“Estoy en una situación límite. La incertidumbre mata, cuando uno tiene certeza, para bien o para mal, se puede buscar una solución. Pero en la incertidumbre de no saber dónde vas a estar mañana, no se puede vivir”, confiesa J., que prefiere no revelar su identidad, a infoLibre. En 2017 formalizó un contrato de alquiler con una promotora en la calle El Yesero, del barrio madrileño de Vallecas, donde vivía a gusto hasta que en 2020 le comunicaron “por carta” que “la gestión de esos pisos pasaba a otra empresa”, a la que comenzó "a pagarle”. Intentó ponerse en contacto con la entidad “por email y en un teléfono”, pero el silencio fue la respuesta. Más tarde, “alguien del juzgado vino a mi casa a decirme que esos pisos eran propiedad de la Sareb –Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, el llamado banco malo– y que en algún momento se haría un proceso de lanzamiento”, relata.

Durante ese proceso siguió abonando la renta “hasta que la cuenta donde enviaba la transferencia me empezó a devolverlas y nadie me atendía”, se queja. Finalmente le llegó la fecha del desahucio: el pasado 10 de abril. “El día antes saqué algunas cosas y las dejé en casas de familiares”, admite, pero la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas actuó y el lanzamiento “se suspendió 60 días”. El día 10 tuvo que “ir a Correos a recoger una carta” y cuando regresó se encontró “con una persona de la Sareb, dos cerrajeros y un trabajador de seguridad cambiando la cerradura” de su todavía vivienda. De acuerdo a su narración, les explicó que era su casa y les mostró las llaves. “Me dijeron que pensaban que allí no había nadie, pero ya la puerta la habían roto porque no habían podido cambiar una cerradura muy buena que yo había puesto tras quedarme una vez encerrado". Lamenta que tuvo que pasar “desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde en las escaleras sin comer ni nada, esperando, hasta que volvieron a poner una cerradura y darme las llaves nuevas”. “Nadie nos ha explicado nada y estamos siendo víctimas de una seria de cosas sin tener información. Estamos en un limbo”, lamenta el afectado.

José, jubilado y “con una discapacidad de un 59% por la vista”, llevaba nueve años en El Yesero cuando recibió “una notificación del juzgado de que el 10 de abril había un lanzamiento”. “Y, como mucha gente con miedo, te buscas algo por ahí”, desliza. En su caso acabó “dos o tres días antes” de la supuesta salida forzosa, “en un pueblo de Toledo”. Pese a que su desahucio se retrasó igualmente, “cambiaron la cerradura y pusieron una puerta antiokupa”, aunque asegura que ni ha "entregado llaves" ni ha "firmado ningún documento". Reclama "un alquiler social, dada su situación".

Son dos ejemplos de vecinos de ese barrio de Vallecas por los que el movimiento Plan Sareb, integrado por colectivos como Stopdesahucios, la PAH o el Sindicato de Inquilinas de Madrid, irrumpió el jueves 4 de julio en la sede del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) –dueño de algo más del 50% de la sociedad de gestión– para exigir la paralización de acciones como esa y de una oleada de desahucios en viviendas ligadas a la Sareb. Fuentes del Plan Sareb cifran en “27” los desalojos que “se iban a intentar ejecutar en unas tres semanas” en distintos puntos del país. Además, denuncian que se “ha cometido allanamiento”.

"Se han ejecutado 20 desahucios en Els Pallaresos, (Tarragona), otro en Villalba (Madrid) y tres en la carretera de Villaverde a Vallecas, y otro por la zona”. Y había previstos más en Els Pallaresos el día 8 julio, junto a los del El Yesero, el 10 de julio. “Sólo nuestra presión ha evitado que se ejecutaran otros 12 desahucios entre el 26 de junio y el 10 de julio: seis en Alcobendas y seis en Casarrubuelos”, señalan, para añadir que denunciarán “penalmente” los intentos de “realizar desalojos extrajudiciales” a través de “allanamientos” y “no sólo contra Sareb". Tienen en el punto de mira a "los mediadores que no han movido un dedo y saben que el allanamiento es ilegal” e implicarán, asimismo, al Defensor del Pueblo en el asunto de los desahucios.

En relación al caso de J., fuentes de la Sareb dan una versión distinta y sostienen que han “recuperado algunas viviendas de El Yesero siguiendo el procedimiento legal y siempre bajo tutela judicial". Y añaden que, “para que el juez permita lanzar, o no hay vulnerabilidad acreditada o no hay colaboración”. Y es en torno a este término sobre el que hay más discrepancias entre las partes. 

Del lado del banco malo aseveran que llevan a cabo un protocolo que incluye hasta cuatro visitas y el diálogo con las familias afectadas. Cuando se trata de personas vulnerables o que han firmado un contrato con “una empresa explotadora”, por ejemplo, “si colaboran y aportan la documentación”, inciden, arranca el programa de alquiler social. Pero, si no lo hacen, “se tiene que seguir adelante con el desalojo de la mano de los servicios sociales”. 

Por parte de los inquilinos, critican que “la Sareb está presionando a la gente para que se vaya, a través de prácticas cuestionables, sobre todo para un ente público”, y sus alquileres están “llenos de cláusulas abusivas dirigidas a vender la casa” con ellos “dentro”. De hecho, han elaborado una guía sobre éstas para “poder reaccionar”.

Diego cuenta su experiencia sobre lo que tilda de “acoso inmobiliario”: “A casa llamó al telefonillo sin avisar una persona que decía ser trabajadora social y no tenía ni tarjeta de identificación. Mi pareja y yo teletrabajamos y tuvimos que abrir. Afirmó que no venía de parte del banco, que era independiente, y que ahora estas casas iban a ser del Estado. Le dije que mentía, nos pedía que le pasáramos datos personales cuando se supone que le pagaba una gestora privada, un fondo, que trabajaba para la Sareb”. Afea que hagan a las familias “visitas personales en las que no queda registrado lo que se habla”. Su mujer y él llevaban siendo “inquilinos de Sareb desde hacía seis años” cuando pasó y algunos meses después: “Nos llegó un burofax amenazándonos con una demanda por usurpación, acusándonos de un delito. Es coacción”, encuadra. “Eso es para ellos no colaborar. Por eso nos hemos organizado para hacerlo todo por escrito y formal", frente al "que somos hostiles o no estábamos", señala. Y concluye: "Ellos quieren una negociación singular con cada familia y nosotros una colectiva a través de nuestros representantes de la plataforma. En este país existe la libertad de asociación y no pueden decidir por los 300 hogares que estamos en la campaña. Ya no abro a nadie sin entregarle todo por escrito”. Valoran “llevar a los tribunales” el presunto mobbing inmobiliario.

"La mayoría de los que están desahuciando no es gente que haya entrado pegando una patada en la puerta ni comprando una llave ni nada eso, sino que tenían su contrato de alquiler. No todo son okupas, como han transmitido vecinos de la zona a algunos medios de comunicación –han tenido conflictos con propietarios de alguna urbanización distintos a la Sareb, aunque los achacan a que temen que "los pisos sociales bajen el precio de los suyos"–, y muchos, cuando les llega el burofax de la Sareb cogen las maletas por no saber qué hacer", proclama desde el movimiento Plan Sareb, para enlazar: "Blanquean su gestión garantizando que ponen mediadores, que lo que hacen es desahuciar sin antidisturbios, según nuestra experiencia".

La Safeb ha anunciado, tras las protestas, que ha solicitado aplazar de forma temporal los desahucios de El Yesero, con el objetivo de recabar “de nuevo la colaboración imprescindible de los habitantes de varias viviendas de su propiedad para confirmar si existen o no situaciones de vulnerabilidad, siempre en coordinación con los servicios sociales municipales”. “La entidad, siguiendo la política de apoyo social implantada desde 2022, mantendrá reuniones uno a uno con el resto de casos para resolver la situación en un breve plazo”, ha hecho público vía comunicado.

La relación con los inquilinos no es la única zona de sombras de la Sareb. El denominado banco malo fue creado en el marco del rescate de las entidades financieras españolas que quebraron tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. “Nace por la necesidad, compartida por el Gobierno español y las autoridades europeas, de recapitalizar varias entidades de depósito afectadas por la crisis financiera e inmobiliaria iniciada en 2008. Su mandato es gestionar y liquidar los activos deteriorados procedentes de esas entidades y con ello repagar la deuda que Sareb emitió, con el aval del Estado, para su pago”, se puede leer en su propia página web. 

Se constituyó con un capital de 4.800 millones, de los que el 45% fue aportado por el Estado a través del FROB, si bien, su financiación provenía de un préstamo de 51.000 millones de euros del Banco Central Europeo (BEI) que fue avalado por el Estado. Debido a ese aval y a las pérdidas millonarias de Sareb, la Comisión Europea planteó en 2021 que el Estado español contabilizase su abultada deuda –31.276 millones, según las cuentas de 2022–, por lo que pasó a ser pública. “Se montó para vender sus bienes y, con ese dinero, devolver el préstamo que concedió el BEI, pero cada vez tienen menos viviendas y ha cedido la gestión a dos fondos buitre: Blackstone y KKR”, aporta el abogado Manuel Gabarre. “La Sareb es una entidad pública –engarza–, pero se está privatizando mediante dos fondos que no dan ninguna información de a quién están vendiendo los pisos que son objeto de desahucio de las personas que hay allí. No sabemos ni con quién ni por qué precios ya que, mientras la venta de cualquier bien público está sujeta a la Ley de Patrimonio del Estado, los de Sareb excepcionalmente no lo están”.

A su juicio, “se está malvendiendo el patrimonio público, es un agujero negro”, lanza. A la luz de la información que maneja Gabarre, se han enajenado “activos inmobiliarios a fondos de inversión por valor de 7.500 millones de euros y los actores más relevantes del mercado español” como Cerberus y Blackstone, “han obtenido importantes comisiones”, al tiempo que “promotores locales y pequeñas inmobiliarias han adquirido activos de Sareb” y consumidores “muchas de sus viviendas”. Finaliza lamentando que el “secretismo de Sareb” impide tener una radiografía fiable sobre la misma. Lo que sí tiene claro es que el hecho de que cuando se declaró pública “en vez de pasar a la Secretaría de Estado de Vivienda, lo hiciera a la de Economía, demuestra que la vivienda en España, y Sareb en concreto, se considera un bien financiero y no un derecho, que es lo que es”. 

En ese sentido, expertos han censurado que “se haya pretendido que las administraciones paguen precios elevados por casas en las que ya se habían invertido fondos públicos”. “Han ido dando bandazos”, indican fuentes del Plan Sareb y en la actualidad “están ofreciendo el poco parque que les queda a las administraciones públicas, pero las casas están destrozadas o en zonas donde nadie quiere vivir, por lo que no están entrando”, advierten las fuentes sondeadas.

Con todo, la compañía destaca que “fruto de su mandato y compromiso social”, ha aprobado en los últimos dos años “más de 7.000 alquileres sociales y ha fomentado la inserción laboral de 2.700 inquilinos”. Los contratos firmados eran 5.292, al cierre del Informe de actividad de 2023, según consta en dicho documento. Y se está en la última fase de preparación del Proyecto Viena, por el que se construirán unas 15.000 viviendas de alquiler asequible con un modelo de colaboración público-privada. 

Mientras el Gobierno avanza para volver a Telefónica tras el desembarco del grupo saudí de telecomunicaciones STC y en el seno del Ejecutivo se debate sobre la participación pública que debería haber en empresas estratégicas, también se dan pasos para salir de Bankia, ahora Caixbank. La Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha contratado un servicio de asesoramiento en la estrategia de desinversión de la participación que dicho ente ostenta en Caixabank. Se lo ha adjudicado por 80.000 euros a la empresa británica STJ Advisors Group Limited, aunque el valor estimado del contrato es de 540.000, según se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El FROB requiere de la asesoría financiera externa especializada “con el objetivo de maximizar el retorno de los fondos públicos inyectados” en el rescate a la banca que se produjo tras la crisis económica de 2008 y la orientación comprenderá tanto “la ejecución de la estrategia de desinversión adoptada, en el caso de que ésta se lleve a cabo", como "el análisis y seguimiento de las alternativas posibles y de aquellas decisiones que puedan influir significativamente" en el descuelgue, de acuerdo a lo reflejado en la memoria justificativa de la contratación. En la misma línea, el candidato a presidir el FROB, Álvaro López Barceló, ha aseverado durante su comparecencia este martes en la Comisión de Economía y Comercio del Congreso que el plan del Estado respecto a Caixabank aúna el mandato de desinversión y la maximización de la recuperación de los fondos públicos. "Cada decisión que se toma en este ámbito se opta por aquello que incremente el valor de la participación y así se deberá hacer cuando se escoja el momento, el instrumento y el tipo de operación para llevar a cabo esa desinversión y teniendo en cuenta no sólo el valor de la acción", sino además "sus perspectivas de evolución futura, su valor relativo y la capacidad de absorción de la demanda que haya en cada momento", ha resumido.

En concreto los fondos inoculados por el FROB en Bankia para evitar su hundimiento ascendieron a 22.424 millones de euros. Desde junio de 2012, como consecuencia de esas ayudas públicas que fueron necesarias para no dejar caer la entidad financiera, el FROB se convirtió en el accionista único de BFA, que, a su vez, era accionista mayoritario de Bankia, con el 68,69%. Tras la fusión por absorción con Caixabank en 2021, el FROB obtuvo una participación de 16,12% en el capital de la última, que se elevó al 17,3% tras un programa de compra de acciones y una reducción de capital aprobada por la entidad. Cuánto logre recuperar el Estado de aquella inversión es todavía una incógnita. La cifra dependerá del valor de las acciones de Caixabank cuando se lleve a cabo su venta. La mejor estimación de lo que el FROB considera "valor recuperable" de su participación en BFA parte del patrimonio neto de dicha entidad, que al terminar 2022, el último ejercicio cerrado, era de 4.959 millones de euros. Esa cifra incluye los 2.122 millones cosechados en las desinversiones realizadas por el FROB, la última en 2017, así como los dividendos cobrados por BFA hasta 2022, que sumaban otros 1.407 millones. A los mencionados 4.959 millones hay que agregar otros 1.385 en plusvalías de la participación no reconocidas en el patrimonio de BFA a esa fecha. En total, el "valor recuperable" sería de 6.344 millones, según se recoge en las cuentas del FROB a 31 de diciembre de 2022 -las de 2023 aún no están cerradas-.

Los 6.344 millones de euros que el FROB estimaba “recuperables" a finales de 2022 se sitúan en el entorno del 29% de los 22.424 millones insuflados por el Estado para esquivar la quiebra de Bankia. Con todo, dicha cuantía se actualizará previsiblemente al alza, cuando BFA y FROB sellen sus cuentas del ejercicio 2023. Pero ese valor no es el que el FROB recuperará. El montante final dependerá no del valor en libros de la participación en BFA, sino del del patrimonio que tenga BFA cuando se liquide y que se verá impactado por el precio al que se traspasen las acciones de CaixaBank. En principio, dicha operación ha de producirse antes de que se escurra 2025, según acordó el Consejo de Ministros en 2022, si bien esa fue la cuarta ampliación del plazo inicial de venta que se realizaba, tras una primera en diciembre de 2016, la segunda en 2018 y la última en febrero de 2021, con lo que un nuevo acuerdo podría prorrogar otra vez el tiempo restante. La decisión sobre el momento óptimo para la desinversión la adoptará la comisión rectora reducida del FROB, tratando de maximizar el dinero recuperado, como ha apuntado López Barceló.

En 2022 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria consiguió unos beneficios contables de 2.217 millones de euros, derivados principalmente de la positiva evolución del valor de mercado de la participación de BFA en Caixabank, que ocasionó un ingreso contable de 1.851 millones. La acción de dicha entidad financiera acumulaba una revalorización de un 142,8%, desde el anuncio de la operación de fusión con Bankia hasta el final de aquel ejercicio y un 146,6% hasta diciembre de 2023. Si bien, aunque 2024 se prevé que será positivo para la banca, el complejo contexto geopolítico internacional implica ciertas dosis de incertidumbre.  

Lo que ya es una realidad es que Caixabank consiguió en 2023 un beneficio neto atribuido de 4.816 millones, frente a los 3.129 que atesoró en 2022, lo que supuso un alza del 53,9% y posibilitará la distribución de un dividendo de 2.890 millones. El grupo, que presta servicio a 20,1 millones de clientes a través de una red de alrededor de 4.200 oficinas en España y Portugal, supera los 600.000 millones de euros en activos.

Sobre el desembolso de dinero público para sacar a flote a la banca tras la crisis financiera de 2008 sobrevuelan muchos números. Entre ellos varios sobre lo que será posible o no retornar a las arcas del Estado. El Banco de España cifró en 2019 en 5.225 millones lo recuperado de “las ayudas en forma de apoyo de capital” que alcanzaron los 54.353 millones de euros en fondos públicos aportados por el FROB y 9.745 procedentes del Fondo de Garantías de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC), esta última cuantía es capital privado, al salir de las facturas de los propios bancos. Una parte de esos recursos “ha sido recuperada a través de reembolsos, venta o resolución de entidades”, de los que el FROB ha recobrado 4.477 millones y el FGDEC unos 748, a la luz de lo reflejado por el ente regulador en aquella actualización de datos. En 2022, los cálculos se elevaron hasta el entorno de los 6.000 millones y Bankia, cuyo agujero, perforado a golpe de excesos, detonó el rescate, se ha convertido en una esperanza para mejorar el balance.

A la espera del resultado de la operación de desinversión, López Barceló ha querido dejar claro en el Congreso que el FROB no interviene en la gestión ordinaria del día a día de Caixabank, al entender que "corresponde a los gestores de la entidad, incluido cualquier asunto relativo a la sede", después de que el diputado de Vox Pablo Sáez Alonso-Muñumer, preguntara sobre la petición de Junts de que se incentive el traslado de sedes empresariales a Cataluña.

A la fuerza ahorcan y bien lo saben los gobiernos. Hace sólo tres meses, la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, argumentaba su rechazo a reformar el mercado eléctrico en que cambiarlo pondría en riesgo “la predictibilidad del mercado, la competitividad y la transición a las energías verdes”. “El modelo actual garantiza que casan en todo momento la oferta y la demanda”, lo que a su juicio resultaba fundamental “para garantizar la seguridad en el suministro” y evitar apagones. Pero los precios de la energía no han dejado de subir según se prolonga la guerra en Ucrania y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya lamentó antes del verano que el mercado actual de la electricidad funcionara con un diseño de hace 20 años, cuando las renovables aún estaban en pañales. El pasado lunes, finalmente, la propia Von der Leyen dio el golpe de timón y anunció una “intervención de emergencia” y una “reforma estructural” en el mercado eléctrico, cuyas “limitaciones”, dijo, han quedado al descubierto por una escalada de precios que parece imposible frenar. Las presiones de Alemania, Austria, Bélgica y Chequia explican el giro.

El chantaje energético ruso, por usar los mismos términos que la presidenta europea, y la inflación galopante provocada por unos precios estratosféricos de la luz y el gas han obligado a virar a quienes consideraban un anatema la intervención de un mercado. Pero éste de Bruselas es sólo el último ejemplo de cómo la necesidad fuerza la caída de principios  y decisiones económicos que se tenían por inamovibles e indispensables para la supervivencia del sistema. Muchos de esos vuelcos, además, los han dado precisamente grandes adalides de esa ortodoxia neoliberal: Mario Draghi, George W. Bush, Mariano Rajoy, Emmanuel Macron, Mark Rutte…

Hace casi un año, los líderes del mundo rico, reunidos en la cumbre del G20 en Roma, se pusieron de acuerdo para implantar un impuesto mínimo global del 15% a las grandes multinacionales. Tras cuatro años de debates y de superar fuertes resistencias, las principales potencias económicas del planeta se comprometían con una medida destinada a evitar que la riqueza de los países se escape por los agujeros del sistema y se esconda en paraísos fiscales. Cierto que la OCDE acaba de admitir que los trabajos técnicos para ponerlo en marcha llevan retraso y hasta 2024 no verá la luz, y que los recelos de muchos gobiernos seguirán torpedeando la iniciativa, pero el camino ya está trazado. EEUU acaba de aprobar este agosto la Ley de Inflación, que incluye un impuesto mínimo del 15% para las empresas con beneficios superiores a los 1.000 millones de dólares. España lo introdujo en la Ley de Presupuestos de este año para las empresas que forman parte de un grupo consolidado o facturen más de 20 millones de euros anuales. En la UE, el bloqueo de algunos países impide de momento la adopción de la directiva de la OCDE que establece ese suelo fiscal.

Además, la ruptura del tabú ha hecho perder el miedo a subir los impuestos a las grandes compañías. En marzo, Mario Draghi, vicepresidente de Goldman Sachs y presidente del BCE antes que primer ministro, aplicó un tributo del 10% a las empresas energéticas por los beneficios extraordinarios que les está proporcionando la guerra, y que sólo un mes más tarde subió hasta el 25%. Es el mismo gravamen aprobado por el Gobierno del conservador Boris Johnson en el Reino Unido para las empresas del petróleo y el gas. En España será en 2023 cuando comience a recaudarse un impuesto del 1,2% sobre las ventas de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros. También deberán tributar los bancos, un 4,8% del margen de intereses y comisiones, para financiar los planes contra la inflación. Bélgica, Grecia, Hungría y Rumanía han aprobado impuestos similares a las empresas de energía.

Los cambios de paso, no obstante, fueron ya extraordinarios tras la anterior gran crisis. Apenas habían transcurrido 18 días de la quiebra de Lehman Brothers cuando George W. Bush aprobó un programa de rescate financiero de 700.000 millones de dólares, con los que el Tesoro de Estados Unidos compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos para sacar de los balances de los bancos los activos ligados a las hipotecas basura. Un Gobierno republicano ponía en marcha la mayor intervención económica de la historia de Estados Unidos.

Después llegaría el Recovery Act del presidente Obama, 780.000 millones de dólares para reactivar la economía estadounidense tras el golpe de la crisis financiera. Y los enormes paquetes de ayudas de Joe Biden para combatir la paralización económica causada por la pandemia: 1,9 billones de dólares contra la emergencia sanitaria y otros tanto para modernizar infraestructuras. El primero, un aumento de gasto público casi inédito en un país alérgico a la protección económica estatal, y el segundo sustentado en subidas de impuestos, otro paradigma roto.

Con ese dinero, Bush nacionalizó las dos principales sociedades hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac, propietarias de casi la mitad de la deuda hipotecaria de EEUU entonces, unos 5,3 billones de dólares. También compró el 92% de la aseguradora AIG, la más grande del mundo, y recibieron ayudas públicas JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley… y hasta automovilísticas como Chrysler y General Motors.

Reino Unido no le fue a la zaga. Aunque en su caso el responsable fue el primer ministro laborista, Gordon Brown. Los británicos no dudaron en nacionalizar o intervenir el Royal Bank of Scotland (RBS), el Northern Rock y Lloyds, al que el Gobierno había obligado a absorber otra entidad en crisis, el HBOS. En total, medio billón de libras –577.000 millones de euros–.

En España también fue un gobierno conservador, el del PP, el que rescató a la banca. El Estado inyectó 58.000 millones de euros en el sector financiero, de los que 24.000 millones fueron para comprar el 68% de Bankia. Las cajas de ahorro desaparecieron, forzadas a la fusión y luego convertidas o vendidas a bancos: Caixa Catalunya, Novacaixagalicia… También fueron rescatados Liberbank, Banca Cívica, Banco Gallego, Banco de Valencia. Una década después, el Estado sólo ha recuperado el 10% de la cantidad invertida, unos 6.000 millones de euros. Y las posibilidades de recuperarlo todo son casi nulas.

La siguiente crisis mundial fue la propiciada por el covid-19. En 2020 los gobiernos volvieron a intervenir una economía en cuarentena. Los milmillonarios planes de EEUU tuvieron su réplica inmediata en Europa. Atrás quedaron el dogma de la austeridad y el corsé al déficit público. En junio la UE aprobó el que se publicita como el mayor programa de estímulo económico de su historia: los 750.000 millones de euros del Fondo NextGeneration. Al mismo tiempo, Bruselas suspendió las reglas fiscales que obligan a los Estados miembros a controlar sus niveles de déficit y deuda públicos. Las mismas reglas que defendían como dogmas inapelables los halcones comunitarios –Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia– y han dejado un reguero de desigualdad en España, Portugal, Italia y Grecia, los países más tocados por aquella crisis.

Para conseguir esos 750.000 millones, Bruselas ha emitido eurobonos, con lo que se ataca otro de los credos de la ortodoxia, defendido hasta ahora con uñas y dientes por los halcones alemanes, holandeses, austriacos y finlandeses: el rechazo a mutualizar la deuda. Hasta ahora, los que se endeudaban eran los Estados miembros; ahora lo ha hecho la Unión Europea.

Además, como parte del escudo económico anticovid, los estados volvieron a salir al rescate. En este caso, de las aerolíneas. Francia y Países Bajos pusieron en Air France-KLM, su compañía de bandera, 10.000 millones de euros. Había que salvar, destacaron ambos gobiernos, 350.000 empleos directos e indirectos. Cada uno de los estados posee el 14% de las acciones de la aerolínea que, como el resto de las europeas, se vio obligada a dejar todos sus aviones en tierra durante el confinamiento. Ya lo había anunciado Emmanuel Macron nada más estallar la pandemia: “Ninguna empresa será abandonada al riesgo de quiebra por el impacto del coronavirus”.

Más radical fue la decisión de Italia, que inyectó 3.000 millones en Alitalia para nacionalizarla, rebautizarla como ITA e intentar su reactivación, pues llevaba en concurso de acreedores desde 2017. Al Estado portugués, comprar el 72,5% de la aerolínea nacional TAP en plena pandemia le costó 1.200 millones de euros. Incluso el Gobierno alemán, aún en manos de Angela Merkel, no dudó en entrar en el capital de Lufthansa para salvarla de la parálisis pandémica. En total, incluido el 20% de la aerolínea que compró el Gobierno federal, el rescate ascendió a 9.000 millones de euros.

Tampoco España escapó a la ola de intervenciones públicas. El Gobierno de Pedro Sánchez destinó 475 millones a rescatar Air Europa, en una decisión polémica porque el gigante IAG –Iberia, British Airways– había alcanzado previamente un acuerdo para adquirir la compañía, la segunda aerolínea española con más vuelos internacionales, a la familia Hidalgo. El Estado, a través de la SEPI, ha pagado 70 millones de euros públicos para acudir a la ampliación de capital que hizo en septiembre de 2020 el grupo IAG, del que posee un 2,5%. Una forma diferente de acudir al rescate. Otros 111 millones han ido a parar a Air Nostrum.

A Macron no le ha temblado el pulso tampoco para nacionalizar EDF, la principal eléctrica francesa. La crisis energética le ha empujado a hacerse con el 100% de la compañía, de la que el Estado ya poseía el 83,88% y que, además, sufre un tremendo deterioro financiero: según publica el diario francés Mediapart, las pérdidas este año pueden alcanzar los 15.000 millones de euros y la deuda superar los 60.000 millones. Además, desde que el Gobierno de Macron ha limitado en el 4% la subida que se permite a la factura de la luz, el resto hasta el precio real pagado por EDF lo cubre el Estado. Un coste considerable para las arcas públicas.

El aumento de las desigualdades durante la lenta y dolorosa salida de la crisis financiera ha roto igualmente la resistencia de muchos gobiernos a implantar o subir el salario mínimo. En 2015 empezó a aplicarse en Alemania, y lo hizo por decisión de Angela Merkel. Entonces era de 8,5 euros la hora o 1.445 euros al mes. Este año, el Gobierno de Olaf Scholz lo ha subido hasta los 12 euros, un 22%.

En Estados Unidos, Joe Biden mejoró este año el salario mínimo de los trabajadores empleados en empresas contratados por el Gobierno, hasta los 15 euros la hora. Aunque su intención era subírselo hasta esa cantidad a todos los asalariados del país, para lo que se encuentra con el rechazo de los republicanos. El salario mínimo federal se mantiene en 7,25 dólares desde 2009. Pero en 21 estados se ha mejorado este año.

El pasado mes de junio, el Parlamento y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo para crear un salario mínimo “adecuado” en la UE. No se fijará una cantidad única para todos los Estados miembros, sino unos criterios para determinar cuál es el salario necesario para hacer frente al coste de la vida. Hasta ahora, la Carta Social de la UE establecía que el salario mínimo debe equivaler al 60% del salario medio de cada país. Y en calcularlo está ahora de nuevo enfrascada la comisión de expertos reunida por el Ministerio de Trabajo. Cuando termine la tarea, el Gobierno propondrá a patronal y sindicatos una nueva subida del SMI, que asciende a 1.000 euros tras mejorar un 31% en los últimos tres años. La inflación ha obligado también a los gobiernos a aprobar este año subidas de dos dígitos en muchos países europeos. Por ejemplo, en Países Bajos, a cuyo frente lleva 12 años el conservador Mark Rutte, aumentará el salario mínimo un 10%. La inflación alcanzó en julio el 10,3%, una de las más altas del Continente. Atrás van quedando también los recelos sobre la amenaza para el empleo que pueden suponer las subidas del suelo salarial.

La nacionalización de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) tiene una consecuencia inmediata para sus directivos: sus sueldos quedarán limitados como los del resto de los altos ejecutivos de las empresas públicas. Así lo establece el real decreto-ley de 18 de enero donde se faculta al Estado para hacerse con el control del banco malo, del que hasta ahora poseía un 45,9% de las acciones, compartiendo capital con Caixabank, Santander, Sabadell y hasta una veintena de entidades financieras y aseguradoras. Esa restricción significa que ninguno de sus consejeros ni altos directivos podrán cobrar más de 210.000 euros al año entre retribución fija --105.000-- y variable, tal y como aprobó el Gobierno del PP en 2012 en plena batalla por el recorte del gasto público.

Es el mismo tope que se impuso, por ejemplo, al presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al resto de los máximos responsables de las empresas públicas que la integran. Ahora, pese a que la Sareb seguirá sometida al ordenamiento jurídico privado –no se convertirá en sociedad mercantil estatal–, para no entorpecer su “capacidad de actuación”, sí deberá obedecer las normas de contratación del sector público si quiere convocar un concurso, así como el régimen de contratos mercantiles y alta dirección de las sociedades estatales. Para adaptarse a ese nuevo marco retributivo tiene un plazo de tres meses, excepto en lo que respecta a las indemnizaciones, si los ejecutivos deciden abandonar el banco malo, que se aplica de inmediato.

La diferencia retributiva es sustancial. Desde su creación, en 2012, y hasta 2020 –el informe anual y de retribuciones de 2021 aún no está disponible–, la cúpula de la Sareb ha cobrado 36,48 millones de euros, sumando retribuciones fijas y variables. Tanto su presidente y consejero delegado como el resto de los miembros del consejo de administración y su equipo de alta dirección.

Hasta el momento, las remuneraciones en el banco malo se regían por el mismo real decreto-ley y la misma orden ministerial que se aplicaba a las entidades financieras rescatadas con dinero público. Aunque la Sareb no lo era. Pero sí contaba con una participación mayoritaria del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). De modo que podía pagar a sus consejeros ejecutivos un máximo de 500.000 euros al año de retribución fija y una variable que no podía exceder del 60% de la anterior –si lo aprobaba el Banco de España podía elevarse al 100%–, pero que éstos debían percibir diferida a lo largo de tres años. Los consejeros externos podían cobrar hasta 100.000 euros al año como retribución fija.

La polémica que siguió a la difusión de estas condiciones, en una entidad semipública que no ha dejado de tener pérdidas desde su fundación, forzó una bajada de sueldo de su primera presidenta, Belén Romana, en 2014. Entonces renunció a un 30% de su remuneración fija. Y abandonó la Sareb un año más tarde.

Su sucesor, Jaime Echegoyen, tenía topada en 485.100 euros anuales su retribución anual, de los que 100.100, un 26%, correspondía a la parte variable que se cobra si se consiguen determinados objetivos. En 2020 recibió una nómina anual de 375.375 euros; en 2019, de 385.000. Ambas cifras corresponden a su sueldo fijo. Cuando cobraba variable, percibía entre 25.000 y 33.000 euros al año por cada tercio.

Echegoyen fue reemplazado en octubre de 2020 por Javier García del Río, quien ha rebajado sus emolumentos hasta un máximo de 415.800 euros: 330.000 euros de sueldo fijo y 85.800 de variable. En 2020, cobró un total de 286.777 euros: 204.000 como director general –cargo para el que fue fichado en febrero– y 82.777 euros entre octubre y diciembre tras ser nombrado consejero ejecutivo. Debido a la crisis del covid, consejeros y altos ejecutivos del banco malo han renunciado a cobrar el complemento variable tanto en 2020 como en 2021. Tampoco devengaron un euro por este concepto en 2019. Como lo perciben en tercios distribuidos en tres años, el último que cobraron fue el de 2017, según consta en los informes anuales y de retribuciones de la entidad. Además, el salario base de los consejeros se redujo un 15%, por lo que los presidentes de los comités de auditoría y de retribuciones, por ejemplo, han pasado de ingresar 95.000 euros a 83.750. Así, en 2020 los 15 miembros del consejo de administración se llevaron 639.791 euros, mucho menos que en 2019 –863.000 euros– y que en 2018, cuando rozaron el millón –906.000 euros–.

Aun así, el recorte salarial será cuantioso. Sobre todo, para su presidente ejecutivo, que deberá limitar su nómina a 210.000 euros anuales, casi la mitad del máximo que tiene reconocido.

Por lo que se refiere al equipo directivo, cobró 1,18 millones de euros en 2020, la menor nómina desde que se creó la Sareb. La razón es que la alta dirección pasó de tener 19 miembros a sólo siete ese año. Y cuenta con uno menos desde 2021. En 2018 llegó a sumar 20 ejecutivos. Los informes de retribuciones, gobierno corporativo y de actividad no facilitan más que las cifras agregadas de salarios de todos los altos directivos. Que son generosas. La mayor remuneración corresponde a 2016, cuando percibieron en conjunto 4,83 millones de euros, de los cuales 506.000 fueron como complemento variable y 1,05 millones respondieron a un “plan de fidelización”, que premia la permanencia en la empresa y cobraron 15 de los 19 miembros del equipo directivo de entonces. En 2018 la parte variable distribuida entre los altos ejecutivos se elevó hasta los 688.000 euros. En esa cuantía suele situarse la remuneración por objetivos repartida. En 2019 devengaron 650.000 euros por este concepto, que no han llegado a percibir al estallar la crisis del coronavirus y limitarse sus retribuciones. La plantilla tiene congelados sus sueldos desde ese año.

Al percibir esta parte de la nómina distribuida a lo largo de tres años y como el número y los nombres de los directivos han cambiado de año en año, resulta difícil establecer cuánto gana cada uno de ellos. Pero dividiendo la remuneración total entre la veintena de altos ejecutivos, la cifra supera los 221.000 euros de media. Es decir, exceden en 10.000 euros anuales el tope fijado para los directivos del sector público estatal.

Cuestión aparte son las indemnizaciones. La norma para las empresas públicas dicta que su cuantía no podrá rebasar los siete días por año trabajado, con un límite máximo de seis mensualidades. El cálculo, además, debe realizarse sobre la retribución fija, excluidos los complementos variables. Y ello siempre que el ejecutivo sea despedido. En 2019, dos de los directivos que abandonaron sus puestos en el banco malo recibieron indemnizaciones por importe de 248.000 euros. 

La nacionalización del banco malo, como se dio en llamar a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), que acaba de decidir el Consejo de Ministros en un decreto ley, es sólo el penúltimo caso en que los contribuyentes terminan pagando sumas milmillonarias por fiascos que, en principio, no les iban a costar “ni un euro”. Esa fue la promesa del Gobierno respecto al rescate financiero, en palabras del exministro del PP Luis de Guindos. También la que repitió su compañera de partido y exministra Ana Pastor sobre las autopistas radiales quebradas. Pero la compra del banco malo resulta ser especialmente escandalosa no sólo por su cuantía, unos 35.000 millones de euros, sino porque, además, el desembolso viene a sumarse a los 66.577 millones de euros públicos que ya ha costado el rescate financiero entre 2012 y 2018, según los últimos cálculos del Tribunal de Cuentas.

Otros pufos sonados, aunque de menor volumen, saltan a la memoria, la mayoría relacionados con infraestructuras acometidas bajo la fórmula de la colaboración público/privada por constructoras a las que ha tenido que rescatar o indemnizar el Estado. Es decir, el contribuyente. Las autopistas radiales, el proyecto Castor, el túnel del Pertús o la AP-7 son los casos más sangrantes.

El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, no quiere llamarla “nacionalización”, pero la compra por un precio simbólico de las participaciones del resto de los accionistas de la Sareb supone su toma de control por el Estado. Desde que Eurostat obligó a España a reclasificar como sector público al banco malo e incluir sus 10.500 millones de patrimonio neto negativo como déficit público y sus 34.918 millones pendientes de devolver como deuda del Estado, el cambio de su régimen jurídico era obligado. Aunque también hay otra realidad imperiosa: la Sareb se encuentra en quiebra técnica. Ni siquiera la conversión de 1.429 millones de euros de deuda subordinada en capital el pasado julio –hubo otra en 2016, por 2.170 millones–, que debería haber servido para restablecer el equilibrio patrimonial y compensar las pérdidas de 2020 –1.073 millones– ha conseguido salvar al banco malo.

Según admite la Sareb en el informe de actividad del primer semestre de 2021, los números rojos han consumido íntegramente sus fondos propios, incluida la deuda subordinada. Pero, como desde marzo de 2020 y mediante real decreto-ley, al banco malo no se le aplica el artículo de la Ley de Sociedades de Capital que obliga a una sociedad a disolverse si su patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social, se le permite seguir trabajando “incluso con insuficiencia de recursos propios”.

La Sareb fue una idea controvertida desde su nacimiento. Cuando en 2012 adquirió los más de 200.000 activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas –inmuebles y préstamos morosos– lo hizo por un precio inflado: 50.781 millones de euros. La Comisión Europea calculó que se habían pagado 19.000 millones por encima de su valor de mercado. En sus nueve años de vida ha conseguido vender el 40% de esa cartera y cancelar el 31,2% de la deuda que emitió para adquirir el ladrillo tóxico. Mientras acumulaba unas pérdidas que rozan los 6.000 millones de euros. En ese último informe semestral, la Sareb reconoce que le va a resultar “imposible” generar flujos de caja suficientes” hasta 2027 –el plazo fijado para vender todos los inmuebles– con los que amortizar íntegramente la deuda emitida.

Ésa es la sociedad que compra ahora el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ya ha hecho una oferta a los 26 bancos y aseguradoras con los que se reparte el capital social de la Sareb: un céntimo por cada 39.710 acciones. Lo que supone valorar el banco malo en 360 euros. El FROB compraría las participaciones de las entidades privadas por un máximo de 194,35 euros.

Hasta ahora, el FROB poseía el 45,9% de la Sareb. Y no podía por ley superar el 50%. Es lo que acaba de cambiar el Gobierno para adaptarse a las exigencias de la UE. El resto del capital se lo reparten el Santander –22,23%–, CaixaBank –12,24%–, Sabadell –6,61%–, Kutxabank –2,53%–, Ibercaja –1,43%–, Bankinter –1,37%–, Unicaja –1,27%–, Cajamar –1,21%–, Mapfre –1,11%– y otras 17 entidades bancarias y aseguradoras con paquetes inferiores al 1%.

La próxima duda es si los bancos venderán toda su participación, lo que les haría perder sus activos fiscales diferidos o DTA, que les permiten rebajar la factura con Hacienda por el impuesto de sociedades. También si será necesario prorrogar más allá de 2027 la vida de la Sareb, en vista de los problemas que está teniendo para cumplir con su mandato y liquidar el ladrillo tóxico que se pudre en sus cuentas.

El agujero del banco malo hará un poco más indigerible si cabe la enorme factura del rescate financiero. La última cifra sobre su coste corresponde al Tribunal de Cuentas, que eleva en 852 millones el cálculo del Banco de España. El supervisor bancario no actualiza el dato desde noviembre de 2019 y con números referidos a diciembre de 2018. Según el Tribunal de Cuentas, el coste asumido por el FROB se eleva a 45.344 millones de euros, mientras que los 21.295 millones restantes han corrido a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre de las aportaciones de los bancos. De la cifra total, sólo se han recuperado, de acuerdo con el Banco de España, 4.477 millones de euros. Y únicamente podrán recuperarse 9.560 millones de euros cuando el FROB venda su participación en la antigua Bankia, desde marzo integrada en Caixabank.

La fusión de ambos bancos obligó al FROB, que poseía un 61,83% de la rescatada Bankia, a actualizar el valor contable de esa participación, que se convirtió en un 16,12% de CaixaBank. Esa revisión se tradujo en un impacto negativo de 3.556 millones de euros para la entidad pública. Por ese motivo sus pérdidas en 2020 se multiplicaron por 13. En resumen, otro roto más en el descosido monumental del rescate financiero. Ateniéndose sólo a las cifras previstas por el Banco de España, sólo se ha recuperado el 9,8% del dinero público empleado y, en el mejor de los casos, sólo podrá recuperarse el 31% si se privatiza Bankia al precio que prevé el FROB.

Tampoco está claro el desenlace de otro capítulo negro para las finanzas públicas, pese a que arranca incluso más atrás que la crisis financiera. Las autopistas radiales empezaron a inaugurarse en 2003 y las empresas que las construyeron a cambio de explotarlas en régimen de concesión durante 30 años –con peajes para los usuarios– quebraron una tras otra a partir de 2012. Nunca alcanzaron el tráfico mínimo que les habría permitido sobrevivir. Abertis, ACS, Sacyr, Ferrovial, Isolux Corsán, OHL, Comsa, Globalvía, Ploder, Sando, Azvi, Europistas, Budimex… vieron en la colaboración público/privada que les ofrecía el Estado una oportunidad de oro. Nada más lejos de la realidad. Todas ellas terminaron por reclamar la Responsabilidad Patrimonial del Estado, el derecho que asiste a cualquier ciudadano de ser indemnizado por toda lesión que sufra en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

El procedimiento para obtener esa reparación es largo. En el caso de las nueve radiales aún no se ha cerrado. Así que, en el transcurso de la última década, los bancos acreedores de las constructoras han tenido tiempo de vender su deuda a toda una serie de fondos: King Street, Taconic, Attestor Capital, Titulización de Activos son algunos de ellos. En otras palabras, el dinero que les pague el Estado caerá en manos de estos fondos de inversión.

Y no es poco. Según los cálculos del propio Gobierno para los Presupuestos Generales de 2019, puede alcanzar los 1.800 millones de euros. Ese mismo año, el Consejo de Ministros decidió limitar la responsabilidad patrimonial por las radiales a un máximo de 3.305 millones. Pero los propios acreedores lo elevan hasta los 4.500 millones. La patronal de la construcción, Seopan, llegó a cifrar en 5.657 millones el rescate.

De momento, las radiales R3 (Madrid-Arganda) y R5 (Madrid-Navalcarnero) costarán 119,15 millones de euros de dinero público; la AP-41 (Madrid-Toledo), 52,92 millones; la M-12 (Madrid-Barajas), 46,46 millones y la AP-36 (Ocaña-La Roda en Albacete), 319,6 millones. Las liquidaciones aún provisionales de la Circunvalación de Alicante y la Circunvalación Cartagena-Vera suponen 307,5 y 282,7 millones, respectivamente. La R-4 (Madrid-Ocaña), costará cero euros, porque el Estado tendrá que pagar por expropiaciones más de lo que costó la autopista. Y la R-2 (Madrid-Guadalajara) está aún pendiente de cálculo.

En los Presupuestos Generales de este año, se ha consignado el pago de 560 millones que, sumados a los 255,4 millones destinados a este fin en los de 2021, suponen 815,4 millones como factura inicial. Aunque la batalla puede alargarse aún más porque los fondos han recurrido en el Tribunal Supremo la fórmula utilizada por el Gobierno para calcular las indemnizaciones.

Las nueve radiales son ahora gestionadas por una sociedad estatal, Seittsa, dependiente del Ministerio de Transportes, y las autopistas son gratuitas.

También está pendiente de cálculo la compensación que reclama Abertis por el fin de la concesión de la AP-7, la Autopista del Mediterráneo. En agosto de 2021 venció el contrato, uno de los que el Gobierno decidió no renovar para que las autopistas pasaran a ser gratuitas. Acesa, filial de Abertis y ésta, a su vez, propiedad de la española ACS y la italiana Atlantia, reclama 3.826 millones al Estado por la ampliación y mejora de la autopista, que sufragó en la confianza de que el aumento del tráfico haría más que rentable la inversión. Ambas partes firmaron un convenio en 2006 que obligaba al Estado a compensar a la empresa si esa expectativa de tráfico e ingresos no se cumplía. La crisis de 2012 estalló y se llevó por delante los peajes de la AP-7. Pero el Ministerio de Transportes sólo está dispuesto a pagar a Abertis 1.291 millones. Preguntada por infoLibre al respecto, la empresa asegura que se encuentra a la espera de que la Administración se pronuncie. Por su parte, el departamento de Raquel Sánchez explica que está “terminando de calcular la cifra” y que ésta “no es objeto de negociación con la concesionaria”. “El resultado que se obtenga”, apunta, “será el de aplicar las directrices previstas en los reales decretos, los convenios firmados, las normas, etcétera, interpretados de acuerdo con los criterios jurídicos de la Abogacía del Estado y los criterios de los técnicos del departamento”. El ministerio tenía seis meses para contestar, un plazo que acaba este mismo mes de febrero.

Si el nombre de Abertis se repite en la reclamación al Estado por las autopistas radiales y por la AP-7, el de ACS, la constructora de Florentino Pérez, aparece por duplicado en otros dos fiascos pagados por el contribuyente: el proyecto Castor y el túnel del Pertús.

El cierre del almacén de gas que Escal UGS, una empresa propiedad de ACS y la canadiense UGS, construyó frente a las costas de Castellón, ha costado a las arcas públicas 1.350 millones de euros. Es la cantidad que la firma pidió al Estado en 2014 después de que los múltiples seísmos que se atribuían a la instalación pusieran en pie de guerra a los vecinos de Vinarós y forzaran su clausura. La inyección de gas en el depósito submarino había encendido las alarmas de ecologistas y partidos políticos. Pero la revelación de que, además, el Estado había firmado con la empresa una compensación millonaria por el fin abrupto de la concesión –30 años– desató el escándalo.

Aún faltaban más detalles para redondear la operación. El Gobierno adjudicó el almacén a la semipública Enagás, que además debía encargarse de pagar a Escal UGS. Y para cubrir ese desembolso, le permitió utilizar una cantidad a cuenta de los peajes y cánones del gas: 80 millones al año. De manera que sería el consumidor quien abonara en sus recibos la indemnización.

Pero Enagás transmitió ese derecho de cobro a tres bancos, Santander, Caixabank y Bankia, que le adelantaron el dinero para pagar a Escal UGS. A su vez, las tres entidades pasaron a recibir los abonos procedentes de los peajes y cánones del gas, que les ingresaba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Hasta que el Tribunal Constitucional anuló ese derecho de cobro en diciembre de 2017, atendiendo a un recurso presentado por el Parlament y la Generalitat de Catalunya, junto con 50 diputados nacionales del PSOE. Los bancos acudieron al Tribunal Supremo y éste les dio la razón en octubre de 2020.

Sin embargo, ACS no se da por satisfecha y, según publicó Cinco Días, está estudiando presentar un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Transición Ecológica por el lucro cesante de la concesión otorgada en 2008 por 30 años. La empresa de Florentino Pérez no ha querido confirmar a infoLibre si, en efecto, va a demandar al Gobierno por la clausura de Castor.

El contrato que otra filial de ACS, TP Ferro, constituida al 50% con la francesa Eiffage, firmó con el Gobierno también incluía una cláusula de rescate en caso de que el negocio no cumpliera sus expectativas de lucro. Lo suscribieron en 2004 para construir y explotar el tramo ferroviario entre Figueres (Girona) y Perpiñán (Francia), que incluye el túnel del Pertús y por donde debería pasar el AVE. Para la obra, TP Ferro recibió una subvención de la UE de 636 millones de euros, la mitad del coste.

Al igual que ocurrió con las autopistas, las previsiones de tráfico de TP Ferro en ese tramo no se cumplieron. La empresa se declaró en concurso de acreedores en septiembre de 2015 y fue liquidada un año después. En cumplimiento del contrato, pide una indemnización al Estado de 450 millones de euros, más otros 250 millones por daños y perjuicios. Pero ni España ni Francia quieren pagar. Así que TP Ferro acudió en 2020 al tribunal arbitral de Ginebra para conseguir la compensación. La empresa culpa de la falta de tráfico en el tramo fronterizo a los retrasos en la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo. Desde que se liquidó TP Ferro, son las empresas públicas española y francesa, Adif y SNCF, las encargadas de gestionar los 44,4 kilómetros de vías, a través de una sociedad constituida al 50% y llamada Línea Figueras Perpignan SA.

Sumando sólo este puñado de grandes fiascos, el coste para los contribuyentes de la socialización de pérdidas empresariales durante la última década puede alcanzar los 72.871 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas expondrá este martes en el Parlamento su última evaluación de los recursos empleados en la reestructuración bancaria, elevada en diciembre de 2019 hasta los 66.577 millones de euros, lo que supone 5.859 millones de euros más que lo calculado al cierre de 2015, según informa Europa Press.

De esta forma, la nueva presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano, expondrá ante la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas su "Nota de fiscalización de la situación a 31 de diciembre de 2018 del proceso de reestructuración bancaria", aprobada por el Pleno del Tribunal en su sesión del pasado 28 de noviembre de 2019.

La cifra estimada por el Tribunal de Cuentas es de este modo un 1,30% superior a la calculada por el Banco de España, que ha cifrado en 65.725 millones de euros -un 2,13% más de lo estimado hace un año- el coste de las ayudas al sector financiero durante la crisis hasta diciembre de 2018.

Según la fiscalización del Tribunal de Cuentas, el coste estimado correspondiente al FROB -Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria- se situaba a finales del pasado año en 45.344 millones de euros, el del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC), asumido por las entidades financieras, en 21.295 millones, mientras que el Banco de España obtiene un saldo positivo de 62 millones entre ingresos y gastos.

Esta nota efectúa una actualización de los resultados derivados de la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas en su anterior informe sobre el proceso de reestructuración bancaria referida al período 2009-2015, informe aprobado el 22 de diciembre de 2016.

En total, el Tribunal cuantifica en 122.754 millones de euros el importe de los recursos comprometidos en la reestructuración por el FROB, el Fondo de Garantía de Depósitos y el Banco de España como consecuencia de las actuaciones realizadas entre 2009 y 2018,

Aproximadamente, la mitad de los apoyos se ha materializado en aportaciones al capital de las entidades y en cuotas participativas (60.247 millones), siendo Banco CAM (26.307 millones) y BFA-Bankia (22.427 millones) las entidades que más fondos públicos requirieron. De todo el importe comprometido, el FROB asumió 77.506 millones de euros, el Fondo de Garantía de Depósitos 35.446 millones, y el Banco de España 9.802 millones.

Sin embargo, no todos los recursos comprometidos se computan como coste del proceso de reestructuración; bien porque los importes se recuperaron o se recuperarán posteriormente, bien porque no llegaron a materializarse en salidas de recursos públicos, sin contar además los ingresos obtenidos por operaciones desarrolladas durante la reestructuración (intereses o comisiones, por ejemplo).

En BFA-Bankia, el Tribunal de Cuentas cifra el coste asumido en el rescate bancario en 12.864 millones de euros, diferencia resultante entre los 22.424 millones de euros aportados en capital por el FROB y el valor neto de deterioros en el que permanece en el balance del FROB a 31 de diciembre de 2018, 9.560 millones de euros.

A la hora de estimar este coste no se computan los 3.085 millones de euros obtenidos por BFA -que ostenta el 61% de Bankia y participada al 100% por el FROB- procedentes de dividendos y de las sucesivas ventas de acciones puesto que, según recalca el Tribunal, estos fondos "se han utilizado, principalmente, para satisfacer los costes originados por contingencias legales" relacionadas con la comercialización de instrumentos híbridos y la salida a Bolsa.

Los costes asumidos por BFA por la liquidación de estos costes ascienden, a 31 de diciembre de 2018, a 3.693 millones de euros, de los que 2.589 millones derivan de arbitrajes y litigios asociados a la comercialización de híbridos y 1.104 millones de litigios asociados a la salida a Bolsa. A ese coste hay que añadir otros 124 millones "por la estimación del coste futuro para BFA de contingencias derivadas de los híbridos".

Frente a ello, los costes asumidos por Bankia hasta esa fecha computan un total de 1.013 millones de euros: 246 millones para contingencias derivadas de híbridos y 767 millones para las de la salida a Bolsa. A la hora de determinar el reparto de estas cantidades, en el caso de los litigios por la salida a Bolsa el Tribunal de Cuentas asegura que no se ha aportado documentación que justifique el reparto.

Precisamente en este reparto incide el Tribunal en su fiscalización, pues asegura que el porcentaje de reparto real, directo e indirecto que va a asumir finalmente BFA es superior al 60% del importe de las contingencias directas que, como máximo, autorizó el FROB y acordaron BFA y Bankia, ya que ese 60% del coste se incrementa en la parte asignada a Bankia por la participación de la primera sobre la segunda.

Además, detecta "debilidades" en el control a implantar por parte del FROB a la hora de formalizar y ejecutar unos convenios de reparto de costes entre BFA (participada al 100% por el FROB) y Bankia (participada en un 61% por BFA al cierre de 2018) derivados de reclamaciones judiciales.

En este sentido, el Tribunal señala que el FROB no ha realizado comprobaciones documentales de expedientes individuales para comprobar que se cumplen los límites y condiciones establecidas en los convenios de reparto, realizando únicamente comprobaciones a nivel agregado, por lo que recomienda establecer un sistema de gestión de BFA que facilite al FROB la comprobación de la determinación y el cumplimiento de las condiciones establecidos en dichos convenios.

Y es que, como señala en el informe, "el FROB carece de información detallada de cada uno de los pagos efectuados a Bankia por BFA derivados de estas contingencias legales", por lo que el Tribunal tuvo que requerir estos datos a la propia Bankia. Es personal de Bankia el que se encarga de tramitar de forma íntegra estos expedientes y controlar el procedimiento, mientras que el FROB no tiene establecido un sistema para revisar las liquidaciones individuales de los costes.

Por otro lado, el órgano fiscalizador certifica que el FROB, el Fondo de Garantía de Depósitos y el Banco de España han cumplido "adecuadamente" la normativa en sus actuaciones desarrolladas en el proceso de reestructuración y resolución de entidades, así como en el seguimiento y control de ejecución de los planes de reestructuración.

Asimismo, considera cumplidas las dos recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, y asumidas por las Cortes Generales en su Comisión Mixta (Congreso-Senado), en el Informe anteriormente citado, referido al periodo 2009-2015.

En la primera de ellas, el órgano fiscalizador recomendaba al FROB aprobar un documento regulatorio del proceso que establezca sus reglas básicas para cada procedimiento de venta de entidades afectadas por procesos de reestructuración o resolución.

En cuanto a la segunda, la recomendación del Tribunal se dirigía tanto al FROB como al Fondo de Garantía de Depósitos, para que ambos fondos establecieran un sistema de contabilidad analítica que permitiera conocer de forma directa e inmediata los recursos aplicados en cada uno de los procesos de reestructuración o resolución, así como los ingresos y gastos directamente imputables a los mismos.

Días turbulentos para la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, el banco malo diseñado por el ex ministro de Economía y actual vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, que absorbió en 2012 gran parte del ladrillo tóxico para evitar la quiebra de varias entidades financieras. Casi de sopetón, el instituto europeo de estadística, Eurostat, confirmaba la semana pasada que la deuda de 35.000 millones de la sociedad público-privada pasaría a cebar la deuda pública hasta el 120% del PIB, además de anotar otros 7.000 millones de euros al déficit del actual ejercicio. Un hecho que adelantó El País. 

infoLibre ha querido repasar algunos hitos desde su creación, a finales de 2012, cuando sucedía lo peor de la crisis financiera: rescate de Bankia, rescate financiero de España, prima de riesgo por las nubes y tasa de desempleo desbocada un poco como consecuencia de todo lo anterior. 

Rentable y sin computar deuda 

Cuando Guindos y su equipo ultimaban la creación del banco malo, todo lo que dijeron entonces se ha revelado como completamente equivocado. Los portavoces de la sociedad en 2012 auguraban que Sareb dará más beneficios a partir de “la mitad o el último tercio de su vida”; y teniendo en cuenta que estatutariamente Sareb tendrá que ser liquidada en 2027 –salvo que cambien los planes y se reformen los estatutos–, ya estaríamos de lleno en esa fase. El propio Guindos hablaba de una rentabilidad del 15%, promesa que escuchada hoy suena a broma de mal gusto. 

Peor suenan los viejos vaticinios de que las pérdidas no computarían como deuda pública. Justificaban esta posición al ser el Tesoro "solo" avalista y al no tener el Estado la mayoría del capital (principal accionista con el FROB, que posee un 45%). "Si Sareb tuviera problemas de solvencia, entonces sí podría contabilizarse como deuda y quizá como déficit", razonaba un artículo de El País en octubre de 2012. Esto último es lo que ha ocurrido. 

¿Por qué se hizo creer que un vehículo para liquidar activos inmobiliarios contaminados daría incluso beneficios? "Esta rentabilidad", responden portavoces de Sareb, "figuraba en el plan de negocio elaborado con anterioridad al traspaso completo de los activos. Una vez se estudió la composición y características de los activos transferidos, se descartó públicamente este objetivo de rentabilidad".

El problema es que este descarte se produjo oficialmente por primera vez... en 2017. 

El sobreprecio por el ladrillo tóxico de la banca 

Habla una fuente que conoce muy bien los entresijos de Sareb: "El banco malo arranca en un punto controvertido: los activos que se traspasan a su cartera del balance de las entidades no se valoran". Se trata de 400.000 inmuebles repartidos por toda España y valorados en su momento en 50.000 millones. "Alguien decide entonces que hay que aplicar una quita sobre el valor en libros de esos activos del 50%. Y por un momento los gestores están convencidos de que eso sería suficiente para garantizar la rentabilidad". 

Esto ocurrió durante la presidencia de Belén Romana, en la que se concibió la sociedad: Sareb empezaría a funcionar con un capital de 4.800 millones de euros (3.600 millones de los cuales eran deuda subordinada), de los que el Estado puso el 45% y el resto los accionistas. Y emitió bonos por el valor de sus activos tóxicos –50.000 millones– avalados por el Estado, una operación que hoy está en el centro del exagerado aumento de deuda pública.  

A la llegada de Jaime Echegoyen, en 2015, la sociedad decide valorar activo por activo para saber qué es lo que tiene en sus carteras. Y se da de bruces con la realidad: el FROB ha pagado un precio superior en más de 5.000 millones de euros al valor real de su portfolio, a pesar del haircut sobre la deuda. 

"El sobreprecio pagado fue calculado por las autoridades internacionales en el momento del propio traspaso de los activos", defienden en el banco malo. 

El sobreprecio está en el origen de los problemas de la sociedad, y explica la premura con la que se concibió este vehículo. En la sociedad que dirige Echegoyen hacen otra lectura: "La sociedad se constituyó de cero en un momento de completa paralización del sector inmobiliario y con una crisis de confianza en las instituciones financieras. Se le transfirió de acuerdo con los precios fijados por la Administración, una cartera valorada en su momento en 50.780 millones de euros, la mayor parte prestamos impagados", indican portavoces. 

El cambio contable de 2016 para salvar la quiebra 

A los cuatro años de vida de Sareb, sus gestores entendieron que era un pozo sin fondo. Y el momento clave vino con una autorización del Consejo de Ministros, tal y como reveló El Confidencial: se autorizó a la sociedad a no contabilizar como pérdidas las minusvalías latentes, esto es, el sobreprecio abonado al crear el banco malo; así, Sareb se anotaba solo sus pérdidas considerando el valor de mercado de los activos y no el deterioro resultante de pagar más por inmuebles que valían menos.

La presentación de resultados en abril de 2017 confirmó este cambio relevante: donde tenía que anunciar la pérdida de 3.200 millones, solo reconoció 751 millones. El equipo de comunicación entonces se fajó por desmentir algo que hoy todo el mundo en todos los medios asegura: que el arte del birlibirloque contable permitía reducir a un cuarto las pérdidas oficiales, mientras las reales se hallaban bajo la alfombra. 

Con el tiempo este cambio contable ha cobrado mucho sentido, aunque para los gestores Sareb ha sorteado la quiebra en incontables ocasiones, y ha tenido que tirar de argucia para no entrar en causa de disolución técnica. 

El lío de los 'servicers' 

Una vez creada la sociedad, había que liquidar los inmuebles y encoger la cartera. Eso significaría que la deuda de la sociedad mermaría. De Guindos confiaba en que la recuperación del mercado inmobiliario haría todo lo demás. Y no se equivocó en lo primero (la recuperación), solo que, hasta la irrupción del covid, el nuevo auge de la vivienda ha estado muy ligado al turismo y, por tanto, se ha concentrado en unas pocas grandes ciudades, con los problemas que ello acarrea. 

Antes de la salida europea de la recesión, Sareb decidió que sus inmuebles los venderían las propias entidades que los traspasaron como parte de sus activos tóxicos a la sociedad. "Y, como era de prever, los bancos no se interesaron en vender, porque esos activos no eran ya su problema", confía una fuente. 

Belén Romana tomó cartas en el asunto a finales de 2014, y puso la mitad de sus activos en manos de servicersdesvinculados de dichos inmuebles: Servihabitat, Haya, Cerberus... Todo esto implicó gastar más dinero, sin explorar siquiera si la plantilla –entre 300 y 400 personas, según el momento– podía asumir esa tarea. Actualmente Sareb lleva ya varias revisiones del contrato con los servicers. 

"Queda lo suficientemente demostrado que los primeros directivos de Sareb no tenían ni idea del mercado inmobiliario", lamenta el economista Alejandro Inurrieta, ex presidente de la Sociedad Pública de Alquiler en la etapa de Zapatero. "Eran muy poco profesionales". 

Otros contratiempos en la gestión

A finales de 2016, el equipo de Valoración de Riesgos (un área clave dentro de Sareb) pidió salir, hecho que se consumó. Al parecer estos profesionales solo veían un horizonte marcado por la disolución por causa de quiebra, precisamente por el sobreprecio original.

En 2018, durante un juicio por su despido, el ex tesorero de la sociedad, Francisco Cordero, denunció que Sareb malvendía sus activos. A comienzos de 2020 el despido del tesorero era declarado nulo. 

Otro de los hechos más escandalosos fue la celebración de onerosas fiestas para toda la plantilla, ya en tiempos de Jaime Echegoyen. Hasta dos veces al año, los trabajadores se reunían en codiciados lugares como el Palco del Santiago Bernabeu o el Hipódromo para celebrar la llegada de las festividades. La publicación de la noticia, en junio de 2018, terminó con estas prácticas. 

Sin embargo, el episodio más sangrante dentro de la gestión fue la contratación en 2013 de un crédito swapswap para la mayor parte de su cartera de bonos senior, en teoría un escudo para defenderse de la subida de los tipos de interés, en aquel momento por las nubes. La caída del Euribor justo después de firmar el swap impidió a la sociedad ahorrar en concepto de costes financieros en los años venideros. En 2019 la Comisión Europea advirtió a Echegoyen de que el swap suscrito ahora hace ocho años suponía "altos costes de financiación". Las últimas estimaciones retratan pérdidas por valor de hasta 3.000 millones de euros.

Inurrieta apunta también a la "falta de transparencia". "Si el Estado es el principal accionista, ¿por qué no sabemos dónde están las viviendas de Sareb? Se dice que hay mucha vivienda en municipios pequeños y mucho suelo rústico...". 

Portavoces de Sareb resaltan que la sociedad "ha realizado su actuación contribuyendo al saneamiento de la economía española y sin distorsionar el mercado inmobiliario, contribuyendo a su dinamización y recuperación". Y destacan la nueva misión de Sareb: convertirse en una suerte de agencia de la vivienda social, cometido que nada tiene que ver con el inicial: "Estamos movilizando una cartera de 15.000 viviendas que se destinarán a programas de vivienda social a través de ayuntamientos y comunidades autónomas".  

El peor 'banco malo' de la UE

La asunción de 35.000 millones de euros de deuda solo se entiende por un fracaso tanto en el diseño como en la gestión. Sin paliativos. Un fracaso que aumenta al comparar a Sareb con otros bancos malos europeos. 

"No es posible comparar la actuación de Sareb con otras entidades similares", creen en la sociedad, "sin tener en cuenta muchos factores". Los enumeran: "Las particularidades de los mercados inmobiliarios, el momento del ciclo en el que fueron creadas, la tipología de los activos transferidos, la ubicación de los mismos, la evolución de los precios en cada mercado o la composición inicial de su accionariado".

Pero otras fuentes creen que la comparativa es necesaria.

Nama, el banco malo irlandés, saldó sus deudas en marzo de 2020, justo la víspera de las restricciones globales por el covid-19. Creado en 2009 por las autoridades irlandesas para colocar 70.000 millones en activos tóxicos, se espera que arroje beneficios este 2021, según anunció su CEO en febrero. Los beneficios irían directos a las arcas públicas.

Muy similar es la situación del banco malo británico, Northern Rock. Al parecer, éste habría seguido los pasos de Nama y saldado su pasivo. Y lo mismo ocurrió en Países Bajos con el hegemónico ING, que se convirtió en una suerte de banco malo al ser por sí mismo un banco sistémico en su propio país. En 2014, ING devolvió al Estado holandés todo el dinero movilizado para su rescate. 

La primera y exitosa experiencia de banco malo se produjo en Suecia, a finales de los ochenta y principios de los noventa. Afectado por una grave crisis inmobiliaria, el país escandinavo vio cómo se desplomaban los precios de la vivienda y aumentaba el paro. En 1992 decidió nacionalizar las tres principales entidades financieras afectadas, Gota Bank, Nordbanken y Forsta Sparbanken, que habían recibido desde 1989 cuantiosas ayudas públicas. 

En 1993 el Gobierno de Estocolmo diseñó su banco malo: creó dos entidades, la Autoridad de Apoyo a los Bancos (AAB) y las Compañías de Administración de Activos (CAA). Una recapitalizaba, vendía o fusionaba los bancos intervenidos y la otra se quedó con los activos tóxicos, para revenderlos en lotes. Ambas entidades aceleraron sus operaciones para rebajar el coste del rescate. De 65.000 millones de euros, Suecia recuperó casi 50.000 millones. En nueve años, Sareb solo ha rebajado la deuda en unos 15.000 millones de euros. 

El último capítulo de Sareb ocurrió el pasado miércoles 31 de marzo, cuando la sociedad anunció pérdidas de 1.073 millones en 2020. 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), grupos de StopDesahucios y el Sindicato de Inquilinos han presentado e iniciado este miércoles el PlanSareb, una ofensiva de acciones y campañas contra la Sareb, que han arrancado con el acceso este miércoles a la sede del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en Madrid, principal accionista del banco malo, según informa Europa Press. 

Este acto se ha producido después de que los tres colectivos hayan explicado frente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital en qué consistía esta nueva campaña del movimiento de vivienda contra la Sareb.

Entre sus demandas se encuentran que las viviendas de Sareb pasen a formar parte del parque de vivienda pública y se incluyan en la Ley de Vivienda o que se archiven todos los procedimientos de desahucios de la Sareb.

También piden iniciar una negociación colectiva de todos los casos de Sareb de la Comunidad de Madrid y que se resuelva así favorablemente la situación del las 112 familias en viviendas de Sareb con desahucios "en curso o al filo de ellos" en esta región de España.

Después de presentar esta campaña contra la Sareb, más de 20 personas han ocupado toda la entrada de la sede del FROB y algunos portavoces han logrado reunirse con la presidenta del organismo, Paula Conthe.

Uno de los negociadores y portavoces del PlanSareb ha denunciado, en declaraciones a Europa Press, que hay "un montón de activos inmobiliarios y pisos controlados por el Estado que están vacíos y se están malvendiendo a fondos buitre". "Lo está haciendo de forma expresa el Ministerio de Economía y el Gobierno", ha apostillado el portavoz.

Asimismo, ha indicado que han acudido a estas oficinas porque es "en el FROB donde están las personas que pueden decidir que esto cambie".

La presidenta del FROB, por su parte, se ha comprometido a mantener un encuentro "lo antes posible, antes del 8 de abril" con este colectivo, que espera que la propuesta vaya en serio y que se tome "cuanto antes" solución a este problema que va a servir no solo a las familias en amenaza de desahucio, sino a la política de vivienda en general.

Un Real Decreto promulgado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy durante lo peor de la anterior crisis financiera limita las remuneraciones de los directivos de las entidades financieras rescatadas:"Los administradores y los directivos de las entidades de crédito participadas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ajustarán las condiciones retributivas de sus administradores y directivos a las previstas en (...) este artículo y en la normativa que se dicte en desarrollo del mismo", reza el título cuarto del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. Pero no especifica qué ocurrirá en caso de una fusión como la acordada entre Caixabank y Bankia. Un vacío legal que permitirá a los cinco consejeros de Bankia que se sentarán en el consejo de administración del nuevo banco Caixabank romper el límite salarial que desde 2012 afectaba a la antigua caja madrileña rescatada.

El Real Decreto establecía una "retribución fija" para el presidente, consejero delegado y directivos de las "entidades participadas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria" (FROB) de 300.000 euros. Así, y sumando retribuciones variables, bonuses y demás remuneraciones existentes, el presidente de Bankia José Ignacio Goirigolzarri percibió 500.000 euros en 2018 y 606.000 euros en 2019, según informó en su momento la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El consejero delegado José Sevilla (al que la operación de absorción se ha llevado por delante y no se sentará junto a la cúpula del nuevo banco) percibió la misma cantidad en sendos ejercicios. 

Muy lejos sin embargo de los 3,76 millones de euros que recibió el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, al frente de la entidad que los engulle; el presidente, Jordi Gual (otro a los que la operación ha borrado del consejo de la nueva Caixabank), ganó 1,38 millones de euros. Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa y de Criteria Caixa (la cual controla la Fundación La Caixa, que a su vez es el principal accionista de Caixabank) cobró solo 800.000 euros.

El enfado de Fainé

La razón del tope salarial a Fainé fue que el Banco Central Europeo (BCE) impidió cobrar dividendos a las cajas rescatadas durante la primera pandemia del covid-19. Fainé, muñidor de la fusión, estalló por cobrar tan poco: "Para hacer obra social hay que ganar dinero.tan poco No estoy de acuerdo con esta política que ahora se ha puesto de moda de no pagar dividendos", dijo en junio, y añadió que "hay jubilados que necesitan los dividendos". 

¿Se triplicarán –o incluso multiplicarán por cinco– ahora el sueldo los cinco consejeros de Bankia, entre ellos Goirigolzarri? A todas las fuentes consultadas no les cabe la menor duda. El diario Cinco Días publicó el pasado 17 de septiembre que "la nueva CaixaBank pide al BCE eliminar los límites salariales de Bankia". infoLibre ha preguntado al supervisor europeo por su posición. "Como normal general", señala una portavoz en Fráncfort, "el BCE no hace comentarios sobre bancos individuales o sus operaciones. Las limitaciones en la política de remuneraciones en entidades de crédito que reciban apoyo financiero público vienen dadas por la ley nacional y no por una norma que el BCE aplique en todas las jurisdicciones. Es por eso que remitiría al Banco de España, la autoridad supervisora con más experiencia con las disposiciones de la ley nacional".

El Banco de España también ha contestado a este medio. "Las retribuciones de directivos y administradores de entidades de crédito que recibieron ayudas públicas no tienen un límite impuesto por el Banco de España, sino que están reguladas en el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero de saneamiento del sector financiero", indica un portavoz. Se refiere al ya mencionado Real Decreto del Ejecutivo de Rajoy, en un momento en que el sistema financiero español se tambaleaba.

Ni Banco de España ni BCE

El Real Decreto permite además eliminar los topes salariales "una vez producido el saneamiento de la entidad mediante el pago, amortización, rescate o enajenación de los títulos suscritos por el Fondo", algo que no se ha producido en absoluto ya que Bankia no ha devuelto aún alrededor de 24.000 millones de euros por su rescate. El texto sin embargo no dice qué ocurriría con las remuneraciones en caso de fusión o absorción, un espacio –cuentan fuentes del mundo financiero– que claramente van a aprovechar los nuevos consejeros para dispararse el sueldo. 

Es la primera vez, si nada lo impide en el primer trimestre de 2021, que se producirá una fusión con una entidad rescatada implicada en la operación. El solapamiento de altos cargos, empleados y oficinas provocará sonadas salidas (Gual, Sevilla), onerosas prejubilaciones que asumirá la empresa (según confirmó el Ministerio de Seguridad Social a este periódico la semana pasada) y el cierre de muchas sucursales bancarias. La Caixabank de 2021 tendrá que sortear muchos riesgos sistémicos e incluso posibles demandas de accionistas minoritarios de Bankia, que consideran que pierden con la fusión al percibir menos por sus acciones debido al badwill o fondo de comercio negativo existente.  

El llamado badwill o "fondo de comercio negativo", un concepto económico difuso y poco recurrido que aparece estos días en el proceso de absorción Bankia por parte de Caixabank, puede jugar a futuro una mala pasada al nuevo superbanco superbanco que verá la luz en el primer trimestre de 2021. El badwill se produce cuando una empresa o entidad (Caixabank) paga menos que el valor de mercado de la firma adquirida (Bankia), lo que se calcula restando los activos de los pasivos de la entidad absorbida. 

Que el badwill va a producirse en la operación de fusión o absorción más cacareada estos días es un hecho, y así lo ha reconocido abiertamente el viernes el consejero delegado de CaixaBank y futuro primer ejecutivo del grupo resultante, Gonzalo Cortázar. El problema es que solo se está abordando la existencia del fondo negativo de comercio como si se tratara de una inyección de solvencia contable para la nueva entidad y no a través de otro prisma: el cobro por parte del Estado (a través del FROB) y de los accionistas minoritarios de Bankia de menos cantidad por sus acciones que las que estipula el valor de mercado. 

Algo que empieza a inquietar a asociaciones de afectados y de pequeños accionistas, muy activos en los últimos años al estar muchos de ellos en el -actualmente en curso- Caso Bankia, que tiene que ver con las irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia en 2012, con Rodrigo Rato al frente. Y alguna asociación se está ya moviendo: según ha reconocido por ejemplo la asociación AEMEC (Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas) a infoLibre, van a estudiar cualquier tipo de acción en aras de defender a los accionistas. Otras vendrán detrás. 

Defender a los accionistas

Desde la Autoridad de Resolución Ejecutiva, más conocida como FROB -de carácter público- y accionista mayoritario del banco absorbido, rechazan comentar esta depreciación de las acciones, que en cualquier caso se pagarán mediante acciones de la entidad grande, Caixabank. "En este momento es cuando iniciamos el estudio de los términos propuestos por los gestores para ejercer el voto como accionista en la junta general", indican en el FROB. El FROB posee el 100% del Banco Financiero y de Ahorro (BFA), el cual posee a su vez el 64% de Bankia: esa es la participación del Estado hasta que se consume la absorción. 

Una fuente financiera apunta a los problemas a futuro que acarreará la fusión, sobre todo para los accionistas de Bankia: "Considerando la ingente inversión pública que se hizo hace ocho años y que no va a ser devuelta para rescatar Bankia, 24.000 millones de euros, y el valor de canje de las acciones de Caixabank para hacerse con las de Bankia, estamos hablando de una pérdida brutal de valor. Que asumirán los accionistas, por supuesto. Es un regalo para Caixabank, sobre todo a nivel contable". 

En este sentido se ha expresado Gortázar el viernes en Valencia. Tras señalar enigmáticamente que el badwill "no es ningún tesoro", el futuro primer ejecutivo de Caixabank ha reconocido que el fondo de comercio negativo "solamente tendrá un impacto contable".

"El FROB debería presionar"

Los consultados califican de "escándalo" el reconocimiento de ese badwill y creen que debería de igualarse el valor de las acciones con el de los activos absorbidos. "El FROB debería presionar, pero no tengo ninguna confianza en que lo haga viendo la dinámica que ha llevado a los respectivos consejos de administración a adoptar la decisión tan rápidamente", agregan.

A esto hay que sumar otro temor entre los expertos del sector, y es que tanto el valor en libros de Bankia y Caixabank (el valor teórico contable de ambas entidades) está muy por debajo del valor de mercado de ambas, a partir del cual se ha fraguado la operación. Las sospechas de que podría haber un desequilibrio patrimonial en la absorción han aflorado estos días. 

Bankia y CaixaBank son solventes, pero fusionadas lo serán todavía más; el Banco Central Europeo (BCE) alienta las fusiones; la operación generará un "valor adicional" y "miles de millones" de euros en sinergias; el marco actual de tipos de interés bajos impide producir "rentabilidad" y eso afecta a la concesión de créditos... Estas premisas se reproducen en medios de comunicación a través  de economistas y expertos. Los beneficios de la fusión son hegemónicos en las páginas de color salmón. Incluso los sindicatos mayoritarios defienden el maridaje.

Pero los expertos interrogados por infoLibre (fuentes del sector financiero, conocedores de los entresijos bancarios, economistas críticos) rechazan técnicamente uno por uno todos los argumentos anteriores para respaldar la fusión. Muchos de los consultados no coinciden con el concepto de banca pública promovido por Unidas Podemos y, sin embargo, tampoco compran los razonamientos -sino todo lo contrario- sobre los parabienes de juntar a las entidades cuyos cabezas visibles son José Ignacio Goirigolzarri e Isidro Fainé. 

La única coincidencia general es la del ahorro de costes: a estas alturas, una semana después del anuncio, nadie duda de que habrá miles de despidos y cierre masivo de oficinas que se solapen. 

"Tengo serias dudas sobre la salud de ambas entidades", dice un veterano operador en el sector financiero, que ha ocupado distintas y destacadas responsabilidades y por eso explica que rehúsa dar su nombre. "Dudo que la información que se maneja sea exacta. Porque en la ecuación de canje, cada una de las entidades aportará su precio según el valor de mercado; y el valor de mercado de Bankia o Caixabank es infinitamente inferior al valor en libros", alerta. "Esa diferencia ¿qué es? ¿Un desequilibrio patrimonial?".

Flexibilidad en la supervisión

Sobre el estado de salud de las dos escribió el 4 de septiembre el periodista Ernesto Ekaizer en Ara: "A 30 de junio pasado", el precio de las acciones en Bolsa CaixaBank suponían el 45,8 % de su valor téórico contable, el valor que figura en sus libros de contabilidad, mientras que en el caso de Bankia era de apenas un 23,1%". Según Ekaizer, "la rentabilidad del activo anual, clave para saber lo que le pasa al negocio de las entidades, era a 30 de junio del 0,05% en el caso de CaixaBank y del 0,1% para Bankia". 

Otra fuente del mercado, igualmentre desde el anonimato, define la jugada como "rescate a CaixaBank". "Caixabank debería de sanearse antes de absorber Bankia", continúa esta persona. "El agujero por la diferencia entre el valor patrimonial, unos 25.000 millones de euros, y el de libros, de 11.000 millones, es enorme con los datos auditados del primer semestre. Si no se corrige esto, sufrirían pérdidas los accionistas de Bankia, entre ellos por supuesto su máximo accionista, el Estado; la tormenta después arrastrará a los accionistas de la entidad catalana. Y volverán los problemas sistémicos", el mantra del too big too fail tan cacareado la pasada crisis.

Al utilizarse el valor de mercado de las acciones de CaixaBank como instrumento de liquidación de Bankia, se pondrá en evidencia el deterioro de la entidad catalana, coinciden las fuentes.

Las cuentas semestrales presentadas por las entidades el citado 30 de junio se produjeron, además, en un contexto de relajación de la supervisión y de una gran flexibilidad concedida por supervisores como el BCE o el Banco de España debido a la pandemia del Covid-19.

Valor patrimonial y valor en libros

Así lo reconoce, por ejemplo, una nota de Bankia entregada durante la presentación. "A fin de aportar la mayor certidumbre posible en esta coyuntura sin precedentes, las autoridades competentes [y cita al BCE, al Banco de España y a otros órganos como la Autoridad Bancaria Europea, la ESMA o la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad] han recordado a través de diversos pronunciamientos el margen de flexibilidad que otorga el marco regulatorio en vigor", recordaba Bankia el 30 de junio. 

Una persona bien informada de la situación de Sareb aporta más problemas a la fusión, en este caso para Bankia. "Bankia cedió muchos activos a Sareb. La cartera más grande que tiene el banco malo es de la entidad madrileña", explica. "El precio que pagó Sareb por los activos de Bankia fue injustificadamente alto, como por el resto de activos tóxicos de otras cajas y bancos, un sobreprecio por el que sufren hoy las cuentas de la sociedad. Así que lo que va a pasar es que Sareb va a tener muy difícil devolver ese dinero y se lo va a acabar comiendo el Estado". 

La cuestión de las ayudas públicas también planea sobre la operación. CaixaBank recibió cuantiosas inyecciones tras absorber Banca Cívica y posteriormente el Banco de Valencia, por no hablar de los más de 22.000 millones de euros inyectados en Bankia en lo peor de la crisis (2012), de los que no se han devuelto ni un euro. "Esos más de 20.000 millones de euros del rescate a Bankia no devueltos a los ciudadanos son un problema no ya económico sino moral en tiempos de pandemia", lamenta el economista Juan Laborda, profesor de Economía en el IEB o en la Carlos III.

Bankia vale tres veces menos

Otro foco de conflicto: la transparencia y la supervisión. Esto opina una fuente del mercado: "La banca antes de la pandemia ya tenía problemas no transparentados. Con la pandemia, los supervisores de todos los países van a conceder flexibilidad para no cumplir con los indicadores de capital. Sufrirá más la transparencia. ¿Cuando termine la pandemia habrá supervisores que den marcha atrás y vuelvan a ser rigurosos con un banco de esa magnitud?". El interpelado cree que, "puesto que es innegable que la fusión tendrá el plácet de las autoridades", difícilmente "se meterá en vereda" a la nueva entidad. "Y eso afectará a los demás bancos".

La generación de sinergias ha sido asimismo rebatida en algún post. Como el del doctor en Economía por la Universidad Complutense, Juan Ruiz, en Ctxt: "Se realiza la operación cuando las acciones han perdido hasta tres veces su valor, aunque desde los medios estos días se destaque la fuerte subida de las acciones de Bankia, un 30% desde que se dio a conocer la fusión". Este economista recuerda que en el programa del PSOE para 2016 se decía que las acciones de Bankia no se iban a malvender. Entonces valían mucho más que hoy. 

El papel del BCE

El último punto rebatido por los especialistas consultados es el de que la fusión viene alentada por el BCE. "El supervisor europeo alienta las fusiones entre bancos de distintos países, no operaciones nacionales. Eso lo sabe todo el mundo en el sector", asegura uno. "El BCE habla constantemente de mecanismos de resolución transfronteriza, de bancos que operen en distintos países para fortalecer la moneda única". Esta fuente apunta al discurso de la presidenta del organismo, Christine Lagarde, el pasado jueves 10 de septiembre. 

"El sistema genera una continua inestabilidad financiera que pone de manifiesto un puzzle del que los economistas ortodoxos no saben salir", concluye Juan Laborda. "Hemos optado por el modelo japonés: generar capital para hacer frente al balance contaminado durante la recuperación económica, algo que no vale para los tiempos del Covid-19. Yo opto más por el modelo sueco: se rescata el banco a costa de acreedores, se sacan los activos a precio de mercado y, si se puede, se hace una quita a los clientes del banco con hipotecas sobre activos sobrevalorados".

Caixabank y Bankia pasarán el otoño estudiando cómo fundir sus negocios en un nuevo banco que se anuncia ya como el primero de España por volumen de activos, 665.000 millones de euros, por delante del que poseen, en territorio nacional, Santander y BBVA. La entidad resultante de la operación sumará unos 21 millones de clientes y una cuota de mercado del 28%. Éste es, en realidad, el segundo intento de unir ambas entidades, tras fracasar el breve que abrieron en 2012 Rodrigo Rato e Isidro Fainé. También es una de las opciones que acariciaba el sector, donde desde hace meses se suceden los rumores sobre posibles novios para Bankia y sobre conatos de fusión entre entidades menores, como Liberbank y Unicaja. “Los números llevan hechos mucho tiempo”, recuerda José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, “pero el mercado ha cambiado y ahora habrá que hacer otros”.

En efecto, aun superada la crisis financiera, el panorama dista de ser halagüeño. A los tipos de interés en mínimos históricos, el euríbor en negativo, las bajísimas rentabilidades del negocio bancario y el desplome de las entidades financieras en las bolsas, se les acaba de unir la crisis del covid-19. El contexto empuja a los bancos a ganar tamaño y el BCE no ha cesado de presionar sin descanso en esa dirección. De momento, el Ministerio de Economía, que debe aprobar la operación, se ha limitado a recordar que su prioridad, en relación con Bankia, es “proteger el interés general de los ciudadanos españoles, maximizar el valor de la participación pública y reforzar la estabilidad financiera del país”. Porque el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) posee el 61,8% de las acciones de Bankia, que fue rescatada en 2012 con 24.069 millones de euros. Un dinero público del que sólo se han recuperado, ocho años después, 3.303 millones: 2.122 millones procedieron de dos ventas de acciones, en febrero de 2014 –un 7,5%, que reportó 1.304 millones de euros– y en diciembre de 2017 –un 7%, 818,3 millones–, los 1.181 millones restantes corresponden a los dividendos pagados al FROB desde 2015 hasta 2019.

El Banco de España, que revisa cada fin de año las cuentas del rescate financiero, calcula en Bankia como “recuperables” 9.560 millones de euros, una cantidad que ha ido rebajando cada año, a la vista de cómo iba cayendo el valor de la entidad en Bolsa. Ése es el importe en que cifra el 61,8% del FROB en Bankia. Desde que fue rescatada, sus acciones han pasado de 132,7 euros a costar poco más de un euro. Sólo desde 2016 ha perdido un 63,22% de su valor en Bolsa. Este viernes, y tras subir sus títulos casi un 30% por efecto del anuncio de fusión, la capitalización bursátil de la entidad que dirige José Ignacio Goirigolzarri era de sólo 4.113 millones de euros. La de Caixabank, 12.094 millones. Sumadas ambas, superan en muy poco el volumen de dinero del rescate a Bankia que, según el Banco de España, jamás se recuperará: 14.509 millones de euros.

“No es un rescate, es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca”, aseguró en junio de 2012 el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados. Un mes más tarde fue su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien insistió en que el objetivo del rescate era que no costase “ni un euro al contribuyente”.

El FROB debe vender cuanto antes

“Recuperar el dinero del rescate va a ser muy complicado”, explica García Montalvo, “y es el mercado el que va a marcar la capacidad que tienen de hacer un tipo de operación u otra”. Para recobrar lo que inyectó, el FROB deberá vender su participación en el futuro banco, que quedará diluida probablemente hasta un 14%. De forma que la mayor o menor recuperación del dinero público “no depende de cómo se haga la fusión, sino de cómo vaya el sector”, aclara el catedrático de la Pompeu Fabrea. Y el sector lleva de capa caída demasiado tiempo, con un futuro que tampoco se antoja mucho mejor. A su juicio, el objetivo es “minimizar en lo posible la pérdida, no maximizar el importe de la recuperación”. Teniendo en cuenta la devaluación bursátil de la entidad, la estrategia para recobrar el rescate es precisamente la fusión, apunta García Montalvo.

Para Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada, la fusión “sólo tiene sentido si el FROB sale del capital de Bankia”. Además, cree que debe hacerlo cuanto antes. “Esperar no es la solución”, asegura. “¿Cuántos años más pueden esperar?”, se pregunta, después de una primera venta en 2014 y una segunda que se demoró tres años y por la que se ingresó casi la mitad. “No hay forma de acertar cuál es el momento adecuado para vender”, corrobora José García Montalvo. De hecho, recuerda, no se han repetido las ventas desde 2017 ante el temor a malvender las participaciones en un mercado que no cree en los bancos. Ese año, el ministro de Economía, Luis de Guindos, urgía a privatizar Bankia “lo antes posible”. Un “lo antes posible” que nunca llegó.

Tampoco ven Carbó y García Montalvo que mantenerse en el capital del futuro banco y recuperar el rescate a través de los dividendos que perciba el FROB como accionista sea una opción. “Sin duda, con la fusión habrá una ganancia, en sinergias y en rentabilidad”, apunta el catedrático de la Pompeu Fabra, pero no será suficiente para devolver tanto dinero en un plazo razonable.

Caída de beneficios

La operación, por tanto, mejorará el valor de Bankia, pero al tratarse de una “situación forzada, primada por los reguladores”, García Montalvo descarta que se pague una prima por acción, o ésta será “muy pequeña”. En todo caso, ve muy difícil que se acuda a una ampliación de capital, “una operación arriesgada” considerando que los inversores no tienen a los bancos entre sus favoritos.

El covid-19, además, ha contribuido aún más si cabe a la debilidad bancaria. Todas las entidades han tenido que recortar sus beneficios apuntando cuantiosas provisiones para hacer frente a las incertidumbres que ha traído aparejadas la pandemia. Así, en los primeros seis meses del año, el beneficio de Bankia ha caído un 64,4% respecto al mismo periodo de 2019: ha ganado 142 millones de euros tras haber provisionado otros 310 millones. Las ganancias de Caixabank han menguado un 67% hasta junio, por lo que su resultado se ha quedado en 205 millones de euros. Sus provisiones anti-Covid se elevan a 1.155 millones.

Así que crecer se presenta como la única solución para aumentar la eficiencia e intentar escapar a las flaquezas descritas. De culminar con éxito las negociaciones, el banco resultante sumará 350.000 millones en créditos y 363.000 millones en depósitos. Tendrá 43.000 trabajadores repartidos en 6.279 oficinas. Carbó cree que Bankia y Caixabank “encajan my bien geográficamente” y comparten un perfil de negocio similar, familias y pymes, al proceder ambas entidades de cajas de ahorro. Ni él ni García Montalvo temen que el nacimiento de un nuevo gigante vaya a perturbar demasiado a las dos principales entidades financieras españolas, Santander y BBVA, que ya llevan tiempo apoyándose en su negocio internacional. Curiosamente, el nuevo banco líder del mercado nacional estará formado por dos antiguas cajas de ahorro. Y puede dar ahora el primer paso para abrirse al extranjero. “Tamaño tendrá [para hacerlo] y Caixabank ya está en Portugal [compró BPI en 2018]”, apunta Santiago Carbó.

Más fusiones y miles de despidos

Que la operación sea, además, la mecha que encienda nuevas fusiones bancarias, está por ver, dudan los dos expertos consultados. La de Bankia ya estaba “cantada”, replica García Montalvo. La de Liberbank lleva algún tiempo en barbecho, tras el fracaso de la operación con Unicaja y la huida de Abanca hace sólo unos meses. Tanto el BCE, a través de su vicepresidente, Luis de Guindos, como el Banco de España y la misma patronal bancaria han sustentado los continuados rumores sobre posibles fusiones con sus declaraciones animando la acción. El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, llegó a hablar de “caldo de cultivo” propicio en España para unir entidades. La Bolsa, al menos de momento, parece también dispuesta a apostar por las fusiones bancarias, a tenor del empujón que recibieron este viernes todas las cotizadas del sector nada más conocerse la noticia e Bankia y Caixabank.

Más preocupados se han quedado los trabajadores de ambas entidades, que aventuran nuevos cierres de oficinas y despidos. Los sindicatos lo han dado por hecho cuando han pedido medidas “acordadas y no traumáticas”. Un informe de Barclays ya ha calculado que el recorte afectará a 4.995 trabajadores y que el coste de la reducción de plantilla ascenderá a 1.099 millones de euros, 220.000 euros por persona, pero redundará en un ahorro en costes laborales de 481 millones. De las 6.279 sucursales con que cuentan ambos bancos, se solapan, dice Barclays, 1.411. Caixabank ha ejecutado tres ERE desde 2013, por los que han dejado la entidad más de 5.300 empleados. En Bankia, el rescate vino acompañado de un ERE que finalmente superó los 4.200 despidos inicialmente previstos y tuvo un largo recorrido en los tribunales por las demandas de los trabajadores. El cierre de oficinas, en un goteo sin pausa durante la última década, es una tendencia imparable. “El sector no tiene futuro con esa cantidad estratosférica de sucursales que tiene en España”, destaca José García Montalvo.

Lo que ambos catedráticos desechan es que la fusión vaya a ser una amenaza para la competencia. “En otros países, la concentración es aún mayor”, opone Carbó. Para García Montalvo, la competencia ahora es “digital”, no sucursal a sucursal, y cada vez mayor “en medios de pago y en gestión de activos, con neobancos y nuevos actores tecnológicos que ya dan créditos al consumo e incluso hipotecas”, detalla.

El precedente de Abanca

Contentos los reguladores, el Ministerio de Economía, los mercados y los expertos, y ni siquiera especialmente nerviosos los sindicatos, sólo Unidas Podemos ha mostrado sus reparos a la fusión. Exceso de concentración, pérdida de empleos, privatización del banco y dilapidación del rescate público han sido sus objeciones. Tampoco ha sido bien recibida por las asociaciones de consumidores y usuarios de banca, que recuerdan el gran número de litigios que acumulan Bankia y Caixabank por vender productos financieros con cláusulas abusivas y resaltan que son las entidades que mantienen el mayor número de hipotecas referenciadas al IRPH.

Si la fusión llega a hacerse realidad, también habrá que observar si se repite la trayectoria de otra entidad salvada por el rescate, Abanca. De los 9.404 millones de euros que le inyectó el Estado, sólo se han recuperado 783 millones, de acuerdo con el último recuento del Banco de España. La entidad, resultado de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, fue vendida por 1.003 millones de euros al banquero venezolano Juan Carlos Escotet en 2013. Desde entonces ha sumado casi 3.556 millones de euros en beneficios y no ha dejado de repartir dividendos millonarios todos los años. El Banco de España dice que el contribuyente, en cambio, jamás recuperará 8.621 millones de aquel rescate que, sostenía el Gobierno de entonces, no le iba a costar ni un euro.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha reconocido que sus actividades de reestructuración y otras ordinarias han derivado en un impacto patrimonial negativo que ha alcanzado los 45.640 millones de euros. Mientras, el total de fondos inyectados en el sector bancario ha ascendido a 58.685 millones de euros, el 4,86% del Producto Interior Bruto (PIB), según consta en el informe 10 años del FROB 2009-2019 publicado este viernes y consultado por Europa Press.

Hasta el momento, el FROB ha recuperado 5.917 millones de euros, que han correspondido a las devoluciones de entidades como Banca Cívica (1.142 millones de euros), CajaSur (803 millones de euros) o BFA-Bankia (346 millones de euros).

A 30 de junio de 2019, el FROB mantenía una participación directa en BFA del 100% e indirecta en Bankia a través de BFA del 61,77%. Por esta posición, junto a la de Sareb, estima que podrían recuperarse 9.729 millones de euros. No obstante, precisa que las ayudas definitivamente recuperadas dependerán de la evolución y desinversión final en las participadas.

En una carta incluida en el documento de más de 200 páginas, el presidente del FROB, Jaime Ponce, ha asegurado que el balance de la actuación del organismo arroja un "buen servicio" al interés general, tanto en su gestión de la crisis como en su rol de encargado de intervenir en situaciones de riesgo para la inestabilidad financiera.

Ponce ha subrayado la necesidad de seguir trabajando para construir un futuro mejor a pesar a pesar de que "ya ha sido mucho lo vivido y aprendido", y de haberse encontrado con dificultades por el camino. Además, ha puesto de manifiesto la "gravedad" de los efectos de la crisis bancaria sobre el conjunto de la sociedad y ha remarcado lo "esencial" de contar con mejores instituciones para afrontar periodos de estabilidad financiera como el acontecido hace ya una década. "El FROB no ha dejado de actuar, aprender y crecer como institución pública encargada de intervenir en situaciones de riesgo para la estabilidad financiera y, por tanto, para el bienestar de todos los ciudadanos", ha señalado.

Para Ponce, la pasada crisis será recordada por ser una depresión económica e inestabilidad financiera "sin precedentes" desde la guerra civil. La institución que preside fue creada como respuesta pública a ese desafío mediante la intervención del Estado en el sector bancario. Una década después, el presidente del FROB ha subrayado el "comprometido" trabajo de todos los miembros de la Comisión Rectora, así como al resto de empleados y colaboradores, a los que ha enviado un "sincero reconocimiento".

La reacción española a la crisis de sus bancos

De este modo, el FROB ha decidido ahora recopilar en un documento la sucesión de medidas, normas y actuaciones que le han definido. "Refleja una parte crucial de la reacción española a la crisis de su sector bancario", ha apostillado. El presidente del organismo de resolución ha subrayado la importancia que tiene este texto como registro de lo acontecido, de forma que opere como pieza para favorecer la memoria colectiva sobre los hechos antes de que el tiempo comience a desdibujarlos.

El informe se ordena en tres grandes bloques que abordan, en primer lugar, la evolución del papel del FROB en la crisis bancaria, contextualizando toda su actividad. Así, presenta la secuencia de circunstancias económicas y financieras y las reformas legales e institucionales que dieron forma a la intervención en el sector bancario a lo largo de los diferentes periodos.

El segundo bloque, trata las actuaciones del FROB entidad a entidad, recogiendo detalladamente cada una de las decisiones tomadas por banco intervenido. El último bloque sintetiza cuantitativamente el impacto económico. Es un compendio tanto de las cifras de ayudas públicas empleadas, como del origen y aplicación de los recursos.

El FROB se creó a mediados de 2009 y fue dotado inicialmente con 9.000 millones de euros con recursos tanto públicos, 6.750 millones de euros aportados por los Presupuestos Generales del Estado, como de los fondos de garantía de depósitos (FGD), que pusieron 2.250 millones de euros.

En un principio se le atribuyeron dos únicas funciones: el apoyo a ciertos procesos de integración y, excepcionalmente, la reestructuración de entidades cuya viabilidad estuviera en peligro. De hecho, las medidas en España inicialmente se centraron en atajar problemas de liquidez y fueron similares a las adoptadas en otros países de Unión Europea (UE). Si bien, a medida que la crisis se fue prolongando e intensificando, el nivel de activos dudosos creció significativamente y el foco de atención giró hacia la solvencia. Esta situación significaba que algunas entidades podrían ver su viabilidad comprometida a corto o medio plazo y que, de no gestionarse ordenadamente, podrían comprometer al conjunto del sector y de la economía española.

Bankia busca desvincularse totalmente de la época en que la entidad era administrada por Rodrigo Rato al asegurar haber llevado a cabo una "absoluta ruptura" con la gestión desarrollada en aquel periodo. Al tiempo, pide ampararse en una ley que exime al Estado y a otros organismos públicos, entre ellos el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), de la responsabilidad criminal.

Así lo recoge el banco en su escrito de conclusiones definitivas, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido remitido a la Audiencia Nacional en el marco del juicio por su salida a Bolsa en julio de 2011. Aunque la Fiscalía Anticorrupción pidió la semana pasada la absolución penal tanto de Bankia como de su matriz (BFA), responsabilidad que mantenía desde que se iniciara el proceso, las acusaciones ADICAE y Raúl Roberto Cachero Mila y otros la mantienen imputándoles un delito de estafa.

No obstante, el Ministerio Público sí que considera que Bankia y su matriz son responsables civiles subsidiarias en caso de que algunos de los acusados (Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Ildefonso Sánchez Barcoj y Francisco Celma) no afronten la indemnización de los minoristas personados.

En el documento, Bankia asegura que la entidad resultante del proceso de reestructuración "no tiene nada que ver con la antigua, ni con su patrimonio, ni sus administradores, hasta tal punto de que se puede hablar de una auténtica refundación en términos patrimoniales y corporativos en el sentido de que se ha producido una absoluta ruptura con la antigua entidad".

Refundación

En este sentido, hace referencia al cambio de gobierno corporativo que se produjo en mayo de 2012 con la llegada del equipo de José Ignacio Goirigolzarri, todavía presidente de la entidad, nombrándose a un consejo de administración completamente distinto al que había promovido la salida a Bolsa.

"Se produjo la salida de todos los consejeros que había en el Grupo, muchos de ellos componentes de los antiguos órganos de administración de las cajas que dieron lugar al Sistema Institucional de Protección (SIP), y la entrada de profesionales de larga trayectoria y experiencia", precisa la entidad. También recalca que no forma parte del nuevo consejo ninguno de los acusados en este procedimiento.

Además, señala que la toma de control por parte del FROB del grupo BFA/Bankia supuso no solo un cambio de accionariado, sino también un saneamiento integral de su patrimonio. "El capital social de la antigua entidad fue extinguido, haciendo desaparecer todos sus patrimonios negativos cifrados en -4.148 millones de euros en el caso de Bankia y -10.444 millones de euros en el de BFA.

El patrimonio de Bankia, en la medida en que en el momento en el que se produce la inyección de capital público era manifiestamente negativo, es "totalmente nuevo" y distinto del patrimonio preexistente en las cajas y "goza de una protección reforzada".

Intervención del FROB

Así, Bankia remarca que es propiedad de un organismo público (el FROB) desde mayo de 2012, con independencia de que esté sujeto a la legislación especial de reestructuración de entidades de crédito, por lo que solicita que esta circunstancia se tenga en cuenta a la hora de aplicar el Código Penal de 2010.

"La Bankia resultante tras la intervención del FROB ha de ser considerada exenta de responsabilidad penal. Esta conclusión es compartida y reconocida expresamente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el informe de su Grupo de Trabajo de 2012 y es aceptada sin discusión por la Fiscalía General del Estado en cuya Circular 1/2016 alude específicamente a la exención de responsabilidad de las empresas intervenidas por el FROB entre 2010 y 2015", señala en el escrito.

Sin embargo, reconoce la reforma que en 2015 buscaba extender la posibilidad de condena penal a las empresas de titularidad de organismos públicos y, en tal sentido, también haría posible que se extendiese a las intervenidas o participadas por el FROB, pero remarca que "un dato fundamental que nadie puede obviar" es la fecha. A 31 de diciembre de 2016 Bankia era propiedad de BFA en un 65,904% del capital. A su vez, BFA es 100% propiedad de un organismo público (el FROB).

En suma, dice que, pese a ostentar la condición de acusada, ha colaborado con "total transparencia y lealtad" procesal en la investigación judicial y ha cumplido "fiel y puntualmente" con todos los requerimientos de información efectuados por el Juzgado.

También se defiende de la responsabilidad civil

Al mismo tiempo, y al hilo de que considera que carece de responsabilidad penal alguna, cree que no procede imponer responsabilidad civil, aunque ésta fuera de carácter subsidiario. "La eventual responsabilidad civil ya se habría consumido, pues Bankia ofreció un programa de devolución de la inversión al que pudieron acogerse todos los inversores minoristas que adquirieron sus acciones en la oferta pública de suscripción de acciones (OPS)", señala, a lo que añade que durante estos últimos meses en los que se ha celebrado el juicio oral, ha seguido indemnizando a quienes lo han solicitado por medio de cauces extrajudiciales.

Por tanto, asegura que un inversor minorista no tiene un interés legítimo en acudir a la jurisdicción -civil o penal- para obtener una indemnización de perjuicios cuya compensación ya ha ofrecido la propia Bankia, por lo que el resarcimiento ya se ha producido.

Perjudicados ya indemnizados o sin derecho a serlo

Bankia recuerda que instituyó el 18 de febrero de 2016 un proceso de devolución de la inversión por su salida a Bolsa a los accionistas minoristas que invirtieron en la OPS de julio de 2011. "Mediante este proceso, un elevadísimo porcentaje de los accionistas minoristas que invirtieron en la OPS fue resarcido. Por tanto, a día de hoy, la responsabilidad civil se encuentra casi totalmente satisfecha", asevera.

Del mismo modo, subraya que ha realizado un "exhaustivo" análisis de las pretensiones indemnizatorias de las acusaciones particulares que finalmente han presentado escrito de conclusiones definitivas, con el que ha detectado que "un elevado porcentaje de presuntos perjudicados que lo solicitan ya han sido previamente resarcidos por Bankia o, en su caso, no reúnen los requisitos establecidos porque no pertenecen al tramo minorista o porque no adquirieron las acciones durante la OPS.

"Supervisión más intensa de lo corriente"

En el escrito, Bankia apunta directamente al Banco de España. Todas las personas de este organismo, desde el entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, hasta los inspectores que realizaban seguimientos permanentes e in situ en la entidad, se libraron durante la fase de instrucción de ser acusados.

No obstante, el banco señala que la salida a Bolsa fue "continua y estrechamente" supervisada por el banco de España. De hecho, asegura que la supervisión fue "más intensa de lo normal" por el período en el que se encontraban y concretamente la de BFA/Bankia más "intensa de lo corriente" debido a su peso dentro de los procesos de reestructuración.

"En todo momento, el Banco de España tuvo un conocimiento profundo de lo que acontecía a la entidad, de las operaciones realizadas y de las decisiones tomadas, y el grupo sometió toda su actuación al cumplimiento de la normativa de ordenación y disciplina exigida", apostilla, indicando que el debut bursátil es imposible que hubiera tenido lugar con la oposición del supervisor.

Del mismo modo hace referencia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo que podría haber impedido la salida a Bolsa, si bien consideró que la información suministrada, además de que respondía a la fidelidad, era "adecuada y suficiente".

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como el banco malo, fue creada en 2012 para digerir el ladrillo tóxico que atoraba los balances de los bancos nacionalizados e intervenidos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Participado en un 45% por el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) –otra criatura de la crisis financiera–, y por bancos, aseguradoras y la eléctrica Iberdrola en el 55% restante, tiene como mandato dar salida en el mercado en un plazo que acaba en 2027 a los 200.000 activos, entre inmuebles y préstamos, que adquirió por 50.781 millones de euros. En los seis años que lleva en funcionamiento, el banco malo ha vendido el 32,6% de su cartera tóxica. Pero acumula unas pérdidas de 2.193 millones de euros.

Una cantidad que equivale casi exactamente a la aportación realizada por el FROB al capital de la Sareb, 2.192 millones de euros, cuyas posibilidades de recuperación el presidente del primero, Jaime Ponce, considera “escasas”, según escribió en un artículo publicado en el último número de la Revista de Estabilidad Financiera del Banco de España.

Pese a que son unos números rojos considerables, lo cierto es que podrían ser incluso más abultados. Porque en su corta vida las cuentas de la Sareb ya han sufrido dos reformulaciones, en 2015 y 2016. Tras la primera, las pérdidas de 2013 alcanzaban 1.609 millones de euros y las de 2014, 804 millones. Un total de 2.413 millones de euros.

Después de la última, en aplicación del Real Decreto-ley de Medidas Urgentes en Materia Financiera, de diciembre de 2016, las pérdidas en 2013 quedaron reducidas a 47 millones y el resultado pasó incluso a ser positivo en 2014: unos beneficios de 67 millones.

Pero, aun con los nuevos criterios contables, el banco malo no ha hecho más que aumentar sus números rojos desde entonces. Ha pasado de perder 102 millones de euros en 2015 a cerrar con 878 millones negativos en 2018. Es decir, ha multiplicado sus pérdidas por 8,5 en cuatro ejercicios.

Patrimonio neto negativo

La reformulación también afectó a la manera de calcular su patrimonio neto. Gracias a los cambios dispuestos en el decreto antes citado, el banco malo ha dejado de computar en el patrimonio neto las pérdidas latentes que le ocasionó una operación con derivados realizada en 2013 –1.221,2 millones para cobertura de tipos de interés– y las correcciones por el deterioro de sus activos financieros –5.091 millones–. De forma que lleva desde 2016 en cifras positivas: 2.619 millones ese ejercicio, 2.055 millones en 2017 y 1.177 millones en 2018. Pero, si no se realizara esa maniobra contable, el patrimonio neto negativo de la Sareb alcanzaría la nada despreciable cifra de 5.136 millones de euros. De hecho, en 2015 ya tuvo que convertir en capital 2.171 millones de euros de deuda subordinada para evitar su disolución, obligada cuando el patrimonio neto de una empresa es inferior a la mitad de su capital social, como ocurría con el banco malo entonces.

José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, asegura que las peculiaridades de los bancos malos, “unos instrumentos diseñados muy ad hoc”, explican que se hagan ese tipo de ajustes. Y aclara que otros cambios, como los de las tasaciones de los activos a los que le obligó el Banco de España en una circular de 2015, propinó a la Sareb “un golpe tremendo” disparando sus pérdidas. El banco malo compró los inmuebles y los préstamos con un descuento medio del 63%. “La compra se llevó a cabo muy rápidamente, el último día del año, fue todo un poco caótico”, lamenta García Montalvo. Aun así, un portavoz de la Sareb reconoce que los activos “fueron adquiridos por encima de su precio real”. Tras el cambio de criterio del Banco de España, el banco malo tuvo que hacer provisiones por importe de 2.400 millones de euros en 2015: mientras acumulaba plusvalías en inmuebles, las minusvalías en préstamos ascendían a 3.012 millones de euros.

Jaime Ponce, presidente del FROB, el principal accionista del banco malo, advirtió hace unos días en la Universidad Menéndez Pelayo de que el plazo de 15 años dado a la Sareb para sanear todo el ladrillo tóxico adquirido bien puede ampliarse, pese a que el decreto que la creó no prevé una prórroga, informa Europa Press. Pero descartó que el banco malo necesite una inyección de capital público a corto plazo. En el mismo sentido se ha pronunciado un portavoz de la Sareb a preguntas de infoLibre.

Una cartera de difícil venta

García Montalvo considera que el patrimonio negativo de la Sareb “no tiene relevancia crítica”. Pero también deja claro que las pérdidas del banco malo las pagarán, al final, los contribuyentes. “Lo ideal sería venderlo todo y a buen precio, naturalmente”, explica, “pero la experiencia de otros bancos malos en otros países tampoco es muy positiva”. Los accionistas privados “ya han perdido todo lo que pusieron”, destaca además el catedrático de la Pompeu Fabra, “pero sabían que lo iban a perder desde el principio, por eso el BBVA, por ejemplo, no quiso entrar”. Entonces el dilema consistía en dejar quebrar a las entidades financieras o en imputar el coste al contribuyente: “Había que elegir entre lo malo y lo peor”. Y, a su juicio, dejar quebrar a los bancos no era la mejor alternativa.

Además, la cartera de préstamos e inmuebles de la Sareb es complicada de vender, resalta. “Está por debajo de la media: segundas residencias, viviendas en arrabales de ciudades pequeñas y medianas, lugares con poca demanda...”. Lo refrenda el portavoz del banco malo: “No tienen un potencial de revalorización evidente”.

En su artículo de la revista del Banco de España, Jaime Ponce reconoce también que la Sareb no lo tiene fácil debido a los “riesgos muy significativos del mercado inmobiliario, del ritmo de desinversión y de la capacidad de absorción de sus activos”, teniendo en cuenta “un contexto de gastos financieros y de estructura muy elevados”. Por eso considera que el Estado no recuperará el dinero invertido en su puesta en marcha.

En cualquier caso, García Montalvo cree que hay múltiples fórmulas para restructurar y absorber las pérdidas del banco malobanco malo, teniendo en cuenta que ahora el coste de financiación es muy bajo por los tipos de interés en caída histórica. “Mientras la operación no se compute como deuda, no es un problema”. En su opinión, no sería lo “deseable”, pero sí “lógico” que se prorrogase el mandato inicial de 15 años para vender todo ese ladrillo tóxico de tan difícil digestión, aunque para ello habría que cambiar los bonos que soportan el pasivo de la Sareb, apunta. Para el banco malo, continúa, la solución es “más política que técnica”.

Fuera préstamos, mejor inmuebles

Al presentar las cuentas del último ejercicio, el presidente de la Sareb, Jaime Echegoyen, atribuyó el fuerte aumento de las pérdidas, un 55% respecto a 2017, a la reducción de las operaciones institucionales y a los “brutales” descuentos con que se colocan los préstamos debido a la elevada competencia, así como a un margen de maniobra que “comparado con la banca es prácticamente cero”. Así que el banco malo se niega a entrar en esa guerra de rebajas y ha decidido dedicar sus esfuerzos a transformar los préstamos en inmuebles, más fáciles de vender. El plan es impulsar la gestión especializada de activos singulares y, sobre todo, convertir préstamos en inmuebles por importe de 1.800 millones de euros este año y por 3.000 millones en 2020. En 2018 transformó préstamos al promotor por valor de 1.400 millones en inmuebles.

Para colocar esos productos especiales la Sareb ya ha creado varios Fondos de Activos Bancarios (FAB), un instrumento financiero que tributa sólo al 1% y está destinado sólo a clientes institucionales. El último se llama Árqura Homes y con él pretende vender 17.095 viviendas nuevas repartidas en 15 comunidades autónomas, con una inversión de 2.238 millones de euros. En esta nueva promotora se ha asociado con el fondo estadounidense Värde, que se ha hecho con el 10% del capital. La inmobiliaria Aelca, propiedad de Värde, será la encargada de la comercialización de los pisos. La idea de la Sareb es repetir el modelo para otro tipo de inmuebles como centros comerciales, oficinas u hoteles. Además, a través de Haya Real State, uno de sus cuatro proveedores externos –junto con Altamira, Servihabitat y Solvia– acaba de lanzar una campaña para vender 844.000 metros cuadrados repartidos en 380 suelos, de los cuales 55 son de uso industrial.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado al ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra a 4 años de cárcel por una serie de operaciones inmobiliarias que causaron un perjuicio de 198 millones de euros a la entidad, si bien la responsabilidad civil por la que deberá responder de forma solidaria con otro de los condenados se ha quedado en 168 millones de euros, el daño que inicialmente se estimó.

En concreto, la Sala condena a Parra por administración desleal y como cómplice, impone una pena de seis meses de prisión al que fuera director de las Empresas Participadas Alfonso Monferrer. Ambos deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a Caixabank por más de 168 millones de euros, la cantidad máxima reclamada. Asimismo, condena en calidad de cómplices a cuatro meses de cárcel al administrador de Salvador Vila S.L, Salvador Vila y al administrador de Urbanas de Levante SL y ex presidente del Valencia Club de Fútbol, Juan Bautista Soler. El primero deberá indemnizar en 119 millones de euros y el segundo, por importe de 130 millones, con responsabilidad subsidiaria de las dos empresas mencionadas más Nou Litoral.

Los cuatro, no obstante, han sido absueltos del delito de apropiación indebida del que les acusaban Fiscalía y la acusación ejercida por la SAREB. Los magistrados absuelven además a tres de los acusados, Carlos Pascual de Miguel, Fernando Polaco Huidobro y Teresa Villalba del delito continuado de administración desleal y blanqueo de capitales que les imputaba Fiscalía. Se trata de las operaciones inmobiliarias en Alicante y Valencia realizadas por la entidad que comandaba Parra con Nou Litoral, Valenciana de Viviendas 2010 SL y Faverch Desarrollos S.L, que ocasionaron perjuicios por importe de 90,4; 77,8; y 29,8 millones de euros en cada uno de los casos.

Para el tribunal, estos negocios fueron ejecutados por Parra "sin seguir los protocolos de Banco de Valencia establecidos en su Manual de Procedimientos aprobado a tal efecto y sin seguir las recomendaciones que anteriormente había hecho el Banco de España para la realización de operaciones de riesgo, no analizando debidamente y con un mínimo de rigor dichas operaciones". Concluye que no se evaluó de forma diligente el riesgo que se derivaba para el banco en estos negocios, no se hizo el preceptivo estudio de la capacidad de reembolso de las personas físicas y jurídicas involucradas ni su solvencia, y tampoco se exigieron así, garantías suficientes de que saldarían sus deudas con la entidad.

"El acusado aprobó las operaciones mencionadas anteriormente y las empresas pudieron disponer de los fondos dinerarios con fecha anterior a que tales operaciones fueran aprobadas por los órganos rectores correspondientes del Banco de Valencia: Comité de Riesgos, Comisión Ejecutiva y en su caso, Consejo de Administración", destaca la Audiencia. La Sección Primera entiende que se trata así de un delito de administración desleal "ha quedado plenamente acreditado en autos un gravísimo perjuicio para el Banco de Valencia como consecuencia de las actuación fraudulenta de los acusados", mediante una gestión que califica de "desastrosa" con una serie de "operaciones absolutamente arriesgadas y con un claro carácter especulativo y a la vista de las circunstancias de mercado existentes en el momento en que se desarrollaron los hechos".

No indemnizarán al FROB

Descarta no obstante, la apropiación indebida porque "no existe ninguna diligencia de prueba en las actuaciones, documental, testifical o pericial tendente de forma directa a la investigación del patrimonio de dichos acusados con la finalidad de saber si se apropiaron de los bienes entregados previamente o bien acreditar que el dinero recibido se distrajo en el sentido de invertirlo o destinarlo a una finalidad diferente para la que fue entregado".

La sentencia se detiene en analizar si debe considerarse al FROB como perjudicado dado que tuvo que inyectar 5.500 millones de euros para sanear el Banco de Valencia, pero descarta este punto porque entiende que no es el directamente perjudicado por la conducta ilícita de los acusados, sino que "quien realmente lo es, o lo fue, era el Banco de Valencia, a quien sucedió universalmente la entidad Caixabank, que lo adquirió por un euro".

Tras recordar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este aspecto y aplicarla al caso presente, la Sección Primera de la Sala de lo Penal subraya que la indemnización habrá de hacerse en favor del Banco de Valencia o de Caixabank, sin perjuicio del derecho de repetición del FROB hacia esa entidad debido a la inyección económica que prestó al Banco de Valencia para su saneamiento.

La doctrina Botín de 2007 establece que, si el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares solicitan sobreseimiento, se archivará la causa. La Fiscalía ha señalado que no puede identificarse un perjudicado específico en el delito y que, de haberlo, no sería con carácter exclusivo, ya que la supuesta falsedad contable puso en cuestión a todo el sistema financiero español, provocando el mayor rescate de la Historia de España, que ascendió a 23.465 millones, además de lastrar la cotización del Ibex 35 y disparar la prima de riesgo. Por ello, la fiscal entiende que la afectación colectiva de los hechos objeto de enjuiciamiento "es más que relevante" y que los accionistas personados en la reclamación de perjuicios derivados de la salida a Bolsa de Bankia están legitimados para continuar en el proceso. 

Respecto a la petición de Bankia de eliminar del proceso a algunos particulares que supuestamente no estarían legitimados para participar en el proceso al no cumplir las condiciones necesarias para ello —el banco solo reconoce la legitimidad de 205, frente a los alrededor de 11.000 demandantes—, la Fiscalía ha señalado que la impugnación de estas acusaciones debería haberse hecho cuando se personaron. "Bankia y BFA estuvieron ahí, lo pudieron hacer", ha indicado Laúna, quien ha advertido, no obstante, que estas personas deberán probar los perjuicios sufridos a lo largo del juicio oral.

Otra de las cuestiones previas planteadas por algunas defensas a las que se ha referido la Fiscalía es a la petición de ampliar el plazo para aportar nuevas pruebas periciales, a lo que se ha opuesto al estimar que "no aportarían nada al esclarecimiento de los hechos", por lo que ha solicitado que no se admitan nuevos plazos ni nuevas pruebas periciales. Asimismo, ha señalado que no cabe alegación al principio de igualdad por parte de algunos acusados, como Estanislao Rodríguez Ponga, Francisco Baquero y Jesús Pedroche, quienes alegaban haberse incorporado a la entidad al mismo tiempo que otros consejeros contra los que se inadmitió la querella. En este sentido, ha argumentado que a estas personas no se los imputa por la salida a Bolsa, sino por su participación en falsedades contables acaecidas en marzo de 2012, cuando ya llevaban seis meses de actuación en el consejo de administración.

Algunos particulares se retiran

Por su parte, parte de las defensas de los particulares se han limitado a adherirse a las consideraciones de la Fiscalía, haciendo hincapié en su legitimación como acusaciones. Asimismo, algunos abogados de minoristas personados han comunicado que han solicitado acogerse a la oferta de la entidad de devolver a todos los afectados que lo soliciten la inversión más un interés del 1% anual, por lo que, una vez se perciba el dinero, procederán a desistir de las acciones civiles y penales que les competen.

Es el caso de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que se ha mostrado a favor de que aquellas personas a las que representa y que ya han recibido la devolución de su dinero abandonen el proceso. De su lado, la Asociación de Usuarios, Cajas, Bancos y Seguros (Adicae) también ha defendido su legitimidad y ha reprochado los "ataques injustificados" que ha sufrido al ser señalada de incongruencia y de no concretar a quién representa, ya que ha asegurado que ha aportado nombres y DNIs de los particulares a los que representa (un total de 1.390 afectados).

La defensa del expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra, ha reclamado este martes su absolución en el juicio en la Audiencia de Barcelona porque, dice, los aumentos de salario a directivos en 2010, en pleno contexto de crisis, eran "perfectamente legales" y no causaron un perjuicio económico a la entidad.

El abogado de Serra, Pau Molins, ha defendido, al presentar su informe final ante la Sección Octava de la Audiencia, que los dos acuerdos aprobados por el consejo de administración de Caixa Catalunya en enero y octubre de 2010 en los que se aprobaron incrementos salariales son "irrelevantes desde una perspectiva penal". Molins ha defendido que Narcís Serra "observó escrupulosamente sus deberes de lealtad a la caja" como presidente, designando a un nuevo equipo directivo liderado por Adolf Todó,—cuyo sueldo fijo se le subió 100.000 euros en 2010— considerado uno de los más cualificados directores generales en activo por su gestión al frente de Caixa Manresa.

En este sentido, ha resaltado que, al fichar a Todó, Serra estaba velando "por el sostenimiento de la entidad" para dar un giro a su política, que en aquel momento adolecía de excesiva dependencia del sector inmobiliario y con alto nivel de morosidad. El abogado de Serra ha destacado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que inyectó cantidades millonarias en la entidad desde 2011, "hizo exactamente lo mismo que hizo Narcís Serra y el consejo en 2010" y mantuvo las subidas salariales. "¿Por qué a Narcís Serra se le acusa por parte de la acusación pública y la Abogacía del Estado, y no a los señores del Frob si hicieron exactamente lo mismo?", se ha preguntado.

El fondo Blackstone ha acaparado el protagonismo del mercado inmobiliario con el fin del verano. En agosto se convirtió en el segundo empresario hotelero de España al comprar la socimi (sociedad cotizada anónima de inversión en el mercado inmobiliario) Hispania. Solo Meliá posee más hoteles y habitaciones –142 y 16.600, respectivamente– que este fondo oportunista de Nueva York –70 hoteles, casi 19.000 habitaciones–. El 17 de septiembre pasó a coronarse además como el mayor casero privado del país, tras adquirir el 50% de la mayor socimi de activos residenciales en España, Testa, propietaria de 10.964 viviendas valoradas en 2.300 millones de euros. Además, abrió el mes de octubre poniendo a la venta dos millones de metros cuadrados del Banco Popular, valorados en 500 millones de euros, donde podrán levantarse 18.300 viviendas. Este mismo lunes Acciona ha anunciado que le venderá su 20% en Testa por 379 millones de euros, por lo que el fondo pasa a controlar el 70% de la socimi.

En total, Blackstone lleva invertidos en España más de 23.000 millones de euros y posee una cartera que supera las 32.000 viviendas. Para hacerse una idea del volumen, basta con comparar con los activos tóxicos que figuran en los libros de la Sareb, el banco malo, que a finales de 2017 sumaban 37.179 millones de euros, de los cuales 12.154 millones corresponden a su cartera de viviendas. El fondo neoyorquino gestiona en todo el mundo activos por importe de 439.000 millones de euros, de los que 119.400 proceden de su negocio inmobiliario. El resto se reparte entre inversiones de capital riesgo, inversiones en fondos de alto riesgo –hedge funds– y fondos de crédito y deuda. De modo que el negocio inmobiliario y hotelero en España representa ya nada menos que el 21% de los activos mundiales de Blackstone. Las 18.894 habitaciones que gestiona en España suponen el 12,4% de su cartera hotelera global, que incluye la cadena Hilton.

En España el año del pistoletazo para Blackstone fue 2013. El fondo buitre aprovechó el peor momento de la crisis para emprender una carrera vertiginosa alimentándose de los cadáveres dejados por el estallido de la burbuja y el derrumbe del ladrillo. Aunque había llegado a España en 2003, no fue hasta una década después cuando puso el ojo en el negocio inmobiliario y ya no paró. Saltó a las primeras páginas de los periódicos cuando Ana Botella le vendió 5.315 inmuebles de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), de los que 1.860 eran pisos y el resto, garajes y trasteros, por 128,5 millones de euros. El equipo de gobierno de Manuela Carmena y los inquilinos afectados han terminado llevando la operación a los tribunales, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado día 12 que la Abogacía General del Estado va a personarse en ambos procedimientos para anular la venta. Un centenar de personas fueron desahuciadas de esas viviendas con alquiler social cuando no pudieron pagar las rentas, un 40% más elevadas, que empezó a exigirles Blackstone.

Un año más tarde el fondo neoyorquino se hizo con la cartera Hércules, 41.000 millones de euros en activos tóxicos de la extinta Catalunya Caixa. Pagó 3.600 millones de euros por ellos al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), propietario de la entidad nacionalizada. Pero el golpe de efecto lo dio Blackstone cuando en agosto de 2017 compró el 51% de la cartera Quasar, 30.000 millones de euros en activos de Aliseda, propiedad del Banco Popular y traspasada al Santander cuando éste adquirió la entidad de Emilio Saracho por un euro apenas dos meses antes. Pagó por ella 5.100 millones de euros.

Además, el pasado julio Blackstone adquirió por 120 millones de euros otra socimi, Lar España, y por 210 millones el edificio que alberga a la editorial Planeta en Barcelona. Pero también posee 100.000 metros cuadrados de oficinas, 83.000 metros cuadrados de locales comerciales y 1,2 millones de metros cuadrados en solares logísticos.

El fondo distribuye todo este volumen de negocio a través de un puñado de socimis que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB): además de Testa Residencial, Albirana, Fidere, Corona Patrimonial y Torbel suman 2.372,3 millones de euros de capitalización. Las socimis, un vehículo de inversión creado en 2009, se dedican a comprar inmuebles para ponerlos luego en alquiler. Desde 2013 cuentan con un régimen fiscal especial que ha determinado su explosión: no pagan impuesto de sociedades, pero están obligadas a cotizar en Bolsa y son los accionistas quienes tributan por los dividendos que se reparten. En estos momentos hay 63 en España, de las que cotizan en el mercado continuo Merlin, Colonial, Hispania y Lar España; el resto lo hacen en el Mercado Alternativo Bursátil, pensado para que las pymes encuentren financiación. Por ejemplo, también la Sareb ha sacado al MAB una socimi, denominada Témpore, que tiene una capitalización de 152,6 millones de euros.

El alquiler es el rey tras la muerte de la hipoteca

Es decir, Blackstone se apoya en los segmentos de negocio más boyantes, el alquiler, el turismo e incluso el juego, puesto que también se hizo con el 100% de Cirsa el pasado mes de abril. Por el líder español de los juegos de azar, con casinos y locales de apuestas en 10 países, el fondo abonó 2.000 millones de euros. Pero sin duda donde ha hincado el diente es en el mercado de alquiler, un bocado sabroso para este tipo de fondos, que trabajan pensando en obtener el máximo beneficio en un plazo no superior a los siete años. Y es que el precio de la vivienda en alquiler lleva 41 meses consecutivos subiendo: en barrios de Madrid como Chamberí ha aumentado un 19,9% el último año, según los cálculos del portal Fotocasa. En el distrito de Salamanca, el metro cuadrado alcanza los 18,21 euros, mientras que en Sarriá, en Barcelona, llega a los 16,86 euros. Según los últimos datos de la Sociedad de Tasación, la rentabilidad media del alquiler es del 7,5%, pero en Castellón, por ejemplo, supera el 14%.

Eduard Mendiluce, consejero delegado de Anticipa Real Estate, el gestor inmobiliario de Blackstone, ve claro dónde está el nicho de negocio: los llamados millenials que, a su juicio, quieren “flexibilidad” tanto financiera como laboral. “El alquiler ha venido para quedarse y está siendo la alternativa más demandada por las familias, no sólo debido una caída del poder adquisitivo tras la crisis, sino también a un cambio estructural”, aseguró en enero a Europa Press. Y hay un margen sustancioso para crecer, puesto que España está aún lejos del 35% del parque de viviendas en alquiler que tiene Europa. Además, todavía es un mercado muy atomizado, en manos de una multitud de arrendadores particulares. Las socimis piensan en traer a España el modelo de grandes plataformas de alquiler que ya funcionan en otros países europeos. En España, sólo el 5% de los pisos en alquiler se halla en manos de fondos de inversión.

En el folleto que Testa Residencial emitió para su estreno en el MAB el pasado verano, antes de ser comprada por Blackstone, la socimi –entonces propiedad de Santander, BBVA, Acciona y Merlin– calculaba que el margen para subir los alquileres de sus viviendas es aún del 25%. El 60% de sus inmuebles están situados, asegura el documento, en edificios que son propiedad enteramente de Testa. Es el modelo que prefieren estos gestores profesionales porque así “optimizan” los gastos operativos de la administración de esas propiedades. Otro dato que da idea de cómo diseñan el negocio: el 65% del valor bruto de su cartera se encuentra en la Comunidad de Madrid; en Barcelona, sólo el 5%.

En el origen, Lehman Brothers 

Blackstone no publica las cifras de sus beneficios en España, pero sí las mundiales. En 2017 ganó 1.131 millones de dólares (982.000 millones de euros), un 8,8% más que el año anterior. Sus principales accionistas son Morgan Stanley, Bank of America, el fondo Fidelity JP Morgan. Pero también participan en el capital el Deutsche Bank y Goldman Sachs. Fue fundado en 1985 por dos antiguos ejecutivos de Lehman Brothers, Peter G. Peterson, ya fallecido, y Stephen A. Schwarzman. No sólo son dueños de la cadena de hoteles Hilton, sino también de Sea World Parks & Entertainment, el principal competidor de los parques Walt Disney en el mundo.

El hombre del fondo buitre en España es Claudio Boada, quien fue presidente del Círculo de Empresarios entre 2004 y 2012. También trabajó durante 15 años para Lehman Brothers. Hijo de Claudio Boada Villalonga, presidente del INI de 1970 a 1974 y del Banco Hispano Americano ya en la democracia, de 1985 a 1994, no ha tenido tanta suerte con su empresa familiar, el grupo de ingeniería Abantia, que se declaró en concurso de acreedores en febrero de 2016. En la comisión de investigación abierta en el Congreso sobre la crisis financiera, el hombre de Blackstone en España aseguró el pasado junio que fondos como el suyo trabajan “en pro del desarrollo del país”. “Hemos dado liquidez al sistema financiero y saneado los balances de las entidades bancarias”, destacó, al recordar que la mayor parte de su cartera la han adquirido a los bancos y al Estado.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado a seis directivos de la extinta Caixanova, entre ellos al expresidente Julio Fernández Gayoso, por las irregularidades en unas operaciones inmobiliarias en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid que ocasionaron un perjuicio a la entidad de 41,8 millones de euros, informa Europa Press.

En un auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, con fecha de este lunes y con el que la magistrada concluye la instrucción, considera que Fernández Gayoso, el director general; el director de la División Comercial Gregorio Gorriarán, José Luis Pego; el director de la División de Planificación Financiera y Control, Domingo González Mera; el director del Comité de Inversión Irregular, José González Rodríguez, y el de la Unidad de Reestructuración, Isaac Alberto Miguel Lourido cometieron con estas inversiones el presunto delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión de patrimonio social.

Precisamente, la Audiencia Nacional condenó en 2015 a dos años de prisión a Gayoso, Pego y Gorriarán por el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad, previendo que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente.

En su auto, la magistrada –que previsiblemente en septiembre se incorporará a su plaza recién asignada en la Sala de lo Penal del Tribunal de Supremo– examina las operaciones sospechosas y concluye que la financiera inmobiliaria Proinova SLU y Caixanova, hoy Abanca, resultó perjudicada patrimonialmente con una cuantía que asciende a 41.853.839 euros a favor del grupo COPASA.

En el año 2007, Caixanova concedió un préstamo hipotecario a la sociedad Rivas ACI SL –creada para llevar a cabo el proyecto urbanístico y participada por varias mercantiles vinculadas a la caja extinta– por el importe de 67.100.000 euros, pese a que la mercantil aún no había adquirido aún las parcelas y sin hacer ningún tipo de análisis de solvencia de la empresa, ni "distinguir el valor entre las fincas".

Debido a que Rivas ACI no cumplió con sus compromiso de satisfacer la deuda, los directivos de Caixanova decidieron hacer reestructuraciones de las condiciones del préstamo, señala el auto.

Además de analizar todas las operativas, la juez recuerda que el informe de análisis elaborado por PWC calcula esos perjuicios ocasionados a Caixanova en la operación final de compraventa de las parcelas por la financiera Proinova y la siguiente operación de venta de las parcelas a la sociedad Viviendas y Obras Civiles, vinculada a COPASA.

El FROB advirtió de las irregularidades

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 abrió este procedimiento tras admitir a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción después de que en octubre de 2014 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía, pusiera en conocimiento una serie de prácticas de la entidad supuestamente irregulares.

Por otro lado, la resolución acuerda el archivo de las actuaciones respecto de 12 personas que se encontraban investigadas, a petición de la Fiscalía, y rechaza las solicitudes de archivo de los investigados.