Hace diez años, el 13 de noviembre de 2015, una oleada coordinada de atentados perpetrados por comandos del Estado Islámico tuvo como objetivo el Estadio de Francia, en Saint-Denis, así como las terrazas de los cafés y la sala de espectáculos Bataclan, en París, matando a ciento treinta personas e hiriendo a cientos más. Luego se suicidaron tres supervivientes de esos atentados.

Mientras Francia conmemora el décimo aniversario de esa matanza, las noticias de los últimos días han recordado las palabras de una víctima en el juicio: “El terrorismo hace imposible la tranquilidad.”

Todo comenzó con un telegrama enviado el viernes 7 de noviembre a los prefectos y responsables de seguridad, en el que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, pedía una mayor vigilancia, especialmente en torno a las “salas de conciertos” y las “manifestaciones festivas de importancia” con motivo de la conmemoración.

Luego se anunció la detención, el 10 de octubre, de tres jóvenes que hablaban de atacar las terrazas de los cafés o una sala de conciertos, en un siniestro homenaje a la acción de los terroristas.

También apareció el nuevo caso de Salah Abdeslam, el único superviviente de los comandos del 13 de noviembre. Los medios de comunicación estallaron: el preso más vigilado de Francia habría preparado desde su celda un nuevo atentado. En realidad, el bruselense “solo” consultó propaganda yihadista, y fue su expareja, con la que ya no se comunicaba, quien alimentaba “un proyecto de acción violenta”, según la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat).

Independientemente de la relevancia y la gravedad de estos diversos acontecimientos, las palabras “terrazas”, “sala de conciertos”, “atentado” o incluso “Abdeslam” ensombrecen la conmemoración. Francia aún no ha acabado con la amenaza terrorista yihadista suní.

Mediapart ha consultado informes y notas en las últimas semanas y ha mantenido reuniones individuales o colectivas con diversos servicios de inteligencia y con el ministerio de Justicia para hacer un balance de esta amenaza, cuya naturaleza y forma han evolucionado profundamente. Una amenaza “atomizada, individualizada, menos organizada, menos letal, más difusa y, por lo tanto, más difícil de entender”, según un oficial de inteligencia.

Entre el asesinato del preso corso Yvan Colonna en marzo de 2022 y el del profesor Dominique Bernard en octubre de 2023, Francia había pasado un año y medio sin llorar a ningún muerto a manos de un yihadista, pero luego se han sumado otros tres a una lista que, según nuestros cálculos, asciende a 119 personas asesinadas desde el 13 de noviembre, incluidas las 86 víctimas mortales del atentado de Niza el 14 de julio de 2016.

En 2015, Al Qaeda y el Estado Islámico tenían la capacidad de formar a operativos en sus santuarios para luego enviarlos a los países objetivo y llevar a cabo ataques complejos. Diez años después, estas dos organizaciones ya no tienen los medios para hacerlo. Sus mandos centrales se han visto muy debilitados, hasta tal punto que sus respectivos líderes estarían “poco implicados”, según la fuente citada, en la vida de dichas organizaciones terroristas.

Las células dedicadas a las operaciones exteriores, es decir, a la comisión de atentados en el extranjero, han sido desmanteladas. La probabilidad de un segundo 13 de noviembre “ha disminuido considerablemente”, estimó en France Inter Nicolas Lerner, director de la DGSE, el servicio de inteligencia exterior francés.

Desde la caída de su califato, los yihadistas de la zona sirio-iraquí continúan con su agenda local, es decir, sobrevivir más o menos. El Estado Islámico busca hombres y mujeres para regenerar sus filas. Pero las redes de envío de yihadistas se han extinguido. En cuanto a los franceses, según nuestros cálculos, quedarían unos cien hombres y unos trescientos niños y mujeres en Siria.

La caída del tirano Bashar al-Assad y la toma del poder por el antiguo yihadista Ahmed al-Charaa no han cambiado la situación, ya que el nuevo hombre fuerte de Siria lleva una década luchando contra el Estado Islámico. En este cambio de época, al-Charaa es incluso considerado un elemento de estabilidad y un aliado para los servicios de inteligencia, que temen el caos que provocaría su asesinato.

El nuevo epicentro del yihadismo es África. El Estado Islámico ha trasladado allí sus funciones de mando y dispondría de más de 10.000 combatientes en todo el continente, mientras que en Siria solo tendría unos 1.500 como mucho. En el momento de escribir estas líneas, los yihadistas africanos no se preocupan por cometer atentados en Europa. Sin embargo, los servicios de inteligencia no descartan ataques contra embajadas o turistas franceses.

En los últimos años, la principal amenaza en términos de proyectos de atentados complejos y matanzas masivas era el Estado Islámico de Khorasan (EI-K), una filial en Afganistán que activaba a distancia a personas indecisas —ciudadanos de las comunidades del Cáucaso Norte o de Asia Central— en los países objetivo. El ejemplo más trágico fue el de las 149 víctimas mortales del Crocus City Hall, en las afueras de Moscú, en marzo de 2024.

A finales de 2022, un ciudadano tayiko y otro checheno, detenidos en Estrasburgo antes de perpetrar un atentado, habían sido manipulados a distancia por un miembro del Estado Islámico de Khorasan. Hoy en día, según analistas de diferentes servicios, la filial afgana habría visto reducida considerablemente su “capacidad nociva” gracias a la acción de los talibanes, que libran contra el EI-K “una guerra feroz y eficaz”.

A finales de 2017, la DGSI subrayaba que, a pesar de sus reveses en la zona sirio-iraquí, el Estado Islámico seguía siendo “la principal fuente de amenaza terrorista” que se cierne sobre Europa, debido a “su capacidad para inspirar a actores aislados a pasar a la acción mediante su propaganda”.

En los últimos años, “la ideología sigue viva y se sigue difundiendo”, como subrayó a finales de 2023 otro alto cargo de los servicios de inteligencia franceses, en particular reciclando, a veces con la ayuda de la inteligencia artificial, antiguos contenidos de la época del califato del Estado Islámico. Esa propaganda sigue circulando, principalmente en los canales de Telegram, pero también en TikTok y, desde el fin de su moderación, en X.

Para movilizar a los candidatos a la yihad, el Estado Islámico no duda en instrumentalizar la causa palestina, por la que no se interesaba cuando estaba en su apogeo. En septiembre, su revista en lengua árabe Al-Naba evocaba la siuación de Gaza para hacer un llamamiento a atacar, entre otros, a Francia.

Aunque los servicios de inteligencia interrogados no ven ninguna relación entre estas amenazas yihadistas suníes y las organizaciones chiíes pro palestinas, y aunque Hamás, según estas mismas fuentes, no muestra ninguna intención de atacar Europa, esta instrumentalización resulta ser un tema muy movilizador para el público al que se dirige el Estado Islámico.

Según los servicios de inteligencia, desde el 7 de octubre, la mitad de los atentados perpetrados o frustrados están relacionados de una u otra manera (elección del objetivo, reivindicación) con la situación en Gaza, mientras que, como reveló Mediapart, el reclutador del Estado Islámico Rachid Kassim exhortaba en 2016 a los candidatos al martirio a “no centrarse en los judíos” para que la causa palestina no desviara la atención.

En 2020, la DGSI elaboró un informe dedicado a la “amenaza yihadista endógena”. Tras constatar la “amplificación” del fenómeno, el servicio de inteligencia escribía que sus “recientes investigaciones judiciales” demostraban que la amenaza terrorista de inspiración yihadista “ya no es solo prerrogativa de individuos que han combatido en tierra yihadista, sino que ahora la llevan a cabo nuevos actores que no han estado en zonas de combate”. Los últimos cinco años no han hecho más que confirmar este análisis.

“El perfil de las personas implicadas en estos procedimientos ha evolucionado notablemente”, subraya la Pnat. “Frente a los perfiles de personas de entre treinta y cuarenta años en la década de 2010, se observa un claro rejuvenecimiento, con un predominio de personas menores de 20 años y, ahora, de numerosos menores de edad.”

De imputar a dos o tres menores por delitos terroristas al año a principios de la década de 2020, la fiscalía ha pasado a 51 en los últimos tres años. “Esta constatación es compartida por otros países de la Unión Europea, en Gran Bretaña y también a nivel mundial”, concluye la Pnat. Y los últimos seis planes de atentado frustrados por la DGSI tenían como autores y autoras a jóvenes de entre 17 y 22 años.

Menos curtidos que sus predecesores, sin raíces en la yihad y con una cultura religiosa aún más débil, los terroristas en ciernes muestran una atracción por la violencia más extrema, empezando a veces como consumidores de imágenes y vídeos gore en las redes sociales, y luego, gracias a la magia de los algoritmos, llegando a contenidos del Estado Islámico.

Aunque muchos son vulnerables psicológicamente, estos adolescentes y jóvenes adultos, nacidos y escolarizados en Francia, han crecido en un entorno familiar “estructurado”, según la calificación de un alto mando de un servicio de inteligencia. Los padres se ven desbordados por sus hijos, que ocultan sin dificultad sus conexiones digitales más sensibles.

Como consecuencia directa de ese rejuvenecimiento, estos aprendices de terroristas prefieren métodos operativos sencillos contra objetivos vulnerables y/o simbólicos. Sus atentados son rudimentarios. Tres cuartas partes de los ataques cometidos desde 2020 en Francia se han llevado a cabo con armas blancas.

El problema es que, al estar desconectados de las redes yihadistas tradicionales, son más difíciles de identificar previamente. Dos tercios de los autores de los atentados cometidos desde 2020 eran “desconocidos para los servicios”.

Lejos de las ideas preconcebidas y de la propia doctrina del Estado Islámico, hay mujeres que quieren convertirse en protagonistas de la yihad, independientes de los hombres. Ninguna ha matado en Francia, pero, desde el 13 de noviembre, lo han intentado o han querido hacerlo varias.

Por supuesto, en 2016 hubo quienes fracasaron en su intento de hacer explotar un vehículo cargado con seis bombonas de gas en las inmediaciones de la catedral de Notre-Dame de París. Al mismo tiempo, otra planeaba una acción violenta con su marido, aunque luego renunció porque se quedó embarazada. En 2017, una retornada confesó haber manejado armas en Siria y haber querido cometer un atentado a su regreso a Francia, lo que le valió una condena de diecisiete años de reclusión.

A principios de 2021, una mujer fue detenida cuando quería atacar lugares de fiesta en Rennes; ya había redactado una carta de reivindicación y un testamento. Unas semanas más tarde, una joven fue detenida en Béziers por querer atacar una iglesia con una espada o un artefacto incendiario durante la Semana Santa. Había estado discutiendo sus planes con neonazis.

El 10 de octubre de 2025, también se detuvo en Lyon, Villeurbanne y Vierzon a tres jóvenes que planeaban celebrar de forma sangrienta el 13 de noviembre.

Desde principios de 2025, se han cometido tres atentados yihadistas en el territorio (en Apt, Lyon y Mulhouse), que han causado dos muertos, y la DGSI ha frustrado seis atentados. Según la Pnat, la amenaza yihadista, “que sigue siendo especialmente apremiante y predominante”, representa en noviembre de 2025 el 86 % de los procedimientos seguidos por sus magistrados, es decir, 456 procedimientos en fase de investigación o de instrucción judicial.

En una década (de enero de 2016 a noviembre de 2025), se han abierto 1.300 investigaciones por terrorismo, primero por la sección antiterrorista de la fiscalía de París y, a partir de julio de 2019, por la Pnat. Durante el mismo período, se celebraron cerca de 640 juicios en primera instancia, 115 audiencias ante el tribunal especializado y 524 ante la sala 16 del tribunal correccional de París. Esto ha dado lugar a la condena de más de 1.500 personas, 26 de ellas a cadena perpetua.

Traducción de Miguel López

La caída del régimen de Assad ha abierto en Siria el debate sobre la regulación del uso de criptodivisas. Estos activos digitales presentan un abanico de oportunidades, como una mayor inclusión financiera y una reducción del coste de las transferencias, pero también de riesgos, por su elevada volatilidad, porque ponen en peligro la soberanía monetaria y porque facilitan los flujos financieros ilícitos.

Las divisas digitales permiten efectuar pagos directamente a través de un sistema online, y las transacciones se realizan mediante una tecnología encriptada conocida como blockchain, en la que no interviene ningún banco central ni autoridad. Existen miles de criptodivisas, pero las más conocidas son Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y Tethers (USDT).

Desde el lanzamiento de las criptodivisas en 2009, su valor ha fluctuado ampliamente. En 2021, el valor de mercado de los criptoactivos se situó en 2,6 billones de dólares, pero en 2022 su valor cayó por debajo del billón, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI). El marco regulatorio para las criptodivisas aún está en sus primeras fases, especialmente en los países en desarrollo, donde no obstante la adopción de criptodivisas ha sido muy vigorosa.

Es lo que ha ocurrido en Siria, un nuevo mundo financiero que analiza The Syria Report, el más antiguo medio online del país, que cubre la actualidad política y económica del país desde 2001. En los últimos años, los sirios han empezado a utilizar criptomonedas. “Una minoría hace sus pinitos con criptomonedas como Bitcoins y Ethereum, pero la mayoría trabaja con stablecoins, que utilizan porque son más fáciles de transferir”, explica Sinan Hatahet, vicepresidente del Programa de Inversión e Impacto Social de la ONG Foro Sirio. Las stablecoins son criptomonedas cuyo valor está vinculado al de otra divisa; por ejemplo, Tether está vinculado al dólar estadounidense.

Muchos en Siria utilizan criptomonedas para transferir remesas. “Alguien de Alemania puede enviarle USDT [Tehther] a través del sistema hawala y transferirlos a una de las pocas oficinas hawala de Damasco, y de otras ciudades, que tienen capacidad para retirar efectivo”, indica Hatahet. El hawala es una red informal de transferencia de fondos basada en la confianza, que se utiliza en Oriente Próximo y el norte de África y que suelen operar trabajadores inmigrantes. La “capacidad de retirar efectivo” se refiere a que tengan una “oficina que acepte transferencias de Tether y stablecoins, y las retitre en dólares o en la moneda local”, añade.

Más allá de las transferencias entre particulares, “recientemente múltiples organizaciones han adoptado USDC [USD Coin] y USDT [Tether] para transferir salarios a sus empleados”, continúa Hatahet.

Finalmente, los grupos terroristas de Siria también se han beneficiado de la naturaleza descentralizada de las criptomonedas para recaudar fondos.

Los asistentes a la Conferencia del Diálogo Nacional, celebrada en marzo en Damasco, emitieron una recomendación para regular las criptomonedas. Los participantes debatieron si una rápida adopción de las criptomonedas podría enviar la señal de que se trata de una forma de eludir las sanciones internacionales. Se discutió la posibilidad de utilizar criptodivisas para construir la cartera del banco central, pero se fijó como una posibilidad a largo plazo, no a corto.

Anteriormente, el 31 de diciembre, un grupo llamado Centro Sirio de Investigación Económica (SCER) publicó una propuesta de Ley de Política Bitcoin en Siria en Telegram. Esa cuenta ya no existe, no tienen página web ni presencia en las redes sociales. Esto sugiere que, más que un grupo de reflexión, se trata probablemente de un grupo de sirios interesados en presionar a favor de las criptomonedas. En cualquier caso, su propuesta de regular las criptomonedas tuvo un amplio eco en publicaciones centradas en las divisas digitales.

Proponían construir “una economía digital y una infraestructura bancaria centralizada y descentralizada”, facilitar el comercio electrónico y las remesas, y emitir un “marco regulador integral para legalizar el intercambio, el comercio y la minería de bitcoin y activos digitales en línea con las leyes internacionales y locales”. También abogaron por permitir que instituciones, bancos, plataformas de cambio de divisas y empresas de nueva creación presten servicios financieros que simplifiquen el manejo de activos digitales.

Hay distintas formas de adoptar las criptomonedas, desde permitir determinadas transacciones hasta adoptarlas ampliamente, incluso como activo de reserva en la cartera del banco central. Hatahet aboga por un enfoque gradual. “Podemos empezar regulando los monederos electrónicos, el uso de stablecoins, y de fondos permitidos para comprar y vender criptodivisas”.

Una “adopción total” de las criptodivisas no es el “camino más seguro”, porque Siria necesita reintegrarse en el sistema financiero mundial y debe cumplir plenamente las normas, advierte. “No se puede cumplir totalmente con la normativa y al mismo tiempo estar muy implicado en las criptomonedas, hay que encontrar un término medio”, añade.

En un escenario ideal, la regulación de las criptomonedas sería “conforme a las normas internacionales y a los protocolos KYC [Conozca a Su Cliente], y el banco central debería ser abierto, transparente, práctico y controlar todas las transacciones que se realicen. De lo contrario, acabaremos en una economía muy poco fiable”, sostiene Hatahet.

Aunque la espina dorsal de las criptomonedas es su naturaleza descentralizada, Hatahet apunta que, en algunos casos, las criptomonedas y la tecnología blockchain “se han adoptado en un muchos ámbitos distintos sin dejar de estar centralizadas; esto elimina algunas de sus características originales y la facilidad de uso, pero es un compromiso para seguir cumpliendo las normas. No se puede cumplir la normativa estando descentralizado”.

Hay un “espectro de personas que ven la criptomoneda como una forma de escapar a la regulación y el cumplimiento de la normativa, y hay personas que ven que hay un gran valor en la tecnología blockchain, siempre y cuando cumpla con las normas internacionales”, subraya Hatahet.

Binance, la mayor plataforma de criptodivisas del mundo, en un post publicado en su página web el 14 de enero pasado, afirmaba que “la naturaleza descentralizada del Bitcoin lo hace resistente a las presiones geopolíticas y ofrece a Siria una vía para eludir los sistemas financieros tradicionales dominados por las potencias occidentales y las sanciones”.

Dentro del Gobierno sirio de transición, hay dos enfoques sobre la adopción de las criptomonedas. Los que creen que “como no tienen acceso a las instituciones financieras tradicionales”, el cripto les hará “más fácil contrarrestar las sanciones”, describe Hatahet. Por otro lado, están quienes esperan que “se levanten las sanciones en Siria para que no haya necesidad de estas vías alternativas” y, como parte del proceso de construcción del Estado, quieren que el sector financiero permanezca “bajo supervisión estatal”, añade.

“Si existe un marco y un calendario claros para su reintegración en el sistema financiero y monetario internacional, sólo adoptarán criptomonedas a un nivel mínimo”, adelanta Hatahet.

Por el contrario, si persisten las sanciones, se podría adoptar la criptomoneda a gran escala. “Cualquier adopción generalizada de la criptomoneda a nivel de banco central disuadirá a los actores internacionales de comprometerse a levantar las sanciones en Siria, ya que temerán que se utilice para el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo”, avisa Hatahet. El Gobierno “no dará grandes pasos antes de ver cuál es la política de Estados Unidos respecto al levantamiento de las sanciones a Siria”.

El SCER también propuso que los empresarios pudieran “utilizar los recursos energéticos del país para minar Bitcoin y activos digitales”. La minería se refiere al proceso de creación de los bitcoins, que necesita hardware especializado diseñado para resolver problemas matemáticos complejos y, por tanto, requiere mucha electricidad. Dada la grave crisis eléctrica de Siria, “no hay forma viable de minar criptomonedas”, afirma Hatahet.

La Agencia Internacional de la Energía calcula que la minería de criptomonedas y los centros de datos “representaban el 2% de la demanda mundial de electricidad –y casi el 1% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero– en 2022, y que esta cifra aumentará hasta el 3,5% en 2025”, según un estudio de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CSTD) de Naciones Unidas.

Varios medios especializados en divisas digitales han publicado recientemente artículos en los que abogan por respaldar parcialmente la libra siria con criptodivisas como forma de lograr la estabilidad monetaria, y se refieren al ejemplo de El Salvador.

En 2021, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, a principios de este año, el Gobierno salvadoreño dio marcha atrás, como parte de las condiciones impuestas por el FMI en un nuevo programa de asistencia financiera al país centroamericano, según Americas Quarterly.

Tradicionalmente, los bancos centrales respaldan la moneda local con oro, activos físicos, bienes inmuebles y maquinaria pesada. Los defensores de las criptomonedas sostienen que éstas podrían formar parte de las carteras de reserva. “La razón por la que esto se plantea como solución es que existen dudas sobre el valor actual de la libra siria en el mercado nacional e internacional”, explica Hatahet. “La propuesta consiste en deshacerse de todos los billetes para crear una reserva de valor que refleje el dinero real, pero este dinero, en lugar de emitirse en papel, se emite electrónicamente”, detalla.

El Banco Mundial (BM) sostiene que los criptoactivos “no cumplen hoy los requisitos básicos de los activos de reserva”, según un informe de 2024 titulado ¿Pueden los criptoactivos desempeñar un papel en las carteras de las reservas exteriores? Hoy no, y probablemente tampoco en un futuro próximo.

Los autores de ese informe, en un blog en el sitio web del Banco Mundial, aseguraron en septiembre de 2024 que “los principales criterios para los activos de reserva son la liquidez y la seguridad”. Las principales criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum, tienen volúmenes de negociación considerables, pero siguen siendo muy inferiores a los de los activos de reserva tradicionales. Además, la profundidad general del mercado y el potencial de manipulación de los precios siguen planteando problemas.

Los criptoactivos “han mostrado un potencial de rentabilidad elevado, a menudo superior al de los activos tradicionales, pero esta rentabilidad implica una volatilidad y un riesgo elevados que los bancos centrales suelen evitar en sus estrategias de gestión de reservas”, señalan los autores.

Además, el marco regulador de las criptomonedas aún está evolucionando, y “la aplicación de las orientaciones internacionales y las nuevas normas vinculantes se encuentra en sus primeras etapas y sigue siendo desigual en los distintos países”.

Es poco probable que los bancos centrales incluyan los criptoactivos, incluidas las stablecoins, “en su combinación de activos hasta que dichos activos desempeñen un papel más sustancial en el sistema monetario mundial y se conviertan en medios de intercambio y almacenes de valor ampliamente aceptados, nada de lo cual parece probable en breve”, sostienen los autores del informe del Banco Mundial.

En 2021, 15 países en desarrollo se encontraban entre las 20 primeras economías en cuanto a porcentaje de población que posee criptomonedas, según un informe de 2022 de la Unctad. En un informe de 2023, este organismo de Naciones Unidas argumentó que las criptomonedas han sido más aceptadas en los países en desarrollo debido a una regulación más débil de sus mercados financieros, una menor estabilidad macroeconómica y la reducción de los costes de las remesas.

“La eliminación de los bancos como intermediarios promete transferencias más rápidas y baratas y la inclusión financiera de los no bancarizados. Dado que el porcentaje de la población no bancarizada tiende a ser mayor en los países en desarrollo que en los desarrollados, la inclusión financiera se cita a menudo como una ventaja clave de los activos digitales para los países en desarrollo”, destaca la Unctad.

Sin embargo, la agencia ha pedido que se limite el uso de criptomonedas en las economías en desarrollo debido a varios riesgos. La Unctad argumenta que pueden poner en peligro la “soberanía monetaria” y la “estabilidad financiera” de los países, además de permitir la “evasión o elusión fiscal” a través de flujos extraterritoriales cuya propiedad no es fácilmente identificable.

Mientras que 67 países desarrollados han adoptado leyes fiscales sobre criptomonedas hasta noviembre de 2021, “la mayoría de los países en desarrollo carecen de regulación fiscal” sobre ellas, señala la Unctad. Incluso cuando existen normativas fiscales, su eficacia no está asegurada, ya que “la falta de un enfoque universalmente acordado sobre el tratamiento fiscal de las criptomonedas crea un sistema desigual propenso a la arbitrariedad regulatoria”.

Hatahet está de acuerdo en que los riesgos de las criptomonedas son “mucho mayores” en las economías en desarrollo. Las criptomonedas “socavan la soberanía del Estado sobre el sector financiero, y normalmente en los países en desarrollo se necesita un enfoque más centralizado para coordinar la inversión internacional”, advierte. Los inversores internacionales “prosperan en mercados muy regulados”, por lo que para “remediarlo se necesita un enfoque más centralizado, incluso cuando se adoptan criptomonedas”, reclama.

Según un informe del FMI de 2023 titulado Políticas para los criptoactivos, hacer frente a “los riesgos de los criptoactivos para la estabilidad macroeconómica y financiera”, requiere que los gobiernos “salvaguarden la soberanía monetaria y refuercen los marcos de política monetaria, se protejan contra la excesiva volatilidad de los flujos de capital y adopten un tratamiento fiscal inequívoco de los criptoactivos”.

El GAFI, el organismo mundial de vigilancia del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, admite en su sitio web que las criptomonedas pueden hacer “los pagos más fáciles, rápidos y baratos, y proporcionar métodos alternativos para aquellos que no tienen acceso a los productos financieros habituales”, pero advierte de que, al no estar reguladas en su mayor parte, pueden “perder su valor y ser vulnerables a ciberataques y estafas”, además de convertirse en un “refugio seguro para las transacciones financieras de delincuentes y terroristas”.

El GAFI ha emitido normas globales y vinculantes para prevenir la financiación del terrorismo, como la diligencia debida con el cliente (DDC), el mantenimiento de registros y la notificación de transacciones sospechosas (ROS).

El vínculo entre las criptomonedas y el terrorismo en Siria ha sido evidente en los últimos años. El Counter ISIS Finance Group (CIFG), subgrupo de la Coalición Global contra el ISIS, ha documentado cómo el Estado Islámico (ISIS) se ha apoyado en las criptomonedas para pedir donaciones, incluso lanzando crowdfundings, abusando del sector de la caridad. Muchas de estas iniciativas de crowdfunding están dirigidas a las mujeres retenidas en los campos de Al-Hol y Al-Roj, en el noreste de Siria.

En agosto de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que había desbaratado tres campañas de ciberfinanciación del terrorismo incautándose de más de 300 cuentas de criptomonedas: una de las campañas implicaba a Al-Qaeda y a grupos terroristas afiliados en Siria.

En julio de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos incluyó en su lista negra a un miembro tayiko del grupo islamista HTS, Farruj Fayzimatov, afincado en Idlib, que utilizaba las redes sociales para pedir donaciones. Según Chain Analysis, el 12 de diciembre de 2024 aún seguía solicitando fondos para el HTS a través de las redes sociales.

En octubre de 2022, la empresa estadounidense Bittrex pagó una multa de 24 millones de dólares por no mantener un programa contra el blanqueo de capitales y por ayudar a sus clientes a eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos a varios países, incluidas 7.999 violaciones de las sanciones en Siria.

En noviembre de 2023, Binance Holding Limited fue multada con 4.300 millones de dólares por incumplir las sanciones estadounidenses en varias jurisdicciones, incluida Siria. La empresa había supervisado 100.000 transacciones sospechosas con organizaciones terroristas, entre ellas el ISIS, pero no presentó ningún Informe de Actividades Sospechosas (SAR), como estipula la normativa estadounidense.

A los pocos días de la ofensiva militar que derrocó al régimen de Assad, el 30 de noviembre de 2024, la agencia de noticias vinculada con el HTS News Agency of Sham publicó un llamamiento de la Sala de Operaciones Militares pidiendo donaciones de moneda digital para “contribuir a la liberación del país y al retorno de los desplazados” y publicó la dirección de un monedero de USDT.

Este mismo lunes, Malhama Tactical, una empresa yihadista de seguridad privada en Siria, anunció en un post en la red X que había recaudado 457 USD de los 2.000 USD necesarios para comprar una impresora 3D para necesidades militares. El grupo dijo que aceptaba donaciones a través de “MONERO, USDT, BTC y otras criptodivisas; PayPal y ShamCash Transfer dentro de Siria”. Malhama Tactical se estableció en el noroeste de Siria en 2015 y se compone principalmente de combatientes de Uzbekistán y el Cáucaso ruso. Sham Cash es un sistema de pago digital que permite a los usuarios enviar y recibir fondos a través de códigos personales, así como retirar efectivo sin restricciones a través de agentes de venta libre (OTC), según Crystal Intelligence. La plataforma admitía pagos tanto en liras turcas como en dólares estadounidenses.

La caída de Bashar Al Asad el pasado 8 de diciembre dejó al descubierto un país en ruinas. Ciudades enteras arrasadas, una población sumida en la pobreza y más de seis millones de refugiados en todo el mundo. Las imágenes de decenas de edificios oficiales despojados de sus burócratas y sus secretos también ilustran a la perfección el fulgurante desplome del régimen que gobernó Siria con mano de hierro durante 53 años. En uno de esos recintos, el de la Dirección General de Inteligencia, situado en el barrio de Kafr Sousa, en Damasco, periodistas de Siraj (Syrian Investigative Reporting for Accountability Journalism), que al igual que infoLibre es miembro del consorcio de medios de investigación OCCRP, encontraron el pasado 27 de diciembre una lista negra de periodistas extranjeros. Ése es exactamente el título del documento, que incluye los nombres de 150 reporteros de todo el mundo. Trece son periodistas españoles.

Javier Espinosa, Mónica García Prieto y Rosa Meneses (El Mundo); Álvaro de Cózar y Mayte Carrasco (El País); Daniel Iriarte (Abc) y Ethel Bonet (La Razón) se unen en el documento al premio Pulitzer Manu Brabo y a Ricardo García Vilanova y Antonio Pampliega, ambos secuestrados por los yihadistas en 2013 y 2015, respectivamente. También aparece Roberto Fraile, que fue asesinado en Burkina Fasso en abril de 2021 por terroristas de Al Qaeda. Los fotógrafos Daniel Leal-Olivas y Sergi Cabezas completan la lista española.

Todos ellos comparten el honor de haber sido señalados por la inteligencia de Al Asad, junto con el estadounidense Austin Tice, periodista de The Washington Post que desapareció en agosto de 2012 mientras cubría la guerra civil en Siria y del que aún no se sabe si está vivo o muerto. También aparecen en la lista negra la norteamericana Marie Colvin, reportera de The Sunday Times, y el fotógrafo francés Rémi Ochlik, de Paris Match, asesinados en un ataque del ejército sirio en la ciudad de Homs en febrero de 2012. Además, el informe menciona a James Foley, secuestrado en noviembre de 2012 por el Estado Islámico y decapitado en agosto de 2014, en una ejecución filmada por los yihadistas.

La lista, que tiene fecha del 4 de marzo de 2013, fue elaborada por el Ministerio de Información sirio, en concreto por el Departamento de Medios Extranjeros, e iba dirigida al comandante director de la Dirección General de Inteligencia. Está redactada en árabe y formaba parte de una carpeta etiquetada como Periodistas en Siria. Era la portada del expediente donde se halló un documento sobre Austin Tice.

El documento no es más que una prueba más del control que el régimen de Bashar Al Asad pretendía ejercer sobre los periodistas. Como publicó OCCRP, el Gobierno sirio abrió también una operación para investigar a Siraj, que en 2019 empezó a publicar reportajes sobre la corrupción y los abusos de los derechos humanos de Al Asad, y a cuyos reporteros acusaba de espionaje.

La lista negra hallada en diciembre apenas incluye una corta anotación por periodista, con las fechas y lugares por los que cada uno de ellos entró “ilegalmente” en Siria en 2012 y 2013. En algún caso, ni siquiera eso. O sólo se añaden las fechas en que los reporteros publicaron sus crónicas sobre la guerra en sus respectivos medios.

Es más, en el caso de los españoles, se incluye el nombre de una enfermera danesa de Médicos sin Fronteras, Adriana Ferracin Kleivan, que publicó en un blog del gratuito 20 Minutos una breve reseña de su experiencia en el hospital donde trabajaba, tras el bombardeo de un mercado.

Ninguno de los periodistas, todos ellos curtidos en zonas de conflicto y conocedores de Oriente Próximo, se ha sorprendido cuando infoLibre les ha comunicado su inclusión en la lista negra de Al Asad. Algunos de ellos no sólo conocían la existencia de semejante documento, sino que incluso sabían que formaban parte de uno similar. Ricardo García Vilanova fue, junto con Javier Espinosa y Antonio Pampliega, de los primeros que entraron en Siria en diciembre de 2011, cuando apenas había periodistas extranjeros cubriendo la guerra. En el documento no aparece ninguna referencia a ese año. “Entonces ya nos hablaron de una lista en la que estábamos los tres, colgada en la pared de una comisaría de policía y que estábamos buscados”, recuerda el fotoperiodista, freelance al que el Ministerio de Información sitúa al servicio de la agencia France Presse. “También trabajé entonces para The New York Times, CNN o Der Spiegel”, explica, “porque esos primeros meses casi éramos los únicos periodistas en Siria, y hasta julio y agosto, cuando se abrió la frontera turca, no empezaron a llegar reporteros de otros medios”.

“El régimen te hacía saber que estabas bajo vigilancia, te lo decían en el consulado cuando ibas a pedir el visado”, asegura Mónica García Prieto, entonces reportera de El Mundo. Cuando, semanas después del segundo asedio a la ciudad de Homs, la televisión siria emitió un documental en el que un activista confesaba unos supuestos crímenes tras haber sido torturado, aparecieron también unas capturas de pantalla de Mónica García Prieto y Javier Espinosa, asegura la periodista.

A García Prieto no le extraña en absoluto que el Ministerio de Información fuera el autor de la lista. Cuando ésta se elaboró hacía pocos meses que ya no figuraba al frente de ese departamento Mohsen Bilal, su titular desde 2006. Bilal había sido embajador en España durante cinco años y habla un perfecto castellano. “Tenía muy buena relación con él”, destaca Mónica García Prieto. “Cuando visitaba Siria, con visado, pero no le avisaba, me enviaba un ramo de flores al hotel con una nota del estilo ‘no vuelvas a hacerlo sin avisarme’, para que no hubiera duda de que él sabía dónde estaba yo”, cuenta la reportera. “El control del régimen era extremo”, subraya, “y se tomaban como una ofensa personal que nos lo saltáramos”.

Javier Espinosa acaba de volver de Siria, adonde llegó hace tres semanas. Pese a que el régimen de Al Asad ya no existe, en la misma frontera le recomendaron que fuera al Ministerio de Información para que le sacaran de la lista negra y evitarse problemas en el futuro. “Tienes prohibida la entrada en el país”, le dijeron. Estuvo en el ministerio pero, de momento, los funcionarios “no están en condiciones de ocuparse de esos trámites”, concede el periodista. Espinosa apunta que su relación con el régimen hasta el estallido de la guerra era “más o menos normal”. En 2010, con ocasión del décimo aniversario de la llegada al poder de Bashar Al Asad, formó parte de la comitiva oficial. Así que en 2011 solicitó visado desde Líbano, donde residía, para entrar legalmente en el país. Y se lo concedieron, pero sólo cuando él ya había cruzado la frontera con los rebeldes por Idlib, en el norte del país.

Todos los reporteros permanecieron en zonas controladas por los rebeldes, el Ejército Libre Sirio (ELS), durante el tiempo en que cubrieron el conflicto –“No se podía cruzar la línea del frente”–, por lo que no fueron controlados por agentes del régimen o sufrieron ningún tipo de acoso. “Estuve en Siria cerca de 100 días, siempre en territorio liberado”, detalla el fotógrafo Daniel Leal-Olivas, “así que el Gobierno sirio no podia hacernos nada en esa zona”.

Mayte Carrasco, sin embargo, cree que los periodistas eran vigilados. Se remite al ataque que sufrió el centro desde el que trabajaban los reporteros en Homs, y donde fueron asesinados Marie Colvin y Rémi Olchik, que luego se demostró intencionado. “No usábamos los teléfonos móviles porque eran localizables”, recalca.

El problema, añaden todos, se presentaba si intentaban entrar en el país solicitando un visado. A Rosa Meneses se lo denegaron a final de 2012 cuando quiso regresar tras haber pasado dos semanas en el país. Ethel Bonet, que ahora trabaja para el canal de televisión France 24 y para el diario catalán Ara, sólo retornó a Damasco tras el 8 de diciembre. “Era casi una cuestión personal”, subraya, “poder decir ‘por fin he vuelto”. Mayte Carrasco, que informaba para El País, Canal Plus Francia, Telecinco y el periódico argentino La Nación, menciona que estar en la lista negra siria impidió a muchos periodistas utilizar el aeropuerto de Beirut, por el control que Hizbulá, aliado del régimen sirio, ejercía en Líbano. Antonio Pampliega ni se plantea viajar a Irán, también aliado del régimen caído, ahora que sabe que aparecía en los informes de inteligencia de Al Asad.

Adriana Ferracin, la enfermera que el Ministerio de Información catalogó por error como periodista, también tuvo problemas para conseguir un visado en 2022, que le fue denegado sin ninguna explicación. “Les pasó lo mismo a muchos otros compañeros de Médicos Sin Fronteras”, precisa. Diez años antes había trabajado en Alepo y Al Salamah. “Fueron tiempos intensos, montamos hospitales que recibieron muchos heridos por bombardeos sobre infraestructuras civiles, escuelas y mercados. También perdimos a colegas sirios e incluso vimos el resultado de las bombas de fósforo blanco en niños”, describe la enfermera, que entró en Siria “cuatro veces” por periodos de tres o cuatro meses cada una.

El entonces corresponsal de Abc en Estambul, Daniel Iriarte, sólo estuvo 72 horas en Siria, tiempo suficiente para que le colocaran en la lista negra. Estando aún en la capital turca, ya le hablaron de la existencia de semejante documento. “Fue el primer periodista en mencionar la presencia de elementos extranjeros en las filas de los grupos armados”, anotó sobre Iriarte el autor del documento. “Sí, el régimen sirio explotó para su propaganda la historia que escribí sobre la presencia de milicianos libios en las tropas rebeldes”, lamenta. Pero eso no fue óbice para incluirlo en la lista negra. Al mismo tiempo, los rebeldes le acusaron de ser un espía de Al Asad. “Ninguno de los dos bandos me quería ver”, se ríe ahora, así que tuvo que escribir sus crónicas desde el otro lado del frontera, en Turquía.

Los reporteros aseguran que lo normal en aquellos día era “entrar y salir” de Siria cada cierto tiempo. “La frontera con Turquía era un coladero, podías entrar andando”, resalta Manu Brabo, premio Pulitzer en 2013 precisamente por las fotos que había hecho en Alepo –junto con otros cuatro reporteros de AP– un año antes. En la lista figura dos veces, como Manu Brabo y como Manuel Varela Brabo, como si fueran dos personas distintas que hubieran entrado ilegalmente en el país en fechas y lugares diferentes: por Aleppo en septiembre de 2012 y por Idlib en noviembre. Además, figura como reportero de France Presse. Las informaciones del Ministerio de Información no parecen haber sido recopiladas con demasiada precisión.

Según fue transcurriendo 2012 y elementos de Al Qaeda y el Estado Islámico empezaron a infiltrarse en los grupos rebeldes, el trabajo de los periodistas extranjeros fue haciéndose más difícil. Álvaro de Cózar llegó a Alepo en julio de 2012 y allí permaneció un mes. “Al poco tiempo, los periodistas nos convertimos en objetivos”, relata, “empezamos a no ser bien vistos”. De hecho, recuerda que James Foley le advirtió a él y a otros reporteros españoles de que no fueran a Idlib, de donde acababa de salir, porque allí abundaban los radicales. Fue en esa zona donde el estadounidense fue secuestrado. La misma sensación de inseguridad y miedo tuvo Rosa Meneses. Ella llegó cuando acababa de desaparecer Austin Tice. En un pueblo que había caído en manos de los salafistas, vio cómo empezaban a instaurarse los tribunales islámicos y cómo trataban a los soldados del régimen que habían hecho prisioneros.

“Les robaron la revolución”, sentencia Ethel Bonet tras detallar que pasó de poder “dormir casi en casa de cualquiera” a tener que llevar pañuelo para pasar inadvertida. Los activistas en el bando rebelde tuvieron que marcharse y fueron sustituidos poco a poco por salafistas.

La hostilidad a la prensa extranjera fue sólo el anticipo de lo que vendría después. El fotógrafo Sergi Cabeza abandonó Siria en marzo de 2013, cuando “empezaron los secuestros”. El 4 de septiembre el Estado Islámico capturó en Raqa a Marc Marginedas, reportero de El Periódico de Catalunya. Doce días después fueron secuestrados en la misma provincia y por el mismo grupo Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova. Marginedas estuvo cinco meses y 26 días en poder de los yihadistas; Espinosa y García Vilanova, seis meses y 14 días. El secuestro de Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre a manos de Al Nusra, la filial de Al Qaeda en Siria, ocurrió en Alepo casi dos años más tarde, en julio de 2015, y fue mucho más largo. “299 días”, cuenta Pampliega.

Posiblemente fueron Pampliega y García Vilanova, rememora éste, los últimos que vieron a Austin Tice en Homs antes de desaparecer: “Nos dijo que se iba a Damasco, que tenía contactos allí”.

Además de Javier Espinosa, Ricardo García Vilanova y Manu Brabo han vuelto a Siria tras la huida de Bashar Al Asad a Moscú. García Vilanova, de hecho, no ha dejado de viajar al país árabe en todos estos años, pese a su secuestro en 2013. El pasado diciembre entró por el norte, donde se sigue librando otra guerra: la de los kurdos. Y regresará en un par de semanas, asegura. Ni él ni Espinosa ni Ethel Bonet son optimistas respecto al futuro de Siria. “El país está arrasado, como Gaza, y tiene por delante unos desafíos brutales: carece de recursos económicos, todo el mundo tiene armas, hay muchísimas facciones…”, enumera Javier Espinosa. Pese a que los gestos del nuevo gobierno parecen “positivos, de momento, la lógica dice que saldrá mal”, advierte el periodista de El Mundo. El nuevo líder sirio, Ahmed Al Shara, ha sido “bastante pragmático, hasta ahora, lo que no significa que sea fiable, ”, apunta con cautela. “Que, con las muertes causadas por el régimen, no estén pasando a cuchillo a los alauíes y no se haya desatado una guerra civil ya es un milagro”, destaca.

Ése es precisamente el temor de García Vilanova, que la población no acepte las leyes religiosas que pretenda imponer el nuevo gobierno y estalle un nuevo enfrentamiento. Sin olvidar las injerencias de otros países, como Turquía o Irán. “Es una locura que [Al Shara] haya retrasado las elecciones hasta dentro de cuatro años”, protesta el fotógrafo. Manu Brabo ya ha visto “tensiones” entre radicales y minorías, pero de momento cree que la situación es “estable” y, como Espinosa, alaba que los sirios “no se estén matando entre ellos” pese a la “mucha sangre que algunos tienen en las manos”.

Por el contrario, Siria fue el último conflicto que cubrieron Álvaro de Cózar y Sergi Cabeza. Desde 2007, el periodista de El País venía informando de los conflictos más relevantes desatados en África y Oriente Próximo. En 2011 llegó a Siria procedente de Túnez y Libia, siguiendo el rastro de la primavera árabe. También Mayte Carrasco, qu ahora trabaja para Canal Sur y filma documentales en zonas de conflicto, venía de Libia, Túnez y Egipto, cuando entró ilegalmente en Siria en enero de 2012. Sergi Cabeza, que formó equipo con Antonio Pampliega y José Manuel López para AP, después de informar para La Vanguardia y Berria, llegó a El Cairo apenas un mes después de que cayera Mubarak, y tuvo allí su base hasta 2015. Después de Siria, dejó el periodismo. Pero no por lo que vio allí, sino “por la precariedad”, aclara. Esa otra guerra.

El Tribunal Federal de Justicia de la ciudad alemana de Karlsruhe ha ordenado el arresto del principal sospechoso del ataque con cuchillo del viernes en la localidad de Solingen que dejó al menos tres muertos y cinco heridos.

El individuo, a quien los medios alemanes identifican como un ciudadano sirio de 26 años, llegó al tribunal en helicóptero y entre fuertes medidas de seguridad para responder por los cargos de asesinato, intento de asesinato y pertenencia a Estado Islámico, la organización yihadista que ha reivindicado el ataque. Con esta decisión, el caso entra ya en una fase de investigación por delito de terrorismo.

El detenido residía desde finales de 2022 en Alemania, donde solicitó asilo, y no era conocido previamente por las autoridades de seguridad como extremista islamista. Lo que sí pesaba sobre él, según fuentes de la agencia DPA, era una orden de deportación, con destino a Bulgaria, que debería haber sido ejecutada el año pasado.

Según la agencia, el sospechoso había entrado precisamente en la Unión Europea a través de ese país, pero la orden quedó aplazada porque el individuo fue declarado como temporalmente ilocalizable en junio de 2023 (en ese momento estaba en un albergue de Paderborn). Reapareció pocas semanas después, sin que las autoridades declararan una orden de arresto contra él por su falta de antecedentes.

Dado que el plazo de traslado expiró en agosto de ese año, Alemania acabó haciéndose cargo de su caso. A finales de ese año, la República Federal concedió la protección subsidiaria siria, que suelen recibir los refugiados del país, devastado por la guerra civil. Fue trasladado a Solingen, donde, según la información del Der Spiegel', vivía desde septiembre de 2023.

Esta orden llega después de que la Policía alemana haya detenido a última hora de este pasado sábado al presunto responsable del ataque, según ha confirmado este sábado el ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul.

De acuerdo con fuentes policiales al diario Der Spiegel', el detenido se trata de un hombre de 26 años, identificado como "Issa al H.", de nacionalidad siria, que se entregó a las fuerzas de seguridad poco antes de las 23.00 del sábado, con la ropa manchada de sangre, y que confesó su responsabilidad en el momento de la detención.

En una intervención en la cadena alemana ARD, el ministro ha confirmado la detención e indicado que "hay pruebas suficientes" y que la autoría "es algo más que una suposición" dado que las fuerzas de seguridad "han encontrado pruebas" al respecto. El detenido procedía de un alojamiento para refugiados, donde este sábado se había llevado a cabo la operación policial que concluyó con el segundo de los tres arrestos realizados hasta el momento.

Reul ha aprovechado la ocasión para valorar la "muy intensa" labor que ha realizado la Policía alemana durante toda la jornada. "Somos increíblemente rápidos. Estoy muy agradecido. Puede que hayamos tenido éxito, hay que esperar y ver", ha declarado.

El ministro ha reconocido sentirse "al menos un poco aliviado" con esta última detención. "Que nosotros, en estas 24 horas, hayamos conseguido, con suerte, atrapar al autor, es quizá la mejor prueba de que el Estado funciona", ha defendido.

La muerte de Yevgueni Prigozhin el 23 de agosto de 2023, cuando su avión estalló en pleno vuelo entre Moscú y San Petersburgo, dio un vuelco a la investigación sobre el grupo Wagner que dos periodistas, la francesa Lou Osborn y el suizo Dimitri Zufferey, estaban a punto de terminar en esas fechas después de casi un año de trabajo. Si el golpe de Estado que protagonizó Prigozhin sólo dos meses antes, rebelándose contra Vladimir Putin y dirigiendo a sus mercenarios desde Ucrania hacia Moscú, ya era un magnífico y desconcertante giro de guión, la explosión en el aire del jet donde viajaba toda la cúpula de Wagner abría un capítulo inédito lleno de interrogantes en la historia del grupo de mercenarios más famoso del siglo.

Osborn y Zufferey desnudan en Los señores de la guerra. Qué es Wagner y cómo actúa el aparato militar ruso (Altamarea) los múltiples rostros del que hasta ahora se consideraba “el ejército de Putin en la sombra”. De hecho, tras el exhaustivo trabajo de ambos periodistas, queda claro que no era, en ningún caso, tan secreto como podría pensarse de un grupo a medio camino entre el mercenariado y lo paramilitar. Es el primer libro sobre Wagner y acaba de ser traducido al español, tras ver ediciones en polaco y neerlandés, y le esperan las versiones en alemán y finlandés.

En realidad, Wagner era –sigue siendo– mucho más que una simple milicia privada. Lo prueban Osborn, investigadora del grupo All Eyes on Wagner y del Centro para la Resiliencia de la Información (CIR), y Zufferey, de la radiotelevisión pública suiza RTS, con una admirable indagación basada únicamente en fuentes abiertas que sorprenderá a más de uno por la profundidad de sus resultados. La disección a la que los autores someten a la criatura de Prigozhin ayuda a despejar la incógnita que sobre el futuro de Wagner abrió la explosión del jet el pasado agosto: sí, sobrevivirá a la muerte de su fundador. Es una marca, advierten, “lista para ser franquiciada”. “El gran cambio [tras la muerte de Prigozhin] es que ya no hay una figura específica que comunique. El silovik [político ruso que proviene de los servicios de inteligencia] que era Prigozhin es una fórmula que ahora el Kremlin quiere evitar”, explica a infoLibre Dimitri Zufferey.

El trabajo de Osborn y Zufferey es doblemente meritorio si se tiene en cuenta la naturaleza de Wagner. Los periodistas no dudan en describirla como una “nebulosa”. No sólo es el brazo armado del Kremlin, o una empresa militar privada de las que hay decenas, en Rusia y en otros países. Estados Unidos la considera una “organización criminal internacional” y la Unión Europea, una “organización terrorista”. Osborn y Zufferey, por su parte, aseguran que Wagner “ha llegado más lejos que nadie” en el mercado de la seguridad privada, hasta convertirse en la “estructura mercenaria más poderosa del mundo, la única que utiliza aviones, lanzamisiles, aeronaves de gran capacidad y tanques”.

Pero su actividad supera con mucho el terreno militar. El “mercenariado 2.0” de Wagner, detallan los autores, incluye campañas de desinformación en internet con granjas de trolls, así como una variada gama de rentables actividades económicas, desde la explotación de minas, la ganadería y el negocio forestal hasta la producción de películas de propaganda al estilo Marvel. Cuenta con su propia agencia de prensa, Ria-Fan. El grupo es también un “Estado dentro del Estado”, que opera sin someterse a ley alguna –en Rusia los mercenarios son ilegales–, pero que siempre ha contado con la protección del Estado ruso y el apoyo financiero del Kremlin.

Pues bien, los periodistas han conseguido desnudar las actividades de este grupo “opaco y criminal” utilizando sólo herramientas de investigación en línea, lo que se conoce como Open Source Intelligence (Osint). Es sorprendente la huella digital que Wagner, las decenas de empresas que integran el grupo de Prigozhin y sus miles de soldados han dejado al alcance de cualquiera con un mínimo de interés. Fotos, vídeos y datos publicados por los mercenarios en redes sociales como Telegram, e imágenes tomadas por satélites comerciales han permitido rastrear los movimientos de la milicia, presente en al menos una quincena de países.

También se han ayudado los autores de filtraciones de datos, porque a Wagner, irónicamente, lo han hackeado varias veces piratas informáticos, ha sufrido su WagnerLeaks. Así tuvieron acceso, por ejemplo, a la lista completa de su personal y sus nóminas, o a la contabilidad. Contratos de las empresas del grupo, documentos firmados por funcionarios rusos, junto con relatos de testigos y exmercenarios, han permitido completar el retrato del neblinoso Wagner.

No era menor el desafío: aunque fue creado en 2014, hasta el otoño de 2022 no hubo una confirmación oficial de la existencia del grupo y de la relación de éste con Yevgueni Prigozhin. Fue a través de un vídeo, difundido en Telegram, donde Prigozhin aparece vestido con uniforme militar ante los presos de una cárcel de la república de Mari-El, a 650 kilómetros de Moscú, y les promete la libertad a cambio de alistarse durante seis meses en una empresa militar privada para luchar en Ucrania. Para entonces la invasión rusa llevaba en marcha ocho meses. Y no fue hasta junio de 2023, casi un año más tarde, cuando Putin reconoció públicamente que había financiado a Wagner en todas las acciones que había emprendido hasta ese momento.

Gracias al libro de Osborn y Zufferey, el lector descubrirá que el grupo ha llegado a tener 25.000 hombres, si hay que creer a Prigozhin, porque, según EEUU, sólo en Ucrania a finales de 2022 Wagner tenía desplegados hasta 50.000, de los que únicamente 10.000 eran mercenarios, y el resto exprisioneros. Los primeros no sólo son rusos, también los hay sirios –18.000–, chechenos, de los Balcanes, libios o de la República Centroafricana. El perfil: veteranos con experiencia militar y una edad media de 30 años. En Ucrania cobraban 2.000 euros al mes, pero el sueldo podía aumentar a 3.100 euros si entraban en operaciones paramilitares. Percibían un bonus semanal de 1.050 euros si participaban en un enfrentamiento armado con el ejército ucraniano. Un dato que da para un estupendo meme: ni siquiera los mercenarios escapan a los conflictos laborales. En Malí se declararon en huelga en 2022 porque no les pagaban. Después empezaron a saquear poblados. Allí cobraban de 7.000 a 9.000 euros al mes.

Para los expresidiarios, que llevan una letra K en los uniformes, la experiencia en Wagner era mucho más cruda: no sólo no se les pagaba el bonus por combate, sino que, sobre todo, servían de carne de cañón, aseguran Osborn y Zufferey. “Su trabajo”, resumen, “es avanzar y morir, avanzar o morir, avanzar para morir. Nunca duran mucho”. Son soldados “de un solo uso”, sin experiencia, a los que no se les permite retirarse. En Bajmut (Ucrania), cayeron el 99%. En febrero de 2023 se detuvo por completo el reclutamiento de prisioneros. Pero en el primer trimestre de 2022 habían salido de las cárceles rusas 23.000 reclusos y 6.000 en el segundo.

La idea de crear Wagner partió de un mercenario sudafricano, Eeben Barlow, que presentó al Estado Mayor ruso en 2010 un modelo para formar una empresa militar privada adaptada a las necesidades rusas. Pero a quien los autores atribuyen el nombre del grupo es a Dimitri Utkin, piloto militar y comandante de las fuerzas especiales con misiones en Afganistán y Chechenia, que pasó por otras dos empresas privadas de seguridad, Moran y Slavonic Corps, antes de integrarse en Wagner. También murió en el avión accidentado con Prigozhin. El apellido del compositor alemán, y de un general de la Wehrmacht, es el apodo que Utkin utilizaba para sus comunicaciones por radio. Resulta que el piloto también era un gran admirador del Tercer Reich y de Adolf Hitler.

Porque, aun tratándose de mercenarios, de soldados que luchan por dinero, Wagner se construye sobre una base ideológica muy marcada. El Movimiento Imperial Ruso (MIR) se la proporciona con su promoción del nacionalismo étnico ruso y sus centros de entrenamiento paramilitar, sostienen los periodistas. De hecho, en Wagner existen unidades especializadas integradas por milicias de extrema derecha, de ideología nazi, como una llamada Rousitch, que mantienen vínculos con el MIR, incluido desde 2020 en la lista de organizaciones terroristas de EEUU.

Aunque a Prigozhin, y al Kremlin, les interesaba mucho más otra parte fundamental del grupo: los negocios. Wagner es una estructura a medio camino entre el holding de oligarcas rusos y el crimen organizado. M-Finance LLC, Diamville, Bois Rouge, Lobaye Invest o Service K en la República Centroafricana; Evro Polis LLC en Siria, Broker Expert LLC en Sudán, Megaline LLC, M-Invest LLC, Agro Kapital LLC… forman parte de la red. Lakhta Plaza LLC, una inmobiliaria, está a nombre del hijo de Prigozhin.

Son sólo algunas de las empresas relacionadas con Wagner o con Concord, el grupo creado por Prigozhin, en principio sólo dedicado al cáterin. Eso sí, el más grande de este sector en Rusia. Primero suministraba a los comedores escolares, después al Ejército. Pero enseguida fue mucho más lejos. Los autores calculan que, entre 2014 y 2021, Prigozhin se hizo con licitaciones públicas adjudicadas a Concord por valor de 5.600 millones de euros.

Osborn y Zufferey precisan, no obstante, que esa cantidad es sólo una mínima parte de los ingresos de Wagner. En todos los países en los que se ha asentado la milicia, Prigozhin firmaba suculentos acuerdos con los gobiernos. Vendía seguridad a cambio de recursos naturales. En Siria y Libia se quedaba con yacimientos petrolíferos, en Sudán y en Malí con minas de oro –con Meroe Gold Mining Company–, en la República Centroafricana con diamantes y maderas tropicales, en Mozambique lo intentó, sin éxito, con yacimientos de gas. Los gobiernos centroafricanos, embarcados en una cruenta lucha con grupos yihadistas, han entregado a los rusos sus fuentes de riqueza para pagarles el entrenamiento de sus inexpertos ejércitos y la ayuda de los mercenarios en los combates. La factura es onerosa: la República Centroafricana paga a Wagner por sus servicios 78,2 millones de euros, el 20% de su presupuesto anual. Los autores calculan que desde que la milicia rusa puso un pie en el empobrecido país, ha cobrado un total de 390 millones de euros.

En 2022, los turbios negocios con los diamantes y las maderas exóticas en la República Centroafricana fueron destapados por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, en colaboración con All Eyes on Wagner. A continuación, EEUU sancionó a Bois Rouge y a Diamville, las empresas rusas señaladas en esa investigación, por sus vínculos con Prigozhin.

Pero la huella de Wagner se ha detectado también en Burkina Faso, islas Comoras, Nigeria, Congo, Camerún, Chad, e incluso mucho más lejos, destacan Osborn y Zufferey, en Venezuela y Perú.

Su presencia en África es un hecho conocido. Ha desplazado a los franceses en todo el Sahel, donde la antigua potencia colonial concentra el rechazo de la población. Y se ha hecho fuerte gracias al combate con los islamistas y a su absoluta falta de escrúpulos. Los mercenarios dejan un rastro de abusos y vulneraciones de los derechos humanos que incluyen torturas, asesinatos, saqueos y violaciones. Redadas en aldeas, ejecuciones, masacres en mezquitas… algunas de las atrocidades fueron grabadas y compartidas en las redes sociales por los propios rusos.

La reacción internacional a sus actividades ha sido notoria, aunque escasamente eficaz. Prigozhin fue sancionado por la Unión Europea en octubre de 2020 por infringir el embargo a Libia. Reino Unido y Francia hicieron lo propio con Wagner al año siguiente. También EEUU lo ha incluido en su lista de sanciones. Lituania, Países Bajos, Bélgica y Francia lo declararon “organización terrorista” en la primavera de 2023.

Pero ni esas medidas ni la muerte de su creador parecen haber hecho mella en la “nebulosa”. El libro deja claro que no ha habido cambio alguno en los registros mercantiles rusos que haya afectado a la red de empresas asociadas a Wagner desde junio de 2023, cuando Prigozhin se rebeló contra Putin. Además, el Kremlin pretende seguir manteniendo la influencia rusa en África y, apuntan los autores, está creando dos nuevas empresas militares privadas, llamadas Redut y Convoy, que disfrutan del mismo apoyo financiero que Wagner pero son controladas por el servicio de inteligencia militar ruso (GRU). E incluso hablan de un posible nuevo director del entramado: el general Andréi Averyanov.

Esos movimientos no responden en ningún caso la pregunta de qué ha ocurrido con los miles de mercenarios de Wagner en los últimos siete meses. Su creador se instaló durante casi 20 años en las esferas más altas del poder ruso, pero ni siquiera ese estatus le garantizó la protección frente a Vladimir Putin tras desafiarlo. Osborn y Zufferey lo describen como un personaje de Rabelais: “Ladrón, preso, comerciante, comisionista del zar, traidor”.

Su biografía es carne de serie en Netflix. Estuvo nueve años en la cárcel tras ser condenado por hurto organizado, estafa y prostitución de menores en San Petersburgo. Y pasó de vender perritos calientes –tras un viaje inspirador a EEUU– a abrir un casino. Después se dedicó a los restaurantes de lujo, lo que le proporcionó el contacto con la élite rusa, y con Putin, que entonces era consejero del alcalde de la ciudad. Apodado “el cocinero de Putin”, casi de forma despectiva, amasó una auténtica fortuna, convirtiéndose en otro miembro más de “la estructura cleptocrática del Kremlin”, dicen los autores.

Ebrio de poder, retó al zar Putin y perdió. Wagner fue crucial en la anexión de Crimea y en la guerra de Ucrania, además de herramienta fundamental de la nueva geopolítica que quiere imponer Rusia en África. Muerto Prigozhin, la hidra –así la llaman Osborn y Zufferey– ha sido decapitada, pero Wagner fue un invento de Putin –“Prigozhin no era un ideólogo, ni un político, ni siquiera un militar”, aclaran–, se construyó a la sombra y con el dinero del Kremlin y, advierten los autores del libro, seguirá impulsando con la fuerza de las armas la política de influencia rusa en todo el mundo.

Todo se fundió a un horrible negro cuando la luz del sol comenzaba a iluminar un nuevo día. Era 11 de marzo de 2004. Y el reloj marcaba las 7:39, hora punta. En ese preciso instante, tres bombas explosionan en un tren que llega a la estación madrileña de Atocha desde Guadalajara. Tres minutos después, cuatro más estallan en otro convoy a la altura de la calle Téllez. Y, simultáneamente, se registran otras tres explosiones en las estaciones de Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia. Es el peor atentado perpetrado en suelo europeo. La barbarie yihadista arrebata en la capital 193 vidas –a la que luego se sumaría la de un policía en las operaciones posteriores– y deja más de dos millares de heridos. Centenares de familias rotas en mil pedazos por el terrorismo.

Aquella masacre cogió con el pie cambiado a las fuerzas de seguridad. Es cierto que, por aquel entonces, España tenía bien desarrolladas las capacidades antiterroristas. El problema es que se prestaba atención, principalmente, a la amenaza procedente de ETA. Pocos efectivos policiales, como recuerda Carola García-Calvo, investigadora del Real Instituto Elcano, estaban dedicados en cuerpo y alma a observar entonces el fenómeno del yihadismo. Aunque ya se habían desarrollado algunas operaciones importantes en esta línea. En 1997, Appreciate, centrada en el Grupo Islámico Armado (GIA). En 2001, Dátil, que desarticuló una célula de Al Qaeda en España, la de Abu Dahdah. Un golpe importante para la organización terrorista en suelo europeo.

El CNI no puso en marcha hasta poco antes del 11M un departamento específico dedicado al yihadismo en su División de Contraterrorismo. Pero los atentados provocaron un punto de inflexión. "Forzaron un cambio de paradigma que nos obligó a adaptar nuestra mirada y comprender que la principal amenaza para la seguridad nacional iba a ser, a partir de ese momento, el terrorismo yihadista", apunta Manuel Gazapo Lapayese, doctor en Relaciones Internacionales y analista especializado en seguridad. Un fenómeno, completa, que no estaba constituido por "un enemigo ubicado en un espacio concreto" y con una "estructura organizacional tradicional", sino que se trataba de "una amenaza asimétrica, rizomática y resiliente, con capacidad para extenderse por todo el planeta".

Desde entonces, y a lo largo de las dos últimas décadas, se ha avanzado mucho en ese terreno. Tras los atentados de Madrid, explica García-Calvo, los recursos destinados en las Fuerzas de Seguridad para luchar contra el yihadismo se "intensificaron inmediatamente". "Las capacidades se multiplicaron casi por seis", apunta la experta. En After the Madrid Bombings: Internal Security Reforms and the Prevention of Global Terrorism in Spain, el especialista Fernando Reinares señala que solo en la legislatura posterior al 11M los servicios o unidades externas de información, que son los que se ocupan fundamentalmente de cuestiones de terrorismo internacional, crecieron en un 72% en la Policía Nacional y un 22% en la Guardia Civil.

Es imposible saber cuántos efectivos hay destinados en la actualidad en las Fuerzas de Seguridad del Estado a combatir el yihadismo. Dicha información tiene carácter secreto. Como también aquella relativa a la estructura y organización de la lucha antiterrorista. Unidades que con el paso del tiempo se han ido especializando. "Se han introducido dos perfiles: por un lado, especialistas en árabe y en mensajes, tanto en red como por otras vías de propaganda; y, por otro, expertos operativos en lucha antiyihadista, gente que se infiltra en este tipo de comunidades", señala Rafael Calduch. Este perfil fue clave, por ejemplo, en la operación Caronte, que permitió la desarticulación de una célula yihadista en la provincia de Barcelona gracias a la infiltración de un Mosso d'Esquadra.

La descoordinación en las fuerzas de seguridad fue otro de los problemas que pusieron de relieve el 11M. El domicilio de Jamal Zougam, uno de los condenados por los atentados de Madrid, ya había sido registrado a mediados de 2001, encontrándose en el mismo, tal y como se desprendió en la instrucción de Dátil, propaganda yihadista. El nombre de Allekema Lamari, uno de los suicidas en el piso de Leganés, ya había salido en el procedimiento seguido en su día en relación al Grupo Islámico Armado y se situaba bajo el radar de los servicios secretos. Y el de Serhane Ben Abdelmajid, alias el Tunecino, otro de los suicidas de Leganés, ya había aparecido dos años antes en una agenda que la Guardia Civil incautó en otra operación contra un destacado miembro de Al Qaeda en Barcelona.

"Tras los atentados, se establecieron marcos para compartir información", señala la investigadora de Elcano. En mayo de 2004, el Gobierno creó el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA). Y una década después, tras apreciar los vínculos que existían entre dicho fenómeno y el crimen organizado, lo fusionó con el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO). Fue así como surgió el actual CITCO. Integrado por miembros de Policía Nacional, Guardia Civil, CNI o cuerpos de seguridad autonómicos, el mismo se encarga de "recibir, integrar y analizar informaciones y análisis operativos que sean relevantes para elaborar la correspondiente inteligencia criminal estratégica y de prospectiva".

Los expertos también destacan los avances en materia de cooperación con otros países. Tanto a nivel policial como de inteligencia y judicial. En este último aspecto se centra Dolores Delgado, actual fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática y durante más de una década –desde 2007 a 2018– coordinadora de la lucha contra el terrorismo yihadista. "Se potenció la coordinación internacional", explica en conversación con infoLibre. Primero, se conformó el llamado tripartito, en el que se integraban los ministerios públicos de España, Francia y Marruecos. Un grupo al que, posteriormente, se unieron los colegas de Bélgica y que permitía, cuenta, un intercambio continuo de información entre los distintos Estados.

"El envío de datos en tiempo real mejoraba nuestras investigaciones, porque el terrorismo yihadista es internacional y se nutre de indicios que se producen en otros países", trata de resumir Delgado. La fiscal habla sobre el valor de la "inteligencia judicial" dados los puntos de conexión que existen entre las distintas causas relacionadas con el yihadismo y la interrelación de actores. "Esto permite identificar patrones de conducta", dice. Citábamos antes a Lamari o Zougam. Pero otro ejemplo lo podemos encontrar con Abdelbaki Es Satty, imán que surgió como cabecilla de los atentados de Barcelona de 2017, el primer ataque yihadista desde el 11M. Su nombre ya había aparecido más de una década antes en Chacal, otra causa que en su día se siguió contra una supuesta red de apoyo a individuos que participaron en los atentados de Madrid.

El legislador también fue adaptando, tras la matanza en la capital, el ordenamiento jurídico a la nueva realidad. Se empezó a prestar más atención a la financiación, se suprimió la exigencia de que existiera una organización para poder aplicar el tipo de terrorismo o se incluyeron en el Código Penal conductas como el autoadoctrinamiento, la difusión de propaganda terrorista y el traslado o establecimiento en un territorio extranjero controlado por un grupo u organización terrorista. Era, entonces, la época dorada del Estado Islámico y su propaganda. De los combatientes extranjeros. De las mujeres engañadas para desplazarse a zonas en conflicto. "Se empezó a ver en Siria una suerte de Califato terrenal", señala Delgado.

Calduch también pone el foco sobre el papel de Instituciones Penitenciarias: "Se intentan controlar los procesos de radicalización en las cárceles". Algo en lo que también se detiene García-Calvo. En las prisiones, explica, se trabaja en dos ámbitos. Por un lado, en lo que se refiere a "la prevención de la radicalización y el reclutamiento de jóvenes para la causa terrorista". Por otro, en lo que tiene que ver con la "rehabilitación y reintegración de yihadistas". Según una respuesta reciente del Gobierno al Grupo Parlamentario Popular, de las 27 personas que a finales de noviembre se encontraban cumpliendo condena por delitos de terrorismo yihadista –no se cuentan las que están en prisión preventiva–, 17 participaban en el nuevo programa de desradicalización.

La prevención es un pilar fundamental en la lucha antiterrorista. "El elemento clave para poder hacer frente a este fenómeno no es tanto la lucha armada o las intervenciones militares, que también, sino especial y esencialmente el trabajo a la hora de prevenir la captación y radicalización violenta", asevera Gazapo. El terrorismo yihadista, cuyos "dinamizadores de contenido" y "reclutadores" actúan tanto desde las cárceles como a través de Internet, es capaz de "elaborar un relato que se inserta, como si de un virus se tratara, con enorme facilidad en las mentes y corazones de sujetos de toda índole o perfil". De ahí la importancia "absolutamente estratégica", apunta el analista internacional, de elaborar "narrativas preventivas y contranarrativas".

Han pasado dos décadas desde aquel terrible 11M. Veinte años en los que, según los datos del Ministerio del Interior, se han llevado a cabo 408 operaciones antiyihadistas en nuestro país en las que se han detenido a 1.047 personas –71 en lo que va de legislatura–. "España está razonablemente preparada para hacer frente a esta amenaza", apunta Gazapo. Lo cual no quiere decir, sin embargo, que no existan riesgos ante un fenómeno extremadamente complejo. "El terrorismo de etiología yihadista se caracteriza, en este momento, por apostar por técnicas de ataque de baja complejidad operativa y bajo coste económico, lo que hace que sea mucho más complejo, detectarlo, prevenirlo y neutralizarlo", completa el experto.

Coinciden con él todos los especialistas consultados por este diario. "No se puede tener la certeza total de que no ocurran acciones aisladas", dice Calduch. "La seguridad total es imposible", deja claro García-Calvo. "Lo que se puede hacer es reducir el nivel de riesgo adelantándonos con investigaciones constantes", completa Delgado. Y en este sentido, dicen las dos últimas, hay que tener siempre un ojo puesto fuera de nuestras fronteras. Porque este tipo de terrorismo, explican, es muy sensible a los vaivenes internacionales. De ahí que, por ejemplo, la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista decidiese en octubre reforzar el nivel 4 de alerta con nuevas medidas tras la escalada de tensión en Oriente Próximo. Un grado alto en la escala de riesgo que se mantiene desde 2015, tras los atentados en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia.

“Es una huella que se lleva toda la vida”. José Luis Rodríguez Zapatero echa la vista atrás. Han pasado veinte años del atentado terrorista en Madrid del 11M. Lo primero que se le viene a la mente es, “sin duda”, el dolor de las familias de las víctimas. Siente un profundo orgullo por la reacción de la sociedad española: “Hizo la democracia más fuerte”.

Después del atentado y de su victoria electoral, tres días más tarde, Zapatero sufrió en primera persona los duros ataques de la derecha política y mediática con la “malévola” teoría de la conspiración. Ningún dirigente ni periodista que contribuyó a ese gran bulo le ha pedido perdón. Y, según el expresidente, deberían hacerlo ante la ciudadanía.

¿En qué piensa cuando se acuerda del 11M veinte años después?

Sin duda alguna en el dolor de las familias de las víctimas. Es una huella que se lleva para toda la vida. La violencia es inútil e injustificable, no deja nada positivo. Siempre es un rastro de dolor, un malestar colectivo. Lo más positivo fue la reacción de la sociedad española en el medio plazo. A diferencia de otros países que han sufrido ataques, nosotros no declaramos una guerra contra el terrorismo.

¿Cuál fue el motivo?

Pienso que la sociedad española tiene aprendidas dos lecciones. Una: lo que fue nuestra historia y un rechazo a la violencia muy profundo. Y dos: cómo soportó con paciencia el terrorismo de ETA y cómo sabía que frente al terror no cabe más que reafirmar la democracia. Nunca buscar atajos ni pensar que el fin justifica los medios. Me siento muy orgulloso de una sociedad que no se volvió contra las personas que profesan la religión musulmana y que no intentó nada contra Marruecos y Túnez, que eran los países de donde habían venido los terroristas. Eso le sirvió mucho a nuestro país para hacer la democracia más fuerte.

Dice que ese atentado sacó cosas buenas de la sociedad española. Pero en los días posteriores también sacó lo peor de la política. ¿Cómo evalúa la gestión del Gobierno de José María Aznar?

Estos días inevitablemente he pensado mucho y he recordado momentos. Con el tiempo me he ido aproximando a una conclusión: democráticamente fue mucho peor construir y mantener la teoría de la conspiración que la notable desinformación que hubo del 11 de marzo al 14. Aquello fueron tres días, había un shock. Es verdad que nunca hubo una línea de investigación que apuntara a ETA, algo que me explicó un día la Policía. Mantener una teoría de la conspiración tan malévola, que venía a decir que se habían juntado ETA, los islamistas y Marruecos, acariciando al PSOE, para provocar un cambio de Gobierno fue el momento ético más bajo de la democracia. Para llegar a eso hay que tener muy poco respeto por la verdad, menos por la democracia y ansiedad para destruir al adversario.

La teoría de la conspiración fue un intento de deslegitimación y con ella viví la escasa autonomía política del PP. Un medio de comunicación sacaba una noticia y el Partido Popular tenía que ir detrás con acción parlamentaria. Hay un dato interesante para recordar: en el momento de mi investidura en 2004 Mariano Rajoy hizo un discurso en el que no cuestionó en absoluto la legitimidad ni dio pábulo a una teoría extraña. Pero luego se pasaron una parte de la legislatura con la comisión de investigación y lo demás. Ahí empezaron todas las teorías conspiranoicas que luego han ido cuajando en la democracia.

¿Cree que Rajoy y Aznar le deben una disculpa a este país?

Cada uno es como es. A lo mejor se puede esperar un gesto de Rajoy. Pero de Aznar, después de todo lo que ha dicho de Irak y las armas de destrucción masiva... Es incapaz e incompatible. Reconocer algo de los demás o una actitud crítica por parte de Aznar parece algo metafísicamente imposible.

¿Pero cree que deberían hacerlo?

Vamos a ver qué dicen. Hay que hacer un análisis de estos veinte años y los medios: qué medios y cómo recuerda cada uno, qué líderes políticos hablan y qué dicen. Vamos a verlo.

Usted vivió en primera persona esa teoría de la conspiración política y mediática. ¿Cómo se enfrenta un presidente del Gobierno a los bulos, mentiras y fake news?

Con paciencia y contención. La democracia es un sistema que lo exige. Sería un grave error dejarse llevar por las reacciones más instintivas cuando a uno le acusan con insinuaciones de ese tipo. Daríamos una mala lección. Creo que los líderes cumplen un papel pedagógico y referente. Procuré siempre huir de la descalificación, del insulto y del ataque ad hominem. Tengo mucha confianza en la sociedad democrática y en la opinión pública. La cancha de los medios esté inclinada, pero tengo confianza.

Hay que incitar a escuchar los argumentos. Sabemos que vivimos en una sociedad muy polarizada. Una vez que estás en un sitio ya parece que no quieres oír argumentos diferentes para que no te hagan dudar. Hay que romper con eso. Sigo militando en la democracia deliberativa. El mejor discurso político es la convicción. Esperemos que en este recuerdo podamos dar un paso más de lección democrática en nuestra historia. Una de las reflexiones que hago estos días es que el PSOE no tiene ningún problema en afrontar ningún momento histórico.

¿Durante estos veinte años, algunos de esos políticos y periodistas que alimentaron la teoría de la conspiración le han reconocido que lo hicieron sabiendo que mentían?

No, es evidente que no. Pero mi visión de la democracia es la de una sociedad en la que se viva sin rencor y con perdón. Esa es mi manera de entender la vida. Cuando te encuentras a alguien que en un momento dado te reconoce un error grave o te pide perdón, es un comportamiento que merece la pena ser destacado. Pero no lo he esperado. En todo caso no sería a mí, sino a la ciudadanía.

Se vive un momento de total crispación veinte años después. Ha dicho que los ataques a Pedro Sánchez son incluso peores de los que sufrió usted. ¿Se ha degradado todavía más la situación? ¿Ahora hay más episodios de desinformación?

Las críticas y las descalificaciones personales fueron muy duras contra mí. Lo peor fue el intento de deslegitimación. Hay que tener mucha vileza para pensar que alguien puede estar detrás de un hecho que cuesta la vida a 192 personas para llegar al poder en España. Pensar eso de un compatriota es tremendo. Por tanto, ha habido pocas cosas peores en democracia. Pero la descalificación personal, el insulto y la falta de respeto absoluta al presidente Sánchez ha sido más sostenido y desde el primer día. Muy duro.

En un tiempo en el que no hay terrorismo de ETA, Feijóo le ha dicho a Sánchez en el Senado que es más generoso con los verdugos que con las víctimas. Eso, ahora, es peor. Yo sería incapaz de decirle a alguien: "Usted ha traicionado a los muertos". Ni siquiera se me vendría a la cabeza. Es imposible que se lo diga un demócrata a otro demócrata. ¿Qué hay detrás de ese político? ¿Qué entiende por convivencia, respeto y por la no incitación al odio? Cuando se llega a ese punto es que se tiene una sensación de prepotencia, de pertenencia del poder y una falta absoluta de proyecto político. Quien tiene ideas, proyecto y convicciones no tiene que descalificar a nadie ni insultarle. 

Escuchamos a menudo que estamos a un paso de una dictadura y de un cambio de un régimen. ¿Qué cree que se puede hacer para recuperar un debate público sosegado basado en los hechos? ¿Tiene arreglo?

Pienso que el tiempo es un factor fundamental. He vivido otros momentos en los que también se ha exagerado extraordinariamente sobre la unidad de España y el fin de ETA. De mí llegaron a decir que entregaba la nación y que mi proyecto era el de la banda terrorista. Pero la verdad es la verdad y la historia es la historia. Desapareció la violencia. España está ahora en un muy buen momento histórico por la economía, el empleo, la mejora de situaciones sociales, el tren de la digitalización, el récord de turistas y con democracia plena. ¿Qué se necesita? Es muy importante un debate democrático donde primen los argumentos y los contenidos. Debe ser una exigencia de los medios y de todos. No tiene que primar la descalificación.

También se van a cumplir veinte años del 14M, su victoria electoral. ¿De qué se siente más orgulloso? ¿Cuál fue su peor error?

Hay varios errores que están ahí anotados. Recuerdo duramente que antes del atentado de la T4 dije a los españoles que un año después íbamos a estar mejor en la lucha contra ETA. Fue un error de apreciación y de información y fui al Congreso a pedir disculpas. Y luego, es evidente que en la gestión de la crisis económica hay que asumir las críticas, da igual el contexto europeo y que la política económica de un Gobierno en la zona euro está limitadísima por lo que haga el BCE. Europa no estaba preparada para aquella crisis. No puedo dejar de reconocer que después de estar en la mejor cifra de paro en 2008 tuvimos de manera inusitada una cifra altísima. No logré frenar aquella crisis, tuviera más o menos instrumentos. Nunca eludiré esa responsabilidad. No pongo excusas ni echo la culpa a nadie.

¿Cree que su legado está siendo bien tratado?

El sentimiento que tengo más íntimo y profundo es de un enorme agradecimiento a este país por haber sido presidente. Agradezco especialmente a quienes me votaron, me aguantaron y trabajaron conmigo. También a las organizaciones sociales que dieron un impulso a leyes transformadoras. No tengo ninguna queja veinte años después. He recibido muchas críticas, hay mucha gente a la que no le caigo bien y otra me quiere. Es la democracia. Si algo quisiera dejar como legado es mi compromiso indeleble con el PSOE y las ideas del socialismo. Este partido ha protagonizado los mejores momentos de la historia política de este país. Por eso tiene 145 años. Hemos sido y somos muy importantes para España. Lo he pensado además estos días con la amnistía. Somos el partido que puede lograr un escenario en Cataluña y con Cataluña que supere de manera definitiva ese momento tan crítico de 2017. Ojalá. El PSOE ha hecho el 90% de las leyes sociales, de derechos y progresistas de este país. Y es el partido que siempre acepta con dignidad una derrota electoral.

Su partido está pasando una etapa complicada con la aparición del caso Koldo. ¿Qué le parece la respuesta?

Si repasamos la democracia, Sánchez es el presidente que ha dado la respuesta más contundente y rápida ante un escándalo de corrupción. El ejemplo más palmario es el 9 de febrero de 2009 cuando surge el caso Gürtel. La cúpula del PP compareció en Génova, encabezada por Mariano Rajoy, y dijo que no era una trama del PP sino contra el PP. Ahora hay un caso [el 'caso Koldo'], que a ver el alcance que tiene, y no ha habido ningún dirigente del PSOE que haya dicho que es una trama contra los socialistas. Yo quiero pertenecer a ese partido. Y el presidente ha dicho: “Caiga quien caiga”. Por supuesto, el caso es doloroso. Claro que sí. Pero la reacción democrática va mejorando.

¿Qué le parece cómo ha acabado redactada la ley de amnistía? Dirigentes del PP califican de terrorismo lo que pasó en el procés.

Es un muy buen texto. Es una ley que exige una técnica jurídica muy depurada. Ha quedado muy bien porque el objetivo de la amnistía es que la reconciliación sea plena. Y para que eso pase, se tiene que garantizar que todos los actos se amnistían. Me viene a la cabeza aquello del Spain is different. Pues bien, no quiero que mi país sea la excepción democrática. Todas las democracias, la tengan o no en la Constitución, disponen de esa institución.

Cuando oigo lo de los siete votos… No, es algo más. Una parte de España ha entendido que el diálogo de los nacionalistas con el PSOE es la única manera de poder recuperar la estabilidad global y tener un Gobierno de progreso. Hay que tener una capacidad de diálogo sereno con la sociedad y explicar las cosas. Un país no puede tener personas pendientes del Código Penal por un conflicto político. La política ha de tener una respuesta de la política. Falla la democracia cuando la política no logra gestionar un conflicto. 

La amnistía reforzará la democracia porque es un signo de confianza. Sólo es generoso quien es fuerte democráticamente. Y a la democracia le sientan bien las palabras reconciliación, convivencia y perdón. Frente a la imposición siempre defenderé la persuasión y frente al conflicto, el diálogo.

15 de febrero de 2007. Faltaba poco menos de un mes para que se cumplieran tres años del mayor atentado yihadista ocurrido en suelo europeo y esa gélida mañana arrancó uno de los juicios más esperados de nuestra historia y, quizás también, uno de los más difíciles de resolver. Quedaban por delante 57 días de sesiones en los que en la sede de la Audiencia Nacional ubicada en la Casa de Campo resonarían las voces de acusados, testigos, víctimas, policías y políticos. Sobre la mesa, la instrucción de hasta 241 tomos que el juez Juan del Olmo elaboró durante 28 largos meses. Al frente de ella, tres magistrados: Fernando García Nicolás, Alfonso Guevara y Javier Gómez Bermúdez, el presidente de la Sala de lo Penal que el 2 de julio, dos meses y medio después de arrancar, dejó el caso visto para sentencia.

Pero sobre esa mesa también había algo más. Los atentados del 11 de marzo de 2004 dejaron 191 personas muertas y otras 1.858 heridas. Y eso pesa a la hora de sentarse a resolver un puzle en el que muchos veían claro dónde iba cada pieza pero muchos otros intentaban de encajar otras que no parecían terminar de encontrar su lugar. "Nunca se dejan a un lado los sentimientos cuando se juzgan unos atentados tan terribles como estos", recuerda ahora Gómez Bermúdez, que recibe a infoLibre otra gélida mañana en su despacho del centro de Madrid. Él, "como cualquier ser humano", inició el proceso con las víctimas muy presentes, pero sin dejar que eso influyera "como un prejuicio frente a los acusados". "No puedes pensar 'esto es muy grave y alguien tiene que pagar'. Lo que hay que hacer es determinar si de esos gravísimos hechos son responsables las personas que están acusadas", razona.

Lo fueron 21 de los 29 que se sentaban en el banquillo. Fue el propio Gómez Bermúdez, de hecho, quien leyó su sentencia el 31 de octubre de ese mismo año. Jamal Zougam y Othman el Gnaoui fueron condenados a 42.922 años como autores materiales de los asesinatos y el exminero José Emilio Suárez Trashorras a 34.715 años como autor por cooperación necesaria. Tan sólo un año después, el Tribunal Supremo corrigió el fallo: condenó también a Antonio Toro. Algo que, echando la vista para atrás, a Gómez Bermúdez le hubiera gustado hacer. "Todavía no sé cómo se nos pasó condenarlo. Supongo que, en plena vorágine, pensé que era muy poco lo que se había probado de él. Pero trajo un detonador y un trozo de cartucho de dinamita, eso era tráfico de explosivos, como dijo el Supremo", reconoce.

El resto del fallo, 13 años después del juicio y dos décadas tras el atentado, lo mantendría como ya lo dejó. "Quizás se podría mejorar en cuestiones formales, pero teníamos mucha presión temporal. Es decir, teníamos que tener la sentencia pronto, si no los presos quedaban en libertad", explica.

Pero esa no fue la única dificultad a la que se enfrentó en este proceso. El contexto en el que arrancó el juicio, ya de por sí, no fue el más sencillo.

A las 7:36 y 7:40 de aquella mañana del 11 de marzo, 10 explosiones simultáneas en cuatro trenes de Cercanías en Madrid mataron en el acto a 176 personas en las estaciones de Atocha, El Pozo, Santa Eugenia y la calle Téllez. Al horror y temor inicial siguió una pregunta inevitable: ¿Quién ha cometido esta barbarie? Alrededor de las 13:30 de ese mismo día, el que fuera ministro del Interior, Ángel Acebes, lo atribuyó sin ambages a ETA. "Buscaba una masacre. En cuatro ocasiones las fuerzas de seguridad del estado han conseguido evitarlo, pero desgraciadamente en esta ocasión ETA ha conseguido su objetivo", señaló.

Para entonces, Gómez Bermúdez ya había descartado esa versión. "Sólo pensé que podía ser suya la autoría durante las primeras horas", asegura. Había un antecedente que le indujo a ello, y que coincidía con esas declaraciones del conservador. El 24 de diciembre de 2003 ETA intentó atentar en un tren en la estación de Chamartín, en Madrid, con 50 kilos de dinamita, un caso que también juzgó más tarde. "Si sabes que ETA lo ha intentado, cuando dos meses y medio después ves lo de Atocha piensas: 'Lo han conseguido", recuerda.

Pero todo empezó a cambiar, sitúa más o menos, al mediodía. "En torno a las 12 o 12:30 horas de la mañana", concreta. "Cuando van pasando las horas, la policía te va dando referencias y ya ves que aquello no encaja. Ni con la forma de ejecutar los delitos ni con el modus operandi ni con, ni siquiera, los objetivos", continúa. "A las 15 de la tarde ya había indicios clarísimos de que se trataba de yihadismo, no de ETA", remarca. Para entonces además Arnaldo Otegi había negado la relación de la banda con lo ocurrido y ya se investigaba una furgoneta donde se encontró una cinta con versículos del Corán.

Sin embargo, la versión oficial del Gobierno continuó siendo la misma. Y el día 12, también. Y el 13. "Que sea Al Qaeda no me lo han dicho. Ningún responsable de las fuerzas de seguridad me ha dicho que en estos momentos tengan una línea preferente de investigación respecto a esa organización terrorista", dijo entonces Acebes.

​Y así comenzó la mayor fake news construida en España. Con la participación del propio Gobierno de entonces, cuyo presidente, José María Aznar, llamó a los directores de los grandes periódicos trasladándoles que la principal sospecha del Gobierno se dirigía a la organización terrorista vasca. Con algunos funcionó. El Mundo por ejemplo mantuvo durante años esta línea, que acompañó con polémicas portadas.

No importó que el propio Osama Bin Laden alabara los atentados y los justificara como una represalia por la participación española en la guerra de Irak, que contó con una gran oposición en las calles. Ni bastaron las pruebas. "El mundo de ETA sabía que cada vez que se pasaba de rosca perdía apoyo. Y el propio lehendakari [Juan José Ibarretxe] se dio cuenta de que aquello no cuadraba. Probablemente alguien del entorno de ETA le llamara y le dijera que no tenían que ver", recuerda el ahora abogado.

Inevitablemente ese escenario llegó hasta el juicio. "Esas teorías nos dieron mucho trabajo. Algunas defensas plantearon como su línea esas llamadas conspiraciones y eso nos obligaba a responder a algunas cuestiones en la sentencia que, aunque no tenían ninguna base, había que incluir", lamenta Gómez Bermúdez.

Y no sólo eso. Si el presidente del Gobierno llamó a directores de varios medios para hacer valer su versión de lo ocurrido, lo que el exmagistrado de la Audiencia Nacional recibió fueron lo que él llama "palomas mensajeras". "En aquella época España era un palomar y estas venían de todas partes. Pero no ejercían presiones, sino que lanzaban mensajes sutiles. A lo mejor le decían a un amigo: 'Oye, dile a Javier que cuidado con esto, que suena raro'. Te lo contaban para que tú supieras por dónde querían que fueras, pero no tienes que ir por ningún sitio. No hice caso a nadie, ni yo ni mis compañeros", celebra.

Por eso alaba que el juicio tuvo "todas las garantías" que tenía que tener. "Todo es mejorable, pero el proceso fue impecable. Los tres magistrados estábamos muy entrenados para que el clima exterior no nos influyera", añade.

Pero como ocurre con todas las sentencias, lamenta, esta también recibió críticas. Y Gómez Bermúdez, que sólo un año después fue ponente del juicio a tres mandos militares por el caso del Yak-42, terminó viendo su carrera amortizada. "Después de todo eso yo ya sabía que no iba a llegar al Tribunal Supremo. Después de los dos juicios salieron tres o cuatro plazas y yo las pedí, pero ni siquiera entré en la terna para ser elegido, y por currículum podría haberlo sido", recuerda. "Pudo haber muchos motivos, desde que cualquier persona que haya estado en un asunto polémico no gusta normalmente, hasta que estimaran que soy una persona demasiado libre e independiente", indaga. "El tribunal del 11M era conservador, pero según lo que dijeron los medios, favoreció a los contrarios".

Ahora, que ejerce como abogado en el despacho Ramón y Cajal de Madrid dice que todo eso es "agua pasada" y que las teorías que en aquella época contaminaron política y mediáticamente el peor atentado sufrido en España y en Europa ya no son sostenidas por prácticamente nadie. "La mayoría de los ciudadanos ya no tienen duda de que fue yihadismo. Quien esté cuestionando la autoría del atentado o no se ha enterado de nada o sabe conscientemente que está mintiendo", critica. Le sale la imagen, cuando pronuncia estas palabras, de "dos personas", pero se niega a dar los nombres.

Él, por su parte, tiene claro que lo ocurrido fue un atentado islamista movido por el "odio a occidente". Se niega, así, mezclar lo ocurrido con la guerra de Irak. "Los terroristas son los únicos culpables de los atentados, lo que pasa es que ellos siempre buscan una justificación", denuncia.

Y celebra por ello que se hiciera justicia, aunque echando la vista atrás confiesa que le hubiera gustado poder juzgar a los siete suicidas de Leganés. "En todos los delitos, pero particularmente en estos, cuando un número importante de autores se suicida se pierde mucha información, y yo siempre prefiero juzgar. Es más, las víctimas también lo preferían. Lo que buscan ellas siempre es justicia", zanja.

En este sentido, cree que ahora España está más preparada que antes. En lo legislativo y en lo preventivo. "Se ha mejorado mucho. Hay que tener en cuenta que hemos pasado de un terrorismo jerárquico a uno horizontal que ni siquiera necesita tener una organización detrás, y ha habido unas reformas legales que están permitiendo combatir este tipo de delincuencia", concluye. Actualmente, y desde el año 2015, España se encuentra en el nivel 4 de alerta antiterrorista, un grado que se acordó tras valorar la amenaza después de los atentados de Francia, Túnez, Kuwait y Somalia.

El PP ha solicitado al Gobierno la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de Estado antiyihadista por el aumento del nivel de amenaza tras la guerra declarada por Israel contra Hamás, lo cual muestra su preocupación e interés en afrontar la situación de riesgo que el nuevo escenario internacional ha podido generar, especialmente de cara a la Navidad por todo lo que supone de celebración religiosa y de concentración de gente en calles y ciudades.

Durante las navidades del pasado año, 18 hombres asesinaron a 18 mujeres como parte de la violencia de género que venían ejerciendo, 11 en diciembre y 7 en enero, y en ningún momento se pidió que convocaran algún órgano de seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Desde 2004, año en que se produjo el terrible atentado islamista en Madrid, el terrorismo yihadista ha asesinado en España a 210 personas en los atentados de Madrid, Cataluña y Algeciras. Desde ese mismo año la violencia de género ha asesinado a 1.165 mujeres, 995 víctimas mortales más que el yihadismo, es decir un 454,8% más, y no sólo no se ha pedido convocar, revisar o ampliar las medidas contra esta violencia, sino que ha aumentado el negacionismo contra ella, y lo ha hecho por parte de los partidos que más utilizan el terrorismo yihadista como argumento para plantear diferentes medidas contra otras culturas, personas extranjeras, migración, creencias… Su objetivo es atacar al diferente para reforzar su propio modelo cultural, incluidos aquellos valores que llevan a la violencia de género y al asesinato de mujeres, de ahí su pasividad y silencio ante ella, y ahora su negacionismo cómplice.

En la próxima Navidad es muy probable que también asesinen a más mujeres por violencia de género que a personas por terrorismo yihadista, si tal y como muestra el análisis de los datos estadísticos se produce el efecto estacional que golpea con especial intensidad en verano y en los meses navideños, y no veo que el PP pida ninguna reunión para abordar el riesgo que se produce bajo esas circunstancias.

Los mismos que dicen que “violencia es violencia” y que “la vida de una mujer no vale más que la vida de otra persona”, son los que sí señalan al terrorismo yihadista como una violencia diferente que requiere medidas específicas, y pide convocar reuniones para abordarlas, como si en este caso las vidas de las víctimas tuvieran un valor superior al resto de las vidas acabadas por otras violencias.

Todo ello demuestra el distinto posicionamiento que existe ante la violencia de género, y cómo este tiene sus raíces en la cultura androcéntrica que da razones para que los hombres que lo decidan recurran a ella para resolver las situaciones que ellos consideren oportunas con sus parejas. Luego, es la misma cultura la que ofrece justificaciones para integrar la violencia utilizada, desde la normalidad hasta las alteraciones en el agresor derivadas del alcohol, sustancias tóxicas o trastornos mentales. Nadie dice nunca que un terrorista está bajo los efectos del alcohol, las drogas o con un trastorno mental cuando asesina.

El posicionamiento social e institucional ante la violencia de género, a pesar de ser la violencia que más víctimas de un mismo grupo de población produce, es tan diferente, que mientras que el pacto de Estado contra el terrorismo refleja el compromiso con la causa de su violencia, que es el entramado terrorista que se establece en la sociedad, no sólo la célula o persona que actúa, en el caso de la violencia de género el Pacto de Estado no es contra el machismo, que es el entramado social y cultural que da lugar a cada uno de los casos, y se ha centrado en un pacto de Estado contra su resultado, la “violencia de género”.

Nadie habría aceptado un pacto de Estado contra el “atentado terrorista” o la “violencia terrorista”, pero contra la violencia machista se aceptó sin problema.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

“Una red mafiosa continental” lleva por título la infografía que la agencia de detectives suiza Alp Services envió a los servicios secretos de los Emiratos Árabes Unidos. Un mapa que señala a más de mil personas y 400 organizaciones de toda Europa, unidos por flechas y que, supuestamente, forman una red de islamistas radicales. Es lo que revela desde hoy la serie de investigación Abu Dhabi Secrets, basada en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. También han formado parte de la investigación los medios suizos Heidi News y RSI Television, así como Domani (Italia) y Daraj Media (Líbano).

Los documentos a los que EIC ha tenido acceso muestran que, entre 2017 y 2020, Alp Services proporcionó a los servicios emiratíes los nombres de 191 personas y 125 organizaciones en Francia; 160 individuos y 86 instituciones y empresas en Bélgica; 156 personas en Reino Unido, 104 en Suiza, 91 en Alemania, 92 en Italia... En España, infoLibre ha contado hasta 162 individuos y 95 empresas y organizaciones.

Esta cartografía se elaboró al margen de cualquier marco legal. Y muchos de los nombres no tienen relación alguna con el islamismo radical. En Francia figuran, entre otros, el excandidato socialista a la presidencia de Francia Benoît Hamon, la teniente de alcalde de Marsella y exsenadora Samia Ghali, la escritora y cineasta Rokhaya Diallo, una periodista de Mediapart, el partido La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon e incluso el CNRS, el organismo público que supervisa la investigación científica francesa, el equivalente al CSIC español.

En Bélgica se señaló a la ministra de Clima y Medio Ambiente, Zakia Khattabi. Su partido, Écolo, tacha su inclusión en los mapas de “escandalosa”. “Es obviamente tan absurdo y ridículo”, asegura, “que no merece ningún comentario ni atención”. En el Reino Unido, hasta el exlíder laborista Jeremy Corbyn aparece en un informe, mientras que en Noruega Alp Services no tuvo problema en incluir en su mapa a celebridades suecas y danesas.

En Países Bajos se incluye al alcalde de Arnhem, Ahmed Marcouch, pero también a periodistas y empleados holandeses de Amnistía Internacional y Transparencia Internacional. En Suiza, a un activista por los derechos humanos, Pascal Gemperli. Los mapas de España incluyen a políticos de todos los partidos, desde el PP hasta la CUP.

Todos estos individuos aparecen en las mismas cartografías junto a terroristas de Al Qaeda con condenas. A veces se incluyen sus números de teléfono y datos personales. Y a todos se les describe como miembros, simpatizantes o cercanos a los Hermanos Musulmanes, un movimiento islamista que en 2014 fue declarado “organización terrorista” por los Emiratos Árabes Unidos, una de las autocracias del Golfo Pérsico.

Tras conocer su señalamiento, las víctimas se debaten entre el estupor, la rabia y el miedo. “Es espantoso”, responde el excandidato socialista a la presidencia francesa Benoît Hamon. “No voy a permitir que me pase esto. La Justicia y las autoridades francesas deben investigar y dar explicaciones”, advierte la teniente de alcalde de Marsella Samia Ghali. La ministra belga de Clima y Medio Ambiente, Zakia Khattabi, niega tener relación alguna con los Hermanos Musulmanes. A Khattabi, perteneciente al partido ecologista Écolo, Alp la sitúa como “vicepresidenta del Ejecutivo musulmán”, como si fuera parte del organismo que se supone representa a los musulmanes belgas. No es el caso. Además, se la identifica como chií, cuando ella pertenece a la comunidad suní.

El cerebro de toda esta operación es Mario Brero, veterano –71 años– de la investigación privada suiza y jefe de la agencia Alp Services, que creó en Ginebra hace más de 30 años. Preguntado por EIC, Brero no ha querido hacer comentarios sobre el fondo del asunto. Sus abogados, Christian Lüscher y Yoann Lambert, consideran que los documentos de esta investigación “están en parte falsificados” y que “la mayoría de los hechos que constituyen la base de las preguntas [que le ha formulado EIC] se basan en suposiciones erróneas y/o en elucubraciones increíbles”. También lamentan que EIC haya utilizado “datos robados” y amenazan con demandar a Mediapart ante los tribunales suizos.

La historia comienza el 7 de agosto de 2017 en un palacio. Mario Brero y uno de sus colaboradores son los invitados de un agente de la inteligencia emiratí llamado Matar. “Querido Matar, estamos en Abu Dabi, en las magníficas suites del Fairmont. Gracias por su hospitalidad. Estamos a su entera disposición”, le escribe el dueño de Alp.

Para ser un hombre en la sombra, Mario Brero actúa de forma bastante temeraria. Además de las instantáneas en las que se le ve tomando una copa en la piscina, le hizo una foto a su encargado, un hombre de unos 40 años con una barba impecablemente recortada y vestido con la dishdasha, la túnica blanca típica del Golfo. Esa noche, durante la cena en el restaurante del hotel, Mario Brero explicó a Matar la propuesta elaborada por su agencia dos semanas antes: una vasta operación para “cartografiar” y luego “desacreditar” a los enemigos de Emiratos,“mediante la difusión discreta y masiva de información comprometedora”.

En 2017, los detectives de Alp hicieron varios viajes a Abu Dabi, durante los cuales el agente Matar condujo a los investigadores suizos hasta su superior, el auténtico jefe: Alí Saeed Al Neyadi. EIC no ha podido verificar la identidad exacta de Matar basándose en la información disponible. Pero su jefe, que responde al nombre de Alí, parece menos misterioso. Brero lo describe unas veces como “Su Excelencia” y otras como “el boxeador”, en referencia a Mohammed Alí. Brero también lo fotografía durante sus reuniones en un complejo de Abu Dabi y en el hotel Baur au Lac de Zúrich. Los rasgos faciales de “el boxeador” se parecen a los de Alí Saeed Al Neyadi, lugarteniente del jeque Tahnoun Bin Zayed, consejero de seguridad nacional y hermano del presidente Mohammed Bin Zayed.

Al Neyadi dirige una entidad local encargada de gestionar crisis y catástrofes naturales. Aunque, en realidad, la institución, que depende directamente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, es también el brazo armado al cargo de las operaciones especiales.

Para convencer a los espías emiratíes, Mario Brero presume de que Alp Services trabaja para “personalidades adineradas, gobiernos, jefes de Estado, multinacionales y bufetes de abogados”. Es cierto: entre sus clientes se cuentan oligarcas rusos, el multimillonario francés Bernard Arnault, el presidente kazajo Nursultán Nazarabayev y Corinna Larsen, la examente del rey emérito Juan Carlos I. Brero promete, además, movilizar a su red de periodistas, asesores e investigadores.

Sus argumentos acertaron en el blanco: el primer contrato se firmó en octubre de 2017. Según los documentos a los que ha tenido acceso EIC, Alp Services se embolsó al menos 5,7 millones de euros entre 2017 y 2020, pagados por un centro de investigación emiratí llamado Al Ariaf, que sirve de pantalla a los servicios de inteligencia emiratíes.

Las sucesivas operaciones –se prorrogan cada seis meses– se bautizan con nombres de flores o hierbas suizas, como Árnica, Narciso, Quino o Crocus. Sus objetivos son las dos obsesiones de Abu Dabi: Catar y los Hermanos Musulmanes. Además, Mario Brero sabe explotar los sentimientos de sus clientes, ofreciéndoles misiones adornadas con teorías simplistas sobre las redes de la Hermandad, a la que propone “desenmascarar” y “destruir”, “influyendo en la opinión pública y en los dirigentes políticos”.

Fundada en 1928 en Egipto por Hassan El Bana, la Hermandad nació como reacción a la colonización británica, preconiza un islam político, tenía un discurso antioccidental y defiende un tradicionalismo moral, en particular sobre el lugar de la mujer y el uso del velo. Pero, si los Emiratos odian tanto a los Hermanos Musulmanes, no es por la ideología. La llegada al poder de presidentes electos de la Hermandad en Túnez y Egipto, tras las revoluciones árabes de 2011, llevó a algunos emires del Golfo a temer por su propia supervivencia política. El apoyo de Doha a la Hermandad intensificó el conflicto, que llegó a su punto álgido entre 2017 y 2021, cuando una coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos declaró el bloqueo de Catar.

Ahora, este contexto geopolítico aparentemente remoto se ha traducido en consecuencias para cientos de europeos, que se ven víctimas de la vendetta de Abu Dabi y de los dudosos métodos de Alp Services.

Además de los mapas, la agencia suiza elaboró decenas de informes sobre personajes públicos y personas privadas, cuya presentación sintoniza con el cliente: portadas con manchas de sangre, un mapa de Europa coloreado con el logotipo de los Hermanos Musulmanes y referencias a la mafia.

Los servicios de inteligencia emiratíes hicieron después pedidos adicionales para atacar a los objetivos de su elección, con un coste de 20.000 a 50.000 euros por individuo y utilizando medios agresivos: campañas de prensa, artículos publicados con perfiles falsos, cambios en las páginas de Wikipedia, incluso operaciones para convencer a los banqueros de que cierren cuentas de los individuos u organizaciones señaladas. Es lo que le ocurrió a Hazim Nada, un empresario afincado en Suiza y propietario de una empresa de comercio de petróleo, que quebró a causa de una operación especial ejecutada por Alp. Su historia la revelaron The New Yorker y Mediapart a principios de este año.

En Francia, uno de los países donde la agencia suiza estuvo más activa, con casi 200 personas cartografiadas, la lista no es más que un batiburrillo sin pies ni cabeza de nombres y organizaciones a los que se ha vinculado mediante conexiones artificiales a personalidades públicas. Figuras religiosas o activistas de asociaciones confesionales aparecen junto a militantes antirracistas como la directora de cine Rokhaya Diallo, o a tres dirigentes de la asociación Coexister, que promueve la tolerancia y el diálogo interreligioso entre los jóvenes y ganó el Premio de Laicidad de la República Francesa en 2016. También aparece Taha Bouhafs, periodista y militante de La France Insoumise. Hakim El Karaoui, un ensayista y asesor gubernamental que aboga por un islam francés, se codea con Mennel Ibtissem, una excantante de The Voice, calificada como una  "figura" del ideario de la Hermandad en Francia. Ibtissem fue incluida en un informe de Alp por la polémica desatada durante su participación en 2018 en el programa, donde cantaba con la cabeza cubierta con un turbante, que ya no usa hoy. Tuvo que abandonar el programa tras publicarse viejos tuits con declaraciones conspirativas sobre los atentados de Niza y de Saint-Etienne-du-Rouvray. “Amo Francia", proclamó después, para añadir que condenaba la violencia y que había escrito los tuits con “rabia” para criticar la “fusión de terrorismo y religión”. La cantante se muestra indignada por haber sido incluida en un listado de los Hermanos Musulmanes destinado a una potencia extranjera: “Es una tontería, nunca he dicho ni hecho nada que pueda sugerir que tengo un compromiso político o religioso", protesta.

Además menciona Alp a dos investigadores de la prestigiosa Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS), tres del CNRS, el organismo público que supervisa la investigación científica francesa, y al propio CNRS.

Tampoco escapan los periodistas. Entre los presuntos miembros de la nebulosa islamista francesa, se cita a Bondy Blog, un medio de comunicación ciudadano que cubre los barrios populares. “En 2016, Gilles Kepel [politólogo especialista en el islam y el mundo árabe] nos acusó de forma injusta e infundada de estar en manos de un grupúsculo marginal después de que le invitáramos a un debate nocturno”, explica Sarah Ichou, su directora editorial.

En el mismo saco metió Alp a la revista digital Orient XXI y a su fundador, Alain Gresh, exdirector de Le Monde Diplomatique. “Emiratos es una de las peores dictaduras y no es de extrañar que sean clientes de una visión conspirativa del islam que lo ha calado todo, incluidos los medios de comunicación. Es el Je suis partout [un periódico fascista y antisemita francés de los años 30 y 40] de los tiempos modernos”, acusa Gresh.

¿Cómo pudo hacer Alp Service un trabajo tan chapucero? “Mario Brero vendió al cliente un sueño. La información se presentaba como muy secreta, cuando el 80% procedía de fuentes públicas”, explica un antiguo empleado de la agencia. La agencia suiza seleccionó nombres a veces basándose en meros rumores o polémicas. Además, muchas las víctimas contactadas por los medios de la red EIC habían sido atacadas en las redes sociales o en los medios de comunicación por su supuesta complacencia con el islam radical.

Es el caso de Benoît Hamon, que fue criticado por el ex primer ministro francés y concejal del Ayuntamiento de Barcelona por Barcelona pel Canvi Manuel Valls durante las primarias socialistas de 2017: “Desde mi candidatura a las elecciones presidenciales, no puedo publicar un solo mensaje en mis redes sociales sin ser atacado por acusaciones absurdas de connivencia con el islamismo”, se lamenta el socialista.

La exsenadora Samia Ghali casi se atraganta al teléfono cuando escucha que la han relacionado con los Hermanos Musulmanes: “Es lo contrario de todo lo que soy y de todo lo que defiendo”. Haciendo memoria, recuerda que un antiguo director de instituto de Marsella le reprochó haber participado en la inauguración del instituto privado Ibn Khaldoun. “Puede que venga de ahí, pero es una tontería”, dice la diputada, “el colegio está concertado con el Estado, yo me crié con las monjas y mis hijas van a un colegio católico privado. No veo por qué no debería ir como representante electa a la inauguración de una escuela reconocida por el sistema educativo francés”.

Otras notas e informes de los detectives suizos sobre organizaciones o individuos concretos son más pertinentes y elaborados. Pero, en cualquier caso, el trabajo de Alp se sale de los límites de la legalidad. Al menos en Francia, donde el trabajo de “inteligencia con una potencia extranjera” es un delito. Y en Suiza, donde Alp Services tiene su sede, cualquier actividad realizada por cuenta de un Estado extranjero debe declararse al Ministerio de Asuntos Exteriores. Preguntado por la agencia de Mario Brero, ese departamento responde que no ha “recibido ninguna declaración en la que un Estado extranjero fuera el solicitante o el destinatario final”.

Algunas de las personas señaladas por Alp han manifestado su intención de presentar una denuncia. “Voy a llamar a mi abogado y a preguntar al Gobierno, que se supone que protege a sus ciudadanos. Esto no va a quedar ahí”, advierte Sami Ghali, quien ya fue blanco de ataques cuando era senadora. “No lo permitiré. Si no emprendemos acciones legales cada vez que nos insultan, esto acabará en las páginas de Wikipedia. Estos ataques mancillan nuestra reputación y nos perjudican profesionalmente", añade el periodista Taha Bouhafs.

Para Vincent Geisser, uno de los investigadores del CNRS objeto de las cartografías, autor del libro La nouvelle islamophobie (La nueva islamofobia), no es “sorprendente que un país autoritario se preste a este juego de archivo y vigilancia. En cambio, el hecho de que sus servicios de seguridad encuentren en Europa y Suiza enlaces para sus operaciones es el verdadero escándalo”.

También Mediapart va a presentar una demanda por el señalamiento de uno de sus redactores. “Mediapart es víctima, a través de uno de sus periodistas, de una base de datos ilegal y absurda creada por una oficina de espías que trabaja para los Emiratos Árabes Unidos, y por supuesto presentará una denuncia a través de sus abogados Seattle”, asegura el director del periódico francés, Edwy Plenel. “En el actual contexto político y mediático francés”, añade, “marcado por el auge de la intolerancia de extrema derecha, tanto de palabra como de obra, atribuir una etiqueta tan difamatoria a un periodista no sólo daña su reputación, sino que también podría poner en peligro su seguridad. Por último, estas nuevas revelaciones de EIC confirman que el espionaje digital, en el que están especializados a gran escala estos regímenes autoritarios, va de la mano de campañas de desinformación que difunden el veneno de la calumnia”.

Pero muchas otras personas, al ser informadas de su presencia en las listas de Alp, pidieron que no se publicaran sus nombres. “Es demasiado arriesgado. Aunque vuestro artículo ponga de manifiesto lo absurdo del proceso, algunos seguirán diciendo que no hay humo sin fuego”, explica una víctima.

Otros temen las acciones que puedan emprender contra ellos las autoridades emiratíes, ahora que figuran en sus archivos como cercanos a una organización considerada terrorista en el país. ¿Qué uso ha hecho Abu Dabi de esta información? ¿Qué riesgos corren las víctimas si van a Dubái de vacaciones o por negocios?

EIC ha hecho esas preguntas al Gobierno emiratí, al agente Matar y a su superior, Ali Saeed Al Neyadi, pero ninguno de ellos ha respondido.

En Emiratos Árabes Unidos, las opiniones críticas se castigan con penas de cárcel. Las manifestaciones están prohibidas y al menos 41 opositores políticos permanecen detenidos, tras cumplir sus condenas, por haber “adoptado opiniones extremistas”. En 2021, una investigación de la ONG Forbidden Stories reveló cómo el país perseguía y vigilaba a sus opositores mediante el programa espía Pegasus, capaz de piratear teléfonos móviles.

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Con la contribución en las declaraciones de las personas señaladas en Bélgica de Nikolas Vanhecke, Kasper Goethals y Roeland Termote (Der Standaard), y de Wilmer Heck y Andreas Kouwenhoven (NRC Handelsblad) para las de Países Bajos

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha acordado este martes enviar a un centro psiquiátrico de Huelva a Yassine Kanjaa, el presunto autor del ataque cometido en enero en Algeciras en el que fue asesinado un sacristán y resultaron heridas varias personas, según informa Europa Press.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha tomado esta decisión siguiendo de esta forma el criterio marcado por los médicos de la Audiencia Nacional, que recomendaron el pasado mes de marzo que Kanjaa fuese internado.

El examen realizado por los médicos reveló que la sintomatología que presenta Yassine Kanjaa es compatible con un trastorno delirante, lo que hacía recomendable su internamiento en una unidad psiquiátrica dependiente de Instituciones Penitenciarias a la espera de nueva valoración.

El examen forense fue acordado por el Gadea a los efectos de informar sobre si el sujeto era imputable o no. En su resolución, el magistrado indicaba que ese reconocimiento forense se debía hacer con pleno respeto al derecho de defensa del detenido y con su previo consentimiento.

Así, ofició a la clínica forense de la Audiencia Nacional para que dos médicos fueran quienes realizaran el examen al investigado. El día en el que se produjo, trascendió por fuentes jurídicas que el investigado en la hora escasa de examen habría insistido ante los psiquiatras que "veía diablos".

Este mismo martes, el magistrado ha rechazado enviar la causa a los juzgados de Algeciras insistiendo en que de lo instruido hasta la fecha se desprende que el ataque tenía "fines terroristas". Además de rechazar inhibirse, el magistrado ha acordado el levantamiento del secreto de las actuaciones.

Según recogía el relato de hechos plasmado en el auto por el que el juez acordaba la entrada y registro en la casa del presunto yihadista, Yassine Kanjaa, en torno a las 18.30 horas del 25 de enero "accedió al interior de la Iglesia de San Isidro" en Algeciras (Cádiz) e inició una discusión con los allí presentes, "manifestando a los feligreses de forma vehemente que la única religión que hay que seguir es la religión islámica".

Tras esto, el auto, que se hace eco del informe de la Policía, indicaba que Kanjaa abandonó el lugar "profiriendo mensajes en árabe cuyo contenido se desconocen", pero regresó de nuevo a las 19.40 horas. "Desde el interior de la iglesia los allí presentes escuchan como alguien ubicado en el exterior de la iglesia profiere gritos en árabe", se indica, para añadir que, una vez finaliza la misa, el sacerdote encargado de la misma baja del púlpito para comprobar lo que estaba ocurriendo, "instante en el que el investigado portando en su mano un machete de grandes dimensiones y de forma súbita agrede al sacerdote —Antonio Rordríguez Lucena— causándole lesiones de gran gravedad".

Según apuntaba el juez, Kanjaa también intentó atacar a un testigo allí presente y tras eso huyó de la iglesia y se dirigió a otro centro de culto católico llamado Virgen La Palma ubicado a unos 200 metros. "En ese lugar se encuentra con el sacristán de esta iglesia, que estaba abandonando el lugar por una puerta trasera (...), Kanjaa inicia varias acometidas sobre el mismo, causándole unas primeras lesiones", apunta.

El relato de los hechos realizado por la Policía indica entonces que el sacristán intentó huir dirigiéndose a la plaza Alta, pero cuando llegó al centro de la misma "es alcanzado por el atacante quien una vez que le tiene en el suelo, sujeta la catana con ambas manos y alzando la mirada al cielo y gritando unas palabras en árabe entre las que se escucha la palabra allah le asesta una última estocada mortal".

El auto recoge que finalizado ese hecho "de forma muy tranquila se dirige a la conocida como Ermita Europa ubicada en esa misma plaza e intenta acceder al interior de la misma, si bien en ese instante y sin prestar resistencia es detenido por la Policía Local de la Ciudad de Algeciras".

El atestado policial recogió además que una vez detenido fue trasladado a un centro médico de Algeciras para recibir asistencia facultativa. Allí, en reiteradas ocasiones, profirió gritos de Allahu Akbar.

El juez Gadea decretó el pasado 30 de enero, tras escuchar al presunto yihadista en sede judicial, prisión provisional sin fianza, y le atribuyó los delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas que, advirtió, podrían conllevar la prisión permanente revisable.

En su resolución el juez indicaba que la actividad desarrollada por Yassine Kanjaa se podía calificar como un ataque yihadista dirigido tanto contra sacerdotes que profesan la fe de la Iglesia Católica como contra musulmanes que para el investigado no siguen los preceptos del Corán.

El instructor hacía constar en su auto que en las dos declaraciones que ha prestado ante la policía y en el juzgado, salvo algunas contradicciones sobre elementos periféricos del relato, era capaz de reproducir en esencia los aspectos más importantes de su acción.

Relataba que la conducta del investigado fue consciente y que tenía definidos sus objetivos, teniendo la opción de causar unos daños mayores, focalizó su acción concretamente sobre los sujetos a quienes atacó, a los que eligió de forma deliberada.

Y explicaba que la primera de las acciones fue contra los sacerdotes, reconociendo que su intención era matar a todos los sacerdotes que se encontraban en la iglesia. En segundo lugar, indicaba el magistrado, centró su ataque contra un marroquí al que consideraba infiel, al creer que estaba ante un marroquí converso.

La ultraderecha de Vox se puso este jueves a la cabeza de las reacciones xenófobas tras el ataque cometido en Algeciras (Cádiz) en dos iglesias por un ciudadano marroquí de 25 años con antecedentes psiquiátricos que costó la vida a una persona y causó heridas a otras cuatro. PP y Ciudadanos optaron por una reacción más moderada, aunque a su manera enfatizaron la condición de extranjero pendiente de expulsión del detenido y la religión que profesa. 

Muy llamativa fue la reflexión que lanzó al aire el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Barcelona. Después de decir que no tenía intención “de echar más leña al fuego”, declaró: ”Hay personas que matan en nombre de un dios o de una religión. Sin embargo nosotros... Desde hace muchos siglos no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias. Y hay otros pueblos que tienen otros ciudadanos que sí lo hacen”.

Las palabras de Feijóo señalando al Islam empañaron el cuidado que, unas horas antes, había puesto su secretaria general, Cuca Gamarra, a la hora de pronunciarse sobre lo ocurrido. Gamarra prefirió identificarse con el comunicado hecho público por la Conferencia Episcopal llamando a no caer en demagogias y no identificar el terrorismo con ninguna religión ni fe. No se debe hacer “ningún llamamiento que pueda alentar algo que sea negativo para la sociedad española”. “Todos debemos ser responsables en ese sentido”. 

Por eso Gamarra se negó “a estigmatizar a ningún colectivo por lo que haya hecho uno de sus integrantes” y criticó la reacción de Vox: “Ese no es el camino, sino combatir con toda la dureza a aquellos que cometen estos actos y que son integristas, pero respetando a aquellos que no lo son, que forman parte de nuestra sociedad”, declaró.

Feijóo, además de fijarse en la religión del autor del ataque y lamentar lo ocurrido, se quejó de que el Gobierno no le hubiese informado, cuando ya habían pasado casi 20 horas desde el suceso. “El terrorismo islámico existe, todos recordamos los trenes de Atocha” y en “un país en la situación geográfica en la que estamos tiene que tratarse con mucho sentido y visión de Estado”, acertó a decir. “Reaccionar en caliente es lo contrario de una reacción meditada”.

El reproche del PSOE llegó enseguida. Hay veces que “es mejor permanecer callado y parecer responsable que hablar así”, escribió la portavoz socialista y ministra de Educación Pilar Alegría en un apunte en Twitter. 

Advertido de las críticas que estaba recibiendo, Feijóo hizo una declaración a última hora de la tarde en la que, contradiciéndose a sí mismo, consideró “evidente que lo que ha ocurrido no tiene que ver con la religión, no se puede criminalizar ninguna religión. Una cosa es el fanatismo y otra cosa es la religión”. Tenemos un problema de integrismo islámico tanto en países occidentales como en países islámicos y “ante esto hay que luchar todos juntos”, precisó. 

Las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, que motivaron el reproche de Gamarra acusaban implícitamente al Gobierno de complicidad con el ataque por abrir las puertas al islamismo. “Unos les abren las puertas, otros los financian y el pueblo los sufre”, escribió en Twitter. “No podemos tolerar que el islamismo avance en nuestro suelo”, añadió.

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, fue aún más explícito al relacionar el ataque con la inmigración irregular. “Llevamos mucho tiempo denunciando las consecuencias de esta inmigración ilegal, descontrolada”. “Hablamos de culturas incompatibles con la nuestra”, sentenció.

También Ciudadanos puso el énfasis en la nacionalidad del atacante. El coordinador del grupo parlamentario de este partido en el Congreso, Guillermo Díaz, exigió en rueda de prensa que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, explique cómo es posible que el autor del atentado siguiera “deambulando” en España desde que se decretó su expulsión hace siete meses.

Eso sí, exigió a los demás partidos que no aprovechen el ataque para hacer “propaganda”, que es como definió el mensaje de Vox. “No se trata de rascar nada aquí, todas las valoraciones que se hacen son propagandísticas y no se deben hacer”.

PP y Cs han pedido la convocatoria del Pacto Antiyihadista, dando por confirmado que el ataque se planificó y consumó con una intencionalidad terrorista, algo que la investigación todavía no ha establecido oficialmente. Con esa reunión el principal partido de la oposición quiere que la política responda con “unidad” al yihadismo. Cs lo expresa de otro modo: quiere que la cita sirva para acordar un “contraataque democrático” frente al terror.

Vox no comparte esta estrategia. De hecho, no ha firmado el Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, también conocido como pacto contra el yihadismo o pacto antiyihadista, suscrito en 2015 por PP y PSOE y apoyando posteriormente por el resto de los partidos con la excepción de ERC, PNV, Podemos e IU.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este miércoles prisión provisional sin fianza para las dos mujeres españolas casadas con yihadistas que han sido repatriadas a España desde campos de refugiados en Siria, según informa Europa Press.

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha tomado esta decisión tras la comparecencia de ambas. Sobre ellas pesaba una orden de búsqueda y captura internacional por presuntos delitos de terrorismo.

Se trata de Yolanda Martínez, que tiene 4 hijos, y Luna Fernández, que llegó a España con 9 niños. Hay una tercera española casada con un yihadista que no ha sido localizada y que, por tanto, no ha sido retornada.

Cabe recordar que fue en septiembre de 2019 cuando la Audiencia Nacional emitió esas órdenes internacionales de detención contra cuatro mujeres --tres españolas y una marroquí-- que estaban en Siria, país al que viajaron para enrolarse en las filas de Estado Islámico, y que habían expresado su voluntad de regresar a España. Estas mujeres tenían en aquellas fecha a 17 menores a su cargo.

Fuentes gubernamentales han detallado que la operación de repatriación, en la que han intervenido varios ministerios, ha contado con apoyo de Estados Unidos. Un portavoz del Departamento de Estado había confirmado hace unas semanas a Europa Press que la Administración de Joe Biden estaba brindado apoyo logístico y de otro tipo a los países que querían sacar a sus nacionales de los campos de desplazados del norte de Siria.

"La repatriación es la única solución duradera a la situación humanitaria y de seguridad en los campos de desplazados de Al Hol y Al Roj, en el noreste de Siria", sostuvo este portavoz, recordando que en ellos viven unas 56.000 personas, la mitad menores de 12 años.

Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores visitó antes del verano a las españolas vinculadas con Estado Islámico que se encuentran en los campamentos de refugiados en el norte de Siria con el fin de establecer las condiciones para su eventual retorno a España, según apuntaron fuentes diplomáticas.

Dicho funcionario se desplazó a los campamentos de Al Hol y Al Roj para poder "entrevistarse con los ciudadanos españoles que se encontraban allí" y "establecer las condiciones para proceder a la repatriación, una vez que se cumplan las condiciones de seguridad para ello".

Barcelona conmemoró este miércoles el quinto aniversario del atentado del 17 de agosto en La Rambla y Cambrils (Tarragona) con un acto de recuerdo y de homenaje a las víctimas en el memorial que se instaló en el Pla de l'Ós de La Rambla, informa Europa Press.

En el acto, que arrancó a las 10.00 horas, participaron víctimas, familiares y representantes institucionales, como el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés; la alcaldesa, Ada Colau; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Fue un homenaje de unos 15 minutos, sin parlamentos y conducido por la escritora Fàtima Sabeh, que comenzó con la pieza musical Agafant l'horitzó, de Txarango, a cargo de la coral sinfónica de jóvenes Vozes.

Posteriormente, Saheb leyó el poema Memoria de Salvador Espriu y recordó la frase que luce en el memorial con una placa incrustada en el suelo: "Que la paz te cubra, oh ciudad de paz" –reproducida en castellano, catalán, inglés y árabe–.

El acto finalizó con un minuto de silencio acompañado de la música del Cant dels Ocells y una ofrenda floral, que dio protagonismo a las víctimas y familiares, quienes fueron los primeros en depositar claveles blancos sobre el Pla de l'Os, donde el 17 de agosto se detuvo la furgoneta tras el atropello masivo.

Después de los familiares, llevaron sus flores los diferentes representantes políticos y los cuerpos de seguridad (Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana) y emergencias.

Durante el acto, unas 40 personas se concentraron en las inmediaciones de La Rambla con carteles de "Reclamamos responsabilidades" y "Queremos saber la verdad" y abuchearon a las autoridades en distintos momentos.

En el minuto de silencio, uno de los manifestantes gritó: "Vamos a dar un pequeño susto a Cataluña". Una frase que guarda relación a unas declaraciones que hizo el excomisario José Manuel Villarejo en las que insinuaba la participación de los servicios de inteligencia en el ataque terrorista.

Al terminar el acto, la presidenta de Junts, Laura Borràs, se acercó a los manifestantes, que la recibieron con gritos de "Presidenta" y corearon Els Segadors.

En un comunidado, esta formación política elogió la actuación de los Mossos d'Esquadra durante los atentados, al tiempo que criticó "la pasividad por parte de algunos estamentos políticos y policiales del Estado español" y censuró que "nunca" se haya querido "investigar con la transparencia y el rigor que se requiere" la relación entre el CNI y el imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty.

En una línea similar se pronunció en redes sociales el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien afirmó que el mejor homenaje que se puede hacer a las víctimas es "saber toda la verdad". "No es justo ni es humano negar a las víctimas el derecho a saber. Y es la mejor manera de aclarar dudas y responsabilidades", afirmó en varios apuntes en Twitter.

"Siempre he dicho que un acto de homenaje a las víctimas tiene que estar limpio de mensajes políticos. Qué lástima que haya gente que utilice hoy el acto para hacer política", señaló en declaraciones a los medios el asesor de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (Uavat), Robert Manrique, quien hizo un llamamiento para que "se respeten de principio a fin" futuros actos.

El comisario de la Jefatura de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, defendió este miércoles en una entrevista en Catalunya Ràdio que en la actualidad el eventual riesgo de la amenaza yihadista es "un atentado poco planificado de una persona radicalizada", lo que hace más difícil la prevención y la detección. Además, explicó que una de las incógnitas que quedan por resolver del 17A es si los miembros pertenecían directamente al Daesh.

En la entrevista, el mando policial explicó que recientemente se han producido tres detenciones vinculadas al terrorismo yihadista en Cataluña: dos en Tarragona y una en Mataró (Barcelona). Y puso en valor la importancia de la colaboración e intercambio de información de los servicios de inteligencias de las fuerzas policiales. Una comunicación que, dijo, ha mejorado tras el atentado.

Al acto también asistieron la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet; la vicepresidenta segunda del Parlament, Assumpta Escarp; el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró; los consellers de Salud e Interior, Josep Maria Argimon y Joan Ignasi Elena, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Maria Eugènia Gay.

Ademas, acudieron la presidenta de Junts, Laura Borràs, o el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela. Y, por parte del ayuntamiento de la Ciudad Condal, los tenientes de alcalde Jaume Collboni, Albert Batlle y Jordi Martí, así como concejales de los distintos grupos políticos del consistorio, además del alcalde de Cambrils (Tarragona), Oliver Klein.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado este sábado 6 de agosto que están preparadas para una "semana de operaciones", a la vez que han detallado que las Brigadas Al Quds, el brazo armado de Yihad Islámica, ha lanzado más de 160 proyectiles contra ciudades israelíes, recoge Europa Press.

Israel ha recalcado que hasta el momento no se están celebrando negociaciones para un alto el fuego, subrayando que las FDI se están preparando para un escenario en el que el contencioso dure una semana.

El Ejército del Estado hebreo ha explicado que el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro ha demostrado "una tasa de éxito del 95%" al interceptar proyectiles disparados hacia las ciudades israelíes por los grupos terroristas con sede en Gaza, según ha recogido The Times of Israel.

El resto de proyectiles habrían caído en áreas abiertas, según ha informado el portavoz de las FDI, Ran Kochav, en declaraciones recogidas por Haaretz.

Durante los ataques israelíes, han muerto al menos diez personas, entre ellas una niña de cinco años, y habrían resultado heridas otras 80, mientras que no se habrían registrado fallecimientos en el lado de Israel. El último balance del Ministerio de Sanidad de Palestina reporta diez civiles muertos y 65 heridos.

El Ejército israelí ha anunciado este viernes el comienzo de una operación de bombardeo contra objetivos de la organización terrorista Yihad Islámica en la Franja de Gaza tras varios días en estado de alerta por posibles represalias de la organización después de la detención en Cisjordania de un alto cargo del grupo.

Los primeros minutos de la llamada operación Amanecer han comenzado con el anuncio de la muerte de un comandante de las fuerzas militares de Yihad Islámica en el norte de Gaza, identificado como Taisir al Jabari, una muerte que ha sido confirmada por la propia milicia.

Tras ello, las partes han iniciado un intercambio de misiles, tanto en distintos puntos estratégicos de la Franja de Gaza, según han informado las autoridades israelíes, como en ciudades israelíes, entre ellas Tel Aviv, tal y como han informado las Brigadas Al Quds, el brazo armado de Yihad Islámica.

El barrio de Sherpur es un enclave residencial elegante y moderno, cercano al centro de Kabul, donde tienen su sede varias representaciones diplomáticas, entre ellas la embajada de Francia, y donde el dinero de la droga ha propiciado el crecimiento de los "poppy palaces" (palacios de la adormidera), esas monstruosas villas destartaladas que imitan los estilos más kitsch. 

También viven en ese barrio varios altos cargos talibanes desde la toma de Kabul el 15 de agosto de 2021, cuando ocuparon el lugar de los miembros del gobierno depuesto. Y también es donde vivía Ayman al-Zawahiri, el líder número uno de Al Qaeda desde la muerte de Osama bin Laden, cuando fue asesinado el domingo por la mañana por un dron americano. 

La detención en marzo de 2003, en un barrio obrero de Rawalpindi, de Jaled Sheikh Mohammed, el "cerebro" pakistaní de los atentados del 11-S, el asesinato en mayo de 2011 de Bin Laden, que se escondía en la ciudad guarnición pakistaní de Abottabad, y el asesinato en agosto de 2020 del egipcio Abu Mohammed al-Masri, el número 2 de Al Qaeda, en las calles de Teherán por agentes israelíes durante una misión secreta encargada por el gobierno de Tel Aviv, del egipcio Abu Mohammed al-Masri, número 2 de Al Qaeda, en las calles de Teherán por agentes israelíes en moto durante una misión secreta, según el New York Times, por Washington, son muestra de que los líderes de Al Qaeda hace tiempo que abandonaron las montañas del Hindū Kush. 

Sin embargo, estas montañas ofrecen infinidad de refugios. Fue en esta zona de difícil acceso, en la misma frontera entre Afganistán y Pakistán, donde fue creada la organización yihadista en agosto de 1988 por Bin Laden y Zawahiri.

La red de seguridad es especialmente estrecha en este barrio de Sherpur desde la llegada de los nuevos amos del país. Se han instalado controles en las calles. Los talibanes han ido incluso de puerta en puerta para comprobar la identidad de los habitantes del distrito y han registrado sus casas. 

Además, los servicios de inteligencia del Emirato Islámico son conocidos por su eficacia. Por lo tanto, parece imposible que la estancia de Zawahiri con su mujer, su hija y sus nietos en el barrio más rico de Kabul haya sido ignorada por los dirigentes talibanes, al menos por el componente más radical del movimiento, la facción Haqqani. Incluso es muy probable que esta facción, cuyo cabecilla es Sirajuddin Haqqani, actual ministro del Interior, le haya regalado esta gran chalet, con balcón, en el que fue asesinado. 

Su presencia en Kabul recuerda también que el propio Bin Laden, cuando estaba en Kandahar, vivía cerca del complejo del mulá Omar, el fundador de los talibanes, cuando estaban en el poder en Afganistán de 1996 a 2001. 

Los talibanes han sido pues sorprendidos en flagrante delito de violación de los acuerdos de Doha, firmados el año pasado, que les prohibía dar refugio a los líderes de Al Qaeda, la única concesión real que habían obtenido los negociadores americanos. Curiosamente, aunque han condenado enérgicamente el ataque estadounidense, se han abstenido de confirmar la muerte de Al-Zawahiri. Su reacción oficial es, en realidad, bastante moderada, ya que no piden venganza: "Repetir tales acciones socavará las oportunidades (de cooperar) que surjan", dice su declaración.

Al igual que Bin Laden, Zawahiri había ofrecido su juramento de lealtad al mulá Omar tras la muerte del saudí. Renovó esta "bay'ah" en 2014, para contrarrestar el ascenso del califato del Estado Islámico, lo que le puso en una situación difícil porque el líder talibán llevaba ya dos años muerto -su muerte se había mantenido en secreto-. Curiosamente, este juramento se dirigió también al nuevo guía supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, pero éste ni lo aceptó ni lo rechazó, lo que subraya la ambigüedad de la relación entre los talibanes del sur y Al Qaeda.

Desde la caída del primer régimen talibán en 2001, Zawahiri ha estado bajo la protección de las redes Haqqani, que, en comparación con otras facciones talibanes, siempre han sido el componente del movimiento más cercano ideológicamente a su organización. Esto fue así en la época del difunto Jalaluddin Haqqani, fundador de esas redes, quien, bajo la influencia de Al Qaeda, introdujo en 2001 la práctica de los atentados suicidas, hasta entonces desconocida en Afganistán. Lo mismo ocurre con su hijo y sucesor, Sirajuddin. 

Así, el 18 de octubre de 2021, en los salones del Serena, el hotel más lujoso de la capital afgana, el mismo lugar donde, tres años antes, sus hombres habían matado a cuarenta personas, entre ellas catorce extranjeros, y tomado decenas de rehenes tras asaltarlo, el actual ministro del Interior había elogiado a los terroristas suicidas y prometido a sus familias dinero y tierras. "El advenimiento del sistema islámico es el resultado de la sangre de nuestros mártires [...]. Ahora debemos abstenernos de traicionar sus aspiraciones", dijo entonces. Estas palabras se acercan a la ideología de Al Qaeda, pero no a la de la corriente fundamentalista suní de la escuela Deobandi, de la que proceden los talibanes.

Hasta la victoria de los insurgentes, era difícil saber dónde se escondía Zawahiri. Probablemente estaría refugiado en Waziristán del Norte, una de las zonas tribales más montañosas de Pakistán, donde el clan Haqqani tiene sus bases de retaguardia y su cuartel general, y que sigue estando en gran medida fuera del control del ejército pakistaní. 

Sus biógrafos, que coinciden en la obsesión de Zawahiri por su seguridad, lo que le había permitido mantenerse con vida hasta entonces, y su gusto enfermizo por el secreto, se preguntan ahora por qué se instaló de forma casi abierta en el distrito de Sherpur. 

En Kabul, que hace veinte años sólo tenía unos cientos de miles de habitantes y que ahora se ha convertido en una megalópolis de seis millones de almas, con barrios variopintos y de difícil acceso, no faltaban escondites. ¿Podía sentirse seguro sabiendo que seguía en pie una recompensa por su cabeza por parte del FBI, que ofrecía 25 millones de dólares por cualquier información que condujera a su captura, y a sabiendas también de que Estados Unidos no había dudado en violar la soberanía pakistaní para matar a Bin Laden? 

“Hay que tener en cuenta la situación en la que se encuentra actualmente Afganistán", dice el investigador Karim Pakzad, especialista en Afganistán y el movimiento talibán en el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (Iris). “Políticamente, los talibanes no han conseguido ampliar su base. Desde el punto de vista diplomático, no han conseguido el reconocimiento de su régimen, y China y Pakistán, los países con los que contaban en gran medida, no parecen dispuestos a hacerlo. Económicamente, el país está sumido en la más absoluta pobreza. Militarmente, tienen armas, pero son las que dejaron los americanos y no tendrán otras, aunque hay focos de resistencia aquí y allá. Por lo tanto, los talibanes están desesperados. Su ministro de Defensa, el mulá Yacub, hijo del mulá Omar, incluso acudió al emir de Qatar a pedirle dinero para comprar uniformes para los soldados del nuevo ejército. Por eso creo que ‘entregaron’ a Zawahiri a los americanos". 

"Los Haqqani no son capaces de gobernar, pero no les falta razón. Zawahiri es una ficha entregada a Washington para mostrar su buena voluntad y con la esperanza de que se inicien conversaciones para beneficiarse de la ayuda internacional", añade el mismo investigador. 

Con la muerte de Zawahiri, Al Qaeda ha perdido a su figura más ideológica. En el tándem que dirigía la organización, Bin Laden aportaba la financiación y Zawahiri la garantía religiosa por sus brillantes estudios. Aunque no tenía el carisma de aquél y se mostraba distante, sólo dando mensajes de vez en cuando, lo que fue muy criticado en los círculos yihadistas, sí fue capaz de mantener la organización a flote frente al auge del Estado Islámico, que finalmente colapsó, y permitió su descentralización, tanto en África como en Asia y Oriente Medio. 

La sucesión de Zawahiri debería recaer, en principio, en el egipcio Saif al-Adl, por su condición de número 2 desde la muerte de Abu Mohammed al-Masri, con muchas heridas en su haber, y por su fuerte imagen de líder militar de los comandos descentralizados, las famosas "franquicias", de la organización. 

También se cree que está implicado en los atentados de Nairobi y Dar-es-Salaam de agosto de 1988, en los que murieron 224 personas, por lo que el FBI ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por su cabeza. Actualmente se encuentra en Irán, a veces bajo arresto domiciliario, a veces en prisión y a veces en libertad. Si se confirma su nombramiento, tendrá que negociar su salida de la República Islámica. 

También está en la carrera por la sucesión el marroquí Abd al-Rahman al-Maghribi, informático, que se casó con una de las hijas de Zawahiri y dirigió los medios de comunicación del grupo. A menos que la elección de la Shura de Al Qaeda apueste por la nueva generación.

Aquí puedes leer el texto en francés:

El líder de la organización terrorista Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, ha muerto en un ataque con dron en Afganistán, según confirmó este lunes a última hora el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desde la Casa Blanca, informa Europa Press.

"Mis compatriotas americanos, el sábado, bajo mi dirección, Estados Unidos concluyó con éxito un ataque aéreo en Kabul, Afganistán, que mató al líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri", anunció el mandatario estadounidense en una rueda de prensa celebrada esta madrugada hora peninsular.

Biden explicó que el líder del "grupo terrorista" fue el número dos del entonces dirigente de Al Qaeda, Bin Laden. "(Al Zawahiri) fue el número dos de Bin Laden durante los ataques terroristas del 11S, estuvo profundamente implicado en organizar el atentado en el que murieron 2.977 personas hace un par de décadas", detalló el presidente estadounidense.

"Desde que Estados Unidos impartió justicia contra Bin Laden hace 11 años, Al Zawahiri ha sido el líder de Al Qaeda, el encargado de coordinar todas las ramas del grupo terrorista alrededor del mundo", explicó Biden.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca advirtió a "aquellos que intenten hacer daño" al país norteamericano que "no importa el tiempo que tome, no importa dónde te escondas, si eres una amenaza para nuestra gente, Estados Unidos te encontrará".

"Después de buscar incansablemente a Al Zawahiri durante años bajo los mandatos del los presidentes Bush, Obama y Trump, nuestra comunidad de inteligencia localizó a Zawahiri a principios de este año. Se había mudado al centro de Kabul para reunirse con miembros de su familia cercana", detalló el jefe de estado de Estados Unidos, que autorizó "un ataque de precisión que lo sacaría del campo de batalla de una vez por todas".

La comparecencia del mandatario de Estados Unidos se había anunciado con motivo de compartir información sobre "una operación antiterrorista exitosa" contra Al Qaeda en Afganistán, según informó la Casa Blanca.

"Este fin de semana Estados Unidos ha desarrollado una operación antiterrorista en Afganistán contra un importante objetivo de Al Qaeda. La operación ha tenido éxito y no hay víctimas civiles", indicó minutos antes del anuncio de Biden un alto cargo gubernamental citado por la CNN.

Un alto funcionario consultado por la citada cadena aseguró que la presencia de Ayman al Zawahiri en Kabul supone una "clara violación" del acuerdo de Doha, que estipulaba la retirada de todas las tropas estadounidenses y de la OTAN de Afganistán, a cambio de que los talibán evitasen que Al Qaeda operase bajo sus zonas de control.

El funcionario señaló que figuras importantes dentro del Ejecutivo talibán estaban al tanto de la presencia de Al Zawahiri e incluso tomaron medidas para ocultar su presencia después del ataque exitoso del sábado, reubicando rápidamente a la familia, incluidos su hija y sus hijos, que no fueron atacados intencionalmente y salieron ilesos.

El acuerdo, firmado el 29 de febrero de 2020, se enmarca tras los atentados del 11 de septiembre de 2021, puesto que el Afganistán de los talibán era una de las bases de Al Qaeda.

El Mando Central de Estados Unidos ha informado este martes de que el líder del grupo terrorista Estado Islámico en Siria, Maher al Agal, ha muerto en el marco de una operación contra la organización llevada a cabo en el noroeste del país según informa Europa Press.

Al Agal era también uno de los cinco líderes principales del grupo yihadista y su fallecimiento ha tenido lugar tras una misión llevada a cabo en las afueras de Jindairis, tal y como ha indicado el CENTCOM en un comunicado. Asimismo, uno de los principales aliados del líder ha resultado gravemente herido durante el ataque, que se ha saldado sin víctimas civiles. Las Fuerzas Armadas estadounidenses han señalado que Al Agal había llevado a cabo actividades para fortalecer las redes de Estado Islámico fuera de Irak y Siria.

"Este ataque reafirma el fuerte compromiso del CENTCOM con la región y con la lucha para acabar con Estado Islámico", ha indicado Joel Buccino, portavoz del comando unificado de seguridad. En este sentido, ha afirmado que "la retirada de este líder mermará la habilidad de la organización para llevar a acabo ataques a escala global".

"Estado Islámico sigue representando una grave amenaza para Estados Unidos y sus socios en la región. El CENTCOM mantiene una presencia significativa en la zona y seguirá haciendo frente las amenazas contra la seguridad regional", ha dicho Buccino.

Los once años de guerra en Siria han dejado hasta la fecha más de 610.000 muertos, entre ellos 160.000 civiles, según ha informado este martes el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, recogida por Europa Press, que ha asegurado que ha logrado verificar los nombres de cerca de medio millón de víctimas mortales por el conflicto.

El organismo, con sede en Londres e informantes en el país árabe, ha indicado que hasta la fecha han muerto 160.681 civiles, entre ellos 25.286 niños, al tiempo que ha achacado cerca de 100.000 muertos a las fuerzas de seguridad sirias.

Así, ha detallado que 52.508 civiles han muerto por disparos de las fuerzas de seguridad, mientras que 26.403 lo han hecho en bombardeos de la Fuerza Aérea y 49.359 bajo torturas en centros de detención de las autoridades.

A ello hay que sumar 8.683 civiles muertos en bombardeos rusos y 2.504 muertos en otros bombardeos en los que no se ha podido aclarar si fueron ejecutados por los ejércitos de Siria o Rusia. Asimismo, 2.320 personas han muerto a manos de grupos rebeldes, mientras que 4.563 han muerto a manos de Estado Islámico y otros 900 lo han hecho a manos de otros grupos yihadistas.

El Observatorio ha resaltado que 1.063 civiles han muerto en circunstancias desconocidas, mientras que 453 han sido ejecutados y 1.692 han sido asesinados en ataques con armas de fuego o armas blancas. Por su parte, 1.028 han muerto por el uso de "armas prohibidas", mientras que 919 lo han hecho por "las malas condiciones de vida".

Asimismo, 4.113 civiles han muerto a causa de ataques con bomba, mientras que 2.676 lo han hecho en bombardeos de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos y 17 en ataques aéreos por parte de Israel. Por su parte, las fuerzas de seguridad turcas han matado a 866 civiles, mientras que 418 han muerto a manos de las fuerzas kurdas. Por último, 196 han muerto en circunstancias no esclarecidas.

En cuanto a las muertes de personas en combate, el Observatorio ha manifestado que hasta la fecha han fallecido 91.267 miembros de las fuerzas de seguridad, 67.242 milicianos sirios integrados en milicias progubernamentales y 8.628 milicianos extranjeros en grupos progubernamentales, incluidas algunas apoyadas por Irán. A ellos se suman 1.712 miembros del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Por otra parte, 80.017 miembros de milicias islamistas han muerto en combate, así como 3.588 disidentes de las fuerzas de seguridad, 41.101 miembros de Estado Islámico y 27.971 miembros de otros grupos yihadistas. A estas cifras hay que sumar 10.886 miembros de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), 2.338 milicianos de otros grupos kurdos, 238 soldados turcos, 266 mercenarios rusos y 2.832 milicianos no identificados.

El organismo ha recalcado además que a esta cifra total de 499,657 personas identificadas hay que sumar 47.000 civiles muertos bajo tortura en prisiones del Gobierno de Bashar al Assad, 3.200 miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), 4.100 presos y desaparecidos entre las fuerzas gubernamentales y 1.800 secuestrados por facciones rebeldes e islamistas, entre ellas Estado Islámico.

Por último, ha incidido en que la cifra real de muertos sería de "cerca de 53.000 más" y ha agregado que se trata de fallecimientos "documentados" por el organismo, si bien el "secretismo" en torno a la guerra ha impedido que trasciendan sus identidades. El Observatorio ha indicado además que 2,1 millones de personas han resultado heridas por la guerra, mientras que trece millones se han visto desplazadas en el país o son refugiados en el extranjero.

El ataque lanzado la semana pasada por Estado Islámico contra una prisión en el noreste de Siria con miles de presuntos miembros del grupo yihadista, que se ha saldado con más de 200 muertos, supone una muestra de sus crecientes capacidades tras su derrota militar en 2019 y ha desatado las alarmas a nivel internacional, informa Europa Press.

El asalto contra la prisión de Ghueiran, situada en la provincia de Hasaka y bajo control de las autoridades kurdas, supone el ataque a mayor escala de los yihadistas desde que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) tomaran en 2019 Baghuz, su último bastión en el país árabe.

La derrota de Estado Islámico en Baghuz dio carpetazo al "califato" territorial declarado en 2014 por el entonces líder del grupo, Abú Bakr al Baghdadi, después de que el Ejército de Irak lograra derrotar al grupo en diciembre de 2017 con apoyo de una coalición liderada por Estados Unidos y grupos paramilitares respaldados por Irán.

A pesar de que estos varapalos y los posteriores éxitos de las fuerzas de seguridad y de la coalición -incluida la muerte de Al Baghdadi en octubre de 2019 en una operación en Idlib- llevaron al grupo a reducir sus actividades en estos países, numerosas células se mantuvieron activas.

El grupo ha aprovechado los últimos años para expandir sus redes hacia África, especialmente en el Sahel, la cuenca del lago Chad, el norte de Mozambique y el este de República Democrática del Congo (RDC), si bien ha mantenido esfuerzos para reposicionar sus fuerzas en su cuna, Irak y Siria.

Durante los últimos meses, Estado Islámico ha incrementado sus ataques contra civiles y miembros de las fuerzas de seguridad en ambos países, aprovechando la situación de fragilidad en ambos y el proceso de retirada de fuerzas de la coalición en Irak.

Así, el grupo ha usado las montañas de Hamrin, en Irak, y zonas del desierto central de Siria como sus lugares seguros para reagruparse, entrenar y planificar ataques, según The Soufan Center, el centro de estudios que dirige Ali Soufan, un antiguo agente del FBI y que fue de los primeros en investigar a Al Qaeda y a su histórico líder, Osama bin Laden.

Este refuerzo de las capacidades ha sido especialmente visible recientemente en el repunte de ataques en las provincias iraquíes de Kirkuk, Diyala y Anbar, así como por el aumento de las operaciones en la provincia siria de Deir Ezzor y en el triángulo que componen entre las provincias de Alepo, Hama y Raqqa.

The Soufan Center subraya que "los combatientes de Estado Islámico en Irak (...) han recurrido a los secuestros para pedir rescates con el objetivo de mantener flujos de ingresos", mientras que el grupo "ha dependido de conexiones en Turquía para facilitar el blanqueo de dinero y mantener compañías pantalla que ayudaron al grupo a seguir siendo viable desde el punto de vista financiero".

El grupo, que ha aprovechado además las tensiones sectarias para reclutar a miembros de la comunidad suní -como ya hizo en 2014-, ha mantenido una importante actividad en redes sociales para engrosar sus filas y mantener una imagen de contar con el poderío como para reconstituir el "califato".

De hecho, a raíz del ataque contra la prisión en Hasaka ha reforzado su actividad en canales de propaganda para pedir motines y fugas en otros centros, entre ellos el campamento de refugiados de Al Hol, situado en el noreste de Siria y escenario de una campaña de asesinatos y secuestros desde hace meses.

El ataque contra la cárcel de Ghueiran ha traído además a la memoria la estrategia inicial de Estado Islámico con la operación Rompiendo los Muros entre 2012 y 2013, que permitió liberar a muchos de sus líderes a través de una serie de fugas que reforzaron sus filas y permitieron una ofensiva relámpago en 2014 en Irak que posteriormente se expandió a Siria.

El tamaño de la ofensiva, que contó con la participación de 200 terroristas suicidas, según las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), revela que el grupo se ha preparado durante tiempo para lograr armas, milicianos y capacidades.

The Soufan Center indica que incluso "podría sugerir el inicio de una ofensiva a mayor escala del grupo, destinada no a retomar partes de territorio, sino a ganar impulso y fomentar la inestabilidad en el Levante". "Los ataques son un claro intento de reclutar a nuevos miembros y reactivar redes casi dormidas en la región", explica.

Las prisiones gestionadas por las FDS en Siria han sido motivo de preocupación durante los dos últimos años debido al inadecuado estado de las instalaciones y su vulnerabilidad ante posibles ataques y revueltas por parte de los yihadistas.

Así, las FDS, cuyo componente principal es la milicia kurda Unidades de Protección Popular (YPG) y que cuentan con el apoyo de la coalición internacional, han protestado en numerosas ocasiones por la falta de apoyo y han pedido a los países extranjeros que repatrien a sus detenidos.

En este sentido, han criticado además las múltiples ofensivas rebeldes -con apoyo de Turquía- en el norte de Siria y han advertido que esta situación provocaba el desvío de efectivos hacia las líneas de frente y debilitaba la seguridad en estos centros de detención.

Las FDS destacaron recientemente en un comunicado que las autoridades kurdas "asumieron la responsabilidad (de mantener a los presos) de forma competente y eficiente" y denunciaron "conspiraciones" por parte de "países vecinos" que trabajaron para "usar Estado Islámico para difundir nuevamente el caos".

Los centros y campamentos de desplazados acogen a miles de personas, principalmente evacuadas de Baghuz tras la derrota de Estado Islámico, incluidos familiares de yihadistas o sospechosos de pertenecer al grupo, en unas condiciones que han provocado críticas de organismos y organizaciones humanitarias internacionales.

De hecho, la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, indicó el martes que los reos "están en condiciones de sobrepoblación, no tienen acceso a atención médica adecuada y no pueden ver a sus familias" y destacó la importancia de que "los países de origen repatrien a sus nacionales, especialmente mujeres y niños".

Así, tras seis días de combates los enfrentamientos siguen activos en la cárcel y sus alrededores a pesar de las operaciones de las fuerzas kurdas y los bombardeos de la coalición, en una muestra del despliegue de fuerza de los yihadistas.

Ante esta situación, el comandante del la misión Resolución Inherente, John Brennan Jr., publicó el domingo un comunicado para negar que Estado Islámico haya logrado un éxito. "En su desesperado intento de mostrar relevancia, Estado Islámico ha dictado una sentencia de muerte para muchos de los suyos que participaron en este ataque", dijo, antes de expresar su confianza en que esto no suponga una "amenaza significativa" para Irak o los países de la región.

Sin embargo, Colin Clarke, investigador de The Soufan Center, ya había indicado a principios de enero en declaraciones a Voice of America que el aumento de los ataques podría estar mostrando "un lento crecimiento" del grupo yihadista.

"Es un grupo altamente oportunista. Van a mirar cómo explotar los fallos y errores de otros gobiernos en la región", dijo, antes de agregar que Estado Islámico "tiene muchos enemigos". "Todo el mundo está contra Estado Islámico, lo que el grupo usa en su propaganda para reclutar tropas y mantener la moral", arguyó.

Por su parte, el presidente del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, Rami Abdulrahman, hizo hincapié en que durante el año pasado hubo "un rápido aumento de los ataques del grupo". En este sentido, sostuvo que "naturalmente" lo esperable eran "ataques mucho más sofisticados" en 2022.