El exlehendakari Carlos Garaikoetxea, el primer presidente vasco tras la promulgación del Estatuto de Gernika, ha fallecido este lunes a los 87 años, han confirmado a EFE fuentes próximas a su familia.

Garaikoetxea ha fallecido en torno a las 16:30 horas de esta tarde en Pamplona, su ciudad natal y en la que residía. Según las fuentes consultadas, el histórico político navarro habría sufrido un infarto por la mañana.

Fue elegido lehendakari en 1980 y reelegido en 1984, aunque un año después fue sustituido por José Antonio Ardanza, en medio de un convulso proceso que culminó con la escisión del PNV.

Carlos Garaikoetxea Urriza, nacido el 2 de junio de 1938 en Pamplona, se afilió muy joven al Partido Nacionalista Vasco, hasta alcanzar la presidencia del Euskadi Buru Batzar (EBB) en 1977.

El 9 de junio de 1979 se convirtió en presidente del Consejo General Vasco, el antecedente inmediato del Gobierno Vasco, en sustitución del socialista Ramón Rubial.

Fue el candidato del PNV en 1980, en las primeras elecciones autonómicas regidas por el actual Estatuto de Gernika, aprobado un año antes en 1979, por lo que le correspondió iniciar el desarrollo del autogobierno vasco.

Tras protagonizar hitos como la creación de instituciones claves del autogobierno como la Ertzaintza, EiTB y Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), bajo su mandato se aprobó el Concierto Económico.

Discrepancias internas respecto a la ley de territorios históricos le llevaron a dimitir y ser sustituido por José Antonio Ardanza en 1985. Los desencuentros se enconaron hasta el punto de finalizar, un año después, en la ruptura del PNV.

Carlos Garaikoetxea abandonó la formación jeltzale y fundó Eusko Alkartasuna, partido que presidió durante más de una década.

Esta formación está actualmente integrada en EH Bildu, una estrategia que en un principio respaldó el exlehendakari, aunque posteriormente, como en el Congreso de 2017, expresó su apoyo al sector crítico de EA con el fin de evitar que la formación que fundó quedara disuelta en la coalición abertzale.

En un mensaje en redes sociales, EH Bildu ha escrito tras conocer el fallecimiento: "Agur eta ohore (adiós y honor) al lehendakari Carlos Garaikoetxea. Navarro, abertzale e hijo de Euskal Herria".

"Uno de los principales actores de nuestra institucionalización moderna y ejemplo de compromiso en el camino de la suma de fuerzas por la soberanía", ha añadido.

EH Bildu ha denunciado ante la Ertzaintza haber recibido amenazas de muerte contra su secretario general, Arnaldo Otegi, quien declaró este lunes en el juzgado de Vitoria que investiga los hechos.

Fuentes de la formación abertzale ha confirmado la recepción de estas amenazas de muerte, que ha adelantado el diario El Correo, y han explicado que fueron remitidas al grupo parlamentario de EH Bildu en la cámara vasca en diciembre de 2025. Fueron los representantes de EH Bildu en la Mesa del Parlamento Vasco quienes denunciaron los hechos ante la Ertzaintza.

Arnaldo Otegi acudió a declarar este lunes como perjudicado en el juzgado de Vitoria que investiga estas amenazas de muerte.

La formación abertzale ha recordado que estas amenazas se produjeron "horas después" de que el presidente del PP de Euskadi augurase el "exterminio" de EH Bildu.

Las fuentes de EH Bildu han explicado que habían optado por "mantener la discreción respecto a estos hechos", ya que "no acostumbra a hacer público este tipo de situaciones".

El acto de Gabriel Rufián (ERC) y Emilio Delgado (Más Madrid) ha removido todo el tablero de la izquierda. Y abre un sendero del que no se sabe su parada final, pero que ahora mismo está sirviendo, como confiesan actores de la izquierda, para animar el escenario y generar esperanza e ilusión frente al panorama del avance de las derechas en las autonómicas. Porque no son pocos quienes ponen sobre la mesa el valor simbólico del acto de Delgado y Rufián y la vía para el debate sobre la unidad ante la idea compartida por la mayoría de que la fragmentación hace casi imposible que las izquierdas pueden mantener el Palacio de la Moncloa.

Las elecciones generales no se celebrarán, teóricamente, hasta julio de 2027, o al menos esa es la aspiración del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por lo tanto, queda todavía un año para articular posibles vías de entendimiento, pero muchos en el espacio progresista ven como un punto de inflexión esta semana, ya que también se celebra este sábado la puesta de largo de la alianza entre Izquierda Unida, los comunes, Movimiento Sumar y Más Madrid para ir de la mano a las urnas.

El acto de Rufián y Delgado, no obstante, tiene como principal obstáculo de cara al futuro la manera de articular ese frente amplio para vencer a las derechas. Y eso se debe precisamente al rechazo mostrado hasta el momento por las direcciones de ERC, EH Bildu y el BNG para integrar una única papeleta a la izquierda del PSOE.

Poco después del lleno total de Rufián y Delgado en la madrileña sala Galileo Galilei, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, rechazó que ERC se diluya en una papeleta en las próximas generales, pero mostró su respaldo para que el actual portavoz en el Congreso encabece una candidatura de los republicanos. Esquerra se mantiene en que se presentará en todas las provincias en Cataluña (en el 23J quedaron por detrás en global en Cataluña tanto del PSC como de Sumar).

Desde EH Bildu también se celebra que la izquierda se mueva para frenar a las derechas, aunque no están por la labor de construir ese frente único a la hora de elaborar las listas. Oskar Matute lo explicó en La Cafetera así: “EH Bildu ya es un frente amplio de la izquierda soberanista vasca que ha construido, desde abajo, una comunidad política con un fuerte compromiso antifascista capaz de disputar la hegemonía, sin imponer a nadie cómo tiene que organizar su casa”.

“Lo hemos dicho desde el primer minuto: mano tendida para la unidad de acción política de las izquierdas y para frenar al fascismo. No hay que confundirlo con una unidad organizativa, sin cimientos ni comunidad política sólida”, remarcó Matute.

De la misma manera, fuentes del BNG insisten a infoLibre en que se mantienen en la idea de presentarse bajo su proyecto en las próximas elecciones generales: “El Bloque tiene definida su estrategia desde hace muchos años. Para nosotros es central la autoorganización, también en el ámbito electoral. Por eso nuestra decisión es concurrir a las elecciones generales como BNG porque, además, somos la única fuerza que garantiza la defensa de los intereses de Galiza y de la clase trabajadora gallega en todo momento, sin sometimiento a ninguna dirección política en Madrid. Hemos demostrado que la mejor manera de combatir a la extrema derecha es con una alternativa de izquierda soberanista fuerte y combativa. De hecho, la ultraderecha no tiene ninguna representación en Galiza, ni siquiera concejales”.

Los partidos para la refundación de Sumar están celebrando que el acto de Delgado y Rufián sirva para reanimar el espacio de la izquierda y contribuya a remover la necesidad de que haya unidad para las próximas generales, aunque ponen por delante el camino de convergencia que se iniciará este sábado en el acto en el Círculo de Bellas Artes, en el que tomarán la palabra Antonio Maíllo (IU), Mónica García (Más Madrid), Ernest Urtasun (los comunes) y Lara Hernández (Sumar).

Para Maíllo, todos los actos en esta línea son muy “valorables” en una “magnífica semana” para la izquierda, ya que se está poniendo sobre la mesa esa necesidad de unidad que él lleva propugnando desde hace un año y medio a lo largo y ancho del país. 

Según explicó este jueves el líder de IU, se trata de un momento “histórico” y, por fin, la izquierda ya está saliendo de una etapa melancólica para caminar hacia una lista unitaria: “Lo difícil es que alguien vaya aislado”. El foco de Maíllo, no obstante, pasa por la vía abierta por IU, Más Madrid, los comunes y Movimiento Sumar “para ir juntos y que no se pierda un voto”. Respecto a la posibilidad de no presentarse en comunidades con presencia de izquierdas soberanistas, fuentes del partido indican a infoLibre que en estos momentos no se contempla ese escenario.

Desde Movimiento Sumar, Lara Hernández, que acudió al acto de Rufián y Delgado, ve muy interesante esa movilización, aunque también pone el foco en el acto del sábado de esas cuatro organizaciones. Asimismo, desde la coalición explican que la experiencia propuesta por el portavoz de ERC se hizo durante el 23J a través de Sumar y que también cristalizó en un grupo parlamentario plurinacional, rememorando asimismo en que son partidos como ERC y BNG los que han dicho que no a esas candidaturas amplias.

La propuesta de Rufián, por ejemplo, tendría un impacto directo en Cataluña por la fuerza de los comunes y de ERC. ¿Se puede articular una lista unitaria? ¿Qué piensan del acto celebrado en Madrid? Fuentes de los comunes hacen este análisis: “Celebramos el necesario debate en torno a la izquierda transformadora que demuestra que hay ganas de ganar y de revalidar el Gobierno progresista en 2027”.

“Nosotros siempre hemos promovido los acuerdos y la construcción de fórmulas electorales ganadoras, también en las últimas elecciones generales, donde fuimos segunda fuerza en Catalunya. Es por eso que los Comuns llevamos muchos meses trabajando en el acto del día 21 para configurar un marco ganador y una candidatura unitaria de las izquierdas con voluntad de gobernar en las próximas elecciones”, señalan a infoLibre.

Con este mensaje: “Nosotros siempre estaremos dispuestos a sentarnos y debatir con todos los actores que quieran parar el paso a la extrema derecha. Construir sinergias y sumar voluntades es imprescindible, y es por este motivo que asistimos al acto de Gabriel Rufián y Emilio Delgado, porque entendemos que es el momento de escuchar y debatir. Con el mismo espíritu, hemos invitado a todas las fuerzas de izquierdas a asistir al acto de inicio del proceso que empieza el día 21”.

Las fuentes indican: “Muchas personas apuestan en las generales por una izquierda con capacidad de proyección estatal y con capacidad de transformar la vida de la gente desde el Gobierno. Sin embargo, el reto que tenemos por delante va mucho más allá de las fórmulas electorales: se trata de construir un proyecto político que articule y movilice las aspiraciones de una mayoría social que nos está esperando”. Para lanzar al hilo: “Vuelve a haber un ambiente de ilusión y esperanza y tenemos que estar a la altura de estas expectativas”.

Más Madrid estuvo presente en el acto a través de Eduardo Rubiño, quien posteriormente dijo que había sido “muy interesante”. A pesar de que uno de los protagonistas es del partido, la dirección sigue apostando por buscar la vía de confluencia a través del acto del sábado entre formaciones del espacio de Sumar. En esta semana hubo un choque entre Delgado y parte del partido por las palabras del portavoz adjunto sobre el colectivo LGTBI y la supuesta invisibilidad de los hombre heteros. El político después reconoció que había sido un error. En el fondo, también hay una cuestión sin resolver en la formación: quién liderará la papeleta para las autonómicas del año que viene. Delgado ha mostrado en alguna ocasión que está abierto a competir contra Isabel Díaz Ayuso, en tanto que Mónica García no ha cerrado la puerta a volver a la batalla por la Puerta del Sol.

La portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, centró el foco también en el acto del sábado: “Desde Más Madrid somos anfitriones y damos la bienvenida a las fuerzas progresistas que forman parte de ese gran frente democrático frente al bloque reaccionario de Ayuso y de Abascal”. Y recalcó su voluntad para la cooperación “fraternal" y con respeto entre las fuerzas que se “arremangaron el 23J”: “Esto no va de quién ni de los puestos”.

Diferentes fuentes del espacio de Sumar reconocen en privado a infoLibre que la propuesta de Rufián y Delgado tiene problemas de viabilidad, empezando por la propia Esquerra, y señalan que, a pesar de no acaparar por ahora tantos flashes, el acto del sábado sí tiene cimientos más sólidos para convertirse en paraguas de listas de unidad. Asimismo, dirigentes de estos partidos no coinciden en la tesis de que la izquierda debe centrarse en los hombres jóvenes solamente y dar la espalda, comprando el marco de las derechas, a supuestas políticas woke.

En Podemos guardan silencio, no obstante, sobre el acto de Rufián y Delgado. Este viernes se reunirá el Consejo Ciudadano, donde se prevé que hable Ione Belarra sobre el espacio de las izquierdas. La formación morada se ha limitado a decir, en conversación con este medio, que en las próximas generales intentará construir la candidatura más plural posible con quienes quieran plantear un proyecto alternativo y no subordinado al del PSOE.

Las miradas están puestas también en CHA, que se ha convertido en el partido de las izquierdas con mejor resultado el pasado 8F en Aragón, con cerca del diez por ciento de voto. Jorge Pueyo fue cabeza de cartel de Sumar el pasado 23J y estuvo presente a título personal en la charla de Delgado y Rufián.

Fuentes de ese partido explican a infoLibre que entienden el acto más como un debate que como propuesta en firme para negociar. Afirman que desde CHA siempre han apostado por listas de unidad tanto en elecciones generales como europeas, y que incluso lo intentaron para las autonómicas. Trabajarán “por supuesto” con esa idea para los próximos comicios, siempre “con generosidad” y “sin dejar a nadie fuera”. “Lo importante es que sólo haya una candidatura. ¿Cómo? Es cuestión de hablarlo, no nos vamos a encerrar en nuestras siglas. Hay que tener altura de miras y contar con todo el mundo. No nos hemos sentado aún a hablar con nadie, pero hay muchas fórmulas”, añaden.

Compromís es otro de los actores clave para este proceso y, por ejemplo, Rufián habló de su arraigo territorial para liderar en la Comunidad Valenciana durante el acto, al que asistió el diputado naranja Alberto Ibáñez. Fuentes de la formación señalan a este diario: “Creemos que es un acierto que ayer [por este miércoles] se reconociera el papel protagonista de proyectos como Compromís, proyectos arraigados a sus territorios y que están demostrando una mayor fortaleza frente a PP y Vox. Además estamos viendo que existe una excepcionalidad valenciana, aquí el cambio es posible precisamente por el crecimiento de Compromís”.

“Tenemos la responsabilidad de ser una opción abierta a otras voces y que los votantes desencantados del PSOE no se queden en casa el día de las elecciones sino que opten por la alternativa que representa Compromís. Obviar este hecho de la excepcionalidad valenciana sería un error”, añaden las fuentes. 

¿Está dispuesto Compromís a hacer una lista en la que integre a miembros de Sumar o de Podemos? Desde la dirección responden: “Lo importante es tener perfiles que representen a la sociedad valenciana más allá de los partidos, pero el debate de listas no está sobre la mesa. En Compromís estamos por la apertura a la sociedad civil valenciana. Creemos que no se trata tanto de siglas como de sinergias que se dan naturalmente en la acción política de todos los días”.

Gabriel Rufián ha conseguido lo que parecía imposible. Como adelantó este periódico, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, se unirán en un acto el próximo 18 de febrero bajo el nombre Doble o nada: disputar el presente para ganar el futuro. Será en la sala Galileo Galieli a las 18:30 horas y el debate estará moderado por la analista política Sarah Santaolalla.

Rufián tiene previsto reunirse con otros dirigentes de la izquierda a la izquierda del PSOE como el portavoz de EH Bildu, Óskar Matute, pero deja claro que "no es incompatible" con su papel en la formación de Oriol Junqueras. "Soy candidato de mi partido. Estoy donde estoy representando a Esquerra Republicana y para mí es un honor. Yo no voy a apuñalar a nadie ni voy a postularme para nada. Simplemente estoy diciendo algo que está en la calle", declaró a infoLibre.

Ya en verano, el dirigente catalán habló de la necesidad de construir un espacio "plurinacional" para los próximos comicios haciendo referencia a las últimas elecciones europeas en las que ERC se presentó en coalición con Bildu, el BNG y los baleares de Ara Més. “Si no nos ponemos de acuerdo, nos van a matar por separado políticamente”, avisó en ese momento. Con esta iniciativa busca ese espacio, aunque en forma de debate. Los distintos partidos y dirigentes de la izquierda de España no han tardado en dar su opinión

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha cerrado la puerta al frente de izquierdas que propone el líder de los republicanos en el Congreso de los Diputados: "ERC se presentará con las siglas de ERC".

En una rueda de prensa en la sede del partido, Alamany ha descartado este lunes la propuesta de Rufián, al que ha mantenido su confianza para repetir como su líder en el Congreso de los Diputados: "Si él quiere ser candidato lo será, y tiene todas las ganas".

Ha recordado que este tipo de alianzas ya las hacen en las elecciones europeas, cuando hay circunscripción única española, pero que en el resto apuestan por una "izquierda kilómetro cero".

"El mejor antídoto ante la derecha y la extrema derecha, lo hemos visto también en las elecciones aragonesas, es apostar por proyectos de izquierda nacional arraigada a nuestro país y no decidida desde Madrid", ha enfatizado Alamany, que ha asegurado que Rufián nunca ha planteado formalmente el debate sobre este frente de izquierdas en los órganos formales del partido.

La portavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, síve con buenos ojos que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, inicie un espacio de debate sobre políticas progresistas.

García, en declaraciones a los medios en el Congreso, donde participa en un acto sobre los efectos de la IA, ha señalado que desde Más Madrid siempre han apostado por "abrir los brazos" a todas las fuerzas progresistas que tengan algo que aportar a este debate, recordando que estas formaciones progresistas llevan meses hablando de impulsar una alianza de izquierdas.

Esa alianza, ha subrayado, permitió reeditar en 2023 un gobierno progresista que está dando sus réditos "en forma de políticas públicas ambiciosas". En este caso, ha detallado, están en conversaciones con IU, los comunes y Movimiento Sumar, un frente que se va a hacer cargo de ese espacio, según ha señalado. "Y, por supuesto, vamos a seguir dando la batalla", ha recalcado.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha afirmado este lunes que la propuesta del dirigente de ERC, Gabriel Rufián, sobre construir un frente plurinacional para frenar a la derecha, supone un "diálogo desde arriba" del que la gente de izquierdas está "harta", por lo que apuesta por hablar entre la militancia.

En una rueda de prensa en la sede de su formación en Sevilla, Maíllo ha insistido en que la población está "harta de las telenovelas de la izquierda" y que cree que se debería hablar "desde abajo, con más protagonismo colectivo y menos personal".

Ha recordado que él lleva dos años, desde que asumió la Coordinación federal de IU tras el último congreso, recorriendo el país y manteniendo reuniones con organizaciones del espacio progresista en los que ha constatado que buscan hacer sentir a la ciudadanía "orgullosa" con una "alternativa para evitar que llegue la extrema derecha" al poder institucional.

A su juicio, los votantes de izquierdas ya no quieren que los partidos hablen "desde arriba, desde hiperliderazgos" porque solo desde la gente común se pueden "pergeñar complicidades y conexiones".

Sobre esa supuesta "gira nacional" del líder de Esquerra, que ya ha compartido encuentros en Valencia y en el futuro también lo hará en País Vasco con EH Bildu, ha señalado que IU "quiere construir y colaborar con otras organizaciones para presentar un proyecto de Estado y dar certidumbre y esperanza a millones de personas en nuestro país".

Una necesidad de diálogo en la izquierda que se ha convertido en más necesario para el líder de IU tras las elecciones en Aragón de este domingo, que ha analizado en clave de "fracaso" del PP en su estrategia de convocar a las urnas "para unas cuentas que no le salen".

El secretario primero de la Mesa del Congreso y portavoz de Comuns, Gerardo Pisarello, ha afirmado este lunes que su partido tiene "una vocación de entendimiento máxima" con el resto de organizaciones de izquierdas, pero ha llamado a "hablar con discreción" y a priorizar "objetivos colectivos".

En rueda de prensa en la sede de la formación, Pisarello se ha referido a los movimientos de Gabriel Rufián, que este lunes ha insistido en "intentar hacer algo diferente" y ha pedido "más cabeza y menos pureza", dado que, como repite a menudo, "a la izquierda del PSOE no hay nada".

Tras reconocer la "valentía" con la que Rufián expone sus planteamientos, Pisarello ha dicho que el "arraigo" en el territorio debe ser un elemento indispensable para la izquierda y que por ello Comuns es un partido que nace del municipalismo. También ha señalado que la propuesta de Rufián es "individual", y no de la dirección de ERC, y ha llamado a priorizar en todo momento los "objetivos colectivos" de las organizaciones. 

Ha explicado que Comuns hace tiempo que se reúne periódicamente con las principales fuerzas de izquierdas, como son la propia ERC, Bildu, Izquierda Unida, Sumar o Podemos.

Pisarello ha hecho referencia también a las elecciones aragonesas. Para el dirigente de Comuns, la izquierda debe "tomar nota" y apostar por actuar "de forma más cooperativa", con más "arraigo" en el territorio y con un discurso "coherente". 

En cualquier caso, ha afirmado que lo sucedido en Aragón no tiene porqué "marcar tendencia", ya que en Portugal se ha impuesto en las elecciones presidenciales el socialista José Seguro.

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado que la propuesta de Gabriel Rufián de formar un frente común de los partidos de izquierdas "no es viable" y ha remarcado que "nunca han hablado de esto ni con ERC" ni con su portavoz en el Congreso.

En una entrevista en Euskadi Irratia, Otegi ha señalado que "parece que se ponen las intenciones individuales sobre las colectivas". "Puede ser muy loable intelectualmente hacer ese ejercicio", ha señalado Otegi, que ha incidido en que EH Bildu "no ha hablado nunca con Rufián, ni con ERC en el Congreso de los Diputados, ni en la relación oficial de los dos partidos". Otegi ha subrayado que EH Bildu tiene fijada la posición ante unas elecciones generales que, a su juicio, suponen una "oportunidad" para "responder como país".

"Desgraciadamente la tendencia es hablar como partidos, y por eso hicimos la propuesta de una lista única aceptando que el País Vasco está formado por siete provincias, que tiene derecho a la autodeterminación y que el euskera es nuestra lengua nacional", ha afirmado. El líder de la formación soberanista ha opinado que los argumentos utilizados por el PNV para rechazar esta propuesta "son muy débiles".

"Podemos acordar un programa mínimo y luego dejar que cada uno defienda su postura en Madrid. Podemos ir a las elecciones españolas como partido o como pueblo pero nuestra apuesta es presentarnos como pueblo", ha explicado.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha desmarcado este lunes de que su partido vaya a formar parte de la alternativa de izquierdas estatal que reclama el líder de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. "Lo respetamos, pero el BNG se mueve en otra clave", ha indicado en una desayuno informativo en Vigo. 

Pontón ha reconocido que las elecciones autonómicas en Aragón dejan aspectos que "preocupan" a su partido como el avance de la extrema derecha, pero ha advertido de que en Galicia el "mapa electoral es muy diferente al estatal".

Así, ha recordado que Vox no ha tenido representación en el Parlamento gallego y ha señalado que el BNG es una "fuerza gallega, nacionalista, que defiende los intereses de Galicia" y que va a seguir "concurriendo" con sus propias siglas "para mejorar la posición" de la comunidad autónoma en Madrid.  Pontón ha sugerido a las fuerzas de izquierda en el Gobierno central que "su agenda social" se centre en "mejorar" la vida de los trabajadores.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido una "alianza democrática", con un "programa de mínimos" frente al avance de la extrema derecha y "una emergencia democrática sin precedentes".

Preguntada por la apuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Diaz ha subrayado que, "ante una emergencia democrática sin precedentes" en España y en el mundo, "hay que pensar en grande", aunque esto "no va de listas ni va de personas".

En declaraciones a los medios desde Mataró (Barcelona), donde participa en el acto Mataró, capital española de la economía social 2026, Díaz ha salido al paso de los resultados electorales de este domingo en Aragón, donde el PP ha ganado las elecciones autonómicas con 26 escaños, aunque se deja dos diputados y seguirá dependiendo, aún más, de Vox.

"La cuestión está en tener un programa de mínimos y una capacidad de generosidad", ha afirmado Díaz, que ha reivindicado el modelo que impulsó con Alternativa Galega d'Esquerda en 2012. Según la vicepresidenta y cabeza visible de Sumar, "hay que hacer una alianza democrática", en la que "todos los demócratas y las demócratas debemos estar ahí con un programa de mínimos".

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha administrado vacunas caducadas "recientemente" a 253 personas, la mayoría bebés, lo que, según ha explicado, "no conlleva ningún tipo de afección en la salud ni efecto adverso". El caso ha sido denunciado este martes por EH Bildu, que ha registrado una iniciativa parlamentaria dirigida al consejero de Salud, Alberto Martínez, en la que informaba de que se habían administrado vacunas caducadas a "decenas de niños".

Tras conocerse la denuncia, Osakidetza ha confirmado en un comunicado los hechos y ha explicado que se trata de dosis de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) "pertenecientes a un lote cuya fecha de caducidad había expirado recientemente".

El Servicio Vasco de Salud ha detallado que estas dosis se han administrado a 253 personas, la mayoría bebés, en 12 OSIs (organizaciones sanitarias integradas), de las 13 que hay en Euskadi, es decir, en casi todo el territorio. "Todos y cada uno de los casos están perfectamente identificados y se está contactando con las familias para informarles de manera directa y ofrecer las indicaciones necesarias", ha afirmado Salud.

Osakidetza ha consultado el caso con distintas autoridades, como la Agencia Española el Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) y el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi (CAVE), además de con el fabricante del lote caducado.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha remarcado este martes que no hay "ningún tipo de riesgo" para la salud. Lo ha expresado en rueda de prensa este martes tras su encuentro en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que el gobierno vasco tiene "monitorizados y controlados" estos casos.

Pradales ha destacado que el caso lo dio a conocer el propio Gobierno vasco y que el Consejo Asesor de Vacunaciones de Euskadi ha puesto sobre la mesa una posible revacunación para la que, en caso de producirse, "se están poniendo todos los medios".

No obstante, ha señalado que la Agencia Española del Medicamento ha trasladado al Ejecutivo vasco que "quizá no fuera necesario" revacunar y que no hay "ningún riesgo para la salud". "En todo caso, se está trabajando con el departamento de Salud -vasco- en ese sentido", ha defendido el lehendakari.

Tras estudiar la situación, Salud recomienda que los afectados se administren una nueva dosis de la vacuna hexavalente para asegurar la máxima protección, para lo que los centros sanitarios han comenzado a contactar este martes con las familias para ofrecerles una nueva cita. "Desde Salud Pública se quiere transmitir un mensaje de tranquilidad, dado que, según los expertos, no se prevén efectos adversos por la administración de estas dosis. Todos los casos están controlados, y se están siguiendo las recomendaciones de los organismos expertos de salud pública", ha añadido Osakidetza.

EH Bildu, que ha destapado el caso, ha exigido en su iniciativa parlamentaria explicaciones al consejero de Salud, Alberto Martínez. La formación abertzale ha señalado, en la exposición de motivos de su iniciativa parlamentaria, que en algunos casos se han llegado a administrar una segunda dosis también caducada, al tiempo que asegura que Osakidetza "no ha realizado un seguimiento de la trazabilidad de la caducidad de las vacunas" y "no ha cumplido los procedimientos y protocolos establecidos".

La parlamentaria Rebeka Ubera, firmante de la iniciativa, ha sostenido que, al recibir vacunas caducadas, los menores afectados "se encuentran desprotegidos frente a esas seis enfermedades, que pueden llegar a ser graves". Ubera ha afirmado en el texto que "no se ha tratado de un error aislado", sino que ha existido un "grave problema de organización y funcionamiento dentro de Osakidetza".

Además, ha preguntado al consejero de Salud por el número de niños afectados y por si las familias han sido alertadas por Osakidetza de esta situación, entre otras cuestiones.

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con el grupo EH Bildu para mantener las medidas del escudo social durante todo 2026, entre las que se incluyen el bono social eléctrico o la prohibición de desahucios a colectivos vulnerables, según informa EFE.

Según informa este lunes EH Bildu, con este acuerdo se prorroga un año más la prohibición de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional y de los cortes de suministros básicos, así como el mantenimiento del bono social eléctrico.

Estas medidas, que iban a decaer el próximo 31 de diciembre, serán incluidas en un decreto que aprobará próximamente el Consejo de Ministros.

EH Bildu ha puesto en valor el acuerdo conseguido, "tras las intensas negociaciones de las últimas semanas", ya que permitirá "seguir aportando una protección aún muy necesaria en el difícil contexto económico y social por el que atraviesan miles de personas".

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado este miércoles en Pamplona que la izquierda tiene que ser "ejemplar" en la gestión de lo público porque, si no, "la gente se aleja".

EH Bildu ha celebrado un acto político en el Día de Navarra y en el Día del Euskera, en el que han intervenido el secretario general, Arnaldo Otegi, y la portavoz del Parlamento de Navarra, Laura Aznal.

Otegi ha explicado que EH Bildu es "garantía de la ejemplaridad" con "cero casos de corrupción", pero que la falta de ejemplaridad, aunque "no es" su caso, "ocurre".

“Hay que cambiar el modo y las formas de hacer política: la ejemplaridad en todos los ámbitos debe presidir toda la actividad política”, ha añadido.

A su vez, ha afirmado que la izquierda soberanista es una garantía para hacer frente al autoritarismo, para defender la libertad nacional y la igualdad social y para impulsar políticas de democratización profundas. “Y todo ello lo hacemos levantando la bandera de la sinceridad y la honestidad”, ha sostenido.

Por otro lado, ha dicho que para parar al autoritarismo es necesario implementar un programa transformador que se fundamente en la democratización del Estado y la aceptación de la plurinacionalidad, la democratización de los poderes que se quedaron sin democratizar en 1978 y la puesta en marcha de medidas para la democracia económica y social.

La portavoz en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha subrayado que ha llegado el momento de afrontar con “valentía y ambición” la renovación de la foralidad navarra y el autogobierno para responder a los retos que como sociedad existen ya y en el futuro y para protegerse "frente a los riesgos de la recentralización autoritaria”.

Aznal ha sostenido que “hay que consultar a la ciudadanía navarra. Nunca votamos nuestro régimen político, que aunque se presentó como pacto, nos negó la posibilidad de decidir democráticamente”, ha dicho.

“Navarra será lo que decidamos los navarros. Tanto en la relación bilateral con el Estado como con los otros territorios vascos”, ha subrayado, tras lo que ha instado a la unión a “soberanistas vascos y otros demócratas progresistas” en la construcción de un nuevo estatus.

El exministro José Luis Ábalos ha afirmado este miércoles que, según le contaron "fuentes presenciales", existió una reunión en el País Vasco en 2018 entre el ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el dirigente abertzale Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura por la que llegó al Ejecutivo, según informa EFE.

Ábalos, en su cuenta en la red social X, ha escrito que, sobre esa supuesta reunión de Sánchez, Otegi y Santos Cerdán en un caserío en Euskadi para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy, sólo puede decir lo que "le contaron fuentes presenciales".

"Y es que esa entrevista existió", ha señalado Ábalos el día previo a que el Tribunal Supremo decida si puede ir a prisión después de que la Fiscalía y las acusaciones hayan pedido revisar sus medidas cautelares al reclamar para él y para su exasesor Koldo García elevadas penas de cárcel de cara al primer juicio por el caso Koldo, relativo a la trama de las mascarillas en pandemia.

Según la información publicada por El Español Sánchez, Otegi y Cerdán se habrían reunido en un caserío en el País Vasco, al que se trasladaron desde el aeropuerto de Bilbao en un vehículo conducido por Koldo García.

Tanto el presidente del Gobierno como el dirigente abertzale han negado de forma tajante que existiera ese encuentro, y fuentes del Ejecutivo han asegurado que Sánchez no se ha visto nunca con Otegi.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido este miércoles en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se reunió con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi en 2018 para pactar la moción de censura, y ha asegurado que al Gobierno no le preocupa lo que pueda decir el exministro José Luis Ábalos.

En declaraciones a los periodistas a la salida de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la ministra ha dicho que no comparte que se le dé más credibilidad a personas "imputadas y procesadas por los tribunales" frente a los que no lo están.

Además, ha subrayado que lo que pueda decir Ábalos, quien mañana tendrá que acudir al Tribunal Supremo para una vistilla de revisión de sus medidas cautelares, no le preocupa "nada".

"En absoluto", ha enfatizado la vicepresidenta, quien ha afirmado que lo que sí le preocuparía es que el exministro se haya "instalado en la mentira".

"Me extraña que diga esto y que vaya a tener comportamientos de este tipo", ha compartido la ministra, quien ha asegurado a su vez que el Gobierno y el PSOE no tienen "nada que esconder".

En ese sentido, ha añadido que no habrá "ningún problema" con cualquier cosa que Ábalos pueda trasladar, siempre que lo haga "dentro de la verdad" y siendo "fiel a los hechos ocurridos".

"Otra cosa es que hay personas que llegando a los juzgados se instalan en la mentira, pero no digo que sea el caso del señor Ábalos", ha agregado.

Fuentes del Gobierno han restado importancia a la publicación de Ábalos, a la que no han dado veracidad, y han desestimado la posibilidad de que el exministro vaya a adoptar una actitud beligerante contra el Ejecutivo.

Estas mismas fuentes no le ven en esa tesitura de intentar trasladar sombras y dudas sobre miembros del Gobierno o del PSOE.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reprochado a Junts su discurso "racista" acerca de la inmigración al relacionarla con el "colapso" de los servios públicos en Cataluña, aunque ha defendido su propuesta, que se vota este martes, para delegar a la Generalitat competencias en inmigración, según recoge EFE. 

"Señora (Míriam) Nogueras, su discurso, la primera parte, es lamentable y sí, es racista", ha referido Rufián a la portavoz de Junts durante el debate de la toma en consideración de la proposición de ley pactada por PSOE y Junts, que, previsiblemente, no saldrá adelante en la votación de esta tarde ante el anunciado rechazo de PP, Vox y Podemos.

Rufián ha hecho este reproche a Junts cuando, en su opinión, la mejor manera de integrar a los migrantes es "no perpetuar el modelo económico" que la formación independentista catalana defiende "día sí y día también" junto al resto de la derecha española.

"Dejen de hacer daño a Cataluña" al votar con PP y Vox, ha rogado a la formación, a la que ha acusado de tener miedo a Aliança Catalana y, al igual que el PP con Vox, estar "fomentando un monstruo que les va a comer".

Pero Rufián también ha cargado contra Podemos -que se opone a esta iniciativa precisamente por considerar que parte de planteamientos racistas- a quien ha dicho no entender en esta ocasión, ya que lo que se vota este martes no son competencias para la derecha catalana, sino para la nación de Cataluña. 

Les ha advertido de que, con sus argumentos, corren el riesgo de emprender "un camino peligroso", el de solo estar de acuerdo en delegar competencias cuando son gobernadas por quienes les gusta, lo que ha tachado de "terriblemente jacobino". 

Ha rogado a Podemos "que se lo repiensen" y permitan que la propuesta avance: "Les pido que ganemos a esta gente en el periodo de enmiendas y que mejoremos esta ley porque a Junts no se le frena aquí, frenando competencias para Cataluña", ha defendido. 

Antes, durante el debate, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha asegurado que las "olas migratorias" de los últimos años y la mala gestión por parte del Gobierno ha llevado a una situación de "colapso" en Cataluña y la ley que hoy se debate permitiría a la Generalitat "controlar el actual desbordamiento". 

Ha señalado el creciente número de inmigrantes en Cataluña para hablar de la saturación de los servicios públicos y de que parte de las familias trabajadoras de la comunidad queden "excluidas" de las ayudas, lo que genera un "sentimiento de agravio" entre los catalanes que crece junto a la sensación de que su trabajo e impuestos no se transforman en mejores servicios. 

En la misma línea que ERC, el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha criticado la "aproximación demasiado sectaria" de las migraciones de Junts y la forma en la que ha hablado de su efecto en los servicios y las ayudas públicas, pero ha precisado que eso no les impide apoyar "una ley que en sus 13 artículos y objetivamente, siendo rigurosos, no tiene ninguna afirmación de tipo racista o xenófobo".

Además del PP, Vox y UPN -que consideran esta propuesta una cesión a los independentistas catalanes-, Podemos ha sido muy contundente al rechazar esta proposición de ley y su diputado Javier Sánchez, ha asegurado que no va de un debate de gestión de competencias sino de una iniciativa que "trata la inmigración como un peligro social".

"Lo que han pactado el PSOE y Junts es una ley para decidir qué administración ejerce el racismo y la presión sobre la población", ha añadido el representante de Podemos.

De manera muy discreta el Gobierno está levantando el teléfono. Se tocan ya algunas teclas. El Ministerio de Hacienda quiere acelerar el proceso de presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado. Los departamentos trabajan a todo pulmón ya para cuadrar sus partidas, mientras hablan los socios socialistas y de Sumar. También se ha contactado con algunos de los grupos del bloque de investidura.

La intención del Ministerio de Hacienda, según fuentes gubernamentales, es llevar “cuanto antes” la senda de déficit al Congreso, paso previo a la aprobación de las cuentas públicas. Y, asimismo, en el Ejecutivo desvinculan una negociación en paquete de ese trámite y del proyecto de ley de los presupuestos generales.

El Gobierno es consciente de las enormes dificultades que tiene para poder llevar a buen puerto este proyecto. “El problema es que en estas negociaciones se mezcla todo”, analizan en el núcleo duro de Pedro Sánchez sobre las peticiones que llegarán desde todos los grupos parlamentarios. Por eso, la intención del Gobierno es hacer ver a los interlocutores que “no se puede pedir la Luna”. Por ejemplo, consideran imposible hacer efectiva la exigencia de Podemos de rebajar por ley un 40% los alquileres.

Podemos se ha convertido para el Gobierno en el principal obstáculo de la legislatura, por encima de Junts, según consideran varias fuentes socialistas y de Sumar, que no comprenden su posición de rechazo. Un miembro del Gobierno indica: “Nos cuesta entenderlos. Están muy en el ‘no’ a todo. Hasta en el tema de Gaza. Siempre denostan nuestras medidas”.

El PSOE también mira a Junts como clave de esos presupuestos. En La Moncloa se han acostumbrado ya a que las negociaciones con los posconvergentes sean “carpeta a carpeta” y se alarguen siempre hasta el último momento. Algunos dirigentes socialistas ven agua en la piscina, pero recuerdan que son imprevisibles los de Carles Puigdemont. Y, además, tratan de rebajar la tensión después del choque entre Sumar y los posconvergentes, lleno de acusaciones cruzadas a raíz de la votación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Los socialistas se enfrentan la semana que viene a una derrota parlamentaria en la proposición firmada con Junts para traspasar las competencias en materia de migración a la Generalitat de Cataluña. Podemos no tiene la intención de apoyar el texto. ¿El rechazo del Congreso puede afectar a la relación entre Moncloa y Puigdemont? En el Gobierno indican: “Nosotros hemos cumplido. No podemos comprometer el voto de Podemos a Junts, ni el de Junts a Podemos”.

El ala de Sumar considera que el proyecto de presupuestos debe ser expansivo y servir de paraguas para medidas sociales que repercutan en el beneficio diario de los ciudadanos, al estilo de la ampliación de los permisos por nacimiento de hijos. El Gobierno cree que tiene margen de sobra para ello con una economía al alza. 

En el pasado Consejo de Ministros se revisó el cuadro macroeconómico con la previsión de un 2,7% del PIB para este año. Asimismo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, entiende que ese crecimiento será del 2,2% en 2026 y del 2,1% para 2027 y 2028, incluyendo un aumento cada año de una media de 480.000 puestos de trabajo.

Algunos de los grupos en el Congreso, según fuentes parlamentarias, ya han establecido conversaciones con el Gobierno para allanar el camino de los presupuestos. Ha habido una primera toma de contacto con EH Bildu, aunque este partido reconoce que la “negociación de verdad” empezará a finales de mes: “Pondremos el foco en avances sociales y económicos además de partidas territoriales”.

En ERC también confiesan que ha habido “algún contacto” sobre esta cuestión, aunque ponen por delante, como ya ha dicho Oriol Junqueras, que cualquier negociación está vinculada a cumplir acuerdos como la financiación singular para Cataluña. El BNG también ha mantenido alguna conversación con los socialistas de cara a los presupuestos generales.

Igualmente, en el PNV señalan que en los próximos días van a empezar a intercambiar expresiones con el Gobierno con la idea de llegar a “buen puerto” en las cuentas anuales. En cambio, desde Podemos subrayan que ellos no han recibido ninguna llamada por parte de Hacienda. 

Los presupuestos son una meta que parece ahora mismo muy difícil de conseguir para el Gobierno. ¿Y si no salen adelante? Fuentes del Ejecutivo insisten en que su intención, como ya dijo Pedro Sánchez, es continuar la legislatura porque entienden que se puede seguir con las actuales cuentas prorrogadas. En Moncloa reiteran que hay coalición hasta 2027.

España da un paso muy importante con el nuevo paquete de medidas para presionar a Israel, con iniciativas como el embargo de armas a través de la aprobación de un decreto ley. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marca el ritmo a otros países europeos, pero además es un movimiento que contenta a buena parte de sus aliados de investidura.

Pero, a pesar de ese paquete, los socios a la izquierda del PSOE van a seguir presionando para tomar medidas todavía más contundentes en los próximos meses. Empezando por los ministros de Sumar, que están dentro del Gobierno y quieren que el ala socialista vaya todavía más lejos después de días de negociaciones. El jefe del Ejecutivo no descarta ampliar estas iniciativas.

El paquete de medidas que avanzó Sánchez en La Moncloa este lunes por la mañana incluye también más efectivos españoles en la misión en Rafah y un incremento en las aportaciones a la UNRWA. Todo ello ha provocado que crezca todavía más la tensión entre el Ejecutivo de Sánchez y el de Benjamin Netanyahu, que ha cargado duramente contra La Moncloa por “antisemita” y ha prohibido la presencia en su país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Esto ha llevado a que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, haya llamado a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, una medida que no estaba en el conjunto anunciado pero que llevaban tiempo reclamando sus socios de investidura.

Díaz precisamente solicita constantemente a los socialistas que también se rompan relaciones diplomáticas con Israel, algo que por el momento no acepta el ala liderada por Sánchez. Lo ha vuelto a reclamar al hilo de los ataques de Israel este lunes. También ha pedido esa ruptura de todo tipo de relaciones la propia Rego: “La sociedad española ha empujado para empujar estas nueve medidas. Ahora debemos seguir empujando para parar el genocidio en Gaza. Romper toda relación con el gobierno genocida de Israel y que paguen por sus crímenes”. El ala de Sumar ha celebrado que Sánchez hable por primer vez directamente de “genocidio”.

Rego pertenece a Izquierda Unida, la formación que más está tirando dentro del Gobierno para tomar medidas contra Israel y que estuvo a punto de salirse de la coalición por el contrato para comprar balas a empresas israelíes por parte del Ministerio del Interior. Fernando Grande-Marlaska tuvo que echarse finalmente para atrás y venció IU en el pulso interno en el Ejecutivo. El coordinador federal, Antonio Maíllo, ha calificado de “positivo pero insuficiente” el paquete hecho público por Sánchez.

IU ha pedido al PSOE una ruptura total de las relaciones diplomáticas y comerciales con el Gobierno de Netanyahu. Además, la hoja de ruta de Izquierda Unida pasa por llevar ante la ONU una propuesta de creación de una fuerza de intervención que pare el genocidio de Israel en los territorios palestinos y la colaboración del Ejecutivo en la preparación de una causa por genocidio contra Israel ante la Corte Penal Internacional, además de que se tomen acciones conjuntas con otros países para que la UE deje de ser “cómplice” de lo que está  pasando.

Podemos ha considerado que el anuncio de Sánchez demuestra que el Gobierno ha estado “mintiendo” durante estos dos años sobre la compra de armas a Israel. Los morados piden que España haga un “boicot total” a Israel, lo que pasaría por una ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales.

La eurodiputada y candidata de Podemos en las próximas elecciones generales, Irene Montero, ha reclamado: “Ahora a forzar que se cumpla el embargo, que rompan relaciones comerciales y diplomáticas, que pongan en libertad a los de La Vuelta y que protejan a la Global Sumud Flotilla”.

También empujan al Gobierno para ir más allá los diputados de EH Bildu Mertxe Aizpurua y Oskar Matute, quienes sostuvieron: “Estas medidas son el resultado de una sociedad civil movilizada que está siendo ejemplo de solidaridad y lucha frente al genocidio contra el pueblo palestino. Esperamos que a este paso le sigan más para parar los pies a Netanyahu. Sigamos el camino que nos marca la ciudadanía”.

Desde ERC también se pronunció el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, con las siguientes ideas: “Esto está bien pero llega tarde”, “se negó durante meses que España participara del comercio de armas con Israel” y “hubo una ministra que lo denunció muy sola en ese gobierno”, en referencia a Ione Belarra.

Para el BNG, en el mismo sentido, se aprueban las iniciativas tarde y son insuficientes. Los nacionalistas gallegos exigen a Sánchez la ruptura de “todo tipo de relaciones” con "el Estado genocida de Israel" y la imposición de sanciones, además de demandar una investigación por las actuaciones policiales en Monforte durante el paso de la Vuelta ciclista y la depuración de responsabilidades al "vulnerar derechos fundamentales como lo de manifestación y expresión".

Sin embargo, todo este espacio implosionó por las tensiones internas entre los partidos políticos y la falta de un modelo común que armonizara la autonomía del espacio político en Galicia con una estrategia estatal compartida. 

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que participó en el proceso de las mareas, fue clara al ser preguntada por la propuesta de Rufián: “no puede ser una suma de partidos sin más”, dijo. Y no pudo estar más acertada. Estos últimos años han demostrado que, en política, 2 + 2 no siempre suman 4. Una coalición de siglas no es un fin en sí mismo, sino apenas el nacimiento de algo mayor: un proyecto político común en favor de las mayorías sociales del Estado. 

Los resultados de las coaliciones de Podemos e IU en elecciones generales o autonómicas obteniendo peores resultados que yendo por separado es un ejemplo de esto. No obstante, en ese ciclo político surgido después del 15-M, también hemos visto grandes aciertos, como el de Ahora Madrid, que poniendo el programa por delante de las siglas partidistas y que construyéndolo desde el respeto de forma asamblearia, la plataforma política llegó al poder de una ciudad cuyas mayorías llevaban siendo conservadoras varias décadas. 

Por contra, el recorrido posterior mostró los límites de la división: Más Madrid, surgido en 2019 como escisión del espacio, logró resultados más modestos tanto ese año como en 2023. La fragmentación demostró una vez más que ninguna parte del espacio es suficiente por sí sola para disputar el poder institucional. Si se quiere construir un frente amplio que sea real y no solo retórico, todas las sensibilidades deben estar representadas y comprometidas con un proyecto colectivo.

Las experiencias de En Marea o Ahora Madrid, entre otras, aportan lecciones clave para cualquier intento de frente amplio plurinacional. Estos espacios deben basarse en el respeto a las distintas organizaciones que la conformen, independientemente de su peso para alcanzar unos mínimos de viabilidad.

Además, existen otros aspectos clave que deben abordarse para dotarlo de solidez política, coherencia estratégica y estabilidad interna si se quiere que el frente consiga logros sustanciales.

El primer punto clave a tener en cuenta es el de las distintas sensibilidades territoriales y relaciones políticas dentro del Estado. Si en una futura candidatura de frente amplio participaran fuerzas del nacionalismo catalán y vasco, no sería fácil que un votante de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, León o Castilla se sintiera inmediatamente identificado.

Esto se debe, en parte, al clima de desconfianza promovido por buena parte de los medios de comunicación, que alimentan fobias y clichés hacia los nacionalismos periféricos. 

A ello se suma otro factor menos visible pero igual de profundo: el sentimiento de abandono que recorre amplias zonas del interior y del oeste peninsular. Muchas de estas regiones sufrieron una dura reconversión industrial en los años 80 o, directamente, nunca llegaron a industrializarse, relegadas al monocultivo turístico o a la economía de servicios de bajo valor añadido

En este contexto, no son pocos los ciudadanos que, antes que señalar a los verdaderos responsables —los caciques locales, políticos o burgueses—, culpan al nacionalismo periférico del atraso de sus tierras.

Sin embargo, en  la pasada legislatura, fuerzas como ERC y EH Bildu apoyaron medidas fundamentales para las clases trabajadoras de todo el Estado, desde subidas del SMI hasta la ley de vivienda, mostrando un compromiso claro con el bienestar de las gentes humildes más allá de su territorio.

Por eso, a la hora de construir una candidatura de frente amplio, el eje central no pueden ser las listas ni las marcas, sino el programa. Y ese programa debe mirar de frente a la España atlántica, la España vaciada y empobrecida, a esos territorios que se están muriendo y cuyas demandas deben ocupar un lugar central si se quiere construir un proyecto verdaderamente estatal y transformador. 

El segundo aspecto clave, que continúa con la cuestión de la España vaciada, es la relevancia a nivel electoral que presentan las provincias que aportan cinco escaños o menos al congreso. En muchas de ellas, quién ocupe el tercer puesto decidirá hacia qué lado se inclina el gobierno. Por eso, es imprescindible que el programa electoral mire de frente a esa España olvidada y ponga en el centro las problemáticas del mundo rural.

La izquierda lleva demasiado tiempo dejando fuera de sus discursos e iniciativas a una parte esencial de la clase trabajadora: agricultores y ganaderos. Sin ser consciente de las durezas que soportan en su vida laboral y del rol fundamental que representan para el buen funcionamiento de un estado. Pero es más, la izquierda no es consciente que en el campo, se encuentran soluciones para muchas de las problemáticas que sufren las ciudades, desde el precio del alquiler hasta el coste de los alimentos.

La falta de oportunidades en el medio rural ha generado un círculo vicioso: la gente se marcha, la población disminuye, los servicios públicos se deterioran y eso provoca aún más éxodo. Quienes se van acaban en ciudades grandes o medianas buscando una vida digna, lo que aumenta la presión sobre la vivienda y dispara la demanda, agravada ya por la especulación inmobiliaria.

Además, la fuerte presión que reciben los pequeños y medianos agricultores y ganadores a la hora de comercializar sus productos les dificulta tener un salario digno con el que vivir. Reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria, incorporando mecanismos efectivos de garantía de precios justos que cubran de verdad los costes reales de producción debería ser una prioridad programática, como también exigir una reforma fiscal profunda. 

Desde la crisis de 2008, la mayoría de las subidas de impuestos han recaído sobre las rentas de la clase trabajadora y los pequeños autónomos. Es hora de revertir esta tendencia y diseñar una fiscalidad que favorezca a quienes sostienen el tejido productivo rural —pequeños comerciantes, ganaderos y agricultores—, que hoy se enfrentan prácticamente solos a la presión de las grandes cadenas y multinacionales para poder subsistir. Además, de que esta medida, también beneficiaría al comercio de barrio de las ciudades.

Si la izquierda quiere ser una alternativa real, debe reconocer que esta cadena de causas y consecuencias está en marcha y que sin un compromiso firme con el campo y con la España despoblada, no habrá un cambio duradero. La izquierda debe presentar un programa transformador real para el mundo rural, orientado a hacer viable y atractivo vivir en él.

El siguiente aspecto clave es que la izquierda no debe temer palabras como expropiación o nacionalización. La democracia no se limita a votar cada cuatro años: la economía también debe democratizarse. El Estado tiene que estar presente en los sectores estratégicos para el desarrollo de un país, como puede ser la energía o la alimentación.

La experiencia del Ayuntamiento de Marinaleda en los años 80 y 90 es una pista del camino a seguir. ¿Por qué no impulsar, a nivel estatal, una cooperativa o empresa pública de alimentación que promueva un modelo agrícola sostenible y menos contaminante, que garantice buenos salarios para agricultores y ganaderos y que permita que sus productos lleguen al supermercado a precios asequibles? España es un país productor de alimentos, pero vivimos una paradoja: los precios en los supermercados son excesivamente altos, y el enfado social es cada vez mayor. Urgen transformaciones valientes, como también lo exige la materia de vivienda. 

No hay que tener miedo a expropiar a los fondos buitre o a nacionalizar o expropiar edificios o pisos abandonados -diferenciando siempre entre grandes y pequeños tenedores- para rehabilitarlos e incorporarlos al parque público. España está muy atrasada en lo que se refiere a esta política en comparación con los países de su entorno. 

Es necesario, además, prohibir los pisos turísticos en las grandes y medianas ciudades, como ha anunciado que hará el alcalde de Barcelona en 2028. Y, sobre todo, desarrollar una política valiente que no tema construir vivienda pública: la población crece y la demanda también. No se puede dejar el futuro habitacional en manos de la especulación.

Por otro lado, el programa no es lo único que determinará el éxito de un frente amplio; también cuenta, y mucho, el factor humano. La solidaridad, el cooperativismo y la sinceridad entre compañeros de distintas organizaciones serán decisivos. 

Sobre este punto, la izquierda ha cojeado en los últimos tiempos. Podemos lleva esgrimiendo desde hace años que sus caídas electorales se deben a ciertos medios de comunicación de masas y nunca al sectarismo, cesarismo y el ambiente de trabajo tóxico que crearon desde una dirección estatal hermética que cada vez tiene menos que ver con la realidad del estado. No obstante, podemos todavía cuenta con cuadros políticos interesantes en las autonomías como en Extremadura o Andalucía. 

Todas esas dinámicas han de cesar para que el frente funcione y alcance todas las metas que se proponga por el bien de la ciudadanía. El enemigo es otro, y todo el mundo en el espacio debería darse cuenta. Las organizaciones apeladas a construir el frente amplio están en la misma trinchera y en ella no existen los enemigos internos.

El último punto a tratar es la relación con el PSOE. El frente amplio no puede existir para ser un salvavidas de Pedro Sánchez ni para subordinarse al Partido Socialista; debe mantener independencia y capacidad de presión. 

En un ecosistema mediático que privilegia al bipartidismo, este espacio necesita hacerse oír, incomodar y señalar las contradicciones del PSOE. En 2023, la supervivencia electoral a la izquierda del PSOE se debió en buena medida al “ruido” que Podemos hizo desde dentro del Gobierno a lo largo del primer gobierno de coalición.

Esto ha sido motivo de discrepancia interna dentro del espacio y desde Sumar se argumentó que la ciudadanía no quería ruido, sino soluciones decidiendo optar por otra forma de relacionarse con el socio mayoritario. Y es cierto que las disputas internas desgastan, y mucho, pero la confrontación pública con el PSOE por cuestiones políticas no debilita, sino que refuerza. La ausencia de esa confrontación es lo que, en buena medida, explica los pésimos resultados de Sumar en las elecciones europeas.

Hay organizaciones como Adelante Andalucía que se muestran reacias a entrar en gobiernos con el PSOE, por los riesgos y concesiones que implica. Su postura tiene fundamento, pero también es innegable que desde el Ejecutivo se han conseguido avances como el Ingreso Mínimo Vital o la Ley de Vivienda. El reto, por tanto, es encontrar un punto de equilibrio: tener un pie en el Gobierno y otro en la calle, con el respaldo de organizaciones sociales, para impulsar mejoras concretas para las mayorías sociales. Esto implica asumir que, en ocasiones, habrá que tragar sapos, pero denunciándolos de forma transparente y dejando claro que son imposiciones del PSOE, mientras que las conquistas sociales llevan la firma del espacio a su izquierda.

La derecha y ultraderecha vienen con mucha fuerza y ellas no tienen miedo a cumplir con su programa electoral. Lo estamos viendo en EEUU, en Israel o Hungría, la degradación democrática a nivel global es más que palpable. No valen parches o la ciudadanía dejará de apoyar a este espacio político, al que pocas oportunidades le quedan si no queremos que la ultraderecha gobierne España por años. Las personas migrantes, las personas con discapacidad, el colectivo LGBT, las mujeres… muchas personas dependen de los aciertos de este espacio político. La izquierda no debe tener miedo a cumplir su programa, la derecha no lo va a tener jamás

Esta columna es un llamamiento a Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Compromis, Ara Més, Chunta Aragonesista, Comuns, Verdes Equo, Podemos, Alianza Verde, Adelante Andalucía, EH-Bildu, Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana de Catalunya, Anova, Somos Asturias, Drago Canarias y demás partidos políticos y organizaciones que quieran sumarse y contribuir para cambiar la ola reaccionaria de dirección y sentido. Como bien dijo Rufián: “o nos unimos o nos matan por separado”.

_____________________________________

 Diego Miguez Lois es socio de infoLibre.

Decenas de personas se han concentrado este viernes a las puertas del recinto Luis Adaro de Gijón durante la inauguración de la 68ª Feria Internacional de Muestras de Asturias para reclamar la libertad plena de las sindicalistas conocidas como las Seis de la Suiza, que cumplen en tercer grado penas individuales de tres años y medio de prisión por coacciones al dueño de una pastelería de la localidad gijonesa. Según informa EFE.

Convocada por los sindicatos CCOO, CGT, CNT, Colectivo de Trabajadores, CSI, Intersindical Asturiana, Sindicato Asturianu, UGT y USO y el grupo de apoyo las seis sindicalistas, la protesta se ha desarrollado sin incidentes coincidiendo con la llegada de autoridades al recinto ferial, entre ellos el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Las organizaciones han considerado que el tercer grado penitenciario, que permite a las sindicalistas condenadas -cinco mujeres y un hombre- sólo tener que pernoctar en el centro penitenciario y disfrutar los fines de semana fuera, es “insuficiente”, “no es una solución admisible por su condición de trabajadoras” y “sienta un precedente peligroso que pone en riesgo la actividad sindical”.

La condena es “desproporcionada y no corresponde a un sistema democrático”, han expresado las organizaciones convocantes, que, además, han considerado “urgente” aumentar la “presión política” mediante movilizaciones para conseguir el indulto.

“Debemos defender nuestros derechos básicos ante esta ofensiva judicial, porque la represión sindical no puede quedar impune y nadie debe ser criminalizado por defender derechos laborales”, han expresado.

Tras su ingreso en prisión el pasado 10 de julio, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que ya trabajaba "dentro del Gobierno para que el indulto llegue cuanto antes" e insistió en que "el sindicalismo es un derecho, no un delito", de modo que "en una democracia nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales".

Además, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG registraron juntos una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno el indulto, una medida que también apoya el Gobierno del Principado, además más de una veintena de organizaciones sindicales de todo el país.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, que el pasado mes de junio desestimó la solicitud de las defensas y de la Fiscalía para que se suspendiera la condena, dictó el pasado 9 de julio una orden de detención e ingreso en prisión para las Seis de la Suiza, que al día siguiente se presentaron de forma voluntaria en el centro penitenciario asturiano.

El Tribunal Supremo ratificó hace poco más de un año las penas individuales de dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, y al pago de cerca de 150.000 euros como indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, que cerró el local como consecuencia de las protestas continuadas a las puertas del establecimiento por un conflicto con una trabajadora.

Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando la pareja sentimental de una trabajadora de la pastelería se presentó en el lugar de trabajo y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.

Según detalla la sentencia, la empleada, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una "campaña de presión sobre el empleador y su familia".

Entre otros actos, la sentencia concreta la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.

Las condenadas, según el relato de hechos, "incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión" hacia el empresario y su familia porque éste se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra la pareja de ésta.

Las concentraciones delante del local terminaron cuando el empresario decidió cerrar su negocio, lo que, según el Supremo, fue "la consecuencia directa de la presión, constante, reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones económicas de los acusados".

Podemos, ERC, EH Bildu y BNG han registrado juntos una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados donde piden al Gobierno indultar a las Seis de la Suiza, las sindicalistas condenadas a penas individuales de tres años y medio de prisión por coacciones al dueño de una pastelería de Gijón, según informa EFE.

En el texto, registrado este miércoles para su debate y votación en la comisión de Justicia del Congreso, los partidos firmantes señalan que con las vías judiciales agotadas, tan solo con una medida de gracia como el indulto es posible evitar que estas seis personas "sigan cumpliendo una pena de cárcel por ejercer su derecho a la libre actividad sindical".

Y recuerdan que la solicitud de indulto para las personas condenadas cuenta ya con el respaldo de más de una veintena de organizaciones sindicales y con el apoyo expreso del Gobierno de Asturias.

Las Seis de la Suiza (cinco mujeres y un hombre) entraron en prisión el pasado 10 de julio tras ser condenadas con penas individuales de tres años y medio de prisión por coacciones al dueño de una pastelería de Gijón, que cerró el local como consecuencia de las protestas a las puertas del establecimiento por el despido de una de las ahora condenadas.

EH Bildu ha reivindicado una "república vasca de iguales" y en "libertad" este domingo con motivo del Aberri Eguna (día de la patria vasca) en una manifestación por las calles de Pamplona, según informa EFE. Encabezados por su secretario general, Arnaldo Otegi, que ha estado acompañado por cargos de la Mesa Política de la coalición y el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, miles de personas (más de 15.000, según la organización, y 9.000 según la Delegación del Gobierno) han recorrido las calles de la capital navarra bajo el lema "Askatasunaren nazioa (la nación de la libertad)". 

La marcha ha salido desde los Cines Golem en Yamaguchi y ha terminado, pasada por agua, en el parque de Antoniutti, donde el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha dado la bienvenida a los asistentes a la "capital de todos los euskaldunes", y el secretario general, Arnaldo Otegi, ha tomado la palabra. 

Otegi ha explicado que el Aberri Eguna "no es un día para criticar a otros abertzales, sean de la ideología que sean. Es para celebrar con ellos. Los que lo hacen, quizás lo hagan porque tienen que hablar de otros porque tienen dificultades para hablar de sí mismos. Nosotros nunca utilizaremos el Aberri Eguna para criticar a nadie que defienda que somos una nación y que tenemos derecho a decidir. Eso se lo dejamos a quienes hacen del barro y del insulto su práctica política". 

El líder de la izquierda abertzale ha señalado que la nación vasca se encuentra ante una oportunidad. "En el pasado no supimos aprovechar todas las ocasiones. No consiste ahora, ni debemos hacer un repaso sobre quién tuvo esa responsabilidad, pero somos un país a escala pequeña que ha hecho grandes cosas. Necesitamos saber jugar con inteligencia política para avanzar en el camino de construir una soberanía nacional". 

Por ello, ha tendido la mano a quien considere que "este país se merece mayor reconocimiento nacional, la defensa de su lengua o una sociedad diferente", para construir juntos ese camino. 

"Desde el punto de vista nacional y, a nuestro juicio, ese camino lo tenemos que hacer desde la unión. Frente a los insultos, más mano tendida, frente a los desprecios, aquí está la izquierda independentista dispuesta a jugar una partida en términos estratégicos, no en el cortoplacismo, sino mirando al horizonte, que se llama República Vasca de Iguales", ha indicado.

El curso político ha arrancado de lleno con la vivienda como principal foco de los partidos políticos. El Gobierno y el PP han puesto encima de la mesa con pocas horas de diferencia los modelos con los que quieren hacer frente a una crisis que ya se ha situado como la segunda principal preocupación de los ciudadanos en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Modelos económicos, pero también ideológicos.

La vivienda es la protagonista de una crisis que tiene especialmente incidencia entre los jóvenes, pero con una afectación que se nota ya en muchas capas de la sociedad que ven cómo se marcan precios históricos en la compra y en el alquiler a la vez que las grandes ciudades están expulsando a sus vecinos de las zonas del centro, que se han convertido en un mercado dominado por inversores millonarios y fondos extranjeros.

La Moncloa y el Ministerio de Vivienda han diseñado un plan con medidas sin precedentes para hacer frente a la situación, que afecta de lleno al corazón del electorado progresista (mucho más preocupado que el de derechas por esta cuestión, según las encuestas). El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presentó las doce medidas este lunes junto a la plana mayor del Gobierno en un acto al que se le ha dado una enorme importancia en el Ejecutivo.

El Gobierno ha marcado una hoja de ruta con el principal objetivo de aumentar el parque público de vivienda, muy inferior al de otras naciones del entorno como Francia y Países Bajos. El modelo se va a pivotar especialmente desde la nueva empresa pública de Vivienda (que pone sus cimientos en SEPES), a la que se van a transferir próximamente 3.300 viviendas y dos millones de metros cuadrados. Además, tendrá prioridad a la hora de adquirir inmuebles. Una de las grandes obsesiones del Ejecutivo es que a partir de ahora se blinde la titularidad estatal de las futuras construcciones protegidas.

El plan, que se ha diseñado de manera discreta y concienzuda por expertos y el Gobierno, conlleva también un PERTE de vivienda, un sistema de garantías públicas para propietarios e inquilinos para el alquiler asequible, un nuevo plan estatal de vivienda y desbloquear la ley del suelo que quedó varada en el Congreso tras el rechazo del PP y de Sumar.

El Ejecutivo también quiere implantar medidas sin precedentes en España como la limitación de compra de vivienda para los extranjeros no comunitarios y no residentes (un modelo que funciona en países como Canadá y Dinamarca) y la exención fiscal del 100% del IRPF para los propietarios que alquilen su vivienda en base al índice de referencia sin necesidad de estar en una zona tensionada. Asimismo, el plan responde a la filosofía, como dijo el propio Sánchez, de “sobran Airbnbs y faltan viviendas”. Por ello, se propondrá al Congreso que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio y pasen a tributar como una actividad económica incluyendo la aplicación del IVA en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística. 

El Gobierno se compromete además a condicionar las ventajas fiscales de las socimis a la promoción de vivienda en alquiler asequible y a endurecer la regulación que persigue el fraude en los alquileres de temporada, además de crear un fondo para que gobiernos autonómicos y municipales refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y otros usos fraudulentos de la vivienda. 

La coalición apuesta por este modelo en vivienda frente al de la burbuja y el pelotazo que se instaló durante años en España en la época del boom inmobiliario. En el Ejecutivo indican que no se puede volver a caer en los errores del pasado y contraponen su hoja de ruta a la marcada por Alberto Núñez Feijóo y sus barones durante el fin de semana en el encuentro que tuvieron en Asturias.

El PP quiere derogar la ley de vivienda (que permite limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas) y promover una reforma de la ley del suelo para facilitar la gestión del mismo y que haya una mayor agilidad administrativa. Además, los populares en la Declaración de Asturias se comprometen a exigir el desbloqueo de la ley antiokupas para que puedan desalojarse en 24 horas y poner a disposición del sector todo el suelo público posible para viviendas de alquiler un 30% más barato que la media del mercado. 

El plan de Alberto Núñez Feijóo tiene también como principal sustento las rebajas fiscales con la gran bandera de la reducción al 4% del impuesto de transmisiones patrimoniales a los jóvenes (una competencia autonómica). Asimismo, apuestan en el PP por establecer deducciones por compra y arrendamiento de primera vivienda habitual y para particulares que alquilen sus casas para vivienda habitual del inquilino o que movilicen sus pisos vacíos desde hace dos años para arrendamiento. La declaración contempla un tipo reducido en la transmisión de viviendas con protección pública (impuestos de Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones) y la revisión en profundidad de los impuestos que gravan el desarrollo de suelo y la construcción de vivienda nueva asequible, para relanzar la actividad promotora y reducir el coste de producción de la vivienda.

El Gobierno y el PP han puesto en el ring político esos dos modelos. Los populares acusaron a través de su portavoz, Borja Sémper, al Ejecutivo de hacer “más política intervencionista”. “Lo que queda acreditado por la experiencia es que manosear el mercado lo que genera es precios más caros y menos oferta", señaló el dirigente conservador.

El análisis que hace el Gobierno, al contrario, es que el modelo del PP supone volver a la época de la burbuja alimentada por la administración de José María Aznar. El propio Sánchez, durante el acto, criticó la “política nefasta del pelotazo” promovida por los gobiernos populares que llevó a un sistema “injusto y fallido”. El jefe del Ejecutivo rechazó la vía de “desregular” que imperó en la época del PP, también con Mariano Rajoy al frente de La Moncloa, y lamentó que los gobiernos conservadores entregaran a fondos buitres las casas de protección oficial que se habían construido, abrieran las puertas de las ciudades de “par en par” a empresas de alquiler turístico y aprobaran las llamadas golden visa que "animaban a millonarios extranjeros a especular". Este modelo también fue definido por el titular de Transportes, Óscar Puente, que indicó al conocer la propuesta de Génova 13 que es volver al “todo urbanizable de Aznar” y a la "especulación que nos costó la ruina de 2008 a 2015 y la quiebra de cajas de ahorros y el rescate bancario que pagamos todos de nuestro bolsillo".

La Moncloa se mueve en políticas de vivienda presionada tanto por sus votantes como por los socios de coalición, que llevan meses poniendo en su punto de mira a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez. El titular de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, celebró el “cambio de discurso” del PSOE pero cree que se debe ir más lejos con medidas como  la prohibición de las compras especulativas a todos los ciudadanos.

En Podemos han criticado duramente los anuncios del presidente con su líder, Ione Belarra, haciendo esta valoración: “Hemos pasado de pedir solidaridad a los caseros a regalarles dinero público de todos y todas para que bajen los precios. Este Gobierno va de mal en peor y está jugando con fuego”. Desde ERC, Gabriel Rufián, sostuvo: “El Gobierno debería grabarse a fuego que por encima del derecho a enriquecerse de alguien con diez viviendas está el derecho de alguien a tener una vivienda digna. Llegan tarde y se quedan cortos. Habrá que ir más allá”. También reaccionó Oskar Matute, de EH Bildu, que indicó que algunas medidas van en la “buena dirección” pero “otras como aplicar exenciones fiscales a propietarios que han estado cobrando alquileres abusivos y desproporcionados van en la dirección contraria”.

Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG han reclamado el mantenimiento del impuesto sobre las grandes energéticas, que previsiblemente decaerá a final de año por falta de apoyos parlamentarios para convertirlo en permanente, sobre todo por la oposición de Junts, según informa EFE.

Las cinco formaciones han incluido esta propuesta entre sus enmiendas a la ley que regula un tipo mínimo efectivo para las multinacionales, algo que no ha hecho el PSOE y que han afeado ERC, EH Bildu y Podemos, que ha llegado a amenazar con no apoyar la norma si no se rescata el impuesto energético.

Los gravámenes sobre la banca y las energéticas se crearon con carácter temporal, pero PSOE y Sumar pactaron convertirlos en impuestos permanentes, algo que parece que va a prosperar con el bancario tras el pacto alcanzado por PSOE y Junts pero no con el energético, ya que la formación independentista se opone a aprobar un tributo que cree que va a penalizar las inversiones en Cataluña.

Ante esta situación, cinco de los socios parlamentarios del Gobierno han optado por registrar ellos mismos la propuesta -todos plantean convertir la prestación en impuesto salvo Sumar, que quiere mantenerlo como gravamen-, que ahora tendrá que debatirse y votarse en el Congreso.

Por su parte, PNV defiende que "ha mostrado su voluntad de convertir en impuesto y concertar dicho tributo", igual que ha pactado para el bancario, por lo que se desmarca de la decisión del PSOE de renunciar a proponerlo.

Los votos de todos los socios parlamentarios del Gobierno son necesarios tanto para sacar adelante la ley del tipo mínimo como las enmiendas registradas por el PSOE, que abarcan desde la subida de la tributación del gasóleo a un nuevo impuesto para los vapeadores.

Más allá de la polémica por los impuestos energético y bancario, los grupos políticos han presentado sus propias enmiendas a la ley, en su mayoría de contenido tributario. Así, Sumar propone crear un impuesto para las grandes herencias y un gravamen para bienes de lujo, así como ampliar el impuesto de grandes fortunas a patrimonios de más de un millón de euros o atender a las peculiaridades de las cooperativas en el impuesto complementario.

También plantean diversas medidas fiscales para promover el alquiler estable, entre ellas endurecer el régimen de las socimi y un recargo para los inmuebles vacíos, así como eliminar la exención fiscal de los inmuebles de la Iglesia Católica, subir los tipos de ahorro, gravar los seguros sanitarios y la educación privada o bajar el IVA a las peluquerías, pañales y productos sin gluten.

Bildu y ERC han presentado sus enmiendas de forma conjunta, en las que defienden la necesidad de gravar los seguros de salud privados, impulsar la modificación de la directiva del IVA para gravar los alquileres turísticos (una iniciativa también planteada por el PSOE) y una tributación de los residuos específica para viviendas turísticas. BNG, por su parte, reclama ampliar el impuesto de grandes fortunas y ajustar el IVA a peluquerías, productos culturales y los productos de higiene íntima femenina.

Junts ha apuntado que algunas de las enmiendas registradas por el PSOE se habían pactado con la formación, como el impuesto bancario, la bajada del impuesto de sociedades para pequeñas empresas o la bonificación total de las cotizaciones sociales para la contratación de entrenadores o monitores de menores en entidades deportivas sin ánimo de lucro. 

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido en que es necesario blindar el parque de vivienda y los suelos públicos para siempre y ha lamentado que la descalificación de viviendas durante los años del "boom" haya provocado que hoy no se pueda contar con un parque público, informa EFE.

A este respecto ha asegurado que las comunidades tienen mucho que decir y espera que haya un acuerdo unánime con ellas aunque ha subrayado que el Gobierno tiene otros instrumentos para hacerlo viable, ha apuntado en el marco de su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de lo que está haciendo el Gobierno en materia de vivienda y que había sido solicitada por el grupo parlamentario republicano, por Bildu y por el Grupo Mixto.

"Hay que ser rigurosos porque no existen baritas mágicas, hay que evitar los palos en las ruedas. Hay muchas medidas que no van a tener efectos inmediatos pero sí van a contribuir a solucionar el problema", ha asegurado.

A este respecto, ha añadido que al finalizar esta legislatura haber sentado las bases para resolver este problema estructural y acabar con él para siempre a pesar de las complejidades.

Asimismo, ha destacado el refuerzo de recursos públicos para estas políticas y ha insistido en que desde que Pedro Sánchez es presidente se han movilizado 20.400 millones a políticas de vivienda.

El balance de gestión que ha ofrecido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ante el pleno del Congreso de los Diputados, no ha convencido ni a los partidos que dan apoyo al Gobierno ni a su socio de coalición, que ha amagado con pedir su dimisión.

"Si no está del lado correcto, no le queda más tiempo que a un piso de 600 euros publicado en Idealista", le ha advertido el diputado de Sumar, Alberto Ibáñez.

Éste ha sostenido que la ministra "tiene que elegir" si está del lado de los "fondos buitre", las empresas gestoras del alquiler y los "rentistas"; o del lado de la gente que sufre el problema del acceso a la vivienda.

Tras defender que el Gobierno de coalición no puede "fallar" a esa gente, Ibáñez ha sostenido que el problema de la vivienda es un "conflicto de clase" y ha subrayado que en el hemiciclo hay diputados que tienen diecinueve casas y que en él hay "el triple de rentistas que en la calle".

A ese respecto, ha llamado a la ministra a que "escuche a la calle" y a las manifestaciones masivas que están reclamando intervenir el mercado y bajar los precios del alquiler.

Ha subrayado además que para Sumar un "gran pacto de Estado" debería contener cinco medidas: intervenir los precios para bajar los alquileres, limitar la compra especulativa de la vivienda, hacer que el alquiler sea indefinido, ampliar el parque público destinando el 1% del PIB a comprar vivienda que ya existe y una reforma fiscal "para que no se pague más impuestos por ir a currar que por rentas del piso heredado del abuelo".

Por su parte, la diputada de ERC Pilar Valluera, ha reprochado a Rodríguez que no tome medidas "valientes", como crear un grupo de trabajo para regular el alquiler de temporada; y que diga cosas que dan "vergüenza" y que producen la "sensación sistemática de que está del lado de los propietarios".

En la misma línea, el representante de EH Bildu Oskar Matute ha urgido a la ministra a "pasar de las palabras a los hechos", tras recordarle que el debate de hoy viene "empujado por la urgencia de la calle".

Matute ha enumerado una batería de medidas que pueden adoptar las distintas administraciones, entre ellas, topar los precios, limitar los alquileres de temporada y los pisos turísticos, ceder suelo público para la construcción de vivienda y gravar los pisos vacíos con un canon del 150% sobre el IBI, algo que, según ha asegurado, ya están haciendo muchos municipios donde gobierna su partido.

La proposición de ley acordada entre PSOE, Sumar y EH Bildu para reformar la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, se ha registrado este viernes en el Congreso con el apoyo de ERC, PNV y BNG, según recoge EFE. Con el registro de la iniciativa firmada por estos seis partidos, la reforma de la ley mordaza, en vigor desde hace más de nueve años, encarará su tercer intento de modificación tras dos fracasados en marzo de 2023 y abril de 2019, de forma que en las próximas semanas podría iniciar su tramitación parlamentaria con el debate de su toma en consideración en el pleno del Congreso.

La proposición de ley recupera los acuerdos de la pasada legislatura que, sin embargo, no fueron suficientes para sacar adelante la reforma que fracasó hace un año y añade el pacto alcanzado por PSOE, Sumar y EH Bildu sobre los artículos polémicos que no se lograron consensuar en 2023.

En su exposición de motivos, el texto defiende que la seguridad debe ser "un instrumento al servicio de la garantía de los derechos y libertades y no un fin en sí mismo" y resalta que cualquier incidencia o limitación en el ejercicio de libertades por razones de seguridad debe ampararse en el principio de legalidad y proporcionalidad.

Tras años de trabajos en ponencia y bloqueos de la reforma, la ley que sustituirá a la actual, aprobada en 2015, tiene ya más visos de prosperar una vez que comience la tramitación de esta iniciativa que incluye el derecho de manifestación espontánea; la reducción de las cuantías de las sanciones en sus tramos máximos; la incorporación al criterio sancionador la capacidad económica del infractor o las sanciones reparadoras. La iniciativa también prevé la eliminación de las sanciones al top manta y reduce las de tenencia de cannabis.

Pero, sobre todo, propone cambios en los cuatro artículos más polémicos: material antidisturbios (artículo 23); desobediencia y resistencia (36.6), las faltas de respeto a la autoridad (37.4) y devoluciones en caliente (disposición adicional).

Respecto las pelotas de goma, la proposición prevé una disposición adicional para que se desarrollen protocolos de acuerdo con los estándares internacionales a fin de que de forma progresiva se supriman del material antidisturbios las pelotas de goma y sean sustituidas por medios menos lesivos.

También pretende también acabar con las sanciones "injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas" en las faltas de respeto a la autoridad. Así, se considerarán infracción leve "los insultos o injurias cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal".

Además, según justifican los promotores de la iniciativa, "se establece que la desobediencia debe ser manifiesta, clara y objetivable, y que será sancionable solo cuando esté ajustada a una orden legal, ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, impidiendo la discrecionalidad sobre requerimientos y sanciones". De este modo, el artículo correspondiente quedaría así: Será infracción leve "la desobediencia manifiesta y clara a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico y cuando no sea constitutiva de infracción penal".

También lo será "la resistencia a la autoridad o sus agentes utilizando oposición corporal cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, y cuando no sea constitutiva de infracción penal". Asimismo, se considera infracción leve "la negativa manifiesta y clara a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación, y cuando no sea constitutiva de infracción penal".

Otro de los aspectos que incluye la iniciativa se refiere a las devoluciones en caliente, una disposición adicional que se incluyó en la ley de 2015. Según el texto registrado este viernes, seis meses después de la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad ciudadana se abordará la reforma de la Ley de Extranjería con una nueva disposición que "deberá reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional".

"En consecuencia -añade le texto acordado-, la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión". 

Cuando en julio los dos partidos que conforman el Gobierno anunciaron un mínimo acuerdo respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana, desde Sumar se esforzaron por trasladar la idea de que aquello tan solo era "el inicio" del camino. Hoy, tres meses después, ambos han dado un paso de gigante. El Ejecutivo y EH Bildu han cerrado este jueves un acuerdo para la reforma de la ley mordaza en torno a aquellos aspectos que la hicieron descarrilar la pasada legislatura. Por un lado, la eliminación de las pelotas de goma. Y por otro, cambios en los dos preceptos de la norma que más sanciones provocan. En concreto, el 83%.

Impulsada en medio de un clima de efervescencia social por el Gobierno de Mariano Rajoy, la derogación de la ley mordaza –o, al menos, de sus aspectos más dañinos– es una de las grandes promesas no culminadas de la izquierda. De hecho, la norma lleva más tiempo en vigor con la mayoría parlamentaria que aspira a limitarla que con aquella que hace ya una década la impulsó. Las diferencias respecto al alcance de las modificaciones han frustrado hasta el momento todos los intentos por rebajar el carácter lesivo de la ley. El último el pasado año, cuando la falta de consenso en cuatro puntos hizo fracasar una reforma que ya estaba muy avanzada.

El acuerdo alcanzado ahora supera, precisamente, esos escollos. El Ejecutivo y EH Bildu, uno de los socios parlamentarios que entonces votó en contra, han pactado incluir una disposición adicional que recoge expresamente la eliminación de las pelotas de goma. En concreto, establece que las autoridades "deberán desarrollar protocolos específicos" sobre gestión policial de manifestantes en orden a utilizar siempre "los medios menos lesivos". "Asimismo, se sustituirá progresivamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma por otros menos lesivos", completa el documento, que también ven con buenos ojos PNV y ERC.

No es la única disposición adicional. También se ha pactado otra que establece un plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana para modificar "con detenimiento, estudio y rigor" la Ley de Extranjería en relación a las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, que en su día avaló el Tribunal Constitucional. El objetivo es que se reconozcan y garanticen los "derechos de las personas migrantes" y se asegure que la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional se realice "en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión".

Los socios del Gobierno acordaron en julio retocar el artículo de la norma que recoge como infracción grave la toma o difusión de imágenes de policías. Un precepto que solo representa el 0,06% de las sanciones que se imponen. Pero ahora, el acuerdo resulta mucho más ambicioso, ya que incluye las dos infracciones que más castigos han generado en los algo más de nueve años de vida de la norma: las faltas de respeto y la desobediencia a la autoridad. Aunque no se derogan, sí se plantea una nueva redacción que busca acotar el margen de discrecionalidad de los agentes a la hora de proponer sanciones de este tipo.

Desde que echó a andar en la primavera de 2015, y hasta 2023 –últimos datos disponibles–, se han impuesto con la ley mordaza 2,15 millones de sanciones por un total de 1.292 millones de euros. Una parte de ellas, sin embargo, tienen que ver con drogas, armas o explosivos. Dejando a un lado las referidas a estas cuestiones, y centrándonos en aquellas relativas a seguridad ciudadana, las estadísticas oficiales reflejan en ese mismo periodo 636.738 infracciones por 328 millones de euros. De ellas, 360.855 fueron por desobediencia o resistencia. Y 171.173 por faltas de respeto. Ambos preceptos acumulan, por lo tanto, el 83% de los castigos.

Tanto por el primero como por este segundo precepto fue castigado en su momento con casi mil euros el fotoperiodista Javier Bauluz, premio Pulitzer en 1995, cuando cubría la llegada al muelle canario de Arguineguín de un grupo de migrantes que habían sido rescatados en alta mar. Y no es el único. En 2016, por ejemplo, a la periodista Mercè Alcocer le impusieron 601 euros de multa por desobediencia cuando cubría la declaración en la Audiencia Nacional del expresident de la Generalitat Jordi Pujol. A la informadora se le reprochaba que hubiera abandonado la zona habilitada para medios para intentar recoger declaraciones del expolítico.

La desobediencia o resistencia aparece actualmente recogido en el artículo 36.6, donde se enumeran las infracciones graves –con multas comprendidas entre los 601 y los 30.000 euros–. Sin embargo, el acuerdo del Gobierno con EH Bildu plantea desplazarlo a la categoría de "leve" –cuya multa máxima son 600 euros– y acotar el margen de aplicación. Así, la desobediencia debe ser "manifiesta y clara", al igual que la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad y sus agentes. Y para la resistencia tiene que existir "oposición corporal" cuando se trate de la "negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico".

En cuanto al segundo comportamiento, aparece regulado en el artículo 37.4: "Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". La nueva redacción acordada, sin embargo, sustituye el amplio "faltas de respeto y consideración" por "insultos e injurias". Y para entender cometida la infracción, las expresiones vertidas deben ser "relevantes", sin que pueda considerarse sancionable "la sola disconformidad con un mandato legítimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión". Además, una sanción en base a este precepto podrá dejarse sin efecto si el sancionado accede a retractarse o disculparse.

Desde algunas instancias internacionales hace ya mucho que se pide una revisión de la ley mordaza. La Comisión de Venecia, órgano consultivo en materia constitucional del Consejo de Europa, ya sugirió en un informe de 2021 hacer una evaluación "en profundidad" del funcionamiento de la norma teniendo en cuenta su "potencial represivo". En aquel documento, de hecho, mostraban preocupación por la redacción de algunas disposiciones: "Confían a la policía amplios poderes". Entre otras, las que ahora se busca reformar. "Esta fórmula está abierta de par en par a la subjetividad", sostenía sobre el precepto relativo a las faltas de respeto a los agentes.

Pero hasta ahora la mayoría parlamentaria a favor de la eliminación de los aspectos más lesivos de la ley mordaza no había logrado ponerse de acuerdo. Cerca estuvo durante la pasada legislatura. Es más, se llegaron a consensuar cambios en 36 de los 54 artículos que conforman la norma, algunos de los cuales reducían el tiempo de identificación en comisaría, limitaba los registros corporales o establecía multas vinculadas a la renta. Sin embargo, las discrepancias sobre la desobediencia, faltas de respeto, pelotas de goma o devoluciones en caliente hicieron que todo descarrilase. ERC, EH Bildu y Junts se negaron a respaldar una modificación que se quedara corta.

Pero ahora el acuerdo entre el Gobierno y la formación abertzale en torno a estos cuatro puntos fundamentales allana el camino para culminar la ansiada reforma, que recuperará todos aquellos aspectos ya acordados en la pasada legislatura. Tanto ERC como el PNV ya han anunciado que se sumarán al acuerdo para aprobar una nueva ley mordaza. Junts, por su parte, ha avanzado que presentará enmiendas al texto, si bien lo cierto es que con el acuerdo quedan cubiertas todas las lagunas que le llevaron a votar en contra en marzo de 2023. Podemos, por su parte, cree que el pacto alcanzado no es más que un "retoque estético" y votará en contra –aunque en la pasada legislatura votó a favor– si no se incluye la prohibición "expresa" de las pelotas de goma y las devoluciones en caliente.