitir “lecciones” de los “Torquemadas” del Partido Popular y de Vox. El presidente se siente “muy respaldado” por su organización a pesar de los días duros que está viviendo.

Sánchez hace el análisis estos días de que en la calle no hay presión social para reclamar el fin del Gobierno, sino para pedir medidas para el día a día de los ciudadanos. Por eso, como gran anuncio para finalizar el año, anticipó la puesta en funcionamiento de un abono de transporte para traslados por toda España.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha abierto "de oficio" un expediente informativo contra el senador Javier Izquierdo pese a que no dispone de denuncias internas sobre posible acoso sexual contra el también miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, que ha renunciado a todos sus cargos, según informa EFE.

En rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz, Torró ha explicado que en el PSOE no consta ninguna denuncia contra él y ha animado tanto a los miembros de la dirección como a todos los militantes a que aporten "datos" o "pruebas" que pudieran disponer sobre la conducta del senador, que, según fuentes parlamentarias, aún no ha formalizado su renuncia al escaño de la Cámara Alta.

Ha revelado la dirigente del PSOE que este jueves por la tarde recibió su "renuncia voluntaria" justificada por "motivos familiares y profesionales" y debido a que quería emprender un "nuevo camino profesional", circunscribiendo su decisión a este ámbito.

Después tuvo conocimiento de algunas informaciones periodísticas que apuntaban a un posible caso de acoso sexual que afectaría al secretario de Estudios y Programas del PSOE.

Sin embargo, y tras apuntar que el senador "podría haber sido más claro" al explicar su decisión, ha reiterado que ella no tiene constancia de que hayan llegado denuncias contra él.

Torró ha decidido abrir el expediente informativo para así "esclarecer" lo que podría haber sucedido, al tiempo que ha emplazado a quien tenga información al respecto a hacerla llegar a través de los canales internos de la formación.

El PSOE ha concluido el expediente abierto al exasesor de Moncloa Paco Salazar tras las denuncias de acoso sexual presentadas por dos militantes y ha confirmado que su conducta supone "una falta muy grave" prevista en los estatutos federales, contraria al Código ético y de conducta del partido, lo que impedirá su regreso automático como militante si lo solicita, según informa EFE.

En rueda de prensa, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha explicado que el contenido del informe es confidencial, pero ha garantizado que si las denunciantes quieren acudir a la justicia contarán con el apoyo político del partido, que les ofrece también asistencia psicológica si lo precisan.

En el caso de Antonio Hernández, que fue la mano derecha de Salazar en Moncloa, el partido ha decidido abrirle un expediente informativo como "posible conocedor" del comportamiento de su superior y por no haber actuado, con el fin de recabar información y esclarecer los presuntos hechos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado cualquier tipo de injerencia para cortocircuitar la investigación sobre los supuestos casos de acoso de su ex asesor Francisco Salazar y ha ofrecido toda "su ayuda" a las denunciantes, a la vez que ha reconocido y asumido en primera persona el "error" en los tiempos de gestión de los expedientes.

Sánchez se ha expresado en estos términos durante una conversación informal con los periodistas en el Congreso durante la tradicional recepción organizada con motivo del Día de la Constitución.

El presidente del Gobierno ha subrayado que no tiene ningún tipo de contacto con el que fuera el secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa y ha reiterado que se enteró de este caso a raíz de la noticia de eldiario.es. Ha reconocido que él mismo tiene "malestar", como todo el partido, por lo conocido.

Sobre la posibilidad de que el PSOE presente una denuncia ante la Fiscalía, el jefe del Ejecutivo ha mostrado todo su apoyo a las denunciantes pero ha recordado que la legislación indica que son ellas las que deben trasladar el caso a este organismo. Repitiendo este mensaje: "Todo el apoyo a las denunciantes que requieran".

Sánchez también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de dotar de más capacidad de recursos humanos en el partido para afrontar este tipo de situaciones, aunque ha reivindicado que el PSOE tiene establecido un protocolo para actuar ante estas situaciones.

El presidente ha asumido en primera persona el error de tiempos en la tramitación de la investigación, pero ha insistido en que el PSOE es una organización feminista y que se debe dejar trabajar a la comisión independiente que lleva las denuncias de las antiguas empleadas de Salazar.

El caso Salazar ha provocado una fuerte marejada dentro del PSOE con amplios sectores pidiendo ser mucho más contundentes e incluso acudir a la Fiscalía, como solicitó Adriana Lastra, actual delegada del Gobierno en Asturias. El partido no se puso en contactos con las denunciantes hasta esta misma semana cuando se conoció que incluso se habían caído del sistema informático las quejas de las mujeres desde que se abriera el expediente en el mes de julio.

Este domingo se vivió en Madrid una nueva movilización, y van ya siete, de la extrema derecha y la derecha extremada. Una vez más, se anunció el fin del mundo, se pidió la dimisión del presidente del Gobierno, se acusó a los socialistas de ser una mafia y Ayuso, en la hipérbole continua a que nos tiene acostumbrados, advirtió de que ETA está a punto de dar un golpe en Euskadi y Navarra. Sólo faltó el apocalipsis zombi. Sin embargo, mirado más de cerca, se puede observar que algo no cuadra en todo esto.

Un partido político que ha gobernado España y aspira a volver a hacerlo conoce perfectamente las formas de llegar a la Moncloa: conseguir una mayoría parlamentaria que apoye una investidura. Si esto es lo que ansía el Partido Popular para librar a España de las siete plagas que le amenazan invocadas por los pérfidos socialistas y sus aliados, hasta el punto de llamar por séptima vez a la ciudadanía a manifestarse, ¿por qué no ha puesto en marcha los mecanismos que le conduzcan a Moncloa? Si España se hunde bajo las garras de la mafia socialista, lo coherente sería que los patriotas nos salvaran de la debacle. Para ello sólo hace falta aunar los apoyos parlamentarios precisos. Sin embargo, ni con Junts ni con el PNV han tenido los populares una estrategia desde el pasado julio de 2023 destinada a reforzar las relaciones y conseguir un apoyo a una eventual moción de censura. Saben, por tanto, que no hay un cambio viable.

Se ha dicho insistentemente que la presencia de Vox en la ecuación haría inviable ese acuerdo con fuerzas nacionalistas vascas y catalanas, pero las matemáticas parlamentarias no son como las demás, y aunque difícil no sería imposible una moción de censura de carácter instrumental aupando a un candidato o candidata con una aceptación suficiente por parte de quienes tendrían que votarle, para a renglón seguido convocar elecciones. Sin embargo, no hemos visto ningún gesto, ninguna estrategia, ningún acercamiento por parte de los populares que señale en esta dirección. Más bien todo lo contrario.

En este contexto, las movilizaciones a las que acuden miles de seguidores de los populares se convierten en una demostración de impotencia. Un partido sistémico incapaz de articular una moción de censura llama a la movilización para parecer que hace algo, cuando en realidad no hace lo que tiene que hacer para configurar la alternativa que demanda. 

Presionando de forma cada vez más firme, VOX está siendo capaz de recoger el descontento de la derecha y algo más, sacar a votantes de la abstención y obtener el apoyo del 20% de los jóvenes. Sabedores de que su estrategia es ganadora, la ultraderecha ha hecho suya esa máxima de la iglesia católica que consiste en renunciar al poder para conseguir la influencia. Lo han hecho en Valencia, imponiendo sus postulados para la investidura del sustituto de Mazón en materias como la política ambiental y migratoria, lo harán en Extremadura y en todas y cada una de las elecciones en las que acaben siendo esenciales para que los populares gobiernen, es decir, en todas. El viento de los tiempos les es favorable, sólo necesitan no equivocarse y seguir recogiendo los réditos de un descontento creciente. Máxime cuando el Partido Popular, en una estrategia errática y confusa, favorece este trasvase de votos. ¿Qué tienen en común los votantes del PP que optan por Vox? Que están enfadados, ven en el futuro un sitio aterrador (muy interesante este estudio del CIS al respecto), les hierve la sangre cuando ven a Sánchez en televisión, sienten que el futuro es un horizonte apocalíptico y proyectan su rabia contra los socialistas. Justo lo que los populares alientan en cada movilización, con Isabel Díaz Ayuso marcando línea ideológica.

Mientras tanto, en el PP el nerviosismo crece. Ven a su contrario en horas bajas, muy bajas. A las izquierdas, desarticuladas y con pésimas expectativas electorales. Todas las encuestas les meten en Moncloa, y sin embargo… Sin embargo, algo falla. Y hay quien, o quienes, empiezan a pensar que quizá sea el candidato. O la estrategia. O la incapacidad de hacer frente a Vox parando la transferencia de voto que no cesa. O una mezcla de todo esto.

El caso es que los populares ven que tienen todo a favor, pero no saben cómo llegar a la Moncloa. Cada manifestación en la calle es una demostración de impotencia.

Una delegación de la Comisión de Venecia, uno de los organismos fiscalizadores del funcionamiento de las instituciones democráticas del Consejo de Europa, ha iniciado este lunes una visita a España para analizar las propuestas de reforma del sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial. En su encuentro con varios miembros del órgano de gobierno de los jueces y con las distintas asociaciones judiciales, la derecha judicial ha vuelto a expresar su discurso catastrófico: que el Gobierno de Pedro Sánchez está poniendo en peligro principios democráticos básicos como la separación de poderes o la independencia judicial. Para evitar ese peligro, han defendido su propuesta de que sean los propios jueces los que elijan a los 12 vocales del Consejo procedentes de la judicatura, y no el Parlamento, como viene ocurriendo desde hace 40 años.

La izquierda, que, como el Gobierno, apuesta por continuar con la elección parlamentaria de estos consejeros, ha asegurado que ese riesgo sistémico que denuncia la derecha, en realidad, no existe. El representante de Juezas y Jueces para la Democracia, el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Madrid Benjamín Sánchez Fernández, lo ha explicado con un ejemplo muy gráfico que ha generado sonrisas entre los presentes en el encuentro: el hecho de que se esté investigando a la esposa de todo un presidente del Gobierno, que se haya procesado a su hermano y se vaya a juzgar al máximo responsable de un órgano constitucional como la Fiscalía, demuestra que esa independencia de jueces y magistrados, contrariamente a lo que sostiene la judicatura más conservadora, está blindada. Dicho de otro modo, si el Ejecutivo, a través de su líder, pretende aprovechar su poder para intervenir en casos concretos, debe estar haciéndolo fatal.

El juez Juan Carlos Peinado, el instructor del caso Begoña Gómez, se ha desplazado ya en dos ocasiones a Moncloa para tomar declaración, primero a Pedro Sánchez (pese a saber que la ley exime a cualquier persona de declarar contra un familiar), y después al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Sobre este último, el instructor recibió un duro varapalo del Supremo después de que intentara, sin un solo indicio, que el Alto Tribunal le abriera un proceso por falso testimonio y malversación de caudales públicos. Durante su instrucción, en varias ocasiones ha tomado declaración a testigos (con obligación de decir la verdad) a los que semanas después ha vuelto a citar como imputados (conculcando el derecho de cualquier investigado a no declarar contra sí mismo). Recientemente ha exigido a Presidencia todos los correos electrónicos de la esposa del presidente del Gobierno desde su llegada al cargo en 2018, algo que ha ordenado sin ninguna motivación pese a afectar a un derecho fundamental como el secreto de las comunicaciones.

Se trata de actuaciones muy heterodoxas a ojos de cualquier penalista. Algunos, incluso, las consideran irregularidades que podrían traer consecuencias. Pero, pese a los intentos de la defensa de la esposa del presidente y de la Fiscalía para que la Audiencia de Madrid diera carpetazo al caso, sus magistrados han decidido avalarla y mantenerla viva. Peinado, incluso ha desobedecido órdenes de ese tribunal provincial –cuyo criterio está obligado a acatar– sin ninguna consecuencia. Tampoco las ha tenido la querella por prevaricación presentada por el propio presidente o las quejas disciplinarias que se han presentado contra él. El jefe del Ejecutivo puede decir, en referencia a Peinado –o a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma que ha procesado a su hermano en contra del criterio del Ministerio Público– que "hay jueces en España que hacen política". Pero sus palabras de censura no van a afectar a ninguna de esas causas, que tocan a su entorno más íntimo.

El entramado de mecanismos de control que garantizan que un juez pueda ejercer sin interferencias su función también ampara a Ángel Hurtado, el instructor del Supremo que investiga al fiscal general del Estado. Hurtado ha conseguido sentar en el banquillo a una de las máximas instancias judiciales españolas, el máximo responsable de un órgano constitucional como la Fiscalía, pese a no haber conseguido acumular una sola prueba contra él. Lo ha hecho, además, obviando todo testimonio que pudiera favorecerle y denegando diligencias que el jefe del Ministerio Público consideraba esenciales para su defensa. Y no es que lo diga alguien del Ejecutivo o del Legislativo, es que es su propio compañero de Sala, Andrés Palomo, el que lo ha recogido en un voto particular. Ni eso, ni el hecho de que, en una causa que en teoría busca defender la intimidad del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (autor confeso de dos delitos fiscales) el instructor haya provocado la difusión de las comunicaciones del fiscal general de varios años en los medios, ha logrado que Hurtado haya sido mínimamente inquietado en su investigación.

Más allá del caso Begoña Gómez o el del fiscal general, el Supremo investiga actualmente a dos ex secretarios de Organización del PSOE por un escándalo de mordidas relacionadas con contratos de obra pública. Uno de ellos, José Luis Ábalos, fue, además, ministro de Transportes, uno de los departamentos que más fondos públicos pone cada martes en la mesa del Consejo de Ministros. Tanto Ábalos, como su sucesor y también encausado Santos Cerdán han sido (hasta su caída) personas de la máxima confianza del presidente del Gobierno. Sus escándalos, en este caso, se investigan con el apoyo de la Fiscalía. El caso afecta gravemente al Ejecutivo y al principal partido que lo sustenta, pero explica muy bien el grado de independencia del que gozan nuestros órganos judiciales.

Que la independencia judicial en España está a un altísimo nivel lo demuestran otros muchos casos. El caso Gürtel, que causó por primera vez en democracia la caída de un Gobierno (el de Mariano Rajoy), sobrevivió, durante 10 años, a dos presidentes del Gobierno y tres legislaturas. En el caso Nóos se juzgó a la infanta Cristina, hija de Juan Carlos I y hermana del actual rey, Felipe VI, junto a su esposo, Iñaki Urdangarin, que fue condenado a penas de prisión. La independencia de los jueces españoles no solo actúa frente al resto de poderes del Estado, también frente a las grandes empresas y los bancos. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, España ha investigado, juzgado y, en ocasiones, condenado a parte de la élite financiera por los excesos de los bancos. Un exvicepresidente económico del Gobierno, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional y expresidente de Bankia como Rodrigo Rato, se sentó en el banquillo y fue a prisión.

La lucha antiterrorista, un terreno especialmente sensible mientras ETA estuvo activa, tampoco ha escapado del control del Poder Judicial. La Justicia española ha procesado y sentenciado a uno de los ministros del Interior de Felipe González (PSOE) implicado en la guerra sucia contra la organización terrorista –José Barrionuevo– y a su número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera tras demostrar que era su departamento el que estaba detrás de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). En todos esos casos hubo grandes presiones, como en todas las causas con protagonistas poderosos. Pero los controles y contrapesos del sistema judicial español funcionaron y la justicia siguió su curso, algo que a día de hoy, en contra del discurso apocalíptico de la derecha judicial, sigue ocurriendo.

Desde que se celebró el congreso del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo trata de presentarse ante la opinión pública como el próximo inquilino de La Moncloa. Aunque no hay garantías de que eso vaya a ocurrir —más allá de las tendencias que marcan las encuestas— porque no hay convocadas elecciones y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue marcando el año 2027 como horizonte electoral, el líder del PP ya está adelantando pantallas.

Tras el cónclave del PP aseguró que su "compromiso" era gobernar en solitario, es decir, sin Vox dentro del Ejecutivo. Y ahora ha dado la orden a su núcleo duro de preparar la "abolición" de las "leyes sanchistas" si llega al cargo. Normas como la ley de memoria democrática, la de vivienda, la ley trans, la de amnistía o la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ‘ley mordaza’, que sin embargo aún no se ha aprobado en la Cámara Baja.

El líder del PP también se compromete a revertir el acuerdo sobre financiación refrendado entre el Gobierno y la Generalitat para Cataluña hace escasas semanas en caso de que llegue a materializarse. Una posibilidad ahora en el aire no solo por la oposición de la derecha española sino también de la independentista. El programa derogatorio del PP incluye incluso cambiar el Código Penal para reforzar el delito de sedición, de manera que no haya dudas a la hora de aplicarlo a comportamientos como el protagonizado por los independentistas durante el procés. Y volver a igualar todas las penas de corrupción: las que supongan enriquecimiento personal y las que no.

Así lo anunció la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, la pasada semana en una rueda de prensa, en la que aseguró que Feijóo derogará "todas las leyes" puestas en marcha por el Ejecutivo de Sánchez que "rompen con la igualdad de los españoles" durante sus cien primeros días de gobierno. Sin embargo, ni Fúnez ni el PP mencionaron algunas de las normas que Feijóo aseguró que iba a derogar tras llegar a la presidencia del partido en el año 2022 como la ley del aborto, la de eutanasia o la de educación.

Vox comparte el objetivo de Feijóo de borrar todas las normas que han salido del Congreso desde que Sánchez gobierna, incluidas las tres citadas anteriormente. Las considera "ideológicas" su eliminación es, para los de Santiago Abascal, un compromiso irrenunciable. El PP, por el momento, evita detallar cuáles reformará, un matiz importante porque puede condicionar los acuerdos con la extrema derecha en el futuro.

El resultado de la ley de vivienda, que el Ejecutivo de Sánchez aprobó la legislatura pasada, ha provocado la huida de los propietarios, la pérdida de rentabilidad en la gestión de sus inmuebles y, por lo tanto, la reducción de oferta del alquiler, lo que ha encarecido los precios según la lógica del PP. Argumentos que no se sostienen ya que ninguna autonomía, a excepción de Cataluña, ha aplicado esta norma. Precisamente en la autonomía liderada por el socialista Salvador Illa un estudio concluyó que los controles del alquiler bajaron precios y no se redujo la oferta. Pero tal y como está diseñada la norma, las comunidades autónomas son las encargadas de declarar las zonas de precios tensionados, es decir, el instrumento que permite aplicar la regulación de precios, y ninguna de las gobernadas por el Partido Popular lo ha hecho ni tiene previsto hacerlo.

Tras las elecciones autonómicas, la memoria se convirtió en pieza de caza mayor de la llamada guerra cultural. Y tanto Vox como el PP pusieron en marcha el desmontaje de toda la normativa autonómica de protección a las víctimas del franquismo. Una ofensiva reaccionaria que, acabó por dibujar una doble realidad en los territorios controlados por el PP. Así, mientras que en comunidades como Andalucía, Extremadura o Castilla y León las leyes de memoria sobreviven, en otras como Aragón, Baleares, Comunitat Valenciana o Cantabria han sido eliminadas o sustituidas por normas que llegan a equiparar la dictadura franquista con el periodo democrático de la Segunda República.

Desde que se aprobó la ley de amnistía y después de las manifestaciones convocadas en contra de la norma, el PP se comprometió a eliminar la norma de olvido jurídico si llega a la Moncloa. Una derogación que, sin embargo, no sería más que un brindis al sol con mucho simbolismo pero nulos efectos prácticos. Algo de lo que son conscientes en las filas conservadoras tal y como admitió recientemente su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz. "La ley de amnistía es de facto inderogable pues en la jurisdicción penal opera el principio de irretroactividad de las leyes desfavorables al reo", explicitaba en su cuenta de X. Será imposible revertirla, aunque se derogue en un futuro. A esto se le suma que el Tribunal Constitucional ha avalado recientemente la norma, una decisión que sin embargo no ha impedido al PP seguir calificando la iniciativa de "ilegal".

Feijóo también se comprometió a "regular los derechos del colectivo trans", tras llegar al cargo de presidente del PP, pero no a través de la actual ley. Entre los argumentos de repudia, aseguró que "es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad o que sacarse el carnet de conducir", sencillamente yendo "al Registro a plantearlo, decir que a partir de mañana soy una señora o un señor". También cargó contra los tratamientos hormonales y las operaciones quirúrgicas en menores, a pesar de que la norma estatal nada dice al respecto, salvo para eliminar la obligación de pasar por dos años de hormonación como requisito para acceder al cambio registral. Los conservadores la recurrieron ante el Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado, una estrategia que el PP también empleó en el pasado con normas como la del matrimonio igualitario, hace casi dos décadas, que después el Ejecutivo de Mariano Rajoy no derogó.

Impulsada en medio de un clima de efervescencia social por el Gobierno de Mariano Rajoy, la derogación de la ley mordaza –o, al menos, de sus aspectos más dañinos– es una de las grandes promesas no culminadas de la izquierda. De hecho, la norma lleva más tiempo en vigor con la mayoría parlamentaria que aspira a limitarla que con aquella que hace ya una década la impulsó. Las diferencias respecto al alcance de las modificaciones han frustrado hasta el momento todos los intentos por rebajar el carácter lesivo de la ley. El último, el pasado año, cuando la falta de consenso en cuatro puntos hizo fracasar una reforma que ya estaba muy avanzada. Actualmente se está negociando entre el grupo parlamentario del PSOE y sus socios. De momento, no hay un texto concreto ni plazo para presentarla pese a que PSOE y Bildu alcanzaron un acuerdo en octubre del pasado año en torno a los aspectos que la hicieron descarrilar la pasada legislatura. Si esa reforma finalmente se aprueba esta legislatura, el PP asegura que la derogará.

He aquí, en el título, una exclamación inverosímil, al menos hoy. Tras sus desaforadas intervenciones el miércoles en el Congreso, Feijóo está más lejos de La Moncloa que anteayer.

La mayoría parlamentaria no quiere que Sánchez deje de gobernar. Algunos grupos (Podemos, Junts, Coalición Canaria) se muestran más exigentes con la penitencia que han de iniciar los socialistas. Otros algo menos (ERC, Sumar, Bildu). Pero ninguno –excluidos, claro, PP y Vox– desea que Feijóo gobierne, ni sumándose a una moción de censura, ni provocando unas elecciones anticipadas. 

¿Por qué? En primer lugar, porque el PP traslada una narrativa falaz sobre España, que en nada se corresponde con el país que disfrutamos. Crecimiento económico nítido, paz social, mayor cohesión territorial, índices de desarrollo humano que hacen de España uno de los mejores países del mundo, políticas progresistas del gusto de la mayoría… El Estado casi fallido, en vías de convertirse en una dictadura bolivariana, gobernado por una mafia corrupta, putera y cocainómana, es una descripción que solo encuentra terreno fértil en la extrema derecha.

 Si la economía fuera mal, si hubiera malestar en las empresas o bronca en las calles, si la delincuencia aumentara gravemente, si a Cataluña o a Euskadi o a Galicia, o a cualquiera otra comunidad autónoma, se la maltratara… En otras palabras, si el contexto económico fuera negativo y el país no estuviera bien gestionado, la precaria mayoría parlamentaria con que cuentan el PSOE y Sumar caería sin duda.

En segundo lugar, Feijóo no gobierna porque su estrategia incendiaria asusta a buena parte del país. El encumbramiento de los hooligans Miguel Tellado y Esther Muñoz, las complicidades con Vox, las exageraciones diarias, contradicen al Feijóo supuestamente moderado que llegó a Madrid después de que Díaz Ayuso defenestrara a Pablo Casado. El presidente del PP no fue moderado nunca, en realidad, como recuerdan los reporteros que siguieron su actividad en Galicia. Llegó a la Xunta usando como mensaje de campaña el bulo del Audi de Touriño, y solo el caciquismo dominante en la región y la ausencia de una oposición contundente le permitieron exhibir su faz más amable y moderada.

Desde que preside el PP, Feijóo no ha mostrado ningún síntoma de moderación. Al contrario: azuzado por su competencia externa –Vox– e interna –Ayuso–, ha disparatado mucho más que sus antecesores cuando estaban en la oposición. Aznar fue duro con Felipe y Rajoy con Zapatero; el PP nacional no conoce ni se aplicó nunca en una oposición moderada, pero lo de Feijóo ha excedido todas las precauciones. A la más alta cota del disparate (por ahora) ha llegado Feijóo esta semana acusando a Sánchez de vivir de la prostitución, ni más ni menos, a cuenta de viejos negocios del suegro fallecido del presidente.

No, Feijóo no está preparado para ser presidente del Gobierno. No lo digo yo, sino la mayoría del Congreso, sede de la soberanía nacional. No lo está porque genera gran desconfianza en las fuerzas políticas con las que eventualmente tendría que negociar y articular sus decisiones como presidente. No está preparado para gobernar porque ha perdido toda posibilidad de interlocución leal con el presidente del Gobierno, una capacidad que debería haber protegido como si fuera oro. Feijóo no puede gobernar si no es capaz de seducir ni convencer a ningún grupo parlamentario que no se la extrema derecha racista, miedosa, ultracatólica y mentirosa.

Y como resulta que la única opción realista que tenemos ahora es un gobierno de Feijóo o un gobierno de Sánchez, Feijóo ha perdido el miércoles una oportunidad más para proponerse al país como un buen gobernante. Nervioso, sobreexcitado, exagerado, excéntrico, el líder de la oposición fue el gran perdedor en el debate parlamentario. Si bien es cierto que en este minuto, según las encuestas, podría gobernar de sobra con el apoyo de la ultraderecha, los sondeos también constatan un estancamiento en sus apoyos electorales, que se marchan hacia Vox. Mucho se habla de la corta esperanza de vida política del presidente del Gobierno, cuyo fin inmediato se vaticina desde que empezó a gobernar hace siete años. Pero conviene recordar que Sánchez en este tiempo ha visto desfilar delante de él los ataúdes de Mariano Rajoy, de Albert Rivera y de Pablo Casado. No tengo tan claro que Feijóo, en fin, esté mucho más fuerte que Sánchez, por mucho jaleo impostado que monten los diputados del PP en sus escaños. De momento, lo más probable es que nos vayamos de vacaciones, contradiciendo a los agoreros que ya profetizaban que a septiembre el presidente no llegaba.

Feijóo vuelve a dar por hecho que La Moncloa está al alcance de la mano, que la próxima vez sí que sí. Y para que nada se escape a su control ha puesto al frente del partido como secretario general a Miguel Tellado y de portavoz en el Congreso a Ester Muñoz. Ninguno de los dos es un pata negra del partido. Pero a lo largo de la legislatura han demostrado ser dos leales ejecutores, tal y como les define alguno de sus propios compañeros. 

“No tienen clase, eso salta a la vista, pero Feijóo necesita controlar totalmente el partido, evitar que se le critique, perseguir los contactos off the record de diputados y senadores con los medios y lograr que se cuadren, tanto en los territorios como en las Cámaras. Tellado y Ester Muñoz son dos perros de presa, fieles a quien les ha dado la oportunidad de destacar y hacerse famosos”, apunta un diputado popular de los que no siguen las normas a rajatabla.   

Otros, en cambio, consideran que “Tellado ha sido un portavoz eficaz y de equipo” y aunque tendrá que ejercer su nuevo cargo con firmeza, “es más sibilino y hábil” de lo que fue Teodoro García Egea, que logró ganarse la antipatía de los territorios en bloque. En el PP no pueden volver a permitirse el ridículo de perder otras elecciones, estando tan tocado Pedro Sánchez. Sería entregarle la derecha en bandeja a Vox. Hay que cohesionar el partido para alcanzar el objetivo. 

Así que han calculado que necesitan una portavoz bronca y entusiasta como Ester Muñoz, convencida de que todo vale con tal de despejar el camino de Feijóo y frenar el avance de la ultraderecha. ¿Cómo? Pasándose de frenada. “Es contundente”, dicen como un coro sus compañeros. Por contundencia entienden acusar a Teresa Ribera de la catástrofe de la dana en Valencia, trasladando la responsabilidad de Mazón al Gobierno central sin despeinarse o repartir insultos a diestro y siniestro. El problema es que usa el mismo tono para lo importante y lo intrascendente, lo mismo que su mentor, un Tellado que ve en ella a una alumna aventajada y agradecida.  

Su capacidad para construir una realidad paralela y no salirse del guion recuerda a la escuela Ayuso. Le deben de gustar las cañas tanto como a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por algo el PP ha distribuido una imagen suya para anunciar su nuevo cargo con una cerveza delante mientras Tellado opta por un agua con limón. Como tiene 40 años pensarán que así conecta más con generaciones a las que les gusta salir de bares. En la adoración de los madrileños a Ayuso ha sido clave su querencia por las barras. A ver si logran atraer a los votantes jóvenes de Vox. A base de un estilo lenguaraz y muy agresivo buscan convertirse en una alternativa igual de lacerante pero más confiable que el partido de Abascal. 

“Ester no puede perder el pulso, tiene que ser un azote para derribar al Gobierno” explica un alto cargo del partido en la Cámara Baja. Corruptos y puteros son los dos adjetivos que más ha repetido desde su escaño en los últimos tiempos. Da igual de lo que se hable, porque para Muñoz solo existe el monotema: convertir a Sánchez en la viva imagen de la política más sórdida. Da igual que quiera afear a la ministra de Sanidad que haya invertido en una carroza para el Orgullo, todo acaba en corrupción. 

Entre las cabezas pensantes del PP consideran, en cambio, que más que contribuir al populismo y al griterío indiscriminado, hay que ofrecer una imagen sólida y diferenciarse de Vox en lugar de emularlo. Todavía sigue viva la máxima de que para conquistar La Moncloa hay que apelar al centro. Ahí es donde falla el tándem designado para allanar el camino. Tienen los pies de barro. Tanto Tellado como Muñoz no manejan el estilo o los valores con los que se identificaba al PP. Sin eso, nada les distingue de Vox. Siguen sin entenderlo, dicen los clásicos. La lectura de las encuestas de los últimos días beneficia a los ultras. Es decir, a mismo nivel de decibelios, mejor el original que la copia.

La película conserva su lozanía pasados más de setenta años desde su estreno: el padre Logan, un Monty Clift lleno de debilidades solo aparentes, escucha en confesión a su sacristán, que le revela haber cometido un asesinato, al tiempo que un policía, interpretado por Karl Malden, va uniendo falsos cabos para imputar al propio padre Logan la autoría del crimen. El padre no puede revelar quién es el autor, por el deber de secreto que le impone el sacramento, lo que no hace sino aumentar las sospechas sobre él. Finalmente, acorralado en la sala de baile del Château Frontenac, el sacristán reconoce a gritos ser el autor del delito; mientras confiesa, Hitchcock deja que las miradas silenciosas de quienes lo escuchan recompongan las trizas de la película. De ese momento de revelación me quedo con la mirada de Malden sobre el padre Millars, compañero de Logan. Es mínima, no dura ni un segundo, pero ahí está toda la película: una mirada arrebatada y atónita, de pura epifanía, un momento inefable que trasciende la pantalla, un relámpago que cierra el abismo bajo los pies del falso culpable.

Para trasladar este mensaje de vértigo y reparación, la mirada de Malden nos alcanza limpia, de una honestidad apabullante: el policía llevaba toda la película urdiendo indicios contra Logan, pero ante la confesión del sacristán asume con su gesto asombrado el error de su tesis y la inocencia del padre. Esa brevísima mirada enardecida basta para redimir al policía, a quien ya no veremos como el malo de la película; al final resultó ser un hombre bueno que se equivocó y se dio cuenta.

Recordaba la escena final de Yo confieso leyendo las noticias sobre la imputación del Fiscal General por la filtración del correo del letrado de Amador, y se me hacía inevitable imaginar que, si en lugar de Karl Malden hubiese estado en su papel Ángel Luis Hurtado, el magistrado responsable de esta desdichada instrucción, habría despachado la escena con una mirada de indiferencia y el padre Logan hubiera terminado colgado de una horca. ¿Qué está pasando en este procedimiento?

Vaya por delante que, en mi opinión, la divulgación de aquel correo es lícita, porque forma parte de unos contactos divulgados (parcialmente y con mentiras) por Amador o alguien en su nombre. Quien descubre parte de una conversación no tiene derecho a exigir que el resto quede en secreto; esto parece lógico. Si alguien revela haber hablado conmigo y miente sobre lo tratado, diciendo por ejemplo ‘Carlos me ha escrito para proponerme un delito’, yo entrego las conversaciones a la prensa. Y si el mentiroso me replicara, en el colmo del cinismo, diciéndome ‘¡miserable!, la conversación era secreta’, le contestaría que se lo hiciera mirar. Cuando una de las partes quiebra un pacto de secreto, ya no existe. Sería propio de una pesadilla de Kafka o de Philip K. Dick que al perjudicado por esta quiebra de la reserva (en este caso, una fiscalía a la que se le imputa un acto irregular: haber retirado una propuesta de pacto por motivos políticos) se le prohíba defenderse exponiendo la verdad de lo sucedido.

Dejando aparte esto, y centrándonos en el procedimiento, dos cosas parecen claras: que no hay indicios de que el Fiscal General haya filtrado el correo y que el asunto llegará a juicio. No ha bastado que varios periodistas hayan declarado bajo juramento que tenían la comunicación del abogado antes de que le llegara al Fiscal General. ¡Ay, los periodistas! Entiendo su desasosiego con el asunto, confrontados ante un dilema moral semejante al que atormentaba al padre Logan: saben quién les entregó el correo, pero no pueden decirlo. Si lo confiesan, salvan a un inocente; si no lo confiesan, salvan sus principios y sus fuentes. ¿En qué plato de la balanza depositarán su integridad? Ahí tienen el guion de otra película.

De todas formas, aquí el debate es bizantino porque, aunque infringieran su deber de reserva y acudieran al magistrado para confesarle que el correo se lo dio, qué sé yo, algún fiscal comprimario, Lastra o Villafañe, un pasante del despacho del abogado, un amigo de Amador o el propio Miguel Ángel Rodríguez, no serviría de nada porque Ángel Luis Hurtado ya ha ido demasiado lejos.

En efecto, la experiencia nos enseña que una decisión exagerada o desmedida tomada durante una investigación penal cambia el objeto del proceso, que a partir de entonces no se dirigirá a descubrir el delito sino más bien a justificar la decisión adoptada. El juez se convierte así en el objeto de su propia causa, lo que hace difícil una decisión sosegada y objetiva sobre lo investigado. Cuando alguien registra el despacho del Fiscal General del Estado es complicado después tener la honestidad y mirada clara de Malden para reconocer el error y no porfiar en una tesis fracasada.

Es cierto que el Fiscal General había borrado su cuenta de Gmail; puedo imaginar media docena de motivos para hacerlo; entre otros, la paradójica evidencia de que en este país se filtra todo, y se filtra impunemente, por lo que el Fiscal habría querido preservar datos sensibles del conocimiento de terceros. Sin pruebas, nada se puede tener por probado, pero he aquí que, siguiendo el razonamiento de una instrucción canónicamente inquisitiva, vista tantas veces en la literatura jurídica medieval, la falta de pruebas es la prueba, porque si no hay pruebas ello demuestra que el interesado las ha destruido, y si las ha destruido es porque es culpable.

En cualquier caso, sabemos que el Sr. Hurtado no encontró pruebas y que por esa razón las pidió al extranjero. Del extranjero no le vino nada, pero ha seguido adelante como si tal cosa. Lo desolador del escenario es precisamente eso: la sensación de bloqueo en el que se encuentra el proceso penal, del que cualquier observador derivará la convicción de que no existe nada, ninguna hipotética prueba que, caso de aparecer, llevase al Sr. Hurtado a dirigir aquella mirada desazonada sobre el Fiscal General y pedirle disculpas: la inocencia del inculpado demostraría la derrapada del juez al revolver los cajones de la más alta magistratura fiscal del país. No reconocerá lo primero para no asumir lo segundo. Y si no le puede acusar de haber filtrado el correo a la prensa, le acusará de haberlo filtrado a la Moncloa; y si no, pues de la redacción de la nota de prensa. Es indiferente.

No estoy diciendo, por supuesto, que el Sr. Hurtado sea un prevaricador. En mi opinión, es algo peor: es un mal juez, cuya incapacidad de confrontar la realidad ya quedó patente en el juicio de la Gürtel, donde propuso llevar a sentencia que la trama actuaba “a espaldas del PP” (y, por tanto, de ‘M. Rajoy’). Sus compañeros de sala le quitaron la ponencia, pero el PP le ascendió al Supremo. Me cuesta creer que su ascenso fuera el premio a su sesgo exculpatorio en aquel asunto pero, francamente, no veo ningún motivo alternativo. Ahora que se habla tanto de la independencia judicial, ¿no había nadie en toda la judicatura y cátedra penal española, a juicio del PP, con más méritos que el Sr. Hurtado para llegar a la Sala Segunda? Y digo que es peor ser mal juez porque ante un prevaricador el sistema judicial tiene armas para defenderse, pero frente a un Tribunal Supremo con magistrados mediocres, no hay defensa posible.

Por si fuera poco, en fechas recientes los medios han trasladado dos datos elocuentes que confirmarían la inocencia del Fiscal General y que, valorados por cualquier instructor sensato, hubieran bastado para mandar este proceso a la basura.

Para explicar el primero, podríamos pedir que el día del juicio se desplegaran en la sala de vistas dos pantallas, a poder ser gigantescas, una a la izquierda del tribunal y otra a la derecha. En la primera insertaría la imagen del famoso correo que el abogado de Amador dirigió a la fiscalía, reconociendo que su cliente “ciertamente” había cometido unos delitos contra la Hacienda Pública. En la segunda pediría que se plasmara la imagen del documento filtrado a la prensa, el mismo que Juan Lobato blandió contra la Presidenta Ayuso, como el capitán que enarbola la bandera del navío que se hunde. Dos pantallas, en una el correo remitido, en otra el documento filtrado. El Sr. Hurtado tiene una tesis, en realidad un juicio previo, respecto a lo que sucede entre ambas pantallas: el abogado se lo envía a la fiscalía, la fiscalía se lo envía al Fiscal General, el Fiscal General a la prensa y a la Moncloa, y ésta a Juan Lobato; ahí tenemos el hilo del relato, la trazabilidad de la mercancía, la cadena de custodia del cuerpo del delito.

Pero bastarán unos segundos contemplando las pantallas para advertir un detalle sorprendente: los documentos son distintos. En uno vemos el correo que el abogado envía a la fiscalía y en el otro la carta que los periodistas publican; por un lado, un correo, por el otro, una carta. Es cierto que el contenido es el mismo, pero el resto es diferente: los párrafos, el tipo de letra, el interlineado son distintos... ¿Qué ha pasado? El hilo del relato se rompe: parece que lo filtrado no coincide con lo que se envió a la fiscalía. Y, desde luego, nadie ha tenido la osadía de sostener que el Fiscal General elaboró él mismo la carta filtrada, cambiando el formato, letra y párrafos de un correo anterior para convertirlo en otra cosa.

La tesis más plausible en este enredo apunta a que el abogado envió un correo y, además, elaboró una carta. La confusión al respecto es notable; no sabemos exactamente lo que ha pasado, pero empezamos a vislumbrar que hay cosas que no nos han contado. Y aquí es donde viene el segundo dato en el que me quería detener: según noticias de prensa, el abogado de Amador reconoció ante el instructor que aparte de enviarle el correo a la fiscalía se lo envió también a más gente; al menos, a un abogado del Estado cuyo nombre no ha trascendido. Esto es un dato gravísimo que, sin embargo, no parece haber provocado en el Sr. Hurtado ni ese ligero enarcar de cejas que Spock reservaba para las revelaciones más insospechadas. En su querella, Amador escondió este hecho para ofrecer a la justicia el mensaje que le interesaba: había enviado a la fiscalía un correo que apareció filtrado a la prensa, ergo el culpable es la fiscalía, ocultando que se lo había enviado a más destinatarios, que pudieron haberlo filtrado por su cuenta. Recomendaría la lectura de un imprescindible artículo de Grijelmo en EL PAÍS, Después de las siete, donde, glosando a autores clásicos de la pragmática, concluye que “expresar un dato cierto pero insuficiente es un conocido truco para mentir”. Bajo estas premisas, apuntar como autor de una filtración al destinatario de un correo ocultando que no fue el único destinatario es sencillamente faltar a la verdad. El acusado puede hacerlo, pero el querellante no. Podemos imaginar muchos motivos para borrar un correo; pero solo hay un motivo posible por el cual alguien mentiría en una querella. Quien escamotea al juez la verdad, demuestra que la verdad le molesta; por eso, quien miente en una querella acusa siempre a un inocente.

_____________________________

Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

Yo también soy un poco María Chivite. La tristeza y la decepción que me produce todo lo que estamos conociendo me lleva a la paralización. Y no hay peor enemigo para un progresista que el inmovilismo, que impide la búsqueda de ese futuro más justo para y entre todos.

Todas la noticias que estamos conociendo, los informes de la UCO, el caldo de cultivo que se está generando alrededor de todo ello, atacan directamente al corazón del PSOE. No tanto es que se ataque a la dirección del partido, o al Gobierno, sino a mi corazón, y al de tantos y tantos militantes tan perplejos como yo.

Somos nosotros, a los que no conoces, los que nos partimos la cara (a veces literalmente) en los corrillos de vecinos, en los bares, en las tiendas, por un proyecto de país, y por las personas que hemos decidido que lo lleven a término.

Somos nosotros los que nos revolvemos a los imitadores de la presidenta madrileña que pululan por nuestras calles y defendemos tu honor y el de tu familia, sabedores de las instrucciones judiciales, alguna de ellas rayando en el esperpento.

Somos nosotros los que intentamos hacer llegar los progresos sociales que el Gobierno está llevando a cabo a cada persona con la que hablamos a diario.

Y todo ello, te lo puedo asegurar, lo hacemos más por convicción que por obligación.

La tristeza y la decepción nos invaden cuando nos topamos con la realidad de las noticias. Y no con las que se pueden leer en algunos medios con intereses directos y concretos, cuya primera meta (y diría que casi única) es desbancar al gobierno de coalición de La Moncloa. Sé que les da igual el nombre de quién encabece ese gobierno: lo que no pueden tolerar es que ese gobierno sea de izquierdas.

Necesitamos, por una vez, que nos alientes, que nos des armas para seguir en nuestra lucha dialéctica, que nos des argumentos que prevalezcan sobre los eslóganes. Hasta ahora, no encontramos ni unos ni otras: el pedir perdón es condición necesaria, sí, pero no suficiente.

Precisamos argumentos sólidos con los que poder afirmar que esto no va a volver a suceder (ya me horroriza y avergüenza a partes iguales lo acontecido): no me he pasado media vida enarbolando nuestra bandera, pese a las condiciones vitales adversas por las que he pasado, para que me identifiquen con esas personas de las que te rodeaste o te rodearon.

No bastan cinco respuestas a otras tantas preguntas.

Mi confianza en ti, aunque mermada, me hace seguir en el empeño. No hago caso a los discursos de antiguos compañeros a los que no reconozco en sus declaraciones actuales; ni tampoco a los que quieren exportar su visión de país desde la esquina o el casi-centro de España. Sigo pensando en que estoy en el lado correcto del partido.

Dame argumentos, da argumentos a la militancia que te aupó a la Secretaría General frente al aparato para poder sentir con orgullo la pertenencia a esta organización. No caigas en el error de separarte de nosotros. Si percibimos que solo eres un nuevo y bunkerizado aparato, con todo lo que eso significa, es más que probable que nos rebelemos contra él, igual que hicimos hace unos años.

____________________

Javier C. Fernández Niño es socio de infoLibre.

Casi al mismo tiempo que conocíamos el auto del juez del Supremo ofreciendo a Santos Cerdán ir a declarar de forma voluntaria el 25 de junio, en los monitores que tenemos en la redacción con todas las señales entraba una enorme bola de humo negro: era la que había dejado el avión que se había estrellado minutos antes en la India. Y todo parecía una especie de metáfora de lo que estábamos viviendo.

El informe de la UCO recoge transcripciones de audios de Santos Cerdán que, para el juez, demuestran “consistentes indicios” de organización criminal y cohecho contra él y dejan al PSOE y al Gobierno en una situación más que complicada. Santos Cerdán ha sido el secretario de organización, el hombre en el que ha confiado Pedro Sánchez para lograr acuerdos importantes de esta legislatura, con Junts; se fue a Suiza a ver a Puigdemont... Un hombre del partido que ha sido mucho y todo en demasiadas ocasiones.

Y el silencio de Moncloa, especialmente el de Pedro Sánchez, era como esa enorme columna de humo que salía de ese avión estrellado a miles de kilómetros de la Moncloa y del Congreso y que se reproducía este jueves en los monitores de todas las redacciones mientras seguían publicándose extractos del informe de la UCO que lo cambia todo.

Era evidente la incomodidad de los socios de investidura con todo lo que se iba conociendo. Algunos, como Ione Belarra, iban más lejos y hablaban de que esto no era el caso Koldo, sino que había pasado a ser "el caso PSOE" y que todo esto cambiaría el rumbo de la legislatura.

La bola de humo y fuego iba creciendo en la sede de Ferraz conforme se conocían los detalles de ese informe de la UCO. Una conversación, de 2014, entre Koldo y Santos Cerdán, en plenas primarias del PSOE, en la que Cerdán le pide a Koldo que meta dos papeletas sin que le vea nadie. Minutos después, Koldo le contesta: “Ya está”. Una conversación que deja a Sánchez al borde del abismo.

Si las primarias fueron amañadas, aunque sea por dos papeletas, todo se cae.

Durante toda la mañana y buena parte de la tarde, las casi 500 páginas de ese informe iban dando detalles que eran un goteo de amaños, mordidas, silencios, adjudicaciones a dedo…

Las salidas para que la legislatura no termine ahora son pocas. Desde luego, el silencio no es la opción. A esta hora, cuatro de la tarde, cuando estoy cerrando esta columna, en Ferraz nadie había hablado aún. Nadie.

La dimisión de Cerdán como secretario de organización y su renuncia al acta de diputado despeja el camino de forma muy leve, como quien barre en un día de tormenta las hojas de los árboles. Caerán más en cuanto te des la vuelta. Y me temo que esta tormenta no ha terminado. 

El titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, da un nuevo paso en la causa que ha terminado por colocarle en el foco mediático. El instructor del caso, que persigue desde hace un año a la mujer del presidente, este jueves ha decidido citar a declarar como investigado por un delito de malversación de caudales públicos al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en relación con la contratación de María Cristina Álvarez como asesora en Moncloa de Begoña Gómez, una de las mil derivadas de las que se compone una causa que todavía hoy sigue sin estar atada. Al fin y al cabo, el investigado formaba parte en el momento de los hechos de la Secretaría General de Presidencia y era "superior jerárquico" de la asesora.

En una comparecencia de prensa este martes, Martín aseguró que tiene la conciencia "muy tranquila", confió en que todo quedará "en nada" y avanzó que declarará ante el magistrado para poder aclarar "cualquier atisbo de duda" que pudiera haber respecto a su supuesta vinculación con la causa. "Quiero mostrar mi total voluntad de colaborar con la justicia. Confío plenamente en el sistema judicial y en las instituciones de este país. Somos un estado social y de derecho y estoy convencido de que todo este ruido terminará en nada", afirmó el delegado del Gobierno.

El nuevo frente del caso Begoña, en el que se indaga sobre un posible delito de malversación, se abrió por sorpresa a finales de enero, cuando el instructor decidió citar como investigada a María Cristina Álvarez, la asesora que envió algunos correos electrónicos en nombre de Gómez relacionados con su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Una decisión que sorprendió enormemente a las partes, dado que veinte días antes había rechazado asignarle esa nueva condición procesal porque consideraba que no había base como para imputarle delitos de tráfico de influencia o malversación.

En el marco de esta pieza separada, Peinado citó a declarar como testigo a quien fuera vicesecretario general de Presidencia, Alfredo González. Al fin y al cabo, él fue quien firmó la propuesta de nombramiento de Álvarez como asesora en Moncloa. En su comparecencia, explicó que aquella era solo una más de entre las muchas propuestas de designación de personal eventual –es decir, cargo de confianza– que hizo el Ejecutivo tras la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy del Gobierno. Además, dijo que no la conocía previamente y que tampoco manejó ningún currículo suyo, algo que sorprendió –y así lo expresó directamente– al instructor de la causa.

Fue en aquella testifical en la que salió el nombre de Bolaños. Y no por ser quien ordenara aquel fichaje –el testigo aseguró que no recordaba quién se lo propuso–, sino por ser, simplemente, el superior jerárquico de González en aquella etapa. Suficiente, no obstante, para que Peinado acordase interrogar al ministro de Presidencia y Justicia. Una comparecencia en la que apenas consiguió nada. El ministro se desvinculó del fichaje, asegurando que ni fue jefe de Álvarez ni participó en la contratación. No obstante, defendió su legalidad.

El juez ha analizado ahora una nueva querella de Vox por estos mismos hechos. Interpuesta en enero, la misma se dirigía contra Álvarez, Gómez y Martín, quien formara parte de la Secretaría General de Presidencia entre 2018 y 2023 –llegando a ocupar el cargo de secretario general tras el nombramiento de Bolaños como ministro– y quien fuera "responsable y superior jerárquico" de la asesora. Peinado ha decidido admitirla a trámite. Ahora bien, solo en relación al último de los querellados.

En una resolución fechada este lunes, el instructor considera que existen indicios de un posible delito de malversación por la "desviación de los caudales públicos destinados" a la asesora. Sin embargo, no ve cómo puede considerarse a Álvarez como "autor, cómplice o cooperador necesario" de dicho delito. Y lo mismo opina en relación a Gómez: "Sin indicios de participar en el nombramiento, ni en el pago de los emolumentos, limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales, no se alcanza a percibir responsabilidad penal alguna".

Sin embargo, sí que admite la querella por malversación contra Martín "por su aparente participación en el nombramiento" de la asesora "para el ejercicio de funciones privadas" de la esposa del presidente "con cargo a los presupuestos del Estado" y, por tanto, "con fondos de naturaleza pública". El actual delegado del Gobierno en Madrid deberá prestar declaración en los juzgados de Plaza de Castilla la próxima semana.

Peinado, no obstante, rechaza los otros dos delitos que el partido ultraderechista ponía también sobre la mesa en su querella. Sobre el tráfico de influencias, el instructor no alcanza a entender en qué medida ese tipo penal puede serle atribuido a los querellados "al no conocerse quién ha podido llegar a influir, o ejercer su prevalencia moral, o intimidatoria, en la persona que ha decidido realizar el nombramiento".

Y en cuanto a la prevaricación, la descarta al no poder entenderse que los hechos objeto de la querella excedan de una infracción administrativa. "No puede entenderse que vayan más allá de una irregularidad en el nombramiento, por omitir trámites que obvian o prescinden de los procedimientos reglamentariamente establecidos", recoge la resolución judicial.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue sin descartar ninguna hipótesis sobre el origen del apagón eléctrico que afectó a toda España y ha anunciado una investigación independiente por parte del Ejecutivo, que liderará el Ministerio de Transición Ecológica, para tomar medidas y exigir responsabilidades a los operadores privados.

Sánchez compareció en el Palacio de La Moncloa tras las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, que presidió Felipe VI, y del Consejo de Ministros. El jefe del Ejecutivo indicó que la primera prioridad es restablecer la normalidad en el país (ya se ha recuperado más del 99,5% del suministro) y la otra es esclarecer lo que ha sucedido: "Los ciudadanos deben tener claro que el Gobierno va a llegar hasta el fondo del asunto. Se tomarán medidas para que no vuelva suceder y exigiremos todas las responsabilidades pertinentes". "No puede volver a pasar jamás", resaltó.

El presidente ha dicho que hay que ser "prudentes" y no ha querido descartar ninguna hipótesis. El Gobierno ha creado una comisión de investigación independiente, en la que habrá también expertos en ciberseguridad (Incibe y Centro Criptológico Nacional). El Ejecutivo ha acordado solicitar un informe independiente al Grupo Europeo de Coordinación de Electricidad, que depende de la Comisión Europea (CE), y a los reguladores europeos. El líder socialista ha trasladado que no hay información concluyente para afirmar que se trate de un ataque terrorista después de que la Audiencia Nacional haya abierto una investigación. En todo momento, ha pedido a los ciudadanos que se informen por cauces oficiales y medios para luchar contra la desinformación.

Sánchez ha avanzado que comparecerá en el Congreso el próximo 7 de mayor para trasladar toda la información que se conoce sobre el apagón y además hablará hoy con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que ayer fuera imposible.

La comparecencia de Sánchez en La Moncloa se ha producido después de la rueda de prensa de esta mañana de Red Eléctrica, en la que la empresa ha descartado que el apagón haya sido motivado por un incidente de ciberseguridad en sus instalaciones y ha apuntado a dos pérdidas de generación independientes previas al corte de suministro.

En cambio, el presidente del Gobierno, a lo largo de la rueda de prensa ha señalado en varias ocasiones que el Gobierno no podía descartar ninguna hipótesis y ha llamado en todo momento a esperar la investigación iniciada por el Ejecutivo desde el primero momento. El mensaje de Sánchez es que se tomarán todas las medidas necesarias, una vez concluya el trabajo de la comisión, para que no pueda suceder y que se exigirán responsabilidades a los operadores privados: "Haremos cambios, pero tenemos que saber lo que ha sucedido".

El presidente el Gobierno también rechazó que el apagón se deba a la falta de nucleares, indicando que quienes hablan de ello "o mienten o demuestran su ignorancia".

Sánchez argumentó que la recuperación del suministros se ha logrado gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos, a las centrales de ciclo combinado de gas y a las centrales hidroeléctricas. "Las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema", apostilló. El jefe del Ejecutivo trasladó que había generación nuclear funcionando antes del apagón y se desconectó como el resto. A lo que añadió: "Lo que vemos es que con, mayor dependencia nuclear, la recuperación no hubiera sido tan rápida como la que estamos viviendo".

Asimismo, frente a las críticas del PP por la tardanza en comparecer, el presidente respondió: "El Gobierno comparece en cuanto tiene información. La orden que dimos al operador privado es que comunicara de manera regular todos los avances que se produjeran en el suministro energético. Hemos sido absolutamente transparentes y hemos comparecido cuando tuvimos información mucho más precisa". Prometió que los ciudadanos irán conociendo toda la información cuando vaya avanzando la investigación.

El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar como testigo al que era coordinador de personal de Moncloa cuando se nombró a una asesora para Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y también ha convocado un careo entre esta asesora —que está investigada en la causa— y la persona que propuso su nombramiento.

El magistrado ordena estas diligencias en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, que está fechada el pasado miércoles, el mismo día que tomó declaración como testigo al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el fin de indagar en un presunto delito de malversación el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en 2018 (cuando Bolaños era secretario general de la Presidencia del Gobierno).

En un momento de esa declaración el juez Peinado exigió a Bolaños que le dijera quién fue el responsable del personal en Moncloa cuando se nombró como asesora a Cristina Álvarez —investigada en la causa—, y se acabó comprobando que este dato ya figuraba en la información que Moncloa había remitido al juzgado, según informaron fuentes jurídicas.

Se trata de Raúl Díaz Silva, que ahora es citado por el juez como testigo para el 14 de mayo a las 12:30 horas. En su providencia el magistrado también ordena para ese mismo día la práctica de un careo entre Cristina Álvarez y la persona que propuso su nombramiento: el exvicesecretario de Presidencia Alfredo González.

Precisamente la declaración de estas dos personas dio pie a que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que investiga desde hace un año a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos, abriera el pasado mes de marzo una pieza separada para determinar si de la contratación de Cristina Álvarez "pudiera desprenderse la comisión de un delito de malversación" de caudales públicos. Ambos nombraron en sus comparecencias a Bolaños. En el caso de González lo hizo al ser preguntado —como testigo— por quién era su superior entonces.

En su declaración ante el juez, Bolaños defendió que el nombramiento de Cristina Álvarez como cargo eventual se ajustó a la normativa, si bien explicó que él no participó en el mismo porque las competencias para tramitar esos contratos las tenía el vicesecretario general de Presidencia, Alfredo González.

Por su parte Cristina Álvarez negó ante el juez haberse servido de ese cargo —que desempeña desde julio de 2018— en su beneficio o de terceros, y rechazó haber intervenido en gestiones relacionadas con la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que codirigió la mujer del presidente del Gobierno antes de su creación.

El exvicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, Alfredo González indicó que no conocía a Cristina Álvarez y que no puede recordar quién le dio sus datos, ya que en esa época, cuando el primer Gobierno de Pedro Sánchez echaba a andar, tramitó cerca de un centenar de nombramientos.

Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional— en una causa en la que también están imputados el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, el exconsejero madrileño y actual directivo del Instituto Empresa Juan José Güemes, y Cristina Álvarez.

El instructor del caso Begoña regresa de nuevo al búnker del Ejecutivo. Y lo hace en busca de elementos que le permitan sostener una investigación cambiante que sigue sin tener atada un año después de su puesta en marcha. El titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, acudirá a la sede de la Presidencia del Gobierno para tomar declaración como testigo al ministro del ramo, Félix Bolaños, en la que es ya la enésima derivada de una causa construida sobre la marcha. Una comparecencia con la que el magistrado trata de llegar al corazón de Moncloa tras varios intentos que, por el momento, han resultado fallidos.

La activación de este nuevo frente en la causa se produjo por sorpresa. Y causó estupor entre los investigados. El mismo tiene origen en un conjunto de correos electrónicos incorporados a la causa en los que María Cristina Álvarez, asesora de Moncloa que asiste a Begoña Gómez, hace gestiones en nombre de la mujer del presidente del Gobierno en relación con su cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. "Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", rezaba uno de ellos.

Álvarez compareció como testigo en la causa el pasado mes de diciembre. Durante su declaración, explicó que le ofrecieron ocupar ese puesto de confianza tras la moción de censura, detalló cuáles eran sus funciones –desde llevar la agenda de la mujer del presidente a coordinar con los servicios de seguridad– y señaló que accedió al trabajo en Presidencia sin hacer ninguna entrevista previa. Tras la testifical, la acusación popular solicitó que se cambiara la condición procesal de Álvarez. Algo que Peinado rechazó. Para el magistrado, no había base para investigarla ni por tráfico de influencias ni por un hipotético delito de malversación.

Pero todo cambió veinte días después. A finales de enero, y a través de un auto sin apenas justificación –algo habitual en este procedimiento–, Álvarez pasó a estar investigada. Entre ambas resoluciones, la única diligencia practicada fue la declaración de testigos, algunos de los cuales confirmaron las explicaciones que la asesora había dado en sede judicial. De ahí que ese cambio de condición se encuentre recurrido ante de la Audiencia de Madrid: "Asistimos instrucción de Schrödinger, en la que un mismo comportamiento, realizado por la misma persona, el 9 de enero no tiene encaje en ningún tipo delictivo, pero el 28 de enero, sí".

No solo las testificales avalaron lo dicho por Álvarez. También lo hizo un informe remitido por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, que confirmaba las tareas desempeñadas por la asesora "en el marco de la atención a la esposa del presidente": "Gestión de la agenda y la preparación de la presencia en reuniones, gestión y administración de las comunicaciones, asistencia telefónica y documental, acompañamiento en desplazamientos y la interlocución y coordinación con los equipos de protocolo, seguridad, asuntos exteriores y el resto de departamentos implicados en la organización de actos y viajes".

Aquel informe contenía la propuesta de nombramiento de Álvarez. Un documento que Peinado utilizó convenientemente para seguir tirando del hilo de Moncloa. En cuanto pudo, citó a declarar como testigo al firmante de la misma: el vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, Alfredo González. Fue una comparecencia breve, en la que explicó que la de Álvarez, a la cual no conocía, fue solo una de las muchas designaciones de personal eventual –es decir, cargo de confianza– hechas tras la moción de censura. "Sorprende lo que usted me está contestando", soltó Peinado.

Solo una vez se citó en aquella comparecencia a Félix Bolaños, pero no como la persona que ordenó aquel fichaje –la cual el testigo no recordaba–. Su nombre salió a flote, únicamente, al ser preguntado González por su superior en aquellas fechas. Suficiente, sin embargo, para que el instructor haya decidido acordar la comparecencia como testigo del actual superministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El interrogatorio, que Peinado rechazó hacer por escrito, se llevará a cabo en el Palacio de La Moncloa, después de que Bolaños descartase su despacho del Ministerio de Justicia.

El interrogatorio se desarrollará en el marco de una pieza separada abierta por el magistrado para investigar un posible delito de malversación de caudales públicos en el fichaje de Álvarez. Algo que han recurrido tanto la Fiscalía como la defensa de la propia asesora, que critica que Peinado haya abierto este nuevo frente tan solo porque le genera sorpresa la existencia de cargos de confianza, como si la ley que los recoge "no estuviera en vigor". Una norma en la que se establece que el nombramiento y cese del personal eventual "serán libres".

Es la segunda vez en un año que Peinado acude al Palacio de La Moncloa en relación con este procedimiento. La primera fue el pasado verano, cuando forzó una comparecencia como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para evitar que respondiera por escrito, le citó en condición de "esposo" de la investigada, lo que entraba en contradicción con el tráfico de influencias sobre el que giraba el procedimiento. Como era de esperar, aquella declaración no aportó nada. Sánchez se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer y, en menos de cinco minutos, estaban todos recogiendo. Ahora bien, el impacto mediático fue enorme. Y la grabación de aquel encuentro no tardó en filtrarse.

Por aquel entonces, el caso giraba alrededor de un puñado de contratos adjudicados por Red.es a Innova Next, una de las firmas del empresario Juan Carlos Barrabés, y en unas cartas de recomendación que el mismo había aportado en dichas licitaciones –alguna suscrita por Begoña Gómez–. Aquella era la munición con la que disparaban el instructor y la miríada colectivos ultras que conforman la acusación popular. El problema es que, por el momento, los investigadores no han encontrado por esta vía un solo indicio de delito. Así lo ha hecho constar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hasta en dos informes.

Y cualquier posibilidad de reimpulsar esta línea de investigación a través de información extraída en los registros al empresario ha quedado totalmente enterrada por la errática instrucción del magistrado. A comienzos de año, la Audiencia de Madrid anuló las entradas en el domicilio y empresas de Barrabés al considerar que no estaban bien motivadas, lo que ha derivado también en la nulidad del análisis de los dispositivos electrónicos incautados.

A medida que este frente se ha ido desinflando, el instructor ha abierto nuevas líneas de investigación. Hasta llegar a convertir el caso en una hidra de mil cabezas. Se ha puesto el foco en la relación profesional de Gómez con la Universidad Complutense de Madrid, en concreto sobre los dos másteres y la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social que codirigió. También en un software que desarrolló para el centro universitario con la ayuda de empresas privadas. O en su relación con la entidad privada Instituto de Empresa. Pero un año después, y tras desfilar por el juzgado más de una veintena de personas, Peinado sigue sin amarrar el caso.

El instructor, sin embargo, continúa aferrándose a una causa construida a golpe de bandazos. Y buena prueba de ello es su intención de indagar en el rescate de Air Europa a pesar de que la Audiencia de Madrid ya ha dicho dos veces que no puede continuar por ahí. Él dice que si no lo hiciera estaría prevaricando. Por eso, apremia a la Guardia Civil para que le entregue ya un informe que en su día encargó sobre la ayuda a la aerolínea. La Fiscalía ya ha expresado su preocupación por la insubordinación del magistrado, que considera "extremadamente grave". "En algún momento habrá que poner fin a tan excéntrica instrucción", ha llegado a decir otra de las defensas.