El intento de manipular los hechos relacionados con los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 se produjo en dos fases. La primera, impulsada por la necesidad del Gobierno del PP de adaptar la narrativa a los contenidos que creía que mejor servían a sus intereses electorales, trató de atribuir a ETA los atentados. La segunda, mucho más compleja, intentó de manera sistemática poner en duda la investigación policial y judicial e incluso la sentencia en un intento de desacreditar la legitimidad del resultado de las elecciones generales. Por el camino perdieron la vida 192 personas —a las que hubo que sumar posteriormente la de un policía— y casi 2.000 resultaron heridas.

Aquella tergiversación intencionada de las causas y las circunstancias en las que tuvieron lugar los peores atentados de la historia de España, la que tuvo lugar entre el 11 y el 14 de marzo y la que se desarrolló a lo largo de los años siguientes, tiene protagonistas. Fueron personas, políticos y periodistas, con nombres y apellidos. Muchos de ellos siguen en activo y conservan cuotas de influencia social, politiva y económica elevadas y no han pagado precio alguno por lo ocurrido. Estos son los principales.

Como presidente lideró el intento del Gobierno de atribuir a ETA los atentados desafiando no sólo los indicios sino también las informaciones que le suministraban, desde bien temprano, las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia de España y de otros países. Su excusa, que mantiene a día de hoy, es que tenía sentido pensar en la banda terrorista vasca porque durante décadas había sido el principal grupo violento en nuestro país. 

A pesar de las evidencias, nunca ha admitido que su Gobierno mintiese a los españoles en aquellos días. Tampoco se ha disculpado. Desde su posición de expresidente, contribuyó a la teoría de la conspiración insinuando que el origen del atrentado, atribuido a Al Qaeda, había que buscarlo en España y no en el yihadismo: “Los que idearon estos atentados yo creo que no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas”, declaró ante la comisión de investigación del Congreso sobre los atentados en el año 2007. El objetivo del 11M era “cambiar el curso histórico de España”, dijo. Preguntado por si consideraba que detrás de las bombas podía haber algo más que el terrorismo islamista, respondió alentando la teoría de la conspiración: “Sus conexiones tarde o temprano se sabrán, si es que las hay”.

Aznar preside en la actualidad la Fundación FAES, desde la que impulsa una intensa actividad contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contribuye a la formación de la agenda política del Partido Popular, pero también de Vox. A él se le atribuye le origen de la extrema movilización de la derecha política, judicial, mediática y económica después de que Alberto Núñez Feijóo fuese incapaz de formar una mayoría en el Congreso: “El que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva”, exhortó el pasado noviembre. 

Era el ministro del Interior cuando se cometieron los atentados. Hasta el último momento defendió, antes de las elecciones, la autoría de ETA. Primero sin ningún género de dudas, y al final, cuando las evidencias de que se trataba de un atentado yihadista se acumulaban, como la línea de investigación principal. Años después declaró que “el PP nunca ha sido responsable ni ha mantenido la teoría de la conspiración”. 

Aquel intento de manipulación, desafiando la información que le suministraban las fuerzas de seguridad, no le supuso ningún coste político. Después de aquello fue secretario general del Partido Popular con Mariano Rajoy entre los años 2004 y 2008 (el numero dos del partido) y diputado en el Congreso hasta 2011, siete años después del 11M. 

Desde entonces, ha desarrollado una próspera carrera en el sector privado, primero de la mano de Rodrigo Rato en la matriz de Bankia y después en Iberdrola. En 2011 fundó, con el también exministro José María Michavila, el bufete MA Abogados, especializado en el asesoramiento jurídico de medianas y grandes empresas. A través de esta firma ha ayudado a compañías del sector energético, tecnológico, logístico, industrial y de seguros utilizando para ello al amplio conocimiento acumulado durante sus años en las instituciones públicas. Es además patrono de la Fundación FAES. 

Era el ministro de Trabajo y el portavoz del Gobierno de Aznar cuando tuvieron lugar los atentados. Desde esa responsabilidad, asumió enteramente la decisión de atribuirlos, sin ninguna evidencia, a ETA: “Todo apunta a la misma dirección”. Lo hizo hasta el último momento antes de las elecciones. Fue de los primeros en sugerir connivencia por parte del PSOE, a quien el PP siempre ha considerado el principal beneficiario de lo ocurrido: “Alguien está jugando con nosotros. No sé quién, pero alguien está jugando con nosotros, porque no es posible que todas las circunstancias fueran casuales”, señaló.

Después de eso, ya como portavoz del PP en el Congreso, contribuyó a dar crédito a las teorías de la conspiración poniendo en duda las actuaciones de la justicia y las fuerzas de seguridad tanto en la Cámara como fuera de ella. En 2006 secundó la información fabricada por El Mundo que aseguraba que “la furgoneta del 11M tenía una tarjeta del Grupo Mondragón en el salpicadero”. “La tarjeta existe con toda seguridad”, llegó decir Zaplana para tratar de convencer a la opinión pública, contra todos evidencia, de la participación de ETA en los atentados. La tarjeta nunca existió.

En 2008 dejó su escaño para poner en marcha una consultora privada y empezar a trabajar como alto directivo de Telefónica. Diez años después fue detenido por blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal. Permaneció en prisión preventiva casi un año, después de lo cual fue puesto en libertad condicional por motivos de salud. 

Zaplana nunca se desdijo de la teoría de la conspiración. En 2018, dejó por escrito que “siempre quedará la duda sobre los atentados”. En 2023 declaró: “Sigo pensando que hay espacio y oscuridad en el 11M”, aunque, precisó, no apoya la tesis que defienden algunos partidarios de la teoría de la conspiración de que el PSOE estuvo detrás de los atentados.

Era la presidenta de la Comunidad de Madrid el día de los atentados. Siempre ha dado alas a las dudas sobre la investigación oficial y la sentencia asegurando que seguimos sin conocer a los autores intelectuales.

En 2011, después de que Javier Arenas, que hoy se sienta en el Comité de Dirección del PP de Feijóo, insistiese en vincular a ETA con los atentados, Aguirre mostró apoyo “total” a cualquier investigación que lleven a cabo los jueces, los fiscales o las Fuerzas de Seguridad del Estado para aclarar la autoría de los atentados, que sigue creyendo sin resolver. Una vez más, respaldó las informaciones periodísticas y a cualquier iniciativa que sirva para “indagar en algunas de las cuestiones que se han dado por zanjadas”. En el 11º aniversario de los atentados, mantenía la misma tesis: “La verdad tiene que saberse”.

En la actualidad, aunque está jubilada, sigue teniendo presencia en tertulias y programas de entrevistas de medios de comunicaición que le sirven de plataforma y promueve una firme campaña contra el Gobierno de Pedro Sánchez que la llevó incluso a liderar el corte de la calle Ferraz junto a manifestantes de extrema derecha para protestar contra la ley de amnistía.

Era entonces el director del diario El Mundo, desde el que se puso a la cabeza de la difusión de informaciones falsas dirigidas a cuestionar los hechos y tratar de dirigir la atención de la opinión pública hacia ETA. Todavía hoy cuestiona la versión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la sentencia judicial. 

La estrategia concertada entre su diario, la COPE, emisora de radio De la Iglesia, y el PP no se limitó a difundir deliberadamente bulos sino a aprovecharse comercialmente de la teoría de la conspiración dañando a su principal rival en el espacio mediático de la derecha, el diario Abc, que bajo la dirección de José Antonio Zarzalejos se negó a difundir noticias falsas sobre los atentados.

Ramírez fue cesado como director de El Mundo en enero de 2014 y al año siguiente lanzó el diario digital El Español, desde el que sigue alentando dudas sobre la investigación y la sentencia con afirmaciones como estas: “Es como si se hubiese pretendido, y logrado finalmente, alejar la investigación de los verdaderos autores materiales e intelectuales para llevarla hacia los que finalmente resultaron señalados en la sentencia”.

El periodista siempre se ha mostrado “muy orgulloso de cómo el diario El Mundo enfocó la investigación” y nunca ha pedido disculpas por las noticias falsas que difundió. 

Era el presentador del programa estrella de la COPE, la emisora de los obispos, desde el que no sólo asumió y defendió la versión del Gobierno de la autoría de ETA sino que protagonizó una encendida defensa de la teoría de la conspiración cuestionando la investigación y la sentencia del 11M. 

La actuación coordinada entre su emisora y El Mundo, donde todavía conserva una columna de opinión, fue decisiva para causar un grave quebranto económico al diario Abc por no haberse sumado a la teoría de la conspiración. Casi cada día, el locutor pedía a su audiencia que anulase sus suscripciones con este periódico.

En 2009 dejó la COPE para presentar otro programa matinal en una emisora de su propiedad, Estadio, del Grupo Libertad Digital, que el mismo año de los atentados, según Luis Bárcenas, recibió más de 400.000 euros en dinero negro del PP. En esa emisora, que frecuentan los líderes de la derecha, con Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, continúa haciendo su programa a pesar haber sido condenado en numerosas ocasiones por intromisión ilegítima en el honor, daños morales e injurias graves.

Losantos sigue defendiendo, a día de hoy, la teoría de la conspiración. Según él ha habido una estrategia deliberada para “enterrar la verdad” por “por parte de jueces, de partidos políticos y, sobre todo, de medios de comunicación, que decidieron que, una vez logrado el cambio de gobierno, que según las encuestas no se iba a producir, lo único importante era que nadie discutiera su legitimidad”. 

Era adjunto al director en el diario El Mundo cuando tuvieron lugar los atentados, pero poco después, en octubre de 2004, Pedro J. Ramírez le promocionó a vicedirector, además de responsable de información. Como parte del equipo al mando del periódico participó de forma destacada de la estrategia que puso en duda la autoría de los atentados, la investigación y la sentencia posterior, posiciones que siguió defendiendo después cuando, tras la salida de Ramírez del diario, fue designado director. en mayo de 2014. Estuvo sólo un año en el cargo, aunque siguió siendo columnista hasta 2016. 

Durante años fue uno de los más firmes defensores de las teorías de la conspiración, hasta el punto de llegar a aquerellarse contra la policía científica. Intentó, sin éxito, hacer creer que una sustancia hallada en la vivienda de los yihadistas —ácido bórico— guardaba relación con ETA y que en el lugar de los hechos habían sido hallados restos de un explosivo habitual de la banda terrorista.

En la actualidad dirige el digital El Independiente, fundado por él mismo hace ocho años. A diferencia de la mayoría de sus colegas, admite haber dado “crédito a algunas informaciones faltas de rigor”. Según destaca, parte de la culpa fue de “los servicios secretos”, ya que confundieron a los partidarios de la conspiración hasta hacerles parecer “una pandilla de iluminados”. 

El 11M era consejero delegado de la cadena privada de televisión Antena 3, a la que había llegado procedente de TVE para dirigir los informativos y conducir un telediario. Años después de la sentencia seguía sembrando dudas sobre los autores (“Un atentado que todavía no sabemos quién planificó”, escribió en un articulo publicado en 2012).

Desde el programa Madrid Opina, que dirigió y presentó en Telemadrid entre los años 2006 y 2010, dio espacio a distintas interpretaciones y teorías sobre los atentados, que cuestionaban la versión de los hechos probados proporcionada por las investigaciones policiales y judiciales y sugerían la existencia de tramas o implicaciones no reveladas públicamente. En algunos casos, se llegó a insinuar que había elementos dentro del Estado o vinculados a otros grupos terroristas, distintos a los islamistas que fueron identificados como responsables, que podrían haber tenido algún grado de participación o conocimiento previo de los atentados.

Era el director de Informativos de TVE y presentaba el Telediario 2 cuando estallaron las bombas. Utilizó su cargo para apuntalar la versión oficial, que apuntaba exclusivamente a ETA, para censurar las informaciones que apuntaban a los yihadistas.

Después del 11M dejó RTVE e intentó poner en marcha una productora de eventos especiales. Participó en programas de diferentes medios, la mayoría de ellos como tertuliano. Entre enero de 2009 hasta octubre de 2013, ejerció como jefe de prensa del promotor inmobiliario Francisco Hernando, conocido como El Pocero. Después reinició las colaboraciones en televisión.

Estuvo años intentando ser readmitido en RTVE, a la que llegó e exigir una indemnización de 300.000 euros por salarios dejados de percibir desde 2014, cuando finalizó la excedencia de 10 años que había pedido. Hace aproximadamente tres meses logró la readmisión y TVE lo destinó al programa La aventura del Saber (La 2), que se emite los fines de semana por la mañana.

Esta misma semana Urdaci negó haber recibido “ninguna presión externa” entre el 11 y el 14 de marzo de 2014, “salvo para evitar que Rubalcaba saliera en directo en la noche de la jornada de reflexión”. Según el periodista, las presiones venían “del director general” de RTVE, José Antonio Sánchez. Numerosos periodistas que trabajan en TVE en aquellos días sostienen que las presiones surtían efecto.

Era el director general de RTVE cuando tuvieron lugar los atentados. A él se atribuye la responsabilidad última de a manipulación de los informativos durante aquellos días, de la que Urdaci era el brazo ejecutor, así como la decisión de emitir, en plena jornada de reflexión y en horario de máxima audiencia, una película documental sobre un doble asesinato cometido por ETA.

La salida de RTVE tras la derrota electoral del PP no le privó de una larga y fructífera carrera profesional siempre vinculada a la derecha. Primero pasó por Telefónica como director general de la División Latinoamericana de Telefónica Internacional (2004-2011) y después se hizo cargo de la dirección general de Telemadrid. 

De ahí retornó tres años después a RTVE en calidad de presidente de la corporación hasta que en 2018, tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, el Congreso le destituyó para situar en su lugar, de forma provisional, a Rosa María Mateo. 

Volvió a la actividad en julio de 2021, de nuevo al frente de Telemadrid, esta vez como administrador provisional de la compañía, cargo que continúa ostentando, y como director general. Siempre ha presumido de votar al PP.

Ingeniero de telecomunicaciones de formación, fue el suministrador de muchos de los bulos que después publicaba el diario El Mundo y a los que daba eco la cadena COPE, propiedad de los obispos españoles. Se le considera el gran ideólogo de la teoría de la conspiración, que siguió impulsando durante años desde EsRadio, la emisora propiedad de Federico Jiménez Losantos. El pasado mes de febrero anunció su incorporación al Grupo Intereconomia, propietario de El Toro TV.

Dio apoyo a una plataforma autgodenominada Los Peones Negros, presentada como un movimiento de investigación ciudadana, que agrupaba los bulos fabricados con hipótesis alternativas a los hechos probados. Las más relevantes insitían en la participación de ETA y denunciaban la supuesta connivencia del PSOE e incluso de Marruecos.

Del Pino sigue insistiendo con vehemencia en sus tesis. Hace pocos dias calificó de “mierda” la “versión oficial del 11M”.

Enero de 2013, publicación en el diario El País de los papeles de Bárcenas. Después, apertura de diligencias en la Audiencia Nacional que llevaron a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a elaborar un informe al respecto. Al frente de estas pesquisas, el inspector Manuel Morocho, que acaba de revelar toda clase de "presiones" y maniobras de sus superiores para que borrara de ese informe los nombres de altos cargos del PP que aparecían en la documentación de la caja b que había elaborado el extesorero del partido. El policía, entonces, optó por incluirlos en un anexo que también entregó al juez instructor, entonces Pablo Ruz. En el informe principal apenas aparece el nombre del expresidente Mariano Rajoy; en el anexo, un total de 44 veces.

Este fue sólo uno de los numerosos ejemplos que Morocho relató al juez Manuel García Castellón esta misma semana dentro de una estrategia más parecida a obstaculizar la investigación de la caja b del PP que a facilitarla. Y detrás de estas maniobras, el inspector citó varios nombres, algunos de sus entonces jefes en la UDEF, incluido el comisario principal José Luis Olivera, quien había sido máximo responsable de la unidad policial. Estas revelaciones han llevado a la imputación de Olivera, a quien el magistrado que investiga la operación Kitchen sitúa como uno de los comisarios a quien el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino habría encomendado en 2013 "el desarrollo de labores operativas para obtener" del chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, "información que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado documentación comprometedora para el PP y para altos cargos del mismo". Las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo revelan que previamente habría participado en una estrategia del PP para "salvar" en 2012 al extesorero en el caso Gürtel.

Primero había que "salvar al tesorero". Meses después se puso en marcha un "plan contra LB" (Luis Bárcenas), según los apuntes de Villarejo que llevaron a García Castellón a citar como testigo a Morocho. En más de tres horas de comparecencia, reveló la imposición de sus jefes para que no incluyera en el informe que debía entregar a Ruz los nombres de altos cargos del PP como Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes o Javier Arenas: "Simplemente se puso que había personas vinculadas a la formación política, no se expresó quienes eran, no me dejaron que se pusiera". El inspector, según explicó, optó por incluirlos en el anexo V, un documento de 40 páginas titulado "Análisis correlacional con la documentación contable de la formación política", en el que figuran las anotaciones de Bárcenas con las entradas y salidas de dinero de la contabilidad b que manejó durante casi veinte años.

"Mariano se infiere que es Mariano Rajoy Brey"

En ese anexo, consultado por infoLibre, el nombre de Mariano Rajoy se repite un total de 44 veces, incluidas las alusiones que hizo Bárcenas y la explicación que dan los investigadores. Por ejemplo, el extesorero apuntó en una entrada "1º semestre Mariano" y a continuación, en la casilla de "salidas" anotó "12.600". Después, la UDEF recalcaba que “Mariano se infiere que es Mariano RAJOY BREY"Mariano. Así en todas las ocasiones en que el nombre del expresidente sale a relucir en los papeles de Bárcenas.

El informe data de 2013 y años después la caja b del PP ha sido acreditada por sentencias tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo, pero a día de hoy el expresidente del Gobierno sigue negando su existencia. Como Rajoy, también se desmarcan de los papeles de Bárcenas otros exdirigentespapeles de Bárcenas como José María Aznar, Cospedal, Arenas, Acebes o Álvarez-Cascos. Los tres últimos también aparecen en el anexo V: Arenas, un total de doce veces; Acebes, catorce, y Álvarez-Cascos, cinco. 

"A mí se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsables políticos, concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy, no querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención", aseguró Morocho al juez García Castellón en su declaración del pasado lunes en la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso infoLibre de forma íntegra. De ahí que se decantara por incluirlos en el anexo: "Se trató de que en ningún momento estableciera una vinculación entre los pagos a dirigentes políticos del PP y esas salidas de fondos anotadas en esa contabilidad. Aspectos sustantivos que tuvimos que limar, buscar la manera en la que pudiéramos aportar esos resultados de una manera menos directa, pero sin permitir que dejaran que aflorar".

Pero no sólo eso. Se le "conminó" además a que "desvalorara los documentos que sacó El País" y que plasmara en sus informes la estrategia que estaba exponiendo el PP ante la opinión pública, que la única financiación del partido era la aportada al Tribunal de Cuentas y que los papeles de Bárcenas eran del extesorero, no del partidopapeles de Bárcenas. La misma maniobra que han desplegado en el reciente juicio por el pago en negro de la sede central del PP en la calle Génova tanto el abogado de la formación como los ex altos cargos que han comparecido como testigos. "Yo dije que no", explicó Morocho.

Eliminar la relación con el delito de cohecho

El informe tras la publicación de los papeles de Bárcenas es de los primeros que el equipo de Morocho ha elaborado en la causa sobre la caja b del PP que aún sigue instruyéndose en el Juzgado Central de Instrucción número 5 que ahora dirige Santiago Pedraz. En este marco, el magistrado tomará declaración al propio extesorero el próximo 16 de julio a raíz de que éste enviara un escrito hace pocos meses en el que aseguraba que Rajoy era "perfecto conocedor" de la contabilidad opaca. La caja se nutría, según Bárcenas y según sospechan también los investigadores, de donativos que procedían de "personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".

En esta causa se investiga un posible delito de cohecho, pero en 2013 al inspector de la UDEF se le indicó por parte de sus superiores que "eliminara aquellos elementos que metodológica e indiciariamente pudieran relacionar las adjudicaciones de obras públicas a las empresas que aparecían como donantes".

Debido a todas estas órdenes que iba recibiendo Morocho, el informe estuvo "más de veinte días" retenido en la UDEF sin poder entregarlo al juez Pablo Ruz. No obstante, éste estaba "permanentemente informado" de lo que ocurría y en todo momento le transmitió al inspector la directriz de que su trabajo "no podía ser sometido a cambios" que pretendieran modificar la "carga indiciaria", tan sólo que obedecieran a instrucciones técnicas". "Se me incidía sobre elementos nucleares de la investigación, pero yo no construyo cosas que no existen", afirmó el policía.

La intención en todo momento, concluyó Morocho ante la estupefacción del juez García Castellón por lo que estaba escuchando, era que "la autoridad judicial", esto es, la Audiencia Nacional, no tuviera conocimiento de los resultados de la investigación de la UDEF y así "le impidiera adoptar decisiones sobre los hechos". ¿Y quiénes le hacían todos estos requerimientos? "Toda la cadena de mando", que iba desde el comisario general de Policía Judicial José García Losada al que fuera jefe de la UDEF Manuel Vázquez y a sus superiores directos.

Las negativas del inspector a cumplir las indicaciones de sus superiores sobre este informe fueron reflejadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo en uno de sus cuadernos en los que apuntaba escrupulosamente encuentros, conversaciones o información que le llegaba. "Aviso de problemas sobre el último informe de MOROC", anotó el 29 de abril de 2013 tras, supuestamente, hablar con José Luis Ortiz, el entonces jefe de gabinete de Cospedal. 

El ex ministro de Interior con el PP, Ángel Acebes, ha vuelto a ser nombrado consejero independiente de Iberdrola, un año y medio después de que abandonará el órgano rector de la energética y después de ser absuelto en el caso de la salida a Bolsa de Bankia, entrando además en la Comisión Ejecutiva Delegada, ha informado Europa Press.

Acebes, que en su primera etapa en la eléctrica fue consejero durante un periodo de siete años, ha sido nombrado consejero independiente por el procedimiento de cooptación y a propuesta de la Comisión de Nombramientos, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El exministro en el Gobierno de José María Aznar ocupa la vacante dejada en el órgano rector de Iberdrola por la dimisión como consejera de Georgina Yamilet Kessel. Su nombramiento deberá ser ratificado en la próxima junta general de accionistas.

Asimismo, el consejo de administración de Iberdrola, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, ha fijado el número de miembros de la Comisión Ejecutiva Delegada en cinco.

De esta manera, a propuesta del presidente y consejero delegado, Ignacio Sánchez Galán, y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, se ha nombrado a Acebes nuevo miembro de esta Comisión

Ejecutiva Delegada.

Junto a Galán y Acebes, integran esta Comisión Ejecutiva Delegada de la compañía Juan Manuel González Serna, Manuel Moreu Munaiz, Samantha Barber y Julián Martínez-Simancas Sánchez, como secretario no miembro.

Acebes también ha sido nombrado como vocal de la Comisión de Nombramientos, en sustitución de Íñigo Víctor de Oriol Ibarra.

El consejo de administración de Iberdrola también ha fijado, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, el número de miembros de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo en tres.

Los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy desfilarán como testigos ante el tribunal que ha de dirigir la vista oral de los papeles de Bárcenas, y lo haránjunto con aquellos que durante dos décadas y de manera sucesiva conformaron la verdadera plana mayor del PP.  El juicio, para el que sigue sin haber fecha a punto de cumplirse cinco años desde el auto que en mayo de 2015 ordenaba su celebración, pondrá en primerísimo plano la contabilidad secreta que Luis Bárcenas plasmó de su puño y letra entre 1990 y 2008.

Tras un periodo casi en barbecho, el protagonismo de la caja B se ha acrecentado en los últimos meses con la investigación judicial sobre la denominada Operación Kitchen. Es decir, aquella que, capitaneada por el comisario José Manuel Villarejo en 2013, pagada con fondos reservados y desarrollada con medios policiales y parapoliciales a espaldas del juez que ya investigaba la caja B, sometió a espionaje a Bárcenas y su entorno para evitar que el extesorero conservase documentación incriminatoria.

La asociación de abogados Adade, que ya en el macrojuicio de Gürtel cuya sentencia desencadenó en 2018 la moción de censura contra el PP logró que el tribunal obligase a declarar a Rajoy, es la que ahora logra sumar a la lista a Aznar. Bajo su mando inició su meteórico despegue la trama empresarial de Francisco Correa, cuya participación en la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag nunca ha dejado de planear sobre el expresidente.

Si marcó un hito el testimonio de Rajoy, quien siendo presidente y de forma inédita en España tuvo que comparecer como testigo, ahora serán dos los exjefes de gobierno llamados a prestar testimonio veraz en un proceso por corrupción. El PP, que en el primer juicio de esta compleja y extensísima causa fue declarado beneficiario económico de la trama –figura que carece de connotaciones penales– se halla en esta pieza solo como responsable civil subsidiario.

Además de Aznar y Rajoy, se relevarán en la silla de los testigos quienes a partir de 1990 ocuparon el segundo puesto en la jerarquía del PP, es decir, todos los secretarios generales. Por orden cronológico son estos: Francisco Álvarez Cascos (1989-1999), Javier Arenas (1999-2003), Ángel Acebes (2004-2008) y María Dolores de Cospedal (2008-2018). Entre septiembre de 2003 y octubre de 2004, ese cargo lo ocupó Rajoy. 

Deben comparecer igualmente como testigos otros pesos pesados del PP en esas dos décadas. Entre ellos, los exministros Federico Trillo, estratega jurídico del partido durante años; Rodrigo Rato –ahora encarcelado por las tarjetas black y en espera de sentencia por la salida a Bolsa de Bankia–; José María Michavila; y quien tras ser titular de Medio Ambiente con Aznar fue luego presidente de Baleares, Jaume Matas, que cumple ya condena por corrupción.

Asimismo, desfilarán Juan Gabriel Cotino, exdirector general de la Policía, luego conseller y presidente de las Corts en Valencia y ahora a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por otra de las ramas de Gürtel, la de la visita del papa; Pío García Escudero, expresidente del PP madrileño y presidente del Senado con Rajoy como presidente; el ex senador Luis Fraga y los exdirigentes del PP navarro Jaime Ignacio del Burgo y Calixto Ayesa.

Entre todos estos testigos cuya declaración ha admitido el tribunal hay un nexo común adicional al de la militancia que compartieron o siguen compartiendo en el PP. Y ese nexo son las anotaciones contables manuscritas de Bárcenas. La mayoría aparece como perceptores de sobresueldos. Todos ellos lo han negado. Y buena parte lo hizo durante el primer juicio de Gürtel, donde ya se vieron forzados a acudir como testigos.

La credibilidad de Rajoy

En aquella vista, Rajoy negó no solo el cobro de sobresueldos sino la existencia de una contabilidad opaca y proclamó una ignorancia casi absoluta sobre las cuentas del partido. Aquello condujo al tribunal a cuestionar su "credibilidad".

Qué hará Aznar cuando llegue su turno –justo antes que Rajoy– constituye de momento una incógnita, aunque este lunes ofreció una pista que a ciertas fuentes jurídicas relacionadas con el caso produjo sorpresa: porque, según el primer presidente del PP tras la refundación del partido en 1989, el juicio de los papeles de Bárcenas en nada le concierne. A través de su cuenta de Facebook, el expresidente afirmó esto: "En relación con la noticia recogida hoy por medios de comunicación en la que se afirma que puedo ser citado como testigo en la causa relativa al presunto pago de las obras de reforma de la sede nacional del Partido Popular con supuesto dinero irregular, he de recordar que dejé la presidencia de dicho partido en 2004, varios años antes del periodo en el que al parecer esas obras se llevaron a cabo".

Esas palabras sugieren que Aznar figura entre quienes creen que el hecho de que la primera sentencia de Gürtel certificase la existencia de una financiación ilegal del PP deja ahora la caja B fuera de la panoplia de hechos que se someterán a juicio en la pieza de los papeles de Bárcenas. Pero no es así. Porque, en efecto, las revelaciones de Correa en el juicio que condujo a la sentencia de 2018, ahora pendiente de revisión por el Tribunal Supremo, obligaron a reabrir parte del caso. Básicamente, lo que el jefe de la red corrupta dijo fue que distintos empresarios pagaban mordidas a cambio de contratos públicos. El cobro del 3% –sostuvo– era una "práctica" habitual.

Pero la reanudación parcial de las investigaciones sobre ese aspecto del caso no impide al tribunal pronunciarse sobre los hechos señalados en el auto que marcó el inicio de una lenta aunque irrevocable cuenta atrás hacia el juicio. Como si tratase de disipar cualquier eventual duda, el mismo juez que en mayo de 2015 había dictado el auto de apertura de juicio, José de la Mata, firmó una breve resolución donde enumeraba los hechos sujetos a la vista oral: la "existencia y funcionamiento de una caja B en el PP", los "trabajos de remodelación de la sede del PP en Génova 13", por los que supuestamente el partido pagó 1,5 millones en negro; la ausencia de "declaración del Impuesto de Sociedades 2008 por el PP" y la "compra de acciones de Libertad Digital".

En la parte de la pieza cuyo juicio "nada" lo impide, solo compartirán banquillo cuando llegue el momento cuatro acusados, dado que el quinto inicial -el extesorero Álvaro Lapuerta- falleció en junio de 2018. Y hay dos personas jurídicas que se arriesgan a ser declaradas responsables civiles subsidiarios: el PP y la empresa Unifica, responsable de la reforma.

Aquí, la Fiscalía solicita penas de reclusión abismalmente inferiores a las de la pieza principal, pero el calibre político es sustantivo porque otra sentencia condenatoria sacaría de nuevo a la superficie la financiación del PP. Bárcenas, que en espera de lo que resuelva el Supremo ya cumple la condena de 33 años que recibió por Época 1, es el principal inculpado y se arriesga a que se le impongan cinco años más de cárcel. Los otros tres encausados son el exgerente del PP Cristóbal Páez; el dueño de Unifica, Gonzalo Urquijo; y su socia Belén García.

15MpaRato, la acusación ciudadana que impulsó el caso Bankia, presenta este miércoles sus conclusiones finales en el juicio por la salida a Bolsa del banco que entonces presidía Rodrigo Rato. La víspera comenzaron a hacerlo el resto de las acusaciones particulares, una quincena. Tras una vista oral en la Audiencia Nacional que se ha prolongado durante 60 sesiones y donde han declarado los 34 acusados, 57 testigos, una veintena de peritos y tres personas jurídicas –Bankia, BFA y Deloitte–, la Fiscalía ha descartado que la salida a Bolsa del banco fuera un “error de gestión empresarial”; por el contrario la ha calificado como “una de las mayores estafas” cometidas en España “por su cuantía, número de perjudicados e impacto en la economía”. No sólo hizo desaparecer “los ahorros de millones de personas”, sino que además condujo al “mayor rescate financiero” de la historia del país.

Sin embargo, el ministerio público ha excluido cualquier responsabilidad penal del Banco de España y de la CNMV en el caso. Pese a apreciar “defectos de actuación” del supervisor bancario, la fiscal anticorrupción Carmen Launa considera que se trató sólo de “deficiencias administrativas”. Mientras que la CNMV carecía de medios para verificar las falsedades incluidas en el folleto de la salida a Bolsa en julio de 2011.

En cambio, 15MpaRato considera a ambas instituciones responsables políticos de la estafa, por su falta de independencia política la primera y por terminar empleando a antiguos directivos de la banca la segunda, lo que, dice, ha repercutido en la ética de su gestión. El Banco de España y la CNMV fueron citados como investigados en la fase de instrucción del caso, pero finalmente su imputación fue sobreseída por el magistrado Fernando Andreu, quien atribuyó la responsabilidad exclusiva de las decisiones que se tomaron al consejo de administración de Bankia.

No obstante, la plataforma ciudadana critica a la acusación popular que solicitó en su momento que se considerara responsables subsidiarios a los supervisores bancario y bursátil por haber incumplido sus deberes de vigilancia. “Insistir en su responsabilidad penal”, explica Simona Levi, portavoz de 15MpaRato, “no servía nada más que para jugar a favor de los acusados”, quienes utilizaron la falta de reacción del Banco de España y de la CNMV, así como su posterior exoneración por el juez, como argumentos para defender su inocencia.

El auditor y Rodrigo Rato

Por su parte, la fiscal Launa apoyó la exculpación del Banco de España y de la CNMV asegurando en sus conclusiones finales que, si ninguno de los dos se opusieron al folleto de la salida a Bolsa, fue porque se fiaron de los informes favorables del auditor de Deloitte. “Los informes de las auditorías favorables suponen una acreditación de la cooperación de [Francisco] Celma [el auditor] en la comisión del delito de falsedad contable”, acusó la fiscal, quien no obstante dejó claro también que fue Rodrigo Rato quien “pilotó el proyecto” sabiendo perfectamente que existían deterioros no contabilizados por importe de 11.000 millones de euros y debilidades financieras.

De hecho, reveló la existencia de una “estrategia interna” para obstaculizar al auditor y que no aflorasen esos deterioros en las cuentas formuladas en marzo de 2012, informa Europa Press. Entonces los beneficios de 309 millones de Bankia se convirtieron en pérdidas de 2.979 millones.

De ahí que el ministerio público pida una condena de ocho años y medio de prisión por estafa y falsedad contable para Rato, cinco años para el exvicepresidente José Luis Olivas, seis años para el exconsejero José Manuel Fernández Norniella y un año y medio para el ex consejero delegado Franciso Verdú Pons. Como cooperadores necesarios la fiscal Carmen Launa solicita dos años de cárcel para Francisco Celma, auditor de Deloitte, y dos años y medio para el ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, que fue condenado a un año menos un día de prisión por las tarjetas black. Para el ex ministro del PP Ángel Acebes, que presidió el comité de auditoría, el fiscal pide un año y medio de prisión.

“Era imposible que no lo supieran”

Además de 15MpaRato, se han personado como acusaciones particulares Adicae, la asociación de de accionistas minoritarios Aemec, dos inmobiliarias y varios despachos de abogados en representación de más afectados. El abogado de Aemec, tras calificar de “maliciosa” la salida a Bolsa, destinada a captar “mendazmente” los recursos de los inversores, consideró difícil de creer que los consejeros de Bankia, con una formación “más que sobrada”, desconocieran las irregularidades contables de Bankia, aunque también culpó al auditor de no haberlas revelado. El director del Bufete Rosales, por su parte, criticó que no se haya mantenido la acusación a las personas jurídicas Bankia, BFA y Deloitte. Y el sindicato CGT tachó de “maquinaria fraudulenta continuada” lo ocurrido en Bankia. Según explicó, la reformulación de las cuentas en mayo de 2012 no tuvieron su causa en la crisis económica, sino que los ajustes realizados venían arrastrados de épocas anteiores. Ya en el ejercicio de 2010, tras la integración de Caja Madrid con el resto de las cajas que formaron Bankia, se ocultaron deterioros, para que algunas de estas entidades no mostraran pérdidas y cumplieran con los criterios para obtener ayuda públicas.

Para Sergio Salgado, también portavoz de 15MpaRato, la clave del juicio ha sido la falsedad de la información económico-financiera que los administradores de Bankia incluyeron en el folleto de salida a Bolsa. “Mintieron en el folleto y, por tanto, engañaron a los compradores”, resume. Los números no eran ciertos; además, los gestores lo sabíanlos gestores lo sabían: “Lo primero es un delito civil y lo segundo, un delito penal”. “Era imposible que no lo supieran”, indica Salgado, tal y como muestran los informes de los peritos del Banco de España y los correos remitidos por el auditor al comité de auditoría de Bankia, añade la fiscal. Si ocultaron las cifras reales, acusó Launa, fue sólo “para mantenerse en sus puestos de poder y privilegios”. “Para quedarse y no renunciar a sus cargos”, refrenda el portavoz de la plataforma ciudadana.

Simona Levi no tiene ninguna duda sobre la responsabilidad de los gestores de Bankia, que votaron de forma unánime el 28 de junio de 2011 en el consejo de administración salir a Bolsa. Y lo hicieron de forma autónoma, resalta, no obedeciendo a “una decisión del Gobierno como alegó Rodrigo Rato”. Por el mismo motivo rechaza el recurso que hicieron algunos de los acusados a su ignorancia en temas financieros. Dijeron que estaban allí “sólo para votar y cobrar”, y que compraron acciones y también perdieron dinero, recuerda Levi. Pero al tiempo firmaron una serie de compromisos de vigilancia y diligencia que fueron incluidos en el folleto de la salida a Bolsa y que, además, les obliga a conocer su trabajo y la Ley de Sociedades de Capital. “Pasar de 309 millones de beneficios a 3.000 millones de pérdidas en sólo 10 meses no puede considerarse un ajuste contable, fue una modificación brutal”, acusa, “lo que demostraba que las cuentas aprobadas eran un disparate”.

Por ese mismo motivo, la Fiscalía ha elevado las penas para Rato y Fernández Norniella añadiendo al delito de estafa el de falsedad en las cuentas de Bankia y de BFA en el año 2011, además de ampliar el número de acusados de cuatro a 15.

La fiscal Anticorrupción Carmen Laúna ha destacado este lunes en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia que los acusados eran "conscientes" de que en la información que aparecía en el folleto sobre el debut bursátil de la entidad financiera en julio de 2011 se "ocultó el estado real" de las cuentas, perjudicando así a los inversores. Por esto mismo, no ha descartado que en su acusación definitiva, que se dará a conocer cuando finalice el juicio, incluya el delito de falsedad contable.

Así lo ha dicho Laúna —que ha estado acompañada por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien se encargó de esta causa durante la instrucción— durante su exposición en las cuestiones previas a la vista oral en la que ha realizado una serie de de "precisiones" con el fin de "evitar futuras alegaciones de indefensión por errónea interpretación del Ministerio Fiscal en el proceso". La fiscal, que sólo acusa a cuatro de las 34 personas físicas y jurídicas que se sientan en el banquillo, ha asegurado ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo que los responsables de Bankia en aquel momento "contribuyeron" y eran "conscientes" de que en dicho folleto se "ocultaron el estado real" de las cuentas para "provocar un desplazamiento patrimonial de los inversores".

Más de 66.000 acciones de Bankia

Ha añadido que si esto llega a ocurrir "podría afectar a aquellas personas que en el auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado (el equivalente al auto de procesamiento) ha dirigido aquella responsabilidad". Mientras que el juez instructor, Fernando Andreu, propuso juzgar a 32 personas y a Bankia y a su matriz —Banco Financiero y de Ahorros, S.A. ( BFA)— por el delito de falsedad en las cuentas anuales en los años 2010 y 2011 y por fraude de inversores; el Ministerio Público decidió acusar solo a Rato y tres de sus directivos, José Luis Olivas, José Manuel Fernandez Norniella y Francisco Verdú Pons, por el último de estas conductas penales.

Aún así, ha recordado que el Ministerio Público no han encontrado aún pruebas de "entidad suficiente" en el propio folleto y en los informes auditores sobre la situación financiera del banco para imputar el delito de falsedad de cuentas. Tras escuchar a la fiscal y las acusaciones particulares —hoy han asistido 13 de las 26 personadas—, le ha llegado el turno a Ignacio Ayala, abogado del principal acusado en esta causa, Rodrigo Rato, quien ha solicitado al tribunal poder aportar al procedimiento distintos documentos para garantizar el derecho de defensa de su cliente. En primer lugar, Ayala ha solicitado al tribunal poder incorporar los informes que acreditan que el propio Rato adquirió más de 66.000 acciones de Bankia cuando la entidad salió a Bolsa en julio de 2011, con el objetivo de acreditar que confiaba en la operación bursatil.

El juicio por las irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional pasadas las 11 de la mañana, una hora más tarde de lo previsto, con una imagen no del todo frecuente: la del antiguo consejo de administración de la entidad al completo sentado en el banquillo de los acusados. Rato es quien se enfrenta a una condena mayor: la Fiscalía Anticorrupción pide 5 años de cárcel, mientras que las acusaciones populares y particulares reclaman penas de hasta 12 años y medio.

En caso de ser condenado, Rato sumaría esta condena a la que ya cumple en la cárcel de Soto del Real por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. De hecho, el expresidente de Bankia ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) en furgón de la Guardia Civil desde la prisión. El también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha llegado antes de las nueve de la mañana, pero la primera imagen que se ha visto de él ha sido ya dentro de la sala de vistas. Lo mismo ha ocurrido con José Antonio Moral Santín, Estanislao Rodríguez Ponga, Francisco Baquero, Jorge Gómez Moreno y José María de la Riva, quienes también cumplen condena por las tarjetas black.

Tras Rato, el resto de procesados han ido llegando progresivamente a la Audiencia Nacional, donde han tenido que pasar el obligatorio control de seguridad. Entre ellos, los otros tres ex altos cargos de Bankia, aparte de Rato, a los que acusa la Fiscalía Anticorrupción: el exvicepresidente de la entidad José Luis Olivas, al igual que para los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú Pons. El resto de ex altos cargos de Bankia que hoy se sientan en el banquillo lo hacen a propuesta de las acusaciones particulares y populares. Entre ellos, un antiguo compañero de Rato en el Gobierno de José María Aznar, el exministro del Interior Ángel Acebes —en tercera fila—, y el empresario Javier López Madrid —en segunda fila—.

La lista se completa con Arturo Fernández, Alberto Ibáñez, Araceli Mora, Francisco Juan Ros, José Manuel Serra, Antonio Tirado, Pedro Bedía, Rafael Fernando Giner, José Rafael García Fuster, Agustín González González, Jesús Pedroche, Remigio Pellicer, Mercedes Rojo, Ricardo Romero de Tejada, Juan Manuel Suárez, Ángel Villanueva, Sergio Durá, Miguel Ángel Soria e Ildefonso Sánchez Barcoj. De éstos, también algunos fueron condenados en el caso de las tarjetas black, aunque en su caso las penas fueron inferiores a los dos años de prisión y, al carecer de antecedentes, están en prisión: Fernández Noriella, Sánchez-Barcoj, Romero de Tejada, Bedía, Arturo Fernández, López Madrid, Pedroche Nieto y Mercedes Rojo.

La comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP de este miércoles ha arrancado con un rifirrafe entre la diputada del PP Celia Villalobos y el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, que ha llevado a exigir al presidente de este órgano, Pedro Quevedo, que se respete el funcionamiento de la comisión.

Cuando el ex secretario general del PP y ex ministro del Interior Ángel Acebes había empezado a ser interrogado por el portavoz del PSOE, Artemi Rallo, se ha producido un revuelo en la sala y Quevedo ha pedido explicaciones mirando al espacio en el que habitualmente se coloca el PP y exigiendo que "nadie intervenga cuando no le toca".

Sin embargo, en esta ocasión en esos asientos se han sentado este miércoles los representantes de Unidos Podemos y Rufián, a quien Villalobos ha acusado de haberle "amenazado" diciéndole "esté usted tranquila que le queda poco".

Mientras Quevedo explicaba que no había escuchado esa supuesta amenaza de Rufián, Villalobos exigía al diputado de ERC que se disculpara. Entonces ha sido cuando el independentista ha dado su versión de lo sucedido: "He ido a por agua y me ha llamado impresentable", ha indicado, refiriéndose a la exministra de Sanidad, sin que el presidente le hubiera preguntado.

"Esta situación nueva de tener publico y de que cada uno diga lo que le apetece no la voy a permitir", ha avisado Quevedo avisando de que si alguien volvía a hablar sin tener la palabra le expulsaría de la sala. "¿Me está entendiendo señora?", ha preguntado a Villalobos.

Tras esta advertencia, el presidente de la comisión ha dado por zanjado el incidente. "No tengo tiempo de averiguar qué es cierto o qué no, así que la solución es pedir respeto para el funcionamiento de la comisión", ha dicho, sin que nadie le replicara.

Ángel Acebes, ha asegurado este miércoles que no ha cobrado "sobres" del Partido Popular y ha negado que los llamados papeles de Bárcenas sean ciertos. Así, ha indicado que "no tenía constancia" de que existiera una 'caja b' en el PP y ha señalado que cuando ocupó la Secretaría General de la formación el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, "no trabajaba para el Partido Popular".

"Nunca he cobrado sobres", ha recalcado durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la supuesta 'caja b' del PP. Acebes, que fue 'número dos' de la formación entre octubre de 2004 y junio de 2008 bajo la presidencia de Mariano Rajoy, no ha sido arropado por ningún miembro de la actual dirección del PP como sí ocurrió recientemente con José María Aznar y Francisco Álvarez Cascos.

Acebes ha afirmado que hasta dónde él conoce y sabe, "en sobres no ha cobrado nadie". "Jamás he mentido ante los tribunales ni en ningún otro sitio y no he cobrado ningún sobre como le he dicho antes", ha abundado.

A renglón seguido, ha subrayado que en el PP los sueltos que existían "tenían su certificado al final de año con la retención a Hacienda". Preguntado entonces si niega que los papeles de Bárcenas sean ciertos, ha contestado: "Claro que sí".

A preguntas del socialista Artemi Rallo, ha dejado claro que solo fue imputado "por el tema de las acciones de Libertad Digital" pero que después se acordó el sobreseimiento. De hecho, ha subrayado que cuenta con "cinco autos que son firmes" y ha acusado al diputado del PSOE de "tergiversación".

Además, ha dicho no tener "ningún" conocimiento de la reunión que mantuvo en julio de 2009 la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, con el excomisario José Manuel Villarejo, poco después de estallar el caso Gürtel, un asunto que ocupa la actualidad en este momento.

Según ha relatado, él dejó la Secretaría General del PP y la política "hace 10 años" y desde entonces se ha dedicado "solo" a su "trabajo profesional". Además, y a preguntas del diputado de En Comú Marcelo Expósito, ha indicado que él no ha preguntado "nada" a Cospedal sobre este asunto estos días.

Las transiciones entre la política y la gran empresa del sector energético no se detienen. Tras el fichaje del exministro de Administraciones Públicas en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008), Jordi Sevilla, como presidente de Red Eléctrica de España (REE), la empresa con participación pública planea nombrar el próximo mes de septiembre como consejera a María Teresa Costa, diputada del PSOE entre 2000 y 2004 y presidenta de la Comisión Nacional de la Energía de 2005 a 2011, el órgano regulador de la energía.

Según adelantó Cinco Días, ese nombramiento se hará efectivo en la reunión que el órgano de gobierno de la compañía celebrará la semana que viene. A preguntas de infoLibre, un portavoz de REE declinó confirmar esta información alegando que ni el calendario ni el orden del día del consejo son públicos. Siempre según el citado diario, Costa sería nombrada consejera en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding público que controla el 20% de REE. 

Está previsto que en esa reunión sean relevados los tres consejeros dominicales actuales (colocados por los grupos de inversores), que son nombrados por la SEPI en el operador del sistema eléctrico y transportista. Entre ellos está otro expolítico, Santiago Lanzuela, expresidente del Gobierno de Aragón (1995-1999) y diputado del PP entre 2000 y 2014, que ha ingresado 561.000 euros por este puesto desde que fue nombrado el 29 de julio de 2014, sólo un día después de causar baja como parlamentario. 

En todo caso, los citados no son los únicos ex cargos políticos que ahora forman parte de los consejos de administración de compañías del sector energético que cotizan en el Ibex 35. Según datos recopilados por este periódico hay otras 12 personas en esta situación, cuyos salarios ascendieron a 6,78 millones de euros sólo en 2017, tal y como recogen los informes de retribuciones presentados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De las 14 personas que han buscado hueco en los consejos de grandes compañías energéticas –sin contar a Costa, cuyo nombramiento todavía no se ha producido– nueve estuvieron vinculadas al PP en su paso por la política, tres al PSOE, una a CiU y otra al PNV. Por compañías, la gasística Enagás es la que cuenta con un mayor número de expolíticos sentados en su consejo de administración, son seis en total. Le sigue REE con cuatro expolíticos; Repsol, con dos; y Endesa e Iberdrola, con uno cada uno, respectivamente. En el consejo de administración de Gas Natural Fenosa –ahora Naturgy– no hay ningún ex cargo público. 

Cinco exministros 

De los máximos órganos de gobierno de las principales compañías del sector eléctrico forman parte cinco exministros. El nombramiento más reciente es el de Jordi Sevilla, que fue titular de Administraciones Públicas entre 2004 y 2008, y que cobrará casi 530.000 euros al año como presidente de REE. Además, está por ver si se embolsará también otro medio millón de indemnización cuando cese, tal y como ha recibido su predecesor. Hay otro exsocialista, el que fuera ministro de Industria entre 1986 y 1988, Luis Carlos Croissier, que en 2017 ganó 309.000 euros en Repsol.

Entre conservadores destaca Isabel Tocino, que fue titular de Medio Ambiente durante la primera legislatura de Aznar (1996-2000), y que en 2017 se embolsó 157.000 euros por su pertenencia al consejo de Enagás. También Ángel Acebes, que ocupó la cartera de Interior de 2002 a 2004 y que desde 2012 se sienta en el consejo de Iberdrola, donde ganó 313.000 euros el año pasado; o Ana Palacio, que fue la máxima responsables de Exteriores entre 2002 y 2004 y recibió 166.000 euros de Enagás en 2017.

Entre los expolíticos que ahora se sientan en consejos de grandes empresas del sector de la energía también resulta relevante la presencia de antiguos altos cargos públicos relacionados con la industria o los asuntos económicos. Es el caso, por ejemplo, del que fuera consejero de Industria del País Vasco entre 1993 y 2004, Josu Jon Imaz, que es consejero delegado de Repsol desde abril de 2014, puesto por el que ingresó 4,03 millones de euros el año pasado. Imaz también fue presidente del PNV entre 2004 y 2008. 

Otros excargos

Otros nombres destacados son el de Alberto Carbajo, que fue director general de Minas entre 1992 y 1995, con el PSOE, y que entró en el consejo de REE en 2017. Entre otros cargos ha sido también directivo en la Corporación Unión Fenosa y consejero de la Comisión Nacional de la Energía (1995-2000). El año pasado cobró 129.000 de la compañía semipública. O el de Rosa Rodríguez Díaz, mano derecha del exministro Soria cuando este gobernaba en Canarias, que está en Enagás, donde cobró 144.000 euros el año pasado. Rodríguez Díazfue viceconsejera de Hacienda de ese Ejecutivo regional hasta 2010. 

También del consejo de Enagás forma parte Gonzalo Solana, que fue presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia entre 2000 y 2005, a propuesta del PP. Por este puesto cobró 144.000 euros en 2017. Completan la lista de antiguos responsables públicos con asientos en grandes energéticas el ex director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa, que se incorporó al consejo de REE en 2017, donde cobró 156.000 euros; Marcelino Oreja Arburúa (diputado del Parlamento Europeo por el PP entre 2002 y 2004), ahora en Enagás, donde cobró 818.000 euros; Antonio Hernández Mancha (fundador de Alianza Popular y senador entre 1986 y 1989), que se embolsó 144.000 euros en la misma compañía el año pasado; y Miquel Roca (diputado por CiU en el Congreso entre 1977 y 1995), que percibió 270.000 euros de Endesa. 

1.767.000 euros. Ese es el sueldo que Iberdrola ha pagado al exministro del PP Ángel Acebes en los casi seis años que lleva siendo "consejero independiente" de la compañía. Se incorporó a su máximo órgano de gestión el 24 de abril de 2012. Y allí permanece pese a que se sentará próximamente en el banquillo para ser juzgado en el caso Bankia, en el que se investiga la salida a Bolsa de la entidad bancaria. 

La legislación prohíbe que sean administradores de sociedades los condenados por los delitos contra la libertad, el patrimonio y orden socioeconómico, la seguridad colectiva, la Administración de Justicia o por cualquier clase de falsedad. Cuando la causa aún no ha sido juzgada no existe previsión legal alguna, aunque la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recomienda a las cotizadas que, en caso de que un consejero resulte procesado o se abra contra él juicio oral por alguno de los delitos citados, sus órganos de dirección examinen el caso y decidan si procede o no que siga en su cargo. Así lo hizo Iberdrola y apostó por mantenerlo. 

La Audiencia Nacional considera que Acebes, que fue vocal del consejo de administración de BFA, la matriz de Bankia, tuvo una "participación relevante" en los informes sobre el estado de la entidad así como en las "múltiples y relevantes falacias contables", tal y como recogió el auto del pasado septiembre en el que los jueces desestimaron el recurso que había presentado el exministro contra su procesamiento. 

En concreto, Acebes y los otros 31 encausados –entre ellos el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato– están imputados por un delito de falsedad contable, tipificado en el artículo 290 del Código Penal, y por otro de estafa de inversores, previsto y penado en el artículo 282 bis del mismo texto legal. La pena máxima a la que se enfrentan es de nueve años de prisión.  

Sin embargo, Iberdrola entiende que el exministro "sigue cumpliendo con las condiciones exigidas por el sistema de gobierno corporativo de la sociedad para desempeñar el cargo de consejero", que establece que los miembros del órgano de dirección de la compañía tienen que cumplir con los criterios de "honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia".

Un portavoz de la empresa eléctrica explicó, a preguntas de infoLibre, que en la decisión de mantenerlo en el cargo se tuvo en cuenta el hecho de que tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado solicitan para Acebes el sobreseimiento del delito de falseamiento de cuentas y no lo consideran como uno de los responsables de la comisión del delito de estafa de inversores.

No obstante, Iberdrola no es la única compañía cotizada que mantiene en su consejo de administración a personas encausadas por corrupción o delitos societarios. Otras cinco empresas cuentan en sus órganos de gestión con ejecutivos inmersos en causas judiciales de este tipo, tal y como desveló infoLibre.

Por ejemplo, sigue teniendo un asiento en la dirección del Banco Santander el empresario Juan Miguel Villar Mir, que está imputado en los casos Púnica y Lezo; y en la constructora Sacyr y la empresa de alimentación Ebro Foods, Demetrio Carceller Arce, ya condenado en firme por fraude fiscal. También ACS, la empresa de Florentino Pérez, mantiene en su consejo a Manuel Delgado Solís, investigado en el caso Gürtel; y Enagás a Antonio Llardén, que el pasado 22 de febrero declaró como imputado ante el juez que investiga las presuntas irregularidades en Catalunya Caixa, de cuyo consejo de administración formó parte entre 2002 y 2011.

Sueldos y beneficios millonarios

Durante el tiempo que ejerció la política institucional Acebes fue titular de las carteras de Administraciones Públicas (1999-2000), Justicia (2000-2002) e Interior (2002-2004), en todos los casos bajo los Gobiernos de José María Aznar. Su actuación más polémica tuvo lugar tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, al adjudicar inicialmente la autoría de la masacre a ETA. Algunos sectores de la oposición y medios de comunicación cuestionaron entonces la transparencia del Gobierno.

Acebes entró a formar parte del máximo órgano de gestión de Iberdrola el 24 de abril de 2012, apenas diez meses después de haber renunciado a su escaño en el Congreso. En estos seis años ha cobrado en total 1,8 millones de euros: 313.000 en 2017, 311.000 en 2016, 311.000 en 2015, 299.000 en 2014, 317.000 en 2013 y 216.000 en 2012. Durante el año pasado fue el duodécimo consejero que más ingresó de entre los 45 que tienen las tres principales eléctricas: Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa.

Precisamente esta última semana se conoció que esas tres eléctricas, que son las operadoras dominantes del sector, registraron un beneficio neto de 5.627 millones de euros en 2017, un 3% más que en el año anterior. El pasado también fue un buen año para los miembros de los consejos de administración de esas tres compañías. En total, sus remuneraciones ascendieron a 31,2 millones de euros, un 13,7% más que en 2017. 

Los datos citados contrastan, de manera inevitable, con la subida del precio de la luz registrada durante el año pasado. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los pequeños consumidores pagaron en 2017 un 9,5% más en su factura eléctrica anual que en 2016. Según la estimación realizada por el regulador en base a lo que es un consumidor doméstico medio en España (suscrito a la tarifa regulada, con una potencia contratada de 3,45 kW y con un consumo medio de 2.500 kWh/año), la factura anual durante 2017 alcanzó los 565,31 euros, 48,89 euros más que en 2016, cuando fue de 516,42 euros (IVA incluido).

El exministro Ángel Acebes y los empresarios Javier López Madrid y Arturo Fernández se adhirieron este martes a la petición formulada por tres exconsejeros de Bankia para que se les aplique la conocida como Doctrina Botín y evitar sentarse en el banquillo de los acusados por el falseamiento de las cuentas de la entidad previa salida a Bolsa.

En sus escritos presentados ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y a los que tuvo acceso Europa Press, los que fueran miembros del Consejo de Administración de Bankia piden el archivo de sus causas exponiendo que ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular que ejerce el FROB formulan acusación contra ellos.

Se acogen así a la doctrina bautizada con el apellido del banquero Emilio Botín, que evitó ser juzgado por un caso de cesiones de crédito de acuerdo con una sentencia del Tribunal Supremo en 2007 que limitaba la acción de las acusaciones cuando la Fiscalía y los perjudicados solicitaran el sobreseimiento de la causa.

Todos ellos se adhieren a la petición formulada el pasado 18 de noviembre al juez instructor por los exmiembros del Consejo de Administración de la entidad Jesús Pedroche, Estanislao Rodríguez-Ponga y Mercedes Rojo que solicitaron que se aplicara la Doctrina Botín. Los tres fueron condenados en la Audiencia Nacional en febrero de este año por el uso fraudulento de las Tarjetas Black de Caja Madrid.

En el caso del exministro del Interior Ángel Acebes, su letrado alega que no se le acusa por el delito de fraude de inversores sino por estafa en las cuentas de BFA –matriz de Bankia– y recuerda que de su actuación no se puede derivar ninguna responsabilidad penal ya que su incorporación a la entidad fue posterior al debut bursátil del banco en julio de 2011.

Aunque el juez sentará en el banquillo a 32 personas físicas, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón ejerció su acusación contra cinco: el presidente de la entidad Rodrigo Rato, para el que pide cinco años de cárcel, su 'número dos' José Luis Olivas y los exconsejeros José Manuel Norniella y Francisco Verdú Pons. A todos ellos se les imputa fraude de inversores.

Oposición de la CIC

La acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) se opone a la pretensión de los consejeros procesados al entender que no es cierta la premisa de que solo fue perjudicado por los hechos el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) pues el delito de falsedad contable conlleva un ilícito penal de naturaleza "supraindividual, colectivo o difuso".

Los acusados piden la nulidad del auto con fecha de 17 de noviembre por el cual el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictaba apertura de juicio oral contra 32 personas físicas además del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Bankia y la auditora Deloitte por la inclusión de datos falsos en el folleto informativo que aprobó el Consejo de Administración del banco previo a su debut bursátil.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimó este viernes el recurso que había presentado el exministro Ángel Acebes contra su procesamiento en el caso de la salida a bolsa de Bankia, ya que consideró que tuvo una "participación relevante" en los informes sobre el estado de la entidad así como en las "múltiples y relevantes falacias contables", informó Europa Press.

La Sala rechazó todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por el exministro y mantuvo, por tanto, su responsabilidad penal, recordando que el auto de procesamiento elaborado por el juez instructor de la causa, Fernando Andreu, ya recogía el conocimiento previo que los encausados, entre ellos Acebes, tenían del verdadero estado financiero de Bankia.

El auto del tribunal concluyó que Acebes fue "un miembro activomiembro activo en la realización de actos necesarios en la realización de hechos punibles", lo que "determina la responsabilidad del sujeto activo como autor por la totalidad del hecho".

En este sentido, la Sala subrayó que si el exministro —que fue vocal del consejo de administración de BFA, la empresa matriz de Bankia—, entre otros, no hubiese "formulado y aprobado" las cuentas de la entidad, éstas "no podrían haberse presentado".

En cuanto a la pretensión de exculpación argumentada en el recurso de Acebes porque la presentación de las cuentas se verificara con posterioridad por otro consejo de administración del que ya no formaba parte, el tribunal consideró que esta exposición es "inatendible", ya que esto no determina la ausencia del hecho parcial, pues éste es "indispensable y absolutamente necesario para la perfección del delito".

Sin borrador de auditoría

Por otra parte, la Sección Tercera también desestimó el recurso presentado por la defensa de otro de los exconsejeros de Bankia y BFA, Javier López Madrid, ya que señaló su intervención en cuanto a la reformulación de las cuentas anuales de 2011, lo cual se hizo "sin borrador de auditoría, una circunstancia por lo menos atípica".

De igual forma, el mismo tribunal rechazó los recursos de los también investigados en esta causa Francisco Pons —exconsejero y exvicepresidente ejecutivo—, Francisco Baquero Noriega —exconsejero de Caja Madrid Cibeles—, Rafael Ferrando Giner —exconsejero de Bankia—, Alberto Ibañez González —exconsejero de Bankia— y José Manuel Serra Peris —exconsejero de Bankia—.

La recta final hacia la declaración de Mariano Rajoy como testigo ante el tribunal de Gürtel mantendrá intacto hasta su último milímetro uno de los grandes interrogantes de la comparecencia con mayor relevancia política del juicio: el de hasta dónde permitirá este miércoles el presidente de la sala, Ángel Hurtado, que las acusaciones pregunten al presidente del Gobierno por la presunta financiación ilegal –en puridad, entonces solo irregular– plasmada en una contabilidad B que no solo Anticorrupción sino la propia Abogacía del Estado dan ya por acreditada y que habría permitido al PP ingresar entre 1990 y 2009 donaciones en negro así como pagar a sus dirigentes sobresueldos igualmente opacos.

Oficialmente, ese vasto apartado se incluye en la pieza de los llamados papeles de Bárcenas, distinta a la que está juzgando la Audiencia Nacional. Pero hace solo un mes, y cuando la citación de Rajoy era ya firme, el tribunal dio vía libre a las acusaciones para interrogar sobre esos puntos a los cinco antiguos dirigentes del PP que se sucedieron en los mismos cargos que había desempeñado el presidente antes de convertirse en líder máximo del partido: vicesecretario general y secretario general. Francisco Álvarez Cascos, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato, Ángel Acebes y, muy especialmente, Javier Arenas recibieron una batería de preguntas al respecto. La fiscal Concepción Sabadell le preguntó, por ejemplo, a Arenas desde quién recibía los donativos a si el entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, tenía autorización "para llamar a algún ministerio", en clara referencia a que las hipotéticas donaciones se entregarían a cambio de contratos.

El nombre de Mariano Rajoy aparece en los papeles de Bárcenas como receptor de 6.300 euros trimestrales entre 2002 y 2008. Y durante su declaración ante el juez Pablo Ruz en julio de 2013, el extesorero sostuvo que, además, había entregado 20.000 euros al presidente "en el verano de 2009" y 25.000 "en marzo de 2010" en sendos sobres. Y otras dos cantidades idénticas en las mismas fechas a María Dolores de Cospedal. Bárcenas, cuya estrategia de defensa es hoy radicalmente opuesta a la de 2013, se opuso en abril a que el líder del PP fuese citado como testigo. Algunas fuentes de su entorno aseguran que este miércoles no estará en la sala de vistas durante la declaración de Rajoy, pero infoLibre no ha podido verificarlo.

Preguntas para obtener "una visión de conjunto"

El PP lleva días difundiendo la tesis de que Rajoy acude como testigo para decir lo que sabe sobre los 245.000 euros que los manejos de la trama habrían reportado al PP  –de ahí que se arriesgue a ser declarado partícipe a título lucrativo o beneficiario económico–. O más exactamente –y esa es la versión del PP, no la de la Anticorrupción– a los alcaldes de dos municipios madrileños, Majadahonda y Pozuelo, ambos acusados, que emplearon el dinero en su campaña municipal de 2003.

En realidad, no es así. Dictado el 19 de abril con el voto en contra del presidente de la sala, a quien este lunes dedicó una encendida alabanza el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, el auto de citación de Rajoy no acota el campo del interrogatorio al episodio de Majadahonda y Pozuelo. Muy al contrario, introduce un párrafo alusivo a la ausencia de límites. "Circunstancias procesales –dice la resolución–como la necesidad de fragmentación de las causas complejas para hacerlas mínimamente manejables no pueden llegar al punto de impedir al tribunal que disponga de una mínima visión de conjunto que le permita alcanzar una apreciación lógica, racional y lo más real posible de los hechos". En resumen: que una cosa es que el sumario se haya troceado en piezas porque de otro modo sería ingobernable y otra muy distinta que a Rajoy o cualquier testigo no se le puedan formular preguntas que ayuden al tribunal a obtener "una visión de conjunto".

De hecho, cuando la fiscal Concepción Sabadell la emprendió a preguntas con Javier Arenas el 20 de junio, el juez Hurtado no planteó objeciones. Tampoco las puso cuando la fiscal lanzó la siguiente pregunta a quien durante años gobernó el PP andaluz y ahora ostenta la vicesecretaría de política autonómica y local del PP: "¿Ha recibido alguna cantidad en efectivo?" Javier Arenas, que por no saber aseguró que ni siquiera sabía que alguien hubiera dado instrucciones en 2004 para no contratar más con determinadas empresas –las de Correa–, negó tajante el cobro de cualquier sobresueldo. Y todo lo demás. Ese todo incluye cualquier atisbo de conocimiento de que el partido manejara una contabilidad B paralela a la oficial. Los otros cuatro dirigentes tampoco saben qué hacía el partido con el dinero. Y tampoco –declararon sujetos a la obligación de decir la verdad– cobraron nunca sobresueldos en negro.

Los cinco declararon como testigos de espaldas al banquillo de los acusados pero a su misma altura y mirando de frente al tribunal. A diferencia de ellos, no se sabe dónde exactamente se sentará el presidente. Este lunes y en respuesta a la pregunta de la asociación de abogados Adade –la acusación popular que reclamó la declaración de Rajoy– sobre dónde se ubicará el testigo, el tribunal ha comunicado que la decisión no se tomará hasta este mismo miércoles. Fuentes jurídicas interpretan esa respuesta como un nuevo signo de discrepancia en el seno de la sala. El interrogatorio de Rajoy está fijado a partir de las 10.00 de la mañana.

De las comisiones del 3% a los "organismos centrales"

Pero no solo los antiguos vicesecretarios generales y/o secretarios generales han tenido que responder sobre la caja B, los sobresueldos anotados por Luis Bárcenas en lo que el extesorero define ahora como "anotaciones extracontables" y las donaciones/comisiones a las que nada más comenzar el juicio en octubre de 2016 se refirió Francisco Correa para sorpresa general e inquietud de quienes ya se habían congratulado por el cerrojazo a la instrucción de los papeles de Bárcenas.

La pieza de los papeles ha sido reabierta. Pero esa no ha sido la única consecuencia práctica de la declaración de Francisco Correa sobre el supuesto pago de comisiones del 3% abonadas por empresas que querían contratos públicos así como la brevísima prestada por otro de los acusados, el empresario Alfonso García Pozuelo. Antiguo dueño de Constructora Hispánica, Pozuelo alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para rebajar su condena. En el juicio, y sin más detalles, hizo una confesión enigmática: que le había dado dinero al jefe de la trama para "organismos centrales". La fiscal no repreguntó. Y García Pozuelo rehusó contestar a las acusaciones populares, así que el misterio persiste nueve meses después.

Junto con la reapertura de la investigación sobre los papeles de Bárcenas, las declaraciones de Correa y García Pozuelo alcanzaron un segundo efecto inmediato: todo lo vinculado a la –presunta– financiación ilegal del PP ha sobrevolado desde entonces la sala de vistas donde se juzga la pieza denominada como Época I (1999-2005).

Además de a Cascos, Arenas, Rato, Acebes y Mayor Oreja, el tribunal ha permitido que Anticorrupción y, en menor medida, las acusaciones populares pregunten a otros testigos por la contabilidad B del PP. Por ejemplo, al exsenador Luis Fraga, quien rebautizó los papeles de Bárcenas cuando la fiscal Sabadell le preguntó si había recibido retribuciones del PP sin declarar: "Eso ha salido en los llamados papeles de Génova". O al empresario Joaquín Molpeceres, a quien la fiscal interrogó sobre si es el "Volpeceres" que aparece en los papeles de Bárcenas.

También el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo se adentró en el territorio de los papeles de Bárcenas. Del Burgo admitió que el extesorero del PP Luis Bárcenas le entregó dinero en efectivo para que se lo hiciese llegar a otras personas, no por decisión suya sino porque era un "ejecutor de órdenes".

Incluso a Rosendo Naseiro,  protagonista del primer –presunto– caso de financiación ilegal del partido, que se salvó in extremis gracias a que el Supremo anuló en 1992 las principales pruebas que incriminaban a sus responsables y ahora de nuevo en primer plano tras su paso por la comisión de investigación del Congreso, le dirigió la fiscal Sabadell una pregunta sobre el asunto.  "¿Con usted se inició la caja B del PP?", preguntó Sabadell. "Falso, totalmente falso". Ocurrió el 7 de marzo. A diferencia de lo que hace dos semanas ocurrió en el Congreso, a Naseiro le resultó perfectamente audible lo que estaba diciendo la fiscal. Y abundó en su negativa: "Yo no he tenido nada que ver con eso", fue su añadido. Eso era la contabilidad paralela a la oficial.

El exministro y exsecretario general del PP Javier Arenas ha asegurado este martes que el extesorero del partido Álvaro Lapuerta le dejó claro "muchas veces" que las donaciones de empresas o particulares que recibiera la formación como forma de financiación no debían hacerse nunca a cambio de la asignación de contratos.

Así lo ha subrayado Arenas en su comparecencia como testigo durante el juicio por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) que se celebra en la Audiencia Nacional, donde ha explicado que cuando fue nombrado secretario general del PP, en el año 1999, mantuvo una conversación con Álvaro Lapuerta en la que éste le detalló las formas de financiación del partido.

"Me contó que las fuentes de financiación tenían que ver con ayudas públicas, las cuotas de los militantes y las donaciones, que representaban un porcentaje muy pequeño. Y también me repitió muchas veces que nunca hubiera una donación a cambio de algo", ha señalado el exministro de Trabajo y de Administraciones Públicas.

Desfile de exministros

Los exministros del PP Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato han llegado a primera hora a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) para declarar como testigos en el juicio de la primera época de la trama Gürtel (1999-2005).

El único de los exdirigentes populares que ha sido recibido con reproches ha sido Ratopopulares, el último en llegar a la sede judicial, a quién un preferentista le ha dedicado una poesía en el que le llama "banquero mentecato y ladrón empedernido".

Este afectado por Bankia recuerda que tras las disputas con la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, fue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien colocó a Rato en la entidad bancaria. "Ellos se han hecho de oro y a nosotros nos han buscado la ruina, y ahora dice el señor Rajoy que de eso no opina".

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), el colectivo de juristas que ha conseguido que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se siente en el banquillo de los testigos en el juicio de la Época I del caso Gürtel, que incluye los delitos de la trama liderada por Francisco Correa hasta 2005, se creó en 1988 por personas vinculadas al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pero que nunca ha tenido una dependencia jerárquica de esta formación política, según explica a este diario uno de los abogados de esta asociación Francisco Montiel.

"No somos una asociación ligada al PSOE, aunque sí es verdad que muchos miembros son personas que están afiliados al PSOE desde hace muchos años. Lo que realmente nos une es la defensa de las ideas progresistas. Estoy convenido de que si alguien afín al PP viniera a Adade, él mismo se marcharía", indica Montiel, que asegura que él y otros muchos compañeros no tienen ningún vínculo con la formación socialista.

Precisamente esta cercanía al PSOE es uno de los argumentos que esgrime el Partido Popular en su nota de prensa de este martes sobre la declaración de Rajoy, en la que alude de forma directa a la cercanía de dos de los integrantes de Adade a la formación socialista, en concreto Javier Ledesma y Mariano Benítez de Lugo.

La asociación fue creada por "un grupo de amigos juristas", como la exdiputada y exsenadora Francisca Sauquillo, su marido, el fallecido Jacobo Echeverría-Torres Tovar; Javier Ledesma, que es hermano del exministro socialista de Justicia Fernando Ledesma, recuerda Francisco Montiel, que es uno de los socios del despacho de abogados Lista, en el que también está Francisca Sauquillo.

Una web caída

En consecuencia, Adade dispone de escasos medios para desempeñar su labor de acusación popular, pues sus letrados sólo preparan las acusaciones por las tardes tras abandonar sus respectivos empleos: "En alguna de las reuniones de la junta directiva, normalmente en comidas, hemos pensado en la posibilidad de abrir la asociación a la gente joven, para que se vaya fogueando, pero es que realmente no disponemos de tiempo para más", se lamenta Montiel, que constata que durante todo el martes la web de Adade ha estado caída: "La página está pensada para cinco personas, y cuando entran seis se cae", ironiza este letrado.

Pese a las limitaciones, esta asociación se ha involucrado en la acusación de numerosos casos de corrupción en España y fuera de ella. Además de los conocidos Gürtel y Púnica, este colectivo interpuso en 1996 una querellaGürtel y Púnica contra el juez Luis Pascual Estevill por cohecho, mientras que en 2002 inició acciones legales contra tres magistrados de la Audiencia Nacional que excarcelaron al narcotraficante Carlos Ruiz El Negro.

Adade estuvo detrás de una demanda contra el expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Dívar, que acabó dimitiendo.También se habló de Adade en 1999 cuando se intentó personar en el caso de las escuchas ilegales del Cesid y en 2007 por una querella de injurias al Gobierno contra el presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz. En clave internacional, Adade se ha involucrado, como parte de redes de juristas, en temas como la discriminación judicial en los países de la ex Yugoslavia en 1996 o la guerra de Irak en 2003.

En total, los asociados de Adade apenas superan la cuarentena, siendo la gran mayoría abogados, aunque también hay un procurador. Ni los letrados ni el mencionado procurador que participan en los procedimientos, como Gürtel y Púnica, cobran por su trabajo. De esta forma, en estos casos se da la paradoja de que los voluntarios de Adade, especialmente el mencionado Francisco Montiel, se responsabilizan en los tribunales de las acusaciones contra los imputados, que normalmente contratan para sus defensa a importantes bufetes de abogados, que disponen de más medios y empleados.

Fianza del caso Ratocaso Rato

Los ingresos de la asociación, que está regida por una junta directiva compuesta por una quincena de personas, son "muy exiguos", explica Montiel, que recuerda que cuando la Audiencia Provincial de Madrid les impuso una fianza de 10.000 euros para ejercer la acusación popular en el caso Rato tuvieron que renunciar a la misma: "Aportamos las cuentas de la asociación a la Audiencia, que demostraban que con todos los ingresos por cuotas de un año no llegábamos a esos 10.000 euros, y al final no pudimos personarnos", se lamenta Montiel.

Pero de los alrededor de 40 integrantes de Adade, los abogados que participan de forma activa en las causas es todavía menor: "Somos muy pocos", explica Montiel, que hace un repaso de los letrados que han ayudado en los procedimientos: "Mariano Benítez de Lugo, Javier Ledesma, Miguel Ángel Garrido, Juan de Justo, Jaime Gil-Robles y el que fuera fiscal general del Estado en el Gobierno de Felipe González Leopoldo Torres".

Benítez de Lugo, que es presidente de honor de Adade y se encarga de la causa Gürtel junto a su colega Francisco Montiel, fue asesor del Banco de España tras finalizar sus estudios, para posteriormente ser director general en el Ministerio de Administración Territorial entre 1983 y 1985. En 1988 fue elegido miembro del consejo de administración de Caja Madrid en representación municipal, dentro de la candidatura del PSOE.

"Es un día de júbilo para la justicia española", declaró a los periodistas este abogado de 76 años, que ingresó en el PSOE en 1977, cuando se presentó, sin éxito, en las listas de los socialistas al Congreso por Madrid.

Vínculos con el PSOE

Por estos vínculos con el PSOE, el PP insiste en su nota de esta martes en la "cercanía" de los integrantes de Adade con Partido Socialista, al mismo tiempo que destaca que esta formación política "siempre se ha sumado a las peticiones de Adade". 

Sin embargo, el ingreso en prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas va en sentido contrario a la denuncia de la formación liderada por Mariano Rajoy. El 28 de junio de 2013, el exsenador por Cantabria ingresó en prisión después de que Adade reclamara una reclusión con una fianza, todo ello sin el apoyo de ninguna de las dos acusaciones del PSOE. Al final la Fiscalía Anticorrupción apostó por reclamar la cárcel sin fianza, una decisión que acabó por adoptar el magistrado Pablo Ruz.

Fue ese mismo día, el del ingreso en prisión de Bárcenas, cuando Benítez de Lugo denunció amenazas del extesorero, que con el dedo índice levantado le dijo tras conocer la decisión del magistrado: "El socialista me va a encontrar".

Denuncia contra Berlusconi

Francisco Montiel, que recuerda que uno de sus primeros casos de la asociación tuvo como objeto las inversiones en España del expresidente italiano Silvio Berlusconi, rechaza que su actuación tenga su origen en motivos políticos, tal y como ha asegurado el propio PP en el recurso en el que rechazaba la comparecencia de Mariano Rajoy, en el que llegó a asegurar: "Adade se interesa en la comparecencia de quién, a pesar de no tener nada que aportar en relación a tan concretos hechos, califica de declaración estrella, pues en ella ven la fotografía publicada en la prensa y el rédito político que de ello puedan obtener".

El PP también ha aprovechado su escrito al tribunal de Gürtel que tenía que decidir sobre la comparecencia de Rajoy para atacar la figura de la acusación popular: "El derecho a ejercer la acción popular no puede, por tanto, erigirse como puente de plata para dar paso a una instrumentalización del proceso penal, fenómeno que, lejos de dirigirnos a la defensa de la legalidad, viene a satisfacer pretensiones ilícitas convirtiendo el Derecho Penal en un proceso al servicio de demandas punitivas irracionales", aseguró en su escrito el abogado del PP.

En la mencionada nota de prensa de este martes, esta formación política completó su opinión sobre la comparecencia del presidente del Gobierno: "Es una muestra del proceso mediático que la acusación popular de Adade pretende seguir. Consideramos que todo ello supone una situación de abuso de derecho, por cuanto una petición con clara intencionalidad política se enmascara bajo un interés jurídico inexistente", especifica el texto, que no ha convencido al tribunal de Gürtel.

Los ex dirigentes populares Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, declararán como testigos en el juicio por la primera época del caso Gürtel(1999-2005), a partir del próximo mes de octubre, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Según defendió el extesorero en un escrito dirigido a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, la declaración de todos estos exdirigentes del PP resulta necesaria porque son conocedores de las funciones, relaciones y "responsabilidades" de Bárcenas en esta fecha. Dos de los tres magistrados que componen el tribunal han aceptado la prueba solicitada a la espera de la redacción de un voto particular del juez Ángel Hurtado, han concretado estas fuentes.

Al ex vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez Cascos se le cita a declarar para contrastar el contenido de la llamada que hace Correa a Bárcenas sobre la supuesta derivación de dinero de comisiones por adjudicaciones en obras del Ministerio de Fomento cuando éste estaba al frente de este departamento.

En cuanto al ex ministro de Justicia, del Interior o de Administraciones Públicas Ángel Acebes, la defensa de Bárcenas pretende que declare que autorizó y que estaba al tanto de la operación de compraventa de acciones de Libertad Digital con fondos del PP, tal y como figura en el auto de apertura de juicio oral de la pieza separada UDEF-BLA.

Por otro lado, la declaración del vicesecretario general del PP y ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja es pertinente como parte de la defensa del ex tesorero en relación al supuesto lucro que obtuvo con el pago de viajes de facturas emitidas a cargo del Partido Popular Europeo y la Fundación de Estudios Europeos, que presidía por entonces este testigo.

La Audiencia Nacional ha vuelto a rechazar la imputación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; de la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal; y de sus antecesores en el cargo, Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos, en la causa en la que se investiga la caja B de la formación, al considerar que la investigación no ha determinado su "intervención o interferencia" en las conductas penales atribuidas a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.

Así consta en tres autos dictados por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en los que se rechazan los recursos de apelación presentados por cinco acusaciones (PSPV, IU, Observatori DESC, Manos Limpias y ADADE) y cuatro defensas contra el auto dictado el pasado 23 de marzo por el juez Pablo Ruz en el que proponía juzgar a Bárcenas, Lapuerta y otras cuatro personas en esta pieza separada del caso Gürtel.

De esta manera, los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel confirman que en el banquillo de los acusados del juicio por la contabilidad B del PP se sentarán, además de los dos extesoreros del partido, el exgerente de la formación Cristóbal Páez, los socios del estudio de arquitectura Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero.

Cospedal y Acebes, exculpados

El auto en el que se resuelve el recurso presentado por IU y los cuatro colectivos sociales que presentaron la querella que inició la investigación, el tribunal señala que la imputación de Cospedal y Acebes resulta "reiterativa e ineficaz" porque sus declaraciones como testigos ya se celebraron "con el resultado exculpatorio que aparece en el procedimiento".

A este respecto, en la resolución en la que se resuelve el recurso de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), los magistrados señalan que "en el momento actual no han aparecido nuevos datos, elementos indiciarios o revelaciones distintas" que permitan reconsiderar su exoneración en esta causa.

En este sentido, apuntan que a lo largo del procedimiento se han detallado "hasta la saciedad" los indicios delictivos atribuidos a los imputados, "sin dar entrada a terceros ajenos a esa participación, que no se cubre acudiendo a determinados cargos ostentados en la formación política".

Avala la mordida de Toledo

La Sala también avala la decisión del juez Ruz de enviar a los juzgados de Toledo la parte del procedimiento en la que se investiga la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa en la concesión y ejecución en 2007 de un contrato de basuras que el Ayuntamiento de la ciudad adjudicó a la empresa Sufi, filial de Sacyr. Según el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, este contrató se concedió como contrapartida a una donación.

A juicio del tribunal, existen "claros y contundentes indicios" de la existencia de "entregas en efectivo" por un montante de 200.000 euros que Bárcenas entregó al gerente regional del PP de Castilla-La Mancha", José Ángel Cañas, "cuyas sumas al parecer tenían su origen en Sacyr-Vallehermoso y estaban supuestamente destinadas a subvenir los gastos de la campaña electoral del PP en las elecciones autonómicas de 2007".

De esta forma, la Sección Cuarta avala que los juzgados de la capital castellano-manchega investiguen al exgerente regional y supuesto receptor de la donación José Ángel Cañas; al entonces tesorero del PP de Castilla-La Mancha, Lamberto García Pineda; al exalcalde de Toledo José Manuel Molina y al expresidente de Sacyr Luis del Rivero. La causa se sigue también contra el actual presidente de la compañía, Manuel Manrique.

Indicios contra Bárcenas y Lapuerta

En relación con los recursos de los acusados, la Sección Cuarta destaca los "claros indicios de responsabilidad criminal" que obran en la causa contra Bárcenas por delitos fiscales y de apropiación indebida, al tiempo que recuerda a Lapuerta que la situación de "demencia sobrevenida" en la que asegura encontrarse será "resuelta" por el tribunal "antes o durante el juicio oral".

En su auto de marzo, Ruz también consideraba al PP responsable civil subsidiario por las donaciones que recibió en 2008 y por el pago en negro de 1,5 millones a la empresa Unifica, que realizó las obras de reforma de su sede central, en la calle Génova de Madrid, entre los años 2005 y 2011.

"Votos a favor: 187; en contra: 147". Esas palabras, pronunciadas un 30 de junio de 2005 por el entonces presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, fueron las que certificaron la aprobación del matrimonio homosexual en España. Desde entonces, este derecho se ha afianzado: el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP fue rechazado, y otros países han aprobado leyes similares. No obstante, los colectivos homosexuales aseguran que aún quedan retos por cumplir para conseguir la verdadera igualdad.

Aquel día de verano de hace diez años, en las tribunas de las Cortes se encontraba en calidad de espectador el recientemente fallecido Pedro Zerolo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) entre 1998 y 2003 y cuyo activismo fue fundamental para la aprobación de la ley. Zerolo había recurrido judicialmente en 2004 la prohibición de que los gays pudieran casarse, y su colaboración fue clave en la aprobación de la norma.

La ley promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero era muy avanzada para su tiempo, ya que no precisó de una normativa paralela como sí ocurría en países, sino que consistió en añadir en el Código Civil la frase "el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo", lo que confirió completa igualdad a los matrimonios homosexuales sin ningún tipo de diferencia con los heterosexuales. Esto incluía el derecho a adoptar, ausente en legislaciones vigentes entonces como la belga, que lo incluyó en 2006.

Amplio consenso

Años después, España parece haber asumido sin problemas la igualdad de las uniones de personas del mismo sexo con respecto a las de sexos diferentes. Un estudio realizado en el año 2013 por el think tank norteamericano Pew Research Center daba cifras clarísimas al respecto: el 88% de los españoles consideraban entonces que la sociedad debía "aceptar la homosexualidad" –la cifra más alta de todo el mundo–, frente a tan sólo un 11% de los ciudadanos que opinaban lo contrario.

Pero este consenso no fue siempre así. La ley aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero fue muy contestada en sus inicios por la Conferencia Episcopal y el PP, que llegó a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que argumentaba que el cambio en el Código Civil "modifica de raíz, sin entrar directamente en definiciones, la idea del matrimonio [...] como unión de hombre y mujer". Precisamente este era el problema fundamental para los conservadores: la utilización del término "matrimonio"–"mucho más que una simple palabra", según el recurso– para definir las uniones homosexuales.

Para el PP, el matrimonio homosexual era "una institución de nueva planta", y rechazaba que para regularla bastase con modificar "el sistema normativo que más directamente se refiere al matrimonio y a la familia, que a su vez se apoya en conceptos jurídicos no menos seculares como el de padre y madre, marido y mujer, esposo y esposa". El mismo argumento defendieron líderes conservadores como Mariano Rajoy –que achacó la equiparación de ambas tendencias sexuales a "la manía del Gobierno de parecer moderno"–, Ángel Acebes –quien definió como "un empeño, un desafío y una provocación" la ley de Zapatero– o Eduardo Zaplana –que afirmó que el Gobierno había hecho un "flaco favor" a los homosexuales–.

A nivel social, la ley fue fuertemente contestada por algunos sectores en una manifestación multitudinaria celebrada en Madrid el 18 de junio de 2005 y a la que acudieron los propios Acebes y Zaplana, así como una veintena de obispos encabezados por el entonces presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela. Bajo el lema "La familia sí importa. Por el derecho a una madre y un padre", cientos de miles de personas marcharon contra la ley y contra la posibilidad de que los homosexuales adoptasen, una opción que el Tribunal Constitucional respaldaría siete años después al entender que tener dos padres del mismo sexo garantiza "la preservación del interés del menor".

Aún quedan retos

En cualquier caso, aún quedan cosas por hacer. Así lo asegura Rubén López, miembro de la Ejecutiva y responsable de Comunicación de la FELGTB, que explica que los miembros de estos colectivos tienen "varios retos" en los próximos años. "El principal, que toda la sociedad, la sociedad completa, pueda aceptar nuestra convivencia con ellos", sostiene López, que explica que la mayor parte de los ciudadanos ve como algo normal la diversidad sexual, pero también alerta de que "existe un reducto intolerante y violento que no".

"Este reducto se ha visto en los últimos años más acorralado, y en algunos casos ha recurrido a la violencia", relata el responsable de la FELGTB, que explica que si esto ha ocurrido es precisamente por el hecho de que la ley de 2005 permitió al colectivo tener "visibilidad". "El matrimonio homosexual ha significado asentar nuestra confianza, nuestra autoestima", alaba López, que asegura que la norma ha provocado que "la gente más joven haya vivido de forma diferente su homosexualidad". "Yo creo que ahora mismo la gente de 18 años no tiene miedos que yo, que ahora tengo 35, sí tuve", sostiene.

"Al principio no hubo un fuerte impacto en la sociedad, el impacto se empieza a ver ahora, cuando se empieza a ver esa mejora de la autoestima", abunda el activista. A su juicio, es precisamente el hecho de que se haya normalizado que dos personas del mismo sexo "vayan de la mano" o que un hombre "se bese con su novio" la excusa para que esta minoría haya reaccionado violentamente con acciones como la paliza que recibió un matrimonio homosexual en una playa de Almería, que para más inri posteriormente fue imputado por un supuesto delito de exhibicionismo.

La acusación popular liderada por IU –y la de la que forman parte la Asociación Justicia y Sociedad, Adade, Ecologistas en Acción y Los Verdes– en el caso de la contabilidad B del PP pedía 15 años y 7 meses de cárcel para Acebes y para los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta 19 y 21 años, respectivamente, como responsables de esa caja opaca del partido y acusados, entre otros delitos, de organización criminal. IU dirigía su escrito contra un total de 26 personas, entre ellos a los que considera responsables de la caja B y a los empresarios que hicieron donativos al partido de Mariano Rajoy, según constaba en los papeles de Bárcenas, como Juan Miguel Villar Mir (OHL), Luis del Rivero (Sacyr) o José Mayor Oreja (FCC), para los que reclamaba siete años de prisión.

Sin embargo, cuando Ruz cerró la instrucción del caso, levantó la imputación a Acebes y a los empresarios. La decisión fue impugnada por IU y por el resto de acusaciones. El juez, en un solo escrito conocido el pasado 15 de abril, desestimó la petición. Decisión que fue recurrida ante la Sala de lo Penal de la Audiencia y aún pendiente de resolución. 

La federación volvió a la carga e incluyó al ex secretario general del PP en el paso siguiente, en su escrito de acusación [consúltalo aquí en PDF], presentado el pasado martes 28. IU, como las demás acusaciones del caso Bárcenas –PSOE, Observatori DESC y Adade–, creen que Acebes debe ser procesado por la financiación ilegal del partido entre 1990 y 2008. IU también solicitó que en el juicio comparezcan como testigos el presidente del Gobierno y presidente del PP, Mariano Rajoy; la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y sus predecesores en ese cargo, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, y también el exministro y expresidente de Baleares Jaume Matas, entre otros. 

"Conocía y participaba en la trama criminal"

Para IU, según su texto de incriminación, la investigación puso "de manifiesto que la actuación de los sucesivos secretarios generales no se circunscribe a cuestiones políticas e institucionales", sino que además "conocían y participaban en la trama criminal organizada, sin que su sola negativa ante el juzgado desvirtúe lo anterior". Y es que Cospedal, Arenas y Álvarez-Cascos ya declararon como testigos en agosto de 2013. 

IU acusaba a Acebes de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, falsedad contable, en fondos electorales y en documento mercantil y delito fiscal. Delitos por los que pide 15 años y siete meses de prisión. También le atribuyó el cobro de sobresueldos procedentes de la caja B (107.100 euros en total) y le achaca que tuvo "participación directa" en la recaudación del dinero negro y en la aprobación de los pagos que se hacían con esos fondos, entre los que se encontraban, según los papeles de Bárcenas, los 888.000 euros con los que se pagaron las obras de la sede nacional del partido, en la calle de Génova de Madrid. 

La defensa de Acebes, sin embargo, presentó un escrito el 29 de abril solicitando la "inadmisión" del texto de acusación por "vulneración de la buena fe procesal". El juez le da la razón. 

De la Mata recuerda en su auto, firmado el 30 de abril [consúltalo aquí en PDF], que el sobreseimiento expreso de la causa contra Acebes pudo ser objeto de recurso, y lo fue, y se desestimó, con lo que se cumplieron los trámites exigidos por la ley. 

Recurso ante la Sala de lo Penal

"Por estas razones, el escrito de acusación presentado debe ser rechazado, en cuanto opta por una variante 'sorpresiva' y por tanto inadmisible en contra del recurrente [Acebes] (a la que denomina acusación cautelar), olvidándose de los hechos que sustentan el auto de transformación [el de cierre de la instrucción], de las personas que en el mismo figuran como imputados y, lo que es más importante, de la garantía constitucional que esta resolución judicial encarna", escribe el magistrado. 

Como ya contaba infoLibre, las acusaciones populares incluyeron a Acebes en sus escritos de forma "cautelar" porque la ley sólo permite solicitar una acusación contra las personas incluidas en el auto de procesamiento del juez. Y Ruz no lo incorporó, pues dictó el archivo de las actuaciones contra el ex número dos del PP. Pero como todas las acusaciones recurrieron ante la Sala de lo Penal esta decisión de Ruz, esta precisión les daba la oportunidad de advertir de que Acebes ha de sentarse en el banquillo de los acusados. Fuentes de la Audiencia señalaban que su procesamiento es el que más posibilidades tiene de prosperar, porque fue imputado por Ruz, mediante auto de 21 de octubre de 2014.

De la Mata además advierte a IU a que en el plazo de un día presente un nuevo escrito de acusación "en los términos legales". Si no lo hace, se dará por "decaído" su derecho a hacerlo. 

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado imputar a la secretaria general del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal, a su antecesor en el cargo, Ángel Acebes, y a una veintena de empresarios que donaron a la formación política por la 'caja B' que consideró acreditada durante 18 años.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado desestima los recursos interpuestos por los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y las acusaciones populares ejercidas por Izquierda Unida (IU), Observatori DESC y ADADE contra el auto en el que proponía juzgar, además de a los dos extesoreros, al exgerente del PP Cristóbal Páez, los socios del estudio de arquitectura Unifica, que llevó a cabo la reforma de la sede nacional de la formación, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero.

Ruz rechaza imputar a Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal por los delitos atribuidos a Bárcenas, Lapuerta y Páez, como pedía IU, porque no pueden extenderse estas valoraciones a personas "respecto de quienes no se ha formalizado imputación por tales hechos en la fase de instrucción", no han prestado declaración en tal condición y tampoco se han practicado diligencias sobre ellas.

En cuanto a la oposición de ADADE al archivo de la causa que fue abierta contra una veintena de empresarios donantes y Ángel Acebes, el magistrado destaca que ese sobreseimiento es "consecuencia de la ausencia, por el momento y a tenor del conjunto de las diligencias", de indicios suficientes para considerar acreditada su participación en los hechos investigados.

Ruz también rechaza el recurso interpuesto por la defensa del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas argumentando que en el procedimiento está "indiciariamente acreditada" su participación como "corresponsable del sistema de contabilidad paralela o 'caja B'" instaurado en la formación.

De igual modo, se opone al recurso presentado por los abogados de Lapuerta solicitando el archivo de su causa y recalca que lo "procedente es diferir al inicio del juicio oral el examen sobre su eventual deterioro de sus facultades intelectivas y cognitivas a través del oportuno dictamen médico forense" y, en su caso, un eventual archivo sobre el que debería decidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Ratifica la financiación irregular del PP durante 18 años

El juez ratifica así el auto conocido el pasado 23 de marzo en el que consideraba "indiciariamente acreditado" que el PP "se sirvió durante 18 años, desde 1990 hasta al menos 2008, de varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entrada y salida de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal Cuentas".

El magistrado consideraba que la formación presidida por Mariano Rajoy debe afrontar en un eventual juicio la responsabilidad civil subsidiaria correspondiente a los delitos contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos por sus tres exdirigentes, que abonaron 1.552.000 euros a Unifica con dinero negro.

Además, el juez atribuyó un delito de apropiación indebida a Lapuerta y Bárcenas por "incorporar al patrimonio del primero determinados fondos de la formación política que fueron empleados para la suscripción de acciones en la ampliación de capital de Libertad Digital", y otro de falsedad documental a los responsables de Unifica, que también es responsable civil de la actuación de sus trabajadores.

Declaró entonces el sobreseimiento de las actuaciones que fueron abiertas contra 20 empresarios, el supuesto 'número dos' de la trama Gürtel Pablo Crespo y el ex secretario general del PP Ángel Acebes, que fue investigado por el proceso de compra de acciones de Libertad Digital.

Precisamente, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, anunció la semana pasada que el PSOE se estaba planteando reclamar también la imputación de Rajoy.

De esta forma, el recurso presentado por los socialistas contra el auto en el que juez Ruz propone juzgar a seis personas, entre ellas los extesoreros conservadores Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, por la caja B del PP, cuya responsabilidad el PSOE atribuye al "núcleo dirigente" de la formación presidida por Mariano Rajoy.

El partido de Pedro Sánchez, que ejerce la acusación popular en esta causa a traves de su organización en la Comunidad Valenciana, recuerda que, de acuerdo con el auto del juez Ruz, la contabilidad B del PP era conocida por los dirigentes de la formación, que "participaban en ella" en lo relativo a "ideación, estructuración y recepción" de los fondos.

"Todo ello son decisiones trascendentes, que no parece pudieran ser ajenas a las personas con responsabilidad dentro de esa formación política, más allá de la responsabilidad meramente contable", señalan los socialistas antes de apuntar que, según el magistrado, los fondos opacos sirvieron para financiar gastos de campañas electorales y del partido como la reforma de la sede central, en la calle Génova de Madrid.

Administradores del PP

Tras considerar que no es "razonable" que el ámbito de decisión respecto del ingreso y uso de los fondos del PP se limitara a sus sucesivos tesoreros o gerentes, el PSOE señala que la responsabilidad penal por los delitos fiscales atribuidos por el juez Ruz a Bárcenas y Lapuerta debería recaer en los "administradores" de la formación, y, en consecuencia, en sus secretarios generales durante el citado periodo.

"Aun cuando confieran poderes, no pierden su condición de administradores como habilitación especial de la que se les dota en cada Congreso Nacional del referido partido, figurando a todos los efectos, como administradores de derecho de la sociedad", apunta el recurso.

El escrito del PSOE también destaca que el auto de Ruz echa en falta en el ordenamiento jurídico un delito de financiación ilegal tipificado como tal, por lo que únicamente se pueden imputar los delitos fiscales por la ausencia de tributación en el Impuesto de Sociedades y el IVA, la falsedad documental e incluso un delito electoral.