Dolors Montserrat será elegida formalmente como secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE) en el congreso que celebrará a finales de abril en València —el mismo que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, trató de cambiar de cambiar a Madrid o alrededores para escapar del presidente valenciano Carlos Mazón—. La propuesta nace del actual presidente del grupo, el alemán Manfred Weber, el gran favorito para repetir en el cargo ya que, por el momento, no hay ningún otro candidato alternativo. Y no por falta de enemigos. La división de la familia conservadora entre los que no se oponen a pactar con la extrema derecha, con los españoles e italianos a la cabeza, y los que sí, con los alemanes, franceses y polacos en ese grupo, obligan a Weber a tejer alianzas. Y a Feijóo a posicionarse en el grupo de los 'duros' si en el futuro quiere ser presidente del Gobierno español, porque necesitará a Vox.

La elección de Montserrat se debe a esa búsqueda de apoyos de Weber que, de paso, se garantiza el respaldo de Génova al situar a una de sus dirigentes en un puesto de responsabilidad. El actual líder del PPE la describió como un "símbolo" de una generación de políticos "más modernos" y aplaudió los resultados que obtuvo como candidata del PP en las elecciones europeas. “Sabe cómo hacer campaña y queremos ser un equipo", dijo. No es la primera española en ocupar el cargo, el eurodiputado Antonio López-Istúriz fue secretario general durante dos décadas, entre 2002 y 2022. Después, Weber optó por el griego, Thanasis Bakolas en un momento en el que el PP griego volvió con fuerza al Parlamento Europeo.

El ascenso de Montserrat a la secretaría general del PPE implicará su salida de la portavocía del PP en Bruselas, tras dos legislaturas en Bruselas, como confirmó Feijóo. A la cabeza de las quinielas para sustituirla se sitúa el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, pese a que en los últimos meses ha ido perdiendo influencia en el núcleo duro del líder del PP. Sus críticas al presidente norteamericano, Donald Trump, generaron incomodidad en Génova, que desde el inicio de la crisis desatada por la administración Trump ha tratado de mantener un equilibrio para no soliviantar a los republicanos, que han elegido al líder de Vox, Santiago Abascal, como su alumno aventajado en España.

La que no se ha desviado de la línea marcada por Génova ha sido Montserrat, que desde que llegó a Bruselas ha sido el ariete de la política del PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante las instituciones europeas. Una ofensiva, iniciada por Pablo Casado y seguida por Feijóo, que sin embargo no ha dado los frutos deseados. Tras el resultado de las elecciones europeas del pasado junio, los conservadores confiaban en ejercer mayor influencia a nivel comunitario y continuar su estrategia de desgaste contra el Gobierno central también desde una tercera Cámara, la del Parlamento Europeo. Una estrategia en la que han contado con Weber como aliado, aunque no ha podido aguantarle el pulso a Ursula Von der Leyen.

Una estrategia que ya comenzó con Casado. En pleno pico de la primera ola de la pandemia, con toda España confinada, Montserrat denunció ante la UE que en nuestro país se perseguían las críticas al Gobierno por su gestión sobre el coronavirus basándose en la declaración en rueda de prensa del general de la Guardia Civil José Manuel Santiago —que él mismo precisó al día siguiente— en la que aseguró que se estaban monitorizando las críticas al Ejecutivo cuando en realidad se refería a la desinformación. En junio de ese mismo año escribió a la Comisión acusando a España de falsear las cifras de fallecidos por covid-19, aunque las facilitaban las comunidades autónomas —también las del PP— aplicaban los mismos criterios. Esa misma legislatura acusó al entonces vicepresidente Pablo Iglesias y al portavoz parlamentario de Podemos Pablo Echenique de amenazar a varios medios de comunicación y a periodistas "por haber informado", según ella, "de la evolución" del caso Dina.

Poco después Montserrat envió una carta al entonces comisario de Justicia de la Unión, Didier Reynders, en la que cuestionaba ampliamente el estado de derecho en España. También acusaba al Gobierno de cometer abusos legislativos y de intentar “neutralizar” el Congreso de los Diputados y “controlar” el trabajo de los tribunales, así como de “abusar de los medios públicos” para hacer "propaganda". Aquella denuncia, que reflejaba poco menos que la conversión de España de democracia plena en una especie de estado totalitario, no tuvo ningún recorrido ni dio lugar a ninguna actuación por parte de la Comisión Europea, como sucedió también con la amnistía, los fondos europeos o más recientemente el Fiscal General.

Con todo, el principal trabajo de Monserrat se canalizó a través de su comisión estrella, la de peticiones, que presidió durante la pasada legislatura y de la que actualmente es vicepresidenta. Su utilización en favor del PP y de los asuntos relacionados con la política española fue tan recurrente que que eurodiputados del grupo de los Socialistas, Verdes y de la Izquierda llegaron a denunciar ante la dirección de la Eurocámara su "uso partidista". "Con su actitud, la presidenta ha convertido la Comisión de Peticiones en una especia de cuadrilátero de boxeo para ejercer oposición política en España", señalaba la carta firmada por más de una treintena de eurodiputados. "A pesar de que los ciudadanos españoles no son los que contribuyen más a la comisión, desde el inicio de la actual legislatura alrededor de una de cada cinco peticiones discutidas son españolas", añadían.

En octubre de 2022, esa misma Comisión de Peticiones acordó enviar una misión para estudiar si se cumplía la obligación legal del que el 25% de la educación fuera en castellano. La misión se celebró pero las fuerzas progresistas plantaron la misión al considerar que era una utilización por parte de la derecha. El viaje, sin embargo, sirvió a los grupos de los que forman parte PP y Vox para arremeter contra el modelo lingüístico catalán. Otras de las visitas que impulsó Montserrat, con la connivencia de su partido fue en el País Vasco para evaluar la situación de las víctimas de ETA y los casos de asesinato de la banda terrorista sin resolver o la visita las Islas Baleares, entonces gobernada por la socialista y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, a petición de Nuevas Generaciones del PP, para investigar los "presuntos malos tratos a menores en el sistema de tutela infantil en Mallorca".

La elección de Weber en el Congreso será clave para el futuro del PPE. El alemán fue el candidato popular a las elecciones europeas de 2019 y debía ser el presidente de la Comisión Europea, pero no pasó el corte, ya que ni sus propios compañeros le veían ni talla política ni experiencia. No había sido ni ministro cuando los últimos presidentes de la Comisión Europea habían sido antes al menos jefes de Gobierno. El nombre de Weber no duró nada en la lista y el francés Emmanuel Macron, para convencer a la entonces canciller alemana Angela Merkel, se sacó de la chistera el nombre de la entonces ministra de Defensa germana Úrsula Von der Leyen. Weber quedó donde estaba, de portavoz parlamentario conservador.

Su ascenso a líder de los conservadores europeos empezó a cambiar la negativa del presidente polaco, Donald Tusk, a cualquier acercamiento a la extrema derecha. Weber prefiere esos pactos antes que permitir que la izquierda gobierne. Una política que acepta para Italia, Suecia o España pero no para su Alemania natal, donde su partido mantiene un férreo cordón sanitario contra la extrema derecha de AfD. Los conservadores alemanes, belgas, holandeses, luxemburgueses y daneses también rechazan esos pactos. Aunque actualmente el PPE tiene apenas el 26% de los eurodiputados, Weber sabe que puede forjar la mayoría europeísta de siempre o una con los grupos de ultraderecha.

La formación de Feijóo le ha declarado lealtad en varios momentos y Weber se lo ha correspondido, consciente de que el PP español es un aliado clave para el futuro, especialmente si logran gobernar en los próximos años. Uno de esos favores, que le acabó costando caro y no sirvió finalmente para nada, fue a instancias de poner en jaque el funcionamiento de las instituciones de la UE. Los conservadores lograron frenar la elección de la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, como vicepresidenta de la Comisión. El PP no hubiera podido hacerlo, ya que son 22 de 188 eurodiputados del PPE, sin la ayuda de Manfred Weber. El bávaro vio una oportunidad para debilitar a su compatriota y compañera de partido Von der Leyen. Pero esa no era la razón principal. Vio sobre todo el momento para forzar a socialistas y liberales a tragarse sus alianzas con la extrema derecha.

Cuando anunció su candidatura para presidir el Partido Popular hace ahora tres años, Alberto Núñez Feijóo aseguró que él "no venía a insultar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino a "ganarle en las urnas". No consiguió lo segundo por la falta de alianzas —pese a ser la primera fuerza en las generales de hace dos años— pero tampoco lo primero, ya que tanto él como otros miembros de su dirección llevan tiempos instalados en el insulto contra el presidente del Ejecutivo, del que han llegado a cuestionar su legitimidad. Para muestra, la reunión interparlamentaria celebrada este pasado fin de semana en Sevilla, en la que Feijóo y su círculo más próximo se dirigieron a Sánchez como "pequeño dictador, "déspota", "autócrata" o "activo tóxico", entre otros.

En su discurso del domingo, el jefe de la oposición cargó contra el "despotismo sanchista" del socialista por no presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Todo para Sánchez, pero sin el pueblo", dijo, calificando la posibilidad de prorrogar las cuentas como una decisión propia de "repúblicas bananeras" obviando que actualmente hay varias autonomías presididas por el PP cuya mayoría depende de Vox con las cuentas prorrogadas como Murcia, Aragón, Extremadura, Baleares y Castilla y León. "No es posible seguir con la decadencia democrática del estado de derecho, de las libertades y de la dignidad de una nación", afirmó.

Más allá fue su número dos, Cuca Gamarra, que equiparó al presidente del Gobierno, democráticamente elegido, con un "pequeño dictador": "Deje de actuar como un pequeño dictador y empiece a respetar los contrapoderes y la voluntad de la mayoría", dijo en el discurso de apertura del evento, en el que también denunció que la democracia española está "en peligro" por la dependencia del Gobierno de las "minorías" representadas en el Congreso. Así, concluyó que Sánchez "pisotea" el Estado de derecho y "huye" del Parlamento: "Frente a este deterioro democrático, esta corrupción y degradación, el PP es la solución", señaló

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, que intervino en una de las mesas redondas organizadas también ese sábado, siguió esa misma línea y acusó al presidente del Gobierno de querer "impedir la alternancia política" y de "desertar del constitucionalismo": "Nunca antes en España había gobernado el que había perdido las elecciones", dijo, obviando que España es un sistema parlamentario y no presidencialista. Además, también afirmó que Sánchez es un "elemento tóxico" porque lo "contamina absolutamente todo"

En esa misma mesa intervino también la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, que definió a Sánchez como un "autócrata" sin credibilidad en la Unión Europea al que sus colegas han "calado", pese a que es el principal referente de la socialdemocracia en la actualidad. Montserrat le presentó como un político "sin escrúpulos", que "miente sin pestañear y desprecia el control institucional", "no respeta la separación de poderes" y que "convierte a la Fiscalía General en un brazo político y a la prensa en enemiga".

Una serie de apelativos que contrastan con lo que decía Feijóo a su llegada a Madrid sobre los insultos: "Son la ausencia de razones, y a mí no me gusta practicarlos" —afirmaba en una entrevista en El Mundo—, pero que no son una novedad en el PP, ya que en este último año Feijóo ha equiparado en varias ocasiones al presidente del Gobierno con el dictador Francisco Franco y se llegó a referir a él como un "caudillo" en su propio partido. Sobre Sánchez también ha llegado a afirmar que tiene "dosis de narcisismo impropias de una persona madura" y que le sobra "soberbia y arrogancia": "Hoy han podido ver todos los españoles, lo faltón, lo chulesco, lo desencajado y lo desorientado que está", afirmó en el reciente debate sobre el aumento del gasto en defensa.

En ese debate Feijóo apeló a firmar un pacto de Estado sobre el presupuesto militar que, precisamente, el PP ha enfriado en la interparlamentaria celebrada en Sevilla. Aunque hace tres años el conservador se presentó como un político dispuesto a alcanzar pactos de Estado con el Gobierno de Sánchez, decidido a "sacar la política española del enfrentamiento" y convencido de que no iba a participar del "entretenimiento infantil", ha liderado una oposición sin tregua a Sánchez en todos los frentes con escasos acuerdos con el Ejecutivo más allá de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a instancias de la Comisión Europea, y la del Tribunal Constitucional (TC), un órgano al que ahora acusa de estar al servicio de Sánchez, el consejo de administración de RTVE, la reforma del artículo 49 de la Constitución y la ley para los enfermos de ELA.

La llamada a la negociación de pactos de Estado ha sido una constante de los últimos años, especialmente sobre aquellas materias de especial relevancia para las dos fuerzas que tradicionalmente han dominado la política española durante 40 años. La excusa siempre es la misma: asuntos que se quieren sacar del debate ideológico porque, teóricamente, deben permanecer al margen del cambio de orientación del Gobierno.

Tras las elecciones del 23J ofreció seis de estos pactos de Estado —y un acuerdo imposible a Sánchez en que el PSOE debía apoyarle a cambio de dejarle gobernar durante dos años para después convocar elecciones— sobre regeneración democrática, Estado de Bienestar, saneamiento económico, por las familias, un pacto nacional del agua y un acuerdo el clave territorial. En esta legislatura ha demostrado que la forma que tiene el líder del PP de entender los pactos de Estado es firmarlos con sus propias condiciones, pero cuando es La Moncloa quien plantea la necesidad de esos acuerdos, Feijóo se echa atrás. Bajo su liderazgo, únicamente se ha reeditado el pacto contra la violencia machista, pero no se ha alcanzado ningún otro gran acuerdo.

Los pactos de Estado con participación de la izquierda y la derecha han sido muy escasos en los cuarenta años de democracia. Contando los de la Moncloa de 1977 solo ha habido ocho, de los cuales dos son ampliaciones de acuerdos ya vigentes: el Pacto Autonómico de 1981 —reeditado en 1992—, el Pacto de Toledo de 1995, el Pacto Antiterrorista de 2000 —ampliado en 2016 para incluir el fenómeno yihadista— y el pacto contra la Violencia de Género de 2016. La mayoría de ellos se cerraron con la derecha en el gobierno y la izquierda en la oposición. Solo en dos ocasiones el PP llegó a firmar pactos de Estado con el PSOE en el Gobierno: el segundo Pacto Autonómico de 1992, con Felipe González en la Presidencia, y el Pacto de Toledo, firmado en 1995 también con González en La Moncloa. Ninguno con Rodríguez Zapatero ni con Sánchez.

El último, a propósito de la violencia machista, hizo posible que en noviembre de 2015, durante el mandato de Mariano Rajoy como presidente y con el PSOE gobernando por una gestora —Sánchez había dimitido bajo la presión de la vieja guardia del partido apenas unos días antes—, España se dotase de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que, con el paso del tiempo, se ha convertido en la piedra angular de la lucha contra los asesinatos machistas en España. Hace apenas un mes se renovó con el visto bueno de todas las formaciones a excepción de Vox, en línea con sus tesis negacionistas sobre la violencia contra las mujeres.

Hay uno de esos pactos, promovido por el Gobierno de José María Aznar en 1998, que el PP abandonó en 2021. Se trata del Pacto de Estado contra el transfuguismo, que se amplió en 2020 para extenderlo de las corporaciones locales a los ámbitos estatal y autonómico, también con el visto bueno de los conservadores. Un año después, sin embargo, el PP lo incumplió tras el intento de moción de censura en Murcia que su presidente, Fernando López Miras, impidió precisamente cooptando a miembros de otros partidos a los que acabó colocando en su Gobierno. La comisión de seguimiento del pacto tildó de “tránsfugas” a los exmiembros de Ciudadanos que cambiaron de caballo después de haber firmado dicha moción. El PP trató de hacer lo mismo en la votación de la reforma laboral con los dos diputados de UPN, pero la equivocación del diputado Alberto Casero les llevó a aprobar la normativa con un solo voto de diferencia.

La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, afirmó este domingo que "no hay posibilidad alguna" de que el PP apoye la nueva Comisión Europea si la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, forma parte del gabinete elegido por la presidenta Ursula von der Leyen para un segundo mandato, según informa EFE.

"No hay posibilidad alguna de que el Partido Popular apoye a un gobierno comunitario en el que esté Teresa Ribera después de todo lo sucedido en estas dos semanas" tras las inundaciones en España, señaló Montserrat en un mensaje en vídeo en redes sociales. 

La dirigente popular planteó dos opciones para desbloquear la situación: que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, proponga "a otro candidato a comisario" o bien el PP pedirá que "se someta su idoneidad a votación secreta por parte de los diputados integrantes en las comisiones parlamentarias que examinan a Teresa Ribera en el Parlamento Europeo".

"Veremos si los eurodiputados quieren apadrinar con su voto a una vicepresidenta que tiene un problema de gestión y responsabilidad pública en el que 220 europeos han perdido su vida en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha", manifestó Montserrat.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya pidió el jueves pasado en el Congreso de los Diputados que el Gobierno retirase la candidatura de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para el cargo de vicepresidenta primera de la Comisión Europea y propusiera a "otra persona que concite el apoyo de la sociedad española". 

El PP atribuye a Ribera la responsabilidad de la tragedia de la dana en Valencia y exige al Gobierno un nuevo candidato, aunque desde el PPE no manejan aún el extremo de pedir otro nombre y plantean de momento dos condiciones: que Ribera acuda al Congreso a dar explicaciones -algo que está previsto la próxima semana- y que se comprometa a dimitir si se le abre un juicio oral a cuenta de su gestión de la dana. 

Ribera, designada como vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, defendió el pasado martes su labor en la gestión de la dana durante una bronca audiencia parlamentaria en la Eurocámara marcada por las maniobras previas del PP para convencer al Partido Popular Europeo (PPE) de rechazar a la candidata española.

El pulso del PP, respaldado por su grupo del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, ha bloqueado la necesaria luz verde a los seis nuevos vicepresidentes de la Comisión Europea y al comisario húngaro designado, una decisión secuestrada por los vetos cruzados de los populares a Ribera, por un lado, y de los socialistas al vicepresidente italiano, Raffaelle Fitto, y al comisario húngaro, Olivér Várhelyi, por el otro.

Esta situación inédita pone en peligro la coalición de las familias políticas proeuropeas que ha sostenido a la Unión Europea durante décadas, y afronta una de las semanas más delicadas de su historia ante el desencuentro de populares y socialdemócratas. 

Lo que suceda en los próximos cinco días en Bruselas será clave para determinar si el Parlamento Europeo puede celebrar el miércoles 27 el voto de aprobación del nuevo Ejecutivo en su conjunto para que éste pueda empezar mandato el 1 de diciembre y, desde un prisma más amplio, para la supervivencia de la coalición.

El Partido Popular ve al socialista Salvador Illa como el president con la "agenda más independentista de todos los presidentes de la Generalitat de la democracia", por delante de los expresidents Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonés, abiertamente independentistas. Así lo aseguró este lunes la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Monsterrat, en rueda de prensa desde Génova. "El PSOE se ha convertido en el nuevo partido independentista de Cataluña e Illa será el nuevo president independentista de Cataluña", sostuvo.

La formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo se instala así en la hipérbole y ya adelanta que Illa busca "crear un Estado nuevo" de la mano del partido socialista. "El acuerdo entre ERC y el PSC lleva a Cataluña hacia un referéndum y la independencia. El proces renace, les han dado una infame ley de amnistía, los indultos, la desaparición del Código Penal del delito de sedición y, ahora, no tenían suficiente y van más allá y les entregan la independencia fiscal", concuyó.

Montserrat da un paso más en la estrategia de Feijóo tras el resultado de las catalanas, unos comicios en los que los conservadores obtuvieron 15 escaños. En una reunión del comité Ejecutivo nacional celebrada en el mes de mayo el líder del PP aseguró que el procés no había muerto porque "el sanchismo" lo necesitaba para "subsistir en Moncloa" pese a que su candidato en Cataluña, Alejandro Fernández, había asegurado minutos antes que el veredicto de las urnas era "inapelable” y que los catalanes habían trasladado el mensaje de que "el procés se acabó".

A eso se le suma que los dirigentes de Génova llevan dos meses profetizando, sin ninguna prueba que lo sustente como se ha comprobado ahora, que Sánchez iba a sacrificar a Salvador Illa para hacer president a Carlos Puigdemont, el candidato de Junts. En el PP argumentaban que el presidente del Gobierno iba a ceder con tal de seguir contando con el respaldo de Junts en el Congreso. Ahora, sin embargo, argumentan que los socialistas han cedido ante Esquerra Republicana con la intención de que "los independentistas creen nuevas estructuras de Estado".

Tras el 'sí' de las bases de ERC a la investidura del socialista, Salvador Illa acaricia ya el Palau de la Generalitat al tener teóricamente asegurados los 68 diputados que dan la mayoría absoluta. No obstante, como es habitual en la política catalana, siempre hay una puerta abierta para la intriga: las Joventuts de ERC se pronuncian este lunes sobre el voto de su diputada en el Parlament, aunque la dirección cree que habrá un pacto y se respetará el resultado.

Ante la posibilidad de que la diputada de las juventudes de ERC, Mar Besses, vote en contra o se abstenga —lo que impediría la elección de Illa— en la investidura del candidato del PSC, el PP descarta abstenerse para que el socialista logre la presidencia de la Generalitat. "En el PP no vamos a defraudar a nuestros votantes ni al resto de catalanes que no nos han votado. El PP es un partido previsible", afirmó ante las preguntas de la prensa.

En privado, fuentes de la dirección popular confirman que prefieren una nueva convocatoria electoral, pese a al riesgo de que gane el independentismo, a contribuir a que Illa llegue a la presidencia de la Generalitat porque, insisten, "es un dirigente independentista". Además, también adelantan que el PP llevará al Tribunal Constitucional el concierto catalán si finalmente se aprueba, aunque dudan de que llegue a término por los recelos de dirigentes de Sumar y el PSOE.

Es la candidata del Partido Popular a las europeas, pero no está siendo la protagonista de su campaña. No intervino en el mitin-manifestación del pasado domingo en Madrid, su nombre apenas resuena en los actos y no ha coincidido mucho con Alberto Núñez Feijóo desde que comenzó la campaña, ya que ambos cuentan con su propia caravana electoral. Su elección fue una apuesta de Génova por la continuidad, ya que repite como cabeza de cartel, y después de que Feijóo amagara con un fichaje externo que finalmente no se produjo.

Aunque el PP le ha dado máxima importancia a estos comicios al plantearlos como un plebiscito contra Sánchez con el lema "ahora o nunca" por bandera, no se la ha dado en la misma medida a Montserrat. Prueba de ello es que el pasado domingo se quedó sin intervenir en la manifestación contra la amnistía que contó con la presencia de todos los líderes autonómicos y de los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar. Génova trabajó intensamente en la preparación del mitin-acto, desplazando a autobuses con simpatizantes de diferentes localidades españolas.

Un acto en el que Montserrat no tomó la palabra en ningún momento, pero que sí contó con discursos del propio Feijóo, de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, del alcalde de la capital José Luis Rodríguez Almeida, del filósofo Fernando Savater —que cierra la lista— e incluso de la candidata de la oposición venezolana, María Corina Machado, a través de un mensaje de vídeo. Feijóo, en una entrevista al día siguiente en Onda Cero, justificó la ausencia de su candidata en que ya eran "cinco para hablar" aunque reconoció que quizá no fue la decisión más acertada. Por su parte, la cabeza de cartel del PP le restó importancia: "No somos un partido personalista", dijo.

Con la campaña ya en marcha, ambos únicamente han coincidido en el acto de pegada de carteles del pasado jueves y en el citado acto-manifestación del domingo en Madrid. Coincidirán también el sábado en la Romería O Pino (A Coruña) donde les acompañará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Previamente, la candidata del Partido Popular Europeo (PPE) viajará a Santiago de Compostela para mantener un encuentro con Feijóo. Una cita que el líder del PP quiere aprovechar para arrancar su apoyo en la cruzada europea contra la amnistía.

La mente tras la campaña del PP es la de Esteban González Pons, que también se perfilaba como uno de los favoritos para liderar la lista, pero al que Feijóo acabó situando como director de campaña. Aunque desde el PP inciden en la relevancia que va a tener el resultado del 9J en el futuro de la Unión Europea, Feijóo elude los debates clave como la alianza con la ultraderecha y prefiere hablar de la amnistía o de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Tampoco le ha dedicado apenas espacio a la guerra en Ucrania y ha pasado de puntillas por la de Palestina, acusando al Ejecutivo de electoralismo por aprobar el reconocimiento esta misma semana.

El debate nacional lo impregna todo, hasta el punto de que el lema escogido por el PP interpela directamente a Pedro Sánchez y no a su candidata Teresa Ribera, a la que no mencionan. Génova vincula el 9J a la "reflexión" de Pedro Sánchez sobre su continuidad. “Queremos que vayan a las urnas y le digan a Sánchez lo que piensan de él. Que le digan a Europa lo que piensan del Gobierno español”, afirmó González Pons en la presentación de la campaña. "No habrá otra oportunidad hasta las próximas elecciones generales", llegó a señalar.

Además del 'caso Gómez', el PP está tratando de hacer girar la campaña en torno a la amnistía y la investidura de Carles Puigdemont, una estrategia no muy distinta de lo que hizo el PP hace cinco años, en la campaña de 2019, con Pablo Casado a los mandos de la calle Génova. Entonces, también con Dolors Montserrat como cabeza de cartel, el mensaje del Casado era: “Sánchez quiere volver a pactar con Torra y con Junqueras”. Y eso era algo que lo incapacitaba, decía, para seguir siendo presidente del Gobierno, de manera que, en las europeas, no habría "nada más patriótico en España que echar a Sánchez”.

Del mismo modo que ahora el PP sostiene sin pruebas que el PSOE hará presidente a Puigdemont, consciente de que podrá sostener esa afirmación durante toda la campaña de las europeas porque, cuando se desvele el resultado, ya habrá tenido lugar la votación. Feijóo lleva años insistiendo que Sánchez tiene acuerdos "secretos" con "los herederos de ETA”. Y sugiriendo que debe su investidura a la organización terrorista con lemas como el ya célebre. "Que te vote Txapote", que ha encolerizado a las víctimas de la violencia.

Tras el resultado del 23J, que llevó al PP a ser primera fuerza pero dejó sin posibilidades a Feijóo de llegar a la Moncloa, los conservadores plantean los comicios del 9 como una suerte de revancha. Sin embargo, en los últimos días desde el entorno del líder del PP han rebajado las expectativas sobre su resultado y, sobre todo, el del PSOE. En Génova asumen que el PSOE aguantará mejor de lo esperado y lo atribuyen a que se beneficiará de la caída de Sumar y de sus socios parlamentarios del Gobierno, por lo que piden mirar la imagen del 9 por bloques.

En su primer acto formal de campaña, sin Montserrat al lado, Feijóo arremetió contra la deuda que, su juicio, van a generar los fondos europeos. "Hay algunos políticos que vienen aquí que dicen que han conseguido los Next Generation. No, no, lo que has conseguido es endeudar a los europeos en 750.000 millones de euros", afirmó desde un mitin en Alicante.

"Cuando viene un político a decir que ha conseguido [fondos] preguntad de dónde [los] ha sacado. Probablemente de que ha incrementado la deuda. Ese no es un buen político", prosiguió, cuestionando por primera vez no solo la gestión de los fondos por parte del Gobierno, sino el hecho de que se dieran en un primer lugar pese a que fue pactado por los Veintisiete tras la propuesta de la Comisión Europea, liderada por Von der Layen. En esa línea, reclamó "más competitividad, menos burocracia y más fondos europeos y gestionados de forma eficiente".

Las palabras de Feijóo contrastan con las de Montserrat, que en un debate con Ribera en La Sexta atribuyó a la familia del PP europeo. "Que los fondos hayan llegado a España es gracias a la fuerza e iniciativa del PP en Europa", afirmó. Para el líder del PP, sin embargo, "no podemos entregar a los funcionarios de la Unión Europea nuestro futuro". Un discurso euroescéptico en consonancia con el de la extrema derecha.

La candidata del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, ha defendido ante la candidata del PP en las elecciones europeas, Dolors Montserrat, la diplomacia de Pedro Sánchez mientras que la conservadora ha criticado que el Gobierno español haya roto la unidad europea con el reconocimiento del Estado de Palestina, reprochando además que el PSOE entregara la gobernabilidad de España a "un prófugo de la justicia", en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont, que "tiene vínculos" con Putin, el "mayor enemigo de Europa" y que está siendo investigado por el Parlamento europeo.

En el marco del debate cara a cara organizado por La Sexta antes de las elecciones europeas, Montserrat, que también ha afeado los "bulos" del presidente Sánchez, cuando negaba la amnistía o sus pactos con independentistas, ha lamentado que el Ejecutivo haya roto los consensos en política internacional en el Parlamento español, a la vez que ha asegurado que el PSOE ha roto la unidad de los 27 con el reconocimiento de Palestina, en contraposición al consenso que hubo en Europa para apoyar a Ucrania frente a la guerra de Rusia.

"Lo han hecho solitos, una iniciativa individual en campaña electoral para tapar la amnistía, que rompe la igualdad de los españoles, y para tapar la corrupción del Gobierno de Sánchez", ha recriminado la candidata popular, una declaración que ha sido rebatida por la candidata socialista, quien la ha acusado de activar "la máquina del fango, bulos, mentiras y juego sucio" que ejecutan desde que el PP no consiguió gobernar tras las elecciones del 23J.

En este sentido, Ribera ha contrapuesto la posición de Montserrat al defender el liderazgo de Sánchez para defender "los valores, la libertad y la carta de Naciones Unidas". Así, ha interpelado a la dirigente del PP a que conteste si hay violación de Derechos Humanos en Gaza. "La única aparición internacional de un gobierno del Partido Popular en los últimos años es esa foto de las Azores del señor Aznar", ha indicado, en referencia a la instantánea del expresidente 'popular' junto al exmandatario estadounidense, George Bush y el ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair.

Por otra parte, Ribera ha criticado al PP por decir que el Gobierno español ha sobreactuado con una reacción "electoralista" tras las palabras del presidente argentino, Javier Milei, en el acto de Vox en Madrid, recordando que el PSOE apoyó a Mariano Rajoy en 2016 cuando llamó a consultas al embajador en Caracas tras los insultos de Nicolás Maduro o que Zapatero defendió Aznar ante Hugo Chávez. "Se les pide que defiendan la legalidad y el honor de las instituciones españolas", ha defendido Ribera algo que, según ha dicho, el PP no "está acostumbrado" porque solo "mezcla, insulta y acusa sin fundamentos".

Los pactos han sido uno de los puntos que más han encendido el cara a cara siendo de hecho la primera pregunta formulada en el debate a la candidata conservadora, que ha sido preguntada precisamente sobre el aumento que dan las encuestas de un "avance de la ultraderecha" y cuál será la relación con estos partidos en el Parlamento, a lo que Montserrat ha deslizado que el PP es un partido "europeísta, reformista" y que "gobierna desde la centralidad".

Por su parte, Ribera, ante esta respuesta, ha incidido en la cuestión a su rival formulándole si la "derecha va a seguir rindiéndose ante la ultraderecha". Al hilo, ha asegurado que el crecimiento de las derechas en Europa no supondrán un plebiscito para Pedro Sánchez aunque sí sobre Europa. "¿Queremos más Europa o vamos a mirar para atrás (...)? Hemos roto ese modelo tradicional, ese mantra liberal de que era imposible construir más economía, conseguir más empleos, sobre la base de una agenda social más justa o sobre la base de una agenda verde, así que eso es lo que necesitamos. Más Europa", ha reivindicado.

Posteriormente, la ley de amnistía y los pactos con Junts también se han colado en el debate. Para Montserrat, "lo más radical que hay en Europa" es que Sánchez "haya entregado la gobernabilidad" a un "prófugo de la justicia" que tiene "conexiones con Putin", el "mayor enemigo de Europa". "Eso es la radicalidad", ha insistido, para recordar después que el Parlamento europeo acordó investigar las conexiones del independentismo catalán con el Kremlin.

Ribera también ha expresado la necesidad de no ser "equidistante" con el auge de la extrema derecha ni con los negacionistas del cambio climático o la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. "Hay que defender la democracia. No vale jugar con las palabras, no vale jugar con esos bulos que acaban generando fango alrededor", ha señalado la vicepresidenta, que también ha planteado a Dolors Montserrat una declaración conjunta a nivel europeo para frenar los extremismos y que, según Ribera, el PP no ha respaldado todavía.

Por contra, Montserrat ha insistido en que "lo primero" que hay que hacer en Europa es que "no se normalice que el Gobierno haya entregado la gobernabilidad de España por siete votos a un prófugo de la justicia", en una investidura que se pactó "fuera" de la UE, "entregando" la igualdad de los españoles y "dando privilegios a pocos". Además, ha denunciado la reforma del Código Penal español que "está reduciendo el delito de corrupción" cuando en Europa, a su juicio, se pide "ampliar y aumentar las penas". "Frente a los populistas y populismos, lo que tenemos que hacer es defender los principios firmes y soluciones reales", ha zanjado.

La economía también ha sido otro punto central del cara a cara. La candidata del PSOE ha apostado por exportar el modelo económico de España a Europa apostando por una economía moderna y competitiva, mientras que la cabeza de lista del PP le ha rebatido su "actitud triunfalista y fuera de la realidad". "Nuestra propuesta para Europa es lo que estamos haciendo aquí. Construir una economía que funcione, empleos para todos y de calidad", ha explicado Ribera durante su intervención en el bloque de economía.

En su turno de réplica, la candidata popular le ha recriminado su actitud "triunfalista" y ha expuesto que uno de cada cuatro jóvenes carece de empleo, que la cesta de la compra se ha "disparado un 30 por ciento" y que los jóvenes "se han empobrecido un 25 por ciento". Dicho esto, ha citado algunas de las propuestas y "soluciones reales" que recoge el programa electoral del PP como la exención del pago de impuestos para los jóvenes durante los primeros cuatro años de su vida laboral. Además, ha trasladado una pregunta a su rival política cuestionando si van a bajar el IVA de la carne, el pescado o las conservas.

A estas afirmaciones ha contestado la vicepresidenta tercera recriminando que "se nota cuando hay elecciones" porque el PP "anuncia bajada de impuestos", algo que, a su juicio, "no es la solución" y "genera confusión". "Están acostumbrados en fijarse en aquello que puede hacer daño", ha apostillado.

Por su parte, Montserrat ha negado este hecho asegurando que "siempre" se van a alegrar de los "buenos datos" de España, si bien ha rebatido a Ribera que si "todo va tan bien, ¿por qué uno de cada cuatro jóvenes no tiene empleo; por qué sube la cesta?", ha preguntando, mostrando un gráfico al alza sobre el empobrecimiento de las familias españolas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confiado en la exministra de Sanidad y actual eurodiputada Dolors Montserrat para encabezar de nuevo la lista del PP a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio, según ha anunciado el líder del PP en un acto en Figueres (Girona), según recoge Europa Press.

En los comicios de 2019, el entonces presidente del PP, Pablo Casado, eligió a Montserrat como cabeza de lista en las europeas y cinco años después Feijóo ha decidido que sea de nuevo ella la número uno de la candidatura del PP. El 9 de junio se medirá con la socialista Teresa Ribera, vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre otros candidatos.

Entre las nuevas incorporaciones figuran la de la almeriense Carmen Crespo, exalcaldesa de Adra, hasta ahora consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en el Gobierno de Juanma Moreno y antes delegada del Gobierno en Andalucía; y Alma Ezcurra, diputada en la Asamblea de Madrid y coordinadora general de la Fundación Reformismo XXI.

Ambas han relegado a la cuarta posición a González Pons, actual vicesecretario de Institucional del PP y jefe de campaña de las europeas, que hace cinco años fue como número dos de la lista, por detrás de Montserrat.

Otro de los fichajes es el ex secretario general de Ciudadanos Adrián Vázquez, que irá en el puesto 10. De esa lista formarán parte también otras dos eurodiputadas de Cs, Susana Solís (es la número 15) y Eva Poptcheva (número 23).

También es novedad el fichaje del economista Fernando Navarrete, hasta ahora director de gabinete del gobernador del Banco de España, que irá de cinco en la candidatura; Raúl de la Hoz, portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, que ocupará el puesto 12; o Borja Giménez Larraz, hijo del expresidente del PP aragonés Manuel Giménez Abad, asesinado por la banda terrorista ETA en 2001 y que figura en el número 19.

Algunos cargos ocuparán ahora una posición peor que en 2019, como el navarro-mallorquín López-Isturiz, que fue de número 3 hace cinco años y ahora va en el puesto 17; la exministra Pilar del Castillo, que pasa del 5 al 9; la madrileña Isabel Benjumea, del 10 al 18; el andaluz Juan Ignacio Zoido, del 4 al 14; o el madrileño Pablo Arias, del 11 al 16. Otros se mantienen más en la misma posición, como el vasco Javier Zarzalejos (número 6) o Francisco Millán (8).

Escalan a un mejor puesto la balear Rosa Estarás, que ahora va de 7 y fue hace cinco años de 9. De la lista se caen dirigentes como el octogenario José Manuel García Margallo, exministro de Exteriores, o Leopoldo López, padre del opositor venezolano.

Asimismo, el filósofo y fundador de Basta ya, Fernando Savater, cerrará la candidatura del PP para las elecciones europeas. "Es una voz autorizada y con una biografía comprometida en la defensa de los valores democráticos", dijo Feijóo hace unos días.

El propio Feijóo ha anunciado este lunes en un acto en Figueres (Girona) que Montserrat repetirá como candidata y ha dicho que es un "honor" y un "aval" para su partido que la exministra de Sanidad Dolors Montserrat –"catalana hasta la médula"– sea la cabeza de lista, después de haber "desvelado" en Bruselas estos últimos cinco años "las mentiras" del separatismo y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El PP ha señalado que con esta candidatura busca apuntalar algunas materias de ámbito comunitario como son el Estado de derecho, la agricultura, ganadería, pesca, la economía y la política internacional.

Además, ha asegurado que han elaborado una candidatura para seguir en la defensa del Estado de derecho español en el marco de las instituciones europeas, así como en el respaldo a los intereses españoles en las grandes negociaciones en la UE, que tan importantes son para los sectores profesionales estratégicos, según ha informado el partido en un comunicado.

El PP aspira a subir al menos media docena de escaños en las elecciones europeas del próximo año, recuperando sobre todo voto que apostó por Ciudadanos en los comicios de 2019. Su objetivo es volver a ser la primera fuerza en España en esta cita con las urnas, un puesto que le arrebató el PSOE hace cinco años.

El PSOE ganó las europeas hace cinco años con 20 escaños (32,82% de los votos) mientras que el PP fue segunda fuerza con 12 actas (20,13%), seis puntos menos que en 2014, donde los populares habían cosechado 16 eurodiputados. Tras el Brexit, los 'populares' lograron un nuevo escaño como consecuencia de la salida del Reino Unido de la UE, hasta lograr los 13 actuales. Ahora, aspiran a ser primera fuerza, por delante de los socialistas.

Los primeros 35 integrantes de la lista del PP son los siguientes:

1.- Dolors Montserrat 2.- Carmen Crespo 3.- Alma Ezcurra 4.- Esteban González Pons 5.- Fernando Navarreteç 6.- Javier Zarzalejos 7.- Rosa Estarás 8.- Francisco Millán 9.- Pilar del Castillo 10.- Adrián Vázquez Lázara 11.- Gabriel Mato 12.- Raúl de la Hoz 13.- Esther Herranz 14.- Juan Ignacio Zoido 15.- Susana Solís 16.- Pablo Arias 17.- Antonio López Isturiz 18.- Isabel Benjumea 19.- Borja Giménez Larraz 20.- Elena Nevado del Campo 21.- Nicolás Pascual de la Parte 22.- Maravillas Abadía 23.- Eva Potpcheva 24.- Carlos Iturgaiz 25.- María Jesús Molina Hurtado 26.- Marián Cano 27.- Santiago Sánchez 28.- María Luisa Peón 29.- Ramón Moreno 30.- Beatriz Caro 31.- Cleopatra R' Kaina Liesfi 32.- Carmen Quintanilla 33.- Lucía Peral 34.- Fernando Sánchez Costa 35.- Ignacio García Marina.

La ley de amnistía llega al Parlamento Europeo antes de debatirse y aprobarse o no en el Congreso. El Partido Popular consiguió que sus colegas del Partido Popular Europeo pusieran este miércoles a debate la ley que permitió al presidente Pedro Sánchez conseguir el apoyo de los nacionalistas catalanes para su investidura y con ellos, además Sumar, PNV, Bildu, BNG y CC, conseguir 179 votos y ser investido.

El debate, más allá de la participación de algunos jefes de filas de los grupos parlamentarios, será español. Los populares han conseguido meter de lleno a su familia política en la bronca por la ley de amnistía mientras Ciudadanos ha movilizado a casi todos los liberales. Entre la ultraderecha una gran parte apoyará las posturas de Vox, aunque hay grupos que rechazan estos debates sobre asuntos nacionales porque los consideran injerencias en la soberanía nacional de los Estados.

La Eurocámara se dividirá así prácticamente en dos, con ultraderecha, populares y la gran mayoría de los liberales por un lado y socialistas, izquierda unitaria y ecologistas por el otro. Los populares cuentan con el apoyo decidido de su jefe de filas, el bávaro Manfred Weber. Su papel es relevante pero está condicionado por las diferencias de fondo en sus filas sobre las relaciones con la extrema derecha y porque todavía parece estar curándose la herida política que supuso ver cómo los gobiernos lo descabalgaban de la carrera por la presidencia de la Comisión Europea para dársela a su compatriota y compañera de partido Úrsula Von der Leyen.

Weber esperaba que una victoria de Alberto Núñez Feijóo el 23 de julio, con suficiencia para gobernar con Vox, hiciera que España cayera en las redes de los populares europeos. Ese chasco no lo compensa que en Polonia vaya a gobernar el popular Donald Tusk, porque este es enemigo político de Weber al rechazar de plano cualquier tipo de colaboración con la extrema derecha, como Weber defiende, donde haga falta con tal de gobernar.

Este martes desde Estrasburgo, Weber, acompañado por la jefa de filas de los populares españoles en el Parlamento Europeo, la exministra Dolors Montserrat, dijo que estaba “preocupada por lo que está pasando en España, donde hay millones de españoles manifestándose pacíficamente y ondeando banderas europeas y españolas en contra del acuerdo político de Pedro Sánchez y los separatistas y contra la ley de amnistía y en defensa del Estado de derecho”.

Weber acusó ayer a Sánchez de no haber aceptado una gran coalición con el Partido Popular (sin aclarar quién hubiera gobernado en ese caso) y haber preferido pactar “con separatistas radicales” y pidió a la Comisión Europea que escuche “a la sociedad civil” y a asociaciones como las de los jueces, que criticaron la ley de amnistía.

Montserrat, por su parte, dijo que el debate de este miércoles busca “hacer sonar la alarma para que la Comisión Europea vigile de cerca lo que está haciendo y va a hacer el Gobierno de Sánchez y que la Comisión esté lista para actuar”. La Comisión Europea recibió la semana pasada el proyecto de ley de amnistía y la próxima semana el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, recibirá al ministro de Justicia y Presidencia Félix Bolaños.

Montserrat exigió a los socialistas europeos que se pongan en contra del Gobierno español “porque la defensa del Estado de derecho está por encima de los intereses partidistas y personales de un presidente de un Gobierno”. Montserrat criticó también que Bolaños asuma a la vez las carteras de Justicia y de Presidencia: “Con este nombramiento se empieza a desdibujar la línea de separación de poderes, ya que todo recae en el mismo ministro”, como si Bolaños fuera parte del Poder Judicial.

Iratxe García, líder de los socialistas europeos y de los españoles en el Parlamento Europeo, contrarrestó en rueda de prensa los argumentos populares. García, después de negar que hubiera tensiones en el grupo socialista europeo al respecto de la ley de amnistía, dijo el problema es que “el Partido Popular no está digiriendo los resultados electorales del 23 de julio cuando hubo una mayoría de españoles que dijeron que querían un Gobierno de progreso, de diálogo, de avance, que pusiera freno a las extremas derechas. Lo fundamental en democracia es asumir los resultados electorales. Algunos creen que lo que no han ganado en España pueden ganarlo aquí”. García asegura que “la ley de amnistía respeta al 100% la Constitución” y que “no hay ninguna amenaza para el Estado de derecho ni en España ni en Europa”.

Ya más seria, casi enfadada, García dijo que no tiene “ningún problema con la verdad” ni con el debate en general, que el problema de los socialistas es “con el uso que el Partido Popular está haciendo de este debate con un único objetivo, que es atacar a los gobiernos progresistas. En democracia se asumen los resultados electorales y se condenan los ataques que estamos sufriendo por parte de movimientos ultras”. García acusó a Weber de ser cómplice de quienes atacan las sedes socialistas y a sus dirigentes por no condenar esos ataques.

Ciudadanos, prácticamente desaparecido del debate político en España pero todavía con peso en el Parlamento Europeo gracias a sus ocho eurodiputados, ve el debate de forma más política. Su secretario general, Adrián Vázquez, explicó a infoLibre que “básicamente el hecho de que haya un debate es una alerta roja, como lo fue la carta del comisario Didier Reynders”. Vázquez, que es además presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y ha sido el responsable del dossier de la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont, reconoce que del debate a acciones concretas “queda un trecho”, pero entiende que sirve para que en las instituciones europeas “quede constancia de que es una amnistía interesada y por motivación personal, no política”.

Vázquez además entiende que por ahora la ley de amnistía “es solo una propuesta” y que habrá que ver si llega a ser ley y, en ese caso, “que se empiece a desmenuzar jurídicamente y a registrar su interpretación por parte del poder judicial. Eso sí que definirá si hay o no próximos pasos tanto de la Comisión Europea como del Parlamento Europeo”.

Idoia Villanueva, eurodiputada y responsable de la Secretaría Internacional de Unidas Podemos explicó a infoLibre que “el PP hace tiempo que demostró que solo respeta la democracia cuando gana. Ya estamos acostumbradas a que manoseen las instituciones europeas para intentar abrir debates nacionales que no existen en Europa”. Villanueva asegura que si el PP “quiere hablar de la ruptura del Estado de derecho en España o de falta de independencia judicial, estaremos encantadas. Podemos empezar hablando de sus 5 años de bloque del CGPJ, de cómo se jactaban de controlar la Sala 2ª del Tribunal Supremo, de cómo usaron fondos públicos para crear una policía política que se encargara de fabricar pruebas falsas, espiar, difamar y perseguir a rivales políticos… la lista es larga”.

Villanueva cree que el debate no tendrá “ninguna consecuencia más allá del ridículo habitual ante el resto de países europeos. La misma Dolors Montserrat ha reconocido este martes en el Parlamento Europeo que este es un debate preventivo. Vamos, que ni ellos confían en que las haya. Es un intento más de utilizar las instituciones para sus fines partidistas, magnificar la preocupación de las instituciones europeas, sembrar mentiras y dejar en muy mal lugar a su país”.

El enésimo intento del PP de buscar el apoyo de la Comisión Europea para forzar al Gobierno y al Congreso de los Diputados a renunciar al modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se topó este miércoles en Estrasburgo, una vez más, con el criterio del comisario de Justicia, Didier Reynders. El representante de la Comisión dejó claro al Partido Popular, otra vez, que la prioridad es que los de Alberto Núñez Feijóo pongan fin al bloqueo al que somete la renovación de este organismo desde hace cuatro años y que después, y sólo después, será el momento de abrir el debate sobre la reforma del modelo de elección de sus vocales.

Feijóo había ordenado a sus representantes en el Parlamento Europeo denunciar públicamente que España no está cumpliendo las normas que regulan el estado de derecho. Su objetivo era que la Comisión anunciase la adopción de medidas contra el Gobierno de España que no sólo habrían desbaratado loa credibilidad de la presidencia de turno de la Unión Europea que Pedro Sánchez asumirá en julio sino que hubiesen puesto en peligro la llegada de los fondos europeos que todavía están pendientes.

Reynders, sin embargo, no se dejó llevar por un debate bronco que conoce bien porque lo presenció durante la visita que realizó a Madrid hace tres meses y medio. El comisario ignoró la durísima intervención de la portavoz del PP, Dolors Montserrat, según la cual España sufre “una preocupante deriva de degradación democrática, deterioro institucional e irresponsabilidad gubernamental provocada por las últimas decisiones del actual gobierno”.

En un discurso en el que apuntó en el del Estado de derecho español el CGPJ, el Tribunal Constitucional, la reforma del Código Penal y la ley del sólo sí es sí, Montserrat aseguró que el Gobierno “ha entregado el Código Penal a los condenados por atentar contra la Constitución, modificándolo a la carta para así lograr que sus delitos desaparezcan”. 

El comisario le respondió que está al tanto de las últimas medidas aprobadas en España, peor no asumió ni uno solo de los argumentos del PP. En cambio elogió los esfuerzos del Gobierno para adoptar la mayoría de las recomendaciones que Bruselas le trasladó en su informe de 2022 sobre el Estado de derecho y recordó que una de ellas exige la renovación del CGPJ —que el PP bloquea— antes de abrir el debate sobre el cambio de modelo que la Comisión apoya. 

Primero, insistió, debe llevarse a cabo la renovación “con carácter de urgencia”. E, “inmediatamente después”, el inicio del proceso de reforma del sistema de elección de los vocales. Justo lo contrario de lo que pretende el PP, que acaba de presentar una proposición de ley de reforma del modelo de elección mientras mantiene bloqueada la renovación del actual Consejo.

Por eso lamentó que el PP rompiese las negociaciones abiertas el pasado mes de octubre y pidió su reanudación: “Seguimos llamando a todas las partes implicadas a tomar las acciones necesarias para la implementación exitosa de esta recomendación”. 

Reynders tampoco atendió las críticas del PP a la renovación del Tribunal Constitucional, que los de Feijóo consideran ahora sometido al Gobierno porque dos de sus nuevos miembros ocuparon altos cargos en el Ejecutivo. 

La renovación de cuatro de los puestos que integran el plenario del TC, llevada a cabo de acuerdo con lo que marcan las leyes —dos magistrados fueron designados por el Gobierno y los otros dos por el CGPJ— es “importante”, subrayó el comisario de Justicia, en tanto que estaban pendientes desde el pasado junio y porque el buen funcionamiento de los órganos constitucionales es un “elemento esencial del Estado de derecho”.

El Ejecutivo comunitario, añadió, está al tanto de que el Constitucional intervino la tramitación de la reforma del CGPJ y del TC que había aprobado el Congreso pero evitó opinar sobre el fondo de la cuestión.

Reynders tampoco vio motivo de escándalo en la reforma del delito de sedición a pesar de las furibundas intervenciones del PP, Ciudadanos y Vox denunciando la medida. El comisario de Justicia dejó claro que esta modificación del Código Penal no es contraria al derecho comunitario, por lo que Bruselas lo considera una decisión del Estado español sobre la que no tiene nada que decir. España es “libre” de introducir cualquier cambio al respecto porque se trata de una “competencia exclusiva” de los Estados miembros, siempre que respeten sus obligaciones internacionales y constitucionales.

Sobre lo que sí tiene dudas Bruselas es sobre la reforma de la malversación, que ha reducido las penas a las que pueden ser condenados los responsables públicos que utilicen el dinero de las instituciones para fines distintos de los establecidos originalmente.

La Comisión, explicó Reynders, está “analizando” si esta modificación del Código Penal encaja en las reglas de la Unión Europea, en especial en lo que a la protección de los fondos europeos se refiere. “La reforma introduce cambios en distintos delitos, incluido el de malversación. La Comisión está actualmente analizando estas nuevas disposiciones para comprobar la conformidad de la reforma con la legislación de la UE, en especial en lo que se refiere a la protección de los intereses financieros de la UE, detalló.

El debate suscitado por el Partido Popular en el pleno del Parlamento Europeo no logró el eco que buscaba en la Comisión, pero sí movilizó a favor de los de Feijóo a Ciudadanos y Vox, que también se esforzaron en denunciar el incumplimiento del Estado de derecho en España y reclamaron a Bruselas que tomase medidas para corregir esta situación, así como a las formaciones ultras de toda Europa, en especial de Polonia y Hungría. 

Los parlamentarios de estos dos países creen que la Comisión aplica un doble rasero porque castiga a sus estados por incumplir la legalidad comunitaria y las normas democráticas, pero no a España, que a la vista de las afirmaciones de PP, Ciudadanos y Vox, aseguran que está en la misma situación.

El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas denunció que el Gobierno español comete “abusos del Estado de derecho” y su compañera Maite Pagazaurtundúa acusó a Sánchez de “otorgar impunidad total o parcial a los autores de graves delitos”.

Por su parte, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé definió España como un “espacio de impunidad en donde el delincuente recibe recompensa y la víctima humillación”.

En nombre de los Socialistas y Demócratas (S&D), el eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar acusó al PP de “secuestrar” el CGPJ bloqueando su renovación para “perpetuar” así la mayoría que perdió en las elecciones. “En la idea europea de democracia es más importante saber perder reconociendo los resultados”, remarcó.

Por Los Verdes europeos, Ernest Urtasun (En Comú-Podem), criticó la “deslealtad” del PP con su país y defendió el “buen trabajo” del Gobierno de coalición en la Unión Europea. La eurodiputada de Unidas Podemos y vicepresidenta de la Izquierda Europea, Sira Rego, enumeró los casos de corrupción de los últimos años que afectan al PP y acusó a esta formación de situarse “fuera de la Constitución bloqueando la renovación” del CGPJ.

Pablo Casado siempre subraya que su partido, el PP europeo, es el que gobierna el continente porque la presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, forma parte de la misma familia política. Y alardea de que una de las bases de su oposición al Gobierno de coalición es el recurso a Bruselas para frenar las políticas de Pedro Sánchez.

Desde luego lo han intentado sin descanso. En el último año son numerosas las iniciativas, de todo tipo, que ha puesto en marcha para trasladar a la Unión Europea el debate político español. Se trate de las víctimas del terrorismo, de Venezuela o, en el ejemplo más reciente, del rescate de la compañía aérea Plus Ultra. El PP ya ha anunciado su intención de denunciar al Gobierno en Bruselas porque al ser una ayuda pública a una empresa privada entiende que debe ser examinada por las autoridades comunitarias. Detrás de este rescate, en torno al cual el PP quiere una comisión de investigación, el número dos de Pablo Casado, Teodoro García Egea, ve riesgo de que dinero público invertido por el Gobierno vaya “a acabar en las cuentas de Podemos”, según él mismo afirmó en una sesión de control del Congreso.

Ya desde el inicio de la legislatura el PP hizo de las instancias europeas un escenario para la batalla política interna. En abril, en pleno pico de la primera ola de la pandemia, con toda España confinada, Dolors Montserrat denunció ante la UE que se en nuestro país se perseguían las críticas al gobierno por su gestión sobre el coronavirus basándose en la declaración en rueda de prensa del general de la Guardia Civil José Manuel Santiago —que él mismo precisó al día siguiente— en la que aseguró que se estaban monitorizando las críticas al Ejecutivo cuando en realidad se refería a la desinformación.

En junio la misma portavoz escribió a la Comisión acusando a España de falsear las cifras de fallecidos por covid-19. Que no son otras que las que facilitan las comunidades autónomas —también las del PP— aplicando el criterio de que la muerte haya sido certificada por esta enfermedad.

Montserrat ha sido el ariete habitual de Casado en el Parlamento Europeo. En julio, a través de una pregunta escrita, acusó a Pablo Iglesias y Pablo Echenique de amenazar a varios medios de comunicación y a periodistas como Vicente Vallés “por haber informado”, según ella, “de la evolución del caso Dina.

Una información del diario El País denunció en su día que cuando los gobiernos de Europa negociaban la creación de un fondo extraordinario para reconstruir la economía de los países que más sufrieron las consecuencias del virus en la primera ola, el PP tomó partido del lado de los estados miembros contrarios a su aprobación. El PP, según fuentes del partido en Bruselas, lo niega y sostiene que lo que cuenta el diario nunca ocurrió, pero según El País los de Casado apoyaron en junio del año pasado una iniciativa del Partido Popular europeo en línea por los gobiernos de los países autodenominados frugales (Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca) que trataba de dificultar el acceso a los fondos. La paradoja es que todavía hoy el líder del PP asegura que si los fondos se hicieron realidad fue gracias a su partido. Y sostiene que sólo han pedido que se haga un buen uso de estos fondos, en línea de la posición de instituciones europeas como la Comisión Europea o el Parlamento Europeo. 

Ese mismo mes, Dolors Montserrat envió una carta al comisario de Justicia de la Unión, Didier Reynders, en la que cuestionaba ampliamente el estado de derecho en España. El PP europeo niega que las afirmaciones contendidas en la carta pusiesen en cuestión el estado de derecho, a pesar de que acusaba al Gobierno de Sánchez de atacar la libertad de expresión, suspender el derecho a circular libremente y abusar de su poder sancionador durante el estado de alarma. Criticaba también la limitación del derecho fundamental de reunión y de manifestación e incluso de la libertad religiosa.

También acusaba al Gobierno de cometer abusos legislativos y de intentar “neutralizar” el Congreso de los Diputados y “controlar” el trabajo de los tribunales, así como de “abusar de los medios públicos” para hacer “propaganda”.

Aquella denuncia, que reflejaba poco menos que la conversión de España de democracia plena en una especie de estado totalitario, no tuvo ningún recorrido ni dio lugar a ninguna actuación por parte de la Comisión Europea.

El siguiente intento tuvo lugar en septiembre, cuando el PSOE y Unidas Podemos presentaron una proposición de reforma de la ley reguladora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para incluir una cláusula antibloqueo que impidiese a ningún partido vetar la renovación de este órganos siempre y cuando existe un acuerdo de la mayoría absoluta de los grupos representados en el Congreso.

Casado trasladó inmediatamente a las instituciones europeas la intención del Gobierno de “tomar al asalto el Consejo”. Lo hizo dejando constancia, además, de que esa denuncia podía hacer que España tuviese problemas para recibir los fondos de reconstrucción que tanto necesita, igual que pasa con Polonia y Hungría, a quienes la Comisión Europea amenaza con limitar el dinero después de que ambos países hayan suspendido el examen de calidad del estado de derecho al que la UE acababa de someter a los 27. La denuncia de los de Casado sí tuvo eco en este caso y mereció la crítica explicita por parte de la Comisión Europea, subrayan fuentes del PP.

“Países tan criticados por Sánchez como Polonia y Hungría tienen ya dificultades para recibir los fondos de reconstrucción porque han modificado leyes de elección de su justicia. No es propio de democracias europeas desarrolladas”, declaró el líder del PP el pasado mes de septiembre.

Lo curioso es que unos meses antes, en enero, el PP se había opuesto sancionar a los Gobiernos de estos dos países por sus políticas contrarias el estado de derecho. El Parlamento Europeo aprobó a comienzos de año una dura resolución exigiendo a la Comisión Europea que presionase a Polonia y Hungría “para prevenir la ruptura de los valores comunes”. El texto salió adelante con 446 votos a favor, 41 abstenciones y 178 en contra, entre ellos los del Partido Popular español. Partido Popular Europeo, socialistas, el Grupo liberal, los Verdes y la Izquierda Unitaria votaron sí. Los de Casado, en cambio, se unieron al grupo de reformistas y conservadores (ECR) de Vox y a los euroescépticos de Salvini y Le Pen.

El “ministerio de la verdad”

Uno de los episodios más llamativos de esta política tuvo lugar en noviembre, cuando el Gobierno aprobó un procedimiento para crear un mecanismo que permita advertir a los medios de comunicación y a la sociedad civil de las campañas de desinformación que los técnicos del departamento de Seguridad Nacional decidan que es necesario denunciar para contrarrestar sus efectos. Una decisión que el PP, además de Vox, Cs y la derecha mediática, convirtieron en un intento de Pedro Sánchez de controlar a los medios de comunicación, cuando únicamente desarrollaba un mandato de la Unión Europa para prevenir y combatir la influencia de la desinformación en las democracias del continente, especialmente cuando son impulsadas por potencias extranjeras.

La inocuidad de la medida motivó semanas después un pronunciamiento de la Unión Europea desechando las acusaciones del PP. La vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Vera Jourová, concluyó que la orden ministerial del Gobierno de Sánchez sobre este asunto “actualiza el sistema español existente para prevenir, detectar y responder a las campañas de desinformación y para establecer estructuras de coordinación” y no constituye "una base jurídica para decidir sobre el contenido de la información facilitada por los medios de comunicación”, que es lo que aseguraban —y todavía hacen— los de Casado.

Más recientemente, los esfuerzos del PP por trasladar a Bruselas los debates de la política española se han centrado en la gestión de los fondos europeos de reconstrucción y en la nueva ley de educación. Desde hace tiempo, Casado y los suyos se esfuerzan en hacer ver a sus socios del PP europeo, entre los que se cuentan partidos con responsabilidades de Gobierno en países tan significativos como Alemania o Austria, algunos de los cuales ya eran contrarios a la concesión de estas ayudas, que el Gobierno español no es de fiar y que planea repartir el dinero de forma “clientelar”.

Argumentan que las ayudas se van a entregar sin control, ignorando que el decreto que los regula establece la vigilancia del IGAE y de la Oficina Antifraude, y exigen que se repartan a través de una agencia independiente, algo que no tiene previsto hacer ningún país de nuestro entorno.

Más reciente ha sido el intento del PP de buscar el apoyo de Europa contra la nueva Ley de Educación, aprobada en diciembre por la mayoría absoluta del Congreso y del Senado. Pablo Casado reafirmó este objetivo en una intervención este lunes en un colegio concertado de Madrid.

Hace pocos días la Comisión Europea recordó que no solo no tiene "ninguna autoridad y carece de competencias" para ocuparse de este asunto sino que tampoco ve "ninguna violación de ninguna norma de la UE" en las quejas sobre la nueva ley de Educación trasladadas a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeopor varias asociaciones de padres y plataformas educativas apoyadas por PP, Vox y Cs.

La política del PP es tan recurrente que Socialistas, Verdes y La Izquierda han llegado a denunciar ante el presidente de la Eurocámara el “uso partidista”denunciar que la portavoz del PP en Europa, Dolors Montserrat, hace de la comisión de Peticiones, que ella misma preside y en la que agenda española tiene un enorme protagonismo. No obstante, las fuetnes del PP consultadas por infoLibre subrayaron que en la legislatura pasada (cuando la comisión de Peticiones estaba presidida por una diputada sueca del Grupo Liberal, Cecilia Wikström), “el número de peticiones españolas tramitadas en la comisión de Peticiones fue mayor que en la actual legislatura. No hay, aseguran, “una influencia de Dolors Montserrat” en el número de peticiones procedentes de España que se discuten en esta comisión.

El PSOE recupera también el liderazgo político español en Europa en unas elecciones con una elevada participación (64,32%, frente al 45,84% de 2014) en las que la izquierda se impuso con claridad a la derecha. La candidatura encabezada por el ministro de Exteriores, Josep Borrell, se ha impuesto con claridad en las elecciones europeas en España, con 20 escaños, 6 más que en 2014, con el 96,77% del escrutinio. También da un fuerte salto adelante en porcentaje de voto, pasando del 23,01% al 32,84%, superando holgadamente la frontera del 30% del voto y sacando más de 12 puntos al segundo, el PP, al que aventaja en casi 3 millones de votos: 7,3 millones frente a 4,5.

Los socialistas no lograban ser la fuerza más votada en el Parlamento de la UE desde hace 15 años, en las europeas de 2004. Lo logran en la estela del triunfo de Pedro Sánchez en las generales y simultáneamente a su recuperación de fuerza más votada en las autonómicas y municipales. Y lo hacen además a contracorriente de la trayectoria socialista en Europa, declinante en el conjunto de la UE. Si no lo era ya, Sánchez sale reforzado como referente del socialismo en Europa, donde otras formaciones izquierdistas y verdes le comen terreno. El PSOE crece también con respecto a las generales, cuando obtuvo el 28,68% del voto. La inercia victoriosa de las generales se contagia a Europa. 

El PSOE es el partido más votado en todas las comunidades autónomas salvo en el País Vasco, donde se impone la candidatura del PNV, y en Cataluña, donde resulta ganadora la de JuntsXCat. Los resultados de los socialistas son especialmente rotundos en Extremadura (45,98%), Andalucía (40,55%), Castilla La Mancha, (40,48%). Son números propios de la etapa del bipartidismo.

El PP, con la candidatura encabezada por su portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat, cae significativamente, aunque mantiene la segunda plaza. Del 26,09% del voto y 16 escaños, pasa a 12 eurodiputados y el 20,13% del voto. Pese al retroceso, a la formación conservadora le quedan dos consuelos: el primero, que su principal adversario por el liderazgo en la derecha, Ciudadanos, no logra el sorpasso;sorpasso el segundo, que su familia política comunitaria, el Partido Popular Europeo, se mantiene como la más votada en el conjunto de la UE-28. Y un tercer consuelo: el PP recupera porcentaje de voto con respecto a las generales, cuando obtuvo el 16,70%. 

El PP obtiene sus mejores resultados en Murcia (31,95%), La Rioja (31,14%), Castilla y León (30,19%), Galicia (29,81%), Castilla La Mancha (27,64%) y Cantabria (27,07%). El partido de Pablo Casado sigue sin levantar cabeza en Cataluña (5,17% ) y País Vasco (6,44%).

Ciudadanos, con el economista Luis Garicano como cabeza de lista, da un salto adelante con respecto a las pasadas europeas. Del 3,16% del voto y 2 escaños, pasa al 12,18% y 7 eurodiputados. Es un salto insuficiente. Al igual que en las generales, se queda por detrás del PP. El gran anhelo de Albert Rivera, convertirse en el referente del campo conservador, sigue incumplido. Además, Ciudadanos baja con respecto a las generales, cuando cosechó el 15,86%. Se corta su dinámica ascendente. Ciudadanos sólo logra ser más votado que el PP en Cataluña, cuando en las generales lo fue también en Andalucía, Madrid, Baleares y Aragón.

El partido naranja obtiene su mejor resultado en Madrid, con un 18,2% del voto.

Incluso el avance en estas elecciones de Ciudadanos hay que matizarlo, ya que no es tan fuerte si tenemos en cuenta que ahora no se presenta en solitario UPyD, que lo hace dentro de Cs. Es decir, el crecimiento ahora de Ciudadanos no hay que medirlo sólo con respecto a sus propios resultados de 2014, sino con respecto a los obtenidos por la suma de Ciudadanos y UPyD. Hace cinco años el partido de Rosa Díaz obtuvo 1.022.232 votos, el 6,51%, y 4 escaños. Los dos partidos juntos sumaron 1.519.378 papeletas, el 9,67%, y 6 escaños. Tomando como referencia estos números, Ciudadanos sólo crece ahora 1 escaño y menos de 3 puntos.

La coalición de Podemos e IU, con la profesora de Filosofía del Derecho María Eugenia Rodríguez Palop como candidata, se queda atrás. Cinco años después de la irrupción de Podemos, con Pablo Iglesias como cabeza de lista, aquel impulso se ha diluido. Podemos-IU suma el 10,05% del voto y 6 escaños, con lo que pierde unos 8 puntos y 5 asientos con respecto a la suma de ambas fuerzas en 2014. La coalición pierde con respecto a lo obtenido por Unidas Podemos en las generales, cuando sumó el 14,77%

Entra Vox, con el abogado de trayectoria falangista Jorge Buxadé como cabeza de lista. Obtiene el 6,2% del voto y 3 escaños. Es dos menos de lo que obtuvo Podemos en 2014, cuando dio su famoso golpe al tablero político. Como irrupción, se queda lejos de ser revolucionaria. El crecimiento del partido de la derecha ultranacionalista es fuerte con respecto a las pasadas europeas, cuando obtuvo el 1,57% del voto. Pero cae con respecto a las generales, cuando cosechó el 10,26%.

Ahora Repúblicas, la candidatura de ERC, Bildu, el BNG y nacionalistas asturianos y canarios encabezada por Junqueras, obtiene el 5,63% del voto y 3 escaños. Queda por delante de Lliures Per Europa, desde donde Carles Puigdemont pretende –al igual que Ahora Repúblicas– dar dimensión europea al conflicto político en torno al procés. La marca del expresidente de la Generalitat obtiene el 4,59% del voto y 2 escaños. Ahora bien, Puigdemont logra ser más votado que Junqueras en Cataluña. Y con una clara diferencia: 28,53% frente al 21.19%. 

Ahora Repúblicas (Oriol Junqueras) cosecha más de 1,2 millones de votos, por encima de los algo más de 1 millón de Lliures per Europa (Puigdemont). Pero en Cataluña gana Puigdemont: casi 1 millón frente a poco más de 730.000. ¿Cómo se explica? Porque Ahora Repúblicas es una alianza con impacto en mayor número de comunidades autónomas, caso de Galicia, País Vasco, Asturias y Canarias. En Cataluña, además, el PSC obtiene más voto que ERC. El primero es Lliures per Europa (28,53%), el segundo el PSC (22,13%) y el tercero Ahora Repúblicas (21,19%).

La Coalición por una Europa Solidaria, que integra al PNV, Geroa Bai, Coalición Canaria y nacionalistas baleares y valencianos, encabezados por la jeltzale Izaskun Bilbao, se lleva 1 escaño y el 2,78% del voto.

Compromiso por Europa (Compromís, En Marea, Chunta, Més Per Mallorca, Nueva Canarias, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Coalición por Melilla...), con el 1,31% del voto, no logra escaño, que sí consiguió en 2014 la candidatura Primavera Europea. Con similar porcentaje también se queda sin representación el Pacma, que sigue esperando su anhelada entrada en las instituciones. 

Mirando los resultados por bloques izquierda-derecha, teniendo en cuenta a los partidos de ámbito estatal, PSOE y Podemos-IU suman 9,56 millones de votos, mientras PP, Cs y Vox totalizan 8,58 millones. Casi 1 millón de votos más para la izquierda.

El candidato del PSOE en las elecciones europeas y ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha afeado este miércoles a sus contrincantes en las elecciones europeas que planteen propuestas que "vienen de la estratosfera y son deseos piadosos", partiendo de "falsificaciones sistemáticas de la realidad o de la ignorancia más absoluta de las competencias de la UE".

Durante el debate entre nueve candidatos en RTVE, que ha girado una y otra vez hacia Cataluña y el independentismo, el espacio que ha quedado para las propuestas económicas ha dado lugar a un rifirrafe entre PP y Ciudadanos por el rescate bancario y los "fichajes" de Ciudadanos.

El naranja Garicano ha aprovechado para acusar al PP de haber "saqueado" las cajas de ahorros y de haber gastado "60.000 millones de los españoles" para arreglar el problema, mediante el rescate bancario.

Montserrat le ha replicado que el economista en su día defendió que España solicitara a la UE el rescate que ahora critica y ha asegurado no poder fiarse del criterio de Ciudadanos, el partido además que ahora tiene en su filas a Celestino Corbacho, número tres con Cs al Ayuntamiento de Barcelona, a quien Albert Rivera llamaba "el ministro del paro" cuando ocupaba la cartera de Trabajo en un gobierno del PSOE.

Garicano ha vuelto a la carga asegurando que fue el "saqueo" de las cajas el que hizo que ese dinero desapareciera y que "el señor Rato esté en la cárcel", en referencia al ex vicepresidente del Gobierno del PP Rodrigo Rato. "Hay que tener cara dura, gigante", ha agregado. "Duele la verdad, lo entiendo", le ha espetado Montserrat.

También ha habido rifirrafe entre PSOE y Unidas Podemos. Cuando María Eugenia Rodríguez-Palop ha explicado que su propuesta de "restructuración coordinada y pactada de las deudas europeas" es que el BCE compre deuda europea, Borrell le ha respondido que eso ya se está haciendo. Palop ha aclarado que quiere que se haga "de manera más coordinada" con una conferencia sobre la deuda.

Borrell a Montserrat: "Guardiana de la PAC"

A Dolors Montserrat le ha respondido con ironía, llamándola "guardiana de la PAC", ya que ella ha insistido en que el PP es el partido de los agricultores, y ante su insistencia de que el PP acabó con el roaming. "Caramba, estoy sorprendido de las capacidades que ustedes tienen", ha espetado Borrell.

El ministro también ha tildado de "angelicalismo" el rechazo al acuerdo de la UE con Turquía para frenar la inmigración ilegal y ha rechazado la propuesta de Izaskun Bilbao, del PNV, de elevar del 1 al 2 por ciento del PIB europeo el presupuesto de la UE.

Y eso que, con la excepción de Vox, todos los partidos han apostado por una mayor capacidad inversora de la UE. También han coincidido en apostar por una mayor armonización fiscal en el seno de la UE, para evitar la competencia deseal entre países. Según Jordi Sebastiá, de Compromís, Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda son en la práctica paraísos fiscales.

Vox a ERC: "Cuando habla de elusión fiscal piensa en la familia de Pujol"

Vox, aquí también, se ha desmarcado, con Jorge Buxadé alegando que una armonización fiscal supondrá una subida de impuestos a los españoles y que, a su juicio, los Estados deben ser soberanos para bajar los impuestos si lo desean. También le ha dicho al candidato de ERC, Jordi Solé, que cuando habla de "elusión fiscal" debe de estar pensando en la familia Pujol.

Desde Ciudadanos, Luis Garicano le ha replicado a Buxadé que una empresa puede pagar cero de impuesto de Sociedades si tiene su sede en Estados Unidos y a sus directivos en Irlanda y le ha acusado de legitimar el fraude.

El candidato de Vox, que cree que buena parte de las crisis europeas se deben a que se ha cedido demasiado poder a Bruselas y hace hincapié en la soberanía, ha defendido más bien que la "competencia desleal" de la que hay que defender a los españoles es de los productos agrícolas que llegan del extranjero fabricados con menos exigencias fitosanitarias.

El Partido Popular aprovechó este jueves para hurgar en la herida del veto de ERC al socialista Miquel Iceta. Los conservadores, a los que el rechazo a que el líder del PSC sea designado senador por el Parlament les echa por tierra ese argumento de que Pedro Sánchez está rendido a los independentistas, desplegaron una doble estrategia: de un lado, no se acaban de creer el veto y creen que hay que entenderlo en un contexto de campaña electoral. De otro, creen que lo ocurrido en la Cámara catalana debería hacer reflexionar a Sánchez sobre su investidura y poner el foco en acercarse a Ciudadanos.

En plena competición por el liderazgo de la derecha con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en Génova creen que un acercamiento del PSOE al partido naranja les dejaría a ellos gran parte del espacio ideológico. Sólo les quedaría restar fuerza a Vox, que ya está experimentando un importante desgaste en las encuestas para el 26M.

La encargada de exponer en primer lugar las dudas del PP sobre lo ocurrido en el Parlament fue la cabeza de lista del PP a las elecciones europeas y portavoz en el Congreso, Dolors Monsterrat. En una entrevista concedida a la cadena Cope, la dirigente conservadora calificó de "trampa de trileros" lo que considera "un divorcio fingido entre Sánchez y los independentistas".

"Es puro postureo y teatro electoral entre el PSOE y los independentistas para obtener rédito electoral", señaló convencida de que tras las elecciones "llegará la reconciliación y el pacto" entre los socialistas y los independentistas.

Recurso ante el TC

¿Está alimentando el PP con esto la posibilidad de que Iceta, pasados los comicios del próximo 26 de mayo, vuelva a intentar ser nombrado senador por designación del Parlament? Las fuentes consultadas aseguran que en política todo es posible. Pero no niegan que los socialistas tendrían que elegir ahora a un nuevo presidente del Senado y que, después, este renunciase, lo que también sería arriesgado en términos de imagen para la persona designada, sin pasar por alto el desgaste que supondría seguir teniendo a Iceta en el foco.

El jefe de los socialistas catalanes tendría que volver a ser propuesto como senador del PSC por designación autonómica ya con la garantía de que la iniciativa fuese a salir adelante. "Estamos ante una situación inédita: el PSC tendrá que nombrar al sustituto del senador José Montilla una vez fracasado el intento con Iceta. Pero tampoco hay que perder de vista que el caso va a acabar en manos del Constitucional, por lo que la situación podría volver a la casilla de salida", explican fuentes parlamentarias.

De momento, ni Iceta parece dispuesto a aceptar llegar a la Presidencia del Senado una vez arrancada la legislatura ni el PSOE a proponer un candidato al Senado por el Parlament hasta que el TC se pronuncie, según informa Europa Press. Las sesiones constitutivas de Congreso y Senado serán el martes de la semana que viene.

En 2002, Esperanza Aguirre renunció a la presidencia del Senado para ser candidata del PP a la Comunidad de Madrid. La sustituyó en la Cámara Baja el expresidente de la Comunidad de Madrid Juan José Lucas. No sería, pues, inédito que el presidente de esta institución cambie arrancada ya la legislatura.

Contexto de campaña electoral

Más allá de este escenario, la esencia de lo que pretende trasladar el PP es que el PSOE no ha roto para nada su relación con los independentistas. Y que, por ahora, Iceta ha pagado el precio de que estamos en plena campaña electoral. 

"Hemos visto los primeros pasos en la danza de la seducción entre socialistas e independentistas, lo que ahora es un 'no' es 'no' después de las elecciones será 'sí' es 'sí'", dijo de otra forma Esteban González Pons, número dos del PP al Parlamento Europeo durante un acto en Las Palmas.

El dirigente conservador consideró que los españoles asisten "sorprendidos a un paripé entre socialistas e independentistas, que no es más que un juego de seducción para la investidura de Sánchez con los votos de Bildu y ERC".

Feijóo habla de "señuelo"

En una línea similar, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, consideró que el veto se podría deber a "un señuelo más" del PSOE para "distanciarse" de los independentistas. 

Según sostuvo el único barón autonómico del PP que gobierna con mayoría absoluta personas "que conocen muy bien" la política en Cataluña "están advirtiendo de que esto es un señuelo del Partido Socialista para que, durante la campaña, haya un distanciamiento con el mundo independentista".

"Mi opinión definitiva se la daré cuando finalicen las elecciones. Si es verdad que el PSOE quiere nombrar al señor Iceta presidente del Senado o si, por el contrario, este lío hay que montarlo para pensar que el PSOE y los independentistas no van a gobernar juntos", valoró antes de añadir que esto último, "naturalmente, no se lo cree nadie".

"Otras fuerzas constitucionalistas"

Mientras, Casado desplegó un mensaje que, a tenor de los de otros dirigentes de su partido, podría parecer contradictorio. A su juicio, lo ocurrido en el Parlament con Iceta "condiciona" la investidura de Pedro Sánchez. Por ello le recomendó que "explore otras fórmulas constitucionalistas". Se refería a Ciudadanos, pero no mencionó al partido naranja de forma expresa.

A ojos del jefe de los conservadores, el presidente del Gobierno en funciones se ha "equivocado en el fondo y en la forma" al proponer a Iceta.

La cabeza de lista del PP al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha señalado este jueves que el veto del Parlament al líder del PSC, Miquel Iceta, para que sea senador autonómico y por tanto, pueda optar a la presidencia del Senado es una "trampa de trileros" que supone "un divorcio fingido entre Sánchez y los independentistas".

En una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, Montserrat ha criticado la indignación del PSOE con el veto de ERC a Iceta. "Es puro postureo y teatro electoral entre el PSOE y los independentistas para obtener rédito electoral", ha señalado.

El Parlament ha rechazado este jueves que Iceta sea designado senador autonómico, lo que en consecuencia le impedirá aspirar a la Presidencia del Senado la semana que viene, como quería el presidente Pedro Sánchez.

"El PSOE finge un divorcio con los independentistas para que Sánchez se coloque como freno del independentismo", ha indicado la candidata del PP, quien ha insistido en que tras las elecciones autonómicas y locales del próximo 26 de mayo "llegará la reconciliación y el pacto" entre socialistas e independentistas.

Con todo, Montserrat ha señalado que Sánchez "está engañando a todos los españoles" porque considera que Iceta no quería ser senador ni presidir el Senado al no presentarse en las listas en las elecciones generales. "A mi no me venden la moto", ha expresado, al tiempo que tachaba el movimiento del PSOE como "la operación pimpinela-Iceta.pimpinela-Iceta

Uno de los test internos que medirán si Pablo Casado ha captado el mensaje de los barones y dirigentes provinciales que le han pedido autocrítica y un giro al centro tras la debacle de las elecciones generales va a ser la forma de repartir el juego en los grupos parlamentarios, sobre todo el del Congreso de los Diputados. 

En el Partido Popular no sólo van a estar pendientes en las próximas semanas de si modula o no el mensaje y del efecto que esto tendrá sobre las municipales, autonómicas y europeas del próximo 26M. También, de las designaciones para los puestos clave. Es un doble examen, puesto que de los nombres que Casado escoja se podrán extraer dos mensajes: el de la apuesta, o no, por la moderación y el de la apuesta, o no, por la integración.

El pasado martes, en la cita en la que Casado reunió a sus barones en la sede nacional del partido para analizar por qué habían caído de 137 a 66 escaños en el Congreso, y especialmente en algunas de las intervenciones de los asistentes, se subrayó la necesidad de que el partido cierre de una vez por todas las heridas del congreso extraordinario del pasado julio y escuche a las direcciones territoriales. También se habló del distanciamiento del centro político.

Cuando Pablo Casado sorprendió en amplios sectores del PP por haber fichado a Cayetana Álvarez de Toledo como número uno por Barcelona, la opinión más extendida fue que estaba pensando en ella para liderar el Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja, algo similar al mensaje que lanzó Albert Rivera (Ciudadanos) apostando por Inés Arrimadas como número uno por la misma circunscripción. 

Ahora, tras los resultados del 28A, una idea bastante extendida en las filas conservadoras es que no es el mejor perfil para ejercer de portavoz. "Va más en la línea de ese PP derechizado del que tenemos que huir si queremos aspirar a liderar el centroderecha y reducir la ventaja de Ciudadanos", señala una diputada electa en las generales.

Romper vínculos con el 'aznarismo' y el 'aguirrismo'

"Casado tiene que romper amarras con todo lo que suene a Faes, a [José María] Aznar y a [Esperanza] Aguirre. Tiene que demostrar que no es un líder tutelado, que fue elegido en un congreso por primarias y que toma sus propias decisiones", sostiene.

Uno de los nombres que más consenso genera, sobre todo por su experiencia parlamentaria, es el de Ana Pastor. La expresidenta del Congreso y amiga personal de Mariano Rajoy puede ejercer de puente entre las dos sensibilidades del PP. Y, de paso, lanzar ese mensaje de integración que tanto se le ha demandado a Casado en los últimos meses. El grueso de los fieles a Mariano Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría o están fuera de primera línea de la política o han sido desplazados.

Pastor encabezó la candidatura por Pontevedra.

Reparto de responsabilidades

El PP se prepara para una legislatura muy diferente en el plano parlamentario. No sólo no gobierna, sino que su presencia se ha reducido en 72 parlamentarios. Su principal reto es conseguir trasladar la idea, a través de sus iniciativas, de que es el principal grupo de la oposición con Ciudadanos pisándole los talones [57].

En este contexto, los dirigentes consultados por infoLibre reclaman al jefe de filas que se rodee de dirigentes con experiencia parlamentaria. "En el Grupo Parlamentario ya no están Rafael Hernando, ni Fernando Martínez-Maillo, ni José Luis Ayllón, exdiputados muy bregados en el día a día del Congreso", señalan.

En el Grupo Parlamentario Popular la renovación es del 47%. De sus 66 diputados, 31 de ellos serán nuevos en el hemiciclo.

A la hora de citar a los parlamentarios con más experiencia, en el PP apuntan, además de a Pastor, a José Antonio Bermúdez de Castro, que fue número uno por Salamanca y que en este último tramo de legislatura ha ocupado el cargo de secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

También citan, más por su experiencia en gestión que por la parlamentaria, a los exministros Rafael Catalá e Isabel García Tejerina. Sería raro que Casado no les premiara con la presidencia o portavocía de una comisión.

El reparto de responsabilidades en el Congreso conlleva pluses económicos. Son, pues, una vía de los partidos para premiar a los diputados. La asignación constitucional para todos los diputados es idéntica: 2.972,94 euros, cantidad que se complementa con las llamadas indemnizaciones: 1.912,20 euros para los parlamentarios que fueron elegidos por circunscripciones distintas a Madrid. Y 917,03 euros para los electos en Madrid.

Estas cantidades, que se perciben en 14 pagas, pueden verse complementadas con cantidades mensuales que van desde los 2.819 euros que le corresponden a los portavoces de los grupos parlamentarios a los 737 que se embolsa un portavoz adjunto de comisión.

La experiencia parlamentaria... al Senado

Pablo Casado fracasó en su intento de que Cs y Vox no presentasen candidatos al Senado para no dividir el voto de la derecha. Hizo campaña con la promesa de que lo primero que haría en un Consejo de Ministros liderado por él sería aprobar la aplicación del 155 en Cataluña. Subrayando que sus candidatos eran los "senadores por el 155".

La idea no caló. De los 130 senadores que logró Mariano Rajoy en las elecciones generales de 2016, ahora el grupo se ha visto reducido hasta los 56. Los socialistas lograron 121 frente a los 43 de los que partía.

La dirección nacional del Partido Popular optó por trasladar a la Cámara Alta a dirigentes veteranos y con experiencia, no sólo en la organización de la formación conservadora, también con experiencia en las dinámicas parlamentarias y en el manejo de los plazos legislativos. Es el caso de Rafael Hernando. Pero también de Fernando Martínez-Maillo, coordinador general y vicesecretario de Organización, y Carlos Floriano, que desempeñó funciones similares a las de Maillo en etapas anteriores.

Los tres coincidirán en el Senado. Hernando fue número uno por Almería; Maillo por Zamora y Floriano por Cáceres.

Una de las decisiones que tendrá que tomar Casado es si nombra a Pío García-Escudero, que en los últimos años ha sido presidente del Senado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. "Sería visto como un gesto de continuidad y de respeto al pasado del partido después de varios desplantes a los representantes del marianismo"marianismo, interpreta un dirigente provincial. 

Dos nombres que suenan con más fuerza: García-Escudero y Hernando

García-Escudero es presidente del PP de Madrid, una dirección regional que probablemente sea modificada una vez se celebren las elecciones autonómicas y municipales. Tuvo que hacerse con las riendas del partido tras la crisis del escándalo del máster, que se llevó por delante a Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Otros sectores del partido consideran que ese puesto debería recaer en Hernando, puesto que le avalan años de experiencia como portavoz en el Congreso. 

Ahora senador por Almería, Hernando fue uno de los principales damnificados en el proceso de elaboración de las listas. Fuentes conocedoras del proceso de elaboración de estas candidaturas aseguran que tenía cerrado con la dirección nacional del PP saltar a la lista al Parlamento Europeo. Pero que al final fue desplazado.

Sesión constitutiva

El 21 de mayo de 2019, a las 10.00 horas, tendrán lugar las sesiones constitutivas del Congreso y del Senado. Será el arranque de la XIII Legislatura.

Ese día se escogen las presidencias de las Cámaras y los miembros de las Mesas, órganos de gobierno de las mismas. Además, los parlamentarios electos son llamados uno a uno para acatar la Constitución y asumir así su condición plena de diputado o senador.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, despejó este lunes la última de las grandes incógnitas que tenía pendiente para el gran ciclo electoral que se avecina: la persona que encabezará la lista a las elecciones europeas del 26 de mayo de 2018. Será Dolors Montserrat. 

Portavoz del Grupo Parlamentario Popular y exministra de Sanidad, Montserrat sustituyó a Rafael Hernando cuando Casado asumió la presidencia del partido. Fue el pago, cuentan fuentes conocedoras del proceso, que el presidente de los conservadores tuvo que hacer por el apoyo que le brindó María Dolores de Cospedal en la segunda fase de las primarias. Montserrat había sido la mano derecha de la candidatura de la exsecretaria general. La candidata se quedó fuera de las listas al Congreso. En sectores del PP sorprendió que no encabezase la lista por Barcelona, un puesto que ha correspondido a Cayetana Álvarez de Toledo. 

El anuncio lo hizo Casado en un desayuno informativo organizado por Europa Press. En las anteriores elecciones la candidatura fue encabezada por Miguel Arias Cañete, seguido de Esteban González Pons, dirigente que figuraba en todas las encuestas internas como posible número uno. El actual portavoz del PP de Casado en el Parlamento Europeo será número dos. Es el mismo puesto que ocupó en la lista de 2014.

Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, acompañará a Montserrat en esta lista. El hombre que asumió las riendas del PP de Madrid tras la marcha de Cristina Cifuentes no encabeza la lista para las próximas autonómicas. Hace ya semanas que se conoce que la candidata será Isabel Díaz Ayuso.

Está previsto que Garrido, que será número cuatro, deje su cargo en los próximos días. El número tres es para Tono López Istúriz. Y el cinco, para Pilar del Castillo.

Los exministros José Manuel García-Margallo y Juan Ignacio Zoido también integran esta lista en la que continúa Rosa Estarás y en la que se estrenan Isabel Benjumea, mano derecha del jefe de gabinete de Casado, Javier Fernández Lasquetty, y Javier Zarzalejos. Benjumea colaboró con Faes, la fundación de Aznar. Y Zarzalejos es su director.

Una elección en clave europea

Con este fichaje, el PP interpreta las europeas muy en clave catalana. El propio Casado así lo reconoció en este desayuno informativo. No pasa inadvertido, dicen las fuentes consultadas, que es así cómo han interpretado otros partidos esta cita electoral: concurre el ministro de Exteriores, Josep Borrell, por el PSOE. Y el expresident Carles Puigdemont.

El jefe de los conservadores destacó la "experiencia y empuje" de su apuesta para Bruselas y puso el foco en la necesidad de "revertir el relato de las fake news" sobre Cataluña.

Casado culmina con este anuncio un proceso que no ha estado exento de polémica por lo que las listas electorales han supuesto de barrido del marianismo y de los dirigentes que en el proceso de primarias para la sustitución de Mariano Rajoy se decantaron por Soraya Sáenz de Santamaría.

Prevalencia de Policía y Guardia Civil

En el desayuno, Casado defendió la prevalencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicos y locales, "fortaleciendo su jerarquía", explican fuentes del PP.

Las mismas fuentes aseguran que se trata de cumplir la ley de seguridad ciudadana y la ley de defensa nacional.

A ojos del presidente del PP, "hace falta un apuntalamiento" del Estado y de sus competencias.

"Aquí nadie habla de acabar con el Estado autonómico, aquí lo que hay es lealtad al texto constitucional", añadió.

La lista completa

Tras el desayuno informativo, Casado presentó a los integrantes del resto de la lista en un hotel cercano a la la madrileña Plaza de España. Son los siguientes:

1. Dolors Montserrat

2. Esteban González Pons

3. Antonio López-Isturiz

4. Ángel Garrido

5. Pilar del Castillo

6. Javier Zarzalejos

7. José Manuel García-Margallo

8. Francisco Millán

9. Rosa Estarás

10. Isabel Benjumea

11. Pablo Arias

12. Juan Ignacio Zoido

13. Gabriel Mato

14. Esther Herranz

15. Ana Collado

16. José Ignacio Salafranca

17. Carlos Iturgaiz

18. Juan Corro

19. Veronica Lope

20. Ana Requesens Moll

Regresan los tiempos del PP en la calle contra el Gobierno. Y Ciudadanos, también tira de esta estrategia. PPEl presidente de los conservadores, Pablo Casado, pidió este miércoles desde Cuenca a los españoles que salgan a la calle el domingo contra el Gobierno. Lo mismo hizo Albert Rivera desde otro escenario: el Congreso de los Diputados. Ambas formaciones coinciden en que Pedro Sánchez ha cedido a las "cesiones" de los independentistas.

Según señaló el líder de los conservadores, su partido está todavía a la espera de la respuesta de la Delegación del Gobierno, institución a la que han solicitado autorización. Sostuvo que el PP quiere liderar a los "constitucionalistas" ante esta "felonía" de Pedro Sánchez de aceptar la figura de un relator en una mesa de partidos sobre Cataluña.

"El PP quiere liderar a los constitucionalistas, a la España de los balcones, a la España sensata, que ya solo le queda el recurso de salir a la calle para pedir que se cumpla la ley y que no se siga humillando a nuestro país", recalcó.

"No se puede vender España a cambio de un plato de lentejas por seguir en Moncloa", dijo sin descartar otras herramientas parlamentarias que ofrece la Constitución. Sobre la posibilidad de una moción de censura, Casado señaló que él sólo presentará iniciativas para ganarlas, al contrario de lo que hizo el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Para Casado, el presidente Sánchez está "deslegitimado" para seguir al frente del Gobierno de España. "Ya lo único que nos queda es apelar a la conciencia cabal y sensata de la población española", resaltó el líder del PP, que tildó de "lamentables" e "insulto a la inteligencia" las explicaciones de la vicepresidenta Carmen Calvo ante la prensa en el Palacio de la Moncloa.

Casado precisó que su partido había esperado a escuchar la rueda de prensa de Calvo antes de pedir la autorización de la "concentración".

20.000 personas

En la solicitud [Aquí, en PDF], firmada por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, detallan que se pide autorización para el domingo a las 11.00 horas en la Plaza de Colón. "A dicha autorización asistirán una cifra superior a las 20.000 personas junto con representantes de medios de comunicación. Los convocantes tendrán un servicio de organización para la misma", puede leerse.

A la hora de justificar la "urgencia" de la concentración, el PP señala que el martes había conocido "por los medios de comunicación" que el Gobierno de la Nación había aceptado "la presencia de negociadores en relación con la Generalitat de Cataluña". "Este acuerdo supone un hecho inédito y si precedentes en nuestra democracia que genera un profundo malestar en el conjunto de los españoles y exige una muestra urgente de repulsa y rechazo a dicho acuerdo".

Menciones al 23F

En su comparecencia en Cuenca, Casado dijo que considera a Sánchez "un presidente ilegítimo a partir de hoy [por este miércoles]" por estar siendo "chantajeado por quienes quieren destruir España". "Está deslegitimado para estar al frente del Gobierno", sentenció Casado al tiempo que aseguraba que lo que está ocurriendo ahora en España es lo más grave que ha vivido la democracia española desde el 23 de febrero de 1981.

Consciente del malestar en las filas socialistas por el episodio de los relatores, el líder del PP apeló al "sentido común" de los barones socialistas para reclamarles que "pongan freno a su secretario general" y les avisó de que el PSOE, a su juicio, puede quedar fragmentado.

"Nos va a escuchar en las calles"

De forma casi paralela, el líder de Ciudadanos, ya desde el Congreso, dio una rueda de prensa en la que, como Casado, convocó una concentración el domingo. "Hay que decirle a Sánchez que, si no nos escucha en el Parlamento, nos va a escuchar en las calles y las redes", sostuvo.

El líder del partido naranja abogó por "defender la Constitución más allá de ideologías o siglas" y crear un "frente cívico" que diga "basta ya" a Sánchez. "Hay que frenar a Sánchez en las calles", insistió.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha convocado también a todos los españoles a concentrarse este domingo en Colón para mostrar el rechazo al "traidor" Gobierno de Pedro Sánchez. En un mensaje en su red social, Abascal pide que "por encima de diferencias partidistas" todos los españoles vayan a la movilización que este miércoles han anunciado PP y Ciudadanos. Convocada con minutos de diferencia, queda por ver cómo se coordina esta manifestación. Para Vox una "mediación internacional" supone "un reconocimiento de facto de la independencia de Cataluña".

Comparecencias urgentes

Mientras, la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, aseguró este miércoles que su partido iba a solicitar la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso para que explique "su traición" a España, tras aceptar que haya un relator en las negociaciones con la Generalitat de Cataluña. "Está traicionando a España, no tiene límite por seguir en Moncloa. Estamos viendo como el independentismo usa los Presupuestos para seguir rompiendo España y Sánchez para seguir en Moncloa", aseguró Montserrat en una entrevista en RNE.

En la línea con lo expuesto en un comunicado del PP a última hora del martes, la portavoz parlamentaria ha calificado de "vergonzante" y "humillante" nombrar un mediador en las conversaciones entre el Ejecutivo y la Generalitat y, según Montserrat, supone "doblegar a 47 millones de españoles", informa Europa Press.

'Gol' del independentismo al Gobierno

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, aseguró que el independentismo "mete un gol" al Gobierno después de que éste haya aceptado incluir a un relator en las negociaciones con la Generalitat. Critica que Sánchez asuma el relato separatista y denuncia lo que considera una "humillación" a España y una "vergüenza" para los catalanes.

En una entrevista en la Cadena Ser Arrimadas insistió en que introducir un mediador en la negociación supone una vergüenza "para Sánchez, para su Gobierno y para toda España". "Ha asumido el relato, el marco mental, de que no hay que fiarse de la democracia española y de que se necesita una figura externa que evite abusos", recalcó.

Según Arrimadas, eso es lo que quería el independentismo y con Sánchez en la Moncloa "se ha conseguido". "Es un error para el futuro de todos los catalanes que no son independentistas y para el futuro de España", ha subrayado. Por ello, la dirigente de Ciudadanos llama a "sacar con votos" a Sánchez de la Moncloa, ya que entiende que el "daño a la democracia" irá en aumento cuanto más tiempo pase el líder socialista al frente del Gobierno.

Asimismo, la líder de la oposición en Cataluña aseguró que este episodio da la razón a Ciudadanos de no sentarse a negociar en la mesa de partidos promovida por la Generalitat, ya que se trata de "una trampa". "Con los partidos en Cataluña quiero dialogar en el Parlament. Con esta decisión se ha visto nuestro acierto de no participar en esta farsa de la mesa de dialogo que querían poner en marcha", afirmó.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha apostado este lunes por que el taxi y el VTC convivan en un modelo más liberalizado para los taxistas, que incluya un fondo para la recompra de sus licencias. Casado considera que, a través de una ley estatal, se tiene que colaborar entre los dos colectivos para que el taxi pueda competir y no se vea menoscabado por el pago de las licencias.

"Hemos propuesto que además de liberalizar el taxi, haya una bolsa, que se vaya pagando con impuestos al VTC, para que esas licencias se puedan recomprar", ha asegurado en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press.

Según el dirigente conservador, ese fondo sería mejor que la posibilidad de pagar, por parte del Estado, si las VTC demandan al ver peligrado su servicio, una compensación que Fomento cifra en 400.000 millones. "Sería más lógico que ayudáramos al sector para que pueda competir", ha defendido. De esta forma, apuesta por que los taxistas puedan operar sin restricciones de descanso, de no poder salir del ámbito municipal o estar dentro de las plataformas digitales.

No obstante, mediante esta iniciativa que Casado asegura que llevarán pronto al Congreso, el PP también defiende que el taxi siga manteniendo prevendas como la posibilidad de recoger a personas en la calle o mantener puestos para taxistas en hospitales, aeropuertos, estaciones y recintos feriales.

Al mismo tiempo, el líder del PP ha avisado que no se puede prohibir el VTC y se tiene que preservar el derecho a elegir del cliente. "Hay que defender al consumidor, no puede ser que solo nos fijemos en el parón patronal, sino que los españoles tengan derecho a elegir un servicio", ha añadido. "No se puede romper un sector, Madrid y Barcelona quedaría fuera del foco internacional", ha advertido sobre cercenar al sector de VTC.

Casado critica que el Gobierno de forma "cobarde" traspase un problema "de su competencia" a las comunidades autónomas. "Es insólito, tiene incendiado a todo España y resulta que el problema es del PP por decir que no tenemos por qué legislar lo que ya está legislado", ha asegurado.

Devolver la competencia al Estado

El PP ha avanzado este lunes que presentará en el Congreso una proposición de ley para devolver al Gobierno las competencias para regular los vehículos de turismo con conductor (VTC), licencia bajo la que operan firmas como Uber o Cabify, en una única ley para todo el país.

Así lo ha anunciado su portavoz en la Cámara Baja, Dolors Montserrat, y su secretario general, Teodoro García Egea, a la entrada de la Diputación Permanente de este lunes, en la que el PP exige las explicaciones de los ministros de Fomento, José Luis Ábalos, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre el conflicto entre el taxi y las VTC. "Queremos una única España con una única regulación donde convivan los dos sectores, en favor de la libertad del usuario y en favor de que nuestras ciudades tengan la movilidad garantizada", ha subrayado Montserrat, mientras García Egea ha abogado por que "los temas importantes, como el transporte, deben estar regulados a nivel nacional". "España no son 17 países distintos, es una nación", ha apostillado.

Los taxistas madrileños celebrarán durante la noche del lunes una asamblea para decidir los pasos a seguir este martes, cuando habrá otra movilización hasta la Castellana. Mientras, en la capital catalana, los VTC han mostrado su rechazo a las intenciones del Govern con una marcha hasta la Consellería de Territorio. La huelga de taxis en Barcelona está, por ahora, desconvocada, hasta que se confirme el decreto que establece un tiempo de 15 minutos —extensible a una hora— en la precontratación de coches de Uber o Cabify.

Este domingo los taxistas en huelga por la regulación de las licencias para vehículos VTC cortaron el Paseo de la Castellana. A primera hora de este lunes la Policía Nacional y múltiples grúas municipales comenzaron a desalojar la arteria madrileña, que ha quedado despejada. No obstante, ha habido momentos de tensión y forcejeo entre huelguistas y agentes cuando éstos intentaban desocupar los carriles centrales de la calle y varios taxistas han iniciado una sentada junto a sus vehículos.

Así te hemos contado en directo en infoLibre otra jornada más de manifestaciones en el conflicto del taxi:

22.00: Los taxistas de Madrid celebrarán esta noche una asamblea entre las 23 y 23.30 horas en el Estadio Wanda Metropolitano donde fijarán la hoja de ruta de las movilizaciones que llevarán a cabo durante este martes para reclamar la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), han informado a Europa Press fuentes del sector.

Esta noche trasladarán un comunicado en el que explicaran algunos aspectos como que este martes comenzarán las movilizaciones desde la sede de UGT a las 9 horas, seguirán por Avenida de América y después acudirán al Paseo de la Castellana.

Además, tienen previsto montar un campamento en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas para aquellos taxistas que llegan desde otras localizaciones para apoyarles. De hecho han venido hoy taxistas procedentes de Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla León, Asturias y Valencia.

20.00: Los taxistas han llegado a WiZink Center para continuar con sus protestas al grito de "corruptos", y han lanzando huevos hacia la sala en la que se encuentran la portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "Somos taxistas, no terroristas y seguiremos hasta el fin". Acompañados de silbatos y pitidos, han proferido también insultos al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, pidiendo su dimisión.

19.50: Los taxistas que estaban concentrados en la Puerta del Sol desde las 17 horas han comenzado su marcha hacia el Palacio de los Deportes en Goya, hacia la Calle Jorge Juan, donde la portavoz del PP en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, asisten a un acto en recuerdo del Holocausto.

18.15: Un vehículo VTC de transporte de personas con movilidad reducida ha sufrido este lunes un ataque por parte de un grupo de personas que han obligado al usuario en silla de ruedas que trasladaba a bajar del vehículo para impedir que continuara con su trayecto. Así lo ha denunciado el director de Venze, Wilson Correa, quien ha condenado "todo tipo de violencia contra los VTC y, en concreto, a aquellos vehículos adaptados que dan servicio exclusivo a un colectivo que necesita libertad y un transporte de calidad para desplazarse".

17.35: Un millar de taxistas ya han llegado a la Puerta del Sol para continuar con sus protestas por la falta de regulación del sector de las VTC y han continuado con insultos al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, así como defendiendo que no son "terroristas". Frente a la Real Casa de Correos, la multitud que se ha acercado hasta el kilómetro cero han clamado contra la postura de la Comunidad de Madrid en la negociación con gritos de "PP y VTC, la misma mierda es" o "Manos arriba, esto es un atraco".

17.30: Tres compañías de vehículos de alquiler con conductor han avanzado su intención de iniciar los trámites de un expediente de regulación de empleo (ERE) para un millar de trabajadores del sector en Barcelona ante la nueva regulación que se aprueba para el sector. Las firman han comunicado su intención de abordar este ajuste al jefe del Servicio de Relaciones Laborales de los Servicios Territoriales en Barcelona de la Conselleria de Trabajo, Albert Hernández, a quien le han solicitado una reunión. Posteriormente, a primera hora de la tarde, representantes del sector han acudido a la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat para reunirse con el titular del departamento, Damià Calvet.

14.30. Sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido este lunes hasta las 14 horas a siete taxistas y a un policía nacional por contusiones leves durante las manifestaciones del sector, que se han centrado en el Paseo de la Castellana y en la calle Génova de Madrid.

14.05. Los varios cientos de taxistas que se han congregado ante la sede del PP han abandonado la zona después de lanzar huevos contra el edificio y tras escuchar las intervenciones de varios representantes del comité de la huelga. A continuación se han dirigido al aeropuerto de Barajas, desde donde por la tarde se dirigirán a la Puerta del Sol, donde se halla la sede de la Comunidad de Madrid.

14.00: A través de la red social Twitter, los socialistas han manifestado su rechazo a esas palabras: "Vergonzoso escuchar declaraciones tan desagradables y retrógradas para criticar a un miembro del gobierno. Todo nuestro apoyo a Marlaska y nuestra condena y rechazo a tan repulsivas palabras y a cualquier tipo de discriminación por orientación sexual", han publicado.

13.55:

 El PSOE tacha de "desagradables" y "retrógadas" las declaraciones del representante de Élite Taxi sobre el ministro Marlaska. Tito Álvarez, representante de los taxistas, ha criticado que un ministro de izquierdas y homosexual ordenase a la Policía efectuar cargas en el Paseo de la Castellana.

13.50:

 La organización de consumidores, Facua, ha criticado que la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid los hayan excluido de las negociaciones sobre el conflicto taxi-VTC. Su portavoz, asegura que la medida de imponer una distancia mínima en la contratación de vehículos VTC es la "solución menos mala" y pide que dicho conflicto no convierta en "rehenes" a los consumidores.

13.40:

 El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha pedido comparecer en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados para abordar el conflicto abierto entre el sector del taxi y los VTC, según ha avanzado el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura.

13.30:

 Continúan las protestas frente a la sede del PP nacional en la Calle Génova de Madrid. Centenares de taxistas se han congregado allí desde la mañana de este lunes para exigir que se legisle sobre la expedición de licencias VTC. A los manifestantes de Madrid se les han añadido taxistas de otras comunidades autónomas. La calle permanece cortada y hay fuerte presencia policial controlando el desarrollo de la protesta. Un taxista ha quemado su carné de afiliado al PP frente a la sede.

Centenares de taxistas se manifiestan frente a las puertas de la sede del PP nacional entre fuerte presencia policial

13.10: Varios conductores VTC han anunciado que este martes se congregarán frente a la sede madrileña de Podemos —que siempre se ha posicionado en contra del sector y a favor de los taxistas— bajo el lema "Somos trabajadores, no multinacionales", con el objetivo de visibilizar que "son trabajadores que cotizan en España y quieren seguir trabajando sin miedo". Aseguran que en Madrid trabajan 9.000 personas en este sector, muchos de ellos desde hace una década, "que pagan sus impuestos en España y sobre todo tienen la función vital de poder y querer trabajar".

13.05:

 En Barcelona, los conductores VTC también están protagonizando movilizaciones desde hace unos días, cortando tramos de calles principales de la ciudad. Este lunes unos 500 conductores han marchado a pie hasta la Consellería de Territorio. El sector mantiene la protesta que bloquea varios carriles de la avenida Diagonal, todo ello con el fin de mostrar su rechazo al Decreto que el Govern prevé aprobar para obligar al sector a contratar sus servicios con un tiempo mínimo de antelación.

13.00:

Taxistas de otras comunidades autónomas se han desplazado hasta Madrid para secundar las protestas que sus compañeros están efectuando en la Calle Génova, frente a la sede del PP nacional.

12.50:

 Sobre el anuncio del PP de intentar devolverle al Gobierno la competencia de la regulación de las licencias VTC, el PSOE considera que lo hace porque "es incapaz de gobernar Madrid". Lo ha expresado la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, que ha recordado que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como su ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "asumieron su responsabilidad" ante el conflicto del taxi elaborando un decreto ley que, ha destacado, fue convalidado por la propia Cámara Baja.

12.45: En nuevas declaraciones, el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, ha pedido a los taxistas que si se concentran o manifiestan lo hagan con la pertinente autorización de su departamento, al tiempo que ha garantizado a los conductores de las VTC que habrá "sanciones" por las agresiones que están sufriendo. Ha indicado que la Policía "está pendiente" de las concentraciones que están realizando los taxistas pero les ha pedido que "lo hagan en tiempo y forma para que se pueda garantizar que se celebran con normalidad su derecho constitucional a hacer huelga".

12.40:

 En la misma línea se ha expresado la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, que  ha afirmado que el Gobierno regional "seguirá trabajando" para llegar a un acuerdo con el sector del taxi, que cumple hoy su octava jornada de huelga, pero "sin ceder a amenazas" y sin perjuicio al sector de las VTC. Así, considera la consejera que este acuerdo consensuado ha de velar por "dar un servicio público al ciudadano y que los ciudadanos tengan la opción que elegir, como se elige el colegio, hospital". "Tenemos derecho a elegir cuál es el mejor servicio del transporte", ha remachado.

12.35: Garrido también ha lamentado que los taxistas están "teniendo una pérdida de imagen lamentable". "Unos pocos están deteriorando a pasos agigantados su imagen", ha indicado, para insistir en que sigue abierto a negociar con las dos partes pero no a cerrar un sector "porque no es legal y no es lo que quieren los ciudadanos".

12.30: El presidente de la Comunidad de Madrid ha admitido que están "abiertos a negociar" pero no con cosas que vayan en contra de la legalidad. "Con eso, no", ha remarcado, para criticar que haya un grupo de taxistas que traten de negociar con "coacciones y presiones ilegítimas". Garrido ha explicado que se han hecho varios documentos, el último, con el Ayuntamiento de Madrid, y los taxistas son los únicos que han rechazado la propuesta de borrador del proyecto de ley. "Esfuerzos se han hecho por parte de todos, ahora tienen que hacerlo ellos [...] Cuando se va a todo o nada, se pueden quedar con nada", ha añadido, en relación a los taxistas.

12.25:

 El mismo Garrido ha insistido en que no va a aplicar el modelo alcanzado en Cataluña para regularizar los vehículos VTC. "Ese acuerdo no es posible porque en Madrid hay libertad de mercado", ha indicado. En Cataluña, la Generalitat redactó un borrador en el que se establece un tiempo de 15 minutos —extensible a una hora— en la precontratación de coches VTC.

12.00: En las instituciones de la Comunidad de Madrid, el desalojo de la Castellana ha producido un desencuentro entre el presidente regional, Ángel Garrido, y el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes. Este lunes, Uribes ha instado al dirigente autonómico a ponerse "a trabajar" para regular a los taxis y las VTC "y si esto no se produce, pues no es suficiente". El delegado ha explicado también que "todos los factores" aconsejaban que el desalojo de los taxistas en el Paseo de la Castellana se hiciera esta mañana y no ayer por la noche cuando ya se asentó la acampada en este punto de la capital.

Garrido se ha defendido asegurando que los taxistas llevan acampados en el paseo de la Castellana dos noches, no una, y que "nadie ha hecho nada" hasta esta mañana, que se han producido los primeros desalojos. "El que tiene que trabajar es él", ha sostenido Garrido, quien ha defendido que, por su parte, él ya lo está haciendo. "Yo trabajo, en lo que me compete a mí", ha manifestado, al tiempo que ha dicho que lo que no va a hacer es una legislación que "pretende eliminar a un sector para que no haya competencia".

11.35: El PP, además, ha anunciado este lunes que presentará una proposición de ley en el Congreso para que sea el Gobierno quien asuma las competencias para regular los vehículos VTC. Así lo ha anunciado su portavoz en la Cámara Baja, Dolors Montserrat, y su secretario general, Teodoro García Egea.

11.25: Muy criticado por el colectivo de taxistas —este lunes están concentrados frente a la sede nacional en Génova—, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha declarado que apuesta por liberalizar el sector el taxi y crear un fondo para comprar sus licencias. "Hemos propuesto que además de liberalizar el taxi, haya una bolsa, que se vaya pagando con impuestos al VTC, para que esas licencias se puedan recomprar", han sido las palabras de Casado.

11.15:

 Uno de los líderes de las movilizaciones, Tito Álvarez, ha declarado que entre los taxistas concentrados está extendido el malestar de que un ministro de izquierdas y homosexual —Fernando Grande-Marlaska— le ordene a la Policía que intervenga.

10.55:

 La fiscal general del Estado, María José Segarra, también se ha referido al desalojo de la Castellana insistiendo en que es deber de la Policía "constreñir las protestas legítimas a los ámbitos que están autorizados". "Nosotros actuaremos cuando se produzcan los hechos, antes no vamos a decir nada", ha declarado.

La Policía ha desalojado a los taxistas concentrados desde este domingo en el Paseo de la Castellana

10.50: Desde el Ministerio del Interior se ha defendido la actuación policial: "No pueden poner la ciudad patas arriba ni secuestrar a la ciudadanía". Lo ha dicho la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, que ha reconocido que los taxistas "tienen derecho de manifestarse [...] pero nos hemos dado unas normas de convivencia", ha destacado Botella.

10.45: Entre las proclamas se puede oir: "Esto es una historia de puertas giratorias". A la concentración de este lunes han acudido taxistas de otras autonomías. De hecho, con ellos se encuentra el líder de Élite Taxi en Barcelona, Alberto Álvarez, conocido como Tito, y responsable de la negociación en Cataluña, donde sí ha habido acuerdo. Está previsto que esta tarde se desplacen a la Puerta del Sol —donde se encuentra la sede del Gobierno regional— para continuar con sus reivindicaciones.

10.40:

 Los taxistas, después del desalojo de Castellana, se han desplazado hasta la Calle Génova, donde se encuentra la sede nacional del Partido Popular —muy crítico con la huelga del colectivo—. Allí, los huelguistas han cortado la calle al grito de "corruptos" y "Garrido dimisión".

10.30: Tras varias horas de desalojo, el trabajo de la Policía y varias grúas municipales ha conseguido ir dejando libre el tramo de la Castellana entre la Plaza de Colón y Gregorio Marañón. Solo se ha mantenido la tienda de campaña en la que varios taxistas iniciaron el pasado viernes una huelga de hambre.

La dirección del Partido Popular se había conjurado para que en la convención nacional que este fin de semana celebra en Madrid el partido de ultraderecha Vox, con el que ha pactado en Andalucía, no fuese protagonista. Pero los de Santiago Abascal han sido protagonistas en muchos de los comentarios de pasillo... y en el escenario principal.

La idea de hacer de la presencia de la "sociedad civil" uno de los ejes de la convención les jugó a los conservadores una mala pasada este viernes, jornada inaugural del cónclave. Jaume Vives, portavoz de Tabarnia, intervino en una de las mesas, la que abordaba "la unidad de España y el futuro de Cataluña", y tras admitir que llegaba a Madrid "cabreado" por tener que participar en esta cita del PP, dijo que al partido de Casado "se le ha pasado el arroz" y que, cuando comentó en Twitter que venía a este acto, la respuesta que obtuvo en la red social es que trasladase a los asistentes "que se afilien a Vox".

"A mí me da la sensación que la gente piensa que al PP se le ha pasado el arroz. Durante mucho tiempo ha abandonado a muchísima gente y, a lo mejor en plan broma, eh, pero a mí lo que me han pedido es que os afiliéis a Vox y que los que no lo hagáis, que sepáis escoger buenos compañeros de viaje", dijo Vives. El líder del PP, Pablo Casado, escuchaba desde la primera fila del auditorio.

La mesa estaba siendo moderada por la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat. Y junto a Vives intervinieron José Rosiñol, expresidente de Sociedad Civil Catalana y Teresa Freixes, presidenta de la organización Concordia Cívica.

Vives explicó que el enfado con el PP viene porque los no nacionalistas en Cataluña se han sentido "profundamente abandonados" en los últimos años y porque la aplicación del artículo 155 de la Constitución llegó "tarde y mal". "No ha arreglado los dos problemas que tenemos: la educación y los medios de comunicación", dijo.

También señaló que hay dos colectivos a los que el PP "ha despreciado". Se refirió a los catalanes no nacionalistas y los católicos, a los que "se les ha dado una patada muy gorda durante muchísimos años".

"El partido no fija posición en base a sus intervinientes", han advertido en los últimos días desde Génova.

La intervención de Vives escoció en parte del auditorio. Tras sus palabras, recurrió a su perfil de Twitter para hacer la aclaración de que él no había llamado personalmente a votar al partido de Abascal, sino que habían sido los usuarios de esta red social los que le habían pedido que trasladase esta idea en el cónclave.