Los europeos pagaron un 5,1% más por la vivienda en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2025. Los españoles lo han tenido aún más complicado: el precio de la vivienda ha crecido en el país un 12,8%, de acuerdo con Eurostat. En el mar de cifras y porcentajes con el que se cuenta la crisis de vivienda, España emerge como uno de los países de la Unión Europea (UE) donde más rápido crecen los precios, aunque los factores que alimentan la subida son prácticamente los mismos en toda la UE: poca vivienda social; la resaca de la crisis financiera que dejó el estallido de la burbuja en 2008 y que frenó en seco la construcción de obra nueva; y una concentración de la demanda en los núcleos urbanos que genera “una creciente demanda de viviendas y el hacinamiento en las ciudades”, a la vez que aumenta el número de casas vacías en zonas rurales. Según el Parlamento Europeo, estas son algunos de los motivos de un problema que crece en toda la región y que es especialmente serio en España.

“Una de las causas principales es el suelo. Se calcula que el precio de una vivienda corresponde en un 70% al precio de este y la demanda está muy concentrada en ciertas localizaciones”, explica Iván Auciello, experto en vivienda e investigador en la Universidad CY Cergy París. Si a eso se une que esos lugares de alta demanda son precisamente aquellos en los que no hay demasiada disponibilidad, la tendencia al alza está servida.

No son problemas distintos de los que aquejan a España, aunque al mirar las cifras surgen otras preguntas como por qué en España la vivienda se encarece más del doble que en Europa. De hecho, el crecimiento a doble dígito es la norma a nivel nacional desde el segundo trimestre de 2025. Si se toma el desglose por países, es el quinto país en el que más han subido los precios en el primer trimestre del año. Los cuatro anteriores son Portugal (17,8%), Bulgaria (14,8%), Eslovaquia (14,4%) y Croacia (14,3%).

La explicación, señala Auciello, no está en un único factor. "España ha recibido en los últimos años grandes flujos migratorios, más que otros países de Europa, pero tampoco el ritmo de construcción es adecuado", señala. Otro gran problema que agudiza la crisis a nivel nacional es el carácter turístico de España. "En un país donde la presión turística es mayor, las viviendas turísticas se desplazan hacia ese mercado. Esto último es común a otros países, como Portugal o Croacia, donde se observa un gran crecimiento de los precios", concluye.

La escasez del parque público de vivienda es un factor más a tener en cuenta, aunque aquí la Unión Europea identifica ese problema a nivel global. Según sus datos, la oferta de viviendas sociales en los centros urbanos no ha seguido el ritmo del crecimiento demográfico de los últimos años. En 2021 había alrededor de 14 millones de viviendas sociales en toda la UE, lo que representaba solo el 8% del parque de viviendas total. Y lo peor es que la tendencia es negativa: en 2010 había un 11%. Si miramos a España, las cifras son aún peores. El porcentaje de vivienda pública se sitúa en torno al 3,4%, más de cuatro puntos porcentuales por debajo de la media comunitaria.

Y aquí entra en juego el factor de la despoblación y la concentración demográfica en centros urbanos. Un "desequilibrio" que lleva al "hacinamiento" en las ciudades y que dificulta la construcción de vivienda donde más se necesita. "A medida que las ciudades siguen atrayendo a personas para trabajar y estudiar, la población se concentra cada vez más en centros urbanos grandes y medianos. Mientras tanto, muchas zonas rurales se enfrentan a una despoblación constante", señala el informe del Parlamento Europeo.

Una de las cuestiones en las que se ha insistido en la UE es en la necesidad de reactivar la construcción. La fuerte demanda y la escasa oferta es el mantra que se repite en España para explicar la crisis inmobiliaria, pero también es un problema a nivel europeo. El análisis del Parlamento achaca este problema al lastre que dejó la crisis económica de 2008 y en el que también incidió la pandemia. "La crisis financiera mundial de 2008 provocó un importante descenso de la inversión en vivienda nueva. La pandemia de covid-19 ralentizó aún más la construcción residencial al interrumpir la concesión de licencias, retrasar la entrega de materiales y provocar escasez de mano de obra", recoge en su análisis el organismo europeo.

A nivel nacional, el ritmo de construcción también se ha desplomado en los últimos años, aunque las medidas para reactivar el sector han conseguido que empiecen a crecer poco a poco desde 2021 los visados de obra nueva. En 2025, último dato disponible, se solicitaron 139.016, un dato muy alejado de aquellos 860.000 que hubo en 2006, antes de la gran crisis.

Los datos publicados este jueves por Eurostat corroboran que el comportamiento de los precios a nivel europeo sigue caminando al alza. Su precio sube en todos los países del conjunto de los 27 con una única excepción: Finlandia. En todos los demás, incluida Austria, adalid del conocido modelo vienés que ha llevado la vivienda pública en Viena a niveles muy altos, los precios suben.

“¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?”, pregunta el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). “La vivienda”, responde el 41,5% de la ciudadanía. Y es que el mercado inmobiliario es la principal preocupación de los españoles mes tras mes. Si se les interpela acerca de qué es lo que más les afecta personalmente, la respuesta es primero la economía y después, de nuevo, la vivienda. Pero lo que para la mayoría son desvelos, para el mercado es una oportunidad. Al menos, así lo presenta The District, la polémica feria inmobiliaria que reúne a bancos, fondos de inversión, socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, empresas que cotizan en bolsa y se dedican a comprar, rehabilitar y gestionar inmuebles para alquilarlos), inmobiliarias o lobistas relacionados con el sector de la vivienda y contra la que protestan los sindicatos y las asociaciones por el derecho a la vivienda. “Los participantes tendrán la oportunidad de identificar nuevas oportunidades, establecer alianzas y descubrir proyectos acerca del nuevo ciclo inmobiliario europeo”, reza una de las notas de prensa del evento.

Este miércoles se ha presentado en la Consejería de Vivienda de Madrid la edición de 2026, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre y que, por primera vez, se celebrará fuera de Cataluña tras cuatro años en Barcelona. En los últimos años, además de un evento para inversores, se había convertido en un foco de protestas en cuyas inmediaciones los movimientos de vivienda expresaban sistemáticamente la disonancia entre un mercado en ebullición y unos presupuestos familiares cada vez más tensionados por el gasto en vivienda. Allí hizo su aparición uno de los lemas más repetidos: “Fuera especuladores de nuestros barrios”. También allí comenzó a generarse un clima hostil para este tipo de eventos, que fueron reforzando su presencia policial.

El año pasado, la feria reunió a 14.000 directivos de empresas (1.200 más que el año anterior) y 2.500 inversores internacionales de los principales fondos. Para la edición de este año, las entradas van desde los 175 euros por un acceso básico hasta los 1.493 euros del "pase platino", que cuenta con un descuento del 25%. Sin la rebaja, su precio es de 1.990 euros.

El evento abandonó Cataluña bajo el pretexto de explorar Madrid y al considerar que la capital era la puerta de entrada de inversores latinoamericanos porque ha apostado por atraer este tipo de actividad económica. Juan Velayos, el presidente de The District, se refería a la capital como un "contexto positivo" para la actividad inmobiliaria. "Así es como crece también una región", señaló por su parte Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, al anunciar el pasado diciembre que la capital albergaría el evento en Ifema.

En estos años, las protestas contra la especulación se repitieron en casi todas las ediciones –incluso llegaron a lanzar polvos de colores a los asistentes– y la organización se quejó de falta de apoyos. Además, en abril del año pasado, el Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Jaume Collboni (PSC) retiró al evento una subvención nominativa de 250.000 euros que hasta ese momento le había otorgado el consistorio. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha señalado a infoLibre que The District no ha recibido ningún respaldo económico público. “No existe ninguna subvención nominativa ni de ningún otro tipo para este evento”, aseguran desde el área de Vivienda. “La presentación de hoy se ha celebrado en la sede de la Consejería de Vivienda sin coste para la Administración y no existe financiación pública autonómica del evento”, concluyen.

En su presentación inaugural en Madrid de este miércoles, en cambio, el salón del ladrillo ha tenido una acogida más calurosa y la sesión ha contado con la participación de varios representantes públicos. Álvaro González, delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, y Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, han participado en esta primera jornada. A juicio de Rodrigo, el evento “refuerza el atractivo de la región como destino para la inversión y reconoce el dinamismo de su mercado inmobiliario”. Y, aunque también habló de vivienda asequible, lo hizo para señalar que "el acceso a una casa se garantiza construyendo oportunidades".

En la sesión también participaron personas del ámbito de la consultoría y del sector inmobiliario. Un representante del fondo de inversión neerlandés Rockfield, con gran presencia en el ámbito de las residencias y que posee una cartera de activos en Europa de más de 2.500 millones de euros; un directivo de la empresa inmobiliaria cotizada Merlín Properties o la presidenta de ASPRIMA, la patronal de promotores inmobiliarios de Madrid. También participó Ricardo Martínez Rico, presidente y CEO de Equipo Económico. En cuanto a los temas que se debatían, estaba el alquiler de “oficinas y retail como motores de inversión” o la “inversión récord en un contexto incierto”.

La inversión y las cifras del sector ayudan a hacerse una idea de lo separados que están los puntos de vista en lo que tiene que ver con el mercado de la vivienda. Mientras una parte habla de "oportunidades" y cifras récord, la otra se queda rezagada en una crisis de acceso que se ceba con los jóvenes y multiplica la vulnerabilidad de quienes tienen menos ingresos.

Como ejemplo de estas dos realidades, cabe destacar que, por ejemplo, las seis principales socimis y promotoras casi duplican sus cifras en 2025 con un resultado neto agregado de más de 1.400 millones, frente a los 733 del ejercicio previo. Al mismo tiempo, los últimos datos señalan que el precio de la vivienda se disparó un 15,2% en el segundo trimestre, la tasa más alta en 20 años, según Tinsa. Otro dato que ayuda a medir la distancia entre los ciudadanos y el mercado lo ofrece el Instituto Nacional de Estadística: en 2025 los hogares españoles dedicaron un 33,2% de sus ingresos al pago de la vivienda y los suministros, un 5,8% más que en el año previo.

El horizonte que se dibuja es muy distinto según el lado del mercado desde el que se mire. Y en eventos como The District, donde las narrativas inversoras chocan tan abiertamente con el malestar social por la vivienda, la polémica parece servida.

Con las vacaciones a las puertas y un inicio de verano en temperaturas récord, la vivienda vacacional es objeto de deseo para algunos y una polémica agria para otros. Su incidencia en el precio de la vivienda la ha convertido en uno de los frentes sobre los que legislar para tratar de contener la crisis inmobiliaria y, en comunidades con alta presión turística, las manifestaciones y quejas de los vecinos son reiteradas. Pero ¿sabemos cuántas hay y cómo han evolucionado en estos años de crisis habitacional? A falta de que el Registro Único impulsado por el Gobierno funcione como herramienta efectiva, la estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) es la mejor opción, aunque el mismo organismo admite que continúan afinando la metodología y los meses analizados han variado en los últimos años, lo que hace difícil establecer una serie homogénea.

"Los registros administrativos no recogen por sí solos toda la actividad existente; las plataformas de comercialización no ofrecen una información pública completa y estable; y las estadísticas disponibles responden a metodologías distintas", lamentaba la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en uno de sus informes.

En Madrid, Málaga, Canarias o Baleares, entre otras, las protestas de los vecinos se suceden y han llevado incluso a sabotajes hacia elementos vinculados con este tipo de negocios, como cajetines de llaves o pintadas en las inmediaciones de estos alojamientos. Muchas de estas acciones terminan compartiéndose en redes y alimentan un debate cada vez más enconado.

La intención del Gobierno era que el mecanismo de Registro Único sirviese para reunir en un mismo espacio la información de las comunidades autónomas y obtener una foto más precisa del fenómeno, pero la propuesta no cuajó. Aunque está aprobada, recientemente la Comunitat Valenciana la recurrió al considerar que invadía sus competencias, y el Tribunal Supremo declaró la nulidad de este mecanismo al considerar que el Estado carecía de competencia para establecer una regulación tan "exhaustiva".

Desde la asociación vecinal madrileña, su responsable de urbanismo y vivienda, Quique Villalobos, explica que el lema fundamental que se ha establecido entre los vecinos es que "las casas no son hoteles". Los motivos del malestar van "desde ruidos, sensación de inseguridad o deterioro de los elementos comunes en edificios que son para uso residencial", enumera Villalobos, hasta el impacto que tienen en los precios tanto de las casas como del resto de servicios que se ofertan en los barrios. "Eleva los precios de las viviendas, pero también deteriora el comercio de proximidad, haciendo que la renta de los locales suba y sustituyendo negocios de proximidad cotidianos por otros que aprovechan el tirón del turismo y pueden pagar más", señala.

La FRAVM ha denunciado pisos ilegales y están tratando de cuantificar su alcance de manera efectiva, pero no es sencillo porque "no existe una única fuente que mida de manera completa, homogénea y plenamente fiable el fenómeno", insisten.

La estadística experimental del INE se publica dos veces al año y se elabora haciendo un rastreo por las ofertas de los portales inmobiliarios como Booking o Airbnb, y eliminando después las duplicidades. En los últimos datos disponibles, relativos a mayo, constataba que este tipo de alojamientos se había reducido un 10,6% con respecto al quinto mes del año pasado: desde los 381.837, hasta los 341.001 inmuebles ofertados. Pero aunque la cifra es buena, la tendencia no refleja una reducción sostenida y, entre noviembre (último mes analizado) y mayo, este tipo de alojamientos había aumentado en 11.237.

La tendencia va cambiando, aunque el número de alojamientos de este tipo se ha reducido significativamente desde los máximos que se registraron en septiembre de 2024, cuando el organismo estadístico contabilizó 403.267. Pero, como suele ocurrir con la vivienda, los datos son escasos y las estadísticas aún tantean el terreno. De hecho, el estudio del INE es aún experimental y los meses que analiza han ido cambiando por decisiones metodológicas. Hasta 2025, el organismo lo hacía dos veces al año, durante los meses de agosto y febrero; desde entonces, los periodos de análisis son en noviembre y en mayo. La razón, explican a infoLibre, es que las reservas para verano se suelen hacer con meses de antelación a los periodos de mayor demanda turística. Así, como se puede ver en el gráfico, la serie cambia entre 2024 y 2025, dificultando la comparación.

La FRAVM también apunta que, aunque la estadística del INE es la única fuente de datos oficial, su alcance es limitado, ya que no distingue, por ejemplo, entre pisos completos o por habitaciones. Lo que sí tiene claro es que la "brecha de legalidad es muy elevada". Frente a las 1.131 licencias concedidas para uso turístico, apuntan, las estadísticas del INE identificaban 12.637 viviendas vacacionales en Madrid y, aunque los datos bailan, estas cifras "muestran que el registro formal está muy lejos de acotar el fenómeno", concluyen en un informe titulado Impacto de la vivienda de uso turístico en la ciudad de Madrid.

La estadística del INE, aunque incompleta, sí resulta útil a la hora de generar una imagen general de las regiones con mayor número de viviendas de uso vacacional. En el mapa que aparece a continuación se puede ver cómo este tipo de alojamientos perfila la costa mediterránea, Madrid y ambos archipiélagos. También empieza a ganar terreno en la costa norte, sobre todo en Asturias y Cantabria. Pero por provincias, son Málaga (con más de 45.000 alojamientos detectados) y Alicante (con más de 32.000) las regiones que más sufren este fenómeno.

Si se observa la evolución por regiones, teniendo en cuenta los periodos comparables (desde noviembre de 2024 hasta mayo de 2026), las caídas más acusadas en la oferta de este tipo de alojamientos se producen en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Baleares, Andalucía o Madrid. Todas ellas regiones con gran peso de la vivienda turística y también con gran presión social para que se regule adecuadamente.

En julio de 2025, hace justo un año, entró en vigor el Registro y la Ventanilla Única con los que el Gobierno pretendía supervisar esta actividad económica. Al conocerse la última estadística del INE de mayo, que apuntaba a un descenso en el número de pisos turísticos, el Ministerio de Vivienda sacaba pecho de los datos y vinculaba la caída con la entrada en vigor de esta norma “que empodera a los vecinos para vetar este tipo de usos no residenciales de la vivienda”, señalaban en un comunicado. Sin embargo, la situación incierta de esta regulación tras la sentencia del Supremo, junto con la posibilidad de que muchos de estos alojamientos estén aún tramitando el permiso para poder seguir operando, hacen difícil establecer una causalidad directa.

La provisionalidad de los datos, las protestas ciudadanas, una demanda turística que no cesa y un mercado inmobiliario cada vez más tensionado han obligado al Gobierno a plantear nuevas medidas. Este lunes, PSOE y Sumar incluyeron en el nuevo decreto de vivienda una propuesta dirigida específicamente al negocio de los pisos turísticos: subir su IVA hasta el 21% para desincentivar su proliferación.

Por el momento, sin embargo, los augurios no son buenos para todos los trámites políticos que tienen que ver con la vivienda, y ni el anterior decreto destinado a prorrogar los alquileres ni las medidas que llaman a regular el mercado parecen tener el viento de cara.

Todo apunta a que la economía acaparará el debate en la recta final de junio. Por un lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la pasada semana la aprobación de un nuevo decreto con un escudo social anticrisis por las repercusiones del conflicto en Oriente Medio. Por otro, y tras un aplazamiento de siete días, está previsto que este lunes el Ejecutivo dé el primer paso hacia los Presupuestos Generales del Estado, con la actualización del cuadro macroeconómico. Ambas medidas pasarán por el Consejo de Ministros en la misma sesión y ninguna de las dos está exenta de polémica.

Los Presupuestos son la piedra en el zapato del Gobierno desde hace años y, aunque siempre ha reiterado su intención de presentarlos, solo a principios de este mes de junio se ha concretado una fecha: 2027. Si se echa la vista atrás, desde 2016 no se han presentado en los plazos que corresponden y las cuentas públicas no llegaron al Congreso ni en 2020, ni en 2024, ni en 2025, de ahí que operen prorrogados los de 2023, que se presentaron en 2022. En los últimos años, el Ejecutivo no ha logrado cerrar una senda de déficit, de ahí que los presupuestos hayan quedado también por el camino. Este lunes, si nada cambia, comenzará de nuevo el proceso hacia su aprobación con la elaboración del cuadro macroeconómico, una especie de informe de situación que sirve de punto de partida.

El otro gran anuncio en materia económica es el nuevo real decreto que entrará en vigor para combatir los efectos de la crisis en Oriente Medio y que sustituirá al anterior, que expira el martes 30 de junio. “Movilizará todos los recursos del Estado el tiempo que sea necesario para no desproteger a las familias y los autónomos”, señalaba esta misma semana Sánchez durante un acto en el Teatro Real de Madrid. Y, aunque los detalles de las medidas que incluirá aún no han trascendido, el presidente adelantó que incluirá algunas ayudas con carácter general que irán más allá de aquellas destinadas a sectores especialmente afectados por el precio de la energía y los combustibles. 

La cuestión más polémica, que acaparó el debate en la tramitación del anterior paquete, es la vivienda. En aquel momento, los socios de gobierno del PSOE y los partidos de la izquierda llevaron a cabo una campaña para tratar de incluir en el real decreto una prórroga de los alquileres que contuviese las subidas de precios y frenase los desahucios. Incluso hubo manifestaciones organizadas por los sindicatos de vivienda para reclamar una prórroga de los contratos de alquiler. Entre las cuestiones que se contemplaban, estaba alargar dos años los contratos vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitar al 2% las actualizaciones anuales de renta. Finalmente, ante la negativa del arco de la derecha y la imposibilidad de que saliera adelante en trámite parlamentario, la medida se desgajó del decreto y decayó con los votos en contra de PP, Vox, Junts y la abstención del PNV.

En esta ocasión la presión no ha sido tanta, pero desde Sumar señalan que siguen insistiendo para que se ponga en marcha. Algunas voces del partido han vuelto a pedir que el escudo social del Gobierno restablezca la prórroga el lunes, pero desde la formación no aclaran si finalmente irá o no en el texto. "La ministra de Vivienda no tiene otra obligación de aquí al día 29 que garantizar que el real decreto que anunció el presidente del Gobierno para la semana que viene incluye sí o sí la prórroga de alquileres. Si esto no pasa, será culpa exclusiva suya", señaló en el Congreso el portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez. Fuentes del Ministerio de Economía señalan a infoLibre que la negociación del real decreto sigue abierta y tampoco concretan si contemplan incluir los alquileres en el nuevo escudo social.

A falta de saber qué ocurrirá el lunes, esta vez la movilización social ha sido escasa y la vivienda no ha tenido tanto protagonismo mediático. Sin embargo, fuentes de Sumar señalan que “siguen presionando” para que se apruebe, aunque no han precisado si será dentro de este decreto o por otros canales. El propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, lo expresaba así en la red social Bluesky este viernes. “Mamdani lo prometió y lo ha cumplido: Nueva York ha congelado los contratos de alquiler de 2,4 millones de trabajadores y trabajadoras. Aquí la derecha lo tumbó en el Congreso. Pero vamos a volver a llevar la prórroga hasta que se apruebe. Lo conseguiremos”, escribió.

Más allá del problema de la vivienda, el anterior paquete incluía descuentos sobre la electricidad, el gas y los carburantes, además de ayudas directas para sectores especialmente expuestos al encarecimiento energético, con un coste estimado para Hacienda de casi 5.000 millones de euros. Algunas de las medidas decayeron el 1 de junio, aunque el Gobierno se comprometió a hacer un seguimiento de la evolución de los precios y ello condicionará qué medidas de este tipo se mantienen el lunes.

La presión para pedir que se regule el mercado de la vivienda es la misma que la que motiva el decreto anticrisis: una evolución desbocada de los precios. De hecho, en la Encuesta de Presupuestos Familiares que ha publicado el INE, se constata que tener una casa implica sacrificar cada vez más ingresos: en concreto, un 33,2% en 2025. Este indicador incluye los precios de la luz y señala que en ese año, las familias pagaron, de media, 636 euros más que en le ejercicio previo. Además, cuanta menor renta tiene la unidad familiar, más se agrava el fenómeno y, si se mira al 20% que menos ingresos tiene, la vivienda absorbe casi la mitad de lo que ganan, un 41,9% de su renta.

En este contexto, el alquiler resulta mucho más inestable, ya que los precios están sujetos al mercado y, con una demanda creciente, mantienen una evolución constante al alza. Y, aunque esta vez las reivindicaciones no mantienen en esta ocasión un tono tan elevado como en la aprobación del anterior decreto, la posibilidad de incluir esta regulación sigue en el debate.

Hace unos días, 14 familias de diferentes ciudades catalanas anunciaban que, tras aprovechar el plazo de solicitud entre la entrada en vigor del anterior decreto anticrisis que contenía una prórroga de los alquileres y su derogación en el Congreso, habían conseguido que la socimi Vivenio, propietaria de sus casas, les concediera la prórroga. Lo anunciaba el Sindicat de Llogateres de Cataluña, que insistía en la necesidad de que el Gobierno reactivara esta medida en el decreto del lunes.

“Es urgente que si la Moncloa quiere aprobar un plan anticrisis el próximo lunes, lo incluya en ese decreto. Es el momento de no dejar a nadie colgado y de evitar nuevas expulsiones de gente inquilina", señalaba Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres y de la Confederación nacional de Sindicatos de Inquilinas. “Todas las personas que quedaron fuera de las anteriores prórrogas, también los inquilinos que están en tácita reconducción, tienen que quedar cubiertos”, insistía.

El pasado viernes los sindicatos expresaban de nuevo su malestar con una nota de prensa en la que insistían sobre lo mismo, alegando que si las Comunidades Autónomas no aplican la Ley de Vivienda, el mecanismo de la prórroga puede servir de protección hacia los inquilinos. “La Confederación de Sindicatos de Inquilinas exige la recuperación del Real Decreto sobre las prórrogas que incluyan, también, los contratos en tácita reconducción [es decir, de renovación automática]. De tal manera que, se aplique o no la Ley de Vivienda en las Comunidades Autónomas, las inquilinas puedan tener una estabilidad que de otra manera no tendrían”, protestan.

Finalmente, en lo que respecta a los Presupuestos, con el anuncio de presentación se inicia un camino de largo recorrido hacia su concreción. Aunque, de llevarse a cabo, el proceso desembocaría en un arco parlamentario nada favorable para su aprobación. Con la elaboración del cuadro macroeconómico, lo que se hará es una estimación sobre las previsiones de crecimiento, empleo e inflación para los próximos años, sobre las que se trabajará después para distribuir la financiación y los niveles de déficit permitidos.

“España es uno de los mercados más atractivos para la inversión inmobiliaria”. Así comienza un informe de la consultora JLL publicado esta semana que detecta un crecimiento del 50% en esta actividad durante el primer semestre de 2026. “Superará los 10.000 millones de euros” en transacciones durante la primera mitad del año, según su análisis. En el mercado de la vivienda participan muchos actores y en general, no compiten en igualdad de condiciones. Hay pequeñas y grandes empresas de inversión que buscan aumentar su riqueza, hay fondos internacionales que miran a las rentabilidades del mercado actual, hay pequeños multipropietarios que quieren ampliar su patrimonio, hay una empresa pública de vivienda que trata de ganar espacio en el mercado y hay, también, familias que buscan una casa para vivir y no se la pueden permitir. Todos compiten en el mismo ecosistema, pero no con los mismos medios. Y es que, a la vez que las cifras de inversión brillan, el Banco de España advierte que la creación neta de hogares está superando el ritmo de construcción y aumenta el déficit de vivienda estimado hasta las 750.000.

Una vivienda “vale lo que el que más pueda pagar por ella esté dispuesto a dar”, a no ser, puntualizaba a infoLibre el arquitecto y urbanista Gerardo Roger, que haya un parque público que ayude a quienes quieren una casa para vivir y no como vehículo inversor. La otra ley básica de este mercado es la de oferta y demanda: cuantos más interesados hay en un bien escaso, más crecen los precios sobre el bien en cuestión. Las pocas viviendas en el mercado, un fuerte apetito inversor y miles de familias tratando de acceder a una son las circunstancias que sirven de gasolina para avivar la crisis de vivienda en España. Y de entre todos los actores de este juego, también es fácil saber quiénes son los que cuentan con más recursos a la hora de competir por un inmueble. 

El informe de JLL señala que el “motor principal de este crecimiento ha sido el segmento de Living, que ya representa el 44% de la inversión total con más de 4.375 millones de euros acumulados”. Living es el anglicismo que designa en el sector a las casas en las que los habitantes comparten vida en común, esto es, desde hogares para familias a alquileres por habitaciones, alojamientos para estudiantes o residencias de mayores. Y hay, dentro de esta categoría, otro término y otra cifra que destacan sobre el resto: “Dentro de este grupo, el Multifamily ha registrado un comportamiento histórico con un aumento del 625% respecto al primer semestre de 2025”. Este otro anglicismo se refiere a los casos donde un edificio completo pertenece a un único inversor y se ofertan los pisos en alquiler. Aquí parece estar puesta la atención de los inversores con operaciones como una realizada por el fondo canadiense Brookfield, que adquirió 5.000 viviendas en Madrid por valor de 1.000 millones. 

La compañía, que gestiona un fondo de alrededor de 900.000 millones en activos, se convertía así en uno de los grandes caseros de España y sembraba incertidumbre entre los inquilinos de dichas viviendas, quienes se dirigían a ellos en una carta pidiendo que se respetasen sus contratos. “Teniendo en cuenta que las viviendas que pretende adquirir fueron en su día vivienda pública o de protección oficial, resulta inadmisible que ningún fondo pretenda utilizarlas con fines lucrativos. Es por ello que, ante esta venta, las familias organizadas de los bloques en lucha exigimos a las administraciones públicas que recuperen las viviendas”, señalaban en una carta enviada a los representantes del fondo en España.

La incertidumbre es comprensible en un contexto como el actual, donde establecerse indefinidamente en una vivienda resulta imposible si no es mediante la compra, y volver al mercado del alquiler tras salir de un contrato largo implica casi siempre pagar mucho más que antes. Lo que provoca que los ahorros para una hipotética entrada para una vivienda se esfumen, cerrando así una espiral económica de la que es difícil deshacerse. 

En la primera mitad de año también se cerró otra gran operación. El fondo de pensiones norteamericano Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) se hizo con otro paquete de 27 edificios, pagando más de 600 millones para cerrar la operación al fondo Ares. Sin embargo, y ahondando un poco más en la paradoja, aunque las inversiones están en máximos, los datos de compraventas que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que la compra de vivienda lleva cuatro meses descendiendo.

Es en este mar revuelto en el que tienen que pescar los compradores y también la empresa pública de vivienda, Casa 47, que hasta el momento cuenta con suelos traspasados y viviendas por valor de 2.080 millones. Aunque en lo que se refiere a la adquisición de vivienda, hasta el momento solo ha anunciado un paquete de 100 millones para compra de casas. Mucho más modesto en cifras que el de los fondos de inversión. 

Aunque las políticas destinadas a regular el mercado no encajan bien en el arco de la derecha y algunos expertos las rechazan, la pregunta que surge cuando se observan estas dinámicas es si, por muchas viviendas nuevas que se edifiquen, la construcción será capaz de responder al apetito inversor y a las necesidades de las familias, generando un stock lo suficientemente amplio como para que los precios bajen por sí solos. 

La propia pregunta apunta al escepticismo y desde los socios de Gobierno arrecian las críticas hacia el propio Ejecutivo en esta materia. “Hay que intervenir el mercado de la vivienda porque está secuestrado por lógicas rentistas y especulativas, que están imponiendo los intereses de una minoría, de unos pocos que se están haciendo ricos a costa del derecho a la vivienda de las mayorías”, señalaba este jueves el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en una entrevista en la Cadena Ser. “El Gobierno tiene que intervenir políticamente el mercado de la vivienda”, insistió. 

Este jueves el Banco de España publicó su informe anual relativo a 2025 y una de las cosas que ha hecho es elevar el déficit de viviendas que arrastra el país desde las 600.000 que estimaba en 2024, hasta las 750.000 que considera que se necesitan para responder al ritmo de demanda y a la creación de nuevos hogares actualmente. Aunque se construye más y el número de visados de obra nueva crece tímidamente en los últimos años, el regulador no ve que el stock de casas esté aumentando, sino todo lo contrario.

Mientras las cifras de inversión dejan comentarios optimistas, el Banco de España señala con claridad a los más perjudicados. "Los problemas de acceso a la vivienda se concentran en las grandes áreas urbanas y en los colectivos con menores ingresos, en particular jóvenes y población de origen extranjero", puntualiza el documento. Ellos son los peces pequeños dentro de un mar cada vez más complicado de habitar.

La crisis de vivienda se ha materializado últimamente en varios desahucios mediáticos que afectan a pensionistas. El de Mariano Ordaz, un jubilado de 67 años al que una orden religiosa echó de su casa en mayo; o el de Maricarmen Abascal (87 años), que afrontará su tercer intento de desalojo en los próximos días, son algunos ejemplos. La crisis inmobiliaria arrecia en dos momentos vitales: el momento de incorporación al mercado laboral, porque se cobra poco y suele haber escasos ahorros, y en el momento de salir, sobre todo si se vive de alquiler. Y aunque el foco se suele poner en los jóvenes, hay un colectivo especialmente vulnerable entre los mayores de 65 que no son propietarios y cuyas pensiones tampoco son capaces de seguir el ritmo a la burbuja de precios de la vivienda. Estos últimos son el grupo que más trozo de renta se deja en pagar la mensualidad de su casa, pero incluso entre quienes tienen un alquiler de renta antigua por debajo de los precios de mercado, la situación comienza a complicarse.

Pese a que la mayoría de pensionistas en España posee vivienda en propiedad libre de hipoteca (82,4%), un 5,5% de las personas mayores de 65 años viven en alquiler a precio de mercado según los últimos datos del INE relativos a 2025. Si se observan las tendencias, el porcentaje de viviendas en propiedad con o sin hipoteca, se situó en 2025 en el 88,2% para los mayores de 65 años y este porcentaje ha caído ininterrumpidamente desde 2022, tras haber tocado un máximo en 2012 del 90,1%. Es decir, cada vez hay menos personas jubiladas propietarias y, además, estas están expuestas a un sobreesfuerzo económico considerable. 

Entre las cifras emerge una realidad complicada para muchas personas. Aunque en términos porcentuales un 5% no parece demasiado, si tenemos en cuenta que en España hay 4,2 millones de pensionistas mayores de 65 años, a ese 5% le ponen nombre y rostro más de 214.000 personas que potencialmente estarían expuestas a un mercado de alquiler a precios desbocados. Por su edad, estas personas tampoco son candidatas a una hipoteca, así que si un revés les impide pagar las mensualidades, su mejor opción termina siendo una residencia o el amparo de los servicios sociales. “En materia hipotecaria hay una norma que protege, al menos en teoría, a las personas mayores vulnerables, pero en alquileres no hay absolutamente nada en caso de desahucio”, explica Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y experta en vivienda. 

En esta circunstancia, las únicas armas que tienen quienes viven de alquiler a edades avanzadas son su patrimonio (si lo tuviesen) y su pensión. Pero lo que dicen los datos es que esas armas sirven de poco contra el mercado, porque quienes llegan a la jubilación sin casa en propiedad se enfrentan a las tasas más altas de sobreesfuerzo económico de todos los cortes de edad. Un estudio realizado por CaixaBank Research a partir de sus datos internos señala que los mayores de 65 años se dejaban en 2025 más de un 33% de sus ingresos en pagar la renta mensual de sus casas. Los más jóvenes, entre 16 y 29, son los segundos peor parados, con una tasa de esfuerzo que ronda el 30%, según el mismo estudio.

Si analizamos la nómina de pensiones, estos cálculos cobran más sentido. Aunque la pensión media en España se sitúa en los 1.515 euros mensuales, casi la mitad de los pensionistas en España (48,5%) cobran menos del salario mínimo interprofesional (SMI), situado actualmente en 1.221 euros brutos mensuales. El porcentaje de personas que ganan menos del SMI se eleva al 60% para las mujeres, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) publicados en mayo.

Basta un repaso rápido por los portales inmobiliarios para ver que los alquileres que se puede permitir una renta de menos de 1.200 euros mensuales no abundan. Y a esto se añade otro problema: a la vez que el precio de los alquileres en España se ha encarecido de media un 50% desde 2025, cada vez menos personas llegan a la jubilación con casa en propiedad. Es decir, la tendencia no tiene buena pinta.

El seguimiento que hace el INE señala que el porcentaje de mayores que viven de alquiler a precio de mercado ha aumentado casi un punto desde 2023, a la vez que desciende el número de los que viven de alquiler a precios reducidos (desde el 2,7% en 2023 hasta el 2,3% de 2025). Esto se debe, en parte, a que las personas que pagaban rentas antiguas van falleciendo, pero también a que la presión del mercado hace que las casas que se alquilan a bajo precio sean un caramelo muy tentador, ya que suelen ser más grandes y estar situadas en barrios que ahora son céntricos. "Hay una embestida sostenida por parte de fondos de inversión y empresas que adquieren viviendas con gente de renta antigua viviendo dentro", señala Jacinto.

Eso es lo que le pasó a Maricarmen. El bloque en el que vivía, propiedad de una familia, terminó en manos de la empresa Urbagestión, dedicada a la inversión inmobiliaria, que la llevó a los tribunales para anular el contrato de renta antigua que había firmado su padre en 1956 y al que, primero su madre y después ella, se habían subrogado. Pero tras una victoria en primera instancia, el Tribunal Supremo concluyó que solo se permitían dos subrogaciones y anuló el contrato, dejando a Urbagestión la posibilidad de elevar a placer la renta de la afectada. Lo hizo reclamándole una cuota de 1.650 euros mensuales, muy por encima de los 1.450 euros que cobra de pensión. 

Aunque situaciones como esta pueden resultar inexplicables, el ansia por conseguir viviendas para especular con ellas se entiende mejor si consideramos que el rendimiento medio de esta actividad ofrecía una rentabilidad media del 16% en el último trimestre de 2025, de acuerdo con el Banco de España, y que el riesgo es muy inferior al de otros productos de inversión. Esto es lo que se ve desde el otro lado del mercado.

Cerca de 100.000 euros. Eso es lo que el fondo de inversión que compró el edificio de la calle Tribulete, en el centro de Madrid, ofreció a algunos inquilinos de renta antigua para que se marcharan. "La mayoría han ido cediendo. Y teniendo en cuenta que estaban sometidos a un presunto caso de acoso inmobiliario, con unas obras que les hacían la vida muy difícil, mucha gente acabó llegando a acuerdos económicos para abandonar sus viviendas", explica Alejandra Jacinto, que representa a los vecinos de este edificio que aún se resisten a marcharse. Porque pelear contra una empresa para tratar de permanecer en una vivienda requiere, además de recursos, energías para hacerlo.

La cantidad puede resultar jugosa, pero en estos casos implica renunciar a un alquiler asequible asegurado para volver a un mercado de vivienda en el que 100.000 euros no te permiten comprar un piso en muchas regiones y donde buscar un alquiler tampoco es sencillo. En los datos del INE, el porcentaje de mayores que tiene un alquiler por debajo del precio de mercado es de un 2,3%, muchos menos que quienes pagan precios corrientes.

"Vemos de todo. Hay casos, como el de Maricarmen, donde la empresa propone triplicarle el alquiler; hay otros en los que tratan de repercutirles gastos que antes no venían soportando y luego están los casos en los que se ofrece dinero porque se quitan de un plumazo el problema e impiden así que haya subrogaciones en caso de que el inquilino tuviese hijos que se pudieran acoger a él", resume la abogada. "De momento va a cuentagotas, pero cada vez estamos viendo más casos", concluye.

Existe una "regla financiera" que recomienda no destinar al alquiler de la vivienda más de un 30% de los ingresos brutos para mantener así una "economía saludable". El umbral es empleado por analistas e instituciones para valorar la situación del mercado inmobiliario y la dificultad de la población para acceder a un inmueble digno. Estos datos señalan que en Galicia la media del esfuerzo para acceder a un alquiler se sitúa por debajo de esa cifra, incluso a pesar de la tendencia al alza de los últimos años.

El esfuerzo medio para el alquiler en Galicia es del 28,4%, resultado de la relación entre el precio medio de los nuevos contratos de alquiler firmados en el año 2025 —medido por el Observatorio da Vivenda a través de las fianzas presentadas— y el salario bruto medio de un trabajador. La población que busca una vivienda de alquiler debe estar dispuesta a destinar ese porcentaje de sus ingresos. En el conjunto del Estado, el valor sí supera claramente el 30%.

De igual modo, la exposición al riesgo financiero, es decir, el riesgo al que se somete una persona que alquila una vivienda, se sitúa en Galicia ya cerca del máximo recomendable (100% de riesgo), debido a la tendencia al alza de los últimos años. Aunque, de momento, el valor sigue por debajo e igualmente lejos de la media del Estado, que sí supera el 100% de riesgo.

Sin embargo, esos son los datos teniendo en cuenta el precio medio de los alquileres en el conjunto de Galicia. En las ciudades, especialmente en algunas de ellas, los precios del alquiler han crecido tanto en los últimos años que la relación entre arrendamiento e ingresos supera ya el 30%. Es el caso de A Coruña (34,9%), Vigo (33,4%), Pontevedra (31,9%) y Santiago (31,3%). En Lugo (27,4%), Ourense (27%) y Ferrol (26,5%) el porcentaje es notablemente inferior.

Conviene destacar que el dato de A Coruña corresponde al año 2025, sin tener apenas en cuenta el efecto de la declaración de zona tensionada que limitó los precios del alquiler en la ciudad.

Los datos, como se observa en el segundo gráfico, llevan años en ascenso y ya en 2020 rondaban el 30% en A Coruña y Vigo. Al igual que el esfuerzo para acceder a un alquiler, la exposición al riesgo supera en A Coruña y Vigo el 100%, es decir, el máximo recomendable. En Pontevedra (95,8%) y Santiago (93,9%) el riesgo es también muy alto, mientras que en las restantes urbes presenta valores más reducidos, semejantes a la media gallega.

Este esfuerzo creciente para acceder a un alquiler y el riesgo financiero consecuencia de destinar al arrendamiento una proporción excesiva de los ingresos se unen al esfuerzo y riesgo ligados a la compra de un inmueble. El esfuerzo para comprar una vivienda en Galicia se mantiene en máximos de la última década, con valores muy próximos al máximo recomendable, de nuevo con la referencia del 30% de los ingresos.

Los gallegos y gallegas que quieran comprar una vivienda deben destinar a ella el 27,4% de sus ingresos a 20 años y el 32% si lo hacen a través de una hipoteca. Los valores llevan varios años cerca de este umbral del 30%, debido al incremento del precio de compra y al encarecimiento sufrido por las hipotecas desde el año 2022 a causa de la subida del euríbor. La subida de los tipos de interés decidida por el Banco Central Europeo esta semana apunta a un nuevo aumento del esfuerzo para la adquisición de una vivienda en los próximos meses.

En todo caso, los valores de esfuerzo y exposición al riesgo que se registran en este momento siguen muy lejos de los alcanzados justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Así, en 2007 la población debía destinar casi la mitad de sus ingresos a 20 años, un 55% teniendo en cuenta los costes hipotecarios. La exposición media al riesgo en Galicia se sitúa en el 95%, lejos del 170% que llegó a alcanzar en 2007.

Su cara aparece en miles de carteles naranjas con el logo del Sindicato de Inquilinas y la imagen de Maricarmen apoyada en su andador durante las concentraciones para evitar su desahucio, la han convertido en un símbolo de la actual crisis de vivienda que ha dado la vuelta al país. Su caso tiene todos los ingredientes: es pensionista, no puede afrontar el precio del alquiler que le pide el grupo de inversión que ha comprado su casa, lleva siete décadas en la misma vivienda y, con 87 años, le obligan a buscarse otro sitio en el que vivir en un mercado de vivienda cuyos precios siguen desbocados. La otra alternativa es una residencia. Ha agotado las vías legales porque “el sistema permite que ocurran estas cosas”, señaló su abogada a infoLibre. Sin embargo, este lunes el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, al que habían acudido como último recurso, le da la razón. Es un paso adelante, aunque sin garantías explícitas de que se pueda solucionar su situación, ya que los mandatos de este comité de la ONU en este sentido están muy abiertos a la interpretación.

“Han notificado al juzgado que la ONU solicita la suspensión del desahucio para evitar un daño irreparable mientras se tramita el procedimiento”, explica la letrada que lleva el caso, Beatriz Duro. La respuesta del organismo internacional les llegó este lunes, 15 días antes de la fecha para la que está programado el tercer intento para desalojar a Maricarmen. 

La pregunta inmediata es si este mandato servirá de algo o solo prolongará aún más un proceso que ha ido agotando las fuerzas de Maricarmen. La abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) Alejandra Jacinto explica que las resoluciones que emite este organismo de la ONU en lo relativo a la vivienda dependen bastante de la interpretación que haga cada juzgado.

Al acudir al Comité DESC, lo que ha obtenido la defensa son unas medidas cautelares, en base a un mandato de la ONU que señala que los Estados deben garantizar el acceso a una vivienda adecuada. Estas medidas piden al Gobierno y a todas las administraciones públicas implicadas que aporten soluciones y dan un plazo de seis meses para que se informe sobre el plan a seguir. “Para evitar el daño irreparable que supone un desahucio, se suelen dictar unas medidas provisionales, que son como medidas cautelares. Esto se hace para que, bien se suspenda el desahucio, o bien se dicten planes alternativos”, explica Jacinto, que ha llevado otros casos como este.  

Pese a que se trata de un organismo internacional, no hay garantías de que se pare el proceso. “Si nos atenemos al cumplimiento de los derechos humanos, es una resolución que debería respetarse porque el Estado español suscribe los tratados internacionales de la organización”, explica Jacinto. Pero la realidad no es tan contundente. “Hay debate al respecto y hay casos en los que los juzgados entienden que no aplica y otros que sí lo aplican. Debería tomarse siempre en cuenta, pero no siempre pasa”, lamenta. "Lo que está fuera de toda duda y defiende también la Abogacía del Estado es que hay que tomar en consideración el dictamen, así que, tanto si suspenden el desahucio como si no, tienen que razonar su decisión y explicar cómo han llegado a esa conclusión", afirma la abogada.

El problema de Maricarmen comenzó hace ocho años. En ese momento, la familia propietaria del edificio lo vendió a Renta Corporation, uno de los grandes holdings inmobiliarios de España. Le ofrecieron que se quedara con el piso, ya que la ley marca un derecho de adquisición preferente para el arrendatario, pero el precio era demasiado alto para una pensión de 1.450 euros. Aquí entró en juego Urbagestión, que compró su casa en 2020, no reconoció el alquiler de renta antigua que ella pagaba, lo anuló en los tribunales y, tras pedirle un alquiler de más de 1.600 euros que no podía pagar, comenzó el proceso de desahucio porque ella siguió abonando el alquiler que pagaba antes de que la especulación inmobiliaria pusiera los ojos en su casa, los 440 euros que estipulaba la renta antigua. 

El primer intento de desalojo fue en octubre de 2025 y la movilización social consiguió posponerlo. El segundo estaba programado para el pasado 3 de junio, pero de nuevo, la presión popular y una concentración que el día antes reunió a cientos de personas y a varios artistas frente a su casa hicieron que el juzgado retrasase 20 días el lanzamiento. “Vivir dos desahucios en 20 días es una tortura psicológica que ninguna persona debería pasar”, explica el Sindicato de Inquilinas de Madrid. “Este aplazamiento es un burdo intento de desmovilizar a las vecinas y vecinos ante la avalancha de apoyos que está recibiendo Maricarmen”, concluían en una nota de prensa. 

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que lleva el caso de Maricarmen, se habían organizado una serie de eventos, tanto el día del desahucio como en jornadas previas, para tratar de evitarlo. Unas horas antes de que el primero se realizase, el juzgado que lleva el caso anunció que posponía 20 días el lanzamiento. Para el sindicato, se trata de una estrategia destinada a "desmovilizar" y esperar a que la presión y el descontento vecinal se rebajen.

La vivienda está situada en el distrito madrileño de Retiro y Maricarmen entró en ella hace 71 años, cuando su padre era titular del contrato. El precio de este barrio es uno de los más altos de España. De acuerdo con el portal estadístico del Notariado, el precio del metro cuadrado en la compra supera los 9.000 euros y los alquileres rondan los 24 euros por metro cuadrado. En términos generales, un estudio reciente de la tasadora Tinsa señala que desde 2015 el precio de la vivienda nueva y usada en España ha aumentado un 75,4%, un ritmo imposible de seguir tanto para los salarios como para pensiones como la de Maricarmen. 

Crear un parque público de vivienda construyendo más casas no es algo que se haga en un año ni en dos, y quizá tampoco en tres o cuatro; por eso los expertos suelen afirmar que la oferta a corto plazo es rígida. Y esta evidencia lleva a otra pregunta: ¿Se puede hacer algo para facilitar el acceso a la vivienda a corto plazo o no queda otra que asumir que habrá varias generaciones atrapadas en el alquiler o en la casa de sus padres mientras tanto? Es la pregunta que más discrepancias genera y por donde se parte el consenso entre las políticas más a la izquierda –que piden intervenir los precios– y las propuestas más pegadas al espectro político de la derecha –que se niegan a ponerle límites al mercado– porque cualquier otra intervención que no sea aumentar el número de casas la consideran intervencionista. 

La pugna política es la otra cara de la moneda en esta crisis. Mientras los socios a la izquierda del PSOE insisten en topar los precios o suspender los desahucios, en la derecha se centran en el ámbito de la construcción o de las exenciones fiscales (que ya existen) para caseros. “Las soluciones no pasan por intervenir el mercado y topar los precios, como impone el PSOE, sino por equilibrar oferta y demanda”, señalaba el PP en un comunicado tras aprobarse la ley de vivienda en 2024. Y esa postura no parece haber variado. El pasado mes de febrero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insistía en la misma línea y afirmaba que solucionar el problema de la vivienda pasaba por “bajadas masivas de impuestos, ayudar a los jóvenes y no atacar a los propietarios”. 

En el otro extremo está el grupo Sumar, que insiste en la necesidad de intervenir el mercado de forma más activa, topando precios, prorrogando los desahucios o vetando la compra especulativa de vivienda. El PSOE, por su parte, se ciñe a la ley de vivienda y trata de poner el foco en que corresponde a las autonomías decidir si quieren o no utilizar los mecanismos que ofrece la norma.

"Todas las medidas que no sean construir significan regular la función residencial y social de la vivienda. Eso pasa por reducir el beneficio de los especuladores, del sector inmobiliario, de los inversores y de los caseros. Por eso hay tantas guerras contra las políticas de vivienda", señala Javier Gil, sociólogo experto en vivienda e investigador en el CSIC. "De ahí la presión de lobbies, patronales, inmobiliarias y fondos para evitar cualquier tipo de política que regule esa función social de la vivienda y solo apostar por la construcción como única medida", insiste.

Hasta el momento, la medida para intervenir el mercado que más implantación ha tenido son los topes en zonas tensionadas que contempla la ley de vivienda. Esta etiqueta a la que son reacias las comunidades del Partido Popular se aplica sobre todo en Cataluña, País Vasco y Navarra, aunque también A Coruña, en Galicia, la ha conseguido poner en práctica. Los gobiernos del PP firmaron un documento en 2024 negándose a ponerla en marcha, aunque muchas localidades y ayuntamientos habían enviado peticiones para hacerlo. Sin embargo, la última palabra corresponde a los ejecutivos autonómicos, poco dispuestos a dar el brazo a torcer. En aquel momento, el manifiesto señalaba que “esas medidas solo sirven para provocar menor oferta de vivienda y subida de los precios” y pedía al Gobierno que cumpliese con el compromiso de construir más de 180.000 pisos sociales. 

Desde Sumar, los socios de Gobierno han lanzado algunas propuestas para rebajar la presión en los precios que pasaban por intervenir en las condiciones de oferta de los pisos, pero no han salido adelante. En abril, el Congreso (con votos de PP, Junts y Vox) tumbó la propuesta que permitía una prórroga del alquiler, en las mismas condiciones y durante un máximo de dos años, de los contratos que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027.

La medida no era nueva, porque estuvo vigente dentro del paquete anticrisis que se implantó en la pandemia, pero se intentó recuperar para ayudar a frenar la burbuja de precios del mercado, ya que simplemente con haberla solicitado permitía extender los contratos de vivienda que expirasen antes del 31 de diciembre de 2027 durante un máximo de dos años y manteniendo las condiciones, con un tope de incremento del precio del 2%. Sin embargo, solo estuvo vigente un breve periodo de tiempo, hasta que pasó por el Congreso y decayó.

Por otro lado, Sumar también promocionó en mayo que se prohibiese la compra de viviendas por parte de personas jurídicas, empresas y fondos "buitre", una idea que tampoco encajó bien el PSOE. En su lugar, propusieron un impuesto a la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes, gravar los pisos vacíos y subir el IVA de los pisos turísticos al 21%.

Justo en este último punto, en la intervención del mercado de pisos turísticos, es donde afloró la última polémica. El pasado 22 de mayo el Tribunal Supremo estimó parcialmente un recurso presentado por la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP, que pedía anular el registro único de alquileres turísticos al considerar que el Estado no tenía competencias para regularlo. Era una medida impulsada por el Ministerio de Vivienda para cumplir con la exigencia de Bruselas de controlar los pisos turísticos y que centralizaba el registro, obligando a identificar las viviendas que se alquilan a turistas en plataformas como Airbnb o Booking, pero también cualquier otro inmueble que se comercialice como un arrendamiento de temporada.

El ámbito académico, donde trabaja Gil, tampoco se ha quedado al margen en este debate. Si bien la ley de oferta y demanda es un elemento sobre el que hay consenso (a menos casas, más demanda sobre cada una de las disponibles y, por tanto, precios más altos), cómo torcer esta dinámica en el corto plazo es un dilema cargado de debates y discrepancias. En un punto medio se sitúa el sociólogo de Esade, Jorge Galindo, con una propuesta centrada en la construcción, pero con el foco puesto en el papel de lo público.

Galindo señalaba en un debate con Javier Gil en el Círculo de Bellas Artes de Madrid que “si la gente hace negocio con la vivienda, es por la escasez” y, por tanto, “la forma de que no se haga negocio, es hacerla abundante”. También insistió en la necesidad de doblar el parque público y pasar de 10.000 viviendas entregadas anualmente a 30.000, lo que costaría unos 4.500 millones al año en diez años, pero se podría complementar con la incorporación del sector privado y más políticas que lo orientasen hacia lo social. Algo que también han defendido otros expertos como Javier Burón, director de la empresa pública de vivienda en Navarra (Nasuvinsa), que abogaba por permitir "beneficios controlados" de las empresas privadas siempre que las viviendas terminasen en el parque público.

Gil, por su parte, insiste en el refuerzo de lo público y el control del mercado para obtener resultados en el corto y medio plazo. "Hay una ofensiva muy grande en torno a las medidas para intervenir el mercado porque implican reducir los beneficios del sector. Se trata de bajar el precio de los alquileres, de dar contratos indefinidos, etc... y por eso hay tanta resistencia sobre este tipo de políticas", remarca.

Esperar los efectos de un hipotético acelerón en la construcción parece, de momento, la medida que cuenta con el consenso más sólido y también la más sencilla de abordar en un contexto donde los precios no paran de subir y la ciudadanía sitúa a la vivienda como el principal problema en España, de acuerdo con el CIS. En el primer trimestre del año, aunque las compraventas se habían contraído un 2,6% con respecto al mismo periodo del año pasado, todos los demás indicadores seguían disparados: el valor tasado del metro cuadrado aumentó un 14%, el número de hipotecas alcanzó su la cifra más alta desde hace 15 años y el precio de los alquileres se disparó un 7,1% entre enero y marzo, según el portal inmobiliario Idealista.

“No le debo ni un euro a Urbagestión”. Son las palabras de María del Carmen Abascal (87 años), una vecina de Madrid que se enfrentará el miércoles a su segundo intento de desahucio. El fondo Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., que compró su casa en 2020, no reconoció el alquiler de renta antigua que ella pagaba; lo recurrieron en los tribunales y, tras perder en primera instancia, ganaron en el Tribunal Supremo. Así se convirtió su casa familiar en un activo inmobiliario que la vecina lleva cinco años disputándole a una empresa cuya actividad se centra en la gestión y administración de la propiedad inmobiliaria. 

“Llevo cinco años luchando, y me está pasando factura porque duermo mal y he perdido mucha masa muscular”, dice sentada en su andador. Al principio reconoce que no supo qué hacer cuando recibió las primeras notificaciones de un proceso que hizo que la vivienda en la que residía pasase de mano en mano. En 2018, la familia propietaria del bloque de pisos vendió toda la finca a Renta Corporation, uno de los grandes holdings inmobiliarios de España. Los nuevos dueños contactaron a Maricarmen en 2020 para ofrecerle que comprara el piso, pero no se lo podía permitir. Al día siguiente de notificar su rechazo a la oferta, su casa fue adquirida por Urbagestión.  

Ese fue el final de su contrato de renta antigua y el principio de su penitencia. El padre de Maricarmen había firmado en 1956 el contrato y, con las actualizaciones pertinentes sujetas al IPC, ella pagaba 440 euros mensuales hasta que la ley del mercado se impuso. La empresa le reclamó tras el fallo del Supremo un alquiler de 1.650 euros al mes, pero su pensión es de 1.450 euros. De hecho, ella les paga religiosamente el importe que ha abonado durante los últimos 70 años más las actualizaciones estipuladas por ley: 440 euros. Por eso insiste en que “no les debe nada”. 

Maricamen charla con infoLibre sentada a la sombra de los árboles que hay frente al Congreso. Acaba de atender a los medios en una rueda de prensa breve con micrófonos y cámaras en la que ha explicado lo “incomprensible” de su situación, pero también que está cansada. “Hace 71 años que vivo en mi casa; si el Gobierno o la ministra de Vivienda me dan un sitio al que ir, yo me voy, pero no tengo otra alternativa”. Asegura que le ha escrito una carta a cada Administración, pero no ha recibido respuesta ni del Gobierno, ni de la Comunidad de Madrid, ni del Ayuntamiento. La alternativa que le han ofrecido es una residencia fuera de su barrio y fuera de su ciudad. 

En estos cinco años ha tratado de ponerse al día sobre la normativa y los derechos que le asistían, una tarea, dice, que es “agotadora”. Lo cuenta con resignación, pero dispuesta a seguir en su casa o a que alguien la escuche y esto "sirva para ayudar a otras personas", dice. “Primero hablé con mi abogada y luego con el Sindicato de Inquilinas, que me cuidan mucho y me acompañan en esto”. Lo que más incomprensible le resulta es que ninguna administración se implique y la conversación gira rápido desde su vivencia personal hacia la ausencia de medidas políticas. “Hay mucha gente a la que le está pasando lo mismo, hay muchas casas vacías. ¿Por qué no invierten dinero para llevar a esas casas, de momento, a la gente que lo necesita? Y mientras tanto, que construyan lo que haga falta”, señala. 

En la Plaza de las Cortes, donde la afectada y el Sindicato de Inquilinas de Madrid han estado protestando minutos antes, se reúne un conjunto variopinto: una protesta para mejorar las condiciones de los presos, una excursión escolar de visita en el Congreso, turistas con botellas de agua y gorros de playa... También hay otro grupo que protesta por la crisis de vivienda. “Aunque sea para hacerse un lavado de cara, alguien debería ofrecerle algo”, comenta una de las personas presentes.

La otra protesta de vivienda es de Amnistía Internacional, que ha ido frente al Congreso a denunciar con cifras lo que Maricarmen vive en primera persona. Quieren “recordarle al Estado” sus obligaciones jurídicas sobre vivienda y pedir que se frenen los desahucios. Lo mismo que esta mujer casi nonagenaria: “Hay muchos intereses en la vivienda, pero nadie vela por el interés de los ciudadanos. ¿Por qué el Gobierno no hace nada?, ¿por qué no dice ‘no’ a esto con la misma fuerza con la que ha dicho el señor Sánchez el ‘no a la guerra’?”, lamenta. 

Cuenta que ha hecho tantas declaraciones públicas, ruedas de prensa y vídeos para redes sociales, que ya ni sabe por dónde empezar a contar su problema cuando los periodistas le preguntan. Repetir una y otra vez algo que debería ser evidente —"es que es mi casa"— termina por hacerle pensar que su discurso es redundante; sin embargo, esa evidencia no basta y por eso está al borde de perder su vivienda. A esa sensación de incomprensión, de hacer dudar a una persona de lo evidente mediante una manipulación sutil, se le llama en la jerga moderna “luz de gas”: ¿cómo va a ser tu casa el lugar en el que has vivido 71 años, si el inmueble lo ha comprado una empresa mientras vivías dentro? “Luz de gas” es un sistema entero diciéndole a Maricarmen que esa ya no es su casa porque no tiene suficiente dinero para vivir donde ha vivido siempre.

Desde las puertas del Congreso volverá en taxi a su vivienda en el distrito de Retiro, una zona que ya es de las más caras de Madrid y de España. Se despide de infoLibre y se queda un rato a la sombra, "a ver si los que están ahí dentro hacen algo", dice señalando con el pulgar hacia el Congreso.

“Se han agotado absolutamente todos los recursos, se ha ido a todas las instituciones públicas, se han tocado todas las puertas, y la realidad es que el sistema permite que se desahucie a una mujer en su situación”, explica Beatriz Duro, de Duroa Abogados. Ella es quien ha llevado este caso desde el principio y acaba de pedir una prórroga de un mes para tratar de retrasar el desahucio, aunque aún no ha recibido una contestación.

La incertidumbre empieza a pesar más a medida que se acerca el día. “Es imposible saber si se ejecutará o no”, dice Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, pero están preparando otra acción para que la presión social vuelva a paralizar el segundo intento, previsto para el miércoles 3 de junio. “Vamos a hacer un pasacalles al que van a venir artistas, vamos a convocar a la gente y vamos a dormir en casa de Maricarmen para tratar de frenar el desahucio”, concluye.

El caso de Abascal reúne muchas anomalías, explica Duro. Primero, que Urbagestión conocía la situación de la inquilina cuando compró el inmueble. "En primera instancia la jueza nos dio la razón porque nuestro argumento principal es que a una persona que lleva años subrogada en un contrato de alquiler y pagando la renta —es decir, que ha sido una subrogación consentida— no pueden luego decirle que no están de acuerdo y tratar de impugnar su propio contrato", señala la abogada. "Sabían lo que había al comprar la casa —que por cierto adquirieron muy por debajo del valor de mercado— y aceptaron", concluye.

Pero en los sucesivos recursos de la empresa, las sentencias contradijeron el primer fallo y Maricarmen empezó a perder su casa. Con respecto al desalojo programado para el próximo miércoles, Duro explica que ni el posible coste reputacional de un desahucio tan mediático, ni la situación vulnerable de Maricarmen les han hecho desistir. "Lo último que hemos pedido en los juzgados es una prórroga de un mes que contempla la ley, pero Urbagestión ha presentado un escrito oponiéndose radicalmente a esta suspensión. Es más, requiriendo el uso de fuerza policial toda vez que se prevé que haya movilización social", concluye Duro.

Cuando se habla de vivienda pública y asequible, el primer ejemplo que sale a colación es el conocido modelo vienés. Un planteamiento inmobiliario con un siglo de recorrido que ha convertido al ayuntamiento de Viena en el mayor propietario de un parque público de vivienda de Europa. Del total de inmuebles en alquiler que se oferta, el 90% es regulado o social y solo un 10% está en el mercado libre. En un momento en el que el debate sobre la pertinencia de intervenir el mercado en España del lado de la oferta está más de actualidad que nunca, las medidas que toman países vecinos y los efectos que arrastran son un asunto que ayuda a poner en contexto el abordaje político que se está haciendo del problema de la vivienda.

En este mercado, los precios están bajo la supervisión pública y la compra de vivienda por extranjeros, supervisada y sujeta a autorización. Dos cuestiones muy polémicas en el debate sobre vivienda que se da en España, que han generado disputas entre los mismos socios de Gobierno.

“Creemos que es posible extender la prórroga de los alquileres. Queremos prohibir la compra de vivienda a fondos buitre, queremos regular los alquileres de temporada, queremos recuperar los alquileres indefinidos”, señalaba este lunes Eduardo Fernández Rubiño, concejal madrileño de Más Madrid, en una rueda de prensa conjunta con Sumar, donde también calificó la estrategia del PSOE en esta materia de “tibia”.  Pero desde otros enfoques, estas medidas, lejos de parecer moderadas, suelen considerarse un tanto radicales, sobre todo cuando tratan de poner límites en el lado de la oferta con intervención en los precios o límites a la compra. Para unos, solo contribuyen a contraer la oferta y, por tanto, a subir los precios; mientras que para otros es necesario frenar la compra especulativa hasta que quede satisfecho el derecho a la vivienda para quienes necesitan un techo en el que vivir y no para invertir.

Filtrar a los compradores de vivienda es una medida que se ha llegado a plantear incluso en Estados Unidos, bajo la administración actual de Donald Trump. De hecho, tal como informaba en febrero el diario The Wall Street Journal, la Casa Blanca planteó que los inversores con más de 100 viviendas unifamiliares en cartera no pudiesen acceder al mercado. Aunque la iniciativa planteaba algunas excepciones, como por ejemplo para aquellas empresas que construyesen o reformasen casas para integrarlas en el mercado del alquiler. En España se ha barajado esta propuesta de la mano de Sumar, pero sin demasiados éxitos. El grupo defendió esa prohibición el 19 de mayo en el Congreso mediante una proposición no de ley en la que, además, pedía derogar las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis), pero no salió adelante. El PSOE pedía en ese momento rebajar el plan y condensarlo en medidas fiscales que penalizasen la compra especulativa. 

Lo cierto es que los grandes fondos y grupos empresariales que se dedican al mercado inmobiliario llevan tiempo en el foco. En 2021, Berlín (Alemania) se planteó un referéndum sobre la pertinencia de expropiar a inmobiliarias, grandes propietarios y fondos que poseyeran más de 3.000 apartamentos. La consulta dio como resultado que un 56,4% de los votantes estaban a favor de la medida, que implicaba comprar con dinero público unas 240.000 viviendas. Sin embargo, al no ser vinculante políticamente, el consenso social y la atención mediática hacia el problema de la vivienda no bastaron, y la medida no se llegó a implementar.  

Aparejada a esta regulación que limita la inversión inmobiliaria, aunque ligeramente diferente, está la propuesta que pone límites a la compra de vivienda de no residentes. Y aquí la lista de países con medidas a este respecto es más larga. Dinamarca exige una residencia mínima de cinco años para poder comprar una casa; en Malta, los ciudadanos extranjeros que buscan una segunda residencia solo pueden comprar si poseen una autorización especial; y en Suiza no se limita la compra, pero sí las condiciones del alquiler.

En cuanto a la forma en que se puede intervenir sobre los precios, tampoco es una novedad absoluta la propuesta de buscar un freno desde lo público. Países Bajos o Reino Unido han dado espacio a un modelo de entidades privadas sin ánimo de lucro (denominadas housing associations) que median en los alquileres, en las adjudicaciones de vivienda y movilizan casas de su cartera propia. Pueden ser ONG o empresas con un lucro controlado que oferten los pisos a precios limitados. De hecho, el plan de vivienda del Gobierno contempla esta figura, aunque de momento tiene muy poca implantación y se limita casi exclusivamente a proveer vivienda social a personas en situación de vulnerabilidad extrema.

Las recomendaciones de organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional (FMI) caen del lado de la cautela. En las recomendaciones para España de su último balance, emitido el pasado viernes, propone agilizar los trámites burocráticos para aumentar el ritmo de construcción. Una cuestión relevante a medio y largo plazo, según los expertos, pero poco efectiva para crear un parche rápido que aplaque el problema en corto. En cuanto a la intervención sobre los precios, vuelven a la ley básica del mercado y desaconsejan topar los alquileres bajo la premisa de que se reducirá la oferta y aumentará la presión sobre la demanda. Es la misma posición que hasta el momento ha mantenido el Partido Popular y los partidos a la derecha del hemiciclo y que se escenificó en el fin de la prórroga de los alquileres –que también proponía un tope del 2% en la actualización de los alquileres, en vez de crear contratos nuevos a precio de mercado– y que decayó en el Congreso en abril por los votos de PP y Vox.

El problema de la vivienda no parece susceptible de arreglarse mediante una panacea y la distancia en la que se mueven los enfoques políticos –radicales o tibios, según a quién se pregunte– tampoco deja en España demasiado espacio al debate. 

Hace tres años que la ley de vivienda entró en vigor en España, pero la crisis inmobiliaria no parece estar cerca de remitir. Al hilo de esta efeméride, muchos análisis tratan de evaluar la evolución del mercado en estos años y de llamar la atención sobre las deficiencias que están alimentando esta crisis. En la mañana de este jueves, Amnistía Internacional presentaba a las puertas del Congreso un manifiesto en el que insistía sobre ocho medidas urgentes que podrían ayudar a aplacar el incremento de precios en el corto plazo. Además, valoraban el Plan de Vivienda 2026-2030 que presentó recientemente el Gobierno como "un avance" frente a las regulaciones anteriores, pero aún "poco ambicioso" para la magnitud que está alcanzando el problema.

Una financiación más fluida, un decreto que prorrogue los alquileres y frene los precios, limitaciones al alquiler por habitaciones, ayudas de emergencia para procesos de desalojos o impedir los desahucios sin alternativa, son cuestiones que Amnistía Internacional tacha de "urgentes" y a las que dedica buena parte del análisis.

La campaña, presentada por el director de la entidad, Esteban Beltrán, utiliza como gancho letras de las canciones del cantante puertorriqueño Bad Bunny. “Tití me preguntó cuándo podrá permitirse un alquiler" o “Es más fácil entrar en la casa de Benito que conseguir una vivienda digna” son algunos de los lemas que se pueden leer en los carteles que la organización ha preparado para esta campaña. Una estrategia de márketing que tira de actualidad —el artista está de gira en España y sus letras han evolucionado hacia temas sociales— para hablar de uno de los problemas más serios a los que se enfrenta la sociedad en España.

Pero más allá de la publicidad, el documento que ha presentado la organización busca "recordar las obligaciones jurídicas del Estado" y exige a las autoridades medidas "más ambiciosas" para frenar la crisis. También ofrece algunos datos relevantes sobre la evolución del sector. Señala, por ejemplo, que en España hay un parque de vivienda social del 1,7%, frente al 9% que hay de media en la Unión Europea. "Incluso considerando el parque de alquiler asequible en sentido amplio, la cifra solo alcanza el 3,5%", señalan.

En cuanto a la inversión pública, apuntan a que podría incrementarse, ya que a nivel nacional se destina al ámbito inmobiliario un 0,5% del PIB, frente a una media del 1,2% del resto de países europeos. Esta parálisis de la inversión y del parque público ha provocado una crisis de asequibilidad en la que las casas han duplicado en 10 años su precio frente a unos salarios que se quedan atrás. "Se han disparado los alquileres de temporada (un 232% entre 2019 y 2024, suponiendo el 13% de la oferta total) y turísticos (suponiendo el 10%) y existe un gran retraso emancipatorio, superior a los 30 años frente a los 26 de la UE", remarcan.

Todo esto genera una situación de "desprotección" que ha llevado a que, en su opinión, se vulnere el derecho a la vivienda en España, con 600.000 desalojos realizados entre 2013 y 2025. La discriminación racial en el acceso a la vivienda o el agujero jurídico que supone el alquiler por habitaciones son dos puntos en los que se insiste y que también han venido denunciando los sindicatos de inquilinos. "Las personas con contratos de habitación están entre las más desprotegidas al quedar excluidas de la Ley de Arrendamientos Urbanos", explican en el informe. De hecho, apuntan que este tipo de contrato aumentó un 22% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período anterior, al desplazarse la oferta hacia este segmento.

Sobre las soluciones que se han ido proponiendo, el Plan de Vivienda no termina de cubrir, señalan, todos los agujeros. "Si bien mejora el anterior, es aún poco ambicioso en materia de financiación, establece criterios discriminatorios de acceso, obligando a la posesión de nacionalidad, residencia legal o empadronamiento, y no incluye como condición de la firma de los convenios con las Comunidades Autónomas que estas no vendan vivienda social ya existente", apuntan.

Amnistía Internacional califica de "preocupantes" y "regresivas" las recientes votaciones en el Congreso que han terminado derogando la prórroga de los alquileres y la imposición de topes de precios con los voto de Partido Popular, Junt y Vox. También afeó al PP, mencionándolo explícitamente, que pretenda "reducir los plazos de suspensión de los desalojos, derogar la declaración de zonas tensionadas y los límites a los precios de alquiler, eliminar las prórrogas extraordinarias de los contratos y ejecutar desalojos sin garantías", concluyen.

Si bien a largo y medio plazo hay un cierto consenso en que la solución está en construir más casas públicas, el gran problema es ver qué se puede hacer mientras eso sucede. Es aquí donde más disenso hay entre los expertos y donde se enfocan las sugerencias de la entidad, que propone ocho medidas que aumenten la vigilancia sobre los alquileres, agilicen la construcción y frenen los desalojos.

La primera recomendación es firmar los convenios del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con la finalidad de que la financiación se pueda ejecutar de la manera más rápida posible. En línea con esto, pide también aplicar fórmulas más ágiles de nueva construcción, priorizando la adquisición de viviendas ya existentes, usando el tanteo y retracto y primando la compra en zonas tensionadas. El resultado que se busca es ampliar lo más rápido posible el parque de vivienda social.

Las otras cuatro propuestas están más centradas en la protección de los inquilinos. En primer lugar proponen aprobar un nuevo real decreto-ley que garantice la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler y estipule una limitación temporal a la subida interanual de los contratos. También piden endurecer las condiciones para las viviendas de temporada e incluir los contratos por habitaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos En tercer lugar, señalan la necesidad de aumentar las ayudas de emergencia cuando existen desalojos. Y por último, incluyen una petición al poder judicial para "asegurar que los desalojos no den lugar a sinhogarismo, condicionando la ejecución de los lanzamientos a una alternativa habitacional adecuada".

La crisis inmobiliaria, que ya se considera estructural, sumada a una forma de legislar que la organización califica de poco ambiciosa, dejan para Amnistía Internacional mucho por hacer en un ámbito que se ha convertido desde hace tiempo en la principal preocupación de los españoles. "Es urgente que las administraciones competentes en materia de vivienda y los grupos parlamentarios en el marco de las deliberaciones en el Congreso, adopten medidas de mayor alcance, coherentes con la gravedad de la situación actual", concluye el análisis.

Conseguir una vivienda pública o con algún tipo de protección social es el único medio para acceder a un alquiler asequible. Pero además, es una lotería difícil de ganar. Basta con entrar en las ofertas de vivienda que lanzan algunos ayuntamientos y consultar las listas de candidatos para hacerse una idea de la desproporción de solicitantes admitidos con respecto al número de casas ofertadas. Sevilla: 24 casas en Tejares de Triana y 11.886 nombres en la lista provisional; Salamanca: 55 viviendas en la zona de Pizarrales y 720 demandantes; Majadahonda: 180 viviendas y 322 solicitudes; Barcelona: 146 candidatos admitidos para 30 viviendas.

Estos son solo algunos ejemplos, porque pedir una vivienda pública en España pasa, en general, por largas listas de espera y sorteos. Los criterios de admisión y adjudicación varían según la administración convocante o el tipo de vivienda, pero, en general, el primer paso es acreditar que se cumplen los requisitos económicos para después entrar en el sorteo. “Hay un desfase entre el número de personas que piden una vivienda y la cantidad de casas que se ofertan. Y eso a pesar de que no se publicitan demasiado”, señala Mario Manjón, de Provivienda, una entidad que promueve vivienda social a precio limitado. “Esto evidencia la gravedad del actual nivel de exclusión residencial en España”, concluye. 

Aunque la mayoría de expertos coinciden en que crear un parque de vivienda pública es la solución más sólida al problema de la vivienda, las solicitudes resultan abrumadoras en relación a los pisos ofertados. Más allá de las ofertas locales, el problema persiste. Casa 47, la empresa pública estatal que el Gobierno creó para gestionar y ampliar el parque público de viviendas, echó a andar con tres ofertas y, de nuevo, una altísima demanda. La entidad señala a infoLibre que, en total, recibieron 7.357 solicitudes para unas 171 viviendas. Esta primera promoción en alquiler de Casa 47 se repartía entre Mieres (Asturias), donde ofertaron 37 viviendas y se gestionaron 482 peticiones; la provincia de Valencia, que ofrecía 67 inmuebles para un total de 5.465 demandantes; y, finalmente, Vigo, con otra oferta de 67 casas y 1.410 ciudadanos interesados en adquirirlas. 

El Ministerio de Vivienda, a través del Boletín Especial de Vivienda Social publicado el año pasado, estima que en 2024 (último dato disponible) existían alrededor de 600.000 viviendas con alquiler asequible en España. Estas suponen alrededor del 3,3% sobre el total de inmuebles en el mercado, una cantidad que está por debajo de la media europea, donde el porcentaje promedio ronda el 8%. Aunque no existe un registro centralizado, las estimaciones colocan a España por debajo de sus países vecinos en este sentido. "Actualmente, esto implica que España necesitaría incrementar su parque existente de vivienda en alquiler social en 4,7 puntos porcentuales para poder aproximar sus cifras a la media de los países europeos. Lo que representa alrededor de 850.000 viviendas más en alquiler social", señala el informe del Ministerio de Vivienda. 

La cifra que ofrece Vivienda es similar a la que ha estimado el Banco de España en sus sucesivos análisis. Según afirmaba el pasado mes de septiembre el gobernador de la entidad, José Luis Escrivá, se requerían alrededor de 700.000 nuevas casas para responder al ritmo de creación de hogares. Una medida que, si bien se postula como solución a medio y largo recorrido, es poco eficiente para atajar en corto el problema, ya que los plazos de construcción suelen alargarse por encima del año. 

“Se necesita más vivienda pública con protección permanente y mecanismos que amplifiquen el parque público”, resume Manjón. Las organizaciones como Provivienda son la versión española de las llamadas housing association que funcionan en otros países y que se ocupan de ofrecer bolsas de vivienda a precio asequible (tanto propia como pública) y con beneficios controlados. “El gran problema de la vivienda pública es la descalificación y si eso se hubiera blindado antes, casi la mitad del parque actual de vivienda tendría algún tipo de protección”, concluye. 

La caducidad de la vivienda protegida y años de escasa inversión en inmuebles públicos han pasado factura. El Boletín de Vivienda también constata que España había invertido entre 2007 y 2022 menos de 47 euros por ciudadano y año en promoción de la vivienda y fomento de la edificación, mientras que de media en la Unión Europea esta cifra superaba los 72 euros. En algunas regiones como Países Bajos, Italia, Francia, Dinamarca o Luxemburgo, esa cifra aumentaba hasta los 100 euros por ciudadano y año.

Otra cuestión importante a la hora de valorar cómo ha evolucionado el parque público de vivienda es el plazo de protección de las casas edificadas. Según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), si la etiqueta de vivienda protegida hubiese sido permanente, España tendría en la actualidad un 38% del parque inmobiliario en manos públicas. De hecho, el blindaje de los inmuebles edificados sobre suelos municipales o con dinero público es uno de los objetivos que persigue el Gobierno, aunque las comunidades del Partido Popular no están adoptando esta medida cuando se trata de promociones público-privadas.

A quienes se quedan fuera del paraguas de lo público no se les presenta un panorama demasiado esperanzador. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el precio del alquiler se encareció un 34,3% de media y arrendar un piso de 80 metros cuadrados pasó a costar unos 1.160 euros al mes, 300 euros más, según el portal inmobiliario Idealista. Por otro lado, el 36,42% de los hogares que viven en alquiler en España destina más del 30% de la renta al pago del techo en el que residen y la tendencia es, por el momento, al alza. Pese a todo, alquilar es la única opción para los jóvenes (incapaces de hacer frente a las entradas de hipotecas cada vez más altas) y el 57% de los que se emancipan lo hacen en régimen de alquiler, según los datos del Consejo de la Juventud de España.

A un parque público de viviendas aún muy exiguo, hay que sumar el problema de los precios cuando la oferta de pisos llega en forma de colaboración público-privada. Un ejemplo de ello es Madrid, donde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha denunciado en reiteradas ocasiones que las ofertas del Plan Vive exceden la capacidad de los salarios medios, con alquileres que superan en ocasiones los 1.200 euros.

Con estos mimbres, quienes llegan a la fase de sorteo de los paquetes de vivienda social se enfrentan a una lotería difícil de ganar, aunque sus condiciones económicas lo requieran. Así, atendiendo a las promociones con las que abre este artículo, en Sevilla hay 0,002 casas por solicitantes, en Salamanca 0,07 y en Majadahonda 0,5.

Más casas públicas. Esa es la clave del problema de la vivienda y uno de los quebraderos de cabeza que tienen las administraciones, que deben aumentar el parque inmobiliario de la forma más rápida y eficiente posible, aunque sin volver a crear una burbuja especulativa. En las soluciones al dilema actual interfieren inevitablemente los fantasmas de crisis pasadas y aquí el suelo es uno de los temas sensibles. Es la materia prima fundamental y, sin embargo, también fue, antes de 2007, el origen de los llamados pelotazos inmobiliarios. Operaciones especulativas que generaban ganancias rápidas y elevadas mediante la compra de suelo barato (generalmente rústico o no urbanizable) y su posterior recalificación a suelo urbanizable, multiplicando su valor. 

Pero ahora los problemas son otros. Lejos de lo que se suele argumentar, los expertos coinciden en que no falta suelo edificable ni recalificaciones, sino que en la gestión es donde está uno de los grandes cuellos de botella. "En el planeamiento urbanístico en todas las ciudades de España, sobre todo en las medianas y grandes, hay muchísimos solares y parcelas urbanas vacantes de edificación, bien porque fueron demolidos o porque no se llegó a construir en ellos", explica el arquitecto y experto en urbanismo, Gerardo Roger. Esos suelos pueden ser públicos o privados, pero las administraciones y los ayuntamientos tienen potestad para hacer que se construya en ellos. "En Valencia ciudad se ha constatado que hay 500.000 metros cuadrados de suelos vacíos desde el año 1988 y calificados para uso escolar", señala Roger, que explica cómo estas localizaciones vacantes podrían albergar viviendas públicas en un momento de crisis como el actual.

En cuanto a los suelos privados, Roger explica que hay muchos edificios y suelos que están fuera de ordenación, es decir, pensados para albergar vivienda, pero sin construir, "bien porque sus dueños lo quieren tener vacío, o bien porque no tienen recursos para urbanizarlo". En esos casos, insiste el urbanista, la ley española permite intervenir. "El interés del propietario será el que sea, pero la función pública del urbanismo obliga a que se ejecute aquello para lo que está destinado ese suelo, ya desde la ley de suelo de 1956. En esos casos la Administración puede intervenir. Lo hace, bien expropiando y pagando; o bien sacando a concurso y edificando para después pagar al propietario en especie (con uno o varios pisos, según el valor estimado)", señala. 

Pero esta ejecución sustitutoria, como se denomina en la jerga, no es un procedimiento que se suela aplicar, subraya el urbanista, a pesar de que la legislación española es de las pocas en el mundo que cuenta con estos mecanismos. "La ley valenciana, por ejemplo, contempla que, cuando estos solares salen a concurso, se adjudique el que más vivienda pública proponga dar en ese suelo", concluye. Aunque aquí, matiza, blindar la protección de forma indefinida es clave para evitar movimientos de especulación.

Un estudio reciente realizado por el economista Ignacio Ezquiaga y publicado en Círculo cívico de opinión, señala que en España hay suelo en estado de desarrollo para construir siete millones de casas. De este conjunto, grandes áreas urbanas de Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza acaparan espacios para construir alrededor de 1,5 millones de unidades. Pero, si hay suelos, ¿por qué no se construye?

Además de la falta de gestión por parte de las administraciones que constata Roger, otra razón es que muchos de estos suelos son espacios que se quedaron atrapados tras la gran crisis de 2007 en forma de propiedades fragmentadas, concursos de acreedores o bajo problemas de financiación. Otro elemento que destaca Ezquiaga es el "escaso margen de maniobra de las corporaciones locales" para endeudarse. "Con el conjunto de normas que el PP aprobó en 2013 para controlar la deuda, se suprimieron, por ejemplo, las empresas de vivienda pública que tenían algunas corporaciones municipales porque las reclasificaron como deuda pública", explica el economista a infoLibre. De hecho, un 30% de esos terrenos "en manos muertas", como los denomina el economista, son propiedad de los ayuntamientos.

"Estas estimaciones de suelos que ya están listos para albergar viviendas son oficiales, son cifras que da el Gobierno y por eso cabe preguntarse por qué no se construye", apunta el economista. "Son terrenos de promociones que quebraron, que pasaron por los juzgados o que terminaron en manos de fondos de inversión", concluye. Una de las propuestas que sugiere Ezquiaga para evitar que se retengan suelos de esta forma es promover un cambio en la fiscalidad. "A los fondos y empresas que tengan esos suelos parados -muchos de ellos adquiridos prácticamente gratis, porque fueron adjudicaciones de activos tóxicos de la crisis financiera- se les podría aplicar un IBI con recargo", sugiere. La idea es que tributen a partir de un cierto tiempo parados, como si estuviesen edificados, de forma que se promueva la construcción de viviendas.

Para Gerardo Roger, otro punto clave es que las administraciones públicas se tomen en serio su rol como gestoras urbanísticas. "El planeamiento urbanístico es una función pública. El que te dice cuántas casas puedes construir en un sitio o qué tipo de edificación debe albergar ese suelo es el conjunto de la sociedad. Además, lo que se le está diciendo al propietario es que va a ganar dinero construyendo él mismo o, en el peor de los casos, que la Administración va a convocar un concurso y lo que ganará serán pisos a cambio del terreno que aporta", señala el urbanista, que identifica una ola de externalización o privatización de determinadas funciones urbanísticas en las administraciones. "Se ha renunciado a la ordenación, a la gestión y, últimamente, hasta a conceder las licencias, porque se hace a través de las ECU [acrónimo de entidades colaboradoras urbanísticas]. Si urbanismo no ordena, no gestiona y no controla, ¿entonces qué hace?", concluye el experto.

La vivienda empieza a ser el núcleo desde donde emana el grueso del descontento social. Está en el centro cuando se habla de la pérdida de poder adquisitivo, del endeudamiento, de las dificultades de emancipación, de la desigualdad… Hasta ha entrado de lleno en un debate más amplio como la lucha de clases o la forma en que debe operar un sistema económico. “Todo lo indispensable para la vida no deja de subir”, protestaba Elisa Molina, representante de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas en Madrid, durante la convocatoria de unas jornadas de protesta que arrancan este domingo 24 de mayo en Madrid. No se puede sostener, afirmó Molina, “que los alquileres estén por las nubes y los salarios por los suelos”. Y es que aquí ya no se habla solo de casas.

Las protestas comenzaron este viernes con una acción en la que una decena de miembros del sindicato atravesaban las puertas de la sede central de la Tesorería General de la Seguridad Social para encerrarse en el edificio. Querían forzar a la Administración a que unas 800 viviendas que tiene bajo su tutela pasen a ser públicas y se frenaran los procedimientos de desahucio que tienen abiertos algunos inquilinos. Se dirigían a los Ministerios de Vivienda y Seguridad Social con un plan de acción y al grito de “nos quedamos”. Pocas horas después, el Ministerio de Vivienda accedía a su petición: “Ambos ministerios han acordado que no va a haber ninguna nueva subasta ni venta de viviendas”, señalaban en un comunicado. Esta vez, el día terminaba entre aplausos. Un pequeño logro en un contexto que, por el momento, se presta poco al optimismo. De hecho, casi a renglón seguido, el sindicato madrileño republicaba en sus redes un vídeo para tratar de detener, por segunda vez, el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que el 3 de junio volverá a enfrentarse a un intento de desalojo de la casa donde lleva residiendo toda su vida. 

Con estos mimbres llega una ola de protestas que empieza este domingo 24, pero se extenderá hasta el día 25 por diferentes ciudades españolas. El lema es “La vivienda nos cuesta la vida”, pero entre las reclamaciones que se hacen está también subir el salario mínimo, que se intervengan los precios de bienes básicos o que se controle el mercado desde lo público garantizando costes de vivienda asequibles y contratos estables. Por otro lado, los convocantes también dan una pista de la transversalidad del problema. Entre ellos se encuentran los sindicatos de inquilinas, CGT, CNT y un conjunto de movimientos de la sociedad civil como grupos por la defensa de las pensiones, el colectivo de bomberos contra los desahucios o movimientos ecologistas, feministas y antirracistas.  

“El alquiler ha subido en Madrid más de un 50% en los últimos cinco años, con un coste medio en toda la Comunidad de más de 1.500 euros al mes. Se dedica más del 70% de los salarios al pago del alquiler, es decir, que tres de cada cuatro días trabajados son para los caseros”, señalan en el manifiesto de la convocatoria. “La crisis de vivienda ya no es solo un problema habitacional, sino que se ha convertido en una máquina de empobrecimiento, expulsión y control de las vidas de la gente común”, remataban en otro comunicado. 

La transversalidad del problema también se percibe en la creación a principios del mes de mayo de la Confluencia de Luchas, una plataforma impulsada desde los sindicatos de inquilinas, pero que integra a buena parte de los colectivos que ahora se suman a estas movilizaciones. En la definición que se han dado a sí mismos recogen que son “un espacio abierto a la integración de otros colectivos y organizaciones que compartan prácticas políticas similares basadas en el sindicalismo, la generación de contrapoder y la institucionalidad popular como palancas para la transformación social y la transición postcapitalista”. 

El alquiler y las condiciones que impone son el foco al que se dirigen las protestas. Los contratos por periodos breves de tiempo permiten escapar al control de precios, ya que al final de los mismos, los caseros pueden establecer la renta que consideren sin ningún tipo de tope. De ahí la insistencia de los sindicatos de inquilinas en lograr que los contratos sean indefinidos por defecto. La prórroga de los alquileres, que decayó en el Congreso en abril, dejó también un vacío en este sentido, ya que permitía extender los contratos y hacía posible que los inquilinos en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional pudiesen pedir la suspensión extraordinaria de su desalojo. 

Pero esta no ha sido la única derrota. Los pisos turísticos y el alquiler de temporada juegan un papel clave en el aumento de precios al avivar una demanda ya de por sí tensionada. El Gobierno impulsó una ventanilla y un registro único en el que se debían inscribir los pisos de alquiler vacacional para controlar su proliferación, pero el Tribunal Supremo ha tumbado parte de este mecanismo respondiendo a una denuncia presentada por la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP. Este jueves, el Supremo señaló que la competencia para registrar estos inmuebles era de las comunidades. Ahora, explican a infoLibre desde Vivienda, el registro lo tendrá que implementar cada región de manera individual y el Gobierno supervisará que cumplan con él. El objetivo de esto es evitar que proliferen este tipo de negocios sin licencia y sin control, ya que tienen una incidencia significativa en la demanda y, por tanto, en el encarecimiento de la vivienda.

Lo que la vivienda se lleva de los salarios es una de las cuestiones que ha hecho de este problema un asunto que va más allá de lo inmobiliario y, por ello, en estas movilizaciones será central la reclamación de una subida del salario mínimo. A menor renta, mayor porcentaje de ingresos se comen los bienes básicos e irrenunciables como la vivienda. Según Eurostat, la hora de trabajo en España se pagaba a 18,9 euros en 2024 y a 19,5 euros en 2025, lo que supone un aumento del 3,2%. Sin embargo, la inflación en este periodo alcanzó el 2,7%, dejando la ganancia real de poder adquisitivo en apenas un 0,5%. Pero la vivienda, que no se suele considerar en estas estadísticas, había aumentado su precio en 2025 un 12,7%, según el INE. Y esto solo en lo referente a la propiedad, algo que, además, no está al alcance de todos. En los alquileres, el portal inmobiliario Idealista fija el incremento en torno al 8,5%.

Los jóvenes son uno de los colectivos más golpeados por esta situación. Con salarios generalmente más bajos, porque están comenzando su carrera, el alquiler se lleva la mayor parte de su sueldo y no permite crear un colchón de ahorro para la entrada de una hipoteca. Los datos que ofrece el Consejo de la Juventud son demoledores: el alquiler medio en España supone el 98,7% del salario de una persona joven, lo que ha empujado la tasa de emancipación hasta los 30,2 años. Solo un 14,5% de los menores de 30 años logró emanciparse en la segunda mitad de 2025, la tasa más baja desde que existen registros. 

Otro punto polémico son los márgenes de beneficio del mercado inmobiliario, es decir, las ganancias de quienes invierten en casas. Ellos son el objetivo de la mayoría de los lemas que se corean en las manifestaciones de vivienda: "Fuera rentistas de nuestros barrios", coreaba la multitud en la manifestación de abril de 2025. Y aquí el debate vuelve a ser puramente económico. “Las actividades inmobiliarias alcanzan un máximo histórico de rentabilidad”, titula un informe realizado por Comisiones Obreras y publicado este viernes. El documento apunta que las empresas dedicadas al sector de la vivienda tuvieron un resultado bruto de explotación en los últimos cuatro trimestres que supera los 13.000 millones de euros “por primera vez” y su margen sobre ventas superó el 30%. 

De un lado hablan de “profesionalización del mercado”; del otro, de especulación pura y dura. Así, una de las peticiones en las que más se está insistiendo consiste en prohibir o limitar el acceso de fondos y socimis a la compra de viviendas. Es una medida que partía del grupo parlamentario Sumar, pero no salió adelante dentro de la coalición de Gobierno. El grupo plurinacional defendió esa prohibición el 19 de mayo en el Congreso mediante una proposición no de ley en la que, además, pedía derogar las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis), pero no salió adelante. El PSOE pedía en ese momento rebajar el plan y condensarlo en medidas fiscales que penalizasen la compra especulativa. 

"Sostenemos el sistema y no tenemos casa", coreaban los manifestantes en la última gran concentración que tuvo lugar en Madrid, dando pistas ya entonces de que el problema de las casas era también un problema del sistema. Una crisis de vivienda que va más allá de la vivienda.

Lo habrán leído: el domingo 24 hay convocada en Madrid una manifestación por el derecho a la vivienda. La generación de cristal vuelve con sus reivindicaciones arrogantes. ¿Qué será lo próximo? ¿La escolarización universal? ¡Bolcheviques!

Asistimos, como dirían los moderados, a un choque de legitimidades. En la gresca, dos contendientes. De un lado, herederos diletantes, fondos buitres y gente que compró un piso en 1980 por dos pesetas y un chicle a medio mascar; del otro, a una miríada de trabajadores pobres, infame conjunción. En el centro, un delicioso bajo interior alicatado con amianto, que se cotiza a dos mil quinientos machacantes el metro cuadrado. "Cada uno tiene las propiedades que se ha ganado", declaró hace no mucho la presidenta de la Comunidad de Madrid, terruño invivible. La declaración coincidía con los tejemanejes inmobiliarios de la Casa de Alba —próceres de esa meritocracia de la que usted me habla—, quienes, siguiendo la consigna de la doña, andaban desalojando a unos fastidiosos inquilinos de un edificio ("que se han ganado") llamado a reconvertirse en una colmena de apartamentos turísticos.

En la última década, el problema ha escalado enteros. Lo que hace unos años era indignante ahora es insoportable. Las excusas las sabemos: el aumento poblacional, el famoso bien de mercado, el escaso parque público, las competencias autonómicas y mire usted, que somos el pe so e, no espere milagros de la buena gente que hizo ministra a Isabel Rodríguez. También, los análisis pertinentes están más que hechos: el alquiler medio ronda el salario típico, las tasas de emancipación juvenil caen a mínimos y porciones gigantescas de la población han inmolado sus aspiraciones vitales sobre el voraz altar en el que se alimentan sus caseros. Los bancos, esos usureros profesionales a los que rescatamos hará 20 años, trasladan su control de daños a las hipotecas de los más vulnerables. Y los grandes partidos escurren el bulto, no sea que la generación de jubiletas que gozó la mayor expansión económica de la historia de la humanidad tuerza el morro antes de las generales.

Yo entré en la facultad el día que quebraba Lehman Brothers. Figúrense, toda la adultez escuchando milongas sobre que lo del ladrillo es un nudo gordiano, que el segundo y el tercer pisito son el ahorro de la clase media, que la legislación no puede cambiarse a la ligera y que hay que exorcizar la inseguridad jurídica. Los espantajos asustan por barrios: el que entonces tenía un piso ahora junta tres, mientras que sus inquilinos —ya talluditos— siguen compartiendo baño a precio de gran suite.

No me suele adornar la prudencia, pero diría que los sintecho de este mundo hemos esperado suficiente. Si los poderes públicos no han encontrado cómo reconducir la avaricia de los rentistas (haría falta un experto carísimo para, en ocasiones, distinguir a los segundos de los primeros) habrá que plantarse. Lo han demostrado hace un par de días las compañeras del Sindicato de Inquilinas: para impedir que la Seguridad Social siguiera subastando casas (manda cojones), tuvieron que asaltar su sede e insistir con una sentada. El domingo tenemos la oportunidad de dejar las cosas claras. Uno no puede conversar con un buitre, pero sí espantarlo.

Allí nos vemos.

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado la nulidad del procedimiento de registro único de arrendamientos de corta duración que quieran publicitarse en plataformas digitales al entender que el Estado carece de competencia para establecer esta regulación "exhaustiva".

En concreto, el Supremo subraya que el Estado carece de título competencial para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que se superpone a los autonómicos existentes respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos.

La Generalitat Valenciana había recurrido la norma estatal que regulaba este procedimiento de Registro Único de arrendamientos de corta duración (turístico, de temporada o de habitaciones) y se creaba la ventanilla única digital para la recogida y el intercambio de datos en los alquileres de corta duración.

La sentencia del Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso, anulando únicamente aquellos preceptos por los que se crea el llamado registro único de arrendamientos.

Sin embargo, desestima el recurso en lo referente a las disposiciones que regulan la ventanilla única digital de arrendamientos, las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas en línea y la transmisión de datos con fines estadísticos.

El Supremo entiende que, si bien la norma europea obliga a acomodar los sistemas de registro e información existentes de los arrendamientos de corta duración, lo que no determina es que el procedimiento de registro establecido por un país deba ser nacional.

La sentencia considera que no estamos ante una regulación sustantiva de los arrendamientos de corta duración, sino que se trata de un procedimiento de registro único de los inmuebles que permite obtener un numero como requisito necesario para poder ofertar estos alquileres de corta duración en plataformas digitales como Airbnb o Booking.

También considera que la regulación excede de lo que constituyen unas "bases" o "medidas de coordinación" concretas y establece una regulación de un registro nacional que se superpone a los autonómicos existentes.

El Supremo sí admite la competencia del Estado para regular la ventanilla única digital.

El tribunal reconoce que existe una creciente preocupación por el alquiler de alojamientos de corta duración que utilizan los servicios de las plataformas en línea y que se intenta poner freno a los abusos que se vienen produciendo en esta modalidad.

También subraya que se ha producido un aumento constante de estos alquileres y que ello incide en la disminución del número de viviendas destinadas a alquileres de larga duración, con el consiguiente aumento del precio de la vivienda en las ciudades o generando problemas de acceso y desplazamiento de residentes habituales a otras zonas.

El registro único de alquileres de corta duración empezó a ser efectivo en España el 1 de julio de 2025.

España se convirtió en el primer país de la Unión Europea que lo puso en marcha.

Todas las viviendas destinadas a uso turístico o de temporada debían contar obligatoriamente con un código de registro para poder operar legalmente. Los alojamientos que no tuvieran este código de registro no podrían ofertarse en las plataformas.

Además, las plataformas estaban obligadas a que en sus aplicaciones los arrendadores identificaran con este número sus viviendas o a realizar comprobaciones periódicas e informar cuando fueran negativas.

El Ministerio de Vivienda tenía como objetivo luchar contra el fraude que se está produciendo con este tipo de alquileres.

El Ministerio de Consumo acaba de anunciar que abre un expediente sancionador a una "gran inmobiliaria" que alquila "miles de viviendas" en España. El ministerio que dirige Pablo Bustinduy señala que ha identificado potenciales infracciones consistentes en el cobro de cláusulas abusivas a los inquilinos que residen en esas viviendas. El nombre de la empresa no ha trascendido, ya que no hay una propuesta de sanción firme, pero en caso de probarse los delitos, se enfrentaría a una multa de varios millones de euros. Lo que sí se conoce es que se trata de una empresa que opera a nivel nacional y que gestiona "miles de viviendas". Consumo señala a infoLibre que el procedimiento se abrió inicialmente tras haber recibido denuncias.

Los delitos que se le achacan corresponden a la imposición de un seguro de impago a los arrendatarios, una cláusula que muchos juzgados han declarado abusiva y que traslada al inquilino la cobertura por un servicio que, en realidad, beneficia al casero. Otro punto de la sanción es la imposición de penalizaciones y gastos extraordinarios al hacer un cambio de titularidad en los suministros.

Consumo señala también que la empresa en cuestión estaría incorporando una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada del contrato de adhesión. Esta es una figura mediante la cual las partes, generalmente la que se adhiere, declaran que las condiciones del contrato han sido objeto de negociación previa, información suficiente y aceptación consciente e individualizada. Se puede considerar abusiva cuando en realidad no se han podido negociar las condiciones y la cláusula solo pretende blindar el contrato ante posibles reclamaciones. De hecho, para que se puedan denunciar las conocidas como "cláusulas abusivas", es necesario no haber reconocido esta negociación individualizada.

Dentro del paraguas de tasas abusivas entran aquellas prácticas de gestión que legalmente no corresponden al inquilino, pero que se le aplican y se le cobran. El ejemplo más claro suele ser el de los honorarios de agencia, que pese a estar prohibidos por ley, se siguen manteniendo bajo otros nombres y suponen un sobrecoste muchas veces inasumible para los inquilinos.

Finalmente, otro comportamiento fraudulento que señala el ministerio es el hecho de aplicar "una penalización desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda". Es decir, un recargo económico cuando, una vez finalizado el contrato, el inquilino permanezca en la vivienda sin justificación. En el mercado inmobiliario actual, donde terminar un contrato de alquiler supone inevitablemente terminar pagando más dinero en otro piso o asumir una subida considerable en el mismo, los sindicatos de inquilinos han promovido campañas como "Nos quedamos". Con esto, señalan, quieren evitar lo que llaman "desahucios invisibles", es decir, la no renovación del contrato para poder aplicar al siguiente inquilino un importe mayor al que fija la ley. Con estas penalizaciones, las inmobiliarias tratan de desincentivar este tipo de iniciativas.

"Cada una de estas infracciones podría ser considerada como una cláusula abusiva y acarrear multas de hasta un millón de euros por cada una, o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito", recoge la nota. Por el momento, el caso está siendo investigado y la apertura del expediente no implica que vaya a existir sanción en firme, aunque sí existen precedentes.

Consumo tiene puesto el foco en las viviendas de alquiler. En abril, la inmobiliaria Alquiler Seguro recibió una sanción de 3,6 millones de euros por llevar a cabo prácticas abusivas contra sus inquilinos. El expediente consideró que se vulneraron los derechos de los consumidores aprovechando la posición de dominio en el mercado que tiene la inmobiliaria. En este caso, la multa llegó tras más de un año de investigaciones y litigios entre las partes. También se sumaban al expediente denuncias presentadas por el Sindicato de Inquilinas, CECU, FACUA Consumidores en Acción y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).

En estas quejas se presentaban testimonios de personas afectadas, aunque la empresa negó en todo momento la imposición de dichas cláusulas fraudulentas y anunció que recurriría la decisión de Consumo en los tribunales al haberse agotado la vía administrativa.

La regulación que protege a los inquilinos cuando se dan estas prácticas ilícitas es la Ley de Vivienda, que se aprobó en Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022 y fue ratificada por el Congreso en abril de 2023. Desde entonces, todas estas actuaciones que denuncian los sindicatos de inquilinos y las asociaciones de consumidores son punibles. 

La compraventa de viviendas intensificó su caída en marzo al 2,2% interanual y contabilizó 61.295 operaciones, un nuevo descenso que da lugar a un primer trimestre negativo, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge EFE.

Con este nuevo ajuste, el tercero consecutivo en lo que va de año, las transacciones de vivienda acumulan un descenso del 2,6% en el primer trimestre de 2026.

Tras crecer en 2025 un 11,5% y alcanzar las 714.237 unidades, la cifra más alta desde los máximos de 2007, la compraventa de viviendas inició el año con una caída del 5%, que siguió en febrero con un -0,5% y que continuó en marzo con un ajuste del -2,2%.

Todo ello en un contexto marcado por la escasez de viviendas disponibles para hacer frente a la demanda, lo que sigue presionando al alza los precios y dificultando el acceso, especialmente para los más jóvenes y aquellos con menos recursos.

Por tipos de vivienda, las compraventas de vivienda usada, las más numerosas del mercado al concentrar más del 78% del total, subieron en marzo un 0,2% hasta las 48.238 operaciones. De hecho, se trata de la cifra más alta en un mes de marzo desde el inicio de la serie de esta estadística, en 2007.

Por el contrario, la vivienda nueva protagonizó en marzo una caída a doble dígito, del 10,2%, hasta las 13.057 unidades, encadenando tres meses a la baja. Por régimen, la vivienda libre concentró cerca del 94% de las compraventas, un total de 57.500, el 1,6% menos que en el mismo mes de 2025.

Por su parte, la vivienda protegida sumó 3.795 transacciones, el 10,4% menos, según el INE, que obtiene estos datos a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad de todo el territorio nacional en virtud del convenio de colaboración firmado entre ambas.

En marzo la compraventa de viviendas cayó en nueve comunidades autónomas y subió en las restantes. Los mayores descensos, de doble dígito, se dieron en Cantabria (15,4%) y Euskadi (11,6%).

A continuación se situaron las caídas de Canarias (8,9%); Baleares (8,3%); o Murcia y Andalucía (6,5% en ambos casos).

Del lado de los aumentos, los más acentuados fueron los de Castilla–La Mancha (11,5%), Navarra (8,2%) y La Rioja (5,2%). 

Entre los grandes mercados, la compraventa de viviendas se redujo un 3,5% en Cataluña y un 2,5 % en Madrid.

Si se comparan los datos de marzo con los de un mes antes (febrero), la compraventa de viviendas experimenta una subida del 2,7% en tasa intertrimestral.

La vivienda nueva sigue presentando una caída, del 5,4%, comparada con los datos del mes anterior, mientras que en el caso de la vivienda usada se registra un crecimiento del 5,1%.

Por régimen, tanto la libre como la protegida aumentaron en marzo frente a febrero. En concreto, la vivienda libre lo hizo un 2,8% y la protegida el 1,2%.

Con este nuevo ajuste, la compraventa de viviendas ha descendido un 2,6% en el primer trimestre del año frente al mismo periodo de 2025.

Tanto la vivienda nueva como la usada han experimentado descensos, del 5,3% y del 1,8%, respectivamente.

La compraventa de vivienda protegida volvió a ser la que protagonizó la caída más intensa, del 6,9% entre enero y marzo.

Además, las compraventas de viviendas libres cayeron un 2,3% en el trimestre.

De todas las disonancias que hay en el mercado inmobiliario, la de los datos es una de las más llamativas. Los porcentajes y las cifras llenan informes de todo tipo que se publican casi a diario, pero paradójicamente, es un área en la que los números no están claros, ya que los registros oficiales son insuficientes. En materia de compraventas, el Portal del Notariado ofrece desde hace apenas un año la evolución de las compraventas y de los precios, pero en materia de alquiler es mucho más complicado, ya que no todas las comunidades tienen un mecanismo de depósito de fianzas y la gran mayoría no ofrece datos sobre importes o tipos de arrendadores. Grandes o pequeños tenedores, socimis, empresas, comunidades autónomas… Saber quién pone casas en alquiler y a qué precio resulta complicado y, además, alimenta relatos y propuestas de solución muy dispares. Si son pequeños propietarios, se justifica apoyar con medidas que incentiven la oferta; si son empresas o profesionales, las sugerencias van más a penalizar la especulación y topar el mercado.

En el ámbito del alquiler, el vacío estadístico es patente, pero conocer su comportamiento es clave, sobre todo para dar una estimación de la forma en la que afecta a los hogares con menos renta. Esa falta de datos fiables es algo que ha reconocido el propio Gobierno y que recientemente ha desatado una bronca entre economistas y expertos en torno a un informe publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que identificaba un porcentaje de multipropietarios de inmuebles superior al 60% del conjunto de los alquileres. La metodología y la interpretación de los datos, así como la nomenclatura, desataron en la red social X una disputa sobre relatos y conflictos de intereses. Los autores eran acusados de utilizar términos cargados como "multiarrendador" o afirmar que los pequeños caseros eran minoría. También de no desagregar los datos —creados a partir de fuentes oficiales como las estadísticas de IRPF o el Catastro— por número de posesiones. En su respuesta, los autores del estudio señalaban que utilizaban fuentes oficiales y que su elaboración no respondía a ninguna posición ideológica. Pero, más allá de las disquisiciones metodológicas entre expertos, ¿qué se necesita en España para tener datos limpios y claros?

Iván Auciello es investigador en CY Cergy París Université y especialista en vivienda. Explica a infoLibre que la clave está en crear fuentes públicas y accesibles, algo que aún está lejos de ser así. "En cuestiones como el alquiler, tenemos información de muestras, pero no del universo, es decir, faltan datos agregados", apunta. "Lo mejor que tenemos son los datos de los depósitos de alquiler, pero no están completos y tampoco están centralizados a nivel nacional", lamenta.

"Las críticas al informe del CSIC han sido, a mi modo de ver, demasiado grandes. Si bien es cierto que las definiciones y la metodología deben estar claras en este tipo de informes y podrían ser mejorables, la base de datos que han utilizado es habitual en los estudios y se ha empleado muchas veces en otros casos", valora el experto.

Algunas de las críticas que recibió el informe tenían que ver con el uso de las referencias catastrales en la contabilización de inmuebles, ya que se pueden dar duplicidades, o en denominar como "multipropietarios" sin desagregar por cortes a todas las personas con más de dos inmuebles. Aunque el debate de fondo era más político, ya que la idea que se trata de cuestionar es si realmente el perfil de persona jubilada que alquila una segunda residencia para complementar su pensión es tan habitual o el mercado está en manos de inversores y profesionales de la especulación inmobiliaria. Esto último, justificaría un tipo de política más intervencionista con el mercado, algo a lo que se opone la derecha y las inmobiliarias.

Uno de los puntos en los que suelen coincidir todas las propuestas es en la necesidad de construir más vivienda para responder al déficit acumulado tras la burbuja, a la demanda y a la creación de hogares, pero aquí terminan los consensos. Si a largo plazo esa es la solución más compartida, el problema sobre cómo atajar la escasez a corto plazo es mucho más complicado y aquí las posiciones políticas empiezan a marcarse.

El mero hecho de aumentar el parque de vivienda no es suficiente, según advierten expertos como el urbanista Gerardo Roger. "No se puede resolver el problema del acceso a la vivienda de las clases medias sin una empresa pública. Resulta que en los diez años de la burbuja se edificó y se urbanizó el doble de la demanda normal. Según esa teoría, las viviendas se tendrían que haber regalado, pero resulta que subieron más que nunca”, explicaba el experto a infoLibre.

Por un lado, los sindicatos y partidos de la izquierda como Sumar o Podemos son partidarios de una intervención del mercado con medidas como la prórroga de los alquileres que decayó en abril. A la derecha del espectro, el Partido Popular y las asociaciones inmobiliarias, se posicionan a favor de reducir la fiscalidad y respaldar a los caseros para incentivar la puesta en el mercado de las viviendas. Para unos, los multipropietarios son un problema grave, mientras que para otros, son quienes deben proveer de oferta inmediata.

La parte socialista del Gobierno no había aclarado del todo su postura en este debate, aunque la pasada semana el presidente del Ejecutivo entraba al debate planteando esta disyuntiva. “El dilema es intervenir el mercado o mirar hacia otro lado”, señaló Pedro Sánchez. Aunque por el momento, solo se ha quedado en unas declaraciones. En el otro extremo, el argumento de quienes quieren evitar topes en el mercado inmobiliario se basa, principalmente, en que afectaría negativamente a ciudadanos corrientes que alquilan una vivienda que no utilizan para sacarse un pequeño "extra".

Y en este contexto aparecen los choques y las fricciones. También los conflictos de intereses sobre quién dice qué, y los intereses que pueden motivar esa posición. Por un lado, el peso de los datos de compañías privadas sigue siendo muy relevante. Idealista, Pisos.com, Alquiler Seguro, Fotocasa y otras empresas dedicadas al sector, siguen siendo proveedores principales de información. "Son estudios que se deben tomar como estudios de lobby, que si están bien hechos son adecuados, pero todo es más sano si se referencia a datos oficiales y los conflictos de intereses quedan claros", apunta Auciello. "Nadie duda de que en el mercado laboral los datos que se deben usar son los oficiales y no los de las empresas más grandes, y en vivienda debe ocurrir lo mismo", sentencia.

Por otro lado, el carácter incompleto de los datos públicos, explica Auciello, provoca que las elaboraciones de informes a partir de muestras generen discrepancias metodológicas como la que afecta al CSIC. "En los últimos años ha habido una mejora en cuanto a la recogida de datos, pero falta un gran salto para estandarizar las bases administrativas y que se puedan usar de forma generalizada y por defecto", concluye el investigador.