El Fondo Monetario Internacional (FMI) reclamó este viernes a España y a otros países europeos, como Portugal e Irlanda, actuar ante la crisis de la vivienda y alertó de que lastra el crecimiento económico.

"España y muchos otros países de Europa —entre ellos Portugal e Irlanda— deben centrarse en la crisis de la vivienda, en la crisis de asequibilidad, y actuar, no solo por un tema de accesibilidad económica, sino también por cuestiones estructurales", declaró el director del Departamento Europeo del organismo, Alfred Kammer, durante una rueda de prensa.

Kammer apuntó que "la vivienda social financiada por los Gobiernos ha disminuido considerablemente en las últimas décadas" en el conjunto de Europa, lo que ha supuesto un problema en muchos de sus países.

"Se refleja en el incremento de los precios de la vivienda y en la creciente dificultad de los jóvenes para acceder a una casa asequible, lo que también tiene un impacto negativo en el crecimiento económico", comentó.

En su opinión, esto dificulta, sobre todo, a los jóvenes mudarse a centros de alta productividad, donde los salarios son mayores. Cuando esto no puede ocurrir, se genera un gran freno al crecimiento que afecta al conjunto de la sociedad.

"Necesitamos actuar en materia de planificación y zonificación para crear el entorno adecuado que permita construir más viviendas", afirmó.

España atraviesa desde hace unos años una crisis habitacional marcada por la escasez de oferta asequible y aumentos históricos en los precios. El precio de la vivienda acentuó su subida al 12,7 % interanual en el segundo trimestre de este ejercicio, el mayor incremento en más de 18 años.

Según el Banco de España, faltan unas 700.000 viviendas en el mercado para cubrir el déficit entre oferta y demanda. Esto no es solo porque no se construya a un ritmo suficientemente rápido, sino, porque muchas de las que existen están destinadas a alquiler vacacional.

El informe de la UPV construye su narrativa sobre un pilar principal: la crónica y extrema escasez de oferta. Los datos son incontestables. En seis años, el número de "testigos" (viviendas nuevas en oferta) se ha desplomado, mientras el precio medio se ha más que duplicado. Esta tensión se ha visto exacerbada, según el documento, por un crecimiento poblacional "no orgánico" de unos 40.000 nuevos residentes entre 2022 y 2025, para el cual el parque de viviendas no estaba preparado.

El informe acierta al señalar la incompetencia e incoherencia de la política pública. Critica con dureza que se haya sustituido "el análisis técnico por el relato político", implementando medidas "sin base científica" que, lejos de proteger a los vulnerables, los han expulsado del sistema. Su denuncia de que el Estado es el "principal beneficiario" de la escalada de precios —con aproximadamente el 31% del precio final correspondiendo a impuestos— es un golpe certero a la hipocresía fiscal en un contexto de emergencia. Pero las soluciones que propone son las propias del paradigma tecnocrático: movilizar suelo, producir vivienda pública y privada de forma sostenida, profesionalizar la gestión, reducir trámites y, sobre todo, apostar por el Plan VIVE y la colaboración público-privada. Es el discurso, legítimo pero demostradamente limitado, el de la eficiencia, la coordinación y el incentivo correcto. Un discurso que, desde la óptica de la crítica a las estructuras del mercado, se queda en la superficie del problema.

La perspectiva crítica y el movimiento por el derecho a la vivienda parte de una premisa radicalmente distinta: la crisis no es un fallo del mercado, sino su lógica de funcionamiento actual. Para este análisis, el problema central no es meramente la insuficiencia cuantitativa de viviendas, sino el cambio cualitativo en su naturaleza: ha dejado de ser un bien de uso para convertirse en un activo fundamental para el sistema financiero global. Hasta que pincha la burbuja, e incluso entonces, las pérdidas ocasionadas son incorporadas al “haber” y no al “debe” en los libros de contabilidad.

Desde este ángulo, el informe de la UPV comete una omisión capital: no pregunta quién posee la vivienda y con qué fin. No hay en sus páginas un análisis del peso de los fondos de inversión internacionales en la compra de promociones enteras (en ocasiones a precios rídículos) en Valencia. No se menciona cómo la compra por parte de no residentes (facilitada antaño por mecanismos como las 'golden visas') puede estar distorsionando la demanda. Tampoco se analiza el stock de viviendas vacías mantenidas por grandes tenedores a la espera de mayor revalorización, una práctica de especulación pasiva que agrava artificialmente la escasez.

El informe menciona de refilón —es inevitable, son conscientes— que algunas políticas han generado "miedo a la okupación" y han llevado a "pequeños propietarios a retirar viviendas del mercado". Pero aquí hay que hacer una distinción crucial: el problema no es el pequeño propietario, sino el gran tenedor institucional. Mientras el primero puede verse acosado por normativas mal diseñadas, el segundo opera con una lógica puramente financiera, ajena a las necesidades del territorio.

Otro punto ciego del informe es la turistificación. Aunque dedica una sección al alquiler temporal —que ya representa el 37% de los alquileres en Valencia—, lo hace como un dato más, sin conectar este fenómeno con la expulsión de residentes y la presión alcista sobre los alquileres de larga duración. Para Palomares, la turistificación no es un efecto colateral, sino un mecanismo de extracción de renta que convierte barrios en parques temáticos para visitantes, vaciándolos de vida comunitaria y encareciéndolos más allá del alcance de sus propios vecinos.

El informe confía en que el Plan VIVE, con su promesa de vivienda protegida (VPP), puede comenzar a revertir la situación. Pero desde la crítica a la financiarización, esta confianza es ingenua. Sin mecanismos que impidan que esa nueva vivienda pública o protegida sea luego absorbida por el mercado secundario especulativo, o sin atacar la raíz del poder de los grandes actores financieros, se corre el riesgo de que el Estado simplemente subvencione un mercado disfuncional.

Abogar por medidas que el informe ni siquiera contempla parece fuera de toda valoración: la expropiación o incautación de uso de viviendas vacías en manos de fondos, la creación de un parque público de alquiler social masivo gestionado democráticamente, la prohibición del alquiler turístico en zonas tensionadas, y el establecimiento de controles estrictos a la propiedad concentrada. La lucha es por el derecho a la vivienda en la Constitución, no como una declaración retórica, sino como un derecho exigible judicialmente, que prime el uso social sobre el beneficio privado.

El informe de la UPV es un documento necesario y valioso. Su denuncia de una década de negligencia institucional y su llamamiento a la acción técnica y coordinada son imprescindibles. Sin embargo, opera dentro de los límites de lo que Boaventura de Sousa Santos llamaría el "pensamiento abismal": solo ve lo que su marco técnico le permite ver. No ve la lucha de clases en el mercado de la vivienda, no ve la transformación de la ciudad en una máquina de generar rentas para el capital financiero, no ve la vivienda como un derecho humano inalienable.

Esta crítica nos recuerda que no se trata solo de construir más, sino de decidir para quién y para qué se construye. Mientras el informe clama por "movilizar suelo" y "reducir trámites", el movimiento por la vivienda clama por "movilizar derechos" y "reducir el poder del capital especulativo".

El futuro de Valencia —y de todas las ciudades españolas— se debate entre estos dos polos. Por un lado, un futuro de gestión tecnocrática que quizás logre moderar los precios, pero manteniendo intacta la lógica de la vivienda como inversión. Por otro, un futuro de transformación radical, donde la vivienda sea, por fin, un derecho garantizado, y la ciudad, un espacio para vivir y no solo para invertir. El informe de la UPV nos dice que la casa se está quemando. La perspectiva crítica nos pregunta quién trajo la gasolina y nos recuerda que, a veces, apagar el incendio requiere cambiar por completo la estructura de la casa.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

La oferta de vivienda ha empezado a despegar en España, pero esta dinámica sigue lejos de traducirse en una moderación de los precios. El índice de precios de la vivienda aumentó un 12,2% interanual en el primer trimestre de 2025, el mayor crecimiento desde 2007, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). A la vez, el ritmo de construcción comienza a acelerarse, al cierre de 2024 se habían solicitado el mayor número de visados de obra nueva desde 2008, el número de vivienda nueva vacía encadenó tres años al alza (llegando a las 455.280 en diciembre, un 1,6% más que en 2023 y un 2,3% más que en 2022). Además, por primera vez en la historia, el parque de viviendas en España superó los 27 millones.

El número de casas del país ha crecido ininterrumpidamente desde hace 23 años, según los datos que aporta el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Sin embargo, una demanda que no cesa y la concepción de la vivienda como un bien de inversión cada vez más rentable sostienen la tensión en el mercado. Así, por el momento, el hecho de que haya más casas no hace que su precio baje. Además, factores estructurales como el hecho de que la creación de hogares sea muy superior al ritmo de construcción —tal como advierte el Banco de España (BdE)— atizan estas tendencias alcistas. Los expertos coinciden en que no se dan las condiciones para hablar de burbuja inmobiliaria en los mismos términos que hace dos décadas porque el crédito está más controlado que en los momentos previos a la Gran Crisis. Sin embargo, lo que sí hay es una cierta euforia sobre la rentabilidad de los inmuebles que anima a concebir la vivienda como un objeto seguro de inversión. 

En 2024 se solicitaron 127.721 visados de obra nueva, la cifra más alta desde 2008, de acuerdo con los datos que proporciona el Ministerio de Vivienda. Esto llevó Banco de España (BdE) a corregir sus previsiones y, de un déficit de vivienda de 600.000 unidades que había calculado, bajó su proyección hasta las 400.000. Sin embargo, expertos como el arquitecto y profesor de urbanismo, Gerardo Roger, advierten que aunque se necesiten más casas, esto por sí solo no solucionará el problema.

“Entre 1998 y 2007 se construyeron más del doble de viviendas que la demanda (hasta 600.000 y 700.000 al año frente a una demanda de 300.000) y, sin embargo, los precios se duplicaron”, señala. “Es cierto que aún se está haciendo poca vivienda, pero el precio de esta no depende directamente del número de casas. Porque una casa en el centro de Barcelona vale lo que vale, por mucho que se hagan más en otros sitios”, explica. El profesor apunta que la clave está en un parque de vivienda público con envergadura suficiente para garantizar una casa a quien la necesite, más allá de otros usos como pueda ser la inversión. “Un ejemplo clásico es el modelo de Viena”, concluye.

Hace unas semanas, el analista del think tank económico Funcas, Raymond Torres, señalaba en una columna en El País que España sufría una “burbuja de expectativas”. Para explicarlo, argumentaba que la decisión de comprar una vivienda ya no se tomaba solo en base a ingresos, tipos de interés o precios, sino que también influía la previsión de poder obtener con la compra una rentabilidad cada vez mayor por la constante subida de los precios. Y es que, en este sentido, los mercados tienen algo de profecía autocumplida. “Una burbuja inmobiliaria ocurre cuando todo el mundo piensa que los activos inmobiliarios solo pueden ganar valor y el acceso al crédito es fácil y relativamente barato”, explicó a infoLibre Elena del Rey Canteli, catedrática de economía aplicada de la Universidad de Girona. Sin embargo, matiza, en la actualidad el crédito se mantiene a raya y la construcción, aunque aumenta, no está descontrolada. Así, aunque como se ve en el gráfico, el número de casas ha tocado en 2024 los 27 millones, la curva de evolución no es acusada, como si lo fue en los años previos a la crisis inmobiliaria. 

En la coyuntura actual, preguntarse cuándo dejarán de escalar los precios puede parecer ingenuo. Sin embargo, el analista de Funcas pronosticaba que se produciría una moderación “en un horizonte no muy lejano”. Esto se debería a que los precios se han alejado de los valores reales, algo que terminará produciendo, señala el investigador, una inevitable corrección. Un síntoma de este ánimo inversor está, por ejemplo, en el porcentaje significativo de personas que compran a tocateja, que el año pasado llegó a ser de un 34% sobre el total de las transacciones, según el INE. 

Menos optimista se muestra el economista Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de la consultora financiera Eurocofín. “Habrá un momento en el que el mercado alcance la cima con respecto a los precios, pero quizá no esté tan cerca”, explica a infoLibre. En su opinión, las condiciones materiales del mercado siguen explicando los altos precios, ya que el aumento de la población y los flujos migratorios seguirán impulsando una alta demanda de vivienda con respecto a una oferta que aún no es suficiente. “El desajuste entre las oferta-demanda y unos planes urbanísticos antiguos —solo el 30% son posteriores a 2008— son problemas estructurales que dificultan que el mercado se corrija”, cuenta. 

En lo que sí coinciden todos los expertos, es en que no es previsible que los precios sigan avanzando al ritmo que lo hacen. Según la estadística registral, la variación anual del precio de las casas se situó un 11,4% por encima del año anterior, alcanzando los 2.226 euros el metro cuadrado. “Es poco probable que avancen a ese ritmo durante mucho más tiempo, pero eso no quiere decir que hayamos llegado a la cima”, concluye Balado.

El precio de la vivienda libre se encareció en el primer trimestre del año un 9% respecto al mismo periodo de 2024 y superó la barrera de los 2.000 euros/m2 (2.033,4 euros/m2), el mayor importe desde mediados de 2008, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana facilitados este miércoles, y que recoge EFE.

Por su parte, la compraventa de viviendas creció un 14,7% interanual entre enero y marzo de este año, hasta contabilizar 184.087 operaciones, la cifra más elevada que se registra para este periodo desde el arranque de 2007, en plena 'burbuja' inmobiliaria. Con respecto al trimestre previo -el último de 2024-, el precio de la vivienda ha subido un 3,1% en tasa intertrimestral. En cambio, el número de compraventas ha descendido un 7,6%.

Todo ello, en un contexto marcado por el déficit de vivienda para hacer frente a una demanda creciente, que está tensionando al alza los precios, y por la rebaja de los tipos de interés y el abaratamiento hipotecario, que está animando el mercado de compraventas.

Desde 1995, cuando empiezan a estar disponibles los precios de la vivienda de esta estadística, el valor más alto se registró en los tres primeros meses de 2008, cuando en pleno 'boom' del sector inmobiliario se rebasaron los 2.100 euros/m2. De esta forma, el valor registrado en el primer trimestre de este año está solo un 3,2 % por debajo de estos máximos. Además, desde finales de 2008, el precio de la vivienda no tocaba los 2.000 euros/m2.

Por tipo de vivienda libre, aquella de hasta cinco años de antigüedad se encareció en los tres primeros meses del año un 7,2% interanual hasta los 2.357,3 euros/m2. El dato más elevado que puede consultarse para esta modalidad, que está disponible desde 2010.

Por su parte, el precio de la vivienda con más de cinco años subió un 9,1% hasta los 2.024,1 euros/m2. Igualmente, es la primera vez desde 2010 que supera los 2.000 euros/m2.

En el caso de la vivienda protegida, el precio subió en menor medida, un 0,2% hasta los 1.170,2 euros/m2, el valor más alto desde que puede consultarse la serie, que en este caso está disponible desde 2005. Entre enero y marzo se realizaron 159.079 tasaciones de vivienda, el 2,8% más que un año antes.

Por comunidades autónomas, las mayores subidas de precios se dieron en Baleares (13,2% hasta los 3.436 euros/m2); Madrid (11,5% hasta los 3.476,6 euros); Asturias (11,4% hasta 1.518,8 euros) o Aragón (11,1% hasta 1.494,6 euros). En Cataluña la subida fue del 8,3% hasta los 2.452,6 euros.

Respecto al trimestre anterior, los incrementos de precios más destacados se registraron en Cantabria (4,2%), Canarias (3,9%) y Comunitat Valenciana (3,8%).

En el primer trimestre, la mayoría de las compraventas fueron libres, 179.057, el 15% más que un año antes, y el mercado de segunda mano siguió concentrando la mayor parte de las operaciones, 163.982, el 15,5% más.

Por su parte, las compraventas de vivienda libre nueva sumaron 15.075 unidades, el 9,3% más que un año antes. La mayor parte de las compraventas se localizaron en Andalucía (37.257, el 14,7% más); Comunitat Valenciana (28.786, el 7,8% más); Cataluña (27.987, el 19% más) y Madrid (21.201, el 5% más).

Desde que hay datos disponibles, la mayor cifra de compraventas en un trimestre se dio en el segundo de 2006 con más de 251.000 operaciones. 

El precio de la vivienda acentuó su subida al 12,2% interanual en el primer trimestre, el mayor incremento en 18 años -desde el primer trimestre de 2007-, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que recoge EFE. Con este nuevo incremento, los precios encadenan 40 trimestres al alza en un contexto marcado por el actual déficit de vivienda ante una demanda creciente, lo que está tensionando el mercado, y por las bajadas de los tipos de interés y el abaratamiento de las hipotecas, que están animando las compraventas.

Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 12,3% entre enero y marzo, su mayor aumento desde comienzos de 2007. La nueva lo hizo un 12,2%.

El incremento del primer trimestre se produce después de que el precio de la vivienda subiese de media un 8,4% en 2024, la tasa más alta desde 2007 -cuando comenzó la serie de esta estadística-, y encadenase 11 años al alza. De hecho, el incremento de 2024 duplicó el de un año antes.

Con respecto al trimestre anterior, el cuarto de 2024, los precios de la vivienda subieron un 3,5% en tasa intertrimestral. Esta tasa lleva cinco trimestres al alza. Los precios de la vivienda nueva fueron los que más se encarecieron en los tres primeros meses del año, un 5,5% respecto al cuarto de 2024. Por su parte, los precios de la vivienda de segunda mano subieron un 3,2% frente a los tres meses previos.

Subidas a doble dígito en todas las comunidades con Andalucía a la cabeza

Los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas de dos dígitos en todas las comunidades y ciudades autónomas en el primer trimestre. Las mayores subidas se produjeron en Andalucía y la ciudad autónoma de Melilla (ambas con un 14%). Por encima de la media también se encontraron las subidas de Murcia y La Rioja (13,3%); Asturias y la ciudad autónoma de Ceuta (13,1%); Canarias, Castilla y León y País Vasco (12,4% en todas ellas) y Comunidad Valenciana (12,3%).

Entre los mercados más dinámicos, como Madrid y Cataluña, las subidas fueron del 11,6% y 11,7%, respectivamente. Los menores incrementos se registraron en Islas Baleares (10%), Cantabria (10,2%) y Castilla-La Mancha (10,4%).

El Banco de España (BdE) ha cifrado entre 400.000 y 450.000 viviendas el déficit acumulado en España entre 2022 y 2024, de las que más de la mitad corresponde a tan sólo cinco provincias. A ello se suma el cálculo provisional para este año que apunta a un déficit adicional de 150.000 viviendas. De esta forma, España acumularía ya una necesidad de unas 600.000 nuevas viviendas.

BBVA Research prevé que el precio de la vivienda suba en torno al 6,5% de promedio anual este año y el próximo, algo más en 2025 que en 2026, un ejercicio, este último en el que, según sus cálculos, las compraventas superarán las 800.000 unidades. Según las previsiones que maneja Singular Bank, el precio de la vivienda en España podría encarecerse entre 2025 y 2026 cerca de un 9% de forma acumulada.

Los datos de la tasadora Tinsa reflejan que la vivienda se ha revalorizado un 53,6% desde los mínimos que registró tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, aunque aún se encuentra un 9,7% por debajo de los máximos de 2007 sin tener en cuenta el efecto de la inflación. Promotoras inmobiliarias como Neinor Homes, Metrovacesa, Vía Ágora o Culmia ven insostenibles las actuales subidas de la vivienda aunque creen que aún queda un ciclo alcista de unos tres o cuatro años y que la vivienda nueva seguirá encareciéndose.

La crisis de los alquileres es la demostración palpable de que el capitalismo financiero del siglo XXI funciona extraordinariamente bien para el propósito que ha sido desarrollado: multiplicar el beneficio de las inversiones en un mínimo espacio de tiempo, a costa, eso sí, de crear graves problemas sociales, inflar los precios, conculcar derechos, empobrecer a millones de personas, humillar al poder político y poner en riesgo la economía productiva. 

El sistema financiero es lo más parecido a un taxi desvencijado conducido por un mono borracho con los frenos rotos que presume de llevar a sus clientes antes que nadie a su destino. No miente. Pero oculta que, cuando tiene un accidente, a los pasajeros los tienen que sacar con pinzas de entre los hierros. Esto, si tienen ustedes algo de memoria, es lo que nos ocurrió hace década y media en aquello que se llamó Gran Recesión.

La crisis de los alquileres está íntimamente emparentada de dos formas con el destrozo ocurrido a partir de 2008. La primera es que es un producto técnico de aquello. Una vez que el ladrillo reventó, los bancos poseían miles de casas y suelo con un valor muy inferior al que figuraba en sus balances. Aquello, que antes de la Gran Recesión la prensa salmón consideraba la joya de la corona del milagro económico español, pasó de repente a ser conocido como “activos tóxicos”. 

El sistema financiero maneja con astucia la magia de las palabras, pero también es experto en chantajear desde lo material a la sociedad a la que exprime. “Nosotros o el caos”, dijeron circunspectos. Fue entonces cuando el Estado creo la Sareb, aquello que se llamó el banco malo, para “reestructurar” los “activos tóxicos”, es decir, para que el dinero público sirviera de analgésico a la fenomenal resaca que padecían las entidades.

¿Qué es lo que se hizo a continuación? ¿Utilizar aquella cantidad ingente de pisos y suelo para crear un parque público de vivienda? No, lo que se hizo fue agitar la campanilla para anunciar a los señores del dinero que era hora de volver a empezar con la orgía. Con especial insistencia, el Gobierno de Rajoy reformó las SICAV para que los inversores internacionales vinieran a España a comprar vivienda sin pagar apenas impuestos.

Este fue el germen de la actual crisis del alquiler, un síntoma de carácter muy español, que se resume en ese refrán que finaliza en lo de “poner la cama”. Pero como les decía, esta crisis de los alquileres tiene además otra conexión con la Gran Recesión que se manifestó con especial crudeza tras la pandemia y que tiene que ver con el mal global de nuestros tiempos: la desmesura y el descontrol del capital financiero.

Si lo recuerdan, el coronavirus nos enseñó algunas cosas. Una fue que era importante lavarnos las manos. La otra, que la economía real era imprescindible para la vida de la gente. Necesitábamos un tejido industrial fuerte, energía barata y limpia para hacer funcionar esta industria, tecnología propia para mejorar la producción, cadenas de suministros estables y crédito seguro para dinamizar la actividad. Y que todo esto estuviera mediado por el Estado para garantizar que este esfuerzo tuviera un retorno justo para todos los ciudadanos.

¿Qué fue lo que hizo el sistema financiero?¿Poner sus recursos al servicio de este necesario impulso a la economía productiva? Pues compró parte de los bonos de la UE, que esta vez mutualizó la emisión para evitar que determinados países sufrieran ataques a su deuda soberana por parte de las apuestas que los inversores hacían en su contra. 

Gracias a esta medida, en la que el Gobierno español tuvo mucho que ver, nuestro país salió con fuerza de la crisis pandémica. Y los inversores hicieron un buen negocio, pero no uno extraordinario. La deuda soberana y la economía real son capaces de dar grandes márgenes de beneficio, pero para un adicto nunca es suficiente.

El sobredimensionado tamaño de la economía financiera provocó que esa ingente montaña de dinero virtual buscara nuevos lugares donde reproducirse. De ahí viene el fastuoso crecimiento de las empresas digitales que, sin aportar nada realmente novedoso, han quintuplicado su valor. También operaciones tan apasionantes como la inversión en memes y monedas de chocolate, la naturaleza de lo crypto.

Hay tal cantidad de capital financiero que su tamaño está completamente desacoplado del valor real de la economía productiva, por lo que sus propietarios buscan nuevos y cada vez más absurdos epígrafes donde meterlo. En la década de los 2000 fue la construcción de viviendas, las hipotecas y todo un demente entramado de productos de casino asociados a este mercado. El problema es que cuando la burbuja estalla, cuando se descubre la mentira, quien sufre es la economía real.

¿Dónde ha ido a parar esta vez gran parte de ese dinero? Pues al suelo urbano. El año 2019 cerró con un incremento anual del 5,1%, lo que entonces fue la mayor subida desde 2006. Tras la pandemia, los alquileres bajaron de media un 3,8%, pero en las grandes ciudades, donde la especulación era más acusada, se desplomaron: un 10,7% en Madrid y un 14,3% en Barcelona. 

Esto, para los inversores, fue como agitar una bolsa de golosinas a la puerta de un colegio. A partir de ahí, lo que ustedes ya saben: incremento de los pisos turísticos, incremento del alquiler de temporada y una subida astronómica del alquiler convencional que se traduce en que entre el año 2015 y el 2022 su precio ha escalado un 21%.

Los inversores están ganando mucho dinero con las rentas, lo que supone extraer dinero del bolsillo de los ciudadanos y por tanto de la economía productiva, pero también por el mero hecho de poseer los inmuebles, que se paquetizan y se convierten en activos que cotizan como si fueran acciones de una empresa convencional. La diferencia es que no producen nada, más allá de toneladas de dinero de mentira, que busca de nuevo otro lugar donde replicarse: las residencias de ancianos, la sanidad, la formación profesional…

La dimensión desmesurada de la economía financiera está colonizando la vida cotidiana en un proceso que se conoce como financiarización, es decir, que cualquier cosa se convierta en un activo sobre el que crear incluso productos derivados. Ya se están, de hecho, tokenizando viviendas de manera completamente alegal, fraccionándolas en pequeñas porciones imaginarias para sacar aún más beneficio de las mismas.

Llegados a este punto de la narración si sienten mareos o náuseas es que aún son personas con dos dedos de frente. Todo es como parece: el sistema financiero es un gigantesco exceso basado en alterar artificialmente el precio de las cosas de una forma tan tiránica como peligrosa. Lo peor es el secuestro al que nos tienen sometidos. Si se hunden, como volverá a pasar, nos arrastran con ellos al fondo.

Desconozco por qué este Gobierno no ha actuado con contundencia para intervenir el mercado inmobiliario, como sí hizo con el mercado de la energía. Pero deduzco que la razón es que cuando Larry Fink –CEO de Blackrock– descuelga el teléfono, Pedro Sánchez, como cualquier otro presidente europeo, debe hablar con él y no contrariarle demasiado.

Hace unos días, el sindicato Comisiones Obreras publicó un interesante informe que explicaba cómo nuestro país se había gastado doscientos mil millones de euros, de 1982 a 2022, en exenciones fiscales en vivienda. Con ese dinero hoy podríamos tener dos millones de viviendas públicas, a las que habría que sumar otros 2,7 millones de casas protegidas, que sí se edificaron pero que acabaron privatizadas. 

Si el Estado tuviera ahora cinco millones de viviendas en propiedad, Pedro Sánchez tendría que seguir cogiéndole el teléfono a Larry Fink, pero quizá lo haría en igualdad de condiciones. Por lo visto, en esto consistía la democracia. En que el poder político, que expresa el mandato de los ciudadanos en las urnas, se impusiera a la minoría de los que más tienen. No es sólo un tema de precios, es, sobre todo, una cuestión civilizatoria.

La operación que quiso ser un pelotazo urbanístico de los años del boom inmobiliario y se quedó en pufo millonario para la Sareb, el banco malo, tenía también una historia política. Como desveló en su día infoLibre, una finca rústica y “especialmente protegida” de 14,5 hectáreas, valorada en 504.000 euros, fue hipotecada por 20,7 millones a la espera de una recalificación que iba a servir para levantar 1.536 viviendas, un hotel, un campo de golf y un centro comercial. Y que nunca se produjo. En principio, sólo otro cuento de la lechera más de los muchos que jalonaron aquella década de euforia inmobiliaria. Ocurrió en 2006 en Torrelodones, un pueblo de la sierra norte de Madrid entonces gobernado por el PP. Tras el pinchazo de la burbuja y el rescate a Bankia, el préstamo que concedió Caja Ávila a la promotora del proyecto terminó en la cartera de activos tóxicos de la Sareb. Allí sigue. Proyectos Inmobiliarios Burke no ha devuelto ni un euro de lo que, 17 años después, se ha convertido en una deuda de 44,4 millones. Pero el PP ha colocado como número dos de su lista a la alcaldía de Torrelodones a Sagrario Cillero, la apoderada de la inmobiliaria que firmó el préstamo con Caja Ávila.

El partido la presenta como militante del PP local desde hace “más de una década” y como actual directora jurídica de PNG Desarrollos, una promotora inmobiliaria de la que fue administrador único Eduardo Morales Santiago hasta 2013. Morales también era el administrador único de Burke y de Proyectos Styx Dos, los compradores de la finca en 2003 y 2006, respectivamente –la primera se la pasó a la segunda–. Según un informe que la Sareb encargó a la consultora FTI Consulting Spain y entregó a la Fiscalía en 2016, Eduardo Morales poseía “vínculos personales y profesionales” con Mario Mingo, expresidente del PP local y alcalde de Torrelodones entre 1987 y 1996. También con Carlos Galbeño, que gobernó con el PP este consistorio de la sierra madrileña entre 2003 y 2011. La lista del PP la encabeza Almudena Negro, diputada en la Asamblea de Madrid.

Además, como publicó El País, Eduardo Morales se sentaba en el patronato de una fundación, denominada Escuela Superior de Arte Dramático, junto al alcalde Carlos Galbeño y el diputado autonómico del PP Juan Van Halen. Su presidente era Mario Mingo. Eduardo Morales también era propietario de C-15, entonces una de las mayores constructoras de Torrelodones y la empresa que aparece como “fiadora solidaria” de Burke en la compra de la finca. 

El Ayuntamiento del PP no tuvo problemas para aprobar la recalificación del terreno en 2006, pese a estar “especialmente protegido”. Pero en 2009 la Comunidad de Madrid se negó a ratificar el cambio de uso, después de que la Dirección General de Evaluación Ambiental emitiera un informe desfavorable y dictaminara que el proyecto era “medioambientalmente inviable”. El proyecto se volvió inviable.

Seis años después, el Ayuntamiento, con un nuevo grupo político al frente, Vecinos por Torrelodones, denunció el caso ante la Fiscalía Anticorrupción. Y en noviembre de 2016, tras examinar la operación y encargar el informe a FTI Consulting Spain, la Sareb presentó su propia denuncia por estafa y tráfico de influencias ante la Fiscalía General del Estado.

La finca de Torrelodones es uno de los múltiples cadáveres que ha dejado la burbuja inmobiliaria, pero también una buena muestra de la lentitud de la maquinaria judicial y de la ineficacia de los procedimientos puestos en marcha para que el contribuyente recupere el dinero perdido en el rescate del ladrillo tóxico. El informe de FTI Consulting apreciaba en el caso los delitos de estafa “de especial gravedad, debido a la elevada cuantía del préstamo”, y de tráfico de influencias. La Fiscalía General del Estado trasladó la investigación a la Fiscalía de Madrid, que incoó diligencias el 19 de diciembre de 2016 y lo mandó el 9 de febrero de 2017 a la Fiscalía de Ávila, donde tenía su sede social la caja de ahorros que concedió el préstamo. Las diligencias, finalmente sólo por administración desleal, fueron archivadas un mes después porque el delito había prescrito.

Pero el banco malo no se dio por vencido y encargó en 2018 un nuevo informe, esta vez a Ejaso ETL Global, el despacho del que fue consejero el exfiscal del Tribunal Supremo Carlos Castresana y cuya unidad de Derechos Fundamentales dirige la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas. Su dictamen jurídico apreciaba en la operación urbanística vinculada al préstamo impagado los delitos de estafa, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho y tráfico de influencias, “con especial gravedad debido a la elevada cuantía dineraria afectada”, así como otro más de administración desleal continuada.

En contra del criterio de la fiscalía, el informe concluía que los delitos de cohecho, estafa agravada y continuada y administración desleal no estarían prescritos hasta 2022, por lo que recomendaba a la Sareb que interpusiera “denuncia o querella” ante el juzgado de instrucción competente –Ávila o Villalba– o ante los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Sobre el supuesto delito de prevaricación, el documento, que firmaba el propio Castresana como jefe del Departamento de Derecho Penal, establecía que no estaba prescrito cuando fue denunciado por la Sareb ante la Fiscalía General, en 2016, pero prescribió en 2017. Sin embargo, considera que, si éste se aprecia en relación con los delitos más graves anteriores, la prevaricación tampoco ha prescrito. Además, aconsejaba al banco malo que ejerciera, “al menos”, acciones civiles.

Esa fue la vía escogida por la Sareb, pero hubo que esperar hasta julio de 2021 para que presentara una demanda de ejecución dineraria hipotecaria contra Proyectos Inmobiliarios Burke. Según recoge el documento, al que ha tenido acceso este periódico, le reclama 44,44 millones de euros: 20,7 millones por el capital del préstamo, 4,14 millones por los intereses remuneratorios y otros 19,6 millones por los intereses de demora. No obstante, el banco malo ha pactado una liquidación de 25,35 millones por la “responsabilidad hipotecaria”, tras reducir los intereses. “Lo que no significa que se renuncie a cobrar los 44,4 millones”, precisan fuentes de la Sareb tras recordar que está obligada a obtener “los máximos ingresos con la venta de sus activos para cancelar el mayor importe posible de su deuda, que se encuentra avalada por el Estado, y, recuperar así el dinero los contribuyentes”.

De momento, sin embargo, la demanda se encuentra atascada en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado Villalba, a la espera de que su titular tome una decisión y determine la salida a subasta de la finca. En cualquier caso, el precio que se pague entonces no servirá para cubrir ni una ínfima parte de la deuda: en 2015 una valoración encargada por la propia Sareb tasó el terreno en sólo 915.082 euros. Además, es muy improbable que ese precio suba, teniendo en cuenta que el suelo seguirá calificado como rústico al encontrarse en un “espacio especialmente protegido”, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Por si fuera poco, Proyectos Inmobiliarios Burke quedó extinguida en diciembre de 2022 después de que el concurso de acreedores en que había entrado se cerrara por la falta de patrimonio de la empresa.

Por lo que se refiere a la vía penal que el despacho de Castresana recomendaba a la Sareb, ésta ya la consideró cerrada después de que la Fiscalía de Ávila considerara prescritos los delitos. “No tiene recorrido”, aseguran fuentes del banco malo.

En resumen, las posibilidades de recuperar el dinero del contribuyente son escasas además de lejanas en el tiempo.

Tras la publicación de esta información, el PP ha emitido un comunicado en el que no desmiente ni uno solo de los datos y hechos publicados por este periódico sobre la operación urbanística. El partido se limita a afirmar que Sagrario Cillero es actualmente empleada de PNG Desarrollos, tal y como reseña infoLibre, y precisa que en 2006, cuando ella firmó la solicitud del crédito que luego resultaría impagado, era "empleada de C-15" y "apoderada de forma mancomunada, junto a otras personas, de dicha empresa". También explica que Cillero "no tiene propiedad alguna en el área homogénea norte que se menciona en la noticia, ni hay ni ha habido contra ella procedimiento judicial alguno".

Rafael del Pino y Moreno, el fundador de Ferrovial, murió el 14 de junio de 2008, a los 87 años, y dejó el grupo constructor a sus cinco hijos. Rafael, su sucesor a los mandos de la empresa, y sus hermanos Joaquín, María, Leopoldo y Fernando recibieron en herencia un cuantioso paquete de acciones de Karlovy SL, la sociedad con la que, a través de otra llamada Portman Baela, controlaban el 44% de Ferrovial. En total, 59.138 títulos que en 2008 se valoraron en 1.047,06 millones de euros.

La herencia llevaba aparejada, por tanto, una abultada factura en el Impuesto de Sucesiones que terminó en los tribunales. La Comunidad de Madrid demandó a cuatro de los cinco hermanos Del Pino –a todos menos a Fernando– y al Ministerio de Hacienda en 2017. Dos años más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón a la comunidad autónoma en cuatro sentencias, una por cada hermano, que son firmes. Según establecieron los jueces, los Del Pino ejecutaron una “compleja operación” para “sortear los efectos fiscales” de las “ganancias patrimoniales” que habían obtenido “en fechas cercanas”. No sólo querían reducir el pago del Impuesto de Sucesiones, sino también del IRPF.

Rafael del Pino y Ferrovial se encuentran ahora en el ojo del huracán tras el anuncio de traslado de su sede social a Países Bajos y las posibles implicaciones fiscales de su mudanza.

Las cuatro sentencias describen cómo los hermanos Del Pino crearon cuatro sociedades, a las que vendieron las acciones de Karlovy SL que habían heredado de su padre. María, Joaquín y Leopoldo las constituyeron en octubre de 2009: Menosmares SL, Masmisterius SL –rebautizada después como Soziancor SL– y Siemprelara SL, respectivamente. Rafael utilizó Lester-Loriner SL, fundada en marzo de 2007 y absorbida por la holandesa Polar Capital BV en 2011. Lester-Loriner también era el socio único de Vial Holding, una de las sociedades que Rafael del Pino tuvo en Suiza entre 2007 y 2011. Las cuatro sociedades de los hermanos fueron constituidas por la misma empresa de servicios financieros, Mediterranean Search.

Rafael del Pino aportó a Lester-Loriner SL todas las acciones de Karlovy SL que había heredado: 23.043 participaciones. Cada una fue valorada entonces en 17.705,34 euros, por lo que el importe de la herencia ascendió a 407,98 millones de euros. María del Pino vendió a Menosmares SL 3.500 de las 17.610 participaciones de Karlovy SL que había recibido y que valían 311,79 millones de euros. Joaquín aportó a Masmisterius también 3.500 de las 7.693 acciones heredadas –136,2 millones de euros– y Leopoldo vendió a Siemprelara 7.200 de las 10.792 recibidas –191,07 millones–. Todos ellos se aplicaron la reducción del 95% por transmisión mortis causa de una empresa familiar a los hijos que concede la Ley General de Tributos. Para disfrutarla, el heredero debe mantener en su poder las acciones durante al menos 10 años, un plazo que la Comunidad de Madrid reduce a cinco.

Como los hermanos las vendieron sólo un año después de heredarlas, hicieron una autoliquidación complementaria en enero de 2010 para dejar sin efecto en las acciones vendidas la bonificación que les habían aplicado. Pero en 2011 Leopoldo hizo una consulta a la Dirección General de Tributos, que le contestó defendiendo su derecho a aplicarse el descuento del 95%. Hacienda sostiene el criterio de que para “mantener” las acciones basta con conservar su valor y que, si éste se reduce por una causa que no puede ser “imputable a la voluntad del titular de las participaciones heredadas”, no debe acarrear la pérdida de la bonificación. Así que, con la respuesta de Hacienda en la mano, que se considera vinculante, los hermanos rectificaron la autoliquidación anterior en julio de 2011.

La alegría les duró poco. En mayo de 2013 una inspección de la Agencia Tributaria rechazó esa rectificación. Así que los Del Pino contraatacaron recurriendo ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), un órgano que depende del Ministerio de Hacienda. El tribunal, que no examinó si la bonificación era procedente o no, dictaminó que la respuesta de la Dirección General de Tributos a la consulta de Leopoldo del Pino era vinculante y, por tanto, el descuento del 95% había sido aplicado correctamente.

Sin embargo, no lo vio así la Comunidad de Madrid, que presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, tanto contra cada uno de los hermanos de Del Pino como contra la resolución del TEAC. Según argumentaba el Gobierno regional, la pérdida de valor de las acciones de Karlovy SL aportadas a las cuatro sociedades de los hermanos no fue fruto del azar, sino que los Del Pino “decidieron a su conveniencia determinada fecha para realizar la operación”. Cuando vendieron los títulos de Karlovy SL a sus propias sociedades, las valoraron en 8.405,15 euros cada una, un poco menos de la mitad del precio al que las habían recibido. El motivo, adujeron, era la caída en Bolsa de Ferrovial en 2009, el peor año de la crisis inmobiliaria.

Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia va más allá que la Comunidad de Madrid y asegura que la creación de las nuevas sociedades, tres de ellas en las mismas fechas “y siguiendo una misma dinámica”, así como las aportaciones realizadas por todos ellos “carecen de toda explicación razonable” que no sea la de “sortear los efectos fiscales” de las ganancias patrimoniales obtenidas por los Del Pino en esas fechas. Ni Menosmares ni Siemprelara ni Masmisterius ni Lester-Loriner realizaron actividad alguna durante ese tiempo y sus administradores, destacan los jueces, no percibieron remuneración por su trabajo. Es decir, la sentencia mantiene que las sociedades nacieron con la finalidad “instrumental” de ser “meras receptoras de las participaciones”, un procedimiento “destinado a facilitar su transmisión aunque permaneciendo en poder de sus titulares”. Es más, la sentencia sostiene que las pérdidas que les supuso a los dueños de Ferrovial la venta de las acciones de Karlovy SL a sus sociedades instrumentales por la mitad del precio al que las heredaron “compensaron a efectos del IRPF” los “elevados beneficios” que habían obtenido en otras transacciones realizadas en noviembre y diciembre de 2009.

Fue también en esas mismas fechas, el 29 de diciembre de ese año, cuando los hermanos Del Pino suscribieron un pacto parasocial –un acuerdo para cambiar sus relaciones más allá de lo que marcan los estatutos de la sociedad– a fin de “preservar el control familiar” de la constructora. Duró hasta agosto de 2015.

Además, el TSJM considera que la pérdida de valor de las acciones cuando fueron vendidas a las cuatro sociedades fue sólo “pasajera” y que se habría “recuperado o incluso incrementado notablemente poco tiempo después” al tiempo que lo hacían los títulos de Ferrovial. Por tanto, las sentencias concluyen que esa depreciación de las acciones esgrimida por los hermanos “no fue un acto debido a fuerza mayor o a causas extrañas a la voluntad” de los Del Pino, sino el resultado del “designio consciente y premeditado de hacerla manifiesta y cuantificable” para “aprovecharse económicamente de las consecuencias”.

infoLibre ha preguntado a Ferrovial por estas sentencias, también le ha consultado si la de la inspección de Hacienda de 2013 se derivaron otras actuaciones respecto de las declaraciones fiscales de Rafael del Pino y sus hermanos. El presidente del grupo “es residente en España y se encuentra al corriente de todas sus obligaciones fiscales”, se ha limitado a responder un portavoz. “No vamos a comentar sobre cuestiones de los accionistas”.

Los jueces también dejan claro que los herederos de Ferrovial “silenciaron” ante la Dirección General de Tributos estas circunstancias, por lo que los hechos con los que este departamento redactó su respuesta a la consulta de Leopoldo del Pino fueron “sesgados”. De ahí que dictaminen que decae el carácter vinculante de esa respuesta y la fundamentación subsiguiente realizada por el TEAC. También mantienen que los hermanos no dijeron la verdad cuando justificaban la creación de sus sociedades instrumentales en que pretendían “reorganizar y racionalizar su estructura empresarial” aportando “todas las acciones y participaciones” que poseían y centralizando así su gestión. Como se ha explicado antes, sólo Rafael del Pino colocó todos sus títulos de Karlovy SL en su sociedad; los demás sólo aportaron una parte de ellas.

Finalmente, las sentencias resuelven que, con todos esos elementos, no se dan las condiciones para beneficiarse del 95% de descuento en el Impuesto de Sucesiones. “Ni desde el fundamento básico en que descansa la reducción por transmisión de empresa familiar ni desde una doctrina de la Dirección General de Tributos que se basa en la procedencia externa de las causas que motivan la disminución del valor de las participaciones, puede ampararse una compleja operación como la descrita”, concluye el TSJM.

Ese “fundamento básico” de la reducción del 95% del que hablan los jueces se explica en una recomendación de la Comisión Europea de diciembre de 1994 –introducida en el ordenamiento español a través de un real decreto-ley de 1996– y no es otro que “facilitar la transmisión de las pequeñas y medianas empresas” para garantizar su supervivencia y “el mantenimiento de los puestos de trabajo”. Muy lejos, por tanto, de las características de Ferrovial, que facturó 7.551 millones en 2022, y de las intenciones de sus propietarios tal y como las describe el TSJM.

El Impuesto de Sucesiones tiene sus propios tramos, como el IRPF. Por ejemplo, con una base liquidable de 7.993 euros, se pagan 611,5 euros, tras aplicar un tipo del 8,5%, hasta llegar a 797.555,08 euros, una base a la que corresponde una cuota íntegra de 199.291,4 euros. A partir de esa cantidad el tipo es del 34%. Después se aplica un coeficiente multiplicador que depende del patrimonio preexistente del contribuyente y del grado de parentesco entre testador y heredero. Y, finalmente, el resultado debe multiplicarse por la correspondiente deducción autonómica.

En el caso de Rafael del Pino, por sus 407,98 millones de euros heredados en acciones debe aplicarse un coeficiente de 1,2 por su patrimonio preexistente –claramente por encima de los cuatro millones de euros; es el tercer más rico de España, según Forbes– y se beneficia de la bonificación del 99% que permite la Comunidad de Madrid. De esta forma, sólo tiene que pagar el 1% de los 166,13 millones de euros que resultan de aplicar el 34% sobre la parte de esos 407,98 millones que excede de 797,558,08 euros y de multiplicarlo por 1,2: 1,66 millones de euros. La cifra sería aún menor si se le hubiera permitido disfrutar del 95% de descuento por transmisión de empresa familiar. 

La caída de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida le han dado la vuelta a la famosa pirámide demográfica, lo mismo en España que en el resto de los países desarrollados. La población menor de 39 años se ha reducido en casi un 16% desde 2008, mientras que los mayores de 40 han crecido un 22,2%. En consecuencia, son muchos más quienes sobrepasan la cuarentena, 27,3 millones de personas, que quienes no llegan a esa edad, 19,7 millones, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Y la tendencia es imparable: con menos de 18 años hay nueve millones de personas en España, pero los mayores de 50 son más del doble, 19,6 millones.

Ese cambio tiene su traducción inmediata en el mercado laboral. Cada vez se incorporan menos jóvenes al trabajo, por lo que su número no cubre las jubilaciones. Las plantillas envejecen y la oferta de mano de obra se achica con cada nueva generación. De modo que se puede dar la paradoja de que el país campeón del paro en Europa, con una tasa de desempleo del 12,5% –la media del euro es del 6,5%, su mínimo histórico– sufra al mismo tiempo un problema de falta de personal. Ya está ocurriendo, al menos en algunos perfiles profesionales.

La población activa ha crecido desde 2008, tras superar el bache de la crisis financiera e inmobiliaria, aunque no mucho, un 1,1%. Pero mientras los activos de más de 39 años han aumentado un 36,3% desde el cuarto trimestre de 2008 hasta el tercero de este año –un 31,45% hasta el cuarto de 2019, antes de la pandemia–, el segmento más joven del mercado ha menguado un 29% en los últimos 14 años.

Si el foco de atención se coloca sobre los recién incorporados al mercado laboral, la EPA cuenta sólo 3,8 millones de activos –en disposición de trabajar– con menos de 29 años. En cambio, los que se encaminan hacia el final de sus carreras profesionales, entre 50 y 65 años, son el doble, 7,5 millones.

Esta brecha no tuvo siempre este dibujo. En 2008, cuando se rompió la burbuja inmobiliaria, la relación era la inversa: había más trabajadores jóvenes, 12,54 millones de activos por debajo de los 39 años, que maduros, 10,72 millones por encima de esa edad. Lo mismo ocurría con quienes tenían entre 16 y 29 años, que sumaban más que los mayores de 50: había casi 1,2 jóvenes por cada veterano. Es decir, se han perdido 1,63 millones de trabajadores jóvenes, los de ingreso laboral más reciente: casi un 30% de los 5,48 millones que había hace 14 años.

El vuelco lo dio la curva en 2011. A partir de ese año y hasta ahora el número de las nuevas incorporaciones se ha reducido al mismo tiempo que no deja de crecer el de quienes se acercan a la jubilación. Y el de quienes, de hecho, se jubilan. Si en 2008 las altas de nuevas pensiones sumaron 269.772, según las estadísticas de la Seguridad Social, en 2021 alcanzaron las 316.156. Un aumento del 17,2%.

En consecuencia, si antes de la crisis del ladrillo la edad media de los ocupados españoles era de 39,7 años, ahora es de casi 45. “Y si no hay un cambio radical, en poco tiempo superará los 50 años”, advierte Josep Oliver, catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de un informe sobre envejecimiento demográfico para la empresa de recursos humanos Manpower que ya en 2018 alertó ante la pérdida de trabajadores potenciales, la caída del número de jóvenes nativos, la necesidad de cubrir ese déficit con inmigrantes y el creciente desplazamiento de los activos hacia quienes superan los 50 años.

Una buena muestra del declive demográfico y laboral está en las administraciones públicas. En España, el 46% de los empleados públicos supera los 55 años. Sólo Italia tiene funcionarios más envejecidos. La media de la OCDE es sólo del 26%. Desde 2015, además, el porcentaje de empleados públicos mayores ha crecido en España un 11%, impulsado por la política de no reposición de vacantes impuesta por los recortes de gasto público que siguieron a la crisis financiera. La edad media de los empleados de la Administración General del Estado es de 51,32 años. De hecho, el 64% de su plantilla tiene más de 50 años. En la Seguridad Social aún es peor: el 80,9% de sus trabajadores supera esa edad. Y el futuro no parece demasiado alentador. El último Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado prevé que en 2032 se habrá jubilado el 58,6% de la plantilla actual, unos 97.000 empleados públicos.

Estas cifras exceden con mucho las del sector privado –los asalariados mayores de 50 años son un 30,3%, menos de la mitad que en el sector público–, pero no por ello es menos grave el fenómeno. Sobre todo porque no es un desarrollo coyuntural. La Estrategia España 2050, que ha elaborado la Oficina Nacional de Prospectiva del Gobierno, cifra en un 12% la pérdida de población en edad de trabajar que puede ocasionar hasta mediados del siglo el envejecimiento demográfico, unos 3,7 millones menos de trabajadores potenciales, e incluso prevé que habrá 2,5 millones menos de ocupados, si se mantienen las tasas de empleo anteriores a 2019, que fueron de un 2% en promedio.

Según sus estimaciones, la reducción de la población activa se traduciría en un descenso de la ocupación del 0,5% anual. “Lo que tendría consecuencias profundas para la economía y los ingresos públicos, y supondría una fuente de tensión par la sostenibilidad del estado de bienestar”, advierte la Oficina. Para llegar a esa conclusión se basa, a su vez, en proyecciones de Eurostat para la zona euro que calculan en 11 puntos porcentuales la caída de la ratio de población en edad de trabajar en la UE: del 65% en 2020 al 54% en 2050.

Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas –el centro de estudios de las cajas de ahorro– y miembro del Consejo Económico y Social (CES), cree que el impacto del encogimiento del mercado laboral dependerá de los perfiles de quienes ingresen en el mercado de trabajo: jóvenes y también emigrantes. De si su cualificación profesional se corresponde a la que demandan las empresas. Por el momento, la ocupación contradice los vaticinios de España 2050 y no sólo no se ha resentido, sino que sigue creciendo por encima de lo que está avanzando la economía, aunque cada vez de forma más titubeante por culpa de la crisis energética y la inflación desbocada. El paro continúa descendiendo, al tiempo que las vacantes que ofertan las empresas no se cubren. Torres explica que el mercado laboral no funciona “de forma mecánica”: no se puede esperar que, a menos trabajadores demandando empleos, haya menos parados; o que, con menos jóvenes entrando en el mercado de trabajo, haya automáticamente menos paro juvenil.

También Josep Oliver pone el foco en el desajuste entre los perfiles de la mano de obra y los perfiles que demandan las empresas. Se está produciendo, en efecto, un “vaciamiento de generaciones jóvenes”, asegura, ocasionado por la caída de la tasa de natalidad, pero los que comienzan a trabajar están “incorrectamente formados”, lo que los aboca al desempleo. A las elevadas cifras de abandono escolar se une que más de un tercio de los ocupados por debajo de 35 años están sobrecualificados. “A partir de los 25 años cae la tasa de paro porque se produce un ajuste de expectativas”, explica, “cuando, por ejemplo, muchos licenciados terminan aceptando empleos por debajo de su cualificación”. En España, al igual que en el resto de los países del sur de Europa, faltan ocupados con formación profesional, mientras que la cifra de quienes tienen sólo una cualificación baja o superior es muy elevada comparada con Alemania o los países nórdicos, continúa Oliver.

En 1995 entraban anualmente en la estadística laboral unos 750.000 mayores de 16 años, destaca el catedrático, pero 10 años después se quedaron en sólo 450.000. El déficit se cubrió con la llegada de inmigrantes.

“Según las últimas proyecciones del INE, si no llegan siete u ocho millones de inmigrantes, la población española bajará hasta los 44 millones de habitantes en 2050 [ahora es de 47 millones]”, anticipa el catedrático catalán. El INE calcula que haría falta un saldo migratorio anual de unos 300.000 inmigrantes para sostener la población española hasta mediados de siglo. El de este año lo cifra en 484.137 personas y prevé que se mantenga por encima de los 300.000 hasta por lo menos 2031. Si el saldo migratorio fuera cero, en 2072 España tendría sólo 31,8 millones de habitantes.

La pérdida de músculo, y de juventud, del mercado laboral causa serios perjuicios. Hace más difícil la transición tecnológica y agrava el ya de por sí grave déficit español de productividad, advierte Josep Oliver. A su juicio, la solución, además de por los inmigrantes, puede pasar por estimular la “movilidad” de los trabajadores. Es decir, trasladar el exceso de oferta de mano de obra de las provincias con más paro a otras con escasez de personal, o formar a trabajadores con un nivel educativo escaso o poco demandado para que adquieran competencias más solicitadas por las empresas.

En España, el 70% de los trabajadores entre 20 y 64 años están ocupados, recuerda Raymond Torres, pero en Alemania y los países nórdicos la tasa de ocupación asciende hasta el 80%. Aumentar la tasa española hasta esos niveles, asegura, permitiría compensar el impacto del envejecimiento demográfico. En Italia, compara el economista, el problema es el elevado número de inactivos, que son más difíciles de incorporar al mercado laboral que los parados y necesitan de “mecanismos muy específicos” para familias monoparentales, excluidos sociales, enfermos mentales o prejubilados. La propuesta de la Estrategia España 2050 para evitar el achicamiento del mercado de trabajo es, además de incorporar inmigrantes y reducir el paro juvenil, elevar la tasa de empleo de las mujeres en 20 puntos –ahora es del 57%–, lo que equivaldría a contar con casi dos millones de trabajadoras más en 2050. Porque, de lo contrario, la merma de la fuerza laboral estancará el crecimiento del PIB entre el 0,3% y 1,1% –cuando de 2014 a 2019 mejoró a un ritmo del 2,5%– hasta mediados de siglo.

El nuevo año se abre con la incógnita de qué va a ocurrir con los salarios. A las puertas de un alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se adivina voluminosa y de que, quizá, se reanuden las hasta ahora fallidas negociaciones de la patronal y los sindicatos para fijar las subidas retributivas de los próximos tres años, las nóminas piden cambios. Sobre todo, tras un año que ha terminado con la inflación contenida en un sorprendente 5,8% pero en el que la subida media pactada en los convenios colectivos no es más que el 2,69% –hasta noviembre–. Es decir, con un IPC que llegó a escalar hasta el 10,8% en julio, un nivel desconocido desde 1984, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajador s es manifiesta.

Al mismo tiempo, hay empresas y sectores que están concediendo aumentos ajustados a la inflación, o casi. Los supermercados Consum suben los sueldos un 9% este año mientras que las consultoras han firmado el 10,75% para 2022 con efectos retroactivos, pero un 2,5% para 2023 y un 2% para 2024. Los supermercados Dia pagarán entre un 8% y un 12% más a las plantillas este año y el próximo. Los tripulantes de cabina han conseguido un alza del 10,29% para 2022 y 2023 que puede superar el 14,3% acumulado en 2024. Otras empresas, como Mercadona y Telefónica, han subido los salarios lo mismo que la inflación porque así les obligan sus convenios.

No obstante, la CEOE rechaza que los salarios aumenten en la misma medida que los precios. “No estamos diciendo que no puedan subir los salarios. Lo que no podemos es firmar que los salarios suban igual que la inflación sin más”, declaró su presidente, Antonio Garamendi. En la mesa que quedó en suspenso el pasado mayo, su oferta no pasaba del 3,5%. Para el SMI, han subido al 4%. La presión de los costes de la energía y la lenta recuperación de la pandemia, asegura la patronal, impiden a las empresas asumir las mejoras salariales que les exigen los sindicatos.

Por el lado de la academia, además, los economistas advierten del riesgo de los llamados “efectos de segunda ronda”: que la subida de los precios empuje los salarios de tal forma que estos, a su vez, alimenten los precios y se produzca una temible espiral que alargue la inflación. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha sido también una de las voces alertadoras de ese peligro y de quienes más han reclamado un pacto de rentas para conjurarlo. El organismo supervisor percibía en noviembre “algunas señales de fatiga”, en referencia a la presencia de cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos y a un mayor traslado de los precios energéticos a los precios de venta finales de las empresas. Pero, sólo un mes más tarde, sus analistas sostenían que una parte considerable de ese contagio ya se ha producido y que no veían en el horizonte efectos de segunda vuelta “significativos”, por el aumento de los márgenes empresariales o por los salarios, que pudieran “desencadenar fenómenos de retroalimentación de las actuales presiones inflacionistas”.

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, tampoco cree que las empresas españolas hayan trasladado de forma agregada todo el aumento de costes a los precios de ventas de sus productos y servicios en los nueve primeros meses de 2022, aunque sí advierte diferencias según los sectores. En concreto, mencionó la hostelería y el comercio, que están aplicando márgenes superiores a los de 2019, antes de la pandemia.

En realidad, los precios ya habían comenzado a subir antes de la guerra en Ucrania: el IPC de diciembre de 2021 se situó en el 6,5%, siete décimas por encima del que ha cerrado 2022. Y antes de que las tropas rusas atacaran el Donetsk el 24 de febrero, tanto el gas como la electricidad y los carburantes se habían encarecido. Sin embargo, no fue en España donde el shock energético fue mayor, en comparación con otros países europeos, tal y como lo han medido Juan Francisco Jimeno, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, y Ana Lamo Rubio, economista del BCE, en un análisis sobre la evolución reciente de los salarios. También destacan que antes de la invasión rusa no se produjo un traslado de los márgenes de beneficios y los salarios a la inflación: España es uno de los países donde mayor era la distancia entre los costes de producción –medidos con el deflactor del PIB– y los precios del consumo –el IPC–. Lo mismo ocurrió en Italia, Portugal, Países Bajos y Eslovaquia. Lo contrario que en Bélgica, Grecia o Luxemburgo y los países bálticos.

Jimeno y Lamo explican que sólo el 3% de los trabajadores del sector privado en la eurozona tiene sus salarios vinculados de forma automática a la inflación y sólo el 18% lo tienen en cuenta en la negociación salarial. Además, la actualización según el IPC no es instantánea, sino que sufre una cierto desfase temporal debido a los mecanismos establecidos en los convenios colectivos: unos 18 meses de media tardan en aplicarse las subidas. Pero, aun sumados el shock energético y las alzas salariales, antes de la invasión de Ucrania ni siquiera en Italia y Francia, donde hubo una “elevada aceleración de los salarios”, estos se trasladaron a la inflación. En España fue un poco mayor el contagio, pero inferior al que sufrieron Países Bajos, Alemania y, sobre todo, Bélgica.

Los autores recuerdan que los salarios reales –una vez descontado el efecto de la inflación– llevan alicaídos mucho tiempo. La menguante participación de los salarios en el PIB por causas tecnológicas, que han aumentado la intensidad del capital en detrimento del factor trabajo, y el cada vez mayor peso del sector servicios, con peores sueldos, explican una parte de ese declive. Como también la caída del número de jóvenes que se incorporan al mercado laboral por el descenso de la natalidad y los salarios cada vez menores que se les pagan. Finalmente, los sueldos se recortan más durante las recesiones de lo que suben durante las fases expansivas de la economía. La gran crisis tras la ruptura de las burbujas financiera e inmobiliaria trajo como consecuencia en enorme recorte salarial en países como España. Sólo tras la pandemia, que desajustó la oferta de puestos de trabajo y las cualificaciones profesionales demandadas por las empresas, la escasez de cierta mano de obra ha empujado los salarios hacia arriba, hasta cierto punto.

Por el contrario, Lamo y Jimeno aseguran que no existe “evidencia empírica concluyente” de que los márgenes de beneficios de las empresas se transmitan directamente a la inflación. Un punto en el que no está de acuerdo Isabel Schnabel, representante alemana en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), quien ya en octubre, con ocasión de un discurso en A Toxa (Pontevedra), mencionó el “notable” aumento de los beneficios en sectores como la hostelería y el transporte, hasta casi un 20%; es decir, más del doble de lo que lo han hecho los salarios nominales y las facturas energéticas. Y cifró en un 5% la caída de los salarios reales en la UE desde el final de 2021, antes de que Rusia invadiera Ucrania.

Lo mismo, pero referido a Estados Unidos, sostienen Thomas Ferguson, profesor emérito de la Universidad de Massachusetts, y Servaas Storm, de la Universidad Tecnológica de Delft (Países Bajos) en un estudio sobre El mito y la realidad del gran debate sobre la inflación. Ambos no sólo niegan que el milmillonario programa de ayudas de Joe Biden –1.900 millones de dólares– sea una de las causas de la inflación en Estados Unidos y en el resto del mundo, como han apuntado algunos economistas, incluido el exsecretario del Tesoro Lawrence Summers. Sino que también consideran el aumento de los márgenes de las empresas como uno de los factores que explican el alza de la inflación.

Según sus cálculos, los márgenes crecieron un 42% en Estados Unidos entre el primer trimestre de 2020 y el segundo de 2022, mientras que el deflactor del PIB –los costes de producción de las empresas– sólo aumentó un 16% –el énfasis es de los autores del estudio–. “Los márgenes de beneficios no habían sido tan altos desde 1950”, subrayan, “por lo que no hay pruebas de que el aumento de los salarios se esté comiendo los beneficios de las empresas”. Además, culpan al alza de los márgenes del 40% del crecimiento del deflactor del PIB, cuando su contribución no superaba el 13% de media entre 1979 y 2019.

Ferguson y Storm resaltan también que las retribuciones de los máximos ejecutivos de las empresas se han disparado en Estados Unidos un 11,1% desde 2020, el triple de lo que han crecido los salarios nominales de los trabajadores. Ambos autores no resisten la tentación de citar a Adam Smith, el padre del liberalismo económico, en su obra fundamental, La riqueza de las naciones: “Los altos beneficios tienden mucho más a elevar el precio del trabajo que los altos salarios […]. Nuestros comerciantes e industriales se quejan mucho de los efectos perjudiciales de los salarios altos en el aumento del precio […]. Nada dicen de los efectos perjudiciales de los beneficios elevados. Guardan silencio sobre los efectos perniciosos de sus propias ganancias. Sólo se quejan de los efectos de las ganancias de otros”.

Otro análisis, firmado por seis economistas del FMI, concluye que no hay evidencia histórica de que una subida de salarios sea señal inequívoca de que se producirá una retroalimentación entre salarios y precios. Los autores crearon una base de datos con 79 episodios de espirales de precios y salarios desde los años 60 hasta ahora en 38 países, incluido España. Tres son las crisis inflacionistas españolas que mencionan: las de 1986, 1989 y 2000. Las dos últimas se parecen a la actual por el peso de los precios energéticos.

“Las espirales de salarios y precios, definidas como una aceleración persistente de precios y salarios, son difíciles de encontrar en los registros históricos recientes”, aseguran. Sólo en un puñado de casos experimentaron una mayor aceleración de precios y salarios después de ocho trimestres. Destacan la inflación que azotó Estados Unidos en 1973 tras el embargo petrolero de la OPEP y no desapareció hasta 1975. “Sin embargo, los salarios nominales no aumentaron, por lo que los reales disminuyeron”, concluyen.

Por el contrario, los 22 episodios similares a la inflación actual –con subida de salarios nominales pero caída de los reales y desempleo plano o decreciente– no tuvieron efectos de segunda ronda. Por el contrario, los analistas del FMI aclaran que en esas ocasiones anteriores los salarios nominales tendían a alcanzar la inflación para recuperar la pérdida de los salarios reales y fueron consistentes con la tasa de paro de cada país, pero no provocaron la temida espiral. “De hecho, la historia sugiere que los salarios nominales pueden acelerarse mientras la inflación retrocede desde niveles altos”, concluyen.

El debate sobre la inflación, sus causas y sus curas, ocupará 2023 tanto como el propio fenómeno. Desde otro ángulo, el ex economista jefe del FMI Olivier Blanchard ha hecho su aportación en Twitter estas navidades. Ve la inflación como el resultado de un conflicto distributivo entre empresas, trabajadores y contribuyentes. Que sólo se detendrá cuando todos ellos se vean “obligados a aceptar el resultado”: que el pastel que se reparten es más pequeño.

A su juicio, son los bancos centrales los que terminan obligando a los jugadores a conformarse. Subiendo los tipos de interés. “Enfriando la economía, pueden obligar a las empresas a aceptar precios más bajos a unos determinados salarios, y a los trabajadores a aceptar menores salarios con unos precios determinados”, explica. La alternativa, una negociación entre empresas, trabajadores y el Estado para estabilizar los precios sin que sea “doloroso”, es para Blanchard poco menos que un unicornio. “Desgraciadamente”, sentencia, “[esa solución] requiere más confianza de la que se puede esperar y, sencillamente, no ocurre”. Un jarro de agua fría, por tanto, para el pacto de rentas que ni siquiera pudo ser esbozado en 2022.

La Comisión Europea ha reabierto el procedimiento por una posible ayuda de Estado ilegal recibida por el Real Madrid y derivada de la sobrevaloración que el Ayuntamiento de la capital hizo de una parcela situada en Las Tablas en un convenio urbanístico firmado con el club en 2011. En julio de 2016, el Ejecutivo europeo declaró que el club se había beneficiado de una sobreestimación del terreno de 18,4 millones de euros, pero tres años después, en mayo de 2019, y tras recurrir el Real Madrid, el Tribunal General de la UE, anuló la decisión. Ahora, sin embargo, Bruselas vuelve a examinar la operación, en un nuevo procedimiento donde ya ha realizado una valoración de las parcelas que el Ayuntamiento de Madrid entregó al club en compensación por haber incumplido su promesa de cederle el mencionado terreno de Las Tablas. Como esa tasación será distinta a la que se incluyó en el convenio de 2011, el Real Madrid ha provisionado en sus cuentas la cantidad de 23,14 millones de euros, porque considera “previsible” que la Comisión Europea se ratifique en que el Ayuntamiento de Madrid le concedió una ayuda de Estado ilegal.

Así lo reconoce el propio club en su informe económico del último ejercicio, tal y como adelantó el diario británicoThe Daily Telegraph y ha confirmado infoLibre tanto en la Comisión Europea como en el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, el consistorio explica que ya ha remitido a la Secretaría de Estado para la UE, a fin de que ésta los traslade a la Comisión, “diversos informes” en los que se reafirma en “la adecuación legal de los criterios de valoración de la parcela objeto del procedimiento” y, por tanto, en la inexistencia de una ayuda de Estado ilegal.

Al anular el Tribunal General de la UE la decisión del Ejecutivo europeo, el Ayuntamiento debería haber devuelto al Real Madrid 20,33 millones de euros –más intereses de demora–, la cantidad que el club le había ingresado en octubre de 2016 al mismo tiempo que presentaba recurso contra la condena por ayuda de Estado ilegal. Sin embargo, a día de hoy aún no lo ha hecho. Hasta ahora esos 20,33 millones, aumentados con los intereses de demora correspondientes, han figurado en las cuentas del club como una partida más en el epígrafe de deudores comerciales. Son los 23,14 millones de euros que acaba de incorporar también como provisión ante la posibilidad de que Bruselas vuelva a decidir en su contra y no pueda cobrar del Ayuntamiento de Madrid esa cantidad.

No obstante, el club asegura en el informe económico que “discrepa” de la valoración realizada por Bruselas “tanto del terreno de Las Tablas como de las parcelas” que se le cedieron en su lugar, y anuncia que presentará “los oportunos recursos”. infoLibre también ha preguntado al Real Madrid por la reapertura del procedimiento, pero el club no ha respondido.

En efecto, el Tribunal General de la UE anuló la decisión del Ejecutivo europeo que declaró “incompatible con el mercado interior” la compensación en forma de terrenos valorados en 18,4 millones de euros que el Real Madrid había recibido del Ayuntamiento entonces gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón. Pese a desestimar dos de los tres motivos por los que el club impugnaba el dictamen de la Comisión –que no había ninguna ventaja a su favor y que el Ejecutivo europeo había basado su tasación de la parcela de Las Tablas en “un informe pericial carente de valor probatorio”–, aceptó el tercero: que la Comisión Europea sólo había valorado la parcela de Las Tablas, pero no los terrenos cedidos en su lugar, por lo que no pudo realizar un “análisis completo de todos los datos pertinentes” para saber si realmente el Real Madrid había obtenido una ventaja. “La Comisión”, explicaba la sentencia, “no ha demostrado suficientemente que la medida controvertida [la permuta de terrenos] confiriera una ventaja al demandante [el club]”.

Pero es lo que se ha dispuesto a hacer ahora la Comisión Europea. Ya tiene una valoración de esos terrenos, realizada por un “experto inmobiliario”, según recoge el Real Madrid en su informe económico. El club dice también que la tasación resultante tiene un “valor muy similar” al que se les otorgó en el convenio que en julio de 2011 firmó con el consistorio. Aun así, considera “probable” que la Comisión “defienda la legalidad de la decisión anulada” por el Tribunal de la UE y vuelva a considerar ayuda de Estado ilegal la entrega de esos terrenos.

La historia viene de mucho más atrás. En concreto, de mayo de 1998, cuando club y ayuntamiento firmaron un convenio por el que el consistorio, entonces en manos de José María Álvarez del Manzano, se comprometió a ceder al Real Madrid unas parcelas valoradas en 13,5 millones de euros. Entre ellas se encontraba una –la B-32– situada en el barrio de Las Tablas, en el norte de Madrid y no muy lejos de Valdebebas, donde el club tiene su ciudad deportiva. Entonces, los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid la valoraron en 595.194 euros. En aquel año, la zona no estaba urbanizada ni se había empezado a edificar.

En julio de 2011, ya con Ruiz-Gallardón, el Ayuntamiento firmó un nuevo convenio. La parcela de Las Tablas tenía la calificación de “equipamiento deportivo básico”, según el plan de urbanismo de 1995, por lo que era una parcela de titularidad pública y no podía ser enajenada de ninguna manera. Ambas partes lo sabían y el Ayuntamiento decidió indemnizar al club pagándole una cantidad equivalente al valor de la parcela B-32. Entonces los servicios técnicos municipales elevaron su valor a 22.693.054,44 euros. Lo habían multiplicado por 38 en 13 años. Las Tablas se había convertido en una zona residencial en pleno auge. La compensación no sería en metálico, sino mediante la cesión de otras parcelas cuyo valor total se calculó en 19.972.348,96 euros: 7.966 metros cuadrados en Carabanchel, 3.305 metros cuadrados en Valdebebas y otros 3.600 metros cuadrados junto al estadio Santiago Bernabéu, en el Paseo de la Castellana. Además, ambas partes saldaron sus deudas mutuas y el Real Madrid también le devolvió al consistorio otros bienes inmuebles, según explica el Tribunal General de la UE en su sentencia sin precisar cuáles.

Pero, al concluir el procedimiento por ayuda de Estado ilegal en diciembre de 2013, la Comisión argumentó que “un operador en una economía de mercado, en una situación comparable a la del Ayuntamiento de Madrid”, no habría firmado un convenio como el de julio de 2011. Por dos razones. La primera, que una empresa privada habría “recabado asesoramiento jurídico antes de suscribir dicho acuerdo”, para determinar si podía ser considerado responsable del incumplimiento de cesión de la parcela de Las Tablas al Real Madrid. El Ayuntamiento no lo hizo. La segunda, añadía la Comisión, que una empresa privada “no habría aceptado pagar al Real Madrid una compensación de 22.693.054,44 euros”, puesto que esa cantidad “superaba con creces el grado máximo de su responsabilidad jurídica por el incumplimiento de la obligación de ceder la parcela B-32”.

De hecho, durante el procedimiento abierto, la Comisión Europea examinó cuatro valoraciones distintas de la parcela protagonista: la realizada por el Ayuntamiento; otra por el Catastro Inmobiliario, dependiente del Ministerio de Hacienda; una tercera que presentó el Real Madrid y una cuarta encargada por el propio Ejecutivo europeo a un centro de estudios inmobiliarios. La Comisión consideró que la tasación adecuada era una de las cuatro propuestas por ese centro de estudios inmobiliarios y que dejaba el valor del terreno en 4,27 millones de euros. Cinco veces menos que la firmada por los técnicos municipales madrileños en 1998.

La sentencia del Tribunal General de la UE establece que la Comisión acertó al escoger esa tasación, que considera la más acertada de entre las presentadas. Y anula la decisión de calificar como ayuda de Estado ilegal la entrega de esos terrenos en lugar de la parcela B-32 únicamente porque el Ejecutivo europeo no hizo una tasación de aquellos y se atuvo sólo a los valores que se les imputaban en el acuerdo de julio de 2011. La Comisión, indica el Tribunal de la UE, “no tuvo en cuenta todos los aspectos de la operación controvertida”.

Esa omisión es la que Bruselas se dispone a subsanar ahora: tasar los terrenos de Carabanchel, Valdebebas y el Paseo de la Castellana, y verificar si valen lo que le costaron al Ayuntamiento de Madrid o, por el contrario, el consistorio concedió al club de Florentino Pérez “una ventaja que no habría obtenido en condiciones normales de mercado”.

Parece inconcebible que se hayan unido casi todos los partidos políticos, las instituciones que debían y deben de intervenir como mínimo, el Banco de España BE, la Comisión Nacional de la Competencia CNMC, el propio Ministerio de Consumo, y como no el propio sistema bancario, el máximo beneficiario de tenernos en sus manos y decidir a quienes les perdonan la vida económica, en la parsimonia de dejar ver qué pasa y cuan hundida está la economía y con ello la mayoría de ciudadanos afectados por las hipotecas variables. Sin contar el freno y las consecuencias posteriores sobre la economía nacional.

A buen seguro a las entidades bancarias con solo especular; cuando, cómo y a quiénes aplican las subidas, ya tienen esos suculentos beneficios que alardean en sus recientes cuentas de resultados, sin tener necesidad de buscar negocio en nuevas hipotecas solo elegir cada vez más a quienes les prestan.

Es totalmente falso que no existan alternativas válidas de aplicación inmediata que bloquearían, paralizarían y ofrecerían nuevas perspectivas y soluciones a la actual crisis de subida de tipos, y lo escribe un agente de la propiedad inmobiliaria, perito tasador, gestor hipotecario en activo, tras más de 50 años en el sector vivienda, VPO, posteriormente mejorada con la VPT, agente de la SPA, y de diferentes plataformas bancarias. Que ha vivido al menos 4 o 5 crisis similares aunque distintas.

Me indigno porque se vuelve a errar históricamente en el mismo error que en la última, cerrada en falso, culpabilizando ingenuamente a las hipotecas de consumo de vivienda, cuando la verdadera y real causa fue la irrupción de las inmobiliarias de los bancos que fueron a por todas, inflaron precios, se financiaron al 100 % la compra de solares y lo reventaron todo. Encima fueron rescatados con recursos públicos, sus inmobiliarias son dueñas y señoras del mercado, ejerciendo una competencia desleal brutal de posición dominante con sus bancos matrices, que ha acabado con la mayoría de las pymes, promotoras constructoras. Por desgracia las autoridades competentes se lo permiten.

Soluciones:  En diferentes etapas nos hemos movido con modalidades hipotecarias existentes en el mercado, que han sido y son totalmente útiles y apropiadas para situaciones como la actual, más ya con el avance del control notarial de información previo para la firma de hipotecas, modalidades que pueden ustedes mismo comprobar rebuscando en internet por ejemplo y aquí se explicitan.

Verán que entre otras modalidades e hipotecas flexibles, se encuentran:

 1) La hipoteca blindada, idónea para la actual situación simplemente reconvierte el préstamo en cuota fija llevando la posible o bajada posterior de intereses al plazo final alargando o recortando la vida del mismo. Así de sencillo, ello no llevaría absolutamente ningún problema su aplicación y si no es así que se lo digan a un servidor, de verdad.

Incluso la propia banca no perdería absolutamente nada, al contrario la morosidad no aumentaría alarmantemente como se prevé por la subida de tipo, y sus balances se mantendrían limpios y saneados por esta causa. No tendrían que cribar a quien sí y a quien no le perdonan la vida económica, independientemente que siempre esta ese código de buenas prácticas bancarias para casos extremos que siempre se producen.

Esta medida es muy simple sencilla y fácil, nuestra agencia siempre la ha recomendado a la hora de firmar hipotecas, pero incomprensiblemente la mayoría de entidades ya no las ofrecen y peor aún las obvian en momentos críticos y oportunas como la actual.

No termina aquí ni mucho menos, existen muchas más vías y alternativas para frenar esta locura que se avecina. Alternativamente tienen también.

 2) La hipoteca con cuota final: consiste en llevar sobre un 30%, al final del préstamo, con lo que desaparecería también la subida al aplazarse y diferirse esta parte de la hipoteca.

3) Cuota creciente: consiste en reducir durante la mitad del periodo del préstamo la cuota prevista para ir aumentando sobre el 2% anual, lo que resulta insignificante comparado con ese 30% mínimo que los bancos quieren establecer que soporten sus hipotecados más solventes sin tener en cuenta las previsiones con las que cuenta ese cliente, para no recibir este aumento disparatado.

4) Interés rate only: hipoteca en la que solo se pagan intereses y al final se paga toda la hipoteca.

5) Hipoteca flexible: es la que actúa como una cuenta de crédito, se fijan unas cantidades mínimas, y según las necesidades del hipotecado las utiliza.

6) Otras hipotecas y productos vinculados: por otro lado existen opciones complementarias en la que se puede paralizar el pago del principal o de toda una hipoteca temporalmente por causas laborales, enfermedades oct.-.

7) Seguros: hoy en día la mayoría de entidades realizan ya seguros para alquileres al igual que se están desarrollando para cubrir el pago o paralizar hipotecas

Como ven existen muchas alternativas reales para su aplicación inmediata sin dilación por el gobierno, con solo un decreto ley que amplié la actual ley sobre subrogaciones y modificaciones hipotecarias, la de créditos inmobiliarios y el de protección de deudores hipotecarios y buenas practicas bancarias. O bien que las instituciones competentes y las entidades bancarias actúen como deben, incluso en beneficio propio y del interés general de la economía, ya que actualizándose el sistema bancario, modernizarían formulas que seguirían activando la economía paralelamente a las circunstancias imperantes.

Y desde luego no crean que el actual proyecto de ley de vivienda resuelve absolutamente nada ni prevé soluciones a los problemas reales y actuales que están gravemente afectando al acceso a la vivienda ni en propiedad ni en alquiler al contrario los enmaraña aún más.

Si compartes esta petición, firma en aquí.

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José Joaquín Belda Gonzálvez es socio de infoLibre

Llevamos meses conviviendo con realidades contrarias e insostenibles. Se venden más pisos que en el boom y cada vez más caros. Los precios del alquiler baten récords, muchas familias no pueden asumir la subida de las hipotecas y otra mayoría de jóvenes no puede acceder a una vivienda. Los últimos datos arrojan que alquilar es inasumible en 25 provincias, donde el esfuerzo financiero supera el 30% de los ingresos. Los banqueros centrales de Alemania y España anticipan nuevas subidas de tipos en una entrevista conjunta. Los bancos empiezan a cerrar el grifo y un 20% de familias sufre estrés hipotecario. Noticias aparentemente sueltas, donde los dirigentes se resisten a unir los puntos y se ponen de perfil con respuestas insuficientes. La Ley de Vivienda da vueltas en el Congreso como si no fuera lo más importante para cerrar el año. Según Pedro Sánchez, ya ha cumplido. Y la derecha no se mueve de las tesis de las patronales inmobiliarias y el blindaje de los propietarios. 

El acceso a la vivienda nunca ha estado en el programa del PP, pero ha sido bastión de las corrientes que armaron la coalición de Gobierno. Aznar liberalizó el suelo pero la burbuja estalló con Zapatero. Después llegó la gran recesión, los miles de desahucios, el 15M. De la PAH y V de Vivienda hasta los ayuntamientos del cambio en las elecciones que marcaron el fin de ciclo del PP. Y aun así, ahí sigue la primera Ley de Vivienda de la democracia, símbolo de la coalición, sin aprobarse.

Ante las circunstancias adversas —pandemia, shock inflacionista, invasión de Ucrania— el Gobierno ha priorizado siempre el escudo social, un despliegue de medidas eficaz y más justo que el mantra simplista de la bajada de impuestos como milagro contra la crisis. Son tiempos excepcionales que han cambiado los paradigmas políticos y económicos. Medidas que parecían impensables y ahora son corriente hegemónica, empezando por la defensa del Ejecutivo de limitar el precio del gas. Pedro Sánchez ha conseguido no solo la excepción ibérica, sino que ha contribuido a impulsar políticas energéticas europeas conjuntas, con más intervención en los mercados e impuestos extraordinarios a la riqueza y a la banca y energéticas. Las medidas estructurales están dando sus frutos frente a una oposición incapaz de desplegar una alternativa económica.

Pero falta esta parte de la agenda crucial por abordar. El mayor golpe al poder adquisitivo de las familias en España es la vivienda. Un derecho fundamental y un asunto estructural donde no hay ejecutivo que se atreva a poner freno. El resultado es una España cada vez más desigual, donde la brecha está entre propietarios y quienes alquilan; entre los que heredan o pagan la hipoteca hasta su jubilación; entre los rentistas que se benefician y los jóvenes que se hacinan en sus casas.

El mercado de la vivienda está tan roto como el mercado eléctrico. Y como la riqueza en España se concentra en el sector de la vivienda, no se puede abordar el aumento de la desigualdad sin intervenir el mercado inmobiliario. El nuestro está tan roto que donde hay empleo no hay un alojamiento asequible y donde es posible pagar un alquiler, no hay empleo. En un Estado de bienestar maduro, tiene que abordarse como un derecho y no como un vehículo financiero.

En el minuto-resultado de la tramitación de la ley, el PSOE de momento no da el paso del escudo social al de la vivienda. Y eso que, con lo que queda de crisis económica, es una agenda ganadora, si se atreven. Las presiones de la banca y las patronales inmobiliarias las percibimos aun sin saber hasta dónde llegan. Y las autonómicas han vuelto a colocar a PSOE y UP en las antípodas. Patxi López defendiendo el desalojo exprés en las ocupaciones, Rafael Mayoral promoviendo que la Sareb devuelva los pisos vacíos que ya se pagaron con dinero público y se cedan a las comunidades autónomas. La Ley de Vivienda no es solo una agenda de éxito para la coalición. Como dice un asesor conocedor del asunto, serviría de pegamento y movilizaría a ambos electorados. Mientras, el PP seguirá apostando por un modelo donde los ciudadanos se embarguen durante 30 años mientras protege a grandes tenedores y especuladores.

A la fuerza ahorcan y bien lo saben los gobiernos. Hace sólo tres meses, la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, argumentaba su rechazo a reformar el mercado eléctrico en que cambiarlo pondría en riesgo “la predictibilidad del mercado, la competitividad y la transición a las energías verdes”. “El modelo actual garantiza que casan en todo momento la oferta y la demanda”, lo que a su juicio resultaba fundamental “para garantizar la seguridad en el suministro” y evitar apagones. Pero los precios de la energía no han dejado de subir según se prolonga la guerra en Ucrania y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya lamentó antes del verano que el mercado actual de la electricidad funcionara con un diseño de hace 20 años, cuando las renovables aún estaban en pañales. El pasado lunes, finalmente, la propia Von der Leyen dio el golpe de timón y anunció una “intervención de emergencia” y una “reforma estructural” en el mercado eléctrico, cuyas “limitaciones”, dijo, han quedado al descubierto por una escalada de precios que parece imposible frenar. Las presiones de Alemania, Austria, Bélgica y Chequia explican el giro.

El chantaje energético ruso, por usar los mismos términos que la presidenta europea, y la inflación galopante provocada por unos precios estratosféricos de la luz y el gas han obligado a virar a quienes consideraban un anatema la intervención de un mercado. Pero éste de Bruselas es sólo el último ejemplo de cómo la necesidad fuerza la caída de principios  y decisiones económicos que se tenían por inamovibles e indispensables para la supervivencia del sistema. Muchos de esos vuelcos, además, los han dado precisamente grandes adalides de esa ortodoxia neoliberal: Mario Draghi, George W. Bush, Mariano Rajoy, Emmanuel Macron, Mark Rutte…

Hace casi un año, los líderes del mundo rico, reunidos en la cumbre del G20 en Roma, se pusieron de acuerdo para implantar un impuesto mínimo global del 15% a las grandes multinacionales. Tras cuatro años de debates y de superar fuertes resistencias, las principales potencias económicas del planeta se comprometían con una medida destinada a evitar que la riqueza de los países se escape por los agujeros del sistema y se esconda en paraísos fiscales. Cierto que la OCDE acaba de admitir que los trabajos técnicos para ponerlo en marcha llevan retraso y hasta 2024 no verá la luz, y que los recelos de muchos gobiernos seguirán torpedeando la iniciativa, pero el camino ya está trazado. EEUU acaba de aprobar este agosto la Ley de Inflación, que incluye un impuesto mínimo del 15% para las empresas con beneficios superiores a los 1.000 millones de dólares. España lo introdujo en la Ley de Presupuestos de este año para las empresas que forman parte de un grupo consolidado o facturen más de 20 millones de euros anuales. En la UE, el bloqueo de algunos países impide de momento la adopción de la directiva de la OCDE que establece ese suelo fiscal.

Además, la ruptura del tabú ha hecho perder el miedo a subir los impuestos a las grandes compañías. En marzo, Mario Draghi, vicepresidente de Goldman Sachs y presidente del BCE antes que primer ministro, aplicó un tributo del 10% a las empresas energéticas por los beneficios extraordinarios que les está proporcionando la guerra, y que sólo un mes más tarde subió hasta el 25%. Es el mismo gravamen aprobado por el Gobierno del conservador Boris Johnson en el Reino Unido para las empresas del petróleo y el gas. En España será en 2023 cuando comience a recaudarse un impuesto del 1,2% sobre las ventas de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros. También deberán tributar los bancos, un 4,8% del margen de intereses y comisiones, para financiar los planes contra la inflación. Bélgica, Grecia, Hungría y Rumanía han aprobado impuestos similares a las empresas de energía.

Los cambios de paso, no obstante, fueron ya extraordinarios tras la anterior gran crisis. Apenas habían transcurrido 18 días de la quiebra de Lehman Brothers cuando George W. Bush aprobó un programa de rescate financiero de 700.000 millones de dólares, con los que el Tesoro de Estados Unidos compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos para sacar de los balances de los bancos los activos ligados a las hipotecas basura. Un Gobierno republicano ponía en marcha la mayor intervención económica de la historia de Estados Unidos.

Después llegaría el Recovery Act del presidente Obama, 780.000 millones de dólares para reactivar la economía estadounidense tras el golpe de la crisis financiera. Y los enormes paquetes de ayudas de Joe Biden para combatir la paralización económica causada por la pandemia: 1,9 billones de dólares contra la emergencia sanitaria y otros tanto para modernizar infraestructuras. El primero, un aumento de gasto público casi inédito en un país alérgico a la protección económica estatal, y el segundo sustentado en subidas de impuestos, otro paradigma roto.

Con ese dinero, Bush nacionalizó las dos principales sociedades hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac, propietarias de casi la mitad de la deuda hipotecaria de EEUU entonces, unos 5,3 billones de dólares. También compró el 92% de la aseguradora AIG, la más grande del mundo, y recibieron ayudas públicas JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley… y hasta automovilísticas como Chrysler y General Motors.

Reino Unido no le fue a la zaga. Aunque en su caso el responsable fue el primer ministro laborista, Gordon Brown. Los británicos no dudaron en nacionalizar o intervenir el Royal Bank of Scotland (RBS), el Northern Rock y Lloyds, al que el Gobierno había obligado a absorber otra entidad en crisis, el HBOS. En total, medio billón de libras –577.000 millones de euros–.

En España también fue un gobierno conservador, el del PP, el que rescató a la banca. El Estado inyectó 58.000 millones de euros en el sector financiero, de los que 24.000 millones fueron para comprar el 68% de Bankia. Las cajas de ahorro desaparecieron, forzadas a la fusión y luego convertidas o vendidas a bancos: Caixa Catalunya, Novacaixagalicia… También fueron rescatados Liberbank, Banca Cívica, Banco Gallego, Banco de Valencia. Una década después, el Estado sólo ha recuperado el 10% de la cantidad invertida, unos 6.000 millones de euros. Y las posibilidades de recuperarlo todo son casi nulas.

La siguiente crisis mundial fue la propiciada por el covid-19. En 2020 los gobiernos volvieron a intervenir una economía en cuarentena. Los milmillonarios planes de EEUU tuvieron su réplica inmediata en Europa. Atrás quedaron el dogma de la austeridad y el corsé al déficit público. En junio la UE aprobó el que se publicita como el mayor programa de estímulo económico de su historia: los 750.000 millones de euros del Fondo NextGeneration. Al mismo tiempo, Bruselas suspendió las reglas fiscales que obligan a los Estados miembros a controlar sus niveles de déficit y deuda públicos. Las mismas reglas que defendían como dogmas inapelables los halcones comunitarios –Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia– y han dejado un reguero de desigualdad en España, Portugal, Italia y Grecia, los países más tocados por aquella crisis.

Para conseguir esos 750.000 millones, Bruselas ha emitido eurobonos, con lo que se ataca otro de los credos de la ortodoxia, defendido hasta ahora con uñas y dientes por los halcones alemanes, holandeses, austriacos y finlandeses: el rechazo a mutualizar la deuda. Hasta ahora, los que se endeudaban eran los Estados miembros; ahora lo ha hecho la Unión Europea.

Además, como parte del escudo económico anticovid, los estados volvieron a salir al rescate. En este caso, de las aerolíneas. Francia y Países Bajos pusieron en Air France-KLM, su compañía de bandera, 10.000 millones de euros. Había que salvar, destacaron ambos gobiernos, 350.000 empleos directos e indirectos. Cada uno de los estados posee el 14% de las acciones de la aerolínea que, como el resto de las europeas, se vio obligada a dejar todos sus aviones en tierra durante el confinamiento. Ya lo había anunciado Emmanuel Macron nada más estallar la pandemia: “Ninguna empresa será abandonada al riesgo de quiebra por el impacto del coronavirus”.

Más radical fue la decisión de Italia, que inyectó 3.000 millones en Alitalia para nacionalizarla, rebautizarla como ITA e intentar su reactivación, pues llevaba en concurso de acreedores desde 2017. Al Estado portugués, comprar el 72,5% de la aerolínea nacional TAP en plena pandemia le costó 1.200 millones de euros. Incluso el Gobierno alemán, aún en manos de Angela Merkel, no dudó en entrar en el capital de Lufthansa para salvarla de la parálisis pandémica. En total, incluido el 20% de la aerolínea que compró el Gobierno federal, el rescate ascendió a 9.000 millones de euros.

Tampoco España escapó a la ola de intervenciones públicas. El Gobierno de Pedro Sánchez destinó 475 millones a rescatar Air Europa, en una decisión polémica porque el gigante IAG –Iberia, British Airways– había alcanzado previamente un acuerdo para adquirir la compañía, la segunda aerolínea española con más vuelos internacionales, a la familia Hidalgo. El Estado, a través de la SEPI, ha pagado 70 millones de euros públicos para acudir a la ampliación de capital que hizo en septiembre de 2020 el grupo IAG, del que posee un 2,5%. Una forma diferente de acudir al rescate. Otros 111 millones han ido a parar a Air Nostrum.

A Macron no le ha temblado el pulso tampoco para nacionalizar EDF, la principal eléctrica francesa. La crisis energética le ha empujado a hacerse con el 100% de la compañía, de la que el Estado ya poseía el 83,88% y que, además, sufre un tremendo deterioro financiero: según publica el diario francés Mediapart, las pérdidas este año pueden alcanzar los 15.000 millones de euros y la deuda superar los 60.000 millones. Además, desde que el Gobierno de Macron ha limitado en el 4% la subida que se permite a la factura de la luz, el resto hasta el precio real pagado por EDF lo cubre el Estado. Un coste considerable para las arcas públicas.

El aumento de las desigualdades durante la lenta y dolorosa salida de la crisis financiera ha roto igualmente la resistencia de muchos gobiernos a implantar o subir el salario mínimo. En 2015 empezó a aplicarse en Alemania, y lo hizo por decisión de Angela Merkel. Entonces era de 8,5 euros la hora o 1.445 euros al mes. Este año, el Gobierno de Olaf Scholz lo ha subido hasta los 12 euros, un 22%.

En Estados Unidos, Joe Biden mejoró este año el salario mínimo de los trabajadores empleados en empresas contratados por el Gobierno, hasta los 15 euros la hora. Aunque su intención era subírselo hasta esa cantidad a todos los asalariados del país, para lo que se encuentra con el rechazo de los republicanos. El salario mínimo federal se mantiene en 7,25 dólares desde 2009. Pero en 21 estados se ha mejorado este año.

El pasado mes de junio, el Parlamento y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo para crear un salario mínimo “adecuado” en la UE. No se fijará una cantidad única para todos los Estados miembros, sino unos criterios para determinar cuál es el salario necesario para hacer frente al coste de la vida. Hasta ahora, la Carta Social de la UE establecía que el salario mínimo debe equivaler al 60% del salario medio de cada país. Y en calcularlo está ahora de nuevo enfrascada la comisión de expertos reunida por el Ministerio de Trabajo. Cuando termine la tarea, el Gobierno propondrá a patronal y sindicatos una nueva subida del SMI, que asciende a 1.000 euros tras mejorar un 31% en los últimos tres años. La inflación ha obligado también a los gobiernos a aprobar este año subidas de dos dígitos en muchos países europeos. Por ejemplo, en Países Bajos, a cuyo frente lleva 12 años el conservador Mark Rutte, aumentará el salario mínimo un 10%. La inflación alcanzó en julio el 10,3%, una de las más altas del Continente. Atrás van quedando también los recelos sobre la amenaza para el empleo que pueden suponer las subidas del suelo salarial.

El precio de los alquileres de viviendas se elevó en julio hasta los 11,21 euros el metro cuadrado de promedio, alcanzando así su máximo nivel desde 2006. Al menos, según el índice inmobiliario que elabora la empresa Fotocasa. Según su directora de estudios, María Matos, se trata de “un hito en la evolución de este mercado”: el precio de los arrendamientos lleva 33 meses –desde noviembre de 2019– por encima de los 10 euros el metro cuadrado y nueve meses consecutivos encadenando subidas. De media, los alquileres se han encarecido un 7,4% en el último año, pero hay tres provincias donde se han disparado por encima del 20%: Girona, Huelva y Málaga. La comunidad autónoma con mayor aumento en el último año es la Comunidad Valenciana, con un 17,5%, seguida de Baleares –14,5%– y Cantabria –14%–. En Madrid los precios han crecido un 11,2% y en Cataluña un 7,3%. Donde menos han subido ha sido en La Rioja, sólo un 2,7% desde julio de 2021.

Independientemente de las subidas, Madrid es el territorio con la vivienda en alquiler más cara, 15,39 euros el metro cuadrado, seguido de Cataluña, con 14,79 euros. Baleares es la tercera, con 13,51 euros. Los alquileres más baratos están en Extremadura y Castilla-La Mancha, donde cuestan menos de la mitad que en las más gravosas: 6,21 y 6,48 euros, respectivamente. Por provincias, en cambio, Barcelona se convierte en la más cara, con 15,77 euros el metro cuadrado, por delante de Gipuzkoa, con 15,52 euros. Por el contrario, en Zamora no se superan los 5,49 euros y en Cáceres los 5,67 euros el metro cuadrado.

Alejandro Inurrieta, economista, expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler y autor del libro Vivienda, la revolución más urgente, también cree que los arrendamientos están en máximos. “Los precios de los alquileres condicionan los precios de las ventas de viviendas, sobre las que hay estadísticas mucho más precisas”, explica, “y el precio de las ventas se encuentra en el mismo nivel máximo que antes de la crisis de 2008, por lo que ese dato me invita a pensar que lo mismo ocurre con los alquileres”. Inurrieta pone en duda la fiabilidad de los datos de Fotocasa. “En todo caso, la empresa puede hablar de sus clientes, pero nada más”, objeta el economista, que se queja de la falta de información estadística sobre el alquiler, “un mercado opaco que carece de controles e inspecciones”. En España no se sabe ni cuántas viviendas hay de alquiler ni cuánto suben los precios, protesta.

Aun así, según sus cálculos, el déficit de vivienda pública de alquiler, el número de pisos que serían necesarios para igualar a los países de la UE, asciende a siete millones de pisos. “Es evidente que el mercado del alquiler está tensionado, sobre todo en algunos territorios, como Ibiza, por ejemplo, por la falta de vivienda social”, sostiene. Un factor al que hay que añadir el tirón de la demanda turística de este año. Los datos de Fotocasa no distinguen entre alquileres turísticos y alquileres habitacionales, por lo que sus estadísticas, apunta Inurrieta, “están contaminadas”.

Pero sí se puede deducir que el “aluvión de turistas” del primer verano sin restricciones pandémicas tiene mucho que ver con la burbuja de precios. Por ejemplo, el municipio con el mayor aumento de precios del alquiler ha sido Gandía, con un 53,2%, seguida de Benidorm –43%–, Torrevieja –36,9%– y Fuengirola –36,8%–. Además, el ayuntamiento con el alquiler más caro de España en julio resulta ser Calvià, con 19,43 euros el metro cuadrado, más que Barcelona capital, con 18,43 euros o La Moraleja (Madrid), con 17,62 euros o San Sebastián, que llega a 17,06 euros. El precio medio en Madrid capital es de 16,57 euros. Otro municipio con gran demanda turística es Laredo (Cantabria), donde alquiler un piso alcanza los 16,46 euros el metro cuadrado, casi tanto como en Madrid. También en las subidas del último año se refleja el empujón del alquiler turístico: en Alicante, los precios han crecido un 26,4%, la mayor alza por municipios.

Al mismo tiempo sorprenden los enormes aumentos de la ciudad de Cuenca, que ha disparado sus alquileres un 18,7% en el último año, el 14,1% de Badajoz capital o el 13,9% de la provincia de Lugo. Todas ellas, zonas en principio inmunes al calentamiento turístico.

Fotocasa atribuye todos estos aumentos “sin precedentes” a la reducción de la oferta y al alza de la inflación, “que influye en las viviendas que salen al mercado”. Pero Alejandro Inurrieta rebate esa segunda causa. “Los recibos de la luz o el gas los paga el inquilino, no el casero, a éste no le afecta la inflación”, indica. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación de los alquileres de la vivienda principal sólo ha subido un 1,4% en el último año. Pero el epígrafe que engloba la vivienda con sus consumos se ha disparado un 23% hasta julio. El efecto inflación sí que se nota en el hecho de que el del alquiler funciona como un modelo de mercado “líder-seguidor”, apunta Inurrieta, en el que un casero sube el precio y “todos se suben al carro”. La demanda está disparada y el “inmenso” poder negociador del propietario del piso hace el resto frente a un inquilino “indefenso”.

“Así que es evidente que el control de precios establecido por el Gobierno no está funcionando”, concluye el economista. Como parte del plan de choque contra la inflación, el Ejecutivo aprobó en marzo limitar las subidas de los alquileres al 2%. La medida fue prorrogada en mayo hasta el 31 de diciembre. La Ley de Vivienda, que en estos momentos se tramita en el Congreso y el Gobierno quiere tener aprobada en octubre, también incluye un mecanismo de control de los precios del alquiler en zonas tensionadas. Lo ha dejado en manos de las comunidades autónomas y las gobernadas por el PP ya anunciaron que no lo aplicarán.

Sobre el papel, el objetivo es estimular fiscalmente el alquiler de la vivienda habitacional de manera asequible con deducciones que van del 50% al 90% en el IRPF. La ley establece una moratoria de 18 meses antes de que rija el índice de referencia de los precios en las áreas tensionadas. La definición de área tensionada también tendrán que hacerla las comunidades autónomas. Alejandro Inurrieta pone en duda que la Ley de Vivienda salga adelante, porque ve difícil que los fondos de inversión, que ya controlan el 4,4% del mercado del alquiler en España, vayan a aceptar controles de precios.

Estos, asegura, están actuando de “líder del sector”. Cada vez más, los fondos están comprando edificios enteros en zonas con precios bajos –Inurrieta cita Puente de Vallecas, Usera o Carabanchel en Madrid–, que reforman y ponen en alquiler a precios altos–1.000 euros–. Los mayores propietarios de viviendas en arrendamiento son Caixabank, con un catálogo de 25.000 inmuebles, el fondo estadounidense Blackstone a través de Testa Home, que posee otros 20.000 y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado banco malo, que suma 15.583, según un informe de Atlas Real Estate Analytics. En total, hay 16 sociedades con una cartera superior a las 1.000 viviendas. Entre las españolas, Azora o Renta Corporación, y entre las extranjeras, la estadounidense Cerberus Capital, la francesa Axa o Anticipa, también propiedad del fondo Blackstone. Según este informe, en España hacen falta 1,8 millones de viviendas en alquiler, un mercado con amplio margen de crecimiento porque sólo el 18% de la población vive como inquilina.

Mis padres pudieron llevarme muchos veranos a los Picos de Europa, a la Costa Brava o a comer espetos. Pero ahí estaba yo, con siete años y el pelo mojado todavía de la playa, viendo una cabalgata con un alumbrado cegador y fuegos artificiales como si fuese Navidad. Una situación tan surrealista solo se puede dar en el hemisferio sur o en Marina d'Or. 

Todavía hoy se puede disfrutar de este espectáculo a 15 minutos en coche de Benicàssim (Castellón). Es un pasacalle muy parecido a lo que se puede ver el cinco de enero en una ciudad cualquiera, pero a 40 grados y con bailarines que ponen su mejor sonrisa embutidos en un disfraz que imita a los personajes de Disney. 

Esta cabalgata representa el espíritu de Marina d'Or, el único sitio que alumbra sus avenidas con miles de bombillitas durante todo el verano. Todo esto para atrapar a los niños mientras sus padres cenan en la terraza de una pizzería terrible y cuentan los días para que acabe su única semana de descanso del año. 

Mis dos pasatiempos favoritos en este paraíso del entretenimiento tenían que ser un sufrimiento para mi familia. El primero era ir al jardín de la ciudad, un parque minúsculo con un estanque de peces koi decorado con piedras de cartón, olivos, plantas exóticas y estatuas griegas de mármol. 

El segundo era visitar el pabellón de Marina d'Or Golf, una carpa corporativa de la constructora llena de maquetas de lo que sería la urbanización en el futuro. Eran miniaturas de un complejo diez veces más grande de lo que era entonces la ciudad y prometían levantar un campo de golf kilométrico en un terreno que entonces tenía cultivos de secano, junto con hoteles, piscinas, lagos e incluso una Torre Eiffel y una torre calcada al campanario de la plaza de San Marcos de Venecia. 

Evidentemente nada de esto se construyó, pero tampoco nadie me dijo que fuera imposible que eso llegase a existir en medio de Castellón. Porque quien entraba en Marina d'Or daba por hecho que eso terminaría siendo Las Vegas de Europa. Porque así lo vendieron sus promotores allá por 2005, en los años más locos de la burbuja. 

Más de veinte años después, para la mayor parte de los españoles la ciudad ha quedado como un recuerdo de aquellos años de la fiebre del veraneo en el Mediterráneo de la nueva clase media, donde se madrugaba para coger hueco en la playa. Como mucho recordarán los anuncios de: Marina d'Or, ¡qué guay! o Marina d'Or, ciudad de vacaciones, dígame!. 

Quienes terminaron comprando una casa viendo esas maquetas terminarían por meterse en un pozo: habían pagado una millonada por vivir en un supuesto complejo de lujo que solo tenía un par de supermercados para 15.000 viviendas y una playa de piedras que tardarían años en arreglar. 

La casa donde pasé la mayor parte de mis veranos en Marina d'Or todavía pertenece a unos amigos de mis padres que pagaron más de 200.000 euros por un piso que hace poco valía 40.000. Está en la otra punta de la ciudad y para llegar a él tienes que atravesar toda la avenida de Barcelona, la carretera que recorre los tres kilómetros y medio de la ciudad. 

Allí ya no llegan las luces de Navidad ni se ven los hoteles de cinco estrellas. Simplemente son tres moles de ladrillo levantadas en mitad del campo, una metáfora de la ciudad. La idea era construir más edificios alrededor, pero llegó la crisis del ladrillo y lo único que les dio tiempo a poner fueron las aceras. Ahora los únicos que se pasean por allí son los jabalíes, que bajan de la montaña por la noche en busca de basura. 

Las bolsas no lo dudan. Habrá recesión. Los inversores han empezado a multiplicar las órdenes de venta. El miedo a la inflación se ha convertido en pánico a un desplome de la economía global. Y los analistas llevan tiempo advirtiendo de las señales. Que cada vez parecen más nítidas. Las subidas de tipos de interés tienen esa consecuencia inevitable, asegura el analista financiero Juan Ignacio Crespo. Con ese objetivo las han aprobado tanto la Reserva Federal de EEUU como el Banco de Inglaterra, y las ordenará el próximo día 21 el Banco Central Europeo (BCE): enfriar la economía para bajar la inflación, que se encuentra en niveles desconocidos desde los años 80 a ambos lados del Atlántico.

De hecho, Crespo asegura que Estados Unidos ya se encuentra en recesión, después de un primer trimestre en el que su economía se ha contraído un 0,45% y en el segundo, de acuerdo con las estimaciones del servicio de estudios del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, ha sufrido un retroceso de magnitud similar. Es decir, EEUU cumple ya los requisitos de la definición técnica europea de recesión: dos trimestres consecutivos de caídas del PIB. Es más, el analista avanza que el mundo entró en recesión industrial el pasado marzo, por culpa de las paradas intermitentes de las factorías chinas.

En Alemania las perspectivas tampoco son precisamente halagüeñas. En mayo la gran potencia exportadora europea tuvo el primer déficit comercial en 31 años: compró en el exterior por 900 millones de euros más de los que vendió. Pero si, además, se cortara el suministro de gas ruso este otoño, su poderosa industria tendría que parar. Este lunes se cerrará el gasoducto Nord Stream 1, que abastece de gas ruso a Alemania, para ejecutar unas tareas de mantenimiento habituales que, en condiciones normales, deberían durar sólo 10 días. Pero el temor a que Putin convierta el cierre temporal en algo más que una advertencia existe. “No es algo que debamos descartar al 100%, porque puede producirse una situación de máxima tensión, no ya en otoño, sino en las próximas semanas”, advirtió este viernes la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Antena 3.

Ése sería el detonante que encendería la recesión en el resto de la Unión Europea, España incluida. El Banco de España calcula que el corte ruso de suministro energético le costaría a Europa 4,2 puntos de PIB, 600.000 millones de euros. Sólo un poco menos de los 750.000 millones del paquete de estímulo aprobado por Bruselas para recuperar a la UE de la pandemia. Aunque el BCE no incluye la entrada en recesión de la Unión Europea en su escenario central –el más probable– para los próximos meses, su vicepresidente, Luis de Guindos, previene ante una “desaceleración económica importante”, que en Alemania, debido al posible corte del gas ruso, puede conducir a la recesión, y ésta arrastrar al resto de la eurozona, según alertó la semana pasada en una entrevista en la Cope. Sí que aparece la recesión en su escenario adverso, con un embargo total de gas ruso en Europa, en cuyo caso el PIB del bloque caería un 1,7% en 2023.

Así que el estado de ánimo corporativo en Alemania comienza a resentirse. El índice de gestores de compras PMI –que elabora S&P Global a partir de encuestas mensuales a ejecutivos de miles de empresas de 40 países y muestra la evolución de sus pedidos– se situó el pasado junio en 51,3 puntos, 2,4 puntos por debajo de mayo y acercándose peligrosamente a 50, el límite por debajo del cual se revela una contracción económica. Si desciende de 42, hay recesión. En Francia, el PMI está en 52,8 puntos, 4,2 puntos menos que en mayo, el peor resultado desde que comenzó el año.

En España, aún se queda en 53,6 puntos, pero ha caído 2,1 puntos desde mayo. En toda la zona euro, el indicador es de 52 puntos. Según el análisis de S&P Global, el recorte del indicador en España refleja una caída de la demanda y de los pedidos de las empresas, la tercera en los últimos cuatro meses. No sólo los inversores, también las corporaciones, además de pertrecharse frente al alza de sus costes por la inflación, barruntan el parón de la demanda y se preparan.

Lo mismo está ocurriendo con los consumidores. Las encuestas desvelan cómo reducen o planean reducir sus compras en los próximos meses por culpa de los precios. Aún gastarán este verano parte del ahorro embalsado desde la pandemia. Pero en otoño empezarán a cerrar las billeteras. Según el informe de perspectivas del consumidor de Kantar Insights, es la primera vez desde 2012, en plena crisis financiera, en que los ciudadanos que recortan sus compras superan a los que las mantienen. Hay ganas de gastar, pero como los precios son más altos, el INE ha registrado entre enero y marzo de este año la primera tasa de ahorro negativa de los hogares españoles desde 2019. Porque por primera vez desde entonces han gastado más –un 14% más– de lo que han ganado. Es el efecto de la subida desbocada de los precios: este año las familias españolas han recortado su ahorro 1.427 millones de euros, mientras que, en el primer trimestre de 2021, cuando aún salían de la pandemia, habían conseguido guardar en la hucha nada menos que 14.516 millones.

Otro indicador de que la recesión se acerca son los precios de las materias primas, que con la guerra en Ucrania se instalaron en máximos al llegar marzo, pero ahora están cayendo. Los metales industriales pierden un 9,7% en lo que va de año, después de haber ganado un 26% en marzo, mientras que las materias primas agrícolas se recortan un 1%, frente a una subida del 36% cuando empezó la guerra, recuerda Juan Ignacio Crespo. Y el barril de petróleo Brent se situó por debajo de los 100 dólares –99,86– el pasado miércoles, desde los 130 que rozó en marzo. Los precios caen porque también lo ha hecho la demanda; la actividad se enfría. La inflación debería terminar moderándose, por tanto.

Al mismo tiempo, el euro se desploma frente al dólar y ya casi cotizan a la par. Lo que significa que el euro tiene ahora el peor cambio con la divisa estadounidense desde diciembre de 2002, tras acumular una depreciación del 10%. El motivo es el diferencial de los tipos de interés europeos y norteamericanos, explica María Jesús Fernández, analista de Funcas, el servicio de estudios de las cajas de ahorro. De modo que ahora los flujos financieros van hacia Estados Unidos. “Que se debilite el euro es algo que no nos conviene [a los europeos], por el contrario, debería generar confianza para atraer inversiones”, apunta, más allá del abaratamiento de las exportaciones, que favorece una baja cotización de la moneda, y del encarecimiento de las importaciones, sobre todo de las energéticas.

A la luz de todos estos síntomas, Juan Ignacio Crespo no duda en calificar de “horrenda” la coyuntura actual. E incluso se aventura a prever que la recesión global al acecho “durará 15 meses”. Por el contrario, Luciana Taft, consultora de Analistas Financieros (AFI), prefiere hablar de “desaceleración global” aunque también reconoce que han aumentado las probabilidades de que haya una recesión debido a los riesgos energéticos –el corte de suministro ruso a Europa– y las restricciones financieras –las subidas del precio del dinero que aprobará el BCE el día 21–. Pero, precisa, hay razones para pensar que, de producirse, la recesión será “más acotada y suave, más contenida” que en episodios anteriores. Como las crisis de 2008 y 2012.

Funcas pronostica que su escenario central no es de recesión, pero sí de “freno importante al crecimiento” por los dos factores antes citados, aliados con la inflación. Para llegar a una contracción del PIB es necesario que Europa quede desabastecida de gas, haya racionamientos y la industria alemana se paralice. Entonces será “inevitable”, dice María Jesús Fernández, que la recesión alcance a España.

También la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) descarta la posibilidad de una recesión en España. Al menos “ahora mismo”, precisó su presidenta, Cristina Herrero, este miércoles. “No en este momento, no para nuestro país”, abundó, “pero hay preocupación sobre qué puede pasar en invierno en la zona euro”, previno Herrero en el Nueva Economía Fórum. Es el mensaje que repiten los ministros del Gobierno. “En el segundo trimestre el crecimiento se ha acelerado, la campaña turística está siendo de récord, en un nivel muy próximo al de 2019, y las previsiones para la segunda mitad del año son de un crecimiento muy intenso, de más del 4%”, elogió la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, el pasado jueves. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, definió como “muy baja” la probabilidad de que España entre en recesión debido a la “resiliencia del mercado laboral”, con cifras históricas de afiliación, los fondos europeos y la “holgada” situación financiera de las familias. Lo que no quiere decir, matizó enseguida, que no se vaya a producir una “desaceleración significativa”.

Luciana Taft destaca el “importante blindaje a corto plazo” de que disfruta España de cara al frenazo económico que se avecina. El segundo trimestre, con un turismo de nuevo en máximos de actividad, unas exportaciones también al alza y el aumento del empleo, va a ser “muy bueno”, subraya. La patronal de las empresas turísticas, Exceltur, calcula que el PIB del sector está ya un 1,1% por encima de 2019 y el empleo, un 0,6% mejor. Mientras, el sector secundario todavía funciona a buen ritmo, con una subida del 6,5% del Índice General de Producción Industrial en mayo, 7,1 puntos superior a la de abril y la más alta desde junio de 2021. “Así que el tercer trimestre también aguantará”, continúa. Las dudas asomarán en el cuarto, cuando el deterioro de las rentas de los hogares por culpa de la inflación y la subida de los tipos de interés hagan mella.

Aun así, la analista de AFI cree que España crecerá por lo menos un 4% este año. Conforme discurra el ejercicio, además, deberían dejarse notar ya las ayudas de los millonarios fondos de la UE para la recuperación, cuyo reparto acumula retrasos. España no depende del gas ruso en la medida de otros países europeos, pero si Alemania tose este invierno por falta de suministro, la economía nacional puede terminar acatarrándose con el comienzo de 2023, augura Luciana Taft.

Además, María Jesús Fernández descarta que España ya esté sintiendo lo que los economistas anglosajones llaman “efectos de segunda ronda”: la subida de los precios hace subir los salarios y este aumento incentiva el consumo, subiendo más aún los precios. Los salarios firmados en los convenios colectivos hasta ahora sólo mejoran un 2,4%, muy lejos por tanto del 10,2% en que se ha encaramado el IPC en junio. Pero la analista de Funcas alerta ante la “presión al alza” que se va a dejar sentir en todas las mesas de negociación colectiva en lo que queda de año. Luciana Taft asegura, además, que las cláusulas de revisión salarial, cuya reincorporación a los convenios reclaman los sindicatos, “no van a volver”. Y defiende la conveniencia de ese pacto de rentas que el Gobierno pretende reactivar después del verano. La UE tampoco siente aún la espiral de precios, al contrario que en Estados Unidos, donde “la subida de salarios, en algunos sectores, ya ha escalado a los dos dígitos”, indica la consultora de AFI. Pero Juan Ignacio Crespo las rebate. “La inflación inducida está llegando ya vía materias primas”, zanja.

Todos estos elementos se suman a un contexto macroeconómico muy distinto al de la gran crisis de 2008, recalcan Fernández, Taft y Crespo. En 2022 no hay “excesos” como los que desequilibraban la economía española cuando Lehman Brothers quebró y se hundieron las cajas de ahorro. En 2022 no hay burbuja inmobiliaria, ni un endeudamiento privado récord, el sistema financiero está saneado, la actitud del BCE y de la UE es muy distinta tras la aprobación de los fondos de recuperación, el whatever it takes de Mario Draghi y el mecanismo de protección anunciado por Christine Lagarde para evitar desviaciones de las primas de riesgo como las sufridas en 2012.

Pero en la actual coyuntura, el “talón de Aquiles” español son la deuda y el déficit públicos, disparados tras la pandemia, coinciden las expertas de Funcas y AFI. Taft explica que la inflación está “licuando la deuda”, ayudando al Estado a pagarla, pero a su juicio el principal componente del “agujero fiscal” español son las pensiones, para las que pide una “reforma de calado”. “También es fundamental que el BCE nos resguarde de la ruptura del euro”, añade, con ese mecanismo de protección del que aún se desconocen los detalles.

Juan Ignacio Crespo es más escéptico sobre las ventajas de partida ante la inminente recesión. “De momento, no estamos tan mal como en 2008, porque la pata financiera [de la crisis] aún no ha asomado por debajo de la puerta, pero lo hará”, advierte. Hasta la caída histórica provocada por el coronavirus, España había estado en recesión –con caídas trimestrales continuadas del PIB— desde el cuarto trimestre de 2010 hasta el tercero de 2013, casi tres años. En 2021 la economía creció un 5,1% y para este año la previsión del Gobierno es del 4,3%.

Crespo culpa al exceso de liquidez, a los miles de millones inyectados por los bancos centrales y a las ayudas millonarias de los programas de estímulo de Joe Biden y de la UE de la crisis mundial de precios. “¿Cómo no iba a haber inflación?”, se pregunta. Califica de “milagro” el hecho de que España haya pasado la crisis del covid casi sin despeinarse. “Con el PIB hundido casi en el 11%, tenemos ahora un millón más de empleos, cuando en las anteriores superábamos el 20% de paro e incluso el salario medio ha subido”, resalta, “gracias a los 4.000 millones de deuda pública española que ha comprado el BCE y el aumento del gasto público”. Algo parecido ocurre en la UE, “donde no parece que estén al borde de la recesión porque la tasa de paro es muy baja y en EEUU, donde tienen pleno empleo porque todo está muy subsidiado”, resume. “Parece jauja, pero termina pasando factura”, lamenta el analista, que concluye con una recomendación: “Cuanto antes se haga el ajuste, mejor”.

La nacionalización de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) tiene una consecuencia inmediata para sus directivos: sus sueldos quedarán limitados como los del resto de los altos ejecutivos de las empresas públicas. Así lo establece el real decreto-ley de 18 de enero donde se faculta al Estado para hacerse con el control del banco malo, del que hasta ahora poseía un 45,9% de las acciones, compartiendo capital con Caixabank, Santander, Sabadell y hasta una veintena de entidades financieras y aseguradoras. Esa restricción significa que ninguno de sus consejeros ni altos directivos podrán cobrar más de 210.000 euros al año entre retribución fija --105.000-- y variable, tal y como aprobó el Gobierno del PP en 2012 en plena batalla por el recorte del gasto público.

Es el mismo tope que se impuso, por ejemplo, al presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al resto de los máximos responsables de las empresas públicas que la integran. Ahora, pese a que la Sareb seguirá sometida al ordenamiento jurídico privado –no se convertirá en sociedad mercantil estatal–, para no entorpecer su “capacidad de actuación”, sí deberá obedecer las normas de contratación del sector público si quiere convocar un concurso, así como el régimen de contratos mercantiles y alta dirección de las sociedades estatales. Para adaptarse a ese nuevo marco retributivo tiene un plazo de tres meses, excepto en lo que respecta a las indemnizaciones, si los ejecutivos deciden abandonar el banco malo, que se aplica de inmediato.

La diferencia retributiva es sustancial. Desde su creación, en 2012, y hasta 2020 –el informe anual y de retribuciones de 2021 aún no está disponible–, la cúpula de la Sareb ha cobrado 36,48 millones de euros, sumando retribuciones fijas y variables. Tanto su presidente y consejero delegado como el resto de los miembros del consejo de administración y su equipo de alta dirección.

Hasta el momento, las remuneraciones en el banco malo se regían por el mismo real decreto-ley y la misma orden ministerial que se aplicaba a las entidades financieras rescatadas con dinero público. Aunque la Sareb no lo era. Pero sí contaba con una participación mayoritaria del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). De modo que podía pagar a sus consejeros ejecutivos un máximo de 500.000 euros al año de retribución fija y una variable que no podía exceder del 60% de la anterior –si lo aprobaba el Banco de España podía elevarse al 100%–, pero que éstos debían percibir diferida a lo largo de tres años. Los consejeros externos podían cobrar hasta 100.000 euros al año como retribución fija.

La polémica que siguió a la difusión de estas condiciones, en una entidad semipública que no ha dejado de tener pérdidas desde su fundación, forzó una bajada de sueldo de su primera presidenta, Belén Romana, en 2014. Entonces renunció a un 30% de su remuneración fija. Y abandonó la Sareb un año más tarde.

Su sucesor, Jaime Echegoyen, tenía topada en 485.100 euros anuales su retribución anual, de los que 100.100, un 26%, correspondía a la parte variable que se cobra si se consiguen determinados objetivos. En 2020 recibió una nómina anual de 375.375 euros; en 2019, de 385.000. Ambas cifras corresponden a su sueldo fijo. Cuando cobraba variable, percibía entre 25.000 y 33.000 euros al año por cada tercio.

Echegoyen fue reemplazado en octubre de 2020 por Javier García del Río, quien ha rebajado sus emolumentos hasta un máximo de 415.800 euros: 330.000 euros de sueldo fijo y 85.800 de variable. En 2020, cobró un total de 286.777 euros: 204.000 como director general –cargo para el que fue fichado en febrero– y 82.777 euros entre octubre y diciembre tras ser nombrado consejero ejecutivo. Debido a la crisis del covid, consejeros y altos ejecutivos del banco malo han renunciado a cobrar el complemento variable tanto en 2020 como en 2021. Tampoco devengaron un euro por este concepto en 2019. Como lo perciben en tercios distribuidos en tres años, el último que cobraron fue el de 2017, según consta en los informes anuales y de retribuciones de la entidad. Además, el salario base de los consejeros se redujo un 15%, por lo que los presidentes de los comités de auditoría y de retribuciones, por ejemplo, han pasado de ingresar 95.000 euros a 83.750. Así, en 2020 los 15 miembros del consejo de administración se llevaron 639.791 euros, mucho menos que en 2019 –863.000 euros– y que en 2018, cuando rozaron el millón –906.000 euros–.

Aun así, el recorte salarial será cuantioso. Sobre todo, para su presidente ejecutivo, que deberá limitar su nómina a 210.000 euros anuales, casi la mitad del máximo que tiene reconocido.

Por lo que se refiere al equipo directivo, cobró 1,18 millones de euros en 2020, la menor nómina desde que se creó la Sareb. La razón es que la alta dirección pasó de tener 19 miembros a sólo siete ese año. Y cuenta con uno menos desde 2021. En 2018 llegó a sumar 20 ejecutivos. Los informes de retribuciones, gobierno corporativo y de actividad no facilitan más que las cifras agregadas de salarios de todos los altos directivos. Que son generosas. La mayor remuneración corresponde a 2016, cuando percibieron en conjunto 4,83 millones de euros, de los cuales 506.000 fueron como complemento variable y 1,05 millones respondieron a un “plan de fidelización”, que premia la permanencia en la empresa y cobraron 15 de los 19 miembros del equipo directivo de entonces. En 2018 la parte variable distribuida entre los altos ejecutivos se elevó hasta los 688.000 euros. En esa cuantía suele situarse la remuneración por objetivos repartida. En 2019 devengaron 650.000 euros por este concepto, que no han llegado a percibir al estallar la crisis del coronavirus y limitarse sus retribuciones. La plantilla tiene congelados sus sueldos desde ese año.

Al percibir esta parte de la nómina distribuida a lo largo de tres años y como el número y los nombres de los directivos han cambiado de año en año, resulta difícil establecer cuánto gana cada uno de ellos. Pero dividiendo la remuneración total entre la veintena de altos ejecutivos, la cifra supera los 221.000 euros de media. Es decir, exceden en 10.000 euros anuales el tope fijado para los directivos del sector público estatal.

Cuestión aparte son las indemnizaciones. La norma para las empresas públicas dicta que su cuantía no podrá rebasar los siete días por año trabajado, con un límite máximo de seis mensualidades. El cálculo, además, debe realizarse sobre la retribución fija, excluidos los complementos variables. Y ello siempre que el ejecutivo sea despedido. En 2019, dos de los directivos que abandonaron sus puestos en el banco malo recibieron indemnizaciones por importe de 248.000 euros. 

La Agencia Tributaria ha publicado su octava lista de morosos, que en esta ocasión casi ha duplicado su número respecto a la anterior, del pasado mes de junio. Incluye a 7.277 deudores, entre empresas y particulares, como resultado de rebajar el listón de un millón de euros a 600.000, contados a fecha de 31 de agosto. Todos ellos deben al fisco 18.200 millones de euros, un 29,4% más de la deuda contabilizada en la anterior edición de la lista. Además, esta vez se han sumado a los morosos principales los responsables solidarios; de ahí que la lista haya crecido un 88% respecto a junio.

Al ampliar el foco, han aparecido nuevos morosos. El más destacado, Twitter Inc., propietaria de la famosa red social, que debe a la Hacienda española 800.795 euros. Pero la rebaja del umbral también ha devuelto a la lista a algunos morosos que habían recortado su deuda, aunque no lo suficiente. Es el caso del socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, que entró en 2015 debiendo 1,59 millones de euros y se había caído en la primera de 2021 porque recortó su deuda hasta los 956.019 euros. El personaje de televisión Kiko Matamoros se incorporó a la lista en 2017 con una mora de superaba en sólo 479 euros el millón de euros. Tras desaparecer en 2019, sigue siendo un moroso de interés porque aún debe pagar 711.663 euros. Además, permanece este año el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, que ya salió de la lista el año pasado tras incorporarse en 2018 con 1,002 millones de deuda, y ahora la ha aumentado hasta los 1,39 millones de euros.

Como nuevos morosos aparecen ahora el cocinero Sergi Arola, que adeuda 985.924 euros y el exfutbolista del Barcelona FC Samuel Eto’o, que debe 981.598, apenas por debajo del millón. Entre las empresas cabe destacar el caso de la empresa de cruceros Pullmantur, en liquidación tras entrar en concurso de acreedores por culpa de la pandemia. Debe 834.822 euros. El empresario balear Bartolomé Cursach, dueño de un emporio del ocio nocturno y detenido en 2017 por su implicación en una red de corrupción en la Policía Local de Palma, se suma a las novedades de la lista, con una deuda de 950.211 euros.

El resto de los morosos, sobre todo de los que tienen un mayor volumen de deuda, son en buena parte los cadáveres de la anterior crisis: constructoras, promotoras e inmobiliarias. Víctimas de la crisis ocasionada por el coronavirus, no obstante, aparecen ya en la lista. No sólo la citada Pullmantur, sino además tres orquestas gallegas, con un volumen considerable de deuda: Orquesta Sintonía, nada menos que con un 1,08 millones; Orquesta Aché, con 861.277 euros, y Orquesta Filadelfia, con 691.651 euros. Hoteles Manilva entró en la lista en 2020 y repite este año con el mismo importe: 23,38 millones de euros.

Además, se incorporan dos empresas con deudas muy abultadas: la empresa estadounidense Alliance One International Holdings Ltd, dedicada a comercializar hoja de tabaco y que tiene que pagar a Hacienda 30,4 millones, y Marillion SLU, una empresa de combustibles cuyo socio y administrador único es José Ignacio Cabrera-Kábana Sartorius. Su descosido fiscal asciende a 125,55 millones de euros. De los particulares con mayor deuda destaca igualmente Maximiliano Miguel Poveda Sierra, que hasta 2015 se mantuvo al frente de Casarihl Investments y a quien ahora Hacienda reclama 23,54 millones de euros. Esa cantidad le supone adelantar en el ranking a Agapito García Sánchez, que hasta ahora era la persona física con mayor deuda con la Agencia Tributaria. Este año sigue en la lista con un débito de 14,93 millones.

Otra de las novedades de esta última edición es Vidal Armadores, una empresa de Ribeira (A Coruña) que ha estado durante años en el centro de las denuncias por piratería pesquera en todo el mundo. Su propietario llegó a ser detenido y procesado en Estados Unidos por este motivo. Debe a Hacienda 842.457 euros.

Pero la lista es, en general, una foto fija de los morosos que llevan en el ojo de la Agencia Tributaria desde 2015. Aunque con escaso éxito a la vista de lo poco que ha cambiado en estos seis años. Las deudas más voluminosas siguen siendo las de los gigantes destronados del ladrillo. Reyal Urbis continúa batiendo el récord, con 340,12 millones de deuda. Nozar adeuda 214,88. Siguen sin moverse del listado las empresas de Rafael Gómez Sánchez Sandokán –grupo Arenal–, Grupo Pra SA, Aifos, Anca o Martinsa Fadesa.

Más muertos de la crisis de hace una década: el grupo Cantoblanco –las empresas del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández--, Spanair y Air Comet –del expresidente de la CEOE y del grupo Marsans Gerardo Díaz Ferrán--, el grupo murciano Polaris World… Firmas desaparecidas como Corporación Dermoestética o el grupo de la familia Ruiz Mateos –Dhul, Garvey, Nueva Rumasa– no se apean de la lista. Antibióticos SA, Unipost, Fórum Filatélico… son deudas que difícilmente conseguirá recuperar el fisco. Abengoa, en concurso de acreedores y víctima de una larga y litigiosa crisis, debe un total de 40,26 millones.

De la misma forma se arrastran de la anterior recesión la empresa de Accesos Madrid Concesionaria Española, una de las constructoras y explotadoras de las fracasadas radiales madrileñas, que debe 38,51 millones, y el tristemente famoso Aeropuerto de Ciudad Real, que suma una deuda de 23,6 millones de euros.

También permanecen en el listado nombres famosos como Mario Conde –debe 7,82 millones–, la presentadora de televisión Patricia Conde –1,06 millones–, el escritor Ildefonso Falcones –1,28 millones–, el liquidador y testaferro de Díaz Ferrán Ángel de Cabo, o el dueño de Desguaces La Torre, Luis Miguel Rodríguez, que debe 20,35 millones de euros. El escritor César Vidal sigue siendo un moroso fiscal, con 2,61 millones de euros. Lo mismo que el entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti, quien entró en la lista el pasado junio, y el futbolista argentino Gabriel Milito. Es nuevo, en cambio, el hermano del presidente del Sevilla FC, Óscar del Nido Benavente –602,428 euros–. Al igual que otro hermano, Luis Carlos Fernández de Sousa-Faro, éste del exdueño de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, y del propietario del grupo Zeltia, José María. Su deuda, 680.089 euros.

En la lista permanecen igualmente empresas municipales –como las de San Fernando de Henares y Alcorcón, en Madrid–, una fundación de UGT en Canarias –Fundescan– e Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, que tiene un compromiso incumplido de 885.541 euros.

Además de un buen número de clubes de fútbol –desde el Hércules hasta el Real Murcia y el Real Jaén o la Unión Deportiva de Salamanca–, en los registros de morosos de la Agencia Tributaria hay de todo. El grupo Intereconomía y el grupo Negocios siguen acumulando deuda tributaria, mientras Editorial Compostela, editora de El Correo Gallego, se estrena este año en el listado de Hacienda, con una deuda de 849.499 euros. Incluso la Asociación Española de Peritos Judiciales y Mediadores Arbitrales –605.563 euros–, la Federación de Asociaciones de Desempleados de la Provincia de Cádiz –607.594 euros–, la Fundación Summun Factor de Ayuda a la Dependencia o el Gabinete parapsicológico Mystic, que debe nada menos que 1,49 millones de euros, tienen un sitio en el radar del fisco.

Ha estado muy cerca. El viernes 22 de octubre, Evergrande, segundo promotor inmobiliario de China, anunció que había obtenido los 83,5 millones de dólares necesarios para pagar un vencimiento del 23 de septiembre. Un día más y el grupo se habría declarado oficialmente en quiebra, lo que habría desencadenado la posibilidad de que sus acreedores exigieran el reembolso de las deudas. Esta perspectiva de momento se ha evitado, pero aún quedan muchos plazos por cumplir y son aún más decisivos.

Aunque Evergrande ha ganado algo de tiempo, su situación sigue siendo crítica. Su acceso a la liquidez queda cortado y su deuda total es de casi 300.000 millones de dólares. La empresa ya no puede vender pisos nuevos porque no puede permitirse terminarlos. En otras palabras, su única forma de pagar sus deudas es vender activos. Sin embargo, estas ventas solo sirven para ganar algo de tiempo (insuficiente) y también son difíciles.

Ciertamente, atrapado en los delirios de grandeza del crecimiento chino, su fundador, Hui Ka Yan, que en su día fue el hombre más rico de la República Popular, quiso fundar un imperio industrial que abarcara desde la promoción inmobiliaria hasta la gestión de activos o los coches eléctricos. Pero los compradores no se apresuran a adquirir los proyectos inmobiliarios paralizados por falta de liquidez, ni a comprar las filiales, a menudo poco rentables y descapitalizadas.

En dos meses, el grupo ha vendido activos inmobiliarios por 3.650 millones de yuanes (algo menos de 500 millones de euros). Esta cantidad es insuficiente para pagar la deuda y seguir financiando los proyectos en curso. Y las operaciones de desamortización a gran escala están empantanadas. El miércoles 20 de octubre, el grupo anunció que había abandonado las negociaciones sobre la venta de su división de servicios inmobiliarios, cuyo valor se estimaba en cerca de 2.000 millones de euros. Anteriormente había fracasado la venta de la sede del grupo en Hong Kong por 1.700 millones de dólares. En resumen, el destino del Evergrande parece escrito.

Hay que reconocer que con este pago de última hora, Pekín recuerda que la China de 2021 no es los Estados Unidos de 2008 y que no se producirá el escenario de Lehman Brothers con un impago desordenado, un colapso del sistema financiero chino y un contagio a las finanzas internacionales. Pero la crisis de la vivienda no se resolverá tan fácilmente. Un impago ordenado tendrá perdedores y causará daños. Y obligará al país a replantearse su modelo económico.

El riesgo de contagio se hace realidad

Porque aunque las crisis en China adoptan formas diferentes a las de Occidente, no son menos reales. Hasta ahora bastante silencioso, el Gobierno chino ya no puede no hacer frente al asunto. A medida que se acerquen las dificultades de Evergrande, el Ejecutivo deberá hacer frente a dolorosas decisiones que cuestionan la estrategia del presidente Xi Jinping. Esta estrategia pretendía restaurar una forma armónica de crecimiento, libre de todos los excesos de la economía china: su dependencia de las exportaciones, sus desigualdades, sus burbujas financieras. Pero el aprendizaje del capitalismo es doloroso. Ahora, a modo de armonía, Pekín se enfrenta a una crisis que amenaza con tener un impacto duradero en su ritmo de crecimiento.

Esto se confirmó el lunes 18 de octubre cuando se publicaron las cifras de crecimiento del primer trimestre. En un año, cayó del 7,9% en el trimestre anterior al 4,9% entre junio y septiembre. Se trata de un importante retroceso en un momento en el que el país aún se encontraba en fase de recuperación: el crecimiento en tres meses es de sólo el 0,2%, el nivel más bajo de la historia tras el primer trimestre de 2020, en pleno brote de coronavirus.

Varios factores explican esta ralentización, como las dificultades de acceso a la energía y los problemas de la cadena de suministro. Pero la desaceleración del sector inmobiliario es muy fuerte. En septiembre, las ventas de viviendas cayeron un 16,9% interanual, tras un descenso del 19,5% en agosto. Por tanto, la burbuja se está desinflando muy rápidamente y empieza a transmitirse a las inversiones inmobiliarias, que cayeron un 3,5% en septiembre.

El caso Evergrande está en el centro de este retroceso. Los promotores chinos suelen vender las viviendas antes de que se construyan y, desde hace varios años, los compradores suelen ser futuros revendedores que esperan sacar una tajada del pastel de la subida de precios. Pero a medida que los precios se desploman y los promotores luchan por completar sus proyectos, los chinos se alejan naturalmente de un mercado que no pinta bien.

Aquí es donde radica la dificultad para el Gobierno chino. Evergrande entró en crisis debido a la regulación impuesta por el Gobierno y el banco central (Banco Popular de China, BPC) el año pasado para frenar la burbuja inmobiliaria. Si a Evergrande o a sus acreedores finalmente les rescata el PBC, se habrá demostrado que es seguro especular en el sector inmobiliario. La famosa frase del presidente Xi Jinping sobre la necesidad de casas “para vivir, no para especular” queda obsoleta. La burbuja continuará y, con ella, las desigualdades y los desequilibrios. Se abandonaría la ambición, ahora central, de una economía más equilibrada. Pero si se permite que Evergrande se hunda, se corre el riesgo de que la economía china se debilite violentamente y se ponga en peligro el propio proyecto de “prosperidad compartida” de Xi Jinping.

En el transcurso de la década de 2010, el sector inmobiliario comenzó a pesar en el crecimiento, cerca del 20% del PIB directamente, pero probablemente no menos del doble cuando se extiende a los sectores altamente dependientes de esta burbuja. Según varios economistas occidentales, la tasa de crecimiento china sin esta burbuja podría converger al 2-3%, un nivel apenas superior al de Estados Unidos. En un país que todavía se está recuperando como China, esta evolución sería muy peligrosa para el Partido Comunista, por su impacto en el nivel de empleo y la redistribución de la renta.

Los efectos de la crisis de Evergrande en el tejido económico chino empiezan a notarse. En un fascinante reportaje publicado el 9 de octubre en el diario hongkonés South China Morning Post, podíamos ver los efectos directos del impago de Evergrande sobre miles de empresas que vivían directa o indirectamente de la actividad del promotor: constructoras, proveedores de materias primas, empresas de mobiliario, agentes inmobiliarios, etc. El importe total adeudado a los proveedores era de 667.000 millones de yuanes, unos 90.000 millones de euros, pagaderos en un año. Pero como hemos visto, las arcas están vacías. Normalmente, el grupo pagaba sus facturas vendiendo nuevos proyectos y endeudándose. El flujo de caja se ha detenido. Los proveedores se encuentran tan Juan Lanas como al principio.

Algunos han recibido “pagarés” como pago, es decir, cartas de crédito que tampoco se cumplen y, por tanto, no tienen valor. Otros han recibido pisos por el mismo valor que el importe adeudado. El problema es que a veces están inacabados y, como los precios de los inmuebles caen y las transacciones son difíciles, las pérdidas son considerables. Toda una parte de la economía está amenazada.

Lo más preocupante es que el temido contagio está empezando a alcanzar a otros promotores. La señal más evidente de este movimiento fue el sorprendente anuncio, el 4 de octubre, de que Fantasia Holdings, un promotor de viviendas de lujo de tamaño medio, había incumplido el pago de un bono de 206 millones de dólares que iba a vencer. En realidad, la trampa es perfecta para todo el sector. El nivel de cobertura de intereses de los grandes promotores que cotizan en Hong Kong, o la relación entre sus ingresos brutos de explotación y los intereses a pagar, había caído por debajo de uno (hasta el 0,94) a finales de junio, según Bloomberg, citado por el economista Michael Roberts. Este nivel era muy bajo e indicaba una tensión en los reembolsos futuros.

Los promotores se vieron entonces obligados a construir pirámides de Ponzi, pagando los intereses con deuda. Pero aún así tienes que endeudarte. Esto es cada vez más difícil. Los inversores son reacios a prestar a los grupos para que sólo paguen sus intereses. Además, el desplome de los precios y el retroceso de las transacciones están empañando las perspectivas del sector.

Sin deuda, los promotores se van asfixiando poco a poco. Y después de Fantasia Holdings, Sinic Holdings el 18 de octubre no pudo hacer frente a un pago de 240 millones de dólares. El 21 de octubre, otros dos promotores, Oceanwide y Modern Land, anunciaron que no podían devolver sus deudas. Todo el sector parece tambalearse. Y a medida que el contagio se extienda, también lo harán las dificultades económicas.

¿Salida armónica?

El contagio dentro del sector inmobiliario y el resto de la economía parece extenderse. Tanto es así que cabe preguntarse qué puede hacer realmente Pekín. El largo silencio de las autoridades ha sido interpretado durante mucho tiempo por los inversores y economistas como una señal de su capacidad de actuación. Elegirían el “momento adecuado” para intervenir y poner fin a la crisis. Pero esta suposición se ve socavada por la escalada de la situación. Y es muy posible que, ante el dilema planteado, Pekín no haya encontrado la respuesta adecuada. Y sigue paralizado por la idea de tener que elegir entre el fin de la burbuja inmobiliaria y el impacto en el crecimiento.

La prioridad parece ser, por el momento, mantener esta creencia en el control de la situación. El 19 de octubre, el Banco Central Chino (BPC) mencionó por primera vez el caso Evergrande. Su gobernador, Yi Gang, declaró que “en general, podemos contener el riesgo sistémico que supone Evergrande”. El banquero central cree que los efectos de una posible quiebra serán difusos. Esto es también lo que dijo el FMI el 12 de octubre durante la publicación de sus perspectivas mundiales: “Las autoridades chinas tienen los medios para hacer frente a la situación”, explicó Tobias Adrian, director de la sección de mercados de capitales del Fondo. Probablemente, así debe entenderse también el pago del 23 de octubre.

Pero estas declaraciones no dicen nada sobre lo que realmente está en juego en la crisis de la vivienda. Todo el mundo sabe que el control estatal del sistema financiero evitará una crisis puramente financiera. La verdadera cuestión es cómo gestionar las consecuencias económicas del fin de la burbuja inmobiliaria, a corto y largo plazo. Y en este punto, sigue sin estar del todo claro.

Una cosa es no ver el colapso de los bancos, pero controlar los efectos económicos de los impagos de los promotores es otra distinta. Yi Gang dijo el 19 de octubre que el BPC pretendía “proteger a los consumidores y a los compradores de viviendas”. En otras palabras, los proyectos de Evergrande podrían completarse para albergar a sus clientes en ellos. Algunas administraciones locales han iniciado este proceso.

Salvo que muchos de estos clientes no quieren vivir en estas viviendas, sino revenderlas, lo que se ha vuelto imposible sin asumir una pérdida significativa. Sin embargo, el sector inmobiliario se ha convertido en un juego muy común en China, y algunos particulares se han endeudado para obtener una plusvalía en la reventa. Incluso si se asegura la entrega de bienes, el efecto sobre la riqueza y el consumo de los hogares será muy negativo. A esto, como hemos visto, se sumará el impacto en los proveedores y sectores afines.

Algunos, como el historiador estadounidense Adam Tooze en un artículo reciente, defienden la hipótesis de la “demolición controlada”. Esta visión sigue basándose en el sentimiento generalizado en Occidente de la omnipotencia del Gobierno central chino. Pekín tendría los medios para contrarrestar los efectos negativos de la crisis inmobiliaria haciendo hincapié en el desarrollo de la demanda interna.

Mediante la aplicación de su estrategia de “prosperidad común”, Xi Jinping apoyaría la transición hacia un nuevo modelo de economía “de estilo occidental” basado en el consumo de los hogares y los servicios. Habrá un vacío en la transición de una economía especulativa a una de consumo masivo, pero el nuevo régimen de crecimiento permitirá al país seguir desarrollándose.

Este punto de vista puede finalmente encajar bien con el pago in extremis de Evergrande y con las recientes cifras económicas. El crecimiento del PIB en el tercer trimestre, aunque mínimo, se vio salvaguardado por el dinamismo del consumo de los hogares. En septiembre, las ventas al por menor aumentaron un 4,4% interanual. Del mismo modo, el desempleo descendió durante el trimestre. Por lo tanto, no existe ningún vínculo entre el estallido de la burbuja inmobiliaria y el consumo y el empleo. Si la crisis se contiene, el caso Evergrande podría incluso acelerar la transición china que se espera desde hace tanto tiempo.caso Evergrande

Pero este escenario sigue siendo muy frágil. La crisis no ha hecho más que empezar. El efecto dominó en el sector inmobiliario se desarrollará en los próximos meses y es imposible determinar su impacto en el crecimiento. Además, hay que relativizar el dato de las ventas al por menor de septiembre: sigue a un dato muy pobre (+2,5% interanual en agosto) y sigue estando por debajo del ritmo medio del periodo anterior a la crisis. No hay reequilibrio, sino una estabilidad en el consumo concomitante con un colapso de los bienes raíces. En definitiva, la “demolición controlada” es una hipótesis halagadora para Pekín, pero que se enfrenta a muchos obstáculos.

¿Qué nueva economía política para China?

Para entenderlo, es necesario recordar las principales características de la nueva economía política de Xi Jinping. La estrategia de “doble circulación” da ciertamente prioridad al desarrollo del mercado nacional, pero este desarrollo se produce, como el nombre de la estrategia deja claro, dentro de un marco global específico. Los observadores occidentales suelen centrarse en asegurar las cadenas de suministro. Pero la sinergia entre ambas circulaciones es más profunda. Se basa en la idea de desarrollar el mercado nacional con el apoyo de los inversores extranjeros por dos razones. La primera es la idea de que el mercado interior debe crecer en un marco competitivo. El mundo exterior debe reforzar este crecimiento a través de la competencia.

La segunda es la convicción de que, para desarrollar el mercado interno, necesitamos un motor industrial de alta gama que irrigue el resto de la economía, y la inversión extranjera debe permitir a China ascender. Es cierto que el país ya ha hecho un gran esfuerzo en materia de desarrollo tecnológico, pero hay que tener cuidado con los efectos ópticos. La participación de este sector en la economía y a nivel mundial es todavía mínima, como demuestra este estudio del Instituto Peterson.

Esta visión también debe garantizar la reducción de las desigualdades. Aquí es donde entra la famosa “prosperidad común” de Xi, que algunos han interpretado como un intento de volver al “maoísmo”. En realidad, se trata de compartir mejor los frutos del crecimiento, pero este crecimiento es, por supuesto, el requisito previo para este reparto. Por tanto, Xi Jinping no identifica a priori esta prosperidad con el desarrollo de un Estado de bienestar protector. Todo lo contrario.

El 15 de octubre, en un discurso, advirtió contra el “bienestarismo” que lleva a apoyar a los “holgazanes” y que, según él, ha fracasado en Occidente. En cambio, Xi Jinping apoya la redistribución de los éxitos económicos, a posteriori. En cierto modo, el Gobierno chino se suma a la idea de la “economía social de mercado” tal y como la concibieron los ordoliberales alemanes: dejar que el mercado cree valor para redistribuirlo, si es necesario mediante impuestos como los que gravan la propiedad, entre todos los que han contribuido a esa creación. Además, en el ámbito inmobiliario, el Gobierno rechaza la propuesta de algunos miembros del PCC de un sistema “dual” en el que el Estado organizaría la vivienda en función de las necesidades en paralelo al mercado privado. Para Xi Jinping, la solución siempre está en el mercado, aunque sea para regularlo. Detrás de la retórica antibillonaria de Xi, hay un mito conocido en Occidente: el de un capitalismo de pequeños empresarios que llevaría a la abundancia.

Esto está muy lejos del maoísmo. El nuevo régimen de crecimiento chino se basa en el mercado y en una combinación de liberalización, innovación y redistribución a posteriori. Con esta receta, Pekín quiere salir de un patrón que hasta ahora ha impedido el cambio a una economía dominada por el consumo interno. A pesar de los aumentos salariales, la demanda interna ha seguido siendo débil. Esto se debe a que la falta de una red de seguridad social, alimentada por la obsesión por la competitividad, ha llevado a los hogares a buscar más seguridad a costa del consumo. La burbuja inmobiliaria es la consecuencia de esta búsqueda: algunos quieren tener una vivienda, otros quieren lograr rápidas plusvalías que el trabajo no permite. Y este sector acabó concentrando gran parte de los recursos. Una vez que la burbuja estalle, si no se aborda la cuestión de la seguridad de los ingresos, volverá el mismo problema.

Obstáculos a la estrategia oficial

Por ello, Xi Jinping propone una salida hacia arriba: un impuesto sobre la propiedad acabaría con la especulación, mientras que la innovación y los productos de alta gama desarrollarían un mercado interno impulsado por la competencia. La imagen es hermosa, pero la crisis inmobiliaria plantea cuatro grandes problemas para una transición fluida a dicho modelo.

La primera es que este modelo tardará necesariamente en llevarse a cabo, si es que se materializa. Mientras tanto, China no tiene estabilizadores automáticos en los hogares. Todo ocurre en el ámbito de las administraciones locales y del Gobierno central. Esto explica por qué, en 2008 y 2015, durante las dos últimas crisis que afectaron a China, la respuesta fue primero invertir en producción, luego en infraestructura, más allá de lo necesario, y luego una huida hacia adelante en la deuda privada para apoyar el sector inmobiliario. Estos recursos se han agotado. El BPC se declara “prudente” y el Estado central rechaza el “bienestarismo”. Por ello, cabe preguntarse cuál podría ser el contrapeso a una gran crisis económica basada en el sector inmobiliario.

Sobre todo porque la apuesta de Xi Jinping es audaz. Al presidente chino le gusta distinguirse de las opciones de sus homólogos occidentales. Sin embargo, esta obsesión por la innovación como solución milagrosa para el crecimiento es ahora una de las características dominantes del capitalismo post-covid. Pero nunca se plantea realmente la cuestión de la relación entre la innovación y el crecimiento de la productividad.

Sin embargo, es fundamental. Es muy posible que las innovaciones actuales no mejoren la productividad más o menos que las del pasado. Por otra parte, baste señalar que la gran revolución tecnológica de los años 90, internet, no supuso un aumento de la productividad, sino la continuación de la tendencia a la desaceleración de su crecimiento.

China ya tiene un gran problema de productividad. Ha podido hacer frente a esto cuando se trataba de llevar a su territorio la parte baja del mercado compensando con salarios muy bajos. Pero esto ya no es posible. La solución en China, como en Occidente, es la deuda y las burbujas para ganar tiempo. Sin embargo, Evergrande es un doloroso recordatorio de la realidad. Y sin ganancias de productividad, no puede haber salarios altos ni redistribución...

Además, la estrategia de atraer a los inversores extranjeros, central en la visión de Xi y que había conducido no sólo a la voluntad de hacer del yuan una moneda de referencia, sino también a la supresión de un cierto número de restricciones a la circulación de capitales, se está viendo socavada por el caso Evergrande. La opacidad de las dificultades del grupo y el silencio del Gobierno sobre este impago ya están enviando señales equivocadas a algunos fondos de inversión. Los mensajes de Pekín a favor de la redistribución ya habían preocupado a los mercados. Por no hablar de que, en la delicada gestión del impago de Evergrande, es tentador hacer recaer el grueso del impago en los inversores extranjeros, como hizo Islandia en 2009. Probablemente habrá que revisar la estrategia. Este es también uno de los factores que complican el dilema de las autoridades. El 19 de octubre, el BPC insistió en respetar el “Estado de derecho” en la resolución de la crisis del grupo inmobiliario. Este es un mensaje tranquilizador para los inversores extranjeros. Y el pago del vencimiento de Evergrande refuerza aún más este deseo de mantener a los inversores extranjeros. Pero a largo plazo, Pekín tendrá que elegir inevitablemente: o prescindir de ellos y reorganizar así la estrategia o cargar con otros intereses.

En este contexto, no es de extrañar que la estrategia de Xi genere descontento. Por ello, algunos preferirían no correr riesgos y conservar el modelo actual, por insostenible que sea. La propuesta de gravar la propiedad lanzada en primavera ha suscitado muchas críticas dentro del propio partido, y su experimentación ya se ha reducido. En la gestión de la quiebra de Evergrande, habrá que contar con estas oposiciones, tanto internas como externas al PCCh: con el sector inmobiliario, los gobiernos locales están perdiendo una gallina de los huevos de oro y están cosechando penurias sociales. Xi Jinping parece decidido a poner fin a la burbuja inmobiliaria. Pero en el sistema capitalista, las transiciones suaves no existen. Y tendrá que enfrentarse a la resistencia y a la oposición.

En estas condiciones, las autoridades chinas pueden optar por salvar finalmente lo que se pueda de la burbuja inmobiliaria. Si el BPC se mantiene oficialmente en una política de contención, podría cambiar su estrategia a medida que avance la crisis. Pero probablemente ya es demasiado tarde, el contagio se ha instalado y el mercado se está hundiendo. Por lo tanto, Pekín tendrá que contentarse con la adaptación para limitar los daños. Pero también aquí la tarea es ardua. Al final, lo decisivo será la visión del nuevo modelo económico chino.

El propuesto por Xi Jinping, un capitalismo armónico enmarcado por el Estado, ya está siendo atacado. Es cierto que esta estrategia contiene una contradicción en los términos. Esta contradicción es también la de un régimen chino que ya no acepta los efectos desastrosos del desarrollo capitalista sin querer abandonar la creciente mercantilización de la sociedad. Es imposible saber cómo se resolverán estas contradicciones, pero el caso japonés no da lugar al optimismo. El archipiélago nunca se recuperó realmente del estallido de la burbuja en los años 90. Y China es más frágil social y políticamente de lo que era Japón entonces. El poco tiempo que ha ganado Evergrande puede no ser suficiente para resolver este quebradero de cabeza chino.

Traducción: Mariola Moreno

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