En 2023, el director Jonathan Glazer revolucionó el cine con una película que contaba el Holocausto de una forma diferente. En The Zone of Interest, se mostraba cómo la familia de Rudolf Hoess, máximo responsable de Auschwitz, vivía al lado del horror del campo de concentración completamente ajena y sin importarles lo que pasaba más allá de los muros de su jardín. Esta es una de las múltiples metáforas que Edwy Plenel, cofundador y expresidente del diario francés Mediapart, socio editorial de infoLibre, usa para describir la visión eurocéntrica que tiene la Unión Europea del mundo en su nuevo libro, El jardín y la jungla, prologado por Jesús Maraña.

En él, el periodista parte de una frase del ex Alto Representante para Asuntos Exteriores de la UE Josep Borrell en un discurso que dio en Brujas en octubre de 2022, pocos meses antes de que comenzara el genocidio en Gaza por parte de Israel. "Europa es un jardín, la mayor parte del resto del mundo es una jungla, y la jungla podría invadir al jardín", dijo entonces el político español. Una forma que retrata, para el autor, la forma que tiene la UE de verse y de ver al mundo, y que explica muchas de las contradicciones de su política exterior. De ese doble rasero europeo, del colonialismo, del ascenso de la extrema derecha y de su admirado Albert Camus, hablamos con él en esta entrevista, que se publica el mismo día que El jardín y la jungla llega a las librerías españolas, inaugurando una nueva colección de ensayos que infoLibre edita en alianza con Edhasa bajo el título ‘Libros de infoLibre'.

El título del ensayo hace referencia al discurso de Borrell en Brujas donde dice que Europa es un jardín y el resto del mundo la jungla. ¿Por qué Europa sigue creyéndose ese jardín y ve al resto del mundo como la jungla, sin ser capaz de admitir su posición? ¿Qué consecuencias tiene ese posicionamiento?

El objetivo de este ensayo es comprender lo que nos está sucediendo, esta catástrofe política. Trump o Netanyahu, su violencia sin límites, su sed de dominación, su voluntad de depredación, sus ideologías identitarias y racistas, etc., no nos son ajenos: son el producto de una larga tradición del imaginario político occidental en su relación con el mundo, con su diversidad y su pluralidad. Solo conseguiremos derrotarlos si les oponemos un imaginario alternativo que rompa con este legado. Si he partido de este discurso pronunciado en 2022 por Josep Borrell como comisario europeo de Asuntos Exteriores —discurso del que se ha distanciado desde entonces—, es porque en él se recogen todos los clichés imperialistas que han acompañado la proyección de Europa en el planeta y que siguen inspirando opresiones coloniales, cuya injusticia hacia el pueblo palestino es el símbolo más dramático. El jardín europeo se erige en él como el estándar de la civilización frente al resto del mundo, considerado salvaje o bárbaro, sobre el que, por lo tanto, se arroga el derecho de dominar. Esta pretensión conduce siempre a la catástrofe, hasta el crimen contra la humanidad, porque el autoproclamado "civilizado" acaba convirtiéndose él mismo en bárbaro en su voluntad de conquistar, desposeer y aniquilar al otro. Y eso es lo que nos muestra la guerra genocida de Israel en Gaza, llevada a cabo en nombre de una supuesta civilización judeocristiana. 

¿Puede esa visión profundamente eurocéntrica y soberbia ser compatible con una defensa de los derechos humanos a nivel mundial?

Por supuesto que no. Ese es precisamente el reto y la urgencia política del momento actual. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, ante el espectáculo de la catástrofe provocada por su desmesura, llevada al abismo por el fascismo y el nazismo, Europa y su proyección norteamericana, los Estados Unidos, acordaron un nuevo orden jurídico internacional basado en los derechos humanos fundamentales y universales, oponibles a los posibles desvaríos de los Estados, las naciones o los pueblos. Esto no significa que respetaran estas normas, pero la proclamación de estos derechos universales era una palanca política para oponerse a sus violencias, opresiones y crímenes. Sin embargo, lo que está en juego hoy en día, desde la agresión rusa en Ucrania hasta la destrucción israelí de Palestina, pasando por el autocratismo oligárquico de la presidencia de Trump, es el fin de este derecho internacional. Su proyecto explícito es gobernar mediante la ley del más fuerte. 

¿Qué diría Albert Camus de esta soberbia y de cómo la Europa actual está actuando ante el horror de Gaza?

Siempre es arriesgado hacer hablar a los muertos. Solo podemos inspirarnos en ellos y recordar, por ejemplo, que en agosto de 1945, cuando las potencias aliadas contra el nazismo y los medios de comunicación se regocijaban al unísono por la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, es decir, de poblaciones civiles, mediante bombas atómicas, lo que provocó la capitulación de Japón, Albert Camus fue uno de los pocos, si no el único, que pensó en contra de la corriente. Nuestra civilización, escribió entonces en Combat, "acaba de alcanzar su último grado de barbarie". Y continuó con unas palabras que resuenan con fuerza en nuestro presente: "Nos negamos a sacar de una noticia tan grave otra cosa que la decisión de abogar aún más enérgicamente por una verdadera sociedad internacional, en la que las grandes potencias no tengan derechos superiores a los de las naciones pequeñas y medianas, en la que la guerra, flagelo que se ha convertido en definitivo por el solo efecto de la inteligencia humana, ya no dependa de los apetitos o las doctrinas de tal o cual Estado". 

¿Qué parte de esa ideología colonial europea se mantiene en la actualidad y cómo afecta a la Unión Europea y a la visión que tiene del resto del mundo?

En los últimos tres años, la Unión Europea ha perdido una oportunidad histórica en la secuencia que va desde la agresión rusa contra Ucrania hasta la afirmación de Trump como único amo del mundo, pasando por la guerra de limpieza étnica de Israel en Gaza. Debería haber defendido el derecho internacional como norma superior y a las Naciones Unidas como único foro legítimo para hacerlo respetar y, de este modo, garantizar un mundo multipolar en el que predominaran los derechos humanos. En lugar de tener ese valor, ha arruinado los valores que profesa con su doble rasero: Putin es condenado y sancionado, mientras que Netanyahu es apoyado o tratado con delicadeza. Es cierto que algunos países han salvado el honor, en particular España con Pedro Sánchez, pero, a escala continental, el precio a pagar puede ser muy doloroso: no defender en voz alta y con firmeza estos principios democráticos universales supone derribar el dique que, desde 1945, ha impedido el regreso con fuerza de las extremistas derechas herederas del fascismo.

En el libro, se hace una defensa enorme de que la democracia no es solo votar cada 4 años –y de la igualdad–, pero ¿cómo se puede defender la democracia en medio del ascenso de una extrema derecha que tiene unos valores contrarios a todo lo que se defiende en el libro?

Mediante la movilización de la sociedad. Una movilización lo más amplia y unitaria posible. La presidencia de Trump lo demuestra en Estados Unidos, al igual que el poder de Orbán en Hungría o los intentos de Meloni en Italia: al esgrimir las elecciones como única legitimidad, pretenden destruir todo lo que constituye la vitalidad democrática, la existencia de contrapoderes, la independencia de la justicia, la libertad de prensa, la autoorganización de la sociedad, el derecho a manifestarse y protestar, etc. No se les podrá combatir simplemente con votos. Hay que movilizar a la sociedad en torno a sus reivindicaciones comunes, que son evidentes en el día a día para la mayoría: sociales (contra las desigualdades y las injusticias), democráticas (contra las oligarquías y los privilegios) y éticas (contra la corrupción y la prevaricación).

¿Qué lecciones debe aprender Europa de países como Sudáfrica, que han actuado denunciando el genocidio en Gaza y han tenido una posición mucho más fuerte a favor de los derechos humanos?

El apartheid racista sudafricano se instauró y teorizó en 1948, el mismo año en que se reconoció internacionalmente al Estado de Israel, lo que para la mayoría del pueblo palestino supuso la Nakba, la expulsión de su propia tierra. Que hoy en día la Sudáfrica nacida tras el fin del apartheid esté a la vanguardia de la lucha por el derecho internacional es símbolo de un cambio radical en el mundo: los valores de igualdad proclamados por Europa y Occidente, que al mismo tiempo violaban con su afán de poder y conquista, son hoy enarbolados por el mundo que se ha levantado contra ese dominio y sus imposturas.

¿Qué importancia tiene la visión colonial europea en el ascenso de la extrema derecha y, relacionado con esto, con el rechazo de la migración en toda Europa?

El colonialismo es la negación de la igualdad natural. Es la afirmación de la desigualdad entre civilizaciones, pueblos, religiones, culturas, etc., mediante la pretensión de creerse superior o mejor. Ahora bien, este rechazo de la igualdad de derechos es la base común de todos los movimientos de extrema derecha, independientemente del contexto: rechazan este principio asociado a la Declaración de Derechos de 1789, según el cual todos nacemos libres e iguales en derechos, sin distinción de origen, nacimiento, apariencia, creencias, sexo, género, etc. Desde este punto de vista, la cuestión de la hospitalidad hacia los hombres y mujeres que ejercen un derecho humano fundamental, el de desplazarse, es un indicador esencial. Al atacar a los migrantes, se ataca el principio de igualdad y la universalidad de los derechos. Al señalar chivos expiatorios, se acaba diciendo que hay seres humanos que tienen derecho a tener derechos y otros que no lo tienen, ese derecho a tener derechos. Y que, por lo tanto, son deshumanizados. 

¿Por qué es tan difícil para Europa mirar de forma crítica a su pasado y hacer memoria del colonialismo?

Quizás nuestros tiempos oscuros, en los que el fascismo vuelve a amenazar bajo ropajes inéditos, signifiquen que ha llegado el momento de zanjar esta historia. Un mundo antiguo se pone tenso, se endurece, se atrinchera. Puede causar muchos daños. Pero es un mundo del ayer que rechaza la realidad de hoy: una humanidad interrelacionada, interdependiente, conectada, arrastrada por una comunidad de destino. Cerrar el capítulo del colonialismo es proclamar que solo hay una brújula para escapar de la noche que se avecina: la igualdad. Y esto es válido a escala mundial, entre los pueblos, así como dentro de nuestros países, entre sus habitantes. Desde la solidaridad internacional con Palestina hasta el movimiento feminista MeToo, pasando por la lucha contra el capitalismo del desastre que acapara la riqueza y destruye la naturaleza, siempre es el ideal de la igualdad el que nos une, como un horizonte de esperanza.

¿Cómo se puede luchar contra la identidad europea que proclama la extrema derecha, que se erigen como representantes de la verdadera Europa, y reivindicar la Europa de los valores humanistas?

No existe una identidad europea —ni francesa, ni española...— eterna, inmutable o inmóvil. Construimos nuestras identidades avanzando por el camino de la igualdad. A finales del siglo XVIII, cuando se proclamó el principio de la igualdad natural, aún no existían derechos, ni siquiera el derecho al voto. Era, por tanto, un ideal, una promesa, un horizonte de emancipación, en definitiva, una utopía concreta. Y la humanidad se puso en marcha, derribando mil bastillas: la abolición de la esclavitud, las libertades democráticas, los derechos sociales, la independencia de los pueblos colonizados, los derechos de las mujeres, etc. Es una marcha sin fin, como la del famoso poema de Machado : "Caminante, no hay camino, Se hace camino al andar".

¿Puede ser Europa, con todo esto, optimista con su futuro? ¿Cómo puede cambiar esta deriva y mirar a lo que viene con esperanza, reforzando la democracia?

La inquietud es la antesala de la esperanza. Por eso los periodistas tienen ahora más que nunca una responsabilidad democrática: ayudarnos a ver con claridad, mediante un trabajo informativo lo más independiente y riguroso posible. Solo así encontraremos el camino hacia una esperanza renovada. Defendiendo la verdad de los hechos, el saber, el conocimiento, una relación racional con la realidad, frente a adversarios que, mediante la propaganda, la mentira y la ideología, quieren sumirnos en la noche apagando toda luz de verdad.

Con el triunfo de Trump y de fuerzas autoritarias en todo el mundo, ¿vamos hacia un mundo más peligroso y parecido a nivel internacional al que alumbró los fascismos del siglo pasado? ¿Qué papel tiene Europa para evitarlo?

Sí, el peligro está ahí. No delante de nosotros, pero ya está ahí. Y, en primer lugar, cada uno de nosotros debe tomar conciencia de ello, dejar de ser indiferente, movilizarnos y unirnos. La salvación vendrá primero de la propia sociedad.

El fantasma del ascenso del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial planea sobre el libro cuando se habla de Europa. ¿Está el viejo continente con la subida de los extremismos en una especie de Weimar o en ese momento de falso esplendor e idealismo previo a la Primera Guerra Mundial?

Sí, corremos hacia el abismo a toda velocidad. Pero no se trata de una simple repetición del pasado. Hay una novedad que no es nada tranquilizadora. Lo que tenemos que combatir, a escala mundial, es una coalición mafiosa oligárquica que va desde Trump hasta Putin, pasando por todas nuestras extremistas derechas identitarias y todos los regímenes autoritarios extractivistas del mundo árabe. Es un mundo de gánsteres, sin otro objetivo que la acumulación de poder y riqueza, que quiere eliminar toda regulación, todo obstáculo, todo límite a su deseo. Combatirlos supone también un impulso ético en el que la moralización de la política y la lucha contra la corrupción son esenciales.

Con el golpe tan duro que ha sufrido el derecho internacional con el doble rasero de Europa con Gaza y Ucrania y la política de fuerza que está llevando a cabo Trump, ¿cómo se puede reconstruir ese mundo basado en reglas? ¿Está Europa en condiciones de hacerlo o tendrá que venir de los países que no están encuadrados en la OTAN ni en lo que llamamos Occidente?

No predigo el futuro. De hecho, ningún periodista debería arriesgarse a hacerlo, porque eso sería olvidar que nuestro amo sigue siendo el acontecimiento, es decir, lo inesperado, lo imprevisible, lo impensable. Pero lo que es seguro es que estamos asistiendo a un descentramiento del mundo, como si el ciclo de varios siglos en el que Europa impuso su ley al mundo estuviera llegando a su fin con la aparición de figuras decadentes que recuerdan a ciertos emperadores romanos antes de la caída del imperio. Y ahí es donde volvemos a la cuestión central del colonialismo, que conlleva un imaginario del que hay que deshacerse, esa catástrofe del poder y esa locura de la grandeza. En su lugar, necesitamos un imaginario de precaución, una especie de ecología de la política, basada en la conciencia de la fragilidad del mundo y de los seres vivos.

"Europa es un jardín. Pero la mayor parte del resto del mundo continúa siendo una selva, y la selva podría invadir el jardín...". Éstas fueron la polémicas palabras de Josep Borrell, entonces Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, unos meses después de la invasión rusa de Ucrania, también un año antes de la guerra de Israel contra Gaza.

A partir de esa frase, Edwy Plenel, expresidente y fundador de Mediapart, socio editorial de infoLibre, recapacita sobre Europa, su posición en el mundo, el colonialismo y la democracia, además de hacerlo sobre cómo el Viejo Continente ha construido una imagen singular de sí mismo y del mundo. Con este ensayo, infoLibre estrena una nueva colección de libros que el periódico edita en alianza con Edhasa.

infoLibre adelanta el prólogo del ensayo, escrito por Jesús Maraña, que ya llega este martes a las librerías:

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A lo largo del último verano, se han sucedido los gestos, manifiestos y escritos enviados desde distintos ámbitos de la sociedad civil a la dirigencia de la Unión Europea reclamando una acción contundente que contribuya a frenar el genocidio del gobierno israelí de Netanyahu sobre el pueblo palestino. Uno de los más significativos –más por la respuesta que por la propuesta– ha sido la Carta Abierta dirigida por mil seiscientos cincuenta funcionarios a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, en la que se denunciaba sin ambages la «inacción» europea. La CE ha contestado amenazando a los firmantes con sanciones burocráticas justificadas en el siguiente exabrupto: «Los funcionarios no pueden ser activistas políticos». Dicho de otra forma, el gobierno de la UE considera que defender la aplicación del derecho internacional y los propios valores fundacionales de la Unión o la universalidad de los derechos humanos es «activismo politizado». Como apuntaba certeramente la analista Máriam Martínez-Bascuñán en el diario El País, «si denunciar genocidios es “politización”, ¿la “despolitización” es hacernos cómplices de genocidios?». El ensayo que usted tiene ahora mismo entre manos o en su pantalla lanza un dardo valiente al centro de la diana de la complejísima coyuntura global: ¿es consciente Europa de  su prepotente egocentrismo y del riesgo de que su visión soberbia del resto del mundo pueda llevar al desastre a un proyecto comprometido con la igualdad y la universalidad de los derechos humanos como base ineludible para la convivencia democrática? 

El autor de este libro, Edwy Plenel, tiene una mochila vital y profesional cargada de méritos acerca de un doble compromiso: con el oficio del periodismo independiente como mimbre básico de una democracia sana, y con un europeísmo radicalmente humanista que considera la solidaridad como el motor principal del progreso. Porque «democracia no es (sólo) votar, es la promesa de la igualdad de derechos». 

Hace ya más de doce años que converso con Edwy en la lengua común del periodismo honesto, desde aquella mañana en París en la que las referencias al ideario y compromiso de Albert Camus unieron nuestros caminos y los de los medios respectivos que contribuimos a fundar: Mediapart en Francia, infoLibre en España. «No existen fronteras a la hora de defender e impulsar el derecho a saber». Por eso es un privilegio que El jardín y la jungla sea el primer título de una colección de ensayos en castellano que, bajo el sello infoLibre - Edhasa, desea contribuir al debate público sin otro interés que el de abonar un pensamiento crítico basado en el conocimiento y refractario a la contaminación del ruido interesado o de la guerra del clickbait. 

Sobre la citada «mochila vital» de Edwy Plenel, me atrevo a citar dos rasgos que marcan su actitud ante Europa, la política y el compromiso cívico: su infancia en Martinica y su adolescencia-juventud en Argelia. Esa experiencia multicultural, sumada al ejercicio de un periodismo de investigación insobornable (que lo llevó a abandonar Le Monde cuando vio peligrar su independencia por intereses empresariales), le ha permitido moldear una arquitectura intelectual sensible a la realidad colonialista europea (en particular, la francesa) y un consecuente activismo incansable contra el racismo de la extrema derecha que sigue creciendo en la UE. Este ensayo tiene una inspiración en su origen relacionada con España, el discurso pronunciado en Brujas, el 13 de  octubre de 2022, por el español Josep Borrell, por entonces alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad: «Europa es un jardín […] La mayor parte del resto del mundo es una jungla, y la jungla podría invadir el jardín. Los jardineros tienen que lidiar con ello, pero no protegerán el jardín construyendo muros […] La jungla tiene una gran capacidad de crecimiento, y el muro nunca será lo suficientemente alto para proteger el jardín…». Borrell lanzó este mensaje pocos meses después de la invasión de Ucrania por Rusia y un año antes de la guerra de exterminio del pueblo palestino declarada por Benjamin Netanyahu en respuesta a los bárbaros atentados cometidos por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra civiles israelíes. 

Si Plenel ha elegido la metáfora del «jardín y la jungla» para hilvanar este alegato contra la soberbia europea es por que no considera a Borrell «un neoconservador reaccionario, defensor imperialista del choque de civilizaciones», sino precisamente «un hombre de izquierdas» que, consciente del implícito «eurocentrismo colonial» de su discurso en Brujas, intentó después matizarlo después como un aviso de que la invasión de Ucrania significaba el regreso de «la ley de la jungla». Pasados unos meses, Josep Borrell se significó como el dirigente europeo que con mayor contundencia había denunciado el genocidio de Israel en Gaza y la responsabilidad de la Unión Europea por su inacción a la hora de convertir en medidas concretas contra el gobierno de Netanyahu su verborrea en defensa de los derechos humanos. 

Esa imagen del jardín frente a la jungla, tan nefasta para la credibilidad de Europa en el resto del mundo, viene de muy lejos. Plenel lo explica con referencias históricas, políticas y filosóficas. Empezando nada menos que con Immanuel Kant, considerado uno de los «padres fundadores del Occidente moderno», incluso inspirador de la propia Unión Europea, quien dejó escritos disparates como éste: «La humanidad alcanza su mayor perfección con la raza blanca. Los indios tienen menos talento. Los negros están en lo más bajo». Se pregunta, así, el autor de este ensayo qué es la extrema derecha, y él mismo se responde: «Sencillamente, el odio a la igualdad». Y a partir de ahí desarrolla la idea clave de que la democracia no consiste exclusivamente en elecciones –hoy por hoy susceptibles de convertirse en una farsa gracias a las técnicas de desinformación, pero que ya demostraron su fragilidad con el ascenso de Hitler al poder hace casi un siglo–, sino en una constante y radical defensa de la universalidad de los derechos humanos, sin distinción de origen, raza, sexo o religión. Hay una (gruesa) línea de puntos que une la invasión rusa de Ucrania y el genocidio que Netanyahu comete en Gaza. Y Plenel la sigue para visibilizar y denunciar la hipócrita «geometría variable» de Europa y Estados Unidos ante ambos conflictos. Tiene un simbolismo muy especial el hecho de que fuera Sudáfrica, cuna y escenario durante décadas del apartheid racista y colonialista, quien denunciara ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU el «carácter genocida» de la guerra desatada por el Estado de Israel contra el pueblo palestino. «No hay más humanismo que el internacionalista», concluye Plenel tras un repaso a algunas de las expresiones más nítidas del universalismo y el anticolonialismo surgidas desde su bien conocida Martinica. 

La visión poliédrica de Plenel incluye elementos que a menudo escapan del análisis de la compleja realidad política que atraviesa tanto Europa como el resto del mundo. Uno clave es el de la cuestión colonial, que afecta muy especialmente a Francia, única potencia que mantiene en el siglo XXI territorios colonizados en todos los continentes excepto Asia. Sostiene Plenel que Europa no podrá conjurar las amenazas identitarias y autoritarias que la acosan mientras no se enfrente a su propio pasado colonial. Leyendo el capítulo que el autor dedica a esta cuestión, se entenderá mejor –también con mayor preocupación– en España el acalorado debate público que suscita cualquier planteamiento dirigido a asumir y reconocer los crímenes cometidos en su prolongada historia como potencia colonial. Una mirada más humilde y sincera hacia nuestro propio pasado nos ayudaría a mirar también de otro modo a los pueblos inmigrantes. 

La metáfora del jardín y la jungla supone comprar el marco mental que desde hace mucho tiempo intentan imponer los movimientos de extrema derecha y los nacionalpopulismos de todo tipo, desde Netanyahu a Putin, pasando por Trump, pero también visible en el giro de Europa hacia una gestión del fenómeno migratorio exclusivamente ocupada en la seguridad. Caemos en la trampa de considerar la integración como una amenaza, y a partir de ahí terminamos destruyendo el principio de igualdad en el que se basa toda convivencia democrática. Porque ya no es sólo la extrema derecha quien abona mentiras y exageraciones que incitan al odio al otro, sino que los planes de deportaciones masivas ya se manejan en Reino Unido, Francia, Alemania... El propio Abascal promete expulsar a "ocho millones de inmigrantes" si alcanza el poder en España.

No es éste un relato optimista. No lo permiten los tiempos que nos ha tocado vivir. Pero sí es una lectura imprescindible para entender por qué Europa (y el mundo) van «camino de la ruina». Es un primer paso para evitarlo. No podemos aceptar indefinidamente la insolencia de un Netanyahu que explica la existencia de Israel como «una casa en la jungla», de modo que él sería una especie de jardinero armado, encargado de defender «la civilización judeocristiana» desde un puesto de vanguardia. Porque aceptarlo supone enterrar los valores que han hecho posible el progreso de la humanidad. 

Siempre nos quedará Camus. Con él cierra Edwy Plenel esta especie de llamamiento a una rebelión cívica, para tratar, juntos, de «evitar que el mundo se desmorone». Es una tarea difícil y urgente, más aún ante la velocidad que imprime la revolución digital a los cambios políticos y sociales, condicionados por el poder de la desinformación. Se trata de un nuevo «combate», y es posible ganarlo si empezamos por leernos,  escucharnos, hablarnos… Si construimos un «nosotros» frente a quienes hacen negocio con el ruido, el griterío, la división… y el genocidio.

Gracias, de todo corazón.

Me gustaría compartir este Premio infoLibre Almudena Grandes con todo el equipo de Mediapart. Porque lo que estáis premiando esta noche no es la aventura individual de un periodista solitario. Siempre he defendido la idea de que nuestra profesión es un esfuerzo colectivo. Si estoy hoy ante ustedes es sin duda porque he permanecido fiel a este ideal, a pesar de las adversidades. 

Mediapart e infoLibre comparten el ideal que inspira esta lucha. Una prensa libre al servicio del interés público. Un periodismo independiente de todo poder. Una información de calidad que se niega a socavar la democracia.

Cuando vi por primera vez a Jesús Maraña, ambos nos dimos cuenta de que hablábamos la misma lengua, a pesar de que él no hablaba francés ni yo castellano. Esta noche, podrán comprobar por mi espantoso acento que todavía no he aprendido.

Sí, hablamos el mismo idioma: el del periodismo. El periodismo como compromiso, como responsabilidad democrática al servicio del público.

Desde entonces, infoLibre y Mediapart caminan juntos, mano a mano. Como diría Antonio Machado en su poema: Caminante, no hay camino / Se hace camino al andar... Un camino de resistencia, de rechazo al destino y a la resignación. Un camino de esperanza que se crea andando. 

Lo necesitamos. Porque las sombras amenazan y la noche gana terreno en todo el mundo. Desde la destrucción por Israel de Palestina en Gaza –masacres, crímenes contra la humanidad, genocidio– hasta la llegada de una Presidencia neofascista en Estados Unidos, sin olvidar la invasión de Ucrania por el nuevo imperialismo ruso. El salvajismo político ha vuelto. Nuestro continente, Europa, no se ha librado: en todas partes, la extrema derecha, heredera de los viejos fascismos, está a la ofensiva.

Sí, ha vuelto el salvajismo político: la violencia nihilista producida por la ceguera del poder, el odio a la alteridad nacido de la ilusión de supremacía, la barbarie de las civilizaciones que se creen superiores a las demás. 

El periodismo no puede permanecer neutral ante esta catástrofe, que no sólo promueve la mentira sino que destruye nuestra razón de ser: la verdad, la búsqueda de la verdad, la defensa de la verdad. Podría seguir hablando eternamente de este tema y hablarles en particular de Elon Musk, este defensor del apartheid que es el más poderoso de nuestros enemigos, pero me dije a mí mismo que podría arruinar la fiesta y deprimirnos.

No tenemos más remedio que levantarnos y decir no, con todas nuestras fuerzas. Todos juntos.

Ya he citado a un poeta, y me gustaría terminar con otro de estos buscadores de sueños, aunque sólo sea para saludar a la mujer cuyo nombre lleva este premio, nuestra querida Almudena Grandes, que murió demasiado pronto, y cuya obra y vida inspiraron a un poeta, su compañero y nuestro amigo, Luis García Montero.

"Tocar la piel del día": nadie resumió mejor el deber de nuestra profesión que Luis García Montero, en su poema Conversación con un periodista.

El periodismo, tal como lo entendemos aquí, está al servicio de esa política sensible de los poetas, al nivel de la humanidad, lo más cerca posible de la vida. La política que salva la esperanza en la oscuridad de la noche, incluso cuando la humanidad está destruida, incluso cuando la vida está destrozada.

Esta política fue cantada por el inmenso Mahmoud Darwich, el poeta universal que Palestina dio al mundo. Uno de sus poemas se titula Piensa en los demás. Lo cito : 

Cuando hagas tus guerras, piensa en los demás.

(No olvides a los que piden la paz).

Sí, pensemos en los demás. En todos los demás. Todos, con los mismos derechos. Independientemente de su origen, condición, apariencia, religión, sexo o género.

El periodismo que nos reúne aquí está al servicio de este ideal sin fronteras: la igualdad de derechos.

Muchas gracias.

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Edwy Plenel es periodista, cofundador de Mediapart, ganador del Premio infoLibre 2024 Almudena Grandes. Mediapart es socio editorial de infoLibre

El miércoles 31 de julio, cuando la República Islámica de Irán hizo público el asesinato en Teherán del dirigente de Hamás Ismail Haniyeh, en un atentado atribuido a Israel, un diputado iraní declaró que el atentado era el resultado de la infiltración en el país de agentes a sueldo de Israel: “El régimen sionista puede, pagando dólares estadounidenses a ignorantes o vendidos, reclutarlos para obtener información o llevar a cabo operaciones terroristas”.

Puede que el diputado iraní tenga razón. Pero olvidó mencionar que en los últimos meses su país ha operado igual en Europa, pagando a sicarios por asesinatos. Con una diferencia: los objetivos forman parte de la sociedad civil. Los servicios iraníes han reanudado una práctica de asesinatos selectivos que “no se observaba en Europa desde hacía unos 20 años”, como señala un reciente informe de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), el principal servicio de inteligencia galo. Uno de ellos, el ataque en plena calle contra el exvicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras.

Documentos confidenciales obtenidos por el medio Mediapart y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre, en el marco de una investigación internacional que se basa también en entrevistas en diferentes servicios de inteligencia europeos e israelíes, revelan cómo los servicios de inteligencia iraníes han adaptado su modus operandi, recurriendo a delincuentes comunes para asesinar a israelíes, judíos y opositores al régimen de los ayatolás refugiados en Europa.

“Hay un aumento muy notable del uso de elementos criminales dentro del componente terrorista”, comenta Yoram Schweitzer, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de Israel y responsable de un programa sobre terrorismo y guerra de baja intensidad. Al frente de esa ofensiva está Al-Quds, unidad de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica encargada de sus operaciones exteriores, y el Ministerio de Inteligencia iraní, antes conocido como Vevak. Ambos organismos utilizan mano de obra reclutada en las redes del narcotráfico.

A principios de año, Estados Unidos y Gran Bretaña impusieron sanciones a un narcotraficante iraní llamado Naji Sharifi-Zindeshti. Según las autoridades estadounidenses, Zindeshti y su clan gozan de la protección del Gobierno de Teherán –aunque allí el tráfico de drogas está castigado con la pena de muerte–. A cambio, el Ministerio de Inteligencia iraní le ha pedido que lleve a cabo asesinatos y secuestros de disidentes en “numerosos países de Oriente Próximo, Europa y Norteamérica”. Según el Tesoro de Estados Unidos, Zindeshti incluso tiene derecho a contar con un oficial de las filas del Vevak especializado.

Un antiguo oficial del Mossad, que accedió a ser entrevistado bajo condición de anonimato, afirma que hay “al menos cuatro o cinco grandes narcotraficantes europeos” afincados en Irán que dirigen desde allí sus actividades delictivas en el Viejo Continente. En el caso revelado ahora por EIC, Ümit Bülbül, un narcotraficante de la región de Lyon, dirigía la célula responsable de los asesinatos contra la comunidad judía desde Irán, donde se había refugiado bajo la protección de Al-Quds.

La utilización de un proxy –o intermediario– dificulta la detección de las operaciones clandestinas. Esta vieja práctica está muy en boga en los servicios secretos de los Estados totalitarios. A principios de enero, la DGSI publicó una “nota azul” –destinada al Elíseo y a otros ministerios gubernamentales– para señalar que los servicios de inteligencia rusos habían utilizado recientemente “métodos operativos alternativos movilizando redes de proxy”.

En otoño de 2023, unos moldavos colocaron cientos de estrellas de David azules en muros de la zona de París, activadas a distancia por un contratatado vinculado a los servicios rusos. En mayo, se pintaron manos rojas en el Muro de los Justos, en el Memorial de la Shoah de París. Esta vez los artistas eran búlgaros. En junio, pocos días después de que el Kremlin criticara duramente el envío de instructores militares franceses a Ucrania, tres moldavos fueron detenidos como sospechosos de realizar grafitis en los ataúdes de soldados franceses.

Dos servicios de inteligencia europeos han confirmado a EIC la utilización de mano de obra criminal por parte de los iraníes. No se trata de una estrategia nueva, sino que se ha intensificado en los últimos años. Los sucesos de Villepinte tienen la culpa.

En junio de 2018, el Vevak planeó un atentado en la ciudad de Seine-Saint-Denis, donde estaba prevista la reunión anual de los Muyahidines del Pueblo, enemigos históricos del régimen de los ayatolás. La operación fue dirigida por Assadollah Assadi, un agente del Vevak que trabajaba bajo cobertura diplomática en Austria. Al parecer, la bomba que se iba a utilizar se fabricó en Irán y se transportó en una valija diplomática. Pero nada salió según lo previsto y Assadi fue detenido con tres cómplices en Bélgica, donde la célula terrorista había establecido su base logística.

Condenado a 20 años de cárcel, el supuesto diplomático fue finalmente puesto en libertad y expulsado a Irán en el marco de un intercambio de prisioneros. Sus tres cómplices siguen cumpliendo condena en Bélgica. Unos meses más tarde, los servicios secretos daneses frustraron otro atentado preparado por un agente iraní con base en Noruega. Como consecuencia de estos fracasos, una rama del Vevak se incluyó a principios de 2019 en la lista europea de organizaciones terroristas.

Irán comenzó a utilizar entonces cada vez más a personas ajenas a sus servicios de inteligencia para llevar a cabo asesinatos. En marzo de 2023, las autoridades griegas anunciaron que habían frustrado un atentado con armas de fuego y una explosión de gas contra un centro de la comunidad judía de Atenas. Dos ciudadanos paquistaníes fueron detenidos, mientras que el cerebro del plan, otro paquistaní, se encontraba en Irán.

Según el Tesoro estadounidense, Zindeshti, enviado para saldar cuentas con narcotraficantes rivales –e incluso con el abogado de uno de ellos–, también ha sido utilizado para eliminar a opositores iraníes que se refugiaban en Turquía. A finales de 2021, un ciudadano ruso de origen azerí fue acusado por la justicia chipriota de terrorismo y conspiración para cometer asesinato. Supuestamente le pagaron 40.000 euros con un contrato para asesinar a empresarios israelíes.

“Se han desenmascarado varias infraestructuras terroristas, gestionadas por importantes organizaciones criminales que operan en toda Europa, cuyos dirigentes están directamente dirigidos por Irán para llevar a cabo atentados terroristas, en particular contra objetivos y bienes identificados con Israel”, aseguró el Mosad en un comunicado publicado el pasado 30 de mayo, en el que revelaba la existencia de una célula terrorista que operaba bajo el mando de Rawa Majid, apodado el Zorro kurdo y líder de la banda sueca Foxtrot. Buscado por varios cuerpos policiales, Majid, según el Mossad, había huido a Irán, donde fue detenido y luego reclutado por sus servicios secretos para planear atentados contra objetivos judíos o israelíes en Europa. En enero se descubrió una granada que no explotó en el solar de la embajada israelí en Estocolmo. Al parecer fue puesta allí por miembros de Foxtrot.

Además, la policía cree que la banda rival sueca Rumba está detrás de los disparos efectuados contra la misma embajada esta primavera. El servicio de seguridad sueco confirmó la información del Mossad en una rueda de prensa.

En diciembre de 2023, el Tribunal Regional de Düsseldorf condenó a un germano-iraní a dos años y nueve meses de prisión por lanzar un cóctel molotov contra una escuela de la ciudad alemana de Bochum en noviembre de 2022. El objetivo real, sin embargo, era la sinagoga cercana. En la sentencia, los jueces subrayaron que el autor había actuado “en interés de las autoridades estatales de la República Islámica de Irán”. El germano-iraní había sido reclutado por Ramin Yektaparast, antiguo líder de los Ángeles del Infierno de Mönchengladbach. Buscado por un asesinato especialmente brutal en el mundo de los moteros, Yektaparast huyó a Irán donde, según el incendiario que había contratado, llevaba una vida de lujo sin un trabajo fijo. Juzgado en ausencia por el Tribunal Federal alemán por otra serie de atentados antisemitas que él mismo había ordenado, Ramin Yektaparast decía que actuaba en nombre de Al-Quds. Murió en un tiroteo en Teherán a principios de 2024.

En Estados Unidos, la red del narcotraficante Zindeshti reclutó en 2021 a Damion Ryan y Adam Pearson, dos hells angels canadienses, para asesinar a opositores iraníes refugiados en Estados Unidos.

Dos años después, EEUU anunció que un georgiano y el presunto jefe de una banda azerí habían organizado el intento de asesinato de una periodista de la oposición iraní en su domicilio de Nueva York en julio de 2022. Los dos hombres habían reclutado a un asesino por 30.000 euros. Fue detenido cerca del domicilio de la periodista, portando un fusil de asalto AK-47. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, afirmó que el plan se había urdido en Irán.

La utilización de delincuentes comunes tiene la ventaja para Irán de que consigue mantener las apariencias en caso de fracaso. Además, le permite invocar lo que se conoce como “negación plausible”. Sobre todo cuando, como en el caso de la célula de Ümit Bülbül, recurrren a varios matones en diferentes niveles de la célula terrorista.

También es un modus operandi más difícil de detectar aguas arriba. Tanto más cuanto que Irán, que solía seleccionar objetivos conocidos que tocaran la fibra sensible de la opinión pública, considera un éxito cada atentado desde el 7 de octubre, el día del ataque de Hamás en Israel. “Irán quiere que los judíos e israelíes no se sientan seguros en ningún lugar del mundo”, explica a EIC un servicio de inteligencia europeo. 

Ganar dinero mientras se ayuda a salvar el planeta. Eso es lo que prometen a los ahorradores los bancos que comercializan los llamados fondos de inversión verdes o ASG (criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza). Pero estos fondos supuestamente sostenibles siguen invirtiendo decenas de miles de millones de euros en los mayores emisores de CO2 del mundo. Estas son las conclusiones de una investigación llevada a cabo por Mediapart, el medio on line europeo Voxeurop y la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, basada en datos financieros del London Stock Exchange Group (LSEG), la Bolsa de Londres.

Este engaño perfectamente legal es posible gracias a la laxa normativa de la Unión Europea sobre financiación sostenible. Concebida en un principio para reorientar cientos de miles de millones de euros del ahorro europeo hacia la transición climática, en realidad fomenta el greenwashing, el ecopostureo, o las falsas promesas.

Son los bancos y los gestores de fondos quienes deciden dónde colocar el dinero que les confían sus clientes, tanto particulares como inversores institucionales, deseosos de hacer una inversión rentable.

EIC ha analizado las inversiones realizadas en el último trimestre de 2023 por 4.342 fondos verdes comercializados en Europa en las 25 empresas cotizadas con mayores emisiones de CO2 de ocho sectores especialmente problemáticos: petróleo y gas, automoción, aeroespacial, carbón, acero y minerales, transporte marítimo, moda y agricultura.

Estos fondos, teóricamente ecológicos, han invertido sin embargo 87.000 millones de dólares –81.000 millones de euros– en una muestra de 200 empresas ultracontaminantes. Y al hacerlo han contribuido a la emisión de cantidades masivas de dióxido de carbono.

Es más, los fondos verdes han invertido 33.000 millones de dólares en las 25 petroleras más perjudiciales para el clima –la francesa TotalEnergies, la italiana ENI, la angloholandesa Shell–, lo que hace a estos fondos supuestamente sostenibles corresponsables de la emisión de 110 millones de toneladas de CO2 al año, lo que equivale a una cuarta parte de las emisiones anuales de Francia.

También han financiado con 20.000 millones de dólares a los mayores emisores de dióxido de carbono de la industria automovilística –Toyota, Stellantis, Mercedes Benz, General Motors–, 14.000 millones en la industria de la moda, 9.000 millones en la industria aeroespacial e incluso 623 millones de dólares en el sector del carbón, la fuente de energía menos respetuoso con el clima.

TotalEnergies es el mayor beneficiario de este mecanismo de financiación, con 10.000 millones de dólares invertidos por fondos verdes. Al mismo tiempo, el campeón francés del petróleo y el gas está desarrollando nuevos yacimientos gigantescos que son totalmente incompatibles con el Acuerdo de París, un tratado internacional jurídicamente vinculante cuyo objetivo es limitar el calentamiento global a 1,5 grados.

En otras empresas las inversiones verdes alcanzan los 5.000 millones de dólares en Stellantis –que controla Peugeot y Citroën–, 3.000 millones de en Airbus, 2.000 millones en el fabricante de motores aeronáuticos Safran, 192 millones de euros en Dassault Aviation –fabricante de jets privados especialmente respetuosos con el aire acondicionado– y 611 millones en ArcelorMittal, la empresa que más CO2 emite en Francia.

Los fondos verdes también han inyectado 5.266 millones de dólares en Inditex, el grupo de moda que emite más dióxido de carbono; 641 millones en el grupo suizo Glencore, que es el primer productor mundial de carbón; 2.800 millones en el gigante minero Rio Tinto, e incluso 265 millones en la petrolera saudí Saudi Aramco, la mayor emisora de dióxido de carbono del mundo.

La mayoría de las grandes instituciones financieras están implicadas en este ecopostureo. Los tres mayores gestores de activos implicados son el estadounidense BlackRock –número uno mundial–, el alemán Deutsche Bank y el francés Crédit Agricole/Amundi, cada uno con más de 5.000 millones de dólares invertidos en algunas de las 200 empresas supercontaminantes.

Contactados los tres mayores inversores de la clasificación de EIC, han rechazado comentar estos datos. BlackRock responde que sus fondos verdes tienen una metodología “transparente” y “cumplen la normativa europea”. Amundi se limita a indicar que cumple “toda la normativa aplicable”. Pero detrás de ellos hay otros gestores internacionalmente reconocidos: Intensa Sanpaolo Eurizon Capital, Fidelity International, JP Morgan Asset Management, Northern Trust, Templeton y Allianz. Esta decena de gestores son responsables de más de una cuarta parte –23.000 millones de dólares– de las inversiones de los fondos verdes regulados por la UE en los 25 mayores emisores de gases de efecto invernadero de cada uno de los ocho sectores analizados. A su vez, esas 200 empresas son, de media, responsables del 77% de las emisiones de sus respectivos sectores.

A pesar de producir alrededor de 15.600 millones de toneladas de carbono al año entre 2017 y 2023 –cinco veces las emisiones de los 27 Estados miembros de la UE en 2022–, siguen atrayendo miles de millones de dólares en inversiones verdes. de activos.

Estas inversiones confirman el fracaso de la normativa europea SFDR –Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles–, que entró en vigor en 2021 como parte del Pacto Verde, diseñado para hacer de la UE una zona climáticamente neutra en 2050.

Inicialmente destinado a mejorar la transparencia para los inversores, el SFDR ha creado de facto dos etiquetas ASG. En los fondos del Artículo 8 o verde claro, sólo algunos de sus activos se seleccionan en función de criterios sociales o medioambientales. Son la inmensa mayoría de los que se comercializan: representan el 98% de las inversiones realizadas en la muestra de 200 empresas con elevadas emisiones de CO2.

Los fondos del Artículo 9 o verde oscuro se componen casi exclusivamente de inversiones sostenibles. Sin embargo, invirtieron 2.000 millones de euros en el Top 200 de empresas más contaminantes.

La normativa es tan vaga que ha sido criticada por ONG, algunos reguladores nacionales e incluso parte del propio sector financiero. La Comisión Europea se ha negado a definir lo que constituye una inversión sostenible. Y no prohíbe formalmente ninguna inversión, ni siquiera en sectores ultraperjudiciales para el clima como el petróleo, el acero o el cemento. De hecho, la mayoría de los fondos se limitan a excluir el carbón, el tabaco y las armas “controvertidas”.

En un vitriólico texto publicado en 2023, la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF), el regulador francés equivalente a la CNMV en España, afirmaba que “es vital, para reducir el greenwashing, que la Comisión Europea endurezca las normas”. “Abogamos por unas normas mínimas y por una regulación que defina claramente lo que constituye una inversión sostenible”, apunta Philippe Sourlas, secretario general adjunto responsable de la División de Gestión de Activos de la AMF.

Mientras tanto, reina la autorregulación. Los banqueros son libres de establecer su propia metodología, siempre que puedan justificarla. Como era de esperar, la mayoría no son muy ambiciosos. “La ecologización de las finanzas es extremadamente superficial, porque la prioridad tanto del sector como de los ahorradores es el rendimiento financiero. Los fondos verdaderamente ecológicos tendrían potencialmente un rendimiento inferior, por lo que serían poco comercializables”, explica Julien Lefournier, antiguo agente de bolsa y coautor del libro L'illusion de la finance verte (El espejismo de las finanzas verdes).

Los gestores de los fondos cuentan con múltiples trucos para limitar las restricciones ecológicas, cumpliendo al mismo tiempo las normas europeas. Las empresas se seleccionan en función de calificaciones ASG establecidas internamente o por agencias especializadas. Sin embargo, las emisiones sólo representan una pequeña parte de la tríada, por lo que es posible invertir en empresas que contaminan pero tienen buenas calificaciones sociales y de gobernanza.

Además, la mayoría de las calificaciones sólo tienen en cuenta las emisiones directas de la empresa, no las de sus productos que fabrican –conocidas como emisiones de alcance 3–. Por ejemplo, la agencia de calificación MSCI considera que TotalEnergies se ajusta al objetivo mínimo del Acuerdo de París –2ºC de calentamiento–, porque no tiene en cuenta las emisiones procedentes de la combustión de petróleo y el gas producidos por la empresa francesa.

Otro problema es que las calificaciones no tienen en cuenta las emisiones brutas de CO2, sino la “intensidad de carbono”; es decir, las emisiones divididas por el volumen de negocio. Este indicador permite así no excluir a los mayores contaminadores y revisar a la baja los objetivos. Por ejemplo, si Airbus consume menos energía para fabricar cada avión, pero sigue fabricando más aviones, esto puede traducirse en un aumento de sus emisiones. Y el Acuerdo de París exige una reducción global de las emisiones, especialmente de los mayores contaminantes.

Para seleccionar las empresas de su cartera de inversiones, la mayoría de los fondos se limitan a excluir las “manzanas podridas” peor valoradas de cada sector, a menudo sólo entre el 10% y el 30% de las existentes. “Los índices ASG sólo parecen excluir del 2% al 3% del universo de inversión”, subraya Philippe Sourlas, de la AMF. En una recomendación actualizada en diciembre de 2023, la Autoridad de los Mercados Financieros considera que un fondo puede anunciar los beneficios medioambientales de sus inversiones si excluye al menos al 20% de las empresas. Lo que equivale a considerar arbitrariamente verdes al 80% de las empresas de cada sector, con el pretexto de que son las menos malas.

La explotación con fines lucrativos de este sistema de regulación débil permite etiquetar como verdes estos flujos de inversión en empresas contaminantes a al menos 738 instituciones financieras de todo el mundo, incluidas las radicadas en Francia, Alemania e Italia, así como en el Reino Unido, EE UU y Hong Kong. Muchos de estos fondos están registrados en paraísos fiscales como Luxemburgo e Irlanda, que albergan el 61% del mercado financiero verde de la UE, es decir, 53.000 millones de dólares.

En su defensa, los gestores de los fondos argumentan que se debe seguir apoyando a las empresas con mayores emisiones para ayudarles a financiar la transición hacia energías más limpias. “La transición energética sólo se producirá si cambian todos los actores económicos. Por tanto, Amundi tiene el deber de apoyar y fomentar la transformación de todas las empresas y sectores”, replica Amundi, la rama de gestión de activos de Crédit Agricole.

La idea de que los fondos pueden calificarse de ecológicos afirmando que están en transición puede ser errónea. La mayoría de ellos invierten en empresas emisoras de CO2 y no hay condiciones para la descarbonización hasta 2025. Entonces, las compañías deberán publicar sus planes de transición en virtud de la nueva Directiva sobre Divulgación de la Sostenibilidad Empresarial (CSRD). De forma que, en la actualidad, la mayoría de los fondos etiquetados como “de transición” –todavía una proporción relativamente pequeña de las inversiones– poseen acciones genéricas en empresas emisoras de carbono, sin objetivos de descarbonización.

El último informe de la empresa francesa de inversión sostenible Carmignac muestra que su Cuota de Transición Climática de la Cartera incluye a tres grandes emisores de carbono. Se trata de Total Energies –una de las petroleras vinculadas al 80% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono–, Glencore –la mayor empresa minera de carbón del mundo– y la alemana RWE –el mayor proveedor de energía de carbón de Europa y número uno en emisiones de CO2–. Pero a los inversores no se les informa de los planes de reducción de CO2 de estas empresas ni de sus progresos, porque sus acciones pertenecen a la parte no verde del fondo, que no tiene que cumplir la obligación de “no perjudicar”del SFDR.

“Yo no excluiría de los fondos verdes a los grandes contaminadores, a los que, a través de esas inversiones, se debería animar a reducir sus emisiones”, señaló a Voxeurop Richard Heede, cofundador y director del Climate Accountability Institute. “Pero las inversiones que no obligan a las empresas a cumplir sus compromisos climáticos no son útiles”.

Sólo una minoría de estas empresas ha visto validados sus planes de reducción de CO2 por la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTI), una colaboración entre el Proyecto de Divulgación del Carbono (CDP), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales y el Fondo Mundial para la Naturaleza que reúne a más de un millar de empresas para establecer un objetivo climático basado en la ciencia.

Las empresas pioneras en este ámbito tienen dificultades para cumplir sus promesas. “Si nos fijamos sólo en las emisiones, casi todas las empresas que calificamos no cumplen los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Las mejores están ligeramente por debajo de los dos grados”, advierte Axel Pierron, director asociado de la agencia de calificación Morningstar Sustainanalytics.

A pesar de estas normas mínimas, a partir de finales de 2022 la mayoría de los gestores decidieron rebajar la categoría de sus fondos más ambiciosos del Artículo 9 al Artículo 8 para evitar mayores costes de compliance y tener más margen para apoyar a los grandes emisores de dióxido de carbono.

El problema es que estos fondos verde claro, sujetos a requisitos minímos, suelen venderse con nombres demasiado verdes, que contienen las expresiones “ASG”, “convicción”, “bajas emisiones de carbono” o “alineados con el Acuerdo de París”, que se utilizan para atraer a los ahorradores pese que sólo una parte del dinero financia actividades beneficiosas para el medio ambiente y la sociedad, reservando el resto para los grandes emisores de CO2. La investigación de EIC revela que el 20% de estos fondos llevan nombres verdes; hasta el 54% en el caso de los fondos del artículo 9. “Los consumidores no tienen ninguna posibilidad de orientarse en este laberinto”, lamenta el ex agente de bolsa Julien Lefournier.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA por sus siglas en inglés) abordó el problema publicando unas recomendaciones el pasado 14 de mayo. En ellas se estipula que, a partir de mediados de 2025, los fondos que proclamen el impacto medioambiental en su nombre tendrán que hacer un 80% de inversiones sostenibles y dejar de invertir en empresas demasiado vinculadas a los hidrocarburos –petróleo, gas, combustibles fósiles–.

El problema es que estas normas son voluntarias: cada país europeo decidirá este otoño si las aplica o no. Como muestra del alcance del ecopostureo, un reciente estudio de Morningstar destaca que dos tercios de los fondos verdes se verían obligados a cambiar de nombre o a vender activos demasiado contaminantes por valor de 40.000 millones de dólares si las normas de la ESMA se aplicaran en todos los países. Hasta ahora, sólo 45 fondos están alineados con el Acuerdo de París, lo que equivale a un pobre 0,5% de las inversiones.

Para Lara Cuvelier, de la ONG Reclaim Finance, Bruselas debe ir más allá y endurecer la normativa. “Hay que garantizar a los inversores que los fondos que proclaman un beneficio medioambiental no pueden hacer inversiones que socaven los objetivos climáticos de la Unión Europea”, sostiene.

Todo dependerá de la valentía política de la nueva Comisión Europea, que se constituirá el mes que viene. Pero dada la correlación de fuerzas en las últimas elecciones europeas, marcadas por el ascenso de la extrema derecha y la caída del número de eurodiputados ecologistas, la batalla por unas finanzas más verdes queda lejos de estar ganada.

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Este reportaje forma parte de una investigación coordinada por Voxeurop, con el apoyo del programa de becas Bertha Challenge, y European Investigative Collaborations (EIC)

Stefano Valentino es Bertha Challenge Fellow 2024

El análisis se basa en datos del London Stock Exchange Group (LSEG)

Patrick Baudouin, en su intervención en el 92º congreso de la Liga de Derechos Humanos (LDH), celebrado recientemente en Burdeos, como presidente saliente expresó su alarma ante un "aumento intolerable del antisemitismo, que debe disociarse del antisionismo y de la denuncia de las autoridades israelíes". “La LDH", prosiguió, "cuya creación está vinculada a la reparación de una injusticia ligada al antisemitismo, también se propone no dejar pasar nada", añadiendo que luchará con "el mismo empeño" contra el "riesgo de un aumento, ya comprobado, de los actos islamófobos". 

Pero este recordatorio, que es bienvenido, debe ir más allá de la mera retórica si quiere conseguir sacudir la inercia de una parte de la izquierda ante este resurgimiento del antisemitismo, que alimenta legítimamente la inquietud, cuando no el miedo, de la comunidad judía.  El intento de incendiar la sinagoga de Ruán el 17 de mayo, incluso si la investigación establece que fue el acto aislado de una persona desequilibrada, es testigo de una tendencia venenosa, al igual que el ataque a la mezquita de Bayona por un octogenario solitario en 2019 fue una muestra de la banalización potencialmente mortal de la islamofobia. 

Pero esta vigilancia sin cuartel frente a todas estas formas corrientes de odio, exacerbadas diez veces por el avance mediático y electoral de la extrema derecha, no debe llevarnos a subestimar el peligro específico del antisemitismo. Pues, lejos de ser una variante más del racismo, es su cristalización. En este continente y en este país, esto no puede olvidarse. Fue en Europa, a mediados del siglo XX, donde tuvo lugar el exterminio en masa del pueblo judío por la Alemania nazi. Y fue en Francia, a finales del siglo XIX, donde surgió el antisemitismo moderno, con el trasfondo del viejo antijudaísmo cristiano como arma ideológica. 

No se puede deshacer un pasado así, porque sus crímenes son inconmensurables y, por tanto, imprescriptibles. El régimen fascistizante de Vladimir Putin lo sabe muy bien en su afán por inflamar las tensiones en Francia con fines de desestabilización geopolítica: tal y como están las investigaciones, no podemos descartar que sus servicios secretos, a través de redes moldavas y búlgaras, organizaran las provocaciones antisemitas con las estrellas de David en el distrito 14, y luego las manos ensangrentadas aparecidas en el Memorial de la Shoah. Estas manipulaciones destinadas a echar leña al fuego, inscritas en una larga tradición de servicios rusos, desde el zarismo al estalinismo, subrayan la necesidad de una respuesta que no se preste a confusión. 

La trampa tendida a quienes, sobre todo jóvenes, se comprometen, se movilizan y se politizan frente a la opresión y la discriminación, y más concretamente frente a la injusticia cometida contra el pueblo palestino durante tanto tiempo, es la de desestimar, o incluso abandonar, la lucha contra el antisemitismo con el pretexto de que quienes la defienden son sus adversarios conservadores y reaccionarios, e incluso, en una siniestra paradoja, la propia extrema derecha. La identificación de los judíos franceses con el Estado de Israel, promovida por los gobiernos israelíes y sus partidarios incondicionales, pero a veces propugnada por algunos defensores despistados de la causa palestina, convierte esta trampa en una emboscada. 

Es aquí donde resulta útil y necesario volver a los orígenes de la creación de la Liga de Derechos Humanos. Fundada el 4 de junio de 1898, unos meses después de la publicación en L'Aurore, el 13 de enero de 1898, del célebre "J'accuse..." de Émile Zola, la Liga fue la encarnación de una oleada progresista en defensa de la inocencia del capitán Alfred Dreyfus, víctima de un complot antisemita en 1894 y luego deportado a la isla del Diablo, en la Guayana francesa. 

Aquello fue un revulsivo, porque durante cuatro largos años, la indiferencia ante el injusto destino de Dreyfus se había visto alimentada por un prejuicio racista que no conoce fronteras sociales y que, en ese caso, identificaba a los judíos con la usura y, por tanto, con el dinero y, por extensión, con el capitalismo. 

Ese "socialismo de los necios", en palabras del socialdemócrata alemán August Bebel, que era la judeofobia dentro de la izquierda política y social de la época, renunció a la universalidad de los derechos humanos. Se escudaba en argucias ideológicas, recubriéndose de egoísmos de clase, para justificar darles la espalda con el pretexto de que, como burgués, militar y además judío, Alfred Dreyfus merecía su destino. 

Si la lucha del caso Dreyfus, encabezada por la joven LDH, pasó a la historia como uno de esos raros momentos en los que el destino moral de todo un pueblo dependió de la suerte de un solo individuo, es porque defendió la causa de la igualdad sin fronteras.

Por otra parte, el antisemitismo moderno, del que La France juive (La Francia judía) de Édouard Drumont, publicada en 1886 por Flammarion, fue el primer breviario, se dedicó metódicamente a destruir la promesa de igualdad, que está en el corazón de la emancipación, independientemente del origen, el credo, la apariencia, etc. Pretendiendo ser anticapitalista, el periódico de Drumont La Libre Parole llevaba el subtítulo "Francia para los franceses". Esa xenofobia pregonada iba de la mano de una radicalización de las ideologías de civilizaciones y razas superiores que acompañaron la expansión colonial de los imperialismos europeos. En la estela de los disturbios antijudíos, Drumont fue elegido diputado por Argel en 1898 y permaneció en el cargo hasta 1902. 

Esta es la primera razón por la que nunca debemos abandonar la lucha contra el antisemitismo: para rechazar el veneno relativista de la competición entre víctimas y la jerarquía de las opresiones, que socava la esperanza en una humanidad común y la construcción de una verdadera universalidad. Es lo que ha subrayado el abogado Arié Alimi, hoy vicepresidente de la LDH, en su libro Juif, français, de gauche... dans le désordre (Judío, francés, de izquierdas... indistintamente) al recordar su decidida participación en la marcha contra la islamofobia del 10 de noviembre de 2019, al tiempo que llamaba a la izquierda a no abandonar nunca a los judíos frente al antisemitismo, aun a riesgo de mezclarse con aquellos antisemitas de ayer que ahora "dan una apariencia de filosemitismo en detrimento de los musulmanes", convertidos en su principal enemigo. 

Esa era la advertencia de Frantz Fanon, figura capital de la lucha anticolonial, desde la Martinica a Argelia, a quien recurrimos muy pronto en Mediapart en respuesta a Dieudonné, "ese payaso que no hace reír". Es un pasaje de Peau noire, masques blancs (Piel negra, máscaras blancas, 1952), en el que Fanon cita a su profesor de filosofía antillano, que le dijo: "Cuando oigas a la gente decir cosas malas de los judíos, pon bien la oreja, están hablando de ti". 

No sólo, comenta Fanon, mi profesor quería decir "que yo era responsable, en cuerpo y alma, del destino reservado a mi hermano". Y es que "simplemente quería decir que un antisemita es necesariamente un negrófobo". 

A esta posición de principio –no dividir nunca la lucha contra el racismo, enemigo mortal de la igualdad– se añade una cuestión fundamental y decisiva: el lugar especial que ocupa el antisemitismo en las ideologías que teorizan el rechazo y el odio al otro. 

Como las muñecas matrioska, los racismos se encajan unos dentro de otros y se alimentan mutuamente en una espiral que siempre acaba arrastrando el imaginario antisemita y su modalidad conspirativa, donde al otro se le ve como un intruso, un infiltrado, un enemigo interior, un cuerpo extraño, una especie de virus cuya proliferación es una amenaza para la identidad supuestamente auténtica de una nación y un pueblo. 

En este sentido, el antisemitismo se sitúa ideológicamente en el núcleo duro del racismo, porque fundamenta y radicaliza el rechazo a la mezcla y los cruces, al desplazamiento y al movimiento, al mestizaje o a la criollización. Y fue un francés quien mejor teorizó sobre ello, un francés cuyo legado intelectual sigue inspirando y modelando a los ultraderechistas de hoy: Charles Maurras, fundador de Action Française, cuyo legado trató de salvar un filósofo, Pierre Boutang, tras la Segunda Guerra Mundial, quien con talento consiguió contar entre sus discípulos a un filósofo franco-israelí, Michaël Bar Zvi. 

Hasta su muerte en 1952, incluso en sus memorias en defensa de la purga ante la justicia, Maurras reivindicó y defendió su "antisemitismo de Estado", que diferenciaba del antisemitismo biológico del nazismo, pretendiendo así exonerar su pensamiento de todo racismo. Escribió a su juez de instrucción el 12 de diciembre de 1944: "Este pueblo, que es un pueblo, este pueblo judío, no es un pueblo como los demás, en el sentido de que no tiene territorio propio. Vive en los países de otros...". 

Denunciando a los judíos como "una Nación dentro de la Nación, un Estado dentro del Estado, una comunidad dentro de la comunidad", atacó al "poder judío [que] no es un poder como los demás", porque "un judío que se hace francés no deja de ser judío". “Nuestro antisemitismo de Estado", concluye, "es una precaución de defensa nacional y de salvación pública".

Estas son sólo algunas citas de una larga reflexión, escrita en la cárcel, cuya aparente frialdad teórica deja entrever la inhumanidad que hay detrás cuando Maurras evoca "la lepra judía", el "diluvio israelita", el "peligro judío" del que "había que salvar a Francia". Eran palabras de la época, pero también sentencias de muerte para hombres, mujeres y niños cuyo único delito era haber nacido judíos. Como Daniel Cordier, secretario de Jean Moulin, algunos de los militantes de Action française que, por patriotismo anti alemán, se convirtieron en resistentes, rechazando Vichy y la colaboración, afortunadamente se dieron cuenta de ello. 

Pero a partir de entonces, tuvieron que llevar ese cuestionamiento hasta sus últimas consecuencias, dudando del corazón de la doctrina maurrasiana, ese "nacionalismo integral" que Éric Zemmour reivindica ahora como propio. Esta fórmula teoriza una nación identitaria que sólo acepta otras culturas, religiones u orígenes, con sus diferencias y particularidades, a condición de separarlas, distanciarlas o trasladarlas a otro lugar. El sueño del "gran reemplazo", cuyo corolario sería la "reemigración" de las poblaciones afectadas, no es más que la expresión más virulenta de ello. 

Mencionar esta tradición intelectual de la extrema derecha francesa ayuda a clarificar el desafío contemporáneo de la lucha contra el antisemitismo, que en realidad concierne a cualquier comunidad estigmatizada y discriminada a la que se le insta a que no se afirme como tal, que se disuelva y que no se vea, un mandato que sostiene el deseo enfermizo de que desaparezca. El actual ministro del Interior Gérald Darmanin, en una especie de lapsus linguae, en 2021 se le escapó su proximidad a esa herencia al utilizar una gramática antisemita para comparar su lucha contra el "separatismo islamista" con la política antijudía de Napoleón frente a los "problemas de integración de los judíos en la nación francesa". 

Librar la lucha contra el antisemitismo con toda claridad es librarla resueltamente a pesar de quienes, aunque sean judíos, han abandonado lo que está en juego en democracia, a saber, la igualdad de derechos para todos. Los orígenes no protegen de nada, y sólo el presente aporta pruebas. Cuando la denuncia del antisemitismo en Francia se enreda en un alineamiento incondicional con la política de la extrema derecha israelí, que reivindica una identidad nacionalista incluso en su dimensión religiosa, paradójicamente se les está haciendo el juego. 

No es sólo apoyar el racismo antiárabe y antimusulmán que propugna la extrema derecha israelí. También está dando crédito a una visión antirrepublicana de la nación, intrínsecamente resistente a la pluralidad y la diversidad, basada en una supuesta (y muy reciente) identidad judeocristiana, a pesar de que la República ha tenido que luchar para librarse del antijudaísmo cristiano, herencia de dos milenios de persecución antijudía. 

Al identificarse con las políticas de Israel que niegan la igualdad de derechos a los palestinos, la extrema derecha mata dos pájaros de un tiro: por un lado, se normaliza, se banaliza e institucionaliza a sí misma; por otro, salva su cuerpo doctrinal, que es el rechazo a la mezcla y al mestizaje, la búsqueda de una ilusa pureza identitaria mediante la exclusión de los supuestos cuerpos extraños, inmigrantes, árabes, africanos, musulmanes, etcétera. 

En este juego siniestro, los judíos de Francia acabarán perdiendo también si no se dicen, como Frantz Fanon, que ellos también deben agudizar el oído cuando se habla mal de esos Otros. 

El historiador Pierre Birnbaum, en su Historia de los odios nacionalistas, cuyo título principal "Francia para los franceses” se basa en el eslogan del periódico antisemita de Drumont, documentó ampliamente una tradición de extrema derecha favorable al sionismo como movimiento nacionalista judío cuyo gran mérito sería librar a Francia de su población judía.

 En mayo de 1943, el colaboracionista Marcel Déat, ex socialista convertido en pro-nazi, firmó una proclama titulada "Hacia un Estado judío", en la que decía: "Un territorio, un Estado, una nación, ése es el magnífico regalo que Europa se declara dispuesta a ofrecer a los judíos. Pero con una condición, y es que sean todos residentes, que las doce tribus estén allí en su totalidad". 

De hecho, ya en 1890, Édouard Drumont propuso "enviarlos a todos de vuelta a Palestina" para deshacerse de los judíos. En resumen, "los judíos en su casa y los franceses en la suya", insistía uno de sus discípulos más fieles, Jacques Ploncard, mientras que, aún bajo el régimen de Vichy, otros colaboradores escribían sin pudor que "la solución del problema judío reside en el sionismo total, en el sionismo al cien por cien. Y en un sionismo obligatorio para el pueblo maldito. [...] Ahora que comienza en Francia el esbozo de un antisemitismo legal, soñamos con un mundo nuevo. Soñamos con un mundo sin judíos. Soñamos con un mundo en el que Jerusalén sería la capital del nuevo reino de Judá. 

Que una retórica tan brutal sea hoy impensable e incalificable no impide que siga activa la ideología que la impulsa. Cualquier abandono de la izquierda en la lucha contra el antisemitismo hace el juego a la extrema derecha al permitirle utilizarlo como palanca ideológica para promover la identidad por encima de la igualdad. Ni la perdición de una parte de la comunidad judía francesa, que cree protegerse poniéndose en manos de los herederos de sus verdugos, ni la política criminal de la extrema derecha israelí, que alimenta el antisemitismo tratando de anexionar a su ruina moral al judaísmo mundial, pueden justificar que se ceda un ápice en esta batalla vital. 

Si fueran necesarias más pruebas, una última podría convencer a los indecisos. Procede de un periodista que fue una figura tan olvidada como importante de la colaboración mediática: Dominique Sordet, fundador de la agencia Inter-France que, bajo la Ocupación, manipuló toda la prensa, incluida la de la Francia libre, al servicio de Vichy y del hitlerismo. 

En junio de 1944, cuando pronto todo estaría perdido para él y su mundo, publicó Les derniers jours de la démocratie (Los últimos días de la democracia). La extrema franqueza de este opúsculo se hace eco de nuestra época, en la que la extrema derecha va viento en popa imponiendo la identidad de los pueblos, las naciones y los Estados para destruir el principio de igualdad que es el principal resorte de la emancipación. 

"¿Qué es la democracia? Los doctrinarios de la democracia postulan un primer principio, el de la igualdad de los hombres", escribe Sordet. Y es entonces cuando muestra sus cartas: "El Estado democrático desciende del judaísmo. La igualdad es una pasión judía. En las antípodas del espectro igualitario, la noción de jerarquía es esencialmente aria.” 

Habría que citarlo todo para ver hasta qué punto este delirio ideológico –y asesino, no lo olvidemos jamás– marca la política actual de un combate determinante, sin reservas ni ambigüedades, contra el antisemitismo. “Israel ha esparcido en grandes dosis el veneno de la pasión igualitaria por todas las civilizaciones donde ha dejado huella”, escribió este fascista francés, distinguido musicólogo. 

Se puede ser defensor de la causa palestina y, como tal, oponerse resueltamente a la política actual del Estado de Israel y, no obstante, defender y reivindicar, para toda la humanidad, ese Israel del que abominan los fascistas de ayer y de hoy: la promesa universal de igualdad.

Traducción de Miguel López

Tras los ataques perpetrados en su territorio el jueves por la noche, Irán prefirió mantener un perfil bajo. Al reconocer que Israel había efectuado ataques –se oyeron tres explosiones hacia las cuatro de la madrugada, hora local, cerca de una base militar en el centro del país, según la agencia oficial Irna–, Teherán se apresuró a restarles importancia.

Las autoridades iraníes afirmaron que habían derribado drones, pero que no se había producido "ningún ataque con misiles hasta el momento". Y las instalaciones nucleares situadas en la región de Isfahan, en el centro del país, son "completamente seguras", añadió Tasnim, una agencia de noticias controlada por los Guardianes de la Revolución. Según tres funcionarios iraníes citados por The New York Times, uno de los ataques alcanzó una base aérea militar cerca de Isfahan. Pero, de nuevo, "sin daños importantes", dijo Irna.

¿Cómo debemos interpretar esta mínima reacción de las autoridades iraníes? ¿Se trata de un comunicado destinado a calmar los ánimos en un país donde el régimen está más a la defensiva que nunca? Últimamente, las mujeres iraníes que se niegan a llevar el velo o lo llevan muy mal –las bi-hidjab y las bad hidjab, como las llaman en Irán– son vistas ahora por el régimen como agentes al servicio de Israel y de los países occidentales. Fue el 13 de abril, pocas horas antes del ataque con drones contra Israel, cuando el jefe de la policía de Teherán lanzó la nueva campaña para obligarles a respetar el código de vestimenta islámico.

Anunció que había llegado el momento de enfrentarse a quienes "rompen los tabúes sociales asociados al pañuelo islámico". Inmediatamente comenzaron la intimidación, la brutalidad y las detenciones, como muestran decenas de vídeos publicados en Instagram, sobre todo por Dadban, una organización que ofrece asistencia jurídica a los detenidos. En uno de estos vídeos, la policía llega a utilizar una pistola eléctrica contra una mujer que se niega a ser detenida.

Sin embargo, la campaña contra el bi-hijab se había debilitado seriamente tras la muerte de Mahsa Amini el 16 de septiembre de 2022 y la revuelta de la juventud iraní que le siguió, dando la impresión de que las mujeres iraníes iban camino de ganar la batalla contra el uso obligatorio del velo.

Por supuesto, la prohibición seguía en vigor, y se había instalado toda una red de cámaras en las principales carreteras de Teherán para atrapar a los conductores sin pañuelo, que eran objeto de advertencias, fuertes multas y confiscación de su vehículo a la tercera infracción. También en el metro, las gasht-e ershad –literalmente patrullas de la moralidad– no habían renunciado a hacer cumplir el código de vestimenta, lo que se había traducido en violencia y detenciones. En las calles, sin embargo, el cambio fue espectacular. En algunos barrios, las mujeres con velo se habían convertido incluso en minoría.

Pero "en el espacio de unos días, todo cambió", cuenta Ersan, franco-iraní que regresa a París. "Poco antes del atentado de Israel, paseaba por un parque con una prima que no llevaba el hiyab cuando una mujer de la policía de la moral se le acercó y le pidió educadamente, incluso amablemente, que se lo volviera a poner, cosa que ella hizo, antes de quitárselo de nuevo unos minutos más tarde. Entonces, de repente, las cosas se pusieron violentas. Las mujeres sin velo o que lo llevan mal son ahora detenidas y golpeadas abiertamente en la calle", afirma.

La periodista Naeimeh Doustdar Sanaye, defensora de los derechos de las mujeres iraníes y exreclusa de la prisión de Evin, en Teherán, cree que el régimen intenta movilizar a sus bases "mezclando tópicos sobre la defensa del honor y la patria". "¿Cuál es la lógica de ir ahora a la guerra contra nuestro propio pueblo?", se pregunta en la cadena X el periodista Hossein Soleimani, considerado "conservador".

El 17 de abril, la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, que sigue encarcelada en Evin, denunció en su cuenta de Instagram "una República Islámica [que] ha convertido las calles en campos de batalla contra las mujeres para calmar el dolor de su ilegitimidad y colapso mediante el terror y el miedo, y para intentar curar la debilidad y el ridículo de sus pretensiones en la escena internacional mediante una dominación brutal y odiosa en casa".

Lo que muestran también los vídeos colgados en las redes sociales es que la represión ya no la ejerce únicamente el gasht-e ershad, que depende del Ministerio del Interior, sino también los Pasdarán, cuya misión es defender las fronteras de Irán y la difusión de la revolución islámica, no reprimir dentro del país.

Tampoco ha habido nunca tantas citaciones para aquellos de quienes el régimen sospecha que no comparten los valores de la República Islámica. Y la mayoría de ellas proceden cada vez más del propio servicio de inteligencia de los Pasdaran, el todopoderoso Ettelaat-e Sepah. Lo que les interesa es saber quiénes son nuestros contactos fuera de Irán", afirma el director de una empresa. Y lo que nadie se atreve a admitir es que, durante los interrogatorios, se ofrecen a colaborar con ellos e informarles. Es lo que ocurrió con mi marido, que se negó. Los correos electrónicos procedentes de Irán también se han vuelto mucho más reservados, lo que demuestra que el miedo ha entrado en la mente de la gente.

"Una de las características constantes de la guerra es el engrase de la maquinaria represiva. La guerra crea un estado de emergencia que facilita el movimiento de la maquinaria represiva", añade el sociólogo Aghil Daghagheleh, que enseña en Canadá, en un texto ampliamente compartido en las redes sociales iraníes. "Lo que se desprende de la situación es que el gobierno quiere alimentar su maquinaria represiva, que surgió del conflicto militar con Israel, y que sus primeras víctimas fueron (una vez más) las mujeres, los periodistas y los activistas políticos. Estas acciones del gobierno son el mayor peligro para el movimiento de los amantes de la libertad y de las mujeres que se viene produciendo desde hace varios años", continúa.

El 16 de abril, 350 intelectuales y miembros de la sociedad civil iraní firmaron una declaración colectiva en la página web Akhbar-e Rooz (cercana al movimiento democrático y alojada en Alemania) para expresar su rechazo a la guerra. Escribían: "El actual ambiente belicista, además de enmascarar la falta de responsabilidad del sistema político ante las grandes crisis, fomenta la creciente represión de los movimientos de protesta en Irán".

En las cárceles, la situación parece haberse vuelto aún más catastrófica. Según la información transmitida por el historiador y especialista en Oriente Medio Jonathan Piron, se están llevando a cabo huelgas de hambre "debido al aumento de la posibilidad de ejecuciones generalizadas de condenas a muerte". "Varios presos no políticos ya han sido ejecutados, en silencio, en diversas cárceles del país", mientras que "otros presos han sido enviados a celdas de aislamiento en la cárcel de Ghazalhasar y en otras prisiones [...] para esperar su ejecución", explica.

Todo demuestra que el poder se concentra ahora únicamente en manos del Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, su poderosa oficina –el Maktab-e Khabar–, que es el verdadero gobierno de la República Islámica, y el cuerpo de los Pasdaran, conocido en Irán como el Sepah. Fue el propio Líder quien ordenó la reanudación de la represión contra las mujeres sin velo –"las que infringen las normas religiosas"– en un discurso pronunciado con ocasión del Eid al-Fitr.  

Tras el atentado del 13 de abril, la Sepah se puso inmediatamente en contacto con todos aquellos que habían reaccionado en las redes sociales para criticar la Operación Promesa Honesta. El diario reformista Etemaad está siendo perseguido por publicar un artículo en el que pedía al régimen que no tomara represalias tras el ataque a su consulado en Damasco, al igual que el periódico económico Jahan-e Sanat, que informó sobre las tensiones en el mercado financiero tras el ataque a Israel –incluso tuvo que suspenderse la cotización de la moneda iraní–.

Todo hace temer que la confrontación con Israel sea una oportunidad para que los militares iraníes, y en particular el cuerpo de los Pasdaran, refuercen aún más su ya tentacular control sobre el país. 

Un signo de esta militarización cada vez mayor de la República Islámica es que ya no es sólo el ministro iraní de Asuntos Exteriores quien transmite los mensajes de Teherán a Estados Unidos, a través de la Embajada suiza (que representa los intereses estadounidenses en Irán en ausencia de relaciones oficiales entre ambos países), sino que también lo hacen directamente las fuerzas armadas. El general Mohammad Baqeri, jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, escribió a Washington al día siguiente de los ataques en territorio israelí, advirtiendo que si los estadounidenses "cooperan con Israel en sus próximas posibles acciones, sus bases [en la región] no estarán seguras". 

Varios titulares de la prensa iraní afirman incluso que el embajador suizo fue convocado el 14 de abril a la sede del cuerpo de los Pasdaran, lo que no se ajusta en absoluto a los usos y costumbres diplomáticos.

Este deslizamiento hacia el totalitarismo ya se hizo patente en la primera vuelta de las elecciones legislativas, celebrada el 1 de marzo - aún se desconoce la fecha de la segunda vuelta. La mayoría de los candidatos reformistas, incluidos los más eminentes, ni siquiera pudieron ver validadas sus inscripciones, ya que fueron descalificados por el Consejo de Guardianes de la Constitución, órgano encargado de validarlas. La misma suerte corrieron los conservadores considerados insuficientemente radicales. Facciones reformistas como los "pragmáticos" habían gobernado el país bajo los presidentes Mohammad Jatamí (de 1997 a 2005) y Hassan Rohani (de 2013 a 2021).

Ambos obtuvieron sólo 25 de los 245 escaños disputados en la primera vuelta, a los que hay que añadir un puñado de candidatos independientes. De ahí las grietas cada vez más evidentes en el nizem (el "régimen"). Así pues, ha llegado a su fin en Irán lo que el investigador Mohammad-Reza Djalili llamó, hace más de veinte años, la "ilusión reformista". Reducido a estar apoyado únicamente por el aparato represivo, los Pasdaran y un núcleo duro de sus partidarios, Alí Jamenei parece más aislado que nunca. Sigue siendo el Líder Supremo. Pero un Líder Supremo desnudo.

La Justicia rodea a los espías de Emiratos Árabes Unidos. Según informaciones de la agencia AFP, Mediapart y la radio televisión suiza RTS, fiscales franceses y suizos han abierto tres investigaciones judiciales contra la agencia de inteligencia privada Alp Services, con sede en Ginebra, sospechosa de llevar a cabo operaciones clandestinas en Europa por cuenta de los servicios secretos de los Emiratos.

Estos procedimientos judiciales, que se refieren en particular a una supuesta elaboración de perfiles ilegal, espionaje por cuenta de una potencia extranjera, difamación y blanqueo de dinero, se basan en las revelaciones de los Abu Dhabi Secrets, publicadas entre marzo y julio de 2023 por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, gracias a miles de documentos filtrados de Alp Services y obtenidos por Mediapart, socio de EIC al igual que RTS.

A las denuncias en Francia y Suiza se añaden otras dos en Estados Unidos, una contra Alp Services y el profesor de la Universidad George Washington Lorenzo Vidino y otra contra el mismísimo Gobierno de Emiratos Árabes Unidos.

A cambio de al menos 5,7 millones de euros, la empresa suiza desplegó durante años todos sus recursos para perjudicar a los enemigos de los Emiratos, en concreto Qatar y los Hermanos Musulmanes: investigaciones dirigidas contra el Elíseo y la Unión Europea, operaciones de influencia y campañas de desprestigio mediante artículos falsos y la manipulación de ciertos medios de comunicación, donde Alp disponía de una red de periodistas a sueldo. En España, fue Okdiario el medio que publicó hasta seis reportajes escritos por la agencia de detectives suiza.

Las investigaciones judiciales apuntan personalmente al emblemático y controvertido jefe de Alp Services, Mario Brero, de 77 años, condenado en Francia por haber intervenido en el escándalo del grupo nuclear francés Areva, y colaborador de Alexandre Benalla, antiguo consejero y guardaespaldas de Emmanuel Macron.

Según las informaciones de Mediapart, que confirman las de AFP, en el otoño de 2023 la Fiscalía de París abrió una investigación preliminar contra Alp, confiada a la Brigada de Represión de la Delincuencia contra las Personas (BRDP) de la Policía Judicial de París, a raíz de una denuncia presentada por la periodista, escritora y cineasta francesa Rokhaya Diallo, por recogida, tratamiento y comunicación ilícitos de datos personales.

Diallo, conocida por su activismo antirracista y feminista, es una de las víctimas de la operación ilegal de recogida de datos a gran escala revelada por los Abu Dhabi Secrets. Alp facilitó a las autoridades emiratíes los nombres de más de 1.000 europeos presuntamente vinculados a los Hermanos Musulmanes, entre ellos 160 españoles y más de 200 residentes en Francia, acusados de formar “una red de tipo mafioso continental”.

Sin embargo, muchas de las personas que figuraban en la lista no tienen ninguna relación con la Hermandad: el excandidato presidencial socialista Benoît Hamon, la teniente de alcalde de Marsella y exsenadora Samia Ghali, el periodista y activista Taha Bouhafs y un periodista de Mediapart son algunos de ellos. En España fueron falsamente señalados sin pruebas como islamistas radicales políticos, feministas, representantes de organizaciones islámicas y activistas contra la islamofobia. Pero en los numerosos mapas de relaciones enviados por Alp Services a la autocracia del Golfo llegaban a aparecer hasta el narcotraficante Marcial Dorado, el expresidente madrileño Ignacio González o el exconseller valenciano Rafael Blasco, ambos del PP.

Un señalamiento que se convierte en problemático por cuanto que los Hermanos Musulmanes están clasificados como organización terrorista por los Emiratos Árabes Unidos.

De forma que, al asociar falsamente a Rokhaya Diallo con los Hermanos Musulmanes, Alp le ha causado “un daño considerable a su reputación y está fomentando su acoso”, explica su abogado, Vincent Brengarth.

El pasado 15 de enero, Mediapart y su periodista presentaron una denuncia ante la Fiscalía de París por los mismos delitos. “Uno de nuestros periodistas ha sido identificado erróneamente como informador de los Hermanos Musulmanes por la agencia Alp Services y, al hacerlo, ha sido entregado a los servicios secretos emiratíes. Este expediente atenta indebidamente contra su seguridad y su reputación, así como contra las del periódico”, declara Carine Fouteau, presidenta de Mediapart.

En apoyo de su denuncia, el digital francés ha proporcionado a los tribunales un documento interno de Alp Services en el que se enumeran los ciudadanos franceses cuyos nombres fueron enviados a los Emiratos Árabes Unidos, así como una foto que prueba que Alp presentó infografías similares a su agente emiratí, el jeque Matar.

Los investigadores de la Brigada de Represión de la Delincuencia se pusieron en contacto con Mediapart, pero aún no han sido citados a declarar. “En principio, estamos dispuestos a cooperar con las autoridades judiciales para ayudar a descubrir la verdad y evitar que se repitan este tipo de actos, sea cual sea el país”, asegura Carine Fouteau.

La investigación judicial es muy delicada, dada la luna de miel política y económica entre París y Abu Dabi, cimentada por la venta de armas y la determinación compartida de luchar contra el islamismo. El presidente francés, Emmanuel Macron, mantiene una estrecha relación personal con su homólogo emiratí, Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, conocido como MBZ.

Casualmente, otra presunta víctima de Alp Services, Sihem Souid, portavoz catarí en Francia y Bélgica, ha tenido grandes dificultades para llevar su caso ante los tribunales. Mediapart y The New Yorker revelaron que Alp la había estado vigilando, tomando fotos de su domicilio y luego la había puesto en el punto de mira como parte de una operación bautizada como Constelación y diseñada para desprestigiar a los contactos de Qatar en Bruselas.

Sihem Souhid presentó una denuncia ante la Fiscalía de París el 30 de marzo de 2023, pero fue desestimada sólo 13 días después por “falta de pruebas suficientes para constituir una infracción”. Contactada al respecto la Fiscalía, no ha proporcionado una respuesta.

El 25 de abril, Sihem presentó una segunda denuncia, esta vez ante la Fiscalía de Créteil, una ciudad del departamento de Val-de-Marne, próxima a París. Pese a cursar dos requerimientos, no tuvo éxito. El 2 de octubre, presentó una tercera denuncia, de carácter civil, para que se abriera una investigación judicial, confiada a un juez de instrucción independiente. Gracias a esta acción, el fiscal abrió finalmente una investigación preliminar el 30 de octubre de 2023 por allanamiento de morada, robo y violación del secreto o supresión de correspondencia, según la Fiscalía de Créteil.

Además, Mario Brero está siendo investigado en su propio país. El 5 de diciembre de 2023, la Fiscalía Federal suiza (MPC) reunió en una sola investigación varios procedimientos abiertos basados en los Abu Dhabi Secrets. Alp Services, Mario Brero y su socia, Muriel Cavin, son sospechosos de haber cometido seis delitos, según un documento judicial obtenido por RTS.

Una primera tanda de procedimientos, por espionaje, actividades ilegales a favor de un Estado extranjero, calumnias e injurias, se inició a raíz de tres denuncias. Una de ellas fue presentada por la ministra belga de Medio Ambiente, Zakia Khattabi, miembro del partido Écolo, que fue erróneamente incluida en la lista de personas próximas a los Hermanos Musulmanes en el marco de la operación que también se investiga en París.

El segundo denunciante, el islamólogo Tariq Ramadan –que también está procesado por violación en Francia, pero fue absuelto del mismo delito en Suiza–, declinó explicar a EIC de qué acusa a Alp Services. Se desconoce quién presentó la tercera denuncia.

El Ministerio Federal de Asuntos Exteriores suizo también ha denunciado a Alp ante la MPC por incumplimiento de la obligación de declarar una actividad: la legislación suiza exige que las agencias de inteligencia privadas declaren que trabajan para un Estado extranjero, cosa que Alp no hizo.

Por último, la MPC también ha procesado a la agencia de Mario Brero por blanqueo de capitales, como consecuencia de un chivatazo de la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales (MROS) suiza. La Policía Federal, de la que depende la MROS, declinó hacer comentarios. Pero la investigación de EIC reveló que Alp Services fue pagada por un centro de investigación emiratí llamado Al Ariaf, que servía de tapadera a los servicios secretos. Resulta que Mario Brero y Muriel Cavin también tenían un contrato de trabajo ficticio con Al Ariaf: los directores de Alp, con sede en Ginebra, estaban empleados oficialmente como “documentalistas” en Abu Dabi.

Cuando se contactó con ellos a través de sus abogados, Mario Brero y Muriel Cavin no respondieron.

Farid Hafez, politólogo austriaco de la Universidad de Salzburgo, fue una de las víctimas de la Operación Luxor, una gigantesca investigación policial llevada a cabo en noviembre de 2020 por el Gobierno austriaco. Hafez se encontró entre las treinta personas detenidas bajo sospecha de tener vínculos con el terrorismo y el islamismo radical. Al final, sin embargo, no se presentaron cargos contra ninguna de ellas, y la operación se consideró ilegal en 2021. Traumatizado, Farid Hafez abandonó Austria para instalarse en Estados Unidos.

La Operación Luxor se basó en parte en un informe del académico Lorenzo Vidino, especialista en islamismo radical y profesor en la Universidad George Washington que, según reveló investigación de los Abu Dhabi Secrets, fue pagado por Alp Services como parte del trabajo que hizo para los Emiratos. Un detalle inquietante: los correos electrónicos enviados por Mario Brero a su controlador emiratí, revelados por la revista austriaca Profil, sugieren que el jefe de Alp conocía la Operación Luxor dos meses antes de que se pusiera en marcha.

En su denuncia, Farid Hafez acusa a Alp y a Vidino de ser responsables de la campaña de difamación contra él que condujo a su detención, al presentarle falsamente como un islamista próximo a los Hermanos Musulmanes. Lorenzo Vidino reconoció a EIC que había facilitado información a Alp Services, pero afirmó que desconocía la identidad del cliente de la agencia. El académico es miembro del consejo científico del Real Instituto Elcano desde 2020.

A finales de marzo, Hafez, presentó una denuncia en Washington contra Alp y contra Lorenzo Vidino.

Finalmente, en enero de 2024, Hazim Nada, un estadounidense de origen egipcio que ha creado una comercializadora de petróleo en Suiza, presentó también una denuncia en Estados Unidos por las actividades de Alp Servicios al servicio de Emiratos. Basándose en que su padre era un destacado miembro de los Hermanos Musulmanes, la agencia suiza llevó a cabo una campaña para desacreditarlo, presentándolo como un islamista radical. La operación fue tan eficaz que los bancos cerraron las cuentas de su empresa y ésta quebró. Alp y Emiratos le “arruinaron la vida”, declaró a The New Yorker.

La batalla legal de Hazim Nada promete ser muy difícil. Ha optado por demandar a todos los que participaron en la campaña pero también al Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, pese a que una ley estadounidense concede inmunidad legal a los Estados extranjeros. El empresario egipcio reclama 2.800 millones de dólares –2.624 millones de euros– a Alp Services, a sus directivos, a uno de sus empleados y a un periodista suizo cercano a la empresa.

La cuestión va a volver a plantearse. Inevitablemente. En un momento en que el poder adquisitivo de los hogares se hunde frente a la inflación, mientras los grupos y el mundo financiero obtienen beneficios colosales, las finanzas públicas se deterioran y las políticas de austeridad vuelven a estar de moda, el tema de la fiscalidad no puede dejar de plantearse. Sin embargo, es en este mismo momento cuando los gobiernos entierran discretamente el proyecto de un impuesto mundial sobre las multinacionales.

“Ha habido muchos anuncios, pero nada se ha materializado. No hay impulso. Seguimos oyendo hablar del aumento de la deuda, los tipos de interés y las políticas de austeridad. Pero nunca sobre fiscalidad", afirma Éric Toussaint, historiador belga y portavoz del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. El silencio en torno al impuesto mínimo global es tal que algunos creen que esta iniciativa, considerada la más prometedora en la lucha contra la evasión fiscal desde hace varias décadas, es ahora un proyecto que ha nacido muerto.

Preguntada por el estado exacto de las negociaciones, la OCDE no respondió. Y eso que hubo muchas promesas y aplausos cuando la OCDE anunció un acuerdo sobre fiscalidad mundial en octubre de 2021. Ciento cuarenta países dijeron ser signatarios del texto, que preveía la introducción de un tipo impositivo global mínimo para las multinacionales. Todos ellos juraron que se había acabado la carrera a la baja, los paraísos fiscales y la evasión fiscal a gran escala, que privan a los gobiernos de cientos de miles de millones de ingresos públicos cada año. Sólo los paraísos fiscales son sospechosos de malversar 500.000 millones de euros al año, principalmente a costa de los países europeos.

La primera parte, conocida como "primer pilar", se dirige principalmente a los gigantes digitales, que aplican con consumada habilidad todas las técnicas de la evasión fiscal. El plan es obligarles a pagar impuestos allí donde realizan sus ventas. Una segunda parte, conocida como "segundo pilar", impondría un tipo impositivo mínimo del 15% a todos los grupos con ventas de al menos 750 millones de euros. Con la posibilidad de que un tercer país reclame los frutos de este impuesto si el país en cuestión no lo aplica.

En aquel momento, muchos expertos en la materia señalaron el bajo tipo impositivo exigido a las multinacionales: el 15% no era un tipo muy elevado para grupos que obtienen decenas de miles de millones de beneficios. La OCDE y los gobiernos explicaron que esa era la condición necesaria para ganarse a todos los países, sobre todo a los que, como Irlanda, se habían acostumbrado a utilizar una fiscalidad agresiva para atraer a los grandes grupos. En su opinión, el proyecto era un primer paso. Otros vendrían después.

Prevista para entrar en vigor en 2023, la segunda parte no lo hizo hasta el 1 de enero de 2024. Pero de los 140 signatarios iniciales, sólo 55 lo han aplicado hasta la fecha.

Sin embargo, el texto se ha diluido debido a la ardua labor de los grupos de presión, activos durante este periodo para reducir su alcance. "Ha perdido gran parte de su sustancia", admite Quentin Parrinello, portavoz del Observatorio Europeo de la Fiscalidad dirigido por el economista Gabriel Zucman.

El primer abuso fue reconocer la existencia de una actividad económica en el país, como sedes sociales, centros de investigación y empleados, en el cálculo del impuesto mínimo del 15%. En otras palabras, todos los gastos en que se incurra se deducirán de este tipo mínimo, que en general se considera muy bajo. "Corremos el riesgo de acabar con empresas que registren tipos impositivos efectivos del 3% o el 4%, como antes", teme Quentin Parrinello.

Aunque Francia ha incluido el impuesto mínimo del 15% en su Ley de Finanzas de 2024, los grandes grupos franceses del CAC 40 pueden estar tranquilos: nada cambiará para ellos. Llevan años aprendiendo a optimizar su fiscalidad: han convertido sus actividades en Francia en centros de costes.

El segundo gran fallo es que a este impuesto mínimo del 15% se han añadido mecanismos de créditos fiscales. Estos créditos fiscales pueden ser de cualquier tipo y no están sujetos a ninguna condición (lucha contra el cambio climático, innovación, creación de empleo). Pueden concederse de forma opaca y arbitraria. El portavoz del Observatorio Fiscal Europeo predice que "tras una carrera a la baja, corremos el riesgo de asistir a una carrera por los créditos fiscales".

Hasta principios del año que viene, cuando se haya aplicado por primera vez el tipo mínimo mundial, no se podrán sacar las primeras conclusiones sobre este texto. Sin embargo, ya plantea algunas preguntas el hecho de que Suiza y Singapur, que desde hace décadas aplican una estrategia continua para atraer capitales y protegerlos de la fiscalidad, figuren entre los primeros países que aceptan aplicar este segundo pilar del impuesto. ¿Tendrá algún efecto esta tasa?

En cualquier caso, la OCDE ha revisado sus previsiones. Cuando se firmó el acuerdo en 2021, la organización internacional predijo que, gracias a este impuesto mínimo global, los países podrían recuperar unos 220.000 millones de dólares al año. En los últimos estudios, la cifra se ha reducido a 150.000 millones de dólares. Según los últimos estudios, a los paraísos fiscales les espera un futuro prometedor, sobre todo a Irlanda y Holanda, donde las multinacionales llevan años deslocalizando sus centros de beneficios.

Si la aplicación de esta parte del acuerdo sobre fiscalidad mundial no es muy alentadora, el seguimiento del primer pilar, que debe sustituir al impuesto Gafam –Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft–, es francamente deprimente. El texto debe estar terminado en junio. En la reunión de ministros de Finanzas del G20, celebrada en Brasil a finales de febrero, quedó claro que el proyecto había llegado a un punto muerto. "El texto no tiene ninguna posibilidad de éxito porque tiene que ser ratificado por Estados Unidos. Y dado el contexto político actual, no lo será", pronostica una persona con información privilegiada. "Es un texto sujeto al veto estadounidense", afirma Quentin Parrinello.

Sin embargo, el acuerdo fue promovido inicialmente por la administración Biden. Negociado bajo los auspicios de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, su objetivo era cortar de raíz el plan de la Comisión Europea de introducir un impuesto único europeo sobre los gigantes digitales que realizan actividades significativas en Europa pero escapan a toda tributación. En lugar de este impuesto Gafam, el acuerdo de la OCDE preveía una fiscalidad mínima para estas multinacionales.

El presidente estadounidense nunca consiguió una mayoría en el Congreso para ratificar el acuerdo, debido a la oposición del Partido Republicano, pero no sólo eso: la administración Biden, tras haber contenido la amenaza europea, se mostró mucho menos dispuesta a impulsar el proyecto después.

Y entonces el contexto cambió. En un momento de mayores tensiones geopolíticas y de vuelta a las prioridades nacionales, su objetivo es, ante todo, hacer pagar a las multinacionales estadounidenses en suelo estadounidense, y no que el producto de sus beneficios obtenidos en el extranjero beneficie a otros. Una visión totalmente compartida por Donald Trump.

En otras palabras, el proyecto no tiene ninguna posibilidad de ver la luz a corto o medio plazo. Canadá lo ha entendido, y ha introducido un impuesto sobre las actividades de los gigantes digitales a partir de mediados de 2023. En Europa, algunos países como Francia han introducido un impuesto de este tipo. Pero no es lo mismo que un impuesto único a escala europea o mundial, donde, una vez más, entra en juego la competencia fiscal.

Uno de los argumentos esgrimidos a menudo para justificar el empantanamiento del acuerdo de la OCDE es la iniciativa de los países emergentes, que habría roto todo el impulso. Creyendo que el acuerdo había sido negociado por y para beneficio exclusivo de los países desarrollados, una veintena de países africanos presentaron en octubre en la ONU una resolución en la que pedían un convenio internacional sobre fiscalidad que beneficiara a todos los países.

La votación de esta resolución ilustró una vez más las actuales divisiones internacionales: todos los países miembros de la OCDE votaron en contra. Tras varios meses de tensiones y desacuerdos, la relación parece haberse calmado, según Quentin Parrinello, que asistió a la cumbre del G20 en Sao Paulo: "La OCDE y la ONU parecen tener la intención de trabajar juntas. Pero llevará tiempo, probablemente varios años, encontrar un convenio marco".

¿Es posible reactivar un sistema fiscal mundial justo a nivel de la ONU? ¿Lo permitirá el contexto geopolítico? Y, sobre todo, ¿tenemos tiempo para esperar tanto? Todas estas son preguntas que, a estas alturas, nadie sabe responder.

Éric Toussaint es pesimista. "Los países del Sur han hecho una serie de declaraciones con las que no podemos sino simpatizar. Sin embargo, cuando miramos a los Brics [Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica], no hay coherencia en sus declaraciones. Las nuevas potencias económicas mantienen la misma lógica. No proponen ninguna política alternativa".

“Necesitamos una nueva prensa en Francia, y Mediapart es ese proyecto". Con estas palabras que denotan una cierta confianza en el futuro firmó Edwy Plenel su primer editorial, publicado en esta web el 16 de marzo de 2008. 

Como muestra de continuidad con la tradición de un periodismo riguroso, honesto y comprometido, se puso bajo los auspicios de Albert Camus, que sesenta años antes había escrito en Combat que quería "liberar a los periódicos del dinero y darles un tono y una verdad que sacaran del público lo mejor de él". 

En aquella época éramos sólo unas veinte personas, en su mayoría periodistas de diversas procedencias, que soñábamos con despertar e incluso subvertir los medios de comunicación franceses. Definiéndonos como radicalmente democráticos frente al presidencialismo monárquico de una V República en decadencia, partimos de casi nada bajo las chapas onduladas de un viejo garaje del este de París. Casi nada, salvo lo esencial: una visión clara de nuestros principios periodísticos y una apuesta por el valor de la información. 

Decididamente, estábamos en sintonía con nuestro tiempo, el tiempo de una revolución digital aún incipiente, al tiempo que nos negábamos a ceder a los cantos de sirena de las audiencias y el libre acceso. Frente a los oráculos de Internet, demostramos la legitimidad de la suscripción, garantía absoluta de nuestra independencia. Un periódico financiado exclusivamente por sus lectores, opción fundacional que nos diferenció inmediatamente de los demás medios de comunicación. 

Y sigue haciendo de Mediapart, como diario de información general, un diario aparte. Rechazando la publicidad, las presiones de accionistas multimillonarios, las subvenciones públicas y las ayudas de las Gafam (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), nos hemos dotado, gracias a nuestros suscriptores, de los medios para producir una información de calidad libre de toda influencia, garantizada sin censura ni autocensura. 

Tenemos vía libre para revelar lo que se niega, oculta o ignora, y para hacer visible lo invisible. No tenemos que rendir cuentas a nadie más que a nuestros lectores, a quienes hemos situado en el centro de nuestro proyecto. Porque creemos en las virtudes de una democracia viva, hemos creado un espacio participativo, el Club, único en Francia, que con el tiempo se ha convertido en una verdadera comunidad de colaboradores fieles y solidarios a través de sus blogs y comentarios. 

De eso hace ya dieciséis años y la historia nos ha dado la razón. Mediapart se ha consolidado como un contrapoder esencial. Del abuso de debilidad de Liliane Bettencourt a la cuenta oculta de Cahuzac, de la financiación libia de la campaña de Sarkozy a los entresijos del imperio Bolloré, de los conflictos de intereses de Kohler al dinero ruso de Marine Le Pen, nos hemos dado a conocer al gran público gracias a una serie de investigaciones con repercusiones políticas, institucionales, legislativas y fiscales. Hemos abierto nuevos campos de investigación sobre ecología, violencia policial, discriminación y violencia de género, con el tabú roto por Adèle Haenel, luego la ola PPDA (Patrick Poivre d’Arvor, famoso presentador de televisión, ndt) y ahora el caso Depardieu. 

Mediapart es rentable desde hace trece años y es actualmente el tercer diario nacional en número de abonados, detrás de Le Monde y Le Figaro. Nuestra base de suscriptores es de unos 220.000. Con 22,5 millones de euros, nuestro volumen de negocio del año 2023 aumentó casi un 6% interanual, lo que nos permitió obtener un beneficio neto de 2,2 millones de euros. 

Para garantizar que nuestra empresa siga siendo independiente para siempre, en 2019 modificamos nuestros estatutos legales para crear el Fondo para una prensa libre (FPL), una estructura sin ánimo de lucro que salvaguarda la propiedad de Mediapart. A partir de ahora, nuestro periódico no podrá venderse ni comprarse. 

Se escribe una nueva página en la historia de Mediapart: sus fundadores ceden las riendas al equipo que lo produce diariamente desde hace varios años. Tras la marcha de François Bonnet, Laurent Mauduit y Marie-Hélène Smiejan, y varios años antes de Gérard Desportes, ahora le toca el turno a Edwy Plenel, presidente y director de la publicación desde 2008, que deja sus funciones y me las cede a mí. 

Este paso, largamente preparado, responde a nuestros valores, que siempre han antepuesto la inteligencia colectiva a las aventuras personales. Como pioneros, los fundadores de Mediapart abrieron un camino y, al igual que las personas que pasan la antorcha, construyeron los bases para una transición fluida de una generación a la siguiente.

A Edwy Plenel no le perderemos de vista porque su voz es importante para nosotros: como Laurent Mauduit y François Bonnet, seguirá escribiendo en nuestras columnas, dándonos la oportunidad de ver y oír a figuras intelectuales y culturales que dan testimonio de la inventiva de la actualidad. 

A diferencia de otros medios, nuestros estatutos estipulan que Mediapart esté dirigido por un o una periodista. Me incorporé a Mediapart al principio, después de dejar Les Échos cuando lo compró el grupo LVMH, y me dediqué a investigar sobre cuestiones migratorias. Me apasionó, porque me parecía que estos temas englobaban todos los demás, de manera sensible y política. 

He intentado transmitir lo que más me impresionaba: el impacto concreto de las políticas estatales en las vidas, los cuerpos y las trayectorias. Luego, durante cinco años, de 2018 a 2023, como codirectora editorial con Stéphane Alliès, aprendí a comprometerme con el colectivo, a comprender sus preocupaciones y necesidades, convencida de que para producir la mejor información debíamos garantizar las mejores condiciones de trabajo posibles. 

Con Cécile Sourd (directora general), Lénaïg Bredoux y Valentine Oberti (nuevas directoras editoriales), Fabrice Arfi (codirector del departamento de investigación y miembro del consejo de administración), Renaud Creus (director de comunicación), Olivier Grange-Labat (director de producto y técnico), Cédric Lepécuchelle (director de suscripciones) y Julie Sockeel (directora de marketing), estamos listos para escribir el próximo capítulo, con determinación y modestia. Sabemos que podemos contar con un equipo increíblemente talentoso y unido de 139 empleados, la mitad de los cuales son periodistas.  

Siguiendo los pasos de nuestros fundadores, continuamos la aventura a nuestra manera, la de una nueva generación, liderada por mujeres, y un equipo diverso y plural, que busca la verdad de los hechos por encima de todo. 

Nuestro objetivo es claro: ampliar el número de lectores y hacer de Mediapart un gran diario popular que incomode y unifique a la vez, por la fuerza y la calidad de su información. Siendo útiles para ustedes, apostamos por hacernos indispensables.  

Para no ocultar nada, ejercemos nuestra profesión con cierta alegría, una alegría decidida, la de "sacar" información que "queme los dedos" y, si es posible, que mueva líneas. A nuestro modo de ver, desvelar la verdad es fundamentalmente una cuestión de vitalidad y de comunidad, más que de queja y de ensimismamiento. 

En una entrevista concedida a Mediapart, la filósofa Nadia Yala Kisukidi ilustra ese estado de ánimo: "Luchar contra la opresión requiere imaginación política: inventar lo que aún no se ha inventado, a pesar de todas las historias de violencia que nos atraviesan y pueden abatirnos. Incluso creer que lo que aún no ha sido inventado puede serlo. Para ello se necesitan muchos recursos vitales: la alegría anula la sensación de cansancio". 

Los cimientos son sólidos, pero el reto es inmenso: en dieciséis años, el contexto se ha oscurecido considerablemente. Hemos entrado en una época inestable como nunca, de retroceso de derechos y de catástrofe climática. Las guerras de Ucrania y Gaza desestabilizan el planeta; el capitalismo globalizado sigue socavando franjas enteras de la sociedad; las multinacionales climaticidas se enriquecen esquilmando los recursos de la Tierra; los migrantes perecen en las fronteras; el racismo en todas sus formas destroza vidas; la amenaza de la extrema derecha nunca ha sido tan acuciante; la corrupción destruye el pacto democrático; las mujeres siguen muriendo a manos de sus parejas... 

Los vientos en contra son violentos y, en los medios de comunicación franceses, se manifiestan en la derechización y el embrutecimiento extremos del debate público. Tras la revolución digital monopolizada por los Gafam, el cambio tecnológico, en particular el desarrollo de la inteligencia artificial, está transformando nuestro ecosistema, aunque todavía no sabemos qué usos se harán de él, para bien o para mal. 

Una pequeña figura relata de manera estremecedora los tiempos oscuros que vivimos. Es el Angelus Novus, un cuadro de Paul Klee, dibujado con tinta y carboncillo, comprado por el filósofo Walter Benjamin y ahora expuesto en un museo de Jerusalén. Representa a una especie de ángel desarticulado, con las alas extendidas y los ojos muy abiertos. Como un mensajero, mira, y nosotros miramos, hacia algo que le asusta, un futuro incierto lleno de los horrores del pasado. Lo cito aquí como si fuera un tótem, porque a su manera frágil y defensiva, nos alerta. 

Sin embargo, estamos convencidos de que no hay fatalidad. Con Naomi Klein, creemos que "todavía es posible que los humanos cambiemos el mundo que hemos construido, porque es una cuestión de supervivencia", como escribió en un texto publicado en 2022 por la web The Intercept. Hay muchos motivos para la esperanza. En todo el mundo se traducen en concienciación, movilización, resistencia y cambio, sobre todo entre los jóvenes en cuestiones de género y ecología. 

Frente al cinismo de los poderosos, la sociedad rebosa de iniciativas. En un momento en que se está poniendo patas arriba nuestro modo de vida, se están ideando nuevas formas de vivir, se están forjando vínculos, se está consolidando la solidaridad y se están organizando alternativas, a menudo fuera del radar de los partidos políticos tradicionales. Mediapart está totalmente en sintonía con esas preocupaciones: cómo vivir mejor en nuestro planeta, cómo respirar mejor, cómo alimentarnos mejor, cómo construir juntos lo común.  

Es en este punto de inflexión entre lo peor y lo posible donde Mediapart inicia una nueva etapa de su existencia. Creemos que tenemos un papel que desempeñar en la prevención de la catástrofe y aprovechamos la ocasión para reafirmar, con toda transparencia, quiénes somos, cómo trabajamos, los principios que nos guían y las herramientas de que disponemos para sacar a la luz la información que impida que el mundo funcione según la ley del más fuerte. 

Nuestra misión democrática es devolverles lo que les pertenece: información de interés público que les permita, como ciudadanos, ejercer su derecho de control sobre las decisiones que se toman en su nombre. Esta búsqueda es más pertinente que nunca, para que cada cual siga siendo libre de decir lo que piensa y tomar sus propias decisiones, participe en el debate público, encuentre su lugar en la sociedad y actúe según su conciencia. 

Parecen haber quedado atrás los días en que Internet aparecía como un paraíso para compartir entre iguales . Bajo la presión de imperios mediáticos tan poderosos como destructivos, la profusión de noticias falsas y discursos de odio pone en jaque a las democracias. Contra el veneno de los prejuicios y los comentarios, nos proponemos dar primacía a la información honesta, contrastada, verificada y documentada, con respeto al debate contradictorio y protección absoluta de nuestras fuentes. 

"La libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información sobre los hechos y si no son los propios hechos los que son objeto de debate", escribió Hannah Arendt en 1967, en Verdad y política. Nuestro trabajo periodístico, basado en el rigor y la honestidad, es la garantía del vínculo de confianza con usted. 

No buscamos la fluidez ni la exhaustividad en nuestro tratamiento de la actualidad, sino la distinción y la claridad en nuestras opciones editoriales. En un momento en que los lectores están cada vez más "cansados de información", nuestro papel es ayudarles a elegir, priorizar, dar un paso atrás y contextualizar. En resumen, dar sentido y producir inteligibilidad. 

Nuestro modelo de negocio nos facilita la tarea: basado en la fidelidad de nuestros abonados, no sigue en absoluto esos criterios de audiencia que impulsan a algunos medios a acumular clics publicitarios. Dicho de otro modo: nuestros lectores no son neuronas disponibles.  

También en este caso pertenecemos a una tradición clásica del periodismo, tan revolucionaria como antigua. En un discurso pronunciado en 1907, el magnate de la prensa Joseph Pulitzer, que no era precisamente un extremista, declaró que su periódico –el St. Louis Post-Dispatch– "luchará siempre por el progreso y las reformas, nunca tolerará la injusticia ni la corrupción; no pertenecerá a ningún partido, se opondrá a las clases privilegiadas y a los explotadores del pueblo, nunca carecerá de simpatía por los pobres, permanecerá siempre consagrado al bien público, mantendrá radicalmente su independencia". 

Los valores progresistas de igualdad, justicia social, solidaridad, sobriedad y probidad que defendemos constituyen la base de nuestra línea editorial. Estamos atentos a la situación de las minorías y a los derechos de los extranjeros; queremos contribuir a salvaguardar una Tierra habitable para todos; nos negamos a banalizar a la extrema derecha y sus ideas. Además, en estos tiempos de guerra, conviene recordar que somos un periódico antiimperialista, antiautoritario y anticolonialista. 

Mediapart es un periódico comprometido, pero no militante. No estamos en ningún bando, salvo en el del derecho a estar informado. Investigamos a todos los partidos, sean de derechas o de izquierdas, a las multinacionales y sus jefes, a los sindicatos y sus dirigentes, a las ONG y su funcionamiento, a los influencers y a cualquier personaje público que pretenda cualquier forma de autoridad. No miramos hacia otro lado por razones equivocadas. 

Nuestras investigaciones no sólo pretenden denunciar disfunciones, sino también promover conciencias y transformar nuestro entorno, deshaciendo legitimidades infundadas a menudo heredadas del pasado. 

Por citar sólo tres ejemplos: 

–El caso Cahuzac dio lugar a la creación de la Fiscalía Nacional Financiera, dotada de mayores medios para luchar más eficazmente contra la delincuencia de cuello blanco, y de la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP), encargada de controlar el patrimonio de los cargos electos. 

- Nuestra investigación sobre el diputado Denis Baupin, publicada en 2016 y que se anticipó un año y medio al movimiento #MeToo, allanó el camino para numerosas investigaciones sobre violencia de género en toda Francia. Aunque el delito había prescrito, puso sobre la mesa cuestiones de dominación masculina y abuso de poder en la política francesa y animó a las víctimas a hablar públicamente. 

–A raíz de lo que revelamos sobre el dinero ruso de Rassemblement National, (el partido de Le Pen, ndt) en 2017 se aprobó una ley que prohíbe a los partidos políticos obtener un préstamo de un banco de fuera de la Unión Europea. 

Ante "el auge de una ideología del repliegue y de la cerrazón que se extiende y gana terreno sin cesar en países hasta ahora democráticos", la escritora Annie Ernaux habló de la "vigilancia debida" en su discurso de entrega del Premio Nobel de Literatura en Estocolmo en 2022. "El silencio está fuera de lugar en ciertos momentos de la historia", insistió. En la perspectiva de las elecciones presidenciales de 2027, coincidimos con ella en que es vital combatir la adicción a las ideas rancias. 

Frente a la resignación que nos amenaza, nuestro objetivo, al revelar información de alto impacto, es hacer posible la acción. Como en el caso del clima, no es demasiado tarde, pero sí es urgente actuar. No hay ascenso irresistible salvo en la mente de quienes no tienen interés en que las cosas cambien. La renuncia fatalista es privilegio de quienes no tienen tanto que perder. 

Ahora más que nunca, nuestra ambición es ampliar nuestra audiencia para incluir a un público más general y más joven. Para desempeñar plenamente nuestro papel de exploradores del debate público, nos comprometemos a dirigirnos a todos. Una información sólo comprensible para unos pocos reforzaría los privilegios de una minoría de "sabelotodos" y rompería irremediablemente la promesa de igualdad que constituye el núcleo de nuestro compromiso democrático. 

Para hacer más legibles nuestras publicaciones, hemos decidido reforzar nuestro sistema de edición. Cuidando la forma en que presentamos nuestra información, pretendemos que disfruten leyendo nuestro periódico cada día. Mediante el desarrollo de nuevas formas de redacción y nuevos formatos –vídeo (como hemos hecho con nuestros programas À l'air libre en YouTube y Abonnez-vous en Twitch) o audio (con nuestros podcasts, nuestro programa cultural L'esprit critique y nuestros artículos audio)– buscamos encontrarnos con usted allí donde esté, según sus costumbres. 

Mejorar nuestra accesibilidad significa que Mediapart debe reflejar todos los aspectos de la sociedad. Naturalmente, no hemos escapado a los efectos de la reproducción social, por eso estamos decididos a proseguir nuestros esfuerzos. Es esencial que incluyamos en nuestro equipo a un amplio abanico de perfiles, cada uno de los cuales aporte perspectivas, preocupaciones y fuentes complementarias. 

Mediapart es uno de los pocos medios de comunicación que construye una relación concreta con sus lectores, a través de los blogs del Club, un servicio dedicado a los suscriptores, la moderación interna y los actos públicos. Nos esforzamos constantemente por sacar el máximo partido de esta comunidad, escuchándola y ofreciéndole la oportunidad de participar e intercambiar ideas en un espacio acogedor en el que todos se sientan a gusto. 

Para ampliar el alcance de esta comunidad, estamos desarrollando nuestro acceso a través de intermediarios como bibliotecas, mediatecas, escuelas y universidades.  

En un ecosistema mediático en manos de un puñado de empresas de artículos de lujo, armamento y construcción, es más urgente que nunca unirse. Mediapart pretende seguir desempeñando un papel de liderazgo en la prensa independiente, en particular a través del Fondo para una Prensa Libre (FPL) y el Sindicato de la Prensa Independiente de Información en Línea (Spiil). 

Nuestra presencia sobre el terrero se refleja en los numerosos vínculos productivos que mantenemos con periódicos que comparten nuestros valores profesionales, como Mediacités, Marsactu, Le Poulpe, Rue89 Lyon y Estrasburgo, el Bondy Blog o La Déferlante. En el ámbito europeo, ponemos en común nuestros conocimientos en materia de investigación con nuestros colegas de la European Investigative Collaborations (EIC) e intercambiamos prácticas con medios de comunicación de España, Italia, Grecia, Eslovaquia, Croacia y otros países, que comparten nuestra preocupación por la ofensiva iliberal en Europa. Nos interesa especialmente la nueva colaboración con la web ucraniana The Kyiv Independent. Trabajar juntos, con la diversidad de voces que representamos, garantiza que seremos más fuertes y eficaces. 

* 

Desde su fundación, Mediapart ha estado al lado de la sociedad, de sus fuerzas motrices, de quienes pasan a la acción y abren nuevas posibilidades. Al embarcarnos en una nueva fase de desarrollo, consolidación y emancipación, pretendemos, a través de la fiabilidad de nuestra información, ayudar a la gente a ver con claridad, hacer oír su voz y encontrar la energía para actuar. 

Esperamos aprovechar este momento solemne y sin precedentes de nuestra historia para convencer a cada vez más personas de que se unan a nosotros y confíen en nosotros por serles útiles. Así que, por supuesto, ¡suscríbanse!

Traducción de Miguel López

Las autoridades judiciales españolas no han mostrado “ningún interés” en aprovechar para sus investigaciones los 20 terabytes de información que Rui Pinto, el denunciante de los Football Leaks, entregó el pasado día 1 a policías y fiscales alemanes, franceses y belgas en París. Así lo atestigua a infoLibre un portavoz de la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF), que organizó la cita junto con Eurojust, el organismo europeo de coordinación judicial.

España fue uno de los 10 países europeos que empezaron a cooperar para utilizar la información de Football Leaks en febrero de 2019, aunque ya antes, en 2018, Rui Pinto se había puesto a disposición de los fiscales franceses. Sin embargo, a la entrega de los discos duros desencriptados en París este mes no acudió ningún representante español. Y ello pese a que las revelaciones de Football Leaks, publicadas por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, permitieron abrir en España las investigaciones judiciales que terminaron en las condenas por fraude de fiscal a Cristiano Ronaldo y José Mourinho, además de desvelar las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el FC Barcelona.

Este periódico ha preguntado, sin éxito, al enlace español en Eurojust, el juez José de la Mata, por el motivo de la ausencia española en la cita de París y por la disposición española para utilizar los datos aportados por Rui Pinto. Por su parte, la Fiscalía española niega haber tenido conocimiento de la reunión. “No se le informó de la entrega [de los discos duros]”, asegura un portavoz. Aunque añadió que, en caso de necesitar esa información, sabe que la tiene a su disposición, al igual que el resto de las autoridades europeas, a través de Eurojust.

En efecto, a partir de ahora, “la asistencia mutua europea permitirá transmitir los datos a los demás países europeos afectados”, destacó a Mediapart, socio galo de infoLibre, también miembro de EIC, la Fiscalía Financiera francesa, que calificó de “prometedor” el contenido de los discos duros obtenidos.

España sí participó en la primera reunión de febrero de 2019, celebrada en La Haya, donde se acordó aprovechar las revelaciones de Football Leaks para investigar delitos en toda Europa. Los medios de EIC llevaban publicando desde diciembre de 2016 los casos de corrupción, fraude fiscal, dopaje, compra de partidos e influencia política que documentaba la filtración, en principio 3,4 terabytes obtenidos por la revista alemana Der Spiegel y compartidos con una quincena de medios de comunicación europeos.

La Fiscalía Nacional Financiera abrió entonces una primera investigación penal por blanqueo de capitales y fraude fiscal contra varios futbolistas, entre ellos Javier Pastore, que en esa época jugaba en el Paris Saint-Germain, y Lucho González, que militaba en el Olympique de Marsella. En España, la fiscalía hizo lo propio enseguida con Xabi Alonso, Radamel Falcao, Fabio Coentrão…

Una segunda tanda de relevaciones comenzó a publicarse en noviembre de 2018, desde las citadas operaciones opacas del Barça con Leo Messi hasta la burla del fair play financiero llevada a cabo por el Paris Saint Germain y el Manchester City, con el consentimiento de los presidentes de la UEFA, Michelle Platini, y de la FIFA, Gianni Infantino.

Hace sólo unos días, la Audiencia Nacional confirmó una sanción de 23 millones de euros al Barça por pagar a sus jugadores parte del sueldo a través de sus agentes y reducir así a sus estrellas la factura del IRPF. Un ardid que ha utilizado también el Real Madrid y otros clubes de fútbol, tal y como documentó Football Leaks. El pasado martes, además, el Tribunal Supremo rechazó un recurso de Mourinho, que finalmente tendrá que pagar la multa por fraude fiscal que se le impuso en España. También intentó ocultar parte del sueldo que le pagaba el Real Madrid cobrándolo a través de su agente, Jorge Mendes. El mismo truco utilizado por Cristiano Ronaldo, con quien compartía representante. El entrenador portugués fue condenado en 2019 a un año de cárcel y al pago de tres millones de multa.

Pero la información facilitada por Rui Pinto a la Justicia europea no se limita al mundo del fútbol. El portugués también está en el origen de los Luanda Leaks, una investigación coordinada por otro consorcio de medios, ICIJ, y la ONG PPLAF, que destapó las turbias operativas financieras de Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos. Además, los discos duros contienen información sobre sociedades y cuentas bancarias en paraísos fiscales, como la que permitió publicar a EIC los Malta Files.

Es más, los discos duros ahora en manos de las autoridades judiciales pueden alimentar nuevas investigaciones o ayudar a cerrar otras en curso. En Francia, la ya citada sobre Javier Pastore, pero también otra sobre discriminación racial en el PSG, que fue archivada en febrero de 2023 por la Fiscalía de París, aunque existe un documento en Football Leaks que demuestra que la dirección del club estaba informada de lo que ocurría. La Liga de Derechos Humanos (LDH) ha presentado una segunda denuncia para intentar relanzar el caso. Además del posible favor fiscal concedido al club en 2017 por Gérald Darmanin, entonces ministro de Presupuesto y hoy de Interior, en relación con el traspaso de Neymar, exdelantero estrella del Barça. Los jueces de instrucción ordenaron el registro policial del Ministerio francés de Economía el pasado 15 de enero, nueve días después de que Mediapart publicara la información.

Mientras, en España, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mantiene abierto un caso contra el fondo de inversión Doyen Sports Investments Limited, que hizo negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt. Como resultado de la Operación Dean, la Fiscalía acusa a su expresidente, Nélio Lucas, y a los socios de éste, los agentes de de futbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, de fraude a Hacienda y blanqueo de dinero. Sólo en 2013 el volumen del fraude al fisco supera los cinco millones de euros, pero están en entredicho más ejercicios. Según el juez, todos ellos utilizaron sociedades interpuestas para ocultar su actividad real: simulaban que ésta se realizaba en Malta para no pagar impuestos, cuando su negocio se desarrollaba en España.

En concreto, la investigación menciona la compraventa de derechos del colombiano Radamel Falcao, los franceses Guilavogui y Geoffrey Kongdobia y el senegalés Babá Diawara. Doyen también concedió un préstamo de 2,5 millones al Atlético de Madrid, de 3,65 millones al Sevilla, de 3,5 millones al Getafe y de medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido.

El caso lleva abierto desde 2019. El pasado julio se concedió una nueva prórroga por culpa de unas comisiones rogatorias pendientes, necesarias para el informe de la Agencia Tributaria, que ejerce funciones de auxilio. En diciembre, la Fiscalía informó en contra de más prórrogas, pues considera concluida la instrucción. Ahora el juez deberá decidir si sobresee la causa o si continúa el procedimiento. Ese magistrado es ahora Santiago Pedraz, pero quien inició la instrucción y la dirigió hasta noviembre de 2020 fue José de la Mata, el enlace español en Eurojust.

Rui Pinto lleva colaborando con los fiscales franceses desde 2018, pero sólo puedo desencriptar sus discos duros cinco años después, porque se lo impedía un requerimiento de la Justicia portuguesa, según ha explicado su abogado, William Bourdon. Pinto fue detenido en Budapest, a petición de las autoridades lusas, en enero de 2019. Le acusaban de piratería informática e intento de extorsión.

Después fue extraditado a Portugal. Estuvo en prisión hasta que en 2020 llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Lisboa: fue puesto en libertad como testigo protegido pero, además, se le prohibía cooperar con autoridades extranjeras sin el acuerdo de la Justicia portuguesa. Ese pacto fue impugnado por el Benfica ante los tribunales, una demanda que perdió en noviembre de 2023.

Dos meses antes, en septiembre, Rui Pinto había sido condenado a una pena suspendida de cuatro años de cárcel, que el portugués ha recurrido. También se declaró culpable ante un tribunal de París, tras aceptar una pena de seis meses de prisión, igualmente en suspenso, por piratear los buzones de correo electrónico del Paris Saint-Germain.

La historia de Rui Pinto no es muy distinta a la de Hervé Falciani, el ingeniero italofrancés que desde 2009 colabora con la Justicia internacional tras haberse apoderado de los datos de 130.000 evasores fiscales cuando trabajaba en la filial suiza del banco HSBC.

Detenido en Barcelona en 2012, pasó cinco meses y medio en la prisión de Valdemoro (Madrid), mientras la Audiencia Nacional decidía si lo extraditaba a Suiza, que le acusaba de revelación de secretos y de espionaje económico. También de intentar vender los datos de la que luego se conoció como Lista Falciani. Finalmente, no fue extraditado e incluso fue protegido por el CNI y la Policía. La Audiencia Nacional lo puso en libertad en mayo de 2013, pero la Cámara Federal Penal suiza lo condenó en rebeldía dos años después a cinco años de cárcel. Lo que dio pie a que Suiza volviera a ordenar su detención. Fue arrestado de nuevo en España, en la Universidad de Comillas (Cantabria). La Fiscalía pidió su prisión provisional, pero el juez dejó a Falciani en libertad con medidas cautelares.

En su caso, sí funcionó la cooperación europea: Francia compartió la lista con otros países, entre ellos España. Con la lista Falciani en la mano, se investigaron 659 nombres y se recuperaron 260 millones de euros. Entre los evasores fiscales pillados se encontraba el presidente del Banco Santander, Emilio Botín y su familia. La Agencia Tributaria ofreció a los españoles de la lista –empresarios, abogados– la posibilidad de pagar los impuestos que la información de Falciani demostraba que habían defraudado sin abrirles una inspección. Unos aceptaron y otros no. Estos últimos terminaron en los tribunales.

Rui Pinto llevaba más de cinco años esperando este momento. El informante portugués, en el origen de las revelaciones de Football Leaks, visitó el martes y el miércoles en Nanterre (Francia) los locales de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos financieros y fiscales (OCLCIFF) de la Policía Judicial, donde fue entrevistado en calidad de testigo. Se trata de la brigada de la policía francesa encargada de los mayores casos de corrupción y de delitos financieros.

Rui Pinto también acudió al departamento de informática de la Policía Judicial. Se sentó frente a seis ordenadores, donde los investigadores habían almacenado copias de discos duros encriptados incautados durante un registro en su domicilio de Budapest en 2019, a petición de la Justicia portuguesa. Después introdujo las contraseñas que daban acceso a su tesoro: más de 20 terabytes de datos, que contienen decenas de millones de documentos confidenciales sobre los turbios entresijos del negocio del fútbol. Y mucho más.

El joven, que ahora tiene 35 años, ya había facilitado parte de estos documentos desde 2016 a la revista alemana Der Spiegel, que los compartió con el francés Mediapart y sus socios de la red European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre.

Los Football Leaks permitieron a EIC, en 2016 y luego en 2018, revelar decenas de escándalos sobre los grandes clubes (Real Madrid, Paris Saint-Germanin, Manchester City), los agentes deportivos más influyentes, la evasión fiscal de superestrellas como Cristiano Ronaldo, Mourinho o Paul Pogba, e incluso los tejemanejes de los órganos rectores del fútbol mundial (FIFA) y europeo (UEFA).

Esas informaciones permitieron a varios países, entre ellos España, Francia y Bélgica, abrir investigaciones penales. Pero Rui Pinto tenía prohibido hasta ahora cooperar con ellos por falta de voluntad de la Justicia portuguesa, que le condenó el pasado mes de septiembre a cuatro años de cárcel con suspensión de pena por piratería informática e intento de extorsión.

Aunque había empezado a cooperar con los fiscales franceses en 2018, Rui Pinto sólo pudo desencriptar sus discos duros hasta cinco años después, porque se lo impedía “un requerimiento de la Justicia portuguesa”, explicó este jueves durante una rueda de prensa junto a su abogado, William Bourdon.

“Es la primera vez que las autoridades judiciales de Francia y de otros países europeos distintos de Portugal tienen acceso pleno y sin restricciones a todos los datos. El trabajo de investigación comienza ahora”, declaró Rui Pinto.

Su visita a París fue organizada por la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF) en colaboración con Eurojust, el organismo europeo de cooperación judicial. Un comisario de policía belga, así como un fiscal y un agente de policía alemanes también estuvieron presentes para entrevistar a Rui Pinto y recuperar una copia de los datos. No había ninguno español. Otros países europeos podrán acceder a ella si lo desean a través de Eurojust. De hecho, los Países Bajos han manifestado su interés.

“La entrevista con Rui Pinto se llevó a cabo en presencia de investigadores extranjeros, en el marco de la asistencia judicial europea, bajo los auspicios de Eurojust”, confirmó la PNF a Mediapart. “Rui Pinto permitió el acceso a los voluminosos datos de Football Leaks, que los investigadores podrán ahora empezar a analizar, aunque por el momento no es posible determinar si guardan relación con investigaciones ya en curso. La asistencia mutua europea permitirá transmitir los datos a los demás países europeos afectados. [...] La cooperación de Rui Pinto fue esencial para permitir el acceso a estos datos, cuyo contenido parece prometedor”, añadió la Fiscalía Financiera francesa.

Los documentos sobre el mundo del fútbol, a los que ha tenido acceso Mediapart, podrían alimentar varias investigaciones francesas en curso.

La primera, abierta por la Fiscalía en diciembre de 2016 a raíz de una información de Footbal Leaks, se refiere en particular a la evasión fiscal del exjugador del PSG Javier Pastore. La segunda, sobre discriminación racial en el PSG, fue archivada en febrero de 2023 por la Fiscalía de París, aunque existe un documento en Football Leaks que demuestra que la dirección del club estaba informada de lo que ocurría. La Liga de Derechos Humanos (LDH) presentó una segunda denuncia para intentar relanzar el caso.

Además, está la muy reciente investigación en torno al Paris Saint-Germain, dirigida por jueces de instrucción parisinos, sobre el posible favor fiscal concedido al club en 2017 por Gérald Darmanin, entonces ministro de Presupuesto y hoy de Interior, en relación con el traspaso de Neymar, exdelantero estrella del Barça. Los jueces de instrucción ordenaron el registro policial del Ministerio francés de Economía el pasado 15 de enero, nueve días después de que Mediapart publicara la información.

Tras los primeros descubrimientos de los investigadores, Mediapart profundizó en Football Leaks y encontró documentos inéditos sobre esta operación, que demuestran que Gérald Darmanin y su jefe de gabinete actuaban entonces como asesores fiscales del Paris Saint-Germain. Gracias a la desencriptación de los datos llevada a cabo esta semana por Rui Pinto, los magistrados y policías encargados de la investigación tienen ahora acceso a estos documentos.

“Sé que hay muchas cosas en mis datos que aún no han sido exploradas, y el reciente caso de este ministro francés que facilitó los asuntos fiscales del PSG es un muy buen ejemplo de ello. Me siento muy satisfecho porque demuestra que los datos son poderosos”, destaca Rui Pinto. Para preservar el secreto de las investigaciones judiciales, el portugués no quiso precisar sobre qué temas le interrogó la policía: “Sobre todo me hicieron preguntas sobre clubes franceses y agentes de jugadores activos en Francia”. ¿Y sobre el PSG? “La respuesta a esta pregunta es evidente”, sonríe.

El examen del enorme volumen de documentos también podría llevar a varios países a abrir nuevas investigaciones judiciales. “Mis datos no sólo se refieren al fútbol, sino a muchos otros temas que no han sido publicados” por los medios de comunicación, asegura Rui Pinto. Por ejemplo, hay información sobre evasión fiscal en Malta (publicada por EIC como parte de los Malta Files), pero también datos que han permanecido secretos sobre las Islas Caimán y otros.

En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desvelaron las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça.

Además, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mantiene abierto un caso contra el fondo de inversión Doyen Sports Investments Limited, que hizo negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt. Como resultado de la Operación Dean, la Fiscalía acusa a su expresidente, Nélio Lucas, y a los socios de éste, los agentes de de futbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, de fraude a Hacienda y blanqueo de dinero. Sólo en 2013 el volumen del fraude al fisco supera los cinco millones de euros, pero están en entredicho más ejercicios. Según el juez, todos ellos utilizaron sociedades interpuestas para ocultar su actividad real: simulaban que ésta se realizaba en Malta para no pagar impuestos, cuando su negocio se desarrollaba en España.

En concreto, la investigación menciona la compraventa de derechos del colombiano Radamel Falcao, los franceses Guilavogui y Geoffrey Kongdobia y el senegalés Babá Diawara. Doyen también concedió un préstamo de 2,5 millones al Atlético de Madrid, de 3,65 millones al Sevilla, de 3,5 millones al Getafe y de medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido.

La historia de la colaboración de Rui Pinto con la Justicia es digna de un thriller. A finales de 2018, justo después de la publicación de la segunda temporada de Football Leaks, el portugués, aún anónimo, inició la cooperación con la Fiscalía francesa, a la que entregó una muestra de 12 millones de archivos. Pero el proceso se interrumpió unas semanas después: en enero de 2019, Rui Pinto fue detenido en Budapest a petición de la Justicia portuguesa, que lo perseguía por piratería informática e intento de extorsión. La policía húngara se incautó en su domicilio de varios discos duros encriptados.

Es el inicio de un conflicto entre Francia, que quiere explotar la información, y Portugal, cuya prioridad es procesar a Rui Pinto. En febrero de 2019, la Fiscalía francesa compartió esa muestra de datos con Eurojust, que organizó una reunión con fiscales de nueve países. Un mes más tarde, justo antes de que Rui Pinto –y sus datos– fueran extraditados a Portugal, los fiscales franceses volaron a Budapest y obtuvieron de las autoridades húngaras una copia del contenido de los discos duros. “Los franceses recuperaron los datos a espaldas de los portugueses”, ríe Rui Pinto.

Pero los datos encriptados son inutilizables y Portugal no coopera con Eurojust. Pinto pasa un año en prisión preventiva. Pese al alcance de sus revelaciones, es el único protagonista de Football Leaks que ha pisado la cárcel. En diciembre de 2019, denunció en una entrevista con EIC que estaba siendo víctima de un procedimiento sesgado, ejecutado para servir a los intereses de los dirigentes del fútbol portugués, y en particular del poderoso Benfica de Lisboa, un “un pulpo de influencia [con tentáculos] entre la élite de la nación”.

La situación cambió con la publicación, en enero de 2020, de los Luanda Leaks, una investigación coordinada por el consorcio de medios ICIJ y basada en nuevos datos aportados por Rui Pinto a la ONG PPLAAF. Los artículos exponían las turbiedades financieras de Isabel Dos Santos, hija de un antiguo autócrata angoleño, y sobre cómo supuestamente blanqueó parte de su dinero en Portugal. “Las autoridades se sintieron muy avergonzadas por las revelaciones de Luanda Leaks, que crearon un terremoto en Portugal. Fue en ese momento cuando los fiscales portugueses empezaron a discutir sobre el acceso a los datos”, recuerda Rui Pinto.

En los primeros meses de 2020 se llegó a un acuerdo. El joven aceptó descifrar el contenido de sus discos duros y cooperar con la Fiscalía de Lisboa. A cambio, queda en libertad, se beneficia de la condición de testigo protegido y los fiscales se comprometen a sobreseer los procedimientos relacionados con cinco demandantes, entre ellos el Benfica. El acuerdo establece que estos procedimientos no se detendrán hasta 18 meses después, y sólo si se cumplen varias condiciones, entre ellas que Rui Pinto no vuelva a cometer ningún delito.

Una de las cláusulas de este acuerdo había permanecido hasta ahora en secreto. “Mientras no se cerraran los cinco procedimientos incluidos en el acuerdo, se me prohibía cooperar con autoridades extranjeras sin el acuerdo de la Justicia portuguesa”, desveló este jueves Rui Pinto. El portugués añade que los fiscales de Lisboa nunca le permitieron cooperar plenamente con los investigadores franceses. La Fiscalía gala solicitó los datos descifrados a Portugal ya en septiembre de 2020, pero nunca los obtuvo.

Los fiscales y policías franceses consiguieron finalmente la autorización para reunirse en Lisboa con el informante en Lisboa en 2023. “Pero tuvieron que enfrentarse a la resistencia de un fiscal portugués, el mismo que dirige la acusación contra mí”, denuncia Rui Pinto. “Los investigadores franceses llegaron con palabras clave e hice todo lo que pude para ayudarles a buscar los datos”, detalla. “Pero el fiscal empezó por oponerse a la transmisión de los datos, amenazando con que el asunto lo decidiera un juez. Era absurdo”, protesta, “al final intervino otro fiscal, el que había concluido el acuerdo conmigo, pero los franceses sólo pudieron llevarse una cantidad muy pequeña de datos”.

Rui Pinto tuvo las manos atadas más tiempo del previsto, porque el Benfica impugnó ante los tribunales el acuerdo entre el informante y la Fiscalía. El club portugués perdió definitivamente en noviembre de 2023. Fue en ese momento cuando se archivaron las diligencias incluidas en el acuerdo, cuando Rui Pinto fue liberado de sus compromisos y cuando por fin pudo ir a París a desencriptar los datos obtenidos por la Fiscalía francesa en Hungría.

Su comparecencia ante los investigadores franceses, belgas y alemanes este jueves le ha dado esperanzas. “Fue exactamente lo contrario de lo que vi en Portugal. Me sentí respetado y tuve la sensación de que la policía y los fiscales estaban sinceramente interesados en mi información. En Portugal, que yo sepa, nunca se han utilizado mis datos en el marco de investigaciones judiciales, y los investigadores nunca me han entrevistado para que les ayudara en este asunto”.

Para entender la conducta de la Fiscalía de Lisboa, hay que recordar que la ley portuguesa no permite, a diferencia de la de otros países europeos como Francia, utilizar documentos obtenidos ilegalmente como pruebas legales. “Pero eso no cambia, porque a los poderosos no les interesa”, critica Rui Pinto.

A su juicio, los fiscales portugueses nunca tuvieron intención de investigar basándose en sus datos: “Lo único que querían era saber qué contenían y utilizarlos para incriminarme”.

En este asunto, puede decirse que la Justicia portuguesa se ha mostrado especialmente esquizofrénica. A pesar del acuerdo de cooperación concluido en 2020, el fiscal acusó a Rui Pinto de 90 delitos, principalmente de piratería informática –que admitió en parte– e intento de extorsión –que el portugués niega­.

Aunque un tribunal de Lisboa reconoció el interés público de sus revelaciones, le condenó en septiembre de 2023 a una pena suspendida de cuatro años de cárcel, que Pinto ha recurrido. Dos meses después, se declaró culpable, esta vez ante un tribunal de París, y aceptó una pena de seis meses de prisión en suspenso por piratear tres buzones del Paris Saint-Germain.

Pero sus problemas legales en Portugal distan mucho de haber terminado. El pasado mes de julio, la Fiscalía de Lisboa le notificó una segunda serie de procesamientos por 377 nuevos presuntos delitos informáticos, cometidos contra instituciones –clubes de fútbol, bufetes de abogados y otros– en su mayoría implicadas por las filtraciones Football Leaks y Luanda Leaks. Entre las víctimas se encuentra el Benfica de Lisboa, a pesar de que el primer proceso iniciado por el club ha sido retirado como parte del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Rui Pinto en 2020.

Es muy probable que se celebre un segundo juicio. Y podría seguir otro. De hecho, la Fiscalía está preparando una tercera serie de procesamientos, que aún no le han sido notificados. “Es acoso judicial”, suspira Rui Pinto.

“Hay una voluntad de la Justicia y de la industria del fútbol portugués de perseguir a Rui Pinto a perpetuidad”, denuncia su abogado francés, William Bourdon. “Este fraccionamiento en varios procedimientos de hechos idénticos ocurridos durante el mismo periodo es absurdo y contrario a los principios fundamentales de un juicio justo”, critica, “estudiaremos la viabilidad de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este asunto”.

“El caso de Rui Pinto, cuyas revelaciones son de una magnitud comparable a las de Edward Snowden, demuestra el altísimo precio que deben pagar los informantes cuando se enfrentan a poderosas redes de corrupción”, añade.

“Mi vida está totalmente bloqueada”, se queja Rui Pinto. Vive bajo el estatus de testigo protegido. Se aloja gratuitamente en un lugar secreto custodiado por agentes de policía, debido a las amenazas que ha sufrido. El Estado portugués también le paga una renta “inferior al salario mínimo portugués [820 euros al mes], que por supuesto no es suficiente para ganarse la vida”. Tampoco para pagar a sus abogados, cuya minuta ha sido cubierta hasta ahora por la fundación The Signals Network. Esta ONG, especializada en ayudar a los denunciantes de corrupción, lanzó recientemente un llamamiento para conseguir donaciones con las que financiar su defensa.

“No puedo tener un trabajo porque implicaría tener contactos con múltiples personas, lo que va en contra de las condiciones de seguridad del programa de protección de testigos. Intento leer, ejercitarme. Y esperar que toda esta locura, esta lucha contra estos fiscales portugueses, termine por fin y pueda empezar a vivir una vida normal”.

Donald Trump esperó más de cuatro horas este jueves 25 de enero para declarar durante menos de cinco minutos ante un jurado en un tribunal federal de Manhattan. El expresidente fue demandado en un proceso civil por "difamación" y apenas dijo tres breves frases antes de ser interrumpido por incumplir las instrucciones dadas por el juez Kaplan, encargado del caso. 

De las treinta palabras que pronunció, casi la mitad fueron borradas de la transcripción final de la vista, el documento en el que se basará el jurado para decidir su suerte judicial. "Usted no puede controlarse", se había lamentado el juez Kaplan la semana anterior, durante un primer y tenso intercambio de palabras con el expresidente. 

Relativamente tranquilo, moviendo la cabeza en señal de desaprobación, Donald Trump hizo precisamente lo que el juez le había prohibido ante los miembros del jurado (siete hombres y dos mujeres): negar los hechos de los que ya ha sido declarado culpable.

Donald Trump fue condenado a pagar cinco millones de dólares por daños civiles en mayo de 2023 por agredir sexualmente y luego difamar a la periodista estadounidense E. Jean Carroll. Trump, ausente en ese momento de las audiencias, volvió a cuestionar este jueves en Nueva York el veredicto y lo que consideró una "falsa acusación". Al hacerlo, repitió unas declaraciones que ahora le han valido una segunda demanda por difamación por parte de E. Jean Carroll.

El caso, que estalló en 2019, se aventura en "territorio peligroso", en palabras del propio Donald Trump. Ilustra la fuerza del movimiento #MeToo al otro lado del Atlántico, pero también la potente reacción que espera a quienes aún se atreven a atacar a hombres poderosos. 

En Nueva York, el debate está aún más candente porque una excepcional ley local de 2022 permitió a las víctimas adultas de agresiones sexuales demandar civilmente a sus presuntos agresores por hechos que, de otro modo, habrían prescrito. E. Jean Carroll fue una de las primeras y más visibles beneficiarias de esta ley. En el resto del país, el debate es tanto más divisivo cuanto que Donald Trump, candidato a la reelección, ha hecho de sus problemas legales uno de sus principales, y más eficaces, argumentos de campaña. 

El caso contra él y E. Jean Carroll va, pues, más allá de los simples hechos, y plantea una serie de interrogantes, empezando por la relación de Donald Trump con las mujeres, a las que admitió en 2005 "agarrar por el coño". Las mujeres estadounidenses, por su parte, se han ido alejando progresivamente del Partido Republicano y de Donald Trump, en particular en las urnas.

Según el centro de investigación estadounidense Pew, "la proporción de mujeres que se identifican o se inclinan por el Partido Demócrata", de hecho, "ha aumentado hasta el 54% en 2016 y el 56% en 2017". Se trata de "la brecha más amplia" jamás registrada. Según las cifras de Associated Press y Fox News, que también ha publicado la prensa estadounidense, Donald Trump perdió el voto femenino frente a Joe Biden en 2020 por 12 puntos. E incluso 31 puntos si nos fijamos en el voto de las mujeres tituladas. 

En Estados Unidos, las mujeres suelen votar más que los hombres (el 63% de las votantes femeninas lo hicieron en 2016, frente al 59% de los votantes masculinos) y ya están enfadadas con la mayoría ultraconservadora del Tribunal Supremo, nombrada por Donald Trump, que en junio de 2022 eliminó el derecho constitucional al aborto.

Ante este panorama, ¿qué impacto tendrá este nuevo caso E. Jean Carroll? ¿Y el asunto Stormy Daniel’s, llamado así por una actriz de cine pornográfico a la que Donald Trump supuestamente sobornó para que guardara silencio por 130.000 dólares? Este juicio comenzará dentro de unas semanas.

Donald Trump ha lanzado una serie de ataques en su defensa. Ha explicado que no era más que una víctima. Hace unos días, en Iowa, el expresidente acusó a E. Jean Carroll de "fabricar" su historia y atacó al juez Kaplan, retratado como un demócrata "radical". El juez Kaplan fue nombrado en 1994 por Bill Clinton.

Para Mary-Kate Lizotte, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Augusta (Georgia), la contundente victoria de Donald Trump en Iowa el 15 de enero en las primeras primarias republicanas (30 puntos de ventaja sobre su rival, Ron DeSantis) podría ocultar, sin embargo, divisiones más profundas en el seno del Partido Republicano.

Sobre el asunto de E. Jean Carroll, Mary-Kate Lizotte señala "el trabajo que estamos realizando actualmente con algunos colegas muestra un gran porcentaje de republicanos que no están de acuerdo con su partido sobre el aborto. Es menos del 20%, pero puede marcar la diferencia". Datos recientes de Iowa", afirma Mary-Kate Lizotte, "muestran también que casi un tercio de los partidarios de Nikki Haley serían más propensos a votar a Joe Biden".

Hasta ahora, sin embargo, Trump parece beneficiarse de sus reveses judiciales. Parece que todos estos avatares galvanizan a su base electoral, para la que Trump parece ser el único baluarte contra las instituciones corruptas. Entre sus partidarios, sus índices de popularidad y sus donaciones han subido al ritmo de las demandas. Cuatro millones de dólares, por ejemplo, se recaudaron en las veinticuatro horas siguientes a su primera acusación, en marzo de 2023, por el caso Stormy Daniels.

En Nueva York, E. Jean Carroll, de 80 años, no había visto a Donald Trump desde la agresión sexual, que tuvo lugar a mediados de los 90 en Manhattan, en el probador de unos grandes almacenes. Ese día, Donald Trump le bajó violentamente las medias para introducirle los dedos y después el pene en la vagina, según relató la periodista el pasado mayo. Sin embargo, los miembros del jurado del primer juicio no consideraron que hubiera sido violada. 

Los hechos se hicieron públicos por primera vez en 2019, en un libro escrito por E. Jean Carroll. En aquel momento, Donald Trump negó inmediatamente las acusaciones desde su despacho en la Casa Blanca. "Si alguien tiene información que pruebe que el Partido Demócrata está trabajando con la señora Carroll [...] por favor háganoslo saber [...] La gente debería pagar caro por acusaciones falsas como estas", había dicho el 21 de junio de 2019. "La gente debería tener cuidado porque están jugando en un territorio muy peligroso", había añadido al día siguiente.

"¿Ha recibido amenazas de muerte?" en relación con estas declaraciones, cuestionaron esta semana los abogados de E. Jean Carroll. "Cientos", respondió ella en el estrado.

"Lo que realmente me afectó fue la parte en la que [Donald Trump] pide información sobre mí. Donde dice que la gente como yo debería pagar caro".

"¿Pagaste caro?", insistieron los abogados. "Tanto como ha sido posible", respondió.

Los dos desmentidos de Donald Trump de junio de 2019 han circulado ampliamente, llegando hasta 100 millones de personas, según un experto convocado por los abogados de E. Jean Carroll. Restaurar su reputación costaría 12 millones de dólares. La periodista, que ahora duerme con una pistola junto a su cama, pide diez. El veredicto podría anunciarse en los próximos días.

[Donald Trump ha sido condenado este viernes por un jurado federal a pagar 83,3 millones de dólares por daños y perjuicios a la columnista E. Jean Carroll, quien acusó al expresidente de Estados Unidos de destruir su reputación como periodista al negar que la violó] .

La censura puede ser tan fácil como enviar un mensaje de texto. El 15 de julio de 2019, Mediapart, socio editorial de infoLibre, reveló un caso de sobornos muy embarazoso para Nasser al-Khelaïfi, el jefe del club de fútbol Paris Saint-Germain (PSG), propiedad de Qatar. Nuestra información procedía de un artículo publicado en L'Équipe y republicado en la página web de la revista France Football –ambas cabeceras forman parte del grupo L'Équipe, filial del grupo familiar Amaury–.

Ese mismo día, Jean-Martial Ribes, director de comunicación del PSG, envió un mensaje para quejarse al director de France Football, Pascal Ferré, diciendo que había "mucha falsedad" en nuestra información. Pascal Ferré explicó que se trataba del "feed de noticias" de L'Équipe que llegaba "automáticamente" a su sitio. "De momento, sois los únicos que recogéis esta basura de Mediapart", insistió el dircom del PSG. Tres horas más tarde, Pascal Ferré le comunicó que había despublicado el artículo.

Este sorprendente episodio fue descubierto por policías de la IGPN en el marco de la investigación judicial sobre las supuestos negocios turbios del PSG. Examinaron el contenido del teléfono de Jean-Martial Ribes, que fue el poderoso director de comunicación de Nasser al-Khelaïfi hasta mayo de 2022. Investigado por siete delitos, entre ellos "corrupción" y "tráfico de influencias", se declara inocente y niega los cargos que se le imputan.

Un análisis de sus mensajes realizado por la policía, que ha podido consultar Mediapart, revela la estrechísima relación –que incluía invitaciones al Parque de los Príncipes de París y viajes a Doha con todos los gastos pagados– que Jean-Martial Ribes y su jefe mantenían con Pascal Ferré, que fue redactor jefe de France Football durante siete años.

Luego fue contratado por el PSG, donde trabaja desde enero de 2023 como jefe de prensa del primer equipo masculino. "Era alguien en quien Nasser podía confiar y un periodista influyente a nivel mundial, [...] muy competente", declaró Jean-Martial Ribes a la policía sobre esta contratación, añadiendo que Pascal Ferré es "un amigo".

El experiodista se negó a responder a nuestras preguntas. "El contenido mismo de sus preguntas, la forma en que están redactadas, el sentido y el alcance que les da, así como las interpretaciones que contienen, le son completamente ajenos. No vamos a comentar estos atajos e interpretaciones, tan fantasiosos como difamatorios", nos dijo su abogado, Jean-Didier Belot. Contactados por Mediapart, Nasser al-Khelaïfi y el PSG no respondieron.

France Football no es una revista como las demás. Debe gran parte de su aura y de su influencia al hecho de que posee y organiza el Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del fútbol, que se concede cada año al mejor jugador del mundo.

Pascal Ferré tenía por tanto dos papeles: redactor jefe y, como tal, garante de la independencia de la redacción, pero también responsable del Balón de Oro, "en particular en lo que se refiere al seguimiento de las relaciones con los jugadores y los clubes candidatos al premio". 

Esto no impidió a France Football revelar, en 2013, el sonado escándalo del Qatargate, ahora en el centro de una investigación judicial por "corrupción" sobre la adjudicación del Mundial de 2022 a Qatar.

Pero esta doble función crea un conflicto de intereses, ya que el redactor jefe se encuentra en posición de solicitar servicios al PSG. France Football, por ejemplo, quiere que grandes personalidades del fútbol asistan a la ceremonia de entrega del Balón de Oro para aumentar su prestigio.

Los intercambios de mensajes muestran que Pascal Ferré, que asumió la dirección de la revista en 2016, se vio a veces obligado a insistir para que Nasser al-Khelaïfi asistiera. En octubre de 2019, tenía una cita con el entrenador del PSG "para hablar del Balón de Oro". El redactor jefe pidió a Jean-Martial Ribes que recordara a Nasser que había sido invitado a la ceremonia.

El escenario se repitió en septiembre de 2021, cuando Pascal Ferré tuvo que ponerse de nuevo en contacto con el dircom del PSG para concertar un almuerzo que sirviera de "reunión previa con Nasser para hablar de la ceremonia del Balón de Oro". El redactor jefe de France Football aprovechó la ocasión para pedir –y conseguir– entradas para él y dos de sus mejores amigos para un partido del PSG contra el Olympique Lyonnais.

A veces las peticiones van incluso más allá. France Football organiza un Ballon d'Or Trophy Tour, una serie de actos públicos en torno al trofeo. En julio de 2019, Pascal Ferré solicitó una reunión con Nasser al-Khelaïfi para ayudarle a organizar una "primera etapa internacional" del Trophy Tour en Qatar. El jefe del PSG respondió que estaba "muy interesado".

Al año siguiente, el redactor jefe de France Football preguntó a Jean-Martial Ribes por su "proyecto de desarrollo en África". Ribes respondió que "por el momento, todo está en suspenso".

El PSG cuida bien de este influyente periodista, invitado en varias ocasiones a la codiciada sala VIP del Parque de los Príncipes. "Nasser quiere invitarle al partido de esta noche" contra el Barcelona en la Liga de Campeones, escribió Jean-Martial Ribes el 10 de marzo de 2021, precisando que era "confidencial". Un mes más tarde, con el acuerdo de Nasser al-Khelaïfi, invitó a Pascal Ferré al partido contra el Bayern de Múnich. 

El redactor jefe de France Football también se benefició de viajes a Qatar. En diciembre de 2019, Jean-Martial Ribes le ofreció llevarle a Doha "a sus expensas", incluido "el hotel" y "vuelos de negocios de la A a la Z".

La policía se percató de que el 6 de febrero de 2020, el "dircom" del PSG envió a Nasser al-Khelaïfi "un selfie tomado con un hombre que parecía ser Pascal Ferré", afirmando que estaba contento con su primera visita a Doha. "Es un buen hombre, muy simpático", dijo el entrenador del PSG.

El redactor jefe de France Football regresó a Qatar a finales de marzo de 2020 para participar en un torneo de tenis. A su regreso, dio las gracias a Jean-Martial Ribes y le pidió los datos de contacto de un miembro del comité organizador del Mundial Qatar 2022. El dircom del PSG transmitió el mensaje a Nasser al-Khelaïfi con este comentario: "Cuando haces un buen trabajo por tu país”.

El viaje más problemático tuvo lugar a finales de marzo de 2021. Pascal Ferré escribió a Jean-Martial Ribes para que le comprara el billete de avión para viajar a la capital qatarí. Después de que el periodista le enviara sus billetes, el dircom del PSG le volvió a enviar dos nuevos billetes de ida y vuelta, esta vez en clase business, en Qatar Airways, pagados por el gobierno qatarí por un total de 8.986 euros. Se desconoce si el importe pagado originalmente por los billetes de clase turista se dedujo de la factura.

El 27 de marzo de 2021, Jean-Martial Ribes dio la bienvenida a Ferré en Qatar y le dijo que en su habitación de hotel había una enorme caja de cinco kilos de dátiles donada por Nasser al-Khelaïfi. A continuación, escribió a Pascal Ferré "para que se pusiera los pantalones cortos y la camiseta y bajara a la playa", según la policía. A su regreso, Pascal Ferré dio las gracias a Jean-Martial Ribes y añadió: "Volveremos". 

Preguntado por la policía sobre esta invitación, el dircom del PSG indicó que se trataba de una clásica estrategia de "comunicación": "Es un periodista influyente. Esto es antes del Mundial. Hizo un gran reportaje sobre Nasser. Vino dos o tres veces”.

El 17 de junio de 2021, Jean-Martial Ribes informó a Nasser al-Khelaïfi de la próxima publicación en France Football de dos artículos que Pascal Ferré parece haber escrito durante su estancia: uno sobre el Mundial de 2022, en julio, que sería "positivo", y un retrato del entrenador del PSG, en agosto. Jean-Martial Ribes parece haber sido informado, incluso antes de la publicación, de que los artículos serían favorables a su jefe y a Qatar.

Los artículos, redactados por Pascal Ferré, se publicaron en la fecha prevista. Y son muy positivos. El artículo del 9 de julio, titulado Qatar es el mañana, es un reportaje fotográfico en el que se alaban los estadios, "joyas de la modernidad", que albergarán la Copa del Mundo. No se menciona la terrible situación de los trabajadores inmigrantes que los construyeron. 

El artículo sobre Nasser al-Khelaïfi, titulado El príncipe del desierto, apareció en la portada de la revista el 14 de agosto, ilustrado con una foto del presidente del PSG en traje tradicional alrededor de una hoguera. El ángulo elegido era el de un retrato "íntimo" destinado a "romper tópicos y prejuicios". Nasser al-Khelaïfi dio a Pascal Ferré acceso privilegiado a su familia y amigos, que describen a un hombre sencillo y "modesto", sin atracción por "la etiqueta y el privilegio".

El 10 de agosto de 2021, el PSG anunció la llegada de Lionel Messi, la superestrella argentina procedente del Barcelona. Pascal Ferré negoció una entrevista con el entorno del jugador para France Football. Pero el 17 de septiembre, L'Équipe publica en portada una primicia sobre "el salario XXL de Lionel Messi", que "se embolsará al menos 110 millones de euros" si respeta su contrato hasta 2024.

El PSG y el clan Messi están furiosos. El 18 de septiembre, Jean-Martial Ribes se enfrentó a Pascal Ferré, quien le aseguró que había "reprendido a Jérôme Cazadieu", director editorial del grupo L'Équipe. Se trata de una afirmación sorprendente, dado que Cazadieu era el director de todas las redacciones del grupo (incluida France Football) y, por tanto, el superior jerárquico de Pascal Ferré. Al ser contactado, Jérôme Cazadieu, que ahora trabaja para la Liga de Fútbol Profesional francesa, declinó hacer comentarios.

Ese mismo día, Nasser al-Khelaïfi comunicó a su dircom que quería que se cancelara la entrevista de Messi con France Football, como represalia por las revelaciones de L'Équipe. Jean-Martial Ribes logró salvar la situación explicando que "todos los implicados en el Balón de Oro son entrevistados por France Football, que Pascal Ferré es "querido y respetado" y que en el futuro el entorno de Messi ya no colaboraría con L'Équipe.

Nasser al-Khelaïfi está convencido. Pero añade que el redactor jefe de France Football tendría que presionar para que Messi ganara el Balón de Oro, "porque ganó la Copa América". El entrenador del PSG quiere almorzar con Pascal Ferré al día siguiente. "Vamos a hacer lobby, así que vamos a almorzar con Pascal", respondió Ribes.

Los tres hombres se encontraron al día siguiente, pero en la zona VIP del Parque de los Príncipes, donde el periodista había sido invitado a ver el partido contra el Olympique Lyonnais. Ninguno de los protagonistas quiso contar lo que se habló aquella noche.

Cinco días después, el 25 de septiembre, Pascal Ferré convocó a Jean-Martial Ribes a una reunión la semana siguiente para hablar de las candidaturas de los jugadores del PSG a los diferentes Balones de Oro. "Seréis el club con más nominados, sumando todos los trofeos, sólo por detrás del Chelsea", explica. La reunión con Nasser al-Khelaïfi tuvo lugar efectivamente el 30 de septiembre en un hotel parisino de lujo. 

El 3 de octubre, Pascal Ferré sugirió al dircom del PSG que le "pasara" por adelantado la portada de France Football dedicada a la entrevista con Lionel Messi, que aparecería seis días después, para que pudiera "distribuirla entre sus contactos habituales" y darle "la máxima resonancia". 

Lionel Messi ganó el trofeo, que le fue entregado el 29 de noviembre de 2021. Fue votado por 180 periodistas internacionales, que eligieron cada uno a cinco jugadores por orden de preferencia, y los votos fueron publicados por France Football y L'Équipe. Pascal Ferré dio su primer voto al delantero polaco del Bayern de Múnich Robert Lewandowski y el segundo a Lionel Messi.

Preguntado por el intento de presión del PSG, el ex director editorial de France Football, que ahora trabaja para el club, se negó a responder. "En el sistema de votación del Balón de Oro participan 180 periodistas independientes de todo el mundo. Es imposible que el PSG, y más Jean-Martial Ribes, hayan podido influir en esta votación", respondió el abogado del antiguo dircom del PSG. Declinó hacer más comentarios sobre la relación de su cliente con Pascal Ferré.

La avenida Raphaël, en el elegante distrito 16 de París, tiene la pesada calma de los barrios de embajadas: un parque extrañamente tranquilo, aceras salpicadas de bolardos antiaparcamiento, cámaras de vigilancia y altas verjas de hierro forjado. Una tarde de mayo de 2021 es, además, el escenario de un inusual ballet.

A las 15.13 horas, un hombre de unos 40 años aparca su coche frente al pequeño edificio blanco situado en el número 14, que alberga la Embajada de Madagascar. Coge su iPhone y marca un número. El intercambio es breve: “He llegado, estoy aparcado delante de la embajada, por las maletas”, dice Renaud Roques. Su interlocutor no se sorprende: “Vale, ya vamos”. Renaud Roques es el número tres del grupo francés Nexa, especializado en equipos de cibervigilancia. En aquel momento, Nexa comercializaba el programa espía Predator, diseñado por su socio Intellexa, un grupo con sede en Europa pero dirigido por antiguos ciberespías israelíes.

En la maleta que Renaud Roques entrega esa mañana en la Embajada de Madagascar hay equipos para espiar teléfonos. A los pocos empleados de la embajada que son informados de ello se les pide que guarden el máximo secreto.

Lo que no saben ni Renaud Roques ni estos empleados es que su jueguecito es seguido de cerca. Los gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes de Lesa Humanidad, el Genocidio y los Crímenes de Guerra (OCLCH) habían intervenido el teléfono del número tres de Nexa en el marco de las dos investigaciones judiciales contra la empresa francesa por complicidad en torturas en Libia y Egipto.

La investigación judicial francesa estableció después que los directivos de Nexa e Intellexa exportaron a la presidencia malgache, sin autorización alguna, hardware y software que permitían piratear teléfonos móviles. Se trata de una “transacción ilícita”, realizada “en ausencia de contrato y de autorización”, escriben los gendarmes en un informe.

Durante las demos de los equipos que Nexa llevó a cabo in situ, el objeto del ataque fue el teléfono del director de un periódico de la oposición malgache, Roland Rasoamaharo. Ahora se encuentra en prisión. Además, dos meses después de que la presidencia malgache pidiera a Nexa que infectara teléfonos para frustrar un supuesto intento de golpe de Estado, seis personas han sido detenidas y condenadas por este motivo.

Las autoridades malgaches acabaron comprando, a finales de 2021, el producto estrella de Intellexa: el software Predator, competidor de Pegasus, también desarrollado por ciberespías israelíes –NSO Group–, que permite acceder a casi todos los datos de los teléfonos que infecta. Así lo revela la investigación Predator Files, basada en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y realizada por 15 medios internacionales coordinados por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, y con la asistencia técnica del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional.

La venta de estas potentes herramientas de espionaje a Madagascar es tanto más problemática cuanto que el Gobierno del presidente Andry Rajoelina encarcela a defensores de los derechos humanos y activistas medioambientales, persigue a los whistleblowers por “desorden público e incitación al odio al gobierno” e intimida a los activistas contra la corrupción. Las revelaciones de EIC llegan en el peor momento para el presidente Rajoelina, que lanzó este pasado martes su campaña para las elecciones presidenciales del 9 de noviembre en un contexto muy tenso, marcado por la represión de la manifestaciones organizadas por la oposición, que teme un fraude electoral.

Sin embargo, se desconoce si Nexa y sus directivos están siendo procesados por la Justicia francesa por haber vendido Predator a la presidencia malgache. Cuando los jueces de instrucción pidieron en junio de 2021 que se ampliara el alcance de la investigación sobre Egipto y Libia a Madagascar, el fiscal nacional antiterrorista respondió que no era competente e invitó a los magistrados a remitir el asunto al fiscal de París. Se desconoce si los jueces cursaron esa denuncia. La oficina del fiscal de París asegura a EIC que no ha encontrado rastro de ninguna investigación en curso relacionada con Nexa y Madagascar.

Los dos jefes de Nexa se han negado a responder a las preguntas de EIC sobre Madagascar, pero afirman que siempre han “cumplido toda la normativa aplicable”.

El grupo Nexa tiene al Estado malgache entre sus clientes potenciales al menos desde 2017. El país aparece mencionado en los “planes de acción comercial” de ese año, con la mención “a la espera de confirmación de necesidades para reunión in situ”. Para la plantilla de la empresa francesa, que pone un nombre en clave a todos sus contratos, es el inicio de la Operación Loco.

Las autoridades de la isla africana quieren adquirir material de cibervigilancia. Oficialmente, para luchar contra la corrupción. “En realidad, la presidencia malgache –bajo Rajoelina, pero también durante la época de su predecesor, Hery Rajaonarimampianina– quería sobre todo adquirir este tipo de material con fines políticos”, explica a EIC un antiguo alto funcionario malgache familiarizado con estos temas. “Cuando estamos en el poder, queremos permanecer en él. Y para eso, hay que estar informado de todo”, asegura.

Las cosas se aceleraron en octubre de 2020. Renaud Roques redactó un “borrador de contrato” con Madagascar por un importe de 11,75 millones de euros. Un mes después, el 7 de noviembre de 2020, voló a la gran isla en compañía de tres colegas, entre ellos el jefe y fundador de Nexa, Stéphane Salies. Al día siguiente, Renaud Roques toma una foto en el interior del hotel Radisson de Antananarivo, la capital, donde parece haberse instalado la delegación de Nexa. En la imagen, se ven los pies del fotógrafo, calzados con unas chanclas de plástico, y en el suelo, frente a él, una maleta que contiene material informático.

El equipo se dio ocho días para convencer al jefe de Estado de que comprara sus herramientas de vigilancia. Andry Rajoelina, de 46 años, es un antiguo empresario de la publicidad y la comunicación. Llegado al poder por primera vez en 2009 con el apoyo del ejército, conserva, según destacan las fuentes consultadas, un miedo tenaz a ser a su vez víctima de un golpe. Así que gestiona personalmente la adquisición de los equipos de cibervigilancia, estudiando los documentos y hablando regularmente con los franceses.

Éstos le ofrecen su “porfolio completo”: programas informáticos para la vigilancia masiva del tráfico de internet, así como una furgoneta de pirateo equipada con un Alpha Max, el IMSI catcher más sofisticado de Nexa. Este dispositivo no sólo permite escuchar los teléfonos móviles dentro del alcance de la antena, sino también infectarlos con Predator en modo zero-click y de forma invisible, sin que el usuario tenga siquiera que pinchar en un enlace malicioso.

Las pruebas realizadas en la capital malgache son un éxito. “Cuando estuvimos allí con el Alpha Max, vimos que todo se conectaba”, señalan los empleados de Nexa; es decir, el dispositivo era capaz de conectarse a los teléfonos, como confirmaron después.

Entre prueba y prueba, los franceses disfrutan de buenos momentos. El 11 de noviembre, Renaud Roques hizo fotos de la piscina del Radisson. El 15 de noviembre, fotografió los jardines Rova, un palacio real transformado en museo. El mismo día, el equipo de Nexa parece haber puesto en su punto de mira a una figura del periodismo malgache: Roland Rasoamaharo, conocido como Lola, director y propietario de La Gazette de la Grande Ile, y crítico con el presidente Rajoelina.

En el teléfono de Renaud Roques, los gendarmes encontraron un informe de vigilancia de siete páginas dedicado a Roland Rasoamaharo, con el sello de “clasificado” y creado el 15 de noviembre de 2020. El documento detalla en particular su historial de geolocalización y los datos relativos a sus teléfonos.

De vuelta a Francia, el equipo se muestra confiado. Roques escribe en sus notas: “Viaje a Madagascar, oferta de nuestro porfolio completo y demos [...] La firma debería tener lugar en los próximos días”. Mantiene informado al jefe de Intellexa, Tal Dilian, que proporciona a Nexa el programa espía incluido en la oferta: “Tenemos que volver a hablar con el presidente esta semana”.

Sin embargo, durante muchos meses, las autoridades malgaches dudaron sobre qué equipo adquirir. Al final, optaron tanto por herramientas de vigilancia masiva del tráfico de internet como de pirateo de teléfonos. El 18 de mayo de 2021, Renaud Roques se muestra optimista: “Proyecto Loco. Parece muy positivo. Negociaciones del contrato final en curso”.

Pero la historia da un giro inesperado. En los días siguientes, el jefe de Nexa, Stéphane Salies, recibe una llamada de sus interlocutores malgaches. “Piden ayuda por una situación tensa y me preguntan si puedo ayudarles a realizar infecciones”, informa Salies a Tal Dilian el 20 de mayo. El jefe de Intellexa no pone objeciones. Propone suministrar a Madagascar sólo una parte de las herramientas de pirateo, a cambio de un anticipo.

En una entrevista en la revista Forbes en 2019, este exmiembro de la famosa Unidad 81 de ciberinteligencia del ejército israelí había prometido, sin embargo, no volver a espiar a nadie sin la preceptiva licencia o sin contrato previo, después de darse cuenta de que una redada militar había asolado un pueblo sudamericano donde había localizado dos teléfonos a petición de las autoridades, como parte de una demostración comercial. “Éramos jóvenes. Hoy diría que no”, declaró Tal Dilian a Forbes. Pero dos años después dijo sí a las exigencias del presidente malgache, Andry Rajoelina.

Así, la alianza franco-israelí puede haber violado la normativa de varios países, entre ellos Francia. Cuando vendió sus equipos a Madagascar, Nexa aún no había firmado un contrato y no había obtenido una licencia de exportación. Sin embargo, esa licencia es obligatoria, incluso para los equipos que se utilizan en las demos.

Durante el interrogatorio bajo custodia policial, Stéphane Salies intentó justificar esta infracción legal, así como el envío de material por valija diplomática, por la urgencia de frustrar un intento de golpe de Estado: “Esa fue la solución que se eligió porque existía la posibilidad de que se ocurriera un incidente grave”. Salvo que él ya había hecho lo mismo el año anterior, durante la estancia de su equipo en Madagascar, cuando ningún acontecimiento excepcional lo justificaba.

La falta de licencia no disuadió en absoluto a los equipos de Nexa. El presidente Rajoelina “está de acuerdo en firmar el contrato” y “hacer la transferencia antes de finales de mayo”, dice el director general Stéphane Salies a su colega Renaud Roques el 20 de mayo de 2021. Pero el asesor del presidente malgache quiere que los franceses “vengan inmediatamente con equipo porque hay una docena de tipos que están intentando dar una especie de golpe de Estado”, apremia Salies.

“Quiere que les infectemos enseguida, es superimportante, es dramático [...] Me dice: ‘Anda, ven con un Alpha Max y luego hacemos una infección de zero click”, añade el fundador de Nexa. Alpha Max es el IMSI catcher más potente de Nexa, capaz de inyectar Predator en los teléfonos.

Renaud Roques reprende a su jefe: “Joder, hacer una misión antes de firmar el contrato, Steph, t’as fait une connerie [la cagaste]”. “Lo sé, lo sé”, responde Stéphane Salies. Pero, siete días más tarde, Roques acepta participar en esa misma connerie. Se encuentra en un coche, delante de la Embajada de Madagascar, en el distrito 16 de París. Allí coloca discretamente varias maletas, que contienen “un IMSI catcher y un interceptor wifi”, según declaró más tarde a los investigadores.

Para eludir la falta de licencia, el material se envía a Madagascar por valija diplomática, que no puede ser registrada ni escaneada. “Estamos preparando todas las maletas, tenemos que ir a dejarlas a la embajada para que las envíen en viaje diplomático, [...] como la última vez”, dice Renaud Roques el 27 de mayo de 2021 a su pareja. “Es un lío”, se queja por teléfono, antes de preguntarse cuál es el mejor sitio para comprar los candados que necesita para cerrar el equipaje.

En la embajada, la tensión es palpable. El 30 de mayo, la primera consejera malgache llama a Renaud Roques presa del pánico: no puede llevar las baterías de los equipos en la cabina del avión, porque ya va demasiado cargada. Tiene que meterlas en el equipaje que había llevado antes Roques, pero no se puede abrir debido a los candados.

Así que Renaud Roques se ofrece a enviar a un colega a la embajada para llevar a cabo la operación. La diplomática acepta, pero insiste: los franceses no deben “sobre todo abrir” la maleta “delante de ellos” –es decir, los demás empleados de la embajada–. “No quisiera arriesgarme en absoluto”, insiste. “No se preocupe [...], él es consciente de la confidencialidad”, intenta tranquilizarla el ejecutivo de Nexa.

Preguntados al respecto por Mediapart, ni Renaud Roques, ni el embajador de Madagascar en París, ni la presidencia malgache han contestado.

El 9 de junio de 2021, Renaud Roques compró un iPhone en Leboncoin, un popular sitio web que permite vender productos de segunda mano. Al día siguiente, hace una prueba de infección destinada a preparar la operación en Madagascar, según declaró posteriormente a los gendarmes. El Laboratorio de Seguridad de la ONG Amnistía Internacional, que analizó a petición de EIC los mensajes recibidos por el teléfono, concluyó que esos SMS contenían un enlace de infección gestionado por la infraestructura técnica de Predator.

La operación de ciberespionaje en Madagascar parece haber sido un éxito. Dos meses después, seis ciudadanos malgaches y franceses fueron detenidos por “atentar contra la seguridad interior del Estado” y acusados de intento de asesinato del presidente. Al final de un juicio exprés marcado por la desaparición de numerosas pruebas –en particular el ordenador y los teléfonos del principal acusado–, los seis fueron condenados a penas de hasta 20 años de trabajos forzados. Siempre han dicho que son inocentes.

Los directivos de Nexa recogieron los frutos de sus esfuerzos para convencer al presidente malgache. En junio de 2021, el contrato estaba “ultimándose”, por un importe de unos 14 millones de euros, según un documento interno al que ha tenido acceso EIC. Y más tarde se cerró un acuerdo entre las autoridades malgaches y una de las empresas de la galaxia Intellexa.

El 16 de diciembre de 2021, el CitizenLab de la Universidad de Toronto anunció que había detectado probables rastros de Predator utilizados en Madagascar. Luego, el 8 de diciembre de 2022, el Gobierno griego admitió haber concedido a Intellexa una licencia para exportar Predator a Madagascar en noviembre de 2021.

La venta se realizó a través de la empresa británica Signum, propiedad de un empresario alemán residente en el Reino Unido llamado Oliver Böcking. Este último está relacionado con Nexa, ya que es accionista, junto con el grupo francés, de una sociedad registrada en Seychelles, que posee la propiedad intelectual del Alpha Max. ¿Se utilizó a Oliver Böcking como intermediario para ocultar la participación de Nexa en este contrato? La empresa no ha contestado a esa pregunta. Los directivos del grupo francés, Stéphane Salies y Olivier Bohbot, tampoco quisieron hacer comentarios al respecto.

Pero, en su respuesta a EIC, afirmaron que su filial Advanced Systems en Dubái “actuaba como distribuidor/intermediario y no era responsable del control de las exportaciones”, y que la responsabilidad de obtener las licencias de exportación recaía exclusivamente en Intellexa.

Stéphane Salies y Olivier Bohbot añaden que tras los registros y el interrogatorio al que fueron sometidos por los investigadores franceses en junio de 2021, transfirieron a Intellexa todos los contratos relacionados con Predator “antes de que fueran operativos”, y que cesaron en toda actividad relacionada con la interceptación de de teléfonos móviles.

El periodista Roland Rasoamaharo, objetivo de la demo de Nexa en 2020, afrontó después muchas adversidades. El 10 de noviembre de 2021, los locales de La Gazette de la Grande Ile sufrieron una explosión de origen desconocido, que causó importantes daños materiales. El 30 de marzo de este año la policía registró los locales del periódico, y su director fue detenido por impagos a la compañía nacional de agua y electricidad que databan de... 2016. El 14 de junio fue declarado inocente por un tribunal en este caso, pero fue condenado a cinco años de cárcel por extorsión en un caso de litigio inmobiliario que le enfrentó a la esposa de un cónsul. A día de hoy sigue en la cárcel.

Para su periódico, no hay duda: las autoridades malgaches le hicieron pagar por sus reportajes exclusivos sobre el jefe del Estado y su entorno. A principios de marzo, La Gazette había revelado que el presidente Rajoelina poseía la nacionalidad francesa, lo que podría haber comprometido su candidatura a las eleccions del 9 de noviembre.

Dos informes técnicos sugieren que el Gobierno malgache puede haber utilizado Predator desde principios de año para facilitar la reelección de Andry Rajoelina.

El primero, publicado el pasado 2 de octubre por la empresa francesa de seguridad informática Sekoia, se basa en el estudio de servidores informáticos utilizados para infectar teléfonos con Predator. Sekoia detectó que esta infraestructura de infección creó y alojó, a partir del pasado mes de abril, sitios web que usurpaban la dirección y la identidad de los medios de comunicación malgaches L'Express de Madagascar y Midi Madagasikara, así como varios sitios que se presentaban como blogs políticos pro Rajoelina, como Soutien à Rajoelina o Emergence Mada.

Por tanto, es “plausible que los servicios gubernamentales de Madagascar, como la policía o la inteligencia local utilizaran “malware Predator para llevar a cabo vigilancia política nacional, meses antes de las elecciones", concluye Sekoia.

Las conclusiones técnicas de este informe han sido confirmadas por un análisis realizado para el EIC por el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional como parte de nuestra investigación Predator Files. Amnistía ha detectado al menos ocho sitios web maliciosos relacionados con Madagacar, creados entre el 15 de febrero y el 26 de julio de este año dentro de la infraestructura de infección de Predator. Las URL de estos sitios web, susceptibles de desencadenar una infección cuando se consultan con un smartphone, imitan las URL de los periódicos malgaches L'Express y Midi, pero también de dos bancos del país, el BNI y el MCB.

La campaña electoral fue lanzada este martes por Andry Rajoelina en un ambiente nocivo. El presidente del Senado, que según la Constitución debe ejercer temporalmente el poder durante la campaña, indicó el lunes que había renunciado al cargo tras recibir “amenazas de muerte” de miembros del Gobierno. La presidencia lo ha negado. En consecuencia, es el Ejecutivo el que ejerce el poder, lo que hace temer a la oposición que se manipule el voto.

Once de los 12 candidatos de la oposición que se presentan contra el presidente Rajoelina han declarado que no participarán en la votación hasta obtener garantías de su imparcialidad. Las manifestaciones callejeras pacíficas que han organizado todos los días desde principios de octubre han sido reprimidas por las autoridades.

Hugo Martínez Ballesteros es profesor en la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago e investiga las repercusiones económicas del furtivismo marisquero en Galicia. Fue el tema de su tesis doctoral, que defendió en 2018. El pasado 16 de mayo un usuario de Twitter –rebautizado como X– llamado @Joseph_Gordon16 respondió a un tuit suyo de noviembre de 2022 con una pregunta: “¿Cuál es su solución para deshacerse de la tarjeta amarilla?”. Y adjuntaba un enlace. Esa URL conducía a un servidor que infecta los teléfonos móviles con Predator, el programa espía diseñado por Intellexa –un grupo de empresas con sede en Europa pero creado por antiguos ciberespías israelíes– y vendido por su socio francés Nexa. Predator puede recuperar todos los datos de los teléfonos infectados y activar a distancia el micrófono y la cámara.

Sin embargo, Martínez Ballesteros no pinchó el enlace. “El tuit me pareció raro”, explica a infoLibre. Cuando este periódico le informó de la amenaza de infección, la Universidad de Santiago, a la que pertenecen los dispositivos informáticos que utiliza el profesor para su trabajo, comprobó que el intento de intrusión había fracasado. Todos estaban limpios.

La cuenta @Joseph_Gordon16, cuya foto de perfil es la de un joven asiático con gafas, fue utilizada muy probablemente por Vietnam para llevar a cabo un ataque informático a gran escala. Así lo revelan los Predator Files, una investigación de 15 medios de comunicación internacionales coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, basada en un informe del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional y en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel .

La investigación técnica de Amnistía constata que @Joseph_Gordon16 atacó, entre febrero y junio de este año, a 59 personas y organizaciones en Europa, Estados Unidos y Asia, entre ellas políticos de alto nivel, periodistas, académicos, así como opositores al régimen vietnamita. Se desconoce si alguno de estos intentos de infección tuvo éxito.

La sorpresa de Hugo Martínez Ballesteros al enterarse del ataque fue mayúscula. Es experto en lo que se conoce como pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, pero su enfoque es exclusivamente nacional, y muy centrado en el furtivismo marisquero gallego. “Ahora voy a publicar un artículo sobre su enorme impacto económico: cuánto marisco se deja de recoger por culpa de esta actividad ilegal, qué efecto tiene en mariscadores y pescadores...”, detalla. Pero nunca ha estado en Vietnam ni ha “investigado o publicado nada relacionado con ese país, tampoco sobre las sanciones de la UE ni sobre la tarjeta amarilla”, niega categórico Martínez Ballesteros.

Sin embargo, participa en proyectos europeos e internacionales sobre pesca y suele publicar en “revistas de alto impacto”, en inglés, como Marine Policy, or Ocean and Coastal Management. “Es tan sencillo como escribir mi nombre y añadir poaching (furtivismo) o IUU fishing (pesca ilegal, no declarada y no reglamentada por sus siglas en inglés) en Google y aparecen mis artículos”, apunta como única razón para haber aparecido en el radar de interés de Vietnam.

La pesca es uno de los principales recursos económicos de este país del sureste asiático –es el tercer exportador mundial, con un volumen de ventas de casi 6.000 millones de dólares en 2020– y la UE, el primer importador de pescado del mundo. Sólo a la Unión Europea, Vietnam vendió pescado por valor de 777 millones de euros en 2021. Pero esta dictadura comunista también lidera las estadísticas mundiales en pesca ilegal. Al menos un 20% de sus capturas llevan esa etiqueta. En 2017, Bruselas sacó a Vietnam una “tarjeta amarilla” porque sus esfuerzos para eliminar la piratería pesquera no habían sido suficientes, una amonestación que iba a ser reevaluada el pasado mes de mayo y que está pendiente de la visita al país de una delegación europea prevista para este mismo mes de octubre. Si Vietnam sigue incumpliendo los requisitos de la UE, la tarjeta amarilla puede convertirse en roja.

Así pues, la Unión Europea fue uno de los principales objetivos del Predator vietnamita, con ataques contra la Comisión Europea y la presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola, quien no ha querido hacer comentarios sobre el ataque informático antes de su publicación.

En el punto de mira de los vietnamitas también estuvo el eurodiputado francés Pierre Karleskind, de Renacimiento, el partido de Emmanuel Macron, y presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. El 9 de febrero de 2023 apareció una notificación en su cuenta de Twitter. “¿Cómo se resolverá este asunto?”, preguntaba también @Joseph_Gordon16, adjuntando una URL que llevaba a lo que parece un artículo publicado por un think tank.

Pero el artículo era falso. Y el enlace conducía al servidor que infectaba con Predator. Como el lanzado contra Hugo Martínez Ballesteros, el ataque contra Karleskind no tuvo éxito. “No recuerdo haber visto ese tuit y haber hecho clic en él. Hice analizar mi teléfono y no estaba infectado”, declaró a Mediapart tras ser avisado por el medio francés. “No estoy sorprendido, pero sí particularmente molesto”, añadió el eurodiputado.

Por su parte, el profesor español sospecha que el ataque era más bien una “caza masiva” de posibles objetivos. De todos modos, le cuesta creerlo: “Ser objetivo de espionaje a nivel académico me parece una broma”. “En cualquier caso, representa un peligro brutal. ¿Qué demonios es esto? Pueden hacer lo que quieran. Si les interesa la pesca, bien, pero ¿y si les interesa... mi cuenta bancaria?”, se pregunta indignado.

Pero la campaña del Predator vietnamita excedía con mucho los límites académicos y geográficos europeos, apuntó muy alto. La cuenta @Joseph_Gordon16 también intentó infectar a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, a la exembajadora de Alemania en Estados Unidos, Emily Haber, y a cuatro congresistas estadounidenses, así como a un ministro y a un diputado albaneses. Además, fueron objeto de ataques varios medios de comunicación, entre ellos la cuenta de Twitter de la redacción anglófona del canal de noticias France24 y tres periodistas de la cadena estadounidense CNN. Otros dos españoles figuran en la lista de objetivos. Se trata de dos altos cargos de la UE y la FAO: la directora de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (Cinea), Paloma Aba Garrote, y el subdirector general y director de Pesca y Acuicultura de la FAO, Manuel Barange. infoLibre ha preguntado a ambos por los tuits de la cuenta vietnamita.

La Comisión Europea, a través de un portavoz, responde que no tiene “pruebas de que la infección con Predator haya tenido éxito”. “La Comisión está al corriente de los informes sobre el programa espía Predator dirigido a los seguidores de cuentas de X (antes Twitter) de entidades europeas. Nos tomamos muy en serio la ciberseguridad y aplicamos políticas estrictas para proteger nuestras infraestructuras y dispositivos. Investigamos todos los incidentes”, señala. Barange, que también es profesor honorario de la Universidad británica de Exeter, no ha respondido a los intentos de este periódico de contactar con él.

El informe de Amnistía señala como probables autores de esta campaña a “agentes de las autoridades vietnamitas”. Las conclusiones de sus análisis fueron confirmadas a EIC por otras dos organizaciones de renombre mundial, que investigaron el mismo tema de forma independiente: el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que destapó el espionaje con Pegasus, y el Grupo de Análisis de Amenazas de Google (TAG). “Creemos que esta infraestructura de ataque de Predator está asociada a un actor gubernamental de Vietnam”, indició Google a EIC.

Contactados por EIC, el Gobierno de Vietnam e Intellexa no han respondido. Pero la investigación de EIC parece haber provocado una ola de pánico dentro de la empresa. Después de que EIC enviara preguntas a Intellexa a mediados de septiembre, la cuenta @Joseph_Gordon16 fue cerrada, y parte de la infraestructura técnica utilizada para hackear teléfonos con Predator fue abruptamente desmantelada. “Más del 70% de los servidores rastreados de Predator se han desconectado desde mediados de septiembre”, explica Donncha O'Cearbhaill, director del Laboratorio de Seguridad de Amnistía.

En cualquier caso, la historia de esta campaña empieza mucho antes, el 31 de diciembre de 2020. Antes de Nochevieja, reinaba un ambiente de fiesta en el grupo de WhatsApp franco-israelí que reúne a ejecutivos de Intellexa y Nexa, que habían sellado su alianza el año anterior.

A las 9:48, los franceses comunican a los israelíes que han vendido Predator a Egipto. A las 13:40, el número dos de Nexa, Olivier Bohbot, anuncia una segunda buena noticia: “Contrato VN firmado. [...] Gracias a todos por vuestro apoyo”. “Wooow!!!!!”, reacciona exultante el jefe de Intellexa, Tal Dilian.

Documentos confidenciales de Nexa confirman que la empresa negoció un contrato de 5,6 millones de euros, cuyo nombre en clave es AnglerFish –nombre inglés del rape–, para vender Predator al MOPS, siglas del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam. Este ministerio, ya implicado en otros casos de piratería informática, es el órgano represivo del régimen, encargado de perseguir a los opositores y a los defensores de los derechos humanos.

Nexa tomó todas las precauciones para ocultar esta venta a una dictadura. El contrato fue negociado por la filial del grupo en Dubái, Advanced Middle East Systems (AMES). Luego utilizó como intermediaria a una empresa registrada en Hong Kong, Delsons Hong Kong Ltd, que compró Predator a AMES y luego se lo revendió al MOPS.

Delsons es propiedad de Alexis Delevaux, un ciudadano suizo que creció en Francia y luego se trasladó a Asia. Es cónsul honorario de Mónaco en Vietnam y proveedor de servicios de telecomunicaciones a varios países de la región. Correos electrónicos de 2011, revelados por Wikileaks, muestran que ya entonces trabajaba como intermediario para suministrar programas espía italianos al MOPS vietnamita.

Los registros de exportación obtenidos por Amnistía Internacional y EIC desvelan que el 1 de noviembre de 2021 Delsons entregó por avión a Vietnam, a una empresa estatal fundada por el MOPS, tres equipos informáticos valorados en 8,4 millones de dólares cuyo fabricante es AS, entre ellos un “módulo de monitorización de smartphones móviles relacionado con un software profesional”. En los documentos internos de Nexa, las siglas AS designan a su filial Advanced Middle East Systems de Dubái. La misma empresa que negoció el contrato Predator con Vietnam.

Alexis Delevaux no ha contestado a las preguntas que le ha formulado EIC. Los directivos de Nexa, Stéphane Salies y Olivier Bohbot, tampoco han querido precisar si suministraron o no los equipos entregados por Delsons a Vietnam, pero afirman que siempre han “respetado toda la reglamentación aplicable y obtenido las autorizaciones de los organismos de control competentes” para exportar.

Ambos precisan que Nexa transfirió a Intellexa, “a partir del tercer trimestre de 2021” todos sus contratos Predator, “antes de que fueran operativos”. Es decir, el grupo francés asegura que no desempeñó ningún papel en el ataque que supuestamente se llevó a cabo utilizando el software espía que vendió a Vietnam.

El informe de Amnistía Internacional muestra que, con 12 blancos atacados con Predator, la Unión Europea (UE) fue uno de los principales objetivos del régimen de Hanoi por culpa de la “tarjeta amarilla” que perjudicaba a sus exportaciones pesqueras y a su reputación internacional. Así, la cuenta de Twitter @Joseph_Gordon16 apuntó con URL infectadas con Predator a la Dirección General de la Comisión Europea encargada del clima, la Dirección General de Medio Ambiente y a la responsable de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, Charlina Vitcheva. También atacó con Predator las cuentas de Twitter de agencias especializadas como la Misión de Aguas y Océanos de la UE y de dos agencias europeas responsables de la observación marítima, entre ellas Copernicus, gestionada por la empresa francesa Mercator Ocean.

En 2022, cuando el Parlamento Europeo votó sobre el acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam, los eurodiputados también adoptaron resoluciones. Con otros eurodiputados del grupo político Renew Europe, el eurodiputado y oceanógrafo francés Pierre Karleskind logró convencer al Parlamento Europeo de que aprobara una enmienda para recordar la existencia de la “tarjeta amarilla” dirigida a Vietnam por pesca ilegal. “Es una posición que no debe de haber gustado al Gobierno vietnamita”, destaca Karleskind a EIC.

Aunque el ataque contra él no funcionara, el eurodiputado dice estar decidido a actuar: “Comportarse así con un parlamentario europeo no es aceptable, es un atentado contra la democracia. Informaré a las autoridades francesas responsables de la inteligencia y el contraespionaje y, cuando se publique su artículo, convocaré al embajador vietnamita ante la Unión Europea a mi despacho de Bruselas para pedirle explicaciones. También estoy considerando la posibilidad de presentar una denuncia. Estudiaré todas las opciones, pero, como dirigente político, debo mantener la cabeza fría. Una cosa es segura: no voy a dejar pasar esto”.

Vietnam también intentó hackear a varios opositores. Uno de ellos, Khoa Le Trung, regenta una tienda de cámaras de vigilancia, situada en un callejón del Dong Xuan Center de Berlín, el mayor mercado asiático de Alemania. Khoa Le Trung, que también es periodista, presenta el sitio de noticias Thoibao.de, uno de los mayores medios de comunicación de la oposición vietnamita, que tiene 20 millones de visitas al mes.

Vietnam lo considera un enemigo del Estado. Su despacho está protegido por una puerta blindada. Recibe regularmente amenazas de muerte, por teléfono y en la vida real. “Hay gente que viene directamente a mi despacho y me dice: 'No sigas con tus reportajes porque no te conviene”. Asegura a EIC que no pinchó el enlace de la infección Predator que la cuenta @Joseph_Gordon16 le envió el 9 de febrero, respondiendo a un tuit de Thoibao.de.

Pero este ataque le preocupa mucho, porque emplea a 12 personas que viven en varios países y que firman sus artículos con seudónimos. Si las autoridades vietnamitas tuvieran acceso a su teléfono, “eso pondría en peligro la vida” de sus empleados y de algunos de sus contactos, dice Le Trung.

Khoa Le Trung está indignado por haber sido blanco de programas espía diseñados y comercializados por empresas europeas y afirma que Europa debería reforzar los controles a la exportación. “No se pueden vender sin más [tecnologías de vigilancia] a países como Vietnam”, zanja.

Vietnam incluso se arriesgó a atacar a tres senadores estadounidenses y a un miembro de la Cámara de Representantes, dos de ellos muy influyentes: el senador demócrata Chris Murphy, miembro del Comité de Relaciones Exteriores y presidente de su subcomité sobre Oriente Próximo y Asia, y el republicano Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Contactados por nuestro socio en los Predator Files The Washington Post , los portavoces de estos dos congresistas indicaron que no creían haber pinchado en las URL de la infección.

Estos ataques se producen en un momento en que las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos están mejorando, como muestra el acuerdo de asociación estratégica firmado por el presidente Joe Biden durante su visita a Hanoi el mes pasado.

El Gobierno estadounidense, que fue informado del ataque por Google, se toma el asunto muy en serio. Una fuente de la Administración Biden asegura a The Washington Post que la decisión de incluir a Intellexa en la lista negra, anunciada el 18 de julio, ya estaba en proyecto cuando se detectó la ofensiva atribuida a Vietnam en primavera, pero el ataque reforzó esta decisión.

Los congresistas estadounidenses no fueron atacados directamente por la cuenta @Joseph_Gordon16, sino a través de respuestas a tuits donde se les citaba. Dos de ellos formaron parte de una ofensiva dirigida contra Taiwán. El 13 de abril, @Joseph_Gordon16 respondió a un tuit de la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-Wen, que daba la bienvenida al senador John Hoeven. Como consecuencia, ambos recibieron un tuit malicioso que contenía un artículo falso, muy bien imitado, del South China Morning Post, un famoso diario de Hong Kong.

Lo mismo le ocurrió al miembro de la Cámara de Representantes estadounidense Michael McCaul, atacado al día siguiente en respuesta a un tuit publicado por la cuenta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán. Tsai Ing-Wen fue también el blanco personal, esta vez en solitario, de otro tuit malicioso el 21 de mayo. La presidencia taiwanesa no ha respondido a los intentos de EIC de contactar con ella.

Más allá de Taiwán, @Joseph_Gordon16 atacó a académicos, expertos y periodistas especializados en la geopolítica del Mar de China, una zona de tensión en la que China, Vietnam, Filipinas y Taiwán se disputan la soberanía de varios archipiélagos insulares. Por ejemplo, @Joseph_Gordon16 apuntó a la cuenta de CNN Filipinas, así como a tres periodistas de la famosa cadena de noticias estadounidense: dos reporteros afincados en Taiwán y Jim Sciutto, que es a la vez presentador y analista principal de temas relacionados con la seguridad nacional. Otros periodistas con base en la región también han sido blanco del Predator vietnamita.

Las motivaciones de otros ataques son más misteriosas. Es el caso de la exembajadora de Alemania en Estados Unidos, Emily Haber, que dejó su puesto el pasado mes de junio y no quiso responder a EIC “por razones de seguridad”. Tampoco está claro por qué Vietnam intentó infectar la cuenta de Twitter en inglés de France 24, que forma parte del servicio audiovisual de ultramar de Francia. El canal público de noticias fue atacado colateralmente, en respuesta a un tuit en el que se le citaba. La dirección de France 24 no ha querido reaccionar antes de la publicación de los Predator Files.

Los expertos entrevistados por EIC están sorprendidos por el modo de operar del atacante. Los hackeos a través de Twitter son poco frecuentes –el último detectado se remonta a 2015 en Kenia–, porque tienen dos grandes inconvenientes.

El primero es la imprecisión: las respuestas a un tuit se dirigen principalmente a su autor, pero también pueden interesar, y por tanto infectar, a las personas que siguen al objetivo principal. Y es aún peor cuando el ataque se dirige a la cuenta de una institución como la Comisión Europea, que emplea a más de 30.000 funcionarios, aunque Intellexa disponga de herramientas técnicas para focalizar las infecciones y limitar los daños colaterales.

Para empezar, los tuits son públicos y, por tanto, descubribles. Por eso, normalmente, los ataques se realizan de forma discreta y personalizada, a través de mensajes enviados por SMS o WhatsApp. A John Scott-Railton, investigador de Citizen Lab, le sorprendió la audacia del ataque público, pero también su torpeza. “Alguien va a ser despedido por esto”, advirtió a preguntas de EIC. “Como cliente de Predator, [el autor del ataque] está claramente en el proceso de aprender de una manera dolorosa; explotar [vulnerabilidades] a través de Twitter es una pésima idea. El hecho de que eso ocurra demuestra que Predator sigue recurriendo a operadores imprudentes”.

El resultado es efectivamente catastrófico, ya que la operación ha sido detectada e Intellexa está en proceso de cerrar urgentemente una parte significativa de los servidores informáticos utilizados para llevar a cabo las infecciones.

Rastreando y analizando esta infraestructura técnica, Amnistía ha podido identificar nuevos países que probablemente utilizan Predator: entre ellos Kazajstán, Sudán, Mongolia y Angola. Es decir, cuatro regímenes autoritarios más.

Para Donncha O'Cearbhaill, director del Laboratorio de Seguridad de Amnistía, “este caso demuestra que el régimen regulador de la UE no está impidiendo que se desarrollen, financien y exporten desde Europa potentes programas espía a gobiernos con un historial de abuso de las herramientas de cibervigilancia para espiar a disidentes, políticos o activistas inocentes”.

El caso de Vietnam es paradigmático. Una potencia extranjera, con un régimen dictatorial, intentó espiar a ciudadanos y altos cargos de las instituciones europeas con un software vendido... por una empresa europea.

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#PredatorFiles se basa en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y está siendo publicado por medios asociados a European Investigative Collaborations (EIC): NRC, Politiken, Expresso, Le Soir, De Standaard, VG, infolibre y Domani en colaboración con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU).

Libia es un escándalo francés sin fin. Aunque ya había sido señalada por la Justicia por haber vendido sistemas de cibervigilancia al régimen del difunto dictador Muamar Gadafi, la empresa Nexa, vinculada a los servicios de inteligencia franceses, volvió a hacerlo 13 años después, esta vez en beneficio del actual hombre fuerte del este de Libia, el mariscal Haftar.

Así lo revela la investigación Predator Files, basada en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y realizada por infoLibre y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), que en esta investigación ha trabajado con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Domani (Italia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU), así como con el apoyo del Security Lab de Amnistía Internacional.

Nexa y sus principales directivos fueron acusados en junio de 2021 de complicidad en torturas en relación con el primer contrato libio, que fue firmado en 2007. Tanto la empresa como sus ejecutivos niegan estas imputaciones.

Fue durante esta investigación cuando los dos jueces de instrucción y los gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad y los Crímenes de Odio (OCLCH) descubrieron que la empresa firmó a finales de 2020 un contrato de 3,3 millones de euros con el régimen de Haftar para suministrarle equipos de interceptación de teléfonos móviles. Ese contrato se celebró violando el embargo sobre la venta de armas a Libia, y a pesar de que el mariscal Haftar es objeto de investigaciones por crímenes de guerra, y de que su gobierno no está reconocido por la comunidad internacional.

Al descubrir estos hechos, las dos juezas de instrucción encargadas del caso, Stéphanie Tacheau y Ariane Amson, solicitaron, el 23 de junio de 2021, autorización para ampliar su investigación a tres delitos y faltas vinculados al contrato de Haftar.

Pero la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT), dirigida por el fiscal Jean-François Ricard, y el Ministerio de Economía, encabezado por Bruno Le Maire, parecían decididos a frenar las investigaciones.

La fiscalía se negó a ampliar la primera calificación realizada por los magistrados: “participación en un acuerdo o en un grupo constituido con vistas a cometer crímenes de tortura y desapariciones forzadas en Libia”. Por tanto, de acuerdo con la ley francesa, los jueces sólo están autorizados a seguir examinando los documentos ya incautados y tienen prohibido llevar a cabo cualquier investigación adicional –audiencias, registros, escuchas telefónicas–.

No obstante, la fiscalía aceptó que la investigación se ampliara a la violación del embargo de armas en Libia. Pero esta vez fue el Ministerio de Economía el que bloqueó el procedimiento. Ese delito requiere, para iniciar el procedimiento, una denuncia firmada por el ministro de Economía, Bruno Le Maire. Y nunca la presentó.

Tras nueve meses de espera, los magistrados finalmente preguntaron a la fiscalía y obtuvieron, en marzo de 2022, la ampliación de la investigación a un delito menos grave, que no requiere el acuerdo de Economía: “exportación sin declaración de mercancías prohibidas”.

Preguntada por sus decisiones, la fiscalía no quiso explicar si había informado al ministro de que tenía que presentar una denuncia. Respondió que “el juez de instrucción conoce in rem [es decir, sobre los hechos, en lenguaje jurídico] y puede dar a los hechos otra calificación penal”. Pero esta declaración se contradice con la carta enviada al juez de instrucción en julio de 2022 por el vicefiscal primero de la fiscalía, quien establece que, a pesar de la remisión in rem, “la ausencia de denuncia” por parte del ministro no permite incoar un procedimiento por violación del embargo.

En resumen, en este nuevo asunto libio, Nexa parece haber sido protegida por el Estado francés.

¿Es el caso demasiado embarazoso quizá para el Gobierno de Francia? Las negociaciones comerciales entre Nexa y el mariscal Haftar coincidieron en el tiempo con los movimientos políticos del presidente Emmanuel Macron y de su entonces ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, para elevar el perfil del señor de la guerra libio en la escena internacional a pesar de su pésima reputación.

EIC preguntó a Emmanuel Macron y a Bruno Le Maire –su ministerio se encarga de las licencias de exportación de tecnología de vigilancia– si estaban informados del contrato entre Nexa y Haftar y si lo validaron. Macron no ha contestado. Le Maire Bruno no explica por qué no presentó una denuncia: “Dados los procedimientos judiciales en curso, no podemos hacer comentarios sobre este caso concreto. Dejaremos que los tribunales hagan su trabajo y den las respuestas que esperamos”.

Nexa siempre ha sabido alinear sus intereses con la política internacional más o menos discreta de Francia. La historia libia es un caso de manual de cómo funciona la diplomacia gala en este tipo de asuntos.

Un pequeño flashback. En la época en que aún se llamaba Amesys, Nexa ya había aprovechado la luna de miel entre el presidente francés Nicolas Sarkozy y Muamar Gadafi para desarrollar y luego vender al régimen de Trípoli, en 2007, el potente sistema Eagle, el primero del mundo capaz de vigilar masivamente internet a escala de todo un país.

El contrato, negociado con Abdalá Senusi, exmilitar libio, antiguo jefe de inteligencia y cuñado de Gadafi, que fue condenado en Francia a cadena perpetua por el atentado contra el avión DC-10 de la compañía UTA en 1988 –170 muertos–, se saldó con el pago de más de cuatro millones de euros en comisiones ocultas al intermediario Ziad Takieddine, un empresario franco-libanés próximo a Nicolas Sarkozy, en cuentas bancarias situadas en paraísos fiscales.

Estos hechos están hoy en el centro de la investigación por corrupción sobre la supuesta financiación por Gadafi de la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007. Nicolas Sarkozy y tres de sus antiguos ministros, junto con otras nueve personas, acaban de ser enviados a juicio por este motivo. La Justicia francesa sospecha que los equipos vendidos entonces por Francia permitieron al régimen de Gadafi espiar, antes de detener y a veces torturar –o incluso algo peor–, a los disidentes de Bengasi que habían iniciado una revolución armada contra el autócrata libio a raíz de la Primavera Árabe.

La guerra en Libia que siguió entre marzo y octubre de 2011 a la caída del régimen y la muerte de Gadafi reveló los compromisos de Amesys con la dictadura. A su vez, desencadenó investigaciones de la prensa y la presentación de una denuncia por parte de dos ONG, la Liga de Derechos Humanos (LDH) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Ambas consiguieron que se abriera un procedimiento penal contra Amesys.

En el proceso, la empresa se rebautizó como Nexa y cambió el nombre de su software de Eagle a Cerebro, con la esperanza de continuar sus actividades discretamente.

Pero, contra todo pronóstico, la desaparición del régimen de Gadafi no sofocó las ambiciones empresariales de Nexa en ese país. Como demuestran documentos internos obtenidos por Mediapart, la empresa francesa volvió a invertir en territorio libio en 2013. A pesar del embargo sobre la venta de armas votado por el Consejo de Seguridad de la ONU en febrero de 2011. Y a pesar de que, tras la guerra, una parte importante del país se encontraba en manos de milicias, señores de la guerra e islamistas sin ley.

“Desde que Muamar [Gadafi] ya no está, ha perdido color de todos modos...”, bromea el comercial de Nexa Raphaël C. en un SMS enviado en enero de 2013 al número tres del grupo, colgando una foto de las vistas al mar desde su habitación de hotel en Trípoli. ¿El objetivo del viaje? Vender Cerebro al nuevo régimen. La operación lleva el nombre en clave de Phoenix. Nexa quiere resurgir de sus cenizas en Libia, en el mismo lugar donde vendió por primera vez su software de espionaje.

Pero el viaje no es fácil. “Siempre hay tiros por todas partes. [...] Están todos armados menos yo”, escribía Raphaël C. el 21 de enero de 2013. El vendedor intentó visitar los centros de vigilancia donde se habían instalado los equipos de Nexa antes de la guerra, pero sólo pudo echar un vistazo al edificio antes de dar media vuelta: “Evitamos parar porque hay milicias en esta calle”.

En septiembre de 2013, Raphaël C. se quejó de que un intermediario estaba difundiendo demasiado la propuesta comercial de Nexa: “Si esto acaba en la mesa de un periodista, tendríamos problemas”. Pese a sus esfuerzos y a una reunión con el “hermano del presidente de la República”, la operación fue un fracaso.

Dos años más tarde, Nexa dio la espalda al Gobierno de Trípoli y acudió al más poderoso de sus enemigos: el mariscal Haftar. El primer contacto comercial se produjo en 2015, cuando un representante del mariscal visitó el stand del grupo francés en una feria internacional de Dubái.

Por aquel entonces, Jalifa Haftar ya se había convertido en el hombre fuerte del este de Libia. Antiguo jefe de la fuerza expedicionaria del ejército de Gadafi, el militar se pasó a la oposición en los años 80 antes de exiliarse en Estados Unidos. Regresó a Libia en 2011 para apoyar la insurrección contra Gadafi y unos años más tarde asumió el mando del Ejército Nacional Libio (ENL), una autoproclamada fuerza militar, convirtiéndose de hecho en una especie de procónsul de la mitad oriental del país.

Sin embargo, Jalifa Haftar fue excluido de la coalición que formó el Gobierno de Acuerdo Nacional Libio, reconocido en diciembre de 2015 por el Consejo de Seguridad de la ONU como “el único gobierno legítimo de Libia”. Inspirado en el nacionalismo árabe, reúne una red heterogénea de fuerzas tribales, antiguos partidarios de Gadafi y antiislamistas. Presentado como un baluarte contra los yihadistas, ha recibido el apoyo oficial de varias potencias internacionales, en primer lugar de Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Egipto no dudó en utilizar cazas Rafale comprados a Francia para llevar a cabo campañas de bombardeos en beneficio de Haftar; en cuanto a los Emiratos, se cree que han financiado en gran medida las ambiciones de Jalifa Haftar. Por no hablar de la milicia rusa Wagner, que también acudió en apoyo del mariscal.

Por el contrario, los opositores de Haftar denuncian sus inclinaciones autoritarias y los abusos de sus hombres, en particular desde la operación denominada Dignidad, lanzada en la primavera de 2014 y sobre la que pesan ahora sospechas de crímenes de guerra, como ha señalado el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). También se han abierto investigaciones penales en Francia por tortura y actos de barbarie, y en Estados Unidos por crímenes de guerra.

Pero nada de eso fue suficiente para frenar el entusiasmo comercial de Nexa. Para la compañía francesa, todo se aceleró con Haftar en 2017 en París, durante Milipol, la feria mundial de la seguridad. Un documento comercial, marcado como “confidencial”, muestra que un intermediario, Jalal Dira, expresó el interés del mariscal libio por los equipos de vigilancia de Nexa. Ya activo como intermediario en la venta de armas con Francia bajo el régimen de Gadafi, Jalal Dira, descrito como próximo al fabricante aeronáutico francés Dassault, es conocido en los medios diplomáticos e industriales franceses por haber puesto su agenda a disposición de los sucesores del dictador.

Contactado por Mediapart, Dira no niega los contactos con Nexa en Milipol, pero precisa que no estuvo “implicado en ninguna transacción financiera con la empresa, ni con los equipos del mariscal Haftar, y menos aún en la violación de embargo alguno, en Libia o en cualquier otro lugar”.

Al mismo tiempo, en julio de 2017, Jalifa Haftar fue recibido oficialmente a bombo y platillo por el flamante presidente Emmanuel Macron, durante una cumbre internacional en La Celle-Saint-Cloud, un elegante suburbio de París. Las fotos del acto muestran a los dos hombres cogidos del brazo. Tiempo después, el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, llegó a decir que deseaba “victorias” al mariscal, según un reportaje de Le Figaro .

A principios de 2019, el mariscal Haftar lanzó una vasta ofensiva militar destinada a conquistar el oeste de Libia y derrocar al gobierno. A principios de abril, las fuerzas del ENL estaban a las puertas de la capital. Mientras los combates arreciaban en los suburbios de Trípoli, Nexa envió al bando de Haftar, en noviembre de 2019, una oferta comercial de 41 páginas. Versaba sobre el producto más potente del grupo francés, diseñado con su socio Intellexa, el desarrollador de Predator. Por nueve millones de euros, Nexa ofrece al mariscal comprar el AlphaSpear 360, una furgoneta capaz de infectar teléfonos con Predator en un radio de aproximadamente 500 metros en modo zero-click, es decir, completamente invisible para los objetivos. Y una herramienta muy útil en el campo de batalla.

Pero el mariscal duda. Su ofensiva militar es un fracaso. En junio de 2020, los soldados del ENL regresaron a Bengasi.

El acuerdo con Nexa se cerró inmediatamente después. En septiembre y luego en noviembre de 2020, el gobierno de Haftar firmó cuatro contratos para la compra de equipos de interceptación, por un importe total de 3,3 millones de euros. Esa factura incluía un sistema para interceptar teléfonos por satélite Thuraya, y tres IMSI catchers, incluido el modelo más potente, el AlphaMax, capaz de escuchar las comunicaciones de voz e internet de los teléfonos móviles dentro del alcance de su antena. En diciembre se paga a Nexa un primer anticipo de casi 100.000 euros.

El contrato lo firma, por cuenta de los gobernantes Haftar, un tal Ahmed al-Werfalli. Su hermano, Mahmud, era uno de los principales lugartenientes de Haftar y sospechoso de múltiples atrocidades. Según la Corte Penal Internacional, que emitió varias órdenes de detención contra él, encargó el asesinato de 33 personas en junio de 2016 y ejecutó personalmente a balazos a 10 personas frente a una mezquita de Bengasi en enero de 2018.

Ahmed al-Werfalli, firmante de los contratos de equipamiento de Nexa, fue detenido brevemente en Lituania en 2019 para ser interrogado en el marco de la investigación de la Corte Penal Internacional contra su hermano. Se negó a cooperar con los investigadores. Más tarde, prometió pagar los daños después de que su hermano destruyera las oficinas del fabricante de automóviles Nissan en Bengasi.

Finalmente, Mahmud al-Werfalli no tuvo que responder de sus actos ante la justicia internacional. Murió tiroteado en 2021 en turbias circunstancias en Libia por hombres armados no identificados.

Pero, por parte de Nexa, los negocios iban bien. En enero de 2021, el jefe del grupo francés dio luz verde a la venta al mariscal Haftar, visiblemente muy interesado, de un sistema de escuchas telefónicas y de vigilancia de internet, el MCng.

Pero Nexa tiene que trabajar duro para encontrar la manera de entregar los equipos encargados por Haftar. El asunto es espinoso, porque Libia sigue bajo embargo. Aunque no parece ser un problema para la dirección del grupo galo. Lo que no saben los ejecutivos de Nexa en ese momento es que los gendarmes les han intervenido los teléfonos y empiezan a descubrir el alcance de sus nuevos trucos sucios en Libia.

Para evitar tener que pedir a Francia una licencia de exportación, el acuerdo fue cerrado por Advanced Middle East Systems (AMES), la empresa hermana de Nexa en Dubái. Para mayor confusión, oficialmente AMES sólo es el proveedor de otra empresa también con sede en Dubái, AR Global Group, que revendió el equipo al gobierno de Haftar.

El esquema parece diseñado para evitar solicitar una licencia de exportación en Emiratos: “Hemos preguntado a la autoridad de control en Dubái, nos han dicho que, si utilizamos un intermediario en Dubái, no nos pedirán absolutamente nada”, dice por teléfono el jefe de Nexa, Stéphane Salies. Otra ventaja: “No habrá transacciones directas entre el país y nosotros”.

Pero el 18 de mayo de 2021 surgió un gran problema: Lituania se niega a conceder una licencia para la exportación de componentes, fabricados en el país, que se utilizan para los equipos de Nexa. Tres días después, el 21 de mayo, Stéphane Salies llamó a Kay Höft, su abogado alemán especializado en el cumplimiento de la normativa sobre exportaciones. La conversación es impresionante. “Tenemos una petición de un país súpermalo”, en este caso el “bando de Haftar”, explica el director de Nexa, que pregunta si “está completamente prohibido”. El abogado responde que sí, sin dudarlo, ya que existe “un embargo de armas”, el ENL es “una entidad militar” y los productos vendidos por Nexa tienen “un alto índice en la clasificación de artículos no autorizados”.

El jefe de Nexa insiste, y detalla su plan con “un intermediario en Dubái”. El abogado le advierte: “Usted conoce el embargo de armas [y] el esfuerzo de la Unión Europea con respecto a Libia... Son muy estrictos”. Le aconseja a Salies que “lo olvide”.

Cuatro días más tarde, Stéphane Salies vuelve a llamar a Kay Höft para presentarle un nuevo plan: ha encontrado “un proveedor situado en Inglaterra”, que está dispuesto a realizar la venta y la entrega. El abogado señala que, en este caso, es necesaria una licencia de exportación británica. Pero sugiere un truco para evitar pedirla: Nexa podría enviar los equipos a Dubái, luego “ensamblarlos con otros artículos y reexportarlos desde los Emiratos Árabes Unidos, y así no tendría que revelar la identidad del usuario final [a las autoridades del] Reino Unido”. “Vale, ya veo, es factible, podría ser fácil”, le contesta el jefe de Nexa.

Contactado a través de su portavoz, Ahmad al-Mesmari, Jalifa Haftar no ha contestado a las preguntas de EIC sobre este asunto. Por su parte, los Emiratos “refutan enérgicamente cualquier acusación de facilitar la venta de cualquier sistema de vigilancia a cualquier país”, asegura un funcionario del Gobierno emiratí a EIC. “Los Emiratos siempre han respetado y seguirán respetando las sanciones impuestas por la ONU. […] Cuentan con un marco legal de control de las exportaciones y supervisan continuamente la exportación de productos de doble uso”, explica.

En cualquier caso, la investigación de los gendarmes parece que detuvo la ejecución del contrato libio. El 15 de junio de 2021, tres semanas después de esta conversación telefónica, los gendarmes registran las oficinas de Nexa y los domicilios de sus directivos, que son interrogados bajo custodia policial.

Frente a los gendarmes, el número tres del grupo, Renaud Roques, declara que sólo ha “oído hablar de un proyecto” en Libia, y que “no puede decir” si el país “está embargado o no”. Stéphane Salies, por su parte, invoca el “secreto profesional” y la clasificación de “defensa confidencial” para no responder con precisión a las preguntas sobre el contrato con Haftar.

Preguntado por sus conversaciones con el abogado Höft, Salies indicó que quiso “encontrar una solución para poder hacer la entrega legalmente”. Afirmó también que “el material está en un hangar” en Dubái “a la espera de las licencias de exportación para poder entregarlo”. “Lleva pendiente más de tres meses, lo que demuestra claramente que estoy esperando la licencia”, insistió.

Pero en un breve informe los gendarmes son categóricos: “Esta transacción se hace bajo embargo, pasando por varios países, para evitar restricciones”. Y dicen que estos hechos están “constatados” en sus investigaciones.

Preguntados por Mediapart, Stéphane Salies y su colaborador Olivier Bohbot respondieron que “ninguno de los equipos [...] fue entregado a la Libia del mariscal Haftar”. Se negaron a hacer más comentarios sobre sus actividades en el país.

Emmanuel Macron, su ex jefe de gabinete Alexandre Benalla y una posible venta de programas espía a Arabia Saudí. Estos son los ingredientes de un asunto muy delicado, revelado por la investigación Predator Files, realizada por 15 medios de comunicación internacionales coordinados por la red EIC, a partir de documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel. infoLibre publica el resultado en exclusiva en España.

Todo comenzó con la investigación de las juezas de instrucción Stéphanie Tacheau y Ariane Amson sobre la empresa francesa Nexa, sospechosa de complicidad en torturas por haber vendido sistemas de vigilancia a Libia y Egipto. A principios de junio de 2021, los gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad y los Crímenes de Odio (OCLCH) descubrieron que Nexa hacía negocios en Arabia Saudí. Y que su jefe, que tenía el teléfono pinchado, parecía perfectamente consciente de los abusos que los saudíes podían cometer con sus productos: según había dicho en una conversación que le fue interceptada, Riad había hecho “una chapuza” al asesinar al periodista Jamal Khashoggi. El 15 de junio, las oficinas de Nexa fueron registradas y sus directivos detenidos e interrogados.

En dos ocasiones, en junio y julio de 2021, los jueces de instrucción pidieron a la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT), dirigida por Jean-François Ricard, que ampliara el alcance de la investigación para incluir sospechas de complicidad en torturas en Arabia Saudí. Pero se negó dos veces, por considerar que las pruebas eran insuficientes. No obstante, indicó a los jueces que estaban autorizados a utilizar los documentos que acababan de incautarse durante el registro, y que volvieran a consultarle en caso necesario. No se trataba de “una negativa definitiva”, explicó la PNAT a Mediapart.

Al revisar los documentos, los gendarmes descubrieron otros hechos explosivos susceptibles de abochornar al jefe del Estado francés y a su antiguo consejero Alexandre Benalla, ya implicado en múltiples procesos judiciales y condenado en tres de ellos, en particular por la violencia que cometió contra manifestantes el 1 de mayo de 2018, lo que provocó su destitución del Elíseo tres meses después.

La primera pista la proporcionó un cuaderno encontrado en los registros, que menciona unas reuniones celebradas en la primavera de 2018 entre Nexa y los hombres del Elíseo, a una de las cuales asistieron Alexandre Benalla y el propio Emmanuel Macron.

Después, a partir de 2020, Alexandre Benalla ayudó a Nexa en sus campañas comerciales, sobre todo en Arabia Saudí, donde la empresa francesa intentaba vender su potente programa espía Predator, capaz de capturar el contenido de los teléfonos móviles. El ex jefe de seguridad de Macron presentó a Nexa a un “príncipe” saudí al que describió como “muy cercano” al príncipe heredero Mohamed bin Salmán, conocido como MBS.

Pero desde que esta información se incorporó al expediente judicial, en marzo de 2022, no ha ocurrido nada. Tal vez enfriados por la negativa inicial, los jueces de instrucción no han vuelto a remitir el asunto al fiscal. Y él mismo no ha tomado la iniciativa de ampliar el alcance del procedimiento. En consecuencia, el caso está en punto muerto. Los jueces no tienen permiso para llevar a cabo nuevas investigaciones en Arabia Saudí, ni para comprobar si Nexa vendió allí programas espía, ni para indagar sobre el papel de Alexandre Benalla.

La empresa francesa ha hecho de Riad un mercado prioritario, a pesar del creciente número de violaciones de los derechos humanos –seguimiento de activistas de derechos humanos, detenciones arbitrarias, condenas a muerte– y el uso de software espía para infectar los teléfonos de los familiares del periodista Jamal Khashoggi, asesinado supuestamente por orden de MBS en octubre de 2018. Emmanuel Macron, ansioso por preservar las ventas de armas a la dictadura saudí, sólo criticó ligeramente esta ejecución, antes de trabajar para rehabilitar a Mohamed bin Salmán en la escena internacional a finales de 2021.

Alexandre Benalla, por su parte, conoce a MBS desde hace mucho tiempo. De 2013 a 2015, durante sus visitas a París, antes de convertirse en el hombre fuerte del reino en 2017, el príncipe recurrió, para su escolta, a un joven agente de seguridad llamado Alexandre Benalla, y a uno de sus colegas y amigos, Christian G., antiguo miembro del GIGN (Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional) con una dilatada carrera.

En el verano de 2016, ambos se implicaron con Emmanuel Macron, proporcionándole protección personal hasta su victoria en las elecciones presidenciales de mayo de 2017. Una vez en el Elíseo, Alexandre Benalla se convirtió en el jefe de gabinete del presidente, su hombre de confianza en cuestiones de seguridad y mucho más. Christian G. se incorporó al Grupo de Seguridad de la Presidencia de la República (GSRP), en condiciones excepcionales, donde se convirtió en el guardaespaldas más cercano de Emmanuel Macron durante sus primeros cinco años de mandato.

Alexandre Benalla siempre se ha mantenido próximo a MBS. Durante su primera visita oficial a París, en abril de 2018, Emmanuel Macron invitó al príncipe heredero a una cena para dos personas en el Museo del Louvre. Esa noche, Alexandre Benalla fue autorizado a presenciar algunos de los intercambios confidenciales entre los dos hombres, para sorpresa de los ayudantes del jefe de Estado, como reveló una fuente del Elíseo a Mediapart.

Pero también el número tres del grupo Nexa, Renaud Roques, participó activamente junto a Macron durante las elecciones presidenciales de 2017, según los documentos encontrados por los gendarmes en su ordenador. Una primera reunión en la cumbre se celebró un año después, el 24 de abril de 2018, según una de las páginas de un cuaderno incautado durante el registro en el despacho de Renaud Roques. La nota manuscrita menciona la presencia de Alexandre Benalla, Emmanuel Macron y el general Eric Bio-Farina, jefe de seguridad del Elíseo, así como sus números de móvil personales, que Mediapart ha podido autentificar.

Esta primera reunión parece haber estado dedicada a una presentación general de la empresa –“unas 100 personas”, “innovación”, “90% de exportación”– y de sus “productos únicos”, entre ellos un potente software israelí de pirateo telefónico.

El mismo cuaderno describe una segunda reunión el 3 de mayo de 2018, esta vez sin Macron ni Alexandre Benalla, pero con el general Bio-Farina y un tal “Doctor Schmidt”. Esta vez, Nexa parece haber hecho una oferta específica, que incluía un sistema de “análisis predictivo” para identificar “amenazas al PR [presidente de la República]” mediante el “seguimiento de archivos S”. En estos archivos altamente confidenciales, elaborados por la DGSI –el servicio de inteligencia nacional francés–, figuran individuos considerados potencialmente peligrosos: islamistas y extremistas de derecha e izquierda. También se menciona un sistema de “vigilancia en tiempo real” para “anticipar” un posible “acto del Daesh”, los terroristas del Estado Islámico de Irak y Siria.

¿Qué pasó con estas propuestas? El Elíseo, Alexandre Benalla y Renaud Roques no han respondido cuando EIC les ha preguntado al respecto. Los dos directores de Nexa, Stéphane Salies y Olivier Bohbot, también han declinado contestar.

En cualquier caso, Nexa y Alexandre Benalla volvieron a reunirse dos años después para hablar de Arabia Saudí, un mercado que Nexa llevaba explorando desde 2008, justo un año después de su creación. La empresa, entonces llamada Amesys, intentó vender a Riad su software Eagle –desde entonces rebautizado como Cerebro–, un “sistema de interceptación masiva” capaz de vigilar internet a escala de todo un país. Este primer intento fracasó. Pero Nexa volvió a intentar vender Cerebro, aparentemente con éxito.

A finales de 2014, el Gobierno francés concluyó, a través de la oficina de exportación de armas ODAS, un enorme contrato de 3.000 millones de euros denominado Donas, el acrónimo de “Donación Arabia Saudí”, cuyo objetivo era entregar armas a Líbano, financiadas por Riad. Según las informaciones de EIC, el contrato Donas incluía dos equipos de vigilancia vinculados entre sí: un sistema de escuchas telefónicas masivas suministrado por Ercom –hoy filial de Thales– y el sistema Cerebro de Nexa, por importe de 13,5 millones de euros.

Pero en 2016 estalló una crisis política entre Riad y Beirut. El contrato se mantuvo, pero se acordó que el equipo se entregaría finalmente a Arabia Saudí. Documentos internos a los que ha tenido acceso EIC demuestran que Nexa cumplió el contrato de Donas y emitió al menos una factura por valor de 1,6 millones de euros. En efecto, el sistema se entregó a los saudíes, según las declaraciones realizadas bajo custodia policial por uno de los ingenieros del grupo: “Hice dos o tres viajes a Riad, donde había un pequeño sistema instalado, es decir, dos o tres servidores. [El software [...] se llamaba [...] Cerebro”. Tanto Thales como Nexa han declinado hacer comentarios sobre el contrato.

Y eso no es todo. Otro proyecto, denominado West, vio la luz en 2014. Su objetivo era asegurar la frontera occidental del reino saudí interceptando “bandas locales de UHF, GSM y de datos”. Nexa fue uno de los subcontratistas de este proyecto, valorado en dos millones de euros, a través de su estructura con sede en Dubái, Advanced Middle East Systems (Ames).

La policía también encontró en los locales de Nexa un membrete del reino de Arabia Saudí solicitando “la instalación de un sistema de interceptación de comunicaciones GSM”. Este proyecto parece haber llegado a buen puerto, ya que un documento de 2014 enumera un “pequeño” contrato “existente” con el Ministerio de Defensa saudí para IMSI catchers, dispositivos capaces de espiar las comunicaciones de telefonía móvil en un radio de unos cientos de metros.

Pero Nexa no se detuvo ahí y, en octubre de 2017, intentó vender su nuevo modelo de IMSI catcher, aún más potente, a los saudíes. Tal y como revela un intercambio de mensajes interceptado por los gendarmes, el número tres del grupo, Renaud Roques, pretendía enviar allí un dispositivo para hacer una demostración, a pesar de que carecía de licencia que le autorizara a ello. EIC no ha podido determinar cómo acabó el proyecto.

Además, la actividad comercial de Nexa no se vio frenada en absoluto por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, descuartizado en octubre de 2018 en Estambul por los servicios secretos saudíes. En 2019, Nexa adquirió a su competidor Trovicor, una empresa originalmente alemana que trasladó su sede a Dubái tras recibir múltiples críticas por vender equipos de vigilancia a dictaduras como Siria e Irán. Se da la circunstancia de que Trovicor es el suministrador del sistema de interceptación judicial de Arabia Saudí desde al menos 2014.

Así es como Nexa consiguió gestionar las escuchas telefónicas en el país de Mohamed bin Salmán. En la primavera de 2020, el grupo francés obtuvo un importante contrato de 4,9 millones de euros para mantener y modernizar el sistema hasta 2025. Ahora Nexa sueña con dar un paso adelante y vender nuevos productos en Riad.

Al mismo tiempo, el grupo se acerca de nuevo a Alexandre Benalla. Desde que dejó el Elíseo, se ha dedicado a la consultoría y a la seguridad privada, a través de su empresa Comya Group y de una nebulosa ONG de Ginebra. En el espacio de un año, de junio de 2020 a junio de 2021, Alexandre Benalla y Olivier Bohbot, el número dos del grupo Nexa, intercambiaron nada menos que 499 mensajes y 89 archivos adjuntos a través de WhatsApp.

Sólo dos de estas conversaciones han sido incluidas en el expediente judicial. La primera data del 7 de septiembre de 2020, pocas horas después de que Mediapart revelara que Alexandre Benalla, acompañado de un asesor de Emmanuel Macron que aún trabaja en el Elíseo, había mantenido una reunión secreta con el nuevo presidente de Guinea Bissau en un hotel de París. A las 23.47 horas, Alexandre Benalla envió una copia del artículo a Olivier Bohbot, sin hacer comentarios. A la mañana siguiente, el director de Nexa le respondió en un tono familiar: “¡Están sobre ti! Hola Alex, ¿cómo estás?”.

Un mes más tarde, los dos hombres intercambiaron opiniones sobre Arabia Saudí. “El tipo que quiero que conozcas es el director general de Pasco Limited. Es un príncipe [..]. Es muy cercano a MBS. También es un buen amigo de Tamim, el emir de Catar, que le dio la nacionalidad catarí”, dice Alexandre Benalla en un mensaje enviado a las 10.02 horas del 6 de octubre de 2020.

La reunión está prevista para ese mismo día, obviamente en un hotel. “Estoy aquí”, dice Olivier Bohbot a las 10.59 horas. “Estoy de camino [...] Siéntate en el vestíbulo. Diles que tienes una cita con un cliente”, responde Alexandre Benalla. A las 11.34, avisa al número dos de Nexa de que ha llegado el príncipe saudí: “Está entrando en el vestíbulo. Árabe, pelo largo y canoso”. EIC no ha podido identificar la empresa Pasco Limited ni averiguar quién es el príncipe que la dirige.

En el momento en que organizaba esta reunión por cuenta de Nexa, Alexandre Benalla, a quien ya se había implicado en la firma de un contrato de seguridad con un oligarca ruso próximo al Kremlin cuando aún estaba en el Elíseo, tenía formalmente prohibido mantener relaciones profesionales con personas que hubiera conocido en el ejercicio de sus funciones o con autoridades públicas extranjeras, según un dictamen emitido por la Comisión de Deontología de la Función Pública. La Comisión le impuso esta prohibición por un periodo de tres años tras su salida del Gabinete de la Presidencia en 2018.

En la primavera de 2021, Nexa participa en una licitación en Riad para intentar vender su nuevo software IPDR, que realiza análisis masivos de metadatos de tráfico de internet. Es el sustituto de Cerebro, que había perdido capacidades por el desarrollo de la encriptación en la red. El IPDR no puede interceptar el contenido de los mensajes, pero es capaz de identificar a los interlocutores de los “objetivos”, aunque utilicen aplicaciones cifradas como Signal o WhatsApp. Se calcula que el proyecto tendrá un importe de “20 o 30 millones de euros”, calcula por teléfono el jefe de Nexa, Stéphane Salies.

Una escucha telefónica del 5 de mayo de 2021 sugiere que Alexandre Benalla ayudó en la licitación. “Ayer, el tipo que Alex nos presentó me llamó 19 veces a lo largo del día [...] Así que es genial, porque no te creerías la cantidad de cosas que puso en marcha”, le dijo Stéphane Salies a uno de sus colegas. Se desconoce si Nexa obtuvo finalmente el contrato.

“Nunca se firmó ningún contrato a través del señor Benalla y nunca recibió ninguna remuneración por nuestra parte”, responden Stéphane Saliès y Olivier Bohbot a EIC, negándose a hacer más comentarios sobre su relación con el antiguo asesor de Emmanuel Macron.

En esa misma época, los directivos de Nexa también estaban ocupados vendiendo Predator, el potente software de espionaje telefónico diseñado por su socio israelí Intellexa, un grupo con sede en Europa pero dirigido por antiguos oficiales del servicio de inteligencia militar israelí. Stéphane Salies es perfectamente consciente de los peligros de que un producto de esas características llegue a manos de dictadores. “Depende de quién lo utilice y de cómo se utilice. Mira lo que pasó en Arabia Saudí, hicieron una chapuza con [Jamal] Khashoggi”, comentó el jefe de Nexa por teléfono el 3 de junio de 2021.

Interrogado sobre esta conversación mientras se encontraba bajo custodia policial, Stéphane Salies reconoció que “Arabia Saudí es inevitablemente uno de los países que podrían ser problemáticos”. Sin embargo, aseguró a la policía que sólo pretendía vender a Riad sistemas de “interceptación judicial”, “no soluciones de infección”.

Sin embargo, un documento incautado durante los registros policiales contradice esa declaración. Se trata de la versión sin firmar de un acuerdo de intermediación fechado el 6 de enero de 2020 entre Advanced Systems, la empresa del grupo Nexa en Dubái, y Gamma International Limited, representada por Louthean Nelson y registrada en la isla de Labuan (Malasia), uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo.

Esta modesta empresa es una filial del grupo anglo-alemán Gamma International, cuyo jefe es Louthean Nelson. La empresa es conocida por haber desarrollado el paquete de programas informáticos de piratería FinFisher, que Gamma vendió en 2013.

En el contrato de 2020 con Nexa, Gamma se comprometía a proporcionar, a cambio de una remuneración, “contactos” de alto nivel para ayudar al grupo francés a vender toda su gama de productos a la “Corte Real de Arabia Saudí”, incluidas “soluciones de intrusión wifi” y “soluciones de troyanos e infecciones”. Esto corresponde al software Predator, comercializado su momento por Nexa.

A preguntas de EIC, Louthean Nelson respondió que Gamma no tenía ningún interés en el software FinFisher desde 2013 y que “nunca había estado en contacto ni había hecho negocios con Intellexa/Cytrox, y nunca había hecho negocios con Advanced Systems/Nexa”.

Dos estudios técnicos realizados por Citizen Lab y Amnistía Internacional concluyeron que Predator era utilizado, en efecto, por Arabia Saudí. Sin embargo, se desconoce si se firmó un contrato, y si fue ejecutado por Nexa o por su socio Intellexa, el diseñador de Predator. Interrogados al respecto, los directivos de Nexa se han negado a responder. Intellexa y sus directivos tampoco contestaron a las preguntas de EIC.

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* Corrección. Contrariamente a lo que apareció en una versión anterior de este artículo, Gamma International no se declaró en quiebra y no está afectada por la investigación en curso en Alemania. Estos hechos se refieren a la empresa Finfisher, que se hizo cargo del paquete de software espía llamado Finsfisher después de que esta actividad fuera vendida por Gamma en 2013.

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#PredatorFiles se basa en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y está siendo publicado por medios asociados a European Investigative Collaborations (EIC): NRC, Politiken, Expresso, Le Soir, De Standaard, VG, infolibre y Domani en colaboración con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU).

Un silencio. Un silencio ensordecedor. Tras el anuncio del nombramiento de Geoffroy Lejeune como director de Journal du Dimanche (JDD), ha sucedido lo mismo en todas partes: el Gobierno no tiene, evidentemente, nada que decir sobre el tema, al igual que gran parte de la derecha y de la izquierda.

Mientras la redacción del semanario, propiedad del grupo Lagardère y comprado ahora por Vincent Bolloré [los dos gigantes editoriales y de comunicación franceses, Lagardère y Vivendi, se han fusionado después de que el segundo absorbiera la primero], se declaraba en huelga por abrumadora mayoría para protestar contra la llegada del antiguo redactor jefe de Valeurs actuelles y una deriva editorial hacia la extrema derecha, la gran mayoría de los políticos, que suelen ser tan rápidos a la hora de comentar la más mínima noticia, no aparecían por ninguna parte.

Sólo la ministra de Cultura, Rima Abdul Malak, publicó un tuit lamentando la ausencia del diario en los quioscos el domingo 25 de junio. "Legalmente, el JDD puede ser lo que quiera, siempre que respete la ley. Pero cuando se trata de nuestros valores republicanos, ¿cómo no alarmarse?”. 

Para Julia Cagé, profesora de economía en Sciences Po-Paris y especialista en medios de comunicación, este análisis se quedó muy corto. Incluso olía a capitulación. "De antemano, la ministra aceptó no hacer nada, señal de su impotencia. Ni siquiera recordó los principios de la independencia de la prensa. Al menos antes fingían agitarse, defender el pluralismo y la independencia de los medios. Ahora ni siquiera se molestan en salvar a la prensa”.

Hay quien alegaría circunstancias atenuantes para disculpar a la ministra de Cultura. La violencia con la que se atacó a Rima Abdul Malak por haberse atrevido a señalar que la frecuencia asignada a CNews [propiedad de Vivendi] no se adquiría para siempre y que la cadena tenía obligaciones, ha dejado huella. Enfrentarse a Vincent Bolloré significa asumir riesgos, dada su potencia de fuego. Además, para muchos, la prensa es un sector económico como otro cualquiera, sin ningún vínculo con el debate democrático. Tocarla equivaldría a obstaculizar la libertad de empresa.

Esta vez, sin embargo, será imposible permanecer en silencio, según David Assouline, senador del Partido Socialista y ponente de la comisión del Senado sobre la concentración de los medios de comunicación en la primavera de 2022. "El asunto JDD es una catástrofe, es la ruptura de todos los diques. Como responsable de Valeurs actuelles, Geoffroy Lejeune propagó el odio racista y xenófobo e hizo campaña a favor de [Éric] Zemmour. Ahora se encuentra al frente de un gran periódico”.

La banalización del discurso de extrema derecha y la mitridatización de los cerebros con las ideas más rancias ya no son producto de la imaginación de Stéphane Peu, diputado comunista en la Asamblea. “Lo que está ocurriendo en la JDD es una batalla ideológica. Todos los fundamentos que prevalecían en torno a la independencia de la prensa y la necesidad de una información pluralista para la democracia, y que eran aceptados tanto en la derecha como en la izquierda, están estallando", advierte el parlamentario.

Todos temen que las constantes tomas de poder de medios de Vincent Bolloré se extiendan como un reguero de pólvora. Un clima tóxico corre el riesgo de apoderarse del ecosistema mediático francés "Bolloré está yendo tan lejos que está soltando todos los frenos. No estoy segura de que Bernard Arnault [presidente y director ejecutivo de LVMH, el mayor grupo de artículos de lujo del mundo, que entró en el capital de LCM, la sociedad personal del empresario Arnaud Lagardère] se hubiera atrevido a hacer lo que está haciendo en Les Echos sin el ejemplo de Bolloré", afirma Julia Cagé.

Para todos los que se inquietan desde hace tiempo por el control que ejerce Vincent Bolloré sobre los medios de comunicación y la deriva de extrema derecha de sus cabeceras, el desembarco en JDD no tiene nada de sorprendente. Desde que se hizo con el poder en Vivendi, Bolloré ha desarrollado un sistema bien engrasado para doblegar a las redacciones: en el espacio de unos pocos días, se deshace de los periodistas y presentadores problemáticos y consigue que se pongan a sus órdenes. El resultado son días de huelgas y protestas, algunos cheques sustanciosos con drásticas cláusulas de confidencialidad para muchos, y luego la vida vuelve a la normalidad.

Así ocurrió con Les Guignols de l'info, programa detestado por una parte de la derecha, y luego con Canal+. Siguió con i-Télé, que estuvo en huelga durante varias semanas antes de que una gran parte de la redacción se marchara y la cadena se convirtiera en CNews. El año pasado le tocó el turno a Europe 1, seguida de Paris Match, que fue adquirida incluso antes de que Vincent Bolloré tomara oficialmente las riendas del grupo Lagardère.

Dos semanas después de recibir la luz verde de la Comisión Europea para la fusión entre Lagardère y Vivendi, Vincent Bolloré utilizó el mismo procedimiento en la JDD. Para dar la impresión de que la Comisión amenaza con abrir una investigación contra Vincent Bolloré por haber tomado el control del grupo Lagardère sin esperar la luz verde, Arnaud Lagardère aceptó, probablemente por última vez, hacer de títere. En una entrevista concedida a Le Figaro, afirmó haber tomado él solo la decisión de nombrar a Geoffroy Lejeune al frente de la JDD. "Fue una elección económica, no ideológica", afirma.

En su comparecencia ante la comisión del Senado, el 19 de enero de 2022, Vincent Bolloré esgrimió los mismos argumentos. Si invirtió en los medios de comunicación, fue puramente por interés financiero. "Contrariamente a la creencia popular, los medios de comunicación son el segundo sector más rentable del mundo, después de los bienes de lujo", afirmó, sin recibir la menor objeción por parte de los parlamentarios. Fuera de los círculos oficiales, el jefe de Vivendi tiene una opinión completamente distinta: "Utilizo mis medios de comunicación para librar mi batalla civilizatoria".

"Sabía que nos mentía. Pero, ¿cómo podía demostrarlo?", dice David Assouline. Hoy, el diputado lo admite: la comisión sobre la concentración de los medios de comunicación fue una de las oportunidades perdidas. Bloqueada por la derecha en el Senado, que sobre todo no quería oír hablar de regulación, dio lugar a una serie de deseos piadosos, cada uno más ineficaz que el anterior. En aquel momento, el Gobierno asumió plenamente su impotencia.

En la actualidad, los poderes públicos se enfrentan a un monstruoso imperio mediático, que practica tanto la concentración horizontal como la vertical. Vivendi controla cadenas de televisión (Canal +, CNews), periódicos (Paris Match, JDD), una división editorial (Hachette y decenas de otras editoriales) que también distribuye para otros, un grupo publicitario (Havas), una agencia de publicidad que trabaja para otros muchos medios, un instituto de sondeos y análisis (CSA), por no hablar de su papel en la financiación de la industria cinematográfica. [El grupo medios francés ha elevado recientemente al 11,8% su participación en el capital de la española Prisa]

En los años 70, los círculos políticos de todas las tendencias se alarmaban ante el avance del pulpo Hachette y su poder de influencia. Hoy, el pulpo Bolloré es diez veces mayor, y a nadie le molesta. Sin embargo, poner todos estos canales a disposición de la campaña presidencial de Éric Zemmour era probablemente sólo un anticipo de lo que podría ocurrir después si todo se organizara para librar la "batalla civilizatoria" de Vincent Bolloré.

"El asunto JDD socava los argumentos del Gobierno según los cuales no es necesaria una nueva ley sobre la concentración de medios de comunicación para garantizar la independencia. La ley de 1986 ya no sirve. Todo ha cambiado: las tecnologías, la aparición de la tecnología digital, los modelos de negocio. Tenemos que volver a la mesa de dibujo", afirma Stéphane Peu.

Durante el receso parlamentario de otoño, el Partido Comunista presentó un proyecto de ley en este sentido. Pero el proyecto no ha avanzado desde entonces. El Gobierno cree que es urgente esperar. Y los diputados de la mayoría no parecen convencidos de la necesidad de retomar el tema.

¿No se respeta la competencia? La Autoridad de la Competencia, único organismo que todavía pone algunas barreras, ha bloqueado la fusión entre TF1 y M6. En cuanto a Vivendi, fue la propia autoridad europea de la competencia, supuestamente implacable con estos procesos de concentración, la que dio luz verde a su fusión con Lagardère, al tiempo que exigía desinversiones, en particular de toda la división editorial Editis.

El 26 de junio, en France Inter, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, recordó que la libertad de prensa es un principio fundamental de Europa y que corresponde a cada Estado velar por su protección. En su propuesta de Ley de libertad de los medios de comunicación, presentada en septiembre de 2022 y actualmente en debate en las distintas instancias europeas, reconoce que los medios de comunicación no son un mercado como los demás.

Según el texto europeo, la competencia por sí sola no puede garantizar la pluralidad de los medios de comunicación. Por eso propone que se consulte a otras instancias, formadas por periodistas y especialistas, sobre todas las fusiones, con el fin de garantizar la independencia de las redacciones, sobre todo en relación con sus accionistas y propietarios. El Gobierno, siempre dispuesto a invocar a Europa, no parece tener prisa en seguir el ejemplo de Bruselas. Por el momento, parece incluso haber corrido un tupido velo.

"La ministra de Cultura no tiene, sin duda, el apoyo político necesario para introducir una gran ley sobre la concentración de los medios de comunicación. Pero eso no debería impedirle dictar reglamentos y decretos. Se podría empezar por las subvenciones a la prensa. ¿Por qué no condicionar su pago a garantías de independencia editorial en las redacciones?, revela Julia Cagé.

Cada año, el Estado desembolsa más de mil millones de euros para sostener la prensa, esencialmente la de papel, cuya inmensa mayoría pertenece a un puñado de multimillonarios. En 2020, el grupo Lagardère recibió más de dos millones de euros en ayudas directas, sin contar las ayudas a la circulación, la distribución y la compra de papel. Pero el Gobierno no parece estar pensando en esta línea de actuación. 

"Hay que adoptar al menos un texto que otorgue a las redacciones un derecho de veto sobre el nombramiento de sus directivos, para garantizar la independencia de las redacciones con respecto a sus accionistas", insiste el socialista David Assouline. Pero más allá del principio no vinculante de una carta deontológica adoptada por cada redacción, el Gobierno no ve ninguna razón para modificar el marco jurídico. Sobre todo, se opone a la idea de dar a las redacciones un estatuto que las proteja.

La reticencia del Ejecutivo a adoptar la más mínima regulación de los medios de comunicación privados contrasta con su afán por legislar sobre la radiotelevisión pública. Cualquier idea que pueda disminuir su influencia parece bienvenida.

Tras la supresión del canon, que priva a la radiotelevisión pública de ingresos estables y la pone en la tesitura de tener que mendigar recursos presupuestarios cada año, el Gobierno quiere ir aún más lejos. Sueña con crear un gran holding, una especie de ORTF revisitada, que reúna todas las cadenas públicas restantes y Radio France. A pesar de la hostilidad de los responsables de las cadenas y emisoras, que han tenido que proceder a despidos masivos y supresiones de empleo en los dos últimos años, mantiene su plan, presentado en nombre de las sinergias, las economías de escala y la eficacia.

Entretanto, ya ha conseguido que se revisen los horarios y se supriman los programas molestos. "La impertinencia ya no está a la orden del día", observa el comunista Stéphane Peu.

Mientras la Agrupación Nacional pide la desaparición de la radiotelevisión pública, que considera demasiado "rebelde y de izquierdas", la derecha en el Senado, siguiendo los pasos de Marine Le Pen, ha presentado en las últimas semanas una serie de propuestas destinadas a suprimir las nuevas inserciones publicitarias y a reducir su autonomía. Todo lo que pueda ahogar a la radiotelevisión pública y reforzar al sector privado está sobre la mesa. Sus propuestas han encontrado poca oposición por parte del Gobierno, que respalda sin pestañear el declive democrático que nos atenaza.

He escrito este ensayo en memoria del historiador y editor Maurice Olender, fallecido el 27 de octubre de 2022, amigo íntimo y fiel colaborador de Mediapart. El ensayo salió a la venta en vísperas del homenaje que se le rindió el sábado 11 de marzo en la Casa de América Latina. Las retransmisiones en los medios de comunicación y los encuentros en las librerías figuran en la web de Éditions La Découverte. En París, presentaré el libro el miércoles 22 de marzo a las 19.00 horas durante un encuentro-debate en el auditorio del Instituto del Mundo Árabe.

Este es el capítulo introductorio:

En el país que se enorgullece de haber declarado los derechos humanos, el odio humano tiene ahora una esquina y un micrófono abierto.

Amplificado por el rumor digital de las redes sociales, no pasa un día sin que la estigmatización, discriminación o exclusión de seres humanos por su origen, religión o color de piel, se exprese sin freno ni máscaras.

Los musulmanes, imaginados, en bloque y en masa, como una comunidad indistinta, peligrosa por naturaleza, amenazadora e invasora, son el blanco ordinario y emblemático de este racismo renovado y asumido. Pero no son más que el principal chivo expiatorio, la primera matrioshka en la que encajan los demás sujetos del resentimiento –árabes, africanos, refugiados, emigrantes y exiliados–, mientras el antisemitismo está siempre agazapado, al acecho.

La novedad no es la existencia de prejuicios xenófobos o visiones racistas, que nunca han desaparecido del todo, ni los actos criminales que inspiraron, sobre todo en los años setenta. Lo que es nuevo es su legitimación en el espacio y el debate públicos, la circulación de ideas y la difusión de opiniones a través de las emisiones de televisión y radio, las intervenciones mediáticas de personalidades intelectuales y las posiciones adoptadas por figuras destacadas de los círculos literarios.

El Frente Nacional ayer y la Agrupación Nacional ahora, que lastran la vida política francesa desde hace cuarenta años –los primeros éxitos electorales de la extrema derecha se remontan a 1983–, pueden permitirse sobre todo limar aristas, hacerse los notables y pasar por responsables, porque otros hacen el trabajo por ellos, creando permanentemente un clima y un caldo de cultivo propicios al renacimiento de ideologías de desigualdad natural. Ideologías que, nunca se repetirá lo suficiente, clasifican a los seres humanos en función de su origen, sus creencias, su aspecto, su sexo o su género.

Ya no es en los márgenes, en las conversaciones de café o en los desvaríos de los grupúsculos nazis, donde se expresa hoy en Francia el llamamiento a deshacerse de una parte de sus habitantes, no sólo exigiendo que se vuelvan invisibles, sino también exigiendo que se marchen. En ambos casos, en versión suave o dura, que desaparezcan. No, es en el corazón del sistema mediático, político y económico donde tienen ahora cabida las ideologías identitarias fundadas en el odio obsesivo al Otro.

Para los que lo dudaban, por inconsciencia o por indiferencia, este viraje quedó ampliamente demostrado por la candidatura presidencial de un periodista y panfletista, Éric Zemmour, que procedía de la izquierda nacional-republicana, pasó por el servicio público audiovisual y se instaló en el periódico derechista de referencia. La promoción y el apoyo que le dieron los medios propiedad del multimillonario Vincent Bolloré, 14ª fortuna francesa y la 316ª del mundo, figura del establishment capitalista e interlocutor del poder presidencial, confirmaron esta normalización del discurso que viola los valores democráticos más elementales.

Así es como surge el fascismo, cualesquiera que sean sus avatares, según las circunstancias, los países o las épocas: no por una fatalidad que podría resultar del contexto económico y social, sino por una tolerancia ideológica a sus pasiones mortíferas, autoritarias e desigualitarias. En este sentido, la situación francesa no puede por menos que preocupar: lejos de suscitar una desaprobación unánime y una movilización masiva de los responsables políticos, entre los gobernantes y en los partidos que se proclaman apegados a la igualdad de derechos, se subestima o se tolera esta fascistización acelerada, en una mezcla de complacencia y complicidad. Cuando no se relativiza en las altas esferas del Estado, donde prefieren alarmarse por un "separatismo" reducido a quienes la extrema derecha designa como proscritos, desde asociaciones musulmanas a activistas ecologistas, pasando por los movimientos feministas y las movilizaciones antirracistas. 

Este libro cuestiona esta renuncia, rastreando su larga historia.

¿Cuándo hemos bajado la guardia? ¿Cuál es la responsabilidad de periodistas e intelectuales en esta debacle? ¿Cómo, en nombre de la libertad de expresión, de decir de todo, incluso lo peor y lo más abyecto, el escenario mediático se ha convertido en el terreno de juego de ideas y opiniones que pisotean los principios democráticos fundamentales, los derechos colectivos y las libertades individuales?

Estas son las preguntas que impulsan esta búsqueda, guiada por un recuerdo.

Fue hace treinta años. Tanto como una generación. El tiempo de una regresión. Pero me sigue pareciendo un rayo de luz que todavía brilla en la distancia frente a la urgencia del peligro. El horizonte de una esperanza y de una reacción.

El 13 de julio de 1993, un "Llamamiento a la vigilancia", firmado por cuarenta personalidades de la vida intelectual francesa y europea, alertaba al diario Le Monde sobre la banalización de los discursos de extrema derecha en el espacio editorial y mediático. Los firmantes recordaban que esos discursos "no son simples ideas entre otras, sino incitaciones a la exclusión, la violencia y el crimen" y que, por ello, "amenazan tanto la democracia como las vidas humanas". En consecuencia, declaraban "rechazar toda colaboración con revistas, obras colectivas, programas de radio y televisión y coloquios dirigidos u organizados por personas con vínculos probados con la extrema derecha".

En retrospectiva, este llamamiento adquiere la estatura de una profecía, al haber llamado tempranamente a evitar lo que hoy debemos combatir: la instalación permanente en el espacio público de ideologías xenófobas, racistas e identitarias, haciendo aceptables y recomendables las fuerzas políticas que promueven la discriminación de la alteridad, la estigmatización de las minorías, la desigualdad de derechos y la jerarquización de la humanidad.

Han pasado treinta años y hemos tardado demasiado en oír esta alarma.