Durante años el presidente húngaro Viktor Orbán fue el gran referente internacional de Vox. Hungría representaba la prueba de que una derecha nacionalista, ultraconservadora y enfrentada a Bruselas podía gobernar y marcar la agenda europea. Pero el tablero ha cambiado y, en paralelo, la organización ha intensificado la construcción de una comunidad política transatlántica articulada en torno al concepto de "Iberosfera".

La idea, impulsada desde la Fundación Disenso presidida por Santiago Abascal, plantea la existencia de un espacio común formado por España, Portugal y los países hispanoamericanos, unido por la lengua, la historia, la religión católica y determinados valores políticos. La Iberosfera no es sólo una un concepto para la formación ultra, es una horizonte geopolítico destinado a construir una red internacional de gobiernos, partidos, fundaciones y líderes ultras a ambos lados del Atlántico.

La apuesta americana de Vox coincide además con una tendencia más amplia de la derecha estadounidense. La nueva Administración de Donald Trump ha recuperado una visión hemisférica de la política exterior de EEUU en la que América vuelve a ser ese espacio prioritario de influencia. En ese contexto, las victorias de dirigentes conservadores y ultraderechistas en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador o El Salvador adquieren un significado que va más allá de la política nacional.

El nuevo mapa americano que mira Vox tiene hoy varios nombres propios. El que más destaca es el de Javier Milei en Argentina, pero en los últimos meses se han sumado nombres como el de José Antonio Kast en Chile y recientemente Abelardo de la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú, a falta de la confirmación oficial. También se mira desde Vox al Salvador autoritario de Nayib Bukele — aunque con ciertos matices— , mientras que las victorias de Santiago Peña en Paraguay y Daniel Noboa en Ecuador, ambos conservadores y proestadounidenses, sirven para completar su relato de cambio de ciclo.

Para Vox, esos gobiernos representan algo más que aliados ideológicos. Son la evidencia de que la derecha radical está encontrando en América el terreno donde puede seguir acumulando victorias en el momento en el que en Europa se ha vuelto más difícil.

La derrota de Orbán en Hungría el pasado abril, unido a la incapacidad de Marine Le Pen para alcanzar — por el momento— el poder en Francia a la espera de la decisión su inhabilitación, el estancamiento de André Ventura en Portugal, la pérdida de influencia de Geert Wilders en Países Bajos o las dificultades de la AfD alemana para romper el cordón sanitario han reducido el número de victorias de la familia política de Vox en Europa.

Incluso Giorgia Meloni, que sigue gobernando Italia, ya no ocupa el lugar de referencia estratégica que tuvo para la formación de Santiago Abascal. La primera ministra italiana ha buscado consolidarse como interlocutora de Bruselas y Washington, ha tomado posiciones más pragmáticas en política exterior y ha evitado alineamientos automáticos con Donald Trump en cuestiones sensibles. Esa evolución ha ampliado la distancia política con Vox.

La derecha radical europea continúa siendo una fuerza ascendente en términos electorales, pero acumula dificultades para transformar ese apoyo en gobiernos estables. La derrota de Orbán, los límites de Le Pen, los problemas de Wilders y la creciente autonomía de Meloni han coincidido con una sucesión de victorias conservadoras y ultras en América Latina. En ese contexto, Vox y la Fundación Disenso han reforzado la apuesta por la Iberosfera como espacio prioritario de influencia política.

Las publicaciones más recientes de la Fundación Disenso reflejan con claridad ese desplazamiento. En abril de 2026, la fundación promovió en Madrid la conferencia "Una Nueva Alianza: por qué las Américas son importantes para el futuro de Europa", organizada por Patriots for Europe Foundation. El objetivo declarado era "fortalecer los vínculos entre las fuerzas patriotas de América y del Viejo Continente" y pasar de la cooperación ideológica a una "hoja de ruta geopolítica práctica".

En el texto publicado en la web de Disenso, se sostiene que América Latina constituye una “reserva estratégica de petróleo, gas, litio, cobre y minerales críticos imprescindibles para la economía europea”. La relación ya no se plantea únicamente en términos identitarios o culturales, sino también energéticos, económicos y geopolíticos. La tesis central es que Europa sólo podrá mantener su autonomía estratégica si estrecha lazos con gobiernos afines en el continente americano. América aparece así como alternativa tanto a la dependencia china como a la influencia de las élites europeas consideradas "globalistas".

Si existe un país que simboliza esta nueva etapa es Argentina. Disenso acaba de publicar el ensayo "El cambio de época: Argentina como catalizador de la libertad en la Iberosfera (2020-2025)", donde el gobierno de Javier Milei es presentado como la demostración práctica de que es posible derrotar a la izquierda y “desmantelar el Estado intervencionista”. El texto afirma que el liderazgo de Milei ha demostrado que pueden desmontarse los "pilares de la estructura woke kirchnerista" y convertir Argentina en el motor de una transformación política para toda la Iberosfera.

No se trata únicamente de simpatía ideológica. Milei fue uno de los primeros dirigentes latinoamericanos en adherirse a la Carta de Madrid, el documento fundacional impulsado por Disenso y Foro Madrid. Argentina se ha convertido así en el principal escaparate del proyecto internacional de Vox.

Las publicaciones recientes de Disenso muestran también otro elemento constante: la reivindicación de la Hispanidad como instrumento político contemporáneo. Artículos como "Ayuso, Sheinbaum y la Hispanidad reducida a bronca política" o "México y el perdón por existir" recuperan una narrativa según la cual España y América comparten una herencia histórica injustamente cuestionada por las corrientes progresistas y los movimientos decoloniales. La Hispanidad aparece presentada como una comunidad cultural que debería convertirse en sujeto político internacional. Esa idea conecta directamente con el concepto de Iberosfera y con la aspiración de construir un bloque conservador transatlántico.

Detrás de esta estrategia hay una figura menos conocida que Abascal pero fundamental para entender el despliegue americano de Vox: Jorge Martín Frías. Director de la Fundación Disenso, eurodiputado y principal arquitecto intelectual del proyecto internacional de Vox, Martín Frías ha sido uno de los impulsores de la red de alianzas con dirigentes latinoamericanos. Él mismo ha defendido públicamente la necesidad de apoyar a fuerzas políticas que compartan una agenda de libertad, soberanía nacional y combate contra la izquierda latinoamericana.

Su nombre aparece de forma recurrente en las actividades internacionales de Disenso: encuentros con think tanks conservadores de América Latina, participación en foros organizados por la Heritage Foundation en Estados Unidos, reuniones con dirigentes opositores venezolanos y coordinación de la red creada alrededor de Foro Madrid.

La victoria del ultraderechista Abelardo De la Espriella en Colombia no tardó en encontrar eco en la derecha española. Tanto Santiago Abascal como Alberto Núñez Feijóo felicitaron públicamente al candidato colombiano tras su triunfo en la segunda vuelta, sumándose así a la oleada de reacciones de dirigentes conservadores y ultras que han celebrado el resultado como un giro político en América Latina.

El líder de Vox fue el más explícito en la lectura ideológica del resultado. “Los colombianos han otorgado la victoria a Abelardo de la Espriella y han dicho basta al narcosocialismo de Petro y sus sucesores”, escribió Abascal en X. En su mensaje, el dirigente ultra enmarcó el triunfo del candidato colombiano dentro de una ofensiva regional de la derecha radical: “La libertad, el orden, la verdad y la soberanía de las naciones se abren camino con fuerza en Hispanoamérica”. “Enhorabuena, querido Abelardo. ¡Adelante Colombia!”, remató.

También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, felicitó al ultraderechista colombiano, aunque con un tono más institucional. “Mi felicitación a Abelardo de la Espriella por su triunfo. Una buena noticia para Colombia y para toda Hispanoamérica”, escribió el líder popular. Feijóo añadió que le desea “acierto en los retos que tiene por delante” y “éxito en la tarea de mejorar la vida de todos los colombianos”.

Las reacciones de Abascal y Feijóo se suman a las de otros referentes internacionales de la derecha y la ultraderecha, que han celebrado la victoria de De la Espriella como un nuevo avance del bloque conservador. Entre ellos, el presidente argentino Javier Milei, que felicitó al candidato colombiano y presentó su triunfo como una victoria de la “libertad económica”, la “prosperidad” y la “seguridad implacable”.

La respuesta desde España muestra dos registros distintos ante un mismo resultado. Vox ha leído la victoria de De la Espriella en clave de batalla ideológica contra el Gobierno de Gustavo Petro y contra la izquierda latinoamericana. El PP, por su parte, ha optado por una felicitación más diplomática, pero igualmente alineada con la celebración del giro político en Colombia. En ambos casos, la derecha española se suma al aplauso internacional a un candidato que ha construido su campaña sobre un discurso de mano dura, orden y rechazo frontal al proyecto político de Petro.

El Partido Popular lleva meses tratando de desprenderse de la carga racista asociada al concepto de "prioridad nacional" que Vox ha introducido en los pactos autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León y que ha convertido en una de sus principales banderas. Después de asumir ese peaje para gobernar en las tres autonomías, dirigentes del PP tratan de resignificar la "prioridad nacional" para asociar el concepto a problemas como la vivienda, la sanidad o el acceso a los servicios públicos para dulcificar  su verdadero significado.

El pasado 5 de mayo, el portavoz nacional, Borja Sémper, aseguró que la vivienda es "la verdadera prioridad nacional" para el PP y sostuvo que un futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo deberá "construir vivienda como si no hubiera un mañana”. Ese mismo día, Sémper intentó diferenciar al PP de quienes "deshumanizan" al migrante y defendió una política migratoria basada en vías "seguras, dignas y regulares", un mensaje difícilmente compatible con la interpretación que Vox realiza con la misma expresión.

La operación se ha extendido también esta semana a la sanidad. El lunes, Sémper defendió en Génova 13 que la sanidad será una "prioridad nacional" para Feijóo, vinculando la expresión al refuerzo de plantillas médicas y la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario. De esta manera, el portavoz nacional trata de darle otra connotación a un concepto que el propio Feijóo ya se vio obligado a matizar en abril, asegurando que debía entenderse como "arraigo" y que solo se podía aplicar dentro de la legalidad vigente.

El problema para el PP es que Vox no ha dejado margen para esa reinterpretación. Allí donde ambos partidos han pactado la incorporación de esta prioridad nacional, la formación de Santiago Abascal ha insistido en relacionarla con la inmigración. Hace un mes, el líder de Vox manifestó en su cuenta de X que “todo lo que no sea prioridad nacional es prioridad extranjera” y que “para tener casa, acceder a ayudas, prestaciones y servicios sociales: los españoles primero”. El mensaje de Vox no es que la vivienda o los servicios sociales sean prioritarios, sino que se discrimine a los migrantes para que no tengan un igual acceso a ellos.

Así, mientras el PP intenta ampliar o reinterpretar el significado del término, los ultras recuerdan a diario cuál es el contenido que le atribuyen: dar preferencia a los españoles frente a los extranjeros en el acceso a determinadas ayudas, prestaciones o recursos públicos sin tener en cuenta otros factores. La estrategia refleja una evidente incomodidad en Génova y en algunos de sus principales referentes autonómicos como el presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla, al que Vox ya le ha dicho que deberá ‘tragar’ con esa discriminación si quiere volver a ser investido tras las pasadas elecciones del 17M. Génova le ha pedido que lo acepte pero en sus propios términos. 

Sin embargo, esa redefinición choca con el significado que Vox lleva años defendiendo y que está inspirada en el principio de "preferencia nacional" defendido históricamente por la extrema derecha francesa y otros movimientos ultranacionalistas europeos. Concretamente, el concepto fue popularizado por el Frente Nacional fundado por Jean-Marie Le Pen, antecedente de la actual Agrupación Nacional de su hija, Marine Le Pen.

Un concepto que, además, choca con la ley orgánica 4/2000 que reconoce a los extranjeros residentes el acceso a servicios y prestaciones sociales en las mismas condiciones que los españoles, y a los residentes de larga duración el acceso a ayudas de vivienda también cumpliendo ese criterio. Además, considera discriminatorios los actos que impongan condiciones más difíciles a un extranjero por su nacionalidad. Por ese motivo el PP ha tratado de vender la medida como un criterio, como “el arraigo” que cuenta para un baremo, al igual que la vulnerabilidad, la discapacidad o el hecho de ser familia numerosa.

La contradicción resulta especialmente visible porque Vox no ha mostrado ninguna voluntad de suavizar el concepto. Al contrario. Sus dirigentes insisten de manera reiterada en relacionarlo con la inmigración y con la necesidad de reservar recursos públicos para los nacionales. Y, cada vez que el PP intenta presentar la expresión como una referencia abstracta a las políticas sociales, los portavoces de Vox vuelven a asociarla explícitamente con el control migratorio y la limitación del acceso de los extranjeros a determinadas ayudas.

Fuentes de la formación conservadora consultadas por infoLibre consideran que el movimiento del PP responde a un doble objetivo. Por un lado, evitar el coste reputacional que supone asumir una expresión identificada con la extrema derecha europea. Por otro, preservar los acuerdos alcanzados con los de Abascal sin tener que asumir públicamente todas sus implicaciones ideológicas. Sin embargo, desde el equipo directo de Feijóo insisten, a su vez, en que el concepto es bien recibido por sus votantes e incluso por los del PSOE.

El problema para Génova es que el significado político de la "prioridad nacional" no lo está definiendo el PP, sino Vox. Y la formación de Abascal no deja margen a interpretaciones ambiguas: cuando habla de prioridad nacional, habla de inmigración, de exclusión y de “los españoles primero”, el lema calcado del presidente estadounidense Donald Trump, que desde que volvió a la Casa Blanca ha aplicado una política migratoria de máxima restricción y deportación acelerada, con redadas, restricción de asilo y recorte del programa de refugiados, además de un endurecimiento de la inmigración regular.

La incomodidad también se manifiesta en el Congreso. Este jueves el PP rechazó, junto al resto de grupos, una iniciativa de Vox para implantar la "prioridad nacional" en el acceso a la vivienda protegida, el alquiler social y las ayudas públicas. La propuesta planteaba que los recursos públicos destinados a vivienda se asignaran prioritariamente a los españoles y vinculaba la crisis habitacional con la inmigración. 

Así, la disputa por el sentido de la "prioridad nacional" se ha convertido en una muestra más de las dificultades de los conservadores para gestionar públicamente su relación con Vox justo en el momento en el que Feijóo ha abierto la puerta a gobernar junto a la formación de extrema derecha a nivel nacional, pese a que en el congreso de julio del pasado año el líder del PP aseguró que su “compromiso” era no meter a la extrema derecha en el Ejecutivo central. Así, Génova acepta la propuesta, pero trata de darle otro significado.

La primera prueba para el Partido Popular y Vox en Andalucía tras las elecciones del pasado 17 de mayo se saldó esta semana sin acuerdo. La extrema derecha no estará en el órgano de gobierno del Parlamento andaluz— también ocurrió en Extremadura y Aragón — yaunque eso no equivale a una ruptura de la negociación, retrata el pulso entre el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla y el de Vox, Santiago Abascal, antiguos compañeros de Nuevas Generaciones del PP, que distintas fuentes apuntan a que será “largo”.

Desde el partido de Santiago Abascal aseguran que su prioridad es el contenido del acuerdo — de gobierno o de legislatura—  con medidas, garantías de cumplimiento y una traducción andaluza de sus banderas nacionales, desde la "prioridad nacional" con la que pretenden discriminar a las personas migrantes en las prestaciones públicas, tachada de “eslogan vacío” por el presidente andaluz, a las auditorías del gasto vinculado a la inmigración, la prohibición del burka y el niqab y el  rechazo a la Agenda 2030, entre otras cuestiones.

Con todo, en Vox ya hay voces de la dirección del partido que admiten en privado que es un “marrón” gobernar en comunidades con “mucho presupuesto”, como es el caso de Andalucía. La duda acompaña a Vox desde su salida de los ejecutivos autonómicos compartidos con el PP en julio de 2024. Aquella ruptura le permitió volver al terreno en el que mejor se maneja la ultraderecha, con la confrontación y la denuncia del "sistema” por bandera. Y sus propios dirigentes reconocen que es más cómodo no responsabilizarse de problemáticas inherentes a la gobernabilidad como las listas de espera, el campo, la vivienda o la seguridad. 

Desde entonces, distintas lecturas dentro y fuera del partido coinciden en que Vox se mueve mejor cuando influye desde fuera que cuando debe responder por la letra pequeña de la administración y así lo reflejan también los sondeos. Su etapa en gobiernos autonómicos con el PP coincidió con una fase de debilidad: tras caer al 12,4% y perder 19 escaños en las generales de 2023, la mayoría de encuestas lo situaron durante meses en torno al 9%-12%, y en las europeas de junio de ese año obtuvo un 9,6%, por debajo de su resultado del 23J, además de sufrir la competencia de Se Acabó La Fiesta en el espacio ultra. La salida de los ejecutivos autonómicos en julio de 2024 le permitió recuperar posiciones. 

Con todo, según aseguran fuentes de la formación ultra, entre sus planes sí está pedir entrar en el Ejecutivo andaluz, aunque reconocen que, en ese caso, aplicarían la “proporcionalidad debida”, ya que Moreno se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta. Aun así, también contemplan la posibilidad de no entrar en la Junta y apoyar desde fuera pero siempre “con un acuerdo” tangible que tiene que incluir su consigna racista de ‘los españoles primero’, que el PP vincula sin embargo con el arraigo.

En el caso andaluz, Juanma Moreno reprochó a Vox su falta de capacidad de gestión durante la campaña. Llegó a afirmar que "no quieren gobernar porque no saben" y que la formación ultra no tenía “equipos preparados” para ello, además de calificar la "prioridad nacional" de eslogan vacío e incluso ilegal cuando implica discriminar por nacionalidad en el acceso a recursos públicos. Ese discurso buscaba movilizar al electorado conservador en busca de una mayoría absoluta que finalmente no se produjo. Pero también generó un efecto boomerang que también alimentó el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por lo que Abascal se vio empujado a demostrar que no huía de las responsabilidades. 

El líder de Vox no quiere aparecer como la muleta del PP ni tampoco como el líder de una formación que no sabe gestionar, sobre todo si su objetivo es llegar a La Moncloa de la mano de los conservadores. “El señor Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere gobernar, que no tiene valor para gobernar, que sale corriendo. Le tengo que decir sí vamos a gobernar en las tres regiones", señaló tras las elecciones de Castilla y León. Vox decidió entonces entrar a gobernar en coalición en esa comunidad, en Extremadura y Aragón. Unos pactos que, en realidad, son papel mojado porque determinadas promesas exceden las competencias autonómicas y dependen de la legislación estatal, europea o de los tribunales.

Andalucía, sin embargo, es harina de otro costal, según admiten fuentes cercanas a Abascal. La Junta maneja uno de los mayores presupuestos autonómicos del país y competencias de alta exposición pública. Para Vox, asumir una consejería implicaría entrar en la gestión de una comunidad con más de ocho millones de habitantes y un presupuesto que supera al de las tres comunidades anteriormente citadas. Concretamente, son 51.597,9 millones de euros en 2026: 5,8 veces el de Extremadura, 5,6 veces el de Aragón y 3,3 veces el de Castilla y León. Incluso comparado con la suma de las tres —unos 33.714,6 millones de euros—, Andalucía gestiona 17.883,3 millones más, es decir, 1,5 veces más que Extremadura, Aragón y Castilla y León juntos.

Por su parte, hay sectores del PP — aunque Moreno no es uno de ellos—  que creen que es peor dejar fuera a Vox fuera de las instituciones, porque de esa manera capitalizan el enfado social sin pagar peaje por la gestión. Algunos conservadores consideran que es más inteligente hacer el llamado  “abrazo del oso” a su socio de gobierno, teniendo ellos la posición mayoritaria lo que implica apropiarse de los “éxitos”. Esto, a su vez, implica que los de Abascal entren, gestionen y se desgasten, aunque sea a costa de ceder en cuestiones como la “prioridad nacional” y tener menos sillones para los suyos, especialmente si eso lleva consigo que Vox pierda fuerza a nivel electoral de cara también a las próximas generales.

La tesis, especialmente compartida en Génova, es que mientras Vox permanezca fuera de los gobiernos, puede presentarse como una fuerza libre de contradicciones, dedicada a agitar agravios y denunciar las supuestas tibiezas de la "derechita cobarde" o el "PSOE azul", en palabras de una fuente del equipo de Feijóo. En cambio, una vez dentro de los ejecutivos, los ultras se convierten en corresponsables de la gestión de los servicios públicos y los presupuestos. Esto supone también un giro para el planteamiento del líder del PP, que siempre ha reivindicado los gobiernos en solitario, y ahora asume que el futuro pasa por incorporar a Vox al gabinete, si no le queda más remedio, auto enmendado su supuesta moderación.

Tras años de vaivenes con la ultraderecha, el PP ha concluido, según admiten fuentes de la dirección, que su problema no es pactar con Vox, sino dejarlo crecer al margen de las instituciones. Una decisión que no responde solo a una necesidad aritmética, sino a una estrategia política de largo alcance. El objetivo final de Génova es frenar el ascenso de los ultras replicando la estrategia de 2023 tras las autonómicas y municipales, aunque también existe el temor de que se vuelva a repetir un escenario en el que ambas fuerzas no sumen. Lo ideal, creen en Génova, es que el PP “triplique” en escaños a Vox.

La paradoja es que tanto PP como Vox tienen incentivos contradictorios. Moreno quiere gobernar en solitario para preservar su perfil de “gestor moderado”, pero necesita a Vox para reeditar en la Junta, si bien ambas formaciones descartan el escenario de una repetición electoral. Los ultraderechistas quieren imponer el programa y condicionar la acción de la Junta, con el temor de quemarse si asumen la gestión de áreas complejas. Y, aunque una parte del PP, cree que les viene bien que los ultras entren para que se desgasten, una coalición también puede reforzarlo como partido de gobierno. Y Vox puede preferir quedarse fuera, pero después de meses de reproches por "no saber gobernar", una negativa abierta alimentaría la crítica que Abascal intenta desactivar. El “lío”, como diría Moreno, está hecho.

Desde que aterrizó en España, el papa León XIV ha compartido en cada foro el mensaje de que la dignidad humana no depende del origen, de la raza o de la religión de cada uno. Lo dijo el sábado en el Palacio Real, lo repitió en su encuentro con Cáritas, lo convirtió en homilía en la madrileña plaza de Cibeles el domingo y este lunes volvió a insistir en ello ante diputados y senadores en el Congreso. La agenda oficial del pontífice en España sitúa, además, la cuestión migratoria como uno de los ejes del viaje, con encuentros en Madrid, Barcelona y, para finalizar su visita, en Canarias con organizaciones que trabajan con migrantes.

El núcleo del discurso del papa en la Cámara Baja fue ese. León XIV presentó esa “dignidad humana” como un principio previo al Estado, anterior a los consensos cambiantes y superior al “vaivén de las mayorías de cada momento”. Desde ahí fue desplegando una intervención que tocó casi todos los debates que atraviesan la política española, entre ellos el aborto y la eutanasia –sobre los que la posición de la Iglesia sigue siendo de rechazo frontal–, pero también la inmigración, la educación, la libertad religiosa, la memoria democrática, las guerras, la inteligencia artificial, el multiculturalismo y la convivencia. 

El discurso del papa puede incomodar al Gobierno y a la izquierda en asuntos como la eutanasia y el aborto, derechos reconocidos en España y rechazados por la doctrina católica. Pero en esta ocasión el golpe más directo cae sobre quienes han convertido el cristianismo en su seña de identidad mientras desprecian los valores humanistas que él promulga. Entre ellos, la discriminación de los inmigrantes y las políticas que olvidan su dignidad. Lo resumía así el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián: “PP y Vox han aplaudido durante diez minutos un discurso al papa que abuchean y vetan en el Congreso hace siete años”. Y lo cierto es que la cuestión migratoria acaparó una gran parte del discurso de León XIV en el Congreso.

Unas palabras que pronunció en el mismo lugar en el que PP y Vox han ido normalizando su “prioridad nacional” y en el que han registrado y debatido numerosas iniciativas contra la política migratoria del Ejecutivo. León XIV defendió que la situación de migrantes y refugiados no puede reducirse a una lectura “demográfica o económica”, reclamó “vías seguras y legales”, una “acogida respetuosa” y advirtió de que discriminar por origen nacional, étnico, religioso, lingüístico o social va en contra de lo que defiende la Iglesia.

“Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica”, señaló.  Y, frente al auge de los discursos de odio de la ultraderecha contra los migrantes, señaló que “allí donde una persona es discriminada por su origen” se vulnera “el principio universal de igualdad de todos los seres humanos”. 

En el mismo discurso, de aproximadamente media hora de duración y que fue aplaudido durante siete minutos por los diputados y senadores presentes —todos los grupos a excepción de Podemos y BNG— , León XIV alertó contra “el rearme como respuesta automática a la inseguridad internacional" y recordó que las armas pueden “imponer un silencio temporal, pero no construir una paz auténtica”. El sábado, en el Palacio Real, ya había pedido “abandonar las narrativas divisivas y los enfoques identitarios” que “parecen explicarlo todo, pero llenan el mundo de enemigos”. 

Aunque el papa no hizo alusiones concretas a la política nacional española, su mensaje llega solo unos días después de que PP y Vox sellaran en Castilla y León un acuerdo que asume la “prioridad nacional” como criterio inspirador para el reparto de ayudas públicas, siguiendo los pactos ya suscritos en Extremadura y Aragón, y que incorpora criterios de arraigo para acceder a determinadas prestaciones y recoge un “rechazo frontal” a la inmigración ilegal y a la acogida de más menores migrantes no acompañados.

Sin embargo, nada de esto impidió al líder del Partido Popular, Aberto Núñez Feijóo, suscribir “de la A a la Z” el discurso de León XIV.  “Este discurso va a formar parte de la historia del Congreso de los Diputados y del país”, planteó el jefe de la oposición desde la Cámara Baja, en el que también aseguró que el papa acredita “algo que falta en la política nacional e internacional”, que son, según el gallego, “convicciones”. Para un partido como el suyo, añadió, que une sus raíces e ideario en el “humanismo cristiano”, escuchar al pontífice tenía un interés especial y volvió a incidir en que compartía al “100%” sus palabras.

Todo ello pese a que la formación conservadora ha dado en los últimos meses un giro migratorio en términos muy distintos, endureciendo su discurso hasta asumir la “prioridad nacional” de Vox en acuerdos autonómicos y cargando contra la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y defendida por sectores de la Iglesia. El pasado abril, el propio Feijóo calificó esa regularización de “inhumana, injusta e insostenible” y sostuvo que España no podía enviar el mensaje de que era “un chollo”.

El líder del PP ha defendido públicamente “elegir quién entra, cómo y para qué” y ha contribuido a la estigmatización de los migrantes al señalar que algunos solo quieren “vivir de los subsidios”. Asimismo, también ha abogado por una inmigración “culturalmente próxima”, es decir, en función de su origen —los latinoamericanos comparten idioma y son católicos frente a magrebíes, africanos negros y la mayoría musulmanes—, lo que, de nuevo contrasta con las palabras de León XIV que ha pedido ir más allá de la mera gestión de flujos y mirar a las personas, las causas que las obligan a marcharse, el derecho a permanecer en la propia tierra y el deber de ofrecer acogida e integración.

Una incoherencia que no solo aplica en el discurso migratorio, sino en la postura del PP en política internacional. León XIV mostró preocupación por “la vuelta del rearme” como respuesta casi inevitable en Europa y defendió que la “verdadera seguridad nace de la justicia, del diálogo, del derecho internacional y de una política que ponga la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra”.

Sin embargo, en el caso de Israel y de otros conflictos liderados por el presidente de EEUU, Donald Trump, el PP se ha puesto de perfil y ha evitado decir que Benjamin Netanyahu está perpetrando un genocidio, rechazando a su vez medidas como el embargo de armas aprobado por el Congreso. Además, Feijóo respaldó en 2025 un compromiso del Partido Popular Europeo para elevar el gasto militar de los Estados miembros por encima del 3% del PIB, lo que para España supondría decenas de miles de millones adicionales para ese “rearme”.

Por su parte, Santiago Abascal agradeció las palabras “elogiosas” sobre la “historia y la identidad” España, pese a que León XIV reivindicó el pasado como un espacio atravesado también por el encuentro entre cristianos, musulmanes y judíos, y defendió “la cultura de la convivencia frente a la confrontación”. El líder de Vox también aseguró haber “escuchado muy atentamente” el discurso del papa sobre inmigracion y que era el esperable “de un líder religioso”. Y añadió: “La necesidad de acogida al débil y al inmigrante es perfectamente compatible con las leyes de los Estados, como reivindica el propio León XIV”, apuntó.

Aunque el líder ultra insistió en que no había “ninguna contradicción” entre lo que defiende su formación y lo que sostiene el papa, lo cierto es que Vox ha reclamado la expulsión inmediata de todos los migrantes que accedan de manera irregular a España, ha abogado por impedir las regularizaciones, por suprimir las ayudas y por cerrar centros de menores extranjeros no acompañados. Medidas que contrastan con la “acogida respetuosa” y las “posibilidades reales de integración” que defendió León XIV. 

“Me gusta la política migratoria del Estado vaticano”, prosiguió el líder de Vox, invocando las multas, la cárcel y la prohibición de entrada para quien acceda ilegalmente. Es cierto que el Vaticano endureció en 2024 las sanciones para entradas no autorizadas en zonas restringidas, pero Abascal toma una norma de seguridad de un microestado de poco más de 800 habitantes como si fuera la política que defiende el papa, que ha pedido “convertir las fronteras en una maquinaria de castigo” y se ha mostrado a favor de la regularización.

Además, León XIV eligió un centro de atención social vinculado a Cáritas Madrid el pasado sábado y, desde allí, defendió la caridad como núcleo de la misión de la Iglesia. Esto, de nuevo, contrasta con las medidas que ha pactado la formación ultra en los recientes acuerdos autonómicos, con los que pretende excluir a Cáritas de las ayudas y subvenciones por, en sus palabras, “favorecer la inmigración ilegal”. La Conferencia Episcopal respondió entonces con dureza a las acusaciones de Abascal contra los obispos, las calificó de “falsas e injuriosas” y recordó que el prójimo “trasciende fronteras, lenguas y religiones”, lo que provocó hace unas semanas un choque de Vox con la jerarquía eclesiástica. 

A ello se suma que Abascal ha defendido “evitar la polarización entre los políticos honrados” aunque él mismo ha capitaneado esa estrategia de acoso y derribo al Ejecutivo y ha descrito al presidente del Gobierno como un dirigente que da “un golpe de Estado por mes”, “un delincuente pillado in fraganti” y alguien capaz de “cualquier cosa para eludir la cárcel”. Así, frente a un papa que defiende “desarmar el lenguaje”, Abascal lo incendia.

La visita del papa a España también ha retratado la política de los gestos de Abascal. El líder de Vox se había comprometido a no compartir más actos institucionales con el presidente del Gobierno. En octubre del pasado año, con motivo de la Fiesta Nacional, el ultraderechista comunicó a la Casa Real que no ocuparía su lugar en la tribuna de autoridades del desfile militar ni acudiría después a la recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real.

Según explicó la formación en un comunicado, Abascal había decidido que sólo compartiría espacio con el presidente del Gobierno y sus ministros en cualquier lugar donde pudiera denunciar lo que Vox llama la “corrupción moral, política y económica” del Ejecutivo, lo que limitaba la presencia del líder ultra a los plenos y la sesiones de control de la Cámara Baja. Desde entonces, Vox había utilizado esa fórmula para justificar una cadena de plantones a citas de Estado, algunas de ellas presididas por el rey Felipe VI.

El veto se trasladó al homenaje de Estado por las víctimas de la dana, celebrado en Valencia en el primer aniversario de la catástrofe en noviembre de 2025. El acto estaba presidido por los reyes y contó con la presencia de Sánchez y las principales autoridades del Estado. Abascal no acudió y Vox tampoco envió representación de partido, a excepción de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. Sucedió lo mismo en el acto en el Congreso sobre los 50 años de la Monarquía, el del día de la Constitución el 6 de diciembre y el de la conmemoración por ser la más longeva el pasado febrero.

Sin embargo, la visita del papa ha forzado a Abascal a romper su compromiso. El sábado participó en la recepción del Palacio Real con motivo de la visita del pontífice, donde incluso mantuvo una conversación de media hora con el presidente andaluz Juanma Moreno, según informaron medios de comunicación. Y este lunes ha acudido al Congreso para escuchar el discurso de León XIV junto a diputados y senadores de su grupo. Fuentes de la formación lo justifican señalando la importancia del electorado católico para el partido, el mismo que dice ser defensor de las raíces cristianas de España, la familia, la vida y la identidad nacional. Pero que, sin embargo, no aplica la doctrina social de la Iglesia en sus políticas.

Por tercera vez en este ciclo político, el Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para gobernar conjuntamente en Castilla y León tras los de Extremadura y Aragón. Se trata de un pacto más extenso que el de 2022, cuando la extrema derecha de Santiago Abascal entró por primera vez en un gobierno con el PP con el visto bueno de su recién llegado líder, Alberto Núñez Feijóo, y que incluye la llamada "prioridad nacional" en el acceso a ayudas y prestaciones públicas. Así, los ultras tendrán voz y voto a la hora de decir quién tiene acceso a qué subsidios.

El nuevo acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León no es, sin embargo, una simple reedición del pacto firmado en 2022. Es un pacto “más detallado”, como han repetido el actual presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco y el portavoz de Vox, Carlos Pollán, en varias ocasiones, y también más ideológico. Si aquel primer entendimiento que convirtió a Mañueco en el primer presidente autonómico del PP en gobernar con la extrema derecha se limitaba a 11 ejes y 32 medidas, el documento acordado este miércoles tiene 62 páginas, 19 bloques programáticos, plazos de ejecución y un reparto de poder que devuelve a Vox al Consejo de Gobierno con una vicepresidencia primera y tres consejerías.

Aunque el acuerdo de 2022 hablaba de "inmigración ordenada", de "educación libre de adoctrinamiento" y de "violencia intrafamiliar", conceptos utilizados por Vox de manera habitual, el de este miércoles asume la "prioridad nacional", los "menores no acompañados" las auditorías del gasto vinculado a la inmigración, la prohibición del burka y el nicab, la revisión de "leyes ideológicas", el  rechazo a la Agenda 2030 y el blindaje del campo frente al Pacto Verde europeo. La agenda de Vox condensada en un documento.

El nuevo Ejecutivo tendrá 11 integrantes, según avanzó el propio Mañueco. El PP retiene la Presidencia, una vicepresidencia segunda y seis consejerías —Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Sanidad y Bienestar Social; Educación; Medio Ambiente y Energía y Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial— . A esto se suma que la vicepresidencia segunda del PP asumirá Vivienda, Despoblación y Protección Civil. En cuanto a Vox, volverá a tener la Consejería de Agricultura y Ganadería, pero también Política Ambiental, además de hacerse cargo de la cartera de Cultura, Turismo y Deporte y la nueva área de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. De esta manera, asume más competencias, desgajadas de las siete consejerías del PP.

La “prioridad nacional”, el “criterio inspirador”

La principal cesión del PP a Vox pasa por asumir la “prioridad nacional” y dejar que sea Vox quien asuma las competencias migratorias, aunque Mañueco lo intentó rebajar al defender que es "el mismo texto" que en Extremadura y Aragón. Es más, la presentó como una "asignación prioritaria" vinculada a un "arraigo veraz y verificable". Según su explicación, será un "criterio inspirador" que habrá que ir desarrollando "medida a medida", siempre "dentro del ordenamiento jurídico y el marco legal". Es decir, el PP asume el marco de Vox, pero, como ya hicieron la extremeña María Guardiola y el aragonés Jorge Azcón, lo vende como un sistema de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio.

Mañueco, al igual que sus homólogos en Aragón y Extremadura, la asume como propia pese a que se trata de una exigencia de los ultras. En el documento se vincula al acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, y también a vivienda protegida y alquiler social. De este modo, los conservadores aceptan ordenar los recursos públicos bajo una lógica de preferencia para quienes acrediten una vinculación previa con el territorio. Es asumir la consigna racista de ‘los españoles —o los castellanoleoneses—  primero”, que defiende abiertamente la formación de Santiago Abascal.

El hasta ahora portavoz de Vox en las Cortes de Castilla fue más claro. Polán situó la "prioridad nacional" en las ayudas sociales y la vivienda y defendió que el acuerdo es "más amplio" y con "medidas concretas". También quiso despejar las dudas sobre la confianza entre ambos socios y aseguró que sí “se fía” de Mañueco tras las desavenencias del pasado, ya que la relación entre Fernández Mañueco y su vicepresidente, Juan García-Gallardo, no fue precisamente buena. El dirigente de Vox se marchó del partido en febrero del pasado año entre críticas a la cúpula de Abascal, a la que acusa de estar en política para enriquecerse.

Tras la ruptura del verano de 2024 por la reubicación de los menores migrantes, el PP da ahora más garantías programáticas a los ultras y un reparto de competencias diseñado para aplicar su agenda. Mañueco justificó la coalición como un instrumento de estabilidad pese a que durante la campaña abogó por gobernar en solitario. Ambas formaciones también se comprometen a aprobar presupuestos anuales durante toda la legislatura.

Vox diseñará la política migratoria, las ayudas sociales y medidas medioambientales

Pollán precisó que todavía no está cerrada la consejería que quedará adscrita a la vicepresidencia, pero sí apuntó algunas de las competencias que manejará Vox: inmigración, cooperación al desarrollo, juventud, caza, pesca y cultura. Así, la extrema derecha no sólo conserva dos espacios clásicos de su agenda autonómica —campo y cultura—, sino que entra de lleno en el terreno social mediante una consejería de familia y ayudas sociales.

En inmigración, la victoria de Vox es especialmente visible. El acuerdo incluye el rechazo a la llegada de menores extranjeros no acompañados, un plan de retorno y repatriación de inmigración irregular, pruebas de determinación de edad, supresión de subvenciones a ONG que "favorezcan la inmigración ilegal", auditoría anual de gastos vinculados a la "inmigración masiva", prohibición de abrir nuevos centros de acogida y endurecimiento del régimen interno de los centros de menores. La comunidad tiene competencias limitadas en la materia, pero Vox consigue convertir esa limitación en un frente político contra el Gobierno central.

En el campo, la extrema derecha también sale reforzada. El acuerdo habla de "blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030", rechazo al acuerdo UE-Mercosur, oposición a "imposiciones de Bruselas" y del Pacto Verde, simplificación de Red Natura 2000, protección de ganaderos frente al lobo, defensa de la caza y promoción de la pesca. Todo ello queda conectado con una consejería de Vox que suma agricultura, ganadería, medio rural y política ambiental. Es uno de los principales saltos respecto a 2022: la extrema derecha pasa de influir en el discurso rural a disponer de un área más amplia para desarrollarlo desde el Gobierno.

El reparto también muestra una negociación clave en materia ambiental. El PP conserva Medio Ambiente y Energía, y con ello mantiene bajo su control las competencias más sensibles de incendios y energía. Pero, a su vez, Vox incorpora "Política Ambiental" a Agricultura, Ganadería y Medio Rural. Ninguno de los dos dirigentes concretó qué competencias tendrán cuando fueron inquiridos por la prensa y simplemente señalaron que habrá “reajustes competenciales". Según explican fuentes del PP, la fórmula permite a Mañueco retener el mando institucional sobre incendios tras lo ocurrido el pasado año, pero concede a Vox un espacio estratégico para condicionar la política rural, la caza, la pesca, el lobo y la relación entre protección ambiental y actividad agraria.

En cultura, Vox recupera otra de sus grandes obsesiones ideológicas. El documento incluye la defensa de tradiciones, la promoción del español, la mejora de plazas de toros rurales, la organización de novilladas y la Ley de Concordia. A eso se suma el compromiso de revisar entidades públicas y normas que el texto califica como "ideológicas". La apelación genérica de 2022 a una historia "integradora" se convierte ahora en una agenda concreta para sustituir el marco de memoria democrática por el de "concordia".

Tras Castilla y León es el turno de Juanma Moreno, el presidente andaluz, que intenta marcar distancia con Mañueco, Guardiola y Azcón. Su línea roja, por ahora, es gobernar en solitario y buscar un acuerdo parlamentario, no una coalición. El presidente andaluz considera que el resultado le da "margen de maniobra para gobernar en solitario" y que "no tendría sentido" que Vox buscase un sillón, aunque asume que tendrá que pactar su investidura. Desde las pasadas elecciones del 17 de mayo, tanto él como el PP-A han evitado hablar de negociaciones con los ultras.

Vox, sin embargo, está trasladando a Andalucía la misma presión que en Extremadura, Aragón y Castilla y León: "prioridad nacional", campo, inmigración y control del gasto. Vox ha dejado claro que no quiere "regalar" la investidura y los conservadores andaluces buscan desligar su negociación del resto de comunidades, alegando que el PP está a sólo dos escaños de la absoluta y que Vox apenas creció respecto a 2022. El próximo 11 de junio se constituirá el Parlamento andaluz y será la primera prueba del entendimiento (o la falta de él) entre ambos.

Algunos acontecimientos de los últimos meses invitan a pensar en una cierta recuperación de las políticas progresistas, mientras que las de ultraderecha comienzan a dar síntomas de agotamiento. Tras el frenazo de Vox en Castilla y León, las elecciones andaluzas del próximo domingo serán un buen termómetro para saber si la formación ultra ha tocado techo. Y las encuestas no son halagüeñas: ninguna le da por encima de los 14 escaños que tiene en la actualidad. Parece que las cuitas internas y el desgaste de la figura de Abascal le está pasando factura. Y, ciertamente, las formas no acompañan al líder: recientemente llamó “chulo de putas” y “mierda” a Pedro Sánchez y “rata” a Marlaska; la política es otra cosa.

Tampoco les hace gracia a sus votantes el servilismo ciego que Abascal profesa a Donald Trump, un presidente con un índice de popularidad que no ha parado de bajar desde que está en la Casa Blanca y que registra mínimos históricos desde su intervención en Irán. Los votantes de Vox, que se consideran, ante todo, muy patriotas, no entienden que su líder defienda unas políticas económicas (aranceles, etc.) que ponen en riesgo las industrias y el sector agroalimentario nacionales.

Abascal se ha atado políticamente al trumpismo, lo que pudo tener un cierto efecto positivo en un primer momento, pero dejar el partido en manos extranjeras puede ser perjudicial a largo plazo. La ola populista conecta con los ciudadanos más desfavorecidos en contextos de crisis, pero la autocracia que Trump defiende y que Abascal practica en su propio partido está desgastando a la formación y, posiblemente, limitará su poder institucional y autonómico. 

La derrota de Orbán en Hungría ha dejado a Vox sin uno de sus mayores aliados políticos, ideológicos y financieros en el continente. El varapalo ha sido considerable, teniendo en cuenta que se trataba de su único socio con presencia en el Consejo Europeo. Quizás no fue buena idea abandonar el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en 2024 —en el que sí se mantiene Meloni, contraria a la inmigración pero mucho más pragmática en asuntos comunitarios— para unirse a Patriotas por Europa, plataforma ultra impulsada por el propio Orbán.

La presidenta italiana, tras una primera etapa de sumisión a Trump, ha puesto ahora distancia, acercándose al “no a la guerra” de Sánchez y denegando a EEUU la autorización para utilizar la base militar de Sigonella, en Sicilia, para la ofensiva contra Irán. Da la impresión de que su derrota en el referéndum de reforma de la justicia ha hecho reaccionar a la italiana. La guinda, no obstante, han sido los ataques de Trump al papa: Meloni calificó de “inaceptables” sus diatribas, teniendo en cuenta que más de la mitad de los italianos se declaran católicos.   

Al otro lado del Atlántico, en su propia casa, Trump, envuelto en la bandera antiinmigración que Vox sigue a pies juntillas, ha visto cómo un socialista, musulmán e inmigrante —nacido en Uganda— se hacía con la alcaldía de Nueva York, capital financiera del planeta. El presidente hizo campaña contra él y amenazó con recortar la financiación a la ciudad donde nació. El nuevo alcalde, Zohran Mamdani, dijo tras conocer los resultados: “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes. Y a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”.

En Francia, a pesar de que el giro social hacia el conservadurismo es evidente, también se aprecian algunos brotes verdes. Así lo demuestra la victoria de la izquierda en las municipales del pasado marzo en París, Marsella y Lyon, las tres grandes ciudades del país. Marine Le Pen no logró su objetivo de atraer a la derecha tradicional a sus postulados ultras y, ahora, la gran pregunta es si la izquierda volverá a reeditar, de cara a las presidenciales del próximo año, el Nuevo Frente Popular que tan buenos resultados le dio en las legislativas.

Un caso paradigmático de la resistencia a Trump se vivió en los últimos comicios en Dinamarca. En un apresurado giro de guion, la socialdemócrata Mette Frederiksen decidió adelantar las elecciones —previstas para otoño— al pasado marzo, tras comprobar un aumento de su popularidad gracias a su firmeza ante las amenazas del estadounidense de hacerse con Groenlandia. A finales del pasado año, las encuestas daban muy pocas posibilidades a Frederiksen para lograr un tercer mandato, pero las intimidaciones de Trump, que llegó a amagar con el uso de la fuerza para tomar la isla, le dieron la vuelta a la situación. Lemas como “Groenlandia no está en venta” o “Manos fuera de Groenlandia” se escucharon en Dinamarca. El gobierno danés, las autoridades de Groenlandia y la oposición política cerraron filas para defender la soberanía del territorio.

El trumpismo se resquebraja incluso a domicilio. La demócrata Emily Gregory derrotó en marzo al candidato apoyado por el republicano en las elecciones a la Cámara legislativa de Florida en el distrito donde se integra el complejo de Mar-a-Lago, la posesión de Trump en el condado de Palm Beach. Y en el movimiento MAGA, con amplios sectores contrarios al intervencionismo militar, las muestras de ruptura son evidentes. El ataque a Irán y las amenazas de aniquilar su civilización vertidas por el propio Trump han provocado un crisis interna con voces que incluso ya cuestionan la capacidad cognitiva del presidente para seguir en el cargo.

Con estas señales, todo apunta a que el apoyo al populismo ultra de Trump se desinfla internacionalmente. El soporte incondicional de la Casa Blanca al genocida Netanyahu también le está desgastando políticamente: se han celebrado protestas masivas tanto en Estados Unidos como en diversas ciudades del mundo contra las masacres de Gaza y Líbano. El cheque en blanco a Israel y el acercamiento a Putin conlleva una responsabilidad ética que socava la credibilidad estadounidense en defensa de los derechos humanos.

El discurso del trumpismo pierde fuerza y Orbán ha sido el primero en pagar el lastre electoral. Puede que haya más afectados en la internacional ultra. El primero que ya mira de reojo es Abascal. Los últimos sondeos presentan subidas de PSOE y PP y estancamiento —incluso retroceso— de Vox. Los purgados en los últimos meses piden un congreso extraordinario. En el horizonte, las elecciones generales del año que viene para el líder de Vox y las de medio mandato en noviembre para el inquilino de la Casa Blanca. Ambas pueden ser decisivas para valorar si la alianza ultraderechista se está fracturando, presa de su falta de consenso y víctima de sus propias contradicciones.

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Daniel Leguina Casas es responsable de Comunicación de Fundación Alternativas.

La extrema derecha llega al 17M sin muchas certezas. La formación liderada por Santiago Abascal pretendía que las elecciones andaluzas les sirvieran de trampolín para las generales tras situar la “prioridad nacional” en el centro del debate por los pactos en Aragón y Extremadura, donde logró duplicar sus escaños. Las encuestas, sin embargo, sitúan a Vox lejos de la sacudida que pretendía provocar en el tablero andaluz y tampoco garantizan que vayan a ser la llave de la Junta, su principal objetivo.

El presidente andaluz y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, ha asegurado en múltiples ocasiones que no tiene "ningún interés" en pactar con Vox y que intentará "gobernar en solitario hasta el final" porque no quiere emular el “lío” de sus homólogos en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Su estrategia ha consistido en presentarse como la única garantía de estabilidad frente a un voto a Vox que relaciona con ruido y, en última instancia, bloqueo legislativo.

Moreno también se ha encargado de presentar a Vox como un partido sin equipos preparados para gobernar, con un programa "muy alejado de la propia realidad" y con una "sobrerrepresentación" parlamentaria. Su mensaje a los electores que no quieren a Vox en San Telmo se ha basado en un clásico del bipartidismo, el voto útil. Moreno repite en cada mitin que si los andaluces quieren estabilidad, deben concentrar el voto en el PP.

Las diferentes encuestas publicadas hasta el pasado lunes — fecha límite según la ley electoral—  dan, de manera generalizada, una horquilla al Partido Popular que va de la mayoría absoluta a quedarse por pocos escaños de esa meta fijada por Moreno. Si los conservadores no alcanzan los 55 diputados, se verán abocados a tener que pactar con la ultraderecha. Un escenario que ya se dio en las elecciones de 2018, cuando el barón del PP logró alcanzar la presidencia de la Junta gracias a Ciudadanos y Vox.

El sondeo de 40dB. para El País y la Cadena SER, publicado el lunes, refleja con claridad la incomodidad de la extrema derecha. El PP aparece con un 43,3% de estimación de voto y 56 diputados, uno por encima de la mayoría absoluta, aunque dos menos que los logrados en 2022. Vox subiría solo un escaño, hasta los 15, un avance mínimo que contrasta con las expectativas generadas por el partido tras sus resultados recientes en otros territorios.

El dato más preocupante para los de Abascal no está solo en la proyección de escaños, sino en las fugas de voto. Según la misma encuesta, Vox retiene al 74,6% de quienes le votaron en 2022, pero cede casi un 9% de sus antiguos apoyos al PP y cerca del 10% a Se Acabó La Fiesta (SALF), la marca del agitador ultra Alvise Pérez. Esto último preocupa especialmente a los ultras, que creen que Pérez puede arrebatarles parte del voto protesta mientras ellos se “institucionalizan” con los pactos autonómicos con el PP.

Lo cierto es que SALF intenta explotar el hartazgo contra todos, incluido Vox, bajo la premisa de que "ellos también forman parte del sistema", pese a que muchas de sus propuestas pisan terreno ideológico muy similar. El propio agitador aseguró que estaba dispuesto a no presentarse en Andalucía si PP o Vox aceptaban por escrito cinco condiciones: reforma electoral, cierre de "chiringuitos", fin de los sobresueldos, medidas de vivienda y el "no a las guerras que paga el currante”. Ambas formaciones lo ignoraron.

Por ese motivo los de Abascal buscan captar el voto útil que les lleve a arañar ese último diputado por cada provincia. En la batalla de las urnas de 2022, el PP logró arañarlo en cuatro circunscripciones (Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla), el PSOE en tres (Granada, Huelva y Jaén) y Vox solo en una (Almería). Si el PP no se hubiera impuesto en cuatro provincias, habría visto que su resultado se rebajaba a los 55 asientos, el límite de la mayoría absoluta.

Vox necesita convencer a sus votantes de que votar a su candidato, Manuel Gavira, sirve para impedir que Moreno gobierne sin condiciones. Pero al mismo tiempo debe evitar que una parte de su electorado más radical se decante por la opción de Alvise. El problema añadido es que SALF ni siquiera necesita entrar en el Parlamento para hacer daño, sino que le basta con quitar unos miles de votos en algunas provincias para alterar el reparto de escaños. En función de cómo se repartan los restos, el resultado puede variar muchísimo.

La amenaza ya tiene precedente. En las autonómicas de Castilla y León del pasado 15 de marzo, Vox mejoró sus cifras, pero no cumplió las expectativas. Logró 14 procuradores, uno más que en 2022, pese a que algunos sondeos le situaban cerca del 20% de los votos. SALF se quedó sin representación, pero obtuvo más de 17.000 papeletas y un 1,4% del voto.

En la comunidad presidida por Alfonso Fernández Mañueco las negociaciones se han paralizado a la espera de las elecciones del domingo, pero los de Abascal tratarán de replicar el acuerdo alcanzado con María Guardiola y Jorge Azcón, aunque con más cesiones que creen que merecen por haber obtenido el 18,9% de los votos. Un resultado que, pese a ser el mejor que han obtenido a nivel autonómico, se quedó lejos del ansiado 20%.

Vox fue decisivo para la gobernabilidad, pero no logró demostrar que estuviera en una ola imparable. De hecho, el resultado del pasado 15 de marzo enfrió la idea de que la extrema derecha estuviera preparada para encadenar saltos espectaculares en todos los territorios. En Andalucía, el riesgo es mayor porque si Moreno alcanza la mayoría absoluta, Vox no solo quedaría lejos de su objetivo, sino también fuera de cualquier negociación. Es lo mismo que les ocurrió en 2022 con Macarena Olona de candidata.

La dirección del partido ha tratado de combatir ese escenario con la campaña. Sus dirigentes no entran a valorar las encuestas y fían la movilización a los actos de Abascal y Gavira. Sin embargo, el candidato de Vox es mucho menos conocido que Moreno o la candidata socialista María Jesús Montero. Según 40dB., solo el 38,2% de los andaluces sabe quién es, y es el menos conocido incluso entre sus propios votantes. Vox lo sabe y por eso ha situado a Abascal junto a él en los carteles. La estrategia contraria de Moreno con Alberto Núñez Feijóo. 

Abascal se ha volcado en la campaña con el objetivo de impedir que el "partido socialista azulón" de Moreno pueda gobernar sin ponerse de acuerdo con Vox. La idea fuerza es que el PP andaluz no representa un cambio real, sino una continuidad amable del sistema que, según Vox, comparte las grandes líneas del PSOE. En campaña se ha referido al candidato del PP como "el cómplice simpático de Sánchez", le ha comparado con el expresidente Mariano Rajoy y le ha acusado de llevar años sin hacer nada.

El PP, sin embargo, ha trabajado para neutralizar esa presión. Moreno ha evitado aparecer atrapado por Vox y ha intentado convertir la campaña en un plebiscito sobre la estabilidad. Su objetivo es que el electorado conservador perciba cualquier voto a la derecha del PP como un riesgo que puede abrir la puerta a negociaciones perjudiciales para Andalucía.

En todo caso, el 17M se decidirá por un puñado de votos. Para el PP, la diferencia entre 54 y 55 escaños marca la distancia entre gobernar solo o tener que negociar. Para Vox, esa misma frontera separa la irrelevancia parlamentaria de la capacidad de condicionar la legislatura. Y para SALF, una marca sin opciones claras de entrar en la Cámara, el éxito puede consistir simplemente en hacer perder a Vox los votos que necesita para convertirse en imprescindible.

Uno de los asuntos que ha atravesado el discurso de Vox desde su nacimiento ha sido la negación a ultranza de la violencia contra las mujeres y el ataque sistemático a las leyes que la combaten. En 2023, los pactos entre PP y Vox situaban la "violencia intrafamiliar" como uno de sus ejes y evitaban mencionar la violencia de género, una cuestión que se convirtió rápidamente en uno de los principales puntos de fricción y que aprovechó la oposición en acuerdos como los de la Comunitat Valenciana, Aragón y Baleares. 

Tres años después, la violencia machista ha desaparecido de los recientes acuerdos de Extremadura y Aragón. En su lugar, Vox ha situado en primer plano la "prioridad nacional" y la criminalización del uso de los recursos públicos por parte de los migrantes. Una cuestión en la que ha arrastrado al PP. Acuerdos que, en ninguna de las dos regiones, contemplan tampoco la creación de una consejería de Igualdad y en lo que solo se refieren a las mujeres una vez. “No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”, un extracto que justifica la prohibición del burka y el niqab.

Hasta ahora, el discurso de la extrema derecha española no se ha alejado del labrado por sus homólogos europeos. Una oposición ferviente a los derechos reproductivos, como el aborto, una defensa a ultranza de la familia desde su concepción más tradicional y una asociación tramposa de violencia sexual e inmigración son algunas de las bases sobre las que la ultraderecha sienta su discurso. Eso no ha cambiado, apuntan las expertas consultadas por infoLibre, pero sí sus prioridades de cara a la opinión pública.

¿A qué se debe el cambio? Anna López Ortega, doctora en Ciencia Política y experta en extrema derecha, lo interpreta como una combinación de cálculo estratégico y jerarquización de prioridades. "Vox está en un momento de tensión interna y con horizonte electoral cercano, así que ordena su agenda en función de rentabilidad inmediata”. Es decir, qué temas “movilizan más y cuáles desgastan más al rival", explica en conversación con este medio.

Ese cálculo coloca la inmigración en el centro. "Ahí entra la prioridad nacional como el eje que más incomoda al PP y más cohesiona a su electorado", añade López. A su juicio, no hay una renuncia ideológica, sino un cambio de foco. "Es una estrategia de visibilidad, algunos temas se ponen en primer plano y otros se relegan, sin desaparecer”, aclara. Coincide con ella Ana Bernal-Triviño, profesora en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y autora del ensayo ‘No manipuléis el feminismo. Una defensa contra los bulos machistas (Espasa): “Es un cambio de metodología más que de estrategia”.

Así, considera que Vox puede dejar de lado la "violencia intrafamiliar" en un acuerdo de gobierno sin modificar su posición sobre el feminismo o la violencia de género. Y eso se nota en sus políticas. “Si observamos su acción en territorios donde tienen influencia, como la Generalitat Valenciana, vemos señales claras , como el debilitamiento de servicios LGTBI, de que sus posiciones sobre género y diversidad siguen siendo las mismas”, apunta.

Por su parte, Bernal-Triviño recuerda que en los pactos de 2023 “ya se habían producido concesiones”: “Ha habido una reconfiguración de consejerías y concejalías dedicadas a la mujer que se han metido en asuntos sociales y otras áreas. Lo que se ha modificado está hecho ya, no se plantean nuevos dilemas porque ya se ha cedido en esta cuestión”, plantea. En el caso de Extremadura, en 2023 se eliminó la consejería de Igualdad. La primera legislatura de Guardiola arrancó sin esta cartera tras estrechar la mano con Vox. Ella, después de asegurar que no pactaría con quien niega la violencia machista, lo justificó subrayando que las competencias de Igualdad pasaban directamente a Presidencia,

Los acuerdos en Extremadura y Aragón ilustran bien ese desplazamiento. La única referencia directa a las mujeres aparece vinculada a la prohibición del burka y el nicab. Los textos aprobados en los recientes pactos sostienen que no se permitirá la imposición de prácticas que "invisibilizan a la mujer" y vulneran los valores de igualdad y dignidad. La mujer aparece así no como sujeto de políticas de igualdad, sino como elemento de una batalla contra determinadas prácticas asociadas a la inmigración musulmana.

Para López, esa operación responde a un patrón conocido en las extremas derechas europeas: el "femonacionalismo". "Consiste en apropiarse de elementos del discurso feminista  como la igualdad, la dignidad y los derechos de las mujeres, pero resignificándolos en clave culturalista. Ya no se habla de desigualdades estructurales, sino de proteger a ‘nuestras mujeres’ frente a un ‘otro’ que suele identificarse con la inmigración, especialmente musulmana", explica la experta.

No es una estrategia nueva. "Esto lo hemos visto claramente en figuras como Marine Le Pen en Francia o en partidos de Países Bajos, y se intensifica sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el islam empieza a construirse a nivel global no solo como una amenaza de seguridad, sino también como una cultura ‘atrasada’ que supuestamente oprime a las mujeres", añade la politóloga.

De esta manera, la ultraderecha busca presentarse como defensor de la igualdad sin asumir el feminismo ni las políticas públicas de igualdad. "Permite a Vox presentarse como defensor de ciertos valores de igualdad mientras desplaza el foco hacia un enemigo externo", señala López. Pero advierte de la trampa: "En realidad es una falsa defensa de la igualdad, porque no busca ampliar derechos, sino construir un adversario, el islam, sobre el que articular un discurso identitario y excluyente", plantea López. 

Con todo, Bernal-Triviño advierte de que “Vox no se ha hecho feminista”: “Que esto no nos lleve a pensar que cuando lleguen a unas generales, no van a plantear cuestiones que tensen la agenda feminista”, plantea. “Es lo que ya sucede cada vez que la ultraderecha conquista espacios de poder a nivel nacional. Muchas de las leyes que quieren tumbar, solo pueden hacerlo si llegan al gobierno estatal y ese es su principal objetivo”, añade.

Ese mismo patrón ayuda a explicar por qué Vox explota menos que antes el discurso de las denuncias falsas, la supuesta discriminación contra los hombres o la impugnación frontal del feminismo. No porque haya abandonado esas ideas, sino porque ya no necesita formularlas de manera permanente. "Vox ha conseguido algo muy difícil en política: tiene una identidad muy definida y reconocible con una agenda dura en materia de igualdad, inmigración y derechos civiles y no necesita estar recordándola constantemente para que su electorado la identifique", sostiene López.

A su modo de ver, la extrema derecha “puede desplazar ciertos temas, como el de las denuncias falsas, y poner en primer plano otros que ahora le resultan más rentables, como la inmigración, seguridad, prioridad nacional, sin que eso implique una moderación real", apunta la experta. En su opinión, no hay señales de giro en la práctica institucional. "Hay menos ruido en algunos temas, pero el mismo marco ideológico de fondo".

La pregunta es si ese menor ruido también busca reducir resistencias entre las mujeres, ya que la extrema derecha ha tenido más dificultades para atraer voto femenino que masculino. López pide matizar: "Sigue existiendo una brecha de género clara, las mujeres votan menos a la extrema derecha que los hombres. No estamos ante un vuelco, ni mucho menos". Pero esa brecha no es inmóvil. "En algunos segmentos, especialmente entre mujeres jóvenes, sí se aprecia una ligera aproximación", añade Lopez.

Bernal-Triviño sostiene que “el dique” del voto femenino “no ha desaparecido” pero sí admite que es “menos sólido” que antes porque la ultraderecha “ha ganado la batalla por el relato” al lograr que  “muchos jóvenes”, especialmente varones, “digan que las mujeres han llegado demasiado lejos”: “Se han hecho campañas de desinformación muy potentes, con artículos de opinión y podcast, como argumento de autoridad”, sostiene. Así, la experta cree que “no hay menos énfasis” en cuestiones relacionadas con el feminismo, sino que “hay más convencimiento”.

"Esto encaja con un patrón que hemos visto en Europa: el voto femenino se convierte en un objetivo prioritario para la derecha radical en fases más avanzadas de su ciclo político, cuando ya han consolidado una parte importante del electorado conservador", añade López. A partir de ahí, estas fuerzas intentan ampliar base con otros marcos como la seguridad, identidad, malestar económico y acceso a recursos públicos. En esa estrategia está ahora Vox.

Cada vez es más habitual en los plenos del Congreso —en las sesiones de control al Gobierno, pero también en los debates más de fondo— que determinados portavoces conviertan al presidente en un criminal, en un traidor a la patria, en el responsable directo de la muerte de personas o en el agente de una conspiración para islamizar al pueblo español. Los medios hablan entonces de debate "duro" y "tenso". La violencia verbal queda así registrada, distribuida y, sobre todo, normalizada como un fenómeno equidistante.

infoLibre ha analizado los diarios de sesiones de dos plenos de este año —el del 11 de febrero, sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, y el del 25 de marzo, sobre la guerra en Oriente Próximo— para hacer algo que la crónica del directo impide: leer con calma lo que se dijo, identificar quién lo dijo y evaluar si el lenguaje pertenece al debate político o a otra cosa.

Para este análisis hemos manejado cuatro categorías: descalificaciones personales que atribuyen maldad o deshonestidad estructural; metáforas de violencia física o muerte aplicadas a la acción de gobierno; deshumanización del adversario o de grupos sociales; y atribución de intencionalidad criminal sin base factual demostrada. Cada ejemplo citado está extraído literalmente del Diario de Sesiones.

La primera conclusión es que la violencia verbal en el Congreso llega, sobre todo, del lado de la derecha. No es un fenómeno difuso que afecta por igual a todos los portavoces. Se concentra, con una consistencia que va más allá de la calentura del momento, en los discursos de Santiago Abascal y, en menor grado pero con idéntica lógica, en los de Alberto Núñez Feijóo.

Abascal lidera la escala con ventaja. Su lenguaje es el que con más frecuencia convierte la crítica política en imputación moral y, en el tramo final de sus intervenciones, en acusaciones penales directas.

En la categoría de descalificaciones que atribuyen maldad estructural, el 25 de marzo no señaló errores de política exterior: diagnosticó una voluntad activa de daño. “Usted quiere la guerra porque a usted le da igual que sea en Irán o en Ucrania. A usted le gusta la guerra, le gustan las pandemias, le gustan las inundaciones, le gustan las borrascas”. En la misma sesión cierra el argumento: “Como los peores belicistas de la historia, el señor Sánchez quiere la guerra porque el ruido de las explosiones oculta sus corruptelas, sus crímenes, sus traiciones”.

La atribución de intencionalidad criminal sin base factual demostrada alcanza en el líder de Vox su formulación más explícita. El 11 de febrero, con el accidente ferroviario de Adamuz como objeto del debate, su intervención concluye: “Yo afirmo con toda claridad que Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías, un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales”. La frase no es una advertencia: es una condena. Ningún procedimiento judicial había establecido en ese momento —ni lo ha hecho ahora— la existencia de un crimen.

En cuanto a las metáforas de violencia, Abascal afirma que “la corrupción que han traído a España mata” y que “la invasión migratoria a la que nos condenan arruina y mata también”. El verbo “matar” aplicado a políticas públicas sitúa el lenguaje en un espacio donde la metáfora y la acusación se vuelven indistinguibles.

Ese escalado retórico no se detiene en sede parlamentaria. El pasado 24 de abril, en un mitin de precampaña en Cádiz, Abascal llamó “mierda” al presidente del Gobierno y “rata” al ministro del Interior. La secuencia es reveladora: lo que en el hemiciclo adopta la forma de acusación penal, en el mitin se convierte en insulto directo. No hay modulación entre ambos registros; hay escalada.

Lo que hace Feijóo es estructuralmente parecido, aunque ejecutado con una dicción más contenida. El líder del PP acumula un volumen notable de expresiones agresivas a lo largo de sus intervenciones, con una densidad mayor que la de Sánchez, aunque sin alcanzar la intensidad puntual de Abascal.

En la sesión del 25 de marzo, describió a Sánchez como ”un trilero”, lo llamó “perdedor” como categoría permanente y, en la réplica, escaló hasta decir: “No solamente usted es un matón, es que tiene un tic dictatorial peligrosísimo, señoría, peligrosísimo”. El adjetivo “dictatorial” no describe una medida concreta, sino una naturaleza de carácter. Aplicado a un presidente electo en un sistema democrático, no es crítica política: es una caracterización esencial.

Las metáforas de violencia y muerte fueron especialmente abundantes en el debate del 11 de febrero: “Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad. Este era un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible”. Su cierre fue explícito: “Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte”. En la misma sesión rozó la cuarta categoría cuando advirtió: “Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta”. La diferencia con Abascal es de matiz: la advertencia frente a la condena. Feijóo predice consecuencias judiciales; Abascal declara el crimen ya cometido.

La complicidad del PP con este clima tampoco se limita al hemiciclo. El partido se sigue oponiendo a retirar la acreditación parlamentaria a Vito Quiles, agitador ultraderechista con múltiples denuncias judiciales activas —entre ellas, una por agresión a la esposa del presidente, Begoña Gómez— y al que el PP invitó a cerrar su campaña en Aragón. Los de Feijóo han manifestado formalmente su oposición a la expulsión de Quiles del Congreso mientras la Mesa estudia posibles modificaciones del reglamento de acreditaciones. La lógica del PP es coherente con lo que ocurre en la tribuna: si el lenguaje de Feijóo es tolerable en el hemiciclo, el hostigamiento físico de Quiles en los pasillos también merece protección.

El caso más explícito de conexión entre retórica y violencia física no ha tenido lugar estos días en el Congreso —más allá del insólito desafío de un representante ultra al presidente de la Cámara—, sino en la Asamblea Regional de Murcia. El 15 de abril, el diputado de Vox Antonio Martínez afirmó en pleno debate parlamentario que existe “el deber de combatir, incluso con violencia”, las leyes que en España protegen el derecho al aborto y a la eutanasia.

Pedro Sánchez ocupa el tercer lugar en esta escala. Su lenguaje agresivo existe, pero se concentra en las réplicas, especialmente cuando responde a ataques directos. En la sesión del 25 de marzo formuló sobre el PP y Vox una de sus frases más cargadas: “Sabemos que no podemos permitir que estos vendepatrias que no tienen más amo que el dinero lleguen al poder”. Sobre la oposición ante el real decreto: “Son los del no a todo, excepto cuando hablan sus amos o sus compañeros de armas: ahí corren como perritos falderos a lamer su mano”. 

En la cuarta categoría, Sánchez es más cauteloso, pero en algunas réplicas de marzo roza el límite: “Igual está embolsándose el tercer sueldo o haciendo chanchullos para obtener el cuarto o el quinto“. La palabra “igual” disimula, pero no oculta, la dureza de la frase.

Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar, ocupa el cuarto lugar. Sus expresiones más extremas se dirigen a actores externos —el ejecutivo israelí, la administración Trump— y rara vez a sus adversarios parlamentarios directos. En toda la muestra, es la única portavoz que no formula ninguna descalificación personal sobre ningún parlamentario presente, no emplea metáforas animales sobre sus adversarios y no atribuye a nadie presente en el hemiciclo una intencionalidad criminal.

Sostener que “todos hacen lo mismo” se ha convertido en una posición por defecto en gran parte de la cobertura periodística española. Tiene la ventaja de parecer ecuánime. Y tiene el inconveniente no solo de ser falsa, sino de legitimar y validar a quien de verdad practica la violencia verbal más intensa.

El fenómeno no es exclusivamente español, ni sus consecuencias son solo retóricas. En Estados Unidos, el debate sobre si la violencia verbal impulsa violencia física ha adquirido urgencia empírica, en particular tras el tercer intento de asesinato que afronta su presidente. 

Un análisis reciente publicado por CNN examina lo que revelan las encuestas más recientes sobre la actitud de republicanos y demócratas ante la violencia política. Los datos muestran un amplio consenso bipartidista en que la violencia por motivos políticos va en aumento —hasta el 85% de los estadounidenses lo cree, según el centro Pew—, aunque una mayoría mayor culpa de ello a la retórica incendiaria republicana (el 69% según Gallup dice que han ido demasiado lejos) que a la demócrata. 

Sin embargo, la percepción de quién es más responsable de la violencia real se ha igualado notablemente: datos de PRRI y Pew sitúan a grupos de derecha e izquierda casi en empate (44% vs. 41%, o 52% vs. 53%), una tendencia de “ambos lados” que se acentuó tras atentados como el que costó la vida al activista ultra Charlie Kirk. Lo más llamativo es que la disposición a justificar la violencia para lograr objetivos políticos ha convergido entre simpatizantes de ambos partidos —en torno al 17-19% según PRRI—, cuando antes los republicanos triplicaban a los demócratas en esa respuesta. 

La pregunta relevante no es si el debate político español es duro —siempre lo ha sido—, sino si ha cruzado un umbral a partir del cual el lenguaje ya no describe la realidad política sino que la fabrica. Un lenguaje que convierte las políticas en crímenes y a los rivales en asesinos no sólo polariza el debate, acaba destruyéndolo.

La expresión “vivir del cuento” define el modo de vida de quienes subsisten sin trabajar, sin esforzarse, valiéndose de engaños, de triquiñuelas o de terceros (familiares o amistades), y llevan una vida parásita como la cigarra de la fábula de Esopo. Se trata de una aspiración de quienes buscan una salida rápida de una realidad que les impide acceder a todo lo que los mercados ofrecen y su situación económica les niega. Otros viven del cuento por herencia, linaje u otras circunstancias. Son formas de vida propias del género picaresco.

La picaresca mantiene en el siglo XXI muchos rasgos que despuntaron en el siglo de Oro como propios del antihéroe de baja estofa (Lázaro de Tormes o Guzmán de Alfarache) que se valía del ingenio y de la astucia para sobrevivir en una sociedad hipócrita y corrupta. Los siglos XVI y XVII vivieron la decadencia de la hidalguía y de valores como el honor, circunstancia reflejada en el tercer amo de Lázaro que, simulando nobleza y riqueza, vestía elegante y cuidaba su aspecto a pesar de vivir en una miseria extrema, manteniendo las apariencias y prefiriendo con orgullo clasista morir de hambre a la deshonra de trabajar.

Hay pícaros en todos los estamentos sociales de esta España hipócrita y corrupta que reclaman como virtudes propias lo que no son sino vicios, delitos y pecados cuando son otros quienes los practican. La decadencia de la patria, de sus gentes y sus valores, reproduce un ambiente de patio de Monipodio donde medran rufianes y bribones, políticos y desafectos, currantes y patrones, palurdos e ilustrados, inopes y ricachones, plebeyos y borbones, con la complicidad de alguaciles, la anuencia de justicias, la bendición del clero, el aplauso de voceros y la algarabía de pregoneros. Patio de Monipodio corrupto y podrido.

Diera la impresión de que el político es el ámbito con mayor concentración de pícaros y bribones. Soto del Real pudiera ser prueba de que funciona el Estado de Derecho si no quedase fuera el grueso de la pillería y si quienes entran lo hiciesen sin ventajas. Pero dejen a un lado a reos, convictos y penados y observen a quienes viven del cuento con maestría, aparentando valía para desempeños por encima de sus posibilidades y más allá de un talento por lo común escaso. Son modelos y ejemplos de ello Abascal y Ayuso.

El primero llegó al PP con 18 años, comenzando sus andanzas como concejal y procurador de las Juntas de Álava hasta ascender a diputado del Parlamento Vasco en sustitución de compañeros. Tras breve aprendizaje, desempeñó cargos en el partido que le llevaron al de director gerente en un chiringuito de Aguirre hasta que fundó Vox, invento de FAES para forzar la derecha sin complejos exigida por Aznar, donde vive del cuento este caudillo de limitadas mientes manejando las opacas cuentas del partido, purgando a su militancia díscola y ofreciendo una panoplia de odios sectarios como único y violento programa.

Ayuso llegó al PP en 2005. Su carrera política y los pelotazos en sus entornos cercanos han sido fulgurantes. Vive del cuento en el PP madrileño donde la han usado lo mismo para llevar el área virtual del partido que el Twitter del perro de Aguirre. Candidata por descarte, una carambola electoral a tres bandas la hizo presidenta de una institución con acreditada tradición en corrupción. Sabedores en Génova 13 de su incompetencia para elaborar discursos y atender a la prensa sin chuletas, le han puesto una dipsómana niñera de canosa barba y colmillos retorcidos. Como Monipodio, a la pícara de Chamberí le gusta rodearse de vividores del cuento como un tal González Amador, Nacho Cano o Toni Cantó.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

La investidura de Guardiola en Extremadura ha dado paso a la del gobierno sellado entre PP y Vox en Aragón en vísperas del día de San Jorge. Tras los caucus de la derecha, la constitución de sendos ejecutivos autonómicos se suceden en cadena, con la premisa de dos conceptos nacidos al albur del movimiento MAGA y el manifiesto Palantir: prioridad nacional y desregulación. Bajo la perversa deshumanización de los migrantes y la sombra de Ian Randt, se constituyen los gobiernos del futuro terror en las periferias mudas, articulados desde la actual guerra cognitiva. 

Mientras el PSOE despliega la regularización de 500.000 inmigrantes, Feijóo se debilita y su partido se agrieta internamente. El reemplazo desde dentro continúa. En Andalucía, donde se impone la estabilidad como motor de la próxima mayoría absoluta de Juanma Moreno Bonilla, no quieren “líos” y desde el Madrid D.F. Isabel Díaz Ayuso levanta un telón libertario que trata de contener a la comunidad latina, esa que en estos momentos está definiendo una región cercana a los diez millones de habitantes. 

“Así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso”, afirmaba la senadora Padme Amidala desde su escaño en el Episodio IV de La Guerra de las Galaxias mientras el canciller Palpatine se proclamaba emperador. “Así termina el mundo, no con un estallido sino con un quejido”, escribió T.S. Eliott en el crepuscular poema 'Los hombres huecos', publicado en 1925. Las ficciones son un constante palimpsesto que marca el surco de la realidad.

La plataforma Palantir daba a conocer hace una semana sus principios condensados en 22 puntos donde se proclamaba la resistencia “a la tentación superficial de un pluralismo vacío y hueco”. El tecno-oligarca iliberal Peter Thiel expresaba así su voluntad de influir en el mundo pocos días después de que PP y Vox sellaran un acuerdo de gobierno en Extremadura donde se incluía, entre sus principios, la consagración de la prioridad nacional. 

“Los españoles primero”, afirmaba en el debate de investidura Óscar Fernández Calle, apelando a la esperanza, invirtiendo el significado moral del discurso del presidente, entonces candidato demócrata, Barak Obama, pronunciado durante los caucus de New Hampshire hace más de 15 años. “Sí, se puede”, exhortó a los extremeños el presidente de Vox desde el atrio de la Asamblea de Mérida pocas horas antes de que Jorge Azcón y Alejandro Nolasco defendieran lo mismo desde Aragón con su pacto de gobierno sellado en vísperas del día de San Jorge.

La Casa Blanca, Palantir, Vox y las guerras cognitivas toman forma en la España de las periferias mudas desde la defensa de la desregulación y la introducción de la prioridad nacional. Son dos conceptos sencillos y contundentes. Dos significantes elásticos y vacíos con los que PP y Vox pueden hacer interpretaciones diferentes sin necesidad de llegar a la ruptura o la confrontación. Dos sintagmas, en definitiva, con gran capacidad para intervenir sobre las emociones, el nuevo/viejo campo de batalla, y alterar la percepción de la realidad de los electores y los adversarios.

Para el sacerdote y paleontólogo francés Teilhard de Chardin, el Punto Omega era el nivel máximo de complejidad y conciencia al que tiende el universo. Es un punto de convergencia espiritual donde la humanidad, tras evolucionar técnica y socialmente, se une en una conciencia colectiva (la noosfera) con lo divino. Quizá la de Peter Thiel y Palantir sea una inversión moral de ese momento, una extenuación social que comienza a presentar síntomas patológicos a través del lenguaje. Conviene recordar a Lewis Carrol:

"Cuando yo uso una palabra —insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso— quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos. 

—La cuestión —insistió Alicia— es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. 

—La cuestión —zanjó Humpty Dumpty— es saber quién es el que manda…, eso es todo".

Una semana después de conocer los 22 puntos del manifiesto Palantir firmados por Peter Thiel, la ira ha aumentado un grado en el campo de batalla de las guerras cognitivas. Las imágenes pesan mucho más que las palabras, las metáforas hiperbólicas con que se explica la realidad resultan tan simples que la realidad misma también lo parece. En una semana, en el complejo España un diputado de Vox imprecaba violentamente a un vicepresidente del Congreso, un portero golpeaba a un jugador en un campo de fútbol y el presidente de Vox llamaba “mierda” al presidente del Gobierno alentando una algarada en las calles de Granada durante la precampaña andaluza. La ira simplifica las reglas. La realidad se resume en un plano, un grito, un disparo…

Son días de violencia. Un profesor ha intentado asesinar a Donald Trump. La culpa es de los periodistas y los profesores, dijo Nixon a sus asesores más cercanos tras su dimisión por el Watergate en 1974. Se diría que el manifiesto Palantir es una sublimada invitación a la ira. Sin embargo, algo falla en el algoritmo. Mientras tratamos de procesar un genocidio en Gaza y una guerra en Irán, cuando la violencia se vuelca en un punto local, el sistema sufre un apagón sin mayor explicación que la evidencia. La soberbia intelectual de Thiel conduce inevitablemente hacia la oscuridad. El intento fallido de sustituir la democracia liberal por la tecnocracia es la puerta inversa al Punto Omega. Y Vox, en Andalucía, continúa instalado en su pájara.

Abascal ha aprovechado la vulnerabilidad de Feijóo y se ha impuesto ganar los corazones y las mentes de sus votantes. Diseñado el patrón, basta con cambiar los moldes de lugar (algunos nombres y otros complementos circunstanciales) para reutilizar el mismo armamento mental una y otra vez hasta que el adversario pique el anzuelo. En Extremadura y Aragón ha sido necesario aceptar apenas un aroma del manifiesto Palantir para que el PP pudiera celebrar dos gobiernos. Pero, como hemos dicho anteriormente, la conclusión de los caucus no es el final del reemplazo. Vox logra escapar de su flojera y ocupar la centralidad del debate presentando incluso una moción a la Corte de los Leones donde Feijóo, esta vez sí, ha votado en contra de la prioridad nacional, abriendo otra nueva grieta en el PP.

El alcance de la campaña se ha extendido en todo el territorio, ya sea en Madrid o Andalucía, donde Díaz Ayuso y Moreno Bonilla se juegan dos mayorías absolutas en sus respectivas elecciones. La política diaria a cualquier nivel proporciona excusas suficientes para activar el combate, ya sea en el Congreso de los Diputados, en Sol, San Telmo o un ayuntamiento de Murcia.

Contra la guerra cognitiva y el uso indiscriminado de significantes vacíos, sólo cabe tener una posición de poder y una idea opuesta, prioridad ciudadana, sostenidos por un buen diccionario, la ley y cierta querencia por la indignación. En San Telmo y en Sol han apostado por un “no” a los pactos con Vox que aglutine a sus respectivas mayorías. De fondo, como en el “no a la guerra” de Pedro Sánchez, se encuentra el rechazo moral a un derecho inválido que vulnera el principio de igualdad ante la ley, recogido en la Constitución y la ciudadanía europea. El derecho se nutre de valores y lo que se esconde en el fondo del pacto PP-Vox es una tentación supremacista a la espera de una debilidad.

Pero un ‘no' es insuficiente para conformar una mayoría. Frente a la prioridad nacional, el ‘sí’ se sustancia en la prioridad ciudadana, donde caben las batallas propositivas que aglutinan otras mayorías. Fíjense en el alcalde Jaume Collboni y su plan de vivienda para Barcelona, en Salvador Illa y su plan de choque para reducir las listas de espera para la percepción de las ayudas a la dependencia. Lean a Unai Sordo y sus políticas de empleo y el no a la guerra convertido en sí a la paz de Pedro Sánchez, adalid de la socialdemocracia en el mundo desde Gaza hasta hoy. Las batallas del ‘sí’ son las únicas que abren camino a una nueva esperanza.

La primera crisis de gobierno entre el Partido Popular y Vox no ha esperado, siquiera, a la investidura de María Guardiola. Aunque ambas formaciones alcanzaron un acuerdo el pasado jueves con 74 medidas, el alcance del pacto sigue siendo motivo de disputa días después. La inclusión de la “prioridad nacional” como criterio para el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social ha generado un choque entre ambas formaciones, al igual que la “supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal”.

Para la formación de Santiago Abascal, la “prioridad nacional” significa que “los españoles van primero” en ayudas y servicios. Un compromiso contrario al artículo 14 de la ley de extranjería, que sostiene que “los extranjeros residentes [en España] tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles”. Por lo que respecta a las ONG, los negociadores de Vox defienden que ese criterio implica suprimir la subvención que perciben organizaciones como Cáritas, que acoge a migrantes en situación irregular.

Génova, en cambio, evita el término “prioridad nacional” y trata de sustituirlo por criterios como el “arraigo” o la “vinculación” al territorio de cara al acceso a recursos públicos. Según explicó el secretario general del PP, Miguel Tellado, el lunes “no es un criterio eliminatorio” sino “una cuestión más a la hora de conceder ayudas”. Para los de Feijóo “es razonable que la vinculación con el territorio, el arraigo real, tenga peso” para acceder a servicios públicos, un argumento que también utilizó este martes su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.

Sin embargo, su homóloga en Vox, Pepa Millán, amenazó este martes al Partido Popular con que habrá “consecuencias” si incumple lo pactado y acusó a la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo de haber puesto “trabas” a la negociación. La portavoz de la derecha radical señaló que el criterio de “prioridad nacional” se basa en la  “escasez de recursos” y un sistema de ayudas que, a su juicio, se encuentra “colapsado”. Según Millán, la administración debe “garantizar el pan a los nuestros” y no lo hace por culpa de los migrantes.

Así, los ultras exhiben de nuevo un discurso xenófobo que, a diferencia de otras ocasiones, no pone el foco en la delincuencia sino en los servicios públicos como elemento clave. Hace solo unos meses la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, publicó un informe titulado La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de Bienestar —que posteriormente presentó en el Congreso— que aseguraba que el coste general de la inmigración es mayor que su aportación, lo que agrava los “problemas del Estado de bienestar” y responsabiliza a los migrantes del incremento de los alquileres.

Además, este principio de “prioridad nacional” se debatirá y votará en el pleno del Congreso este miércoles a iniciativa de la ultraderecha. De esta manera, los de Abascal obligarán al PP a retratarse públicamente también en la Cámara baja, en paralelo a la segunda jornada del debate de investidura de Guardiola. El texto registrado por la formación ultra reclama “repatriar a todos los inmigrantes” en situación irregular, establecer la “prioridad nacional en ayudas sociales, servicios públicos y vivienda” o proceder a la “remigración” de extranjeros que “no contribuyan a la economía nacional”. 

La formación de Abascal también aboga por limitar la sanidad para los inmigrantes irregulares a urgencias vitales, reservar las pensiones y prestaciones no contributivas a los españoles y restringir la asistencia jurídica gratuita en procesos de expulsión. En esa línea, defienden derogar el decreto por el que se regula el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.

Por su parte, a una hora de que arrancara el pleno del Congreso este martes, el PP presentó una enmienda a ese texto que, más allá de algunas concreciones, asume la tesis de la formación ultra manteniendo la “prioridad nacional” en los mismos términos que el acuerdo de Extremadura. “Promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, reza la enmienda de los conservadores.  

El partido de Feijóo, además, plantea la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular” salvo “supuestos de urgencia vital”. Aunque el PP trata de desvincularlo del aspecto sanitario, el propio Feijóo ha expresado que quiere volver al modelo en el que se asiste a los migrantes en situación irregular solo a través de las urgencias. Es lo que hizo el expresidente Mariano Rajoy en 2012, cuando aprobó, con la mayoría del PP y el único apoyo de UPN, la reforma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy cercenaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud para, supuestamente, acabar con el “turismo sanitario”.

Por lo que respecta a las organizaciones no gubernamentales, Génova asegura que Cáritas conservará las subvenciones de la Junta extremeña, pese a que la literalidad del acuerdo apunta a retirar ayudas a las entidades que trabajen con personas migrantes en situación irregular. “Organizaciones como Cáritas, que se dedican a ayudar, pueden estar completamente tranquilas con este acuerdo, porque no les va a afectar”, aseguró Tellado el lunes. Y añadió: “El texto del acuerdo se refiere a ONG que colaboren con la inmigración ilegal. Eso es colaborar con mafias que trafiquen con personas. Tiene que acreditarse con sentencia”.

Esto, de nuevo, contradice a la formación de Abascal. Según el dirigente de Vox Carlos Hernández Quero, uno de los negociadores en Extremadura, Cáritas sí estaría afectada. “Valoramos la acción social de la Iglesia, pero no podemos aceptar que vaya dinero de los contribuyentes a promover la invasión y la migración masiva”, argumentó en una entrevista en El País. Fuentes de la formación consultadas por infoLibre señalan que “no van a hacer excepciones” con nadie y rechazan que el criterio sea “jurídico” como plantea el PP.

Cáritas, por su parte, aseguró que estará “encantada” de renunciar a esas ayudas si la administración pública asume entonces su responsabilidad en el acompañamiento de personas vulnerables, en palabras de la responsable de Proyectos de Movilidad Humana de Cáritas Diocesana de Barcelona, Elisabet Ureña, en una entrevista en la Cadena Ser. Tras la dana, desde Vox y otros grupúsculos, la ultraderecha puso el foco también en la Cruz Roja, a la que trataron de desacreditar a base de bulos y desinformación.

Lo ocurrido en Extremadura no facilita, precisamente, la negociación en Aragón. Aunque tanto en el PP y Vox se muestran optimistas, crece la desconfianza entre ambos mientras el tiempo corre, ya que el límite para evitar una repetición electoral es el 3 de mayo. La formación ultra llega con más fuerza parlamentaria que en Extremadura, lo que se traduce en más exigencias para el PP de Jorge Azcón. El número dos de la formación, Ignacio Garriga, aseguró recientemente que el pacto extremeño “"será la base” del aragonés. 

El PP en Aragón asegura que no pactará “nada fuera de la Constitución”, pero evita precisar si eso es lo que ha ocurrido en Extremadura, tal y como verbalizó la pasada semana la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En Génova dan por hecho que el acuerdo será “muy similar” al alcanzado en Extremadura y tratan de no hacer enfadar a su socio de Gobierno pese a discrepar sobre los términos que, previsiblemente, se incluirán en el acuerdo aragonés.

A esto se le suma otra derivada: el impacto sobre la precampaña de Juanma Moreno en Andalucía. El presidente andaluz ha intentado marcar distancia en los últimos días. Ha dicho que aspira a seguir con un Gobierno en solitario, ha admitido que no quiere negociar con Vox, que no tienen experiencia de gobierno y ha salido en defensa de Cáritas. Pero tanto en el PP andaluz como en Génova son conscientes de que los “líos” de Vox, en palabras de Moreno, ya están impactando y por eso el líder del PP en Andalucía apela a obtener una mayoría absoluta que los evite.

Desde su vuelta a la Casa Blanca en enero del pasado año, Vox ha intentado presentar su cercanía a Donald Trump como una prueba de influencia internacional y de su apuesta ideológica. Pero ese vínculo empieza a pesar más de lo que beneficia. No es solo que el presidente de Estados Unidos se haya convertido en un factor de inestabilidad global tras iniciar junto a Israel una ofensiva contra Irán. Es, sobre todo, que parte de la extrema derecha europea ha empezado a tomar distancia, mientras la formación de Santiago Abascal sigue instalada en una fidelidad casi sin matices.

Un año y tres meses después, la misma internacional ultraderechista que celebró exultante la vuelta de Trump comienza a marcar distancias. La derrota del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras dieciséis años ininterrumpidos en el poder demuestra, además, que la influencia del norteamericano es relativa. Orbán se mantuvo fiel a Trump hasta el final, pero de poco sirvió el apoyo en campaña del vicepresidente estadounidense, JD Vance. Su derrota frente a su antiguo compañero de partido, Peter Magyar, fue abrumadora.

Abascal ha apostado de manera clara por su proyección internacional pese a que hace siete años admitía no tener "demasiadas convicciones" en política exterior y abogaba por no "hipotecarse" con ningún aliado por las implicaciones que pudiera tener. "Es un mundo en el que no tengo demasiadas convicciones, más allá de nuestro compromiso de actuar siempre en pro de los intereses de España”, le confesaba al escritor Fernando Sánchez Dragó. Ahora, sin embargo, Vox está muy vinculado a Trump a través de la Fundación Disenso, que forma parte de la constelación ideológica de la Heritage Foundation, y también mantiene en su órbita al Likud de Benjamín Netanyahu, además de ser un fiel defensor del presidente argentino Javier Milei.

Otro de los referentes de Abascal —a la que abandonó por Orbán en la Eurocámara tras las elecciones europeas— es la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Ella, a diferencia del líder de Vox, declaró en el Parlamento italiano que la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán vulneraba el derecho internacional y, además, negó al Pentágono el uso de la base de Sigonella, en Sicilia, para bombardear Irán. Una decisión que Meloni tomó tras la presión interna que desató el anuncio que en el mismo sentido hizo previamente el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y que Vox criticó.

En la última semana la tensión ha escalado por la negativa de la primera ministra italiana a secundar la escalada bélica y por los ataques del presidente de EEUU al papa León XIV, unas palabras que Meloni calificó de "inaceptables" a la vez que afirmó que es “justo y normal” que el jefe de la Iglesia pida paz y condene la guerra. Tras estas declaraciones, Trump aseguró que pensaba que Meloni tenía valor “pero se equivocó” y reprochó a Italia no estar a la altura en la OTAN. Este miércoles, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha llegado a decir que algunos movimientos de Trump son “poco comprensibles”, una señal de que también detecta el desgaste, aunque llegue tarde y de forma defensiva.

La oposición italiana cerró filas con Meloni tras la dura respuesta de Trump. El comisario europeo Paolo Gentiloni pidió “defender a Italia” antes que ajustar cuentas internas, y la diputada socialista Elly Schlein sostuvo que, aunque sean adversarios políticos, los italianos no aceptarán ataques extranjeros contra su Gobierno. Una postura que subraya la magnitud del aislamiento de Vox ya que incluso una dirigente de la derecha radical como Meloni ha encontrado a la izquierda italiana de su lado frente a Trump.

Pero Meloni no es la única en marcar distancias. La extrema derecha alemana, la AfD, ha pedido la retirada de tropas y armas nucleares estadounidenses de Alemania. La líder francesa Marine Le Pen se mostró muy crítica con el secuestro por parte de EEUU del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y también ha censurado algunas decisiones militares porque chocan con su propio soberanismo. El británico Nigel Farage, que inicialmente apoyó los ataques contra Irán, acabó corrigiendo el tono al comprobar que el conflicto abría divisiones en su partido, Reform UK. Frente a estos posicionamientos aparece Vox, que navega en sentido contrario y que, precisamente por esa postura, ha recibido las críticas de exdirigentes de la formación.

La crisis interna de la ultraderecha debilita su imagen de cohesión. La crisis en Murcia es el ejemplo más evidente. La salida de la diputada Virginia Martínez al grupo mixto, después de la expulsión de José Ángel Antelo a finales de febrero, no solo agrava la fractura orgánica, sino que altera la aritmética parlamentaria y permite al PP explorar acuerdos sin depender de la dirección de Vox. La propia Martínez justificó su marcha por su "profunda decepción" con la cúpula del partido y denunció ceses, expulsiones y una "imagen terrible del proyecto". Antelo, por su parte, habló de un Vox "en descomposición y sin ninguna credibilidad”.

En Balears, la dirección de Vox tampoco controla el partido. La formación ultra arrastra desde 2024 el cisma de los cinco diputados díscolos que llegaron a expulsar del grupo a la presidenta del partido en las islas, Patricia de las Heras, y al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. Después, tres de ellos abandonaron sus cargos en el grupo, aunque conservaron sus escaños. Pero no son los únicos casos.

En el Ayuntamiento de Madrid el conflicto sigue abierto. Desde el consistorio municipal, liderado por José Luis Martínez-Almeida, frenaron el intento de la dirección de apartar a Javier Ortega Smith como portavoz y mantuvieron intacta la estructura del grupo municipal. Actualmente, hay dos bandos dentro del mismo grupo, con Ortega Smith y otros dos concejales por un lado y Arantxa Cabello y Fernando Martínez, fieles a Abascal, por otro.

En el Ayuntamiento de Toledo la imagen es similar. La vicealcaldesa y presidenta del grupo municipal, Inés Cañizares, ha defendido públicamente la conveniencia de celebrar un congreso extraordinario y figura entre los cargos institucionales en activo que firmaron el manifiesto crítico con Abascal. Su posición la sitúa frente a la dirección provincial y al portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, que descalificó esa iniciativa definiéndola como una “pantomima”.

Toda esta crisis interna se desarrolla en plena precampaña andaluza. El barómetro publicado esta semana por el Centra da a Vox un 15% y entre 17 y 20 escaños frente a los 14 actuales. Para los de Abascal, Andalucía debía ser una demostración de fuerza, una comunidad donde el partido aspiraba a crecer de forma sostenida y a consolidarse como una alternativa con capacidad de condicionar el sistema político. Pero el barómetro indica que permanece como tercera fuerza, que no rompe el tablero y que el principal beneficiario de su suelo electoral continúa siendo el PP. La formación ultra no desaparece, pero tampoco crece. 

La culpa de que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, haya perdido las elecciones este domingo tras 16 años ininterrumpidos en el poder —a los que hay que sumar otra legislatura de 1998 a 2002— no es de que haya gobernado con mano de hierro sin apenas controles democráticos, con graves casos de corrupción y un empobrecimiento generalizado del país, sino de la “brutal campaña” contra el dirigente ultra “protagonizada” por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y “eurodiputados del PP y la izquierda”. Ese es el argumento que dio este lunes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que consideró una “mala noticia” la derrota de su principal aliado.

Lo cierto es que se trata de un duro golpe para la formación ultraderechista española, ya que hasta ahora Orbán ha sido la pieza central en la arquitectura internacional de Vox construida por su líder, Santiago Abascal. La caída del primer ministro húngaro debilita a la extrema derecha en términos simbólicos, estratégicos y financieros, aunque Garriga aseguró que su partido tiene total “autonomía” y que solo se debe a los “70.000 afiliados” de la formación.

El hasta ahora primer ministro también ha sido una importante fuente de financiación para Vox —y otras derechas radicales—, ya que la banca húngara otorgó un préstamo millonario a la formación española para sufragar sus campañas para las elecciones generales de 2023 y para las europeas de 2024, tal y como demostró la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), desarrollada por infoLibre y Follow the Money. El Ejecutivo de Orbán posee un 20,01% del banco involucrado en esa operación. Según Vox, se vieron “obligados" a buscar financiación fuera porque las entidades españolas no querían prestarles dinero.

Para los ultras, Orbán ha encarnado durante dos décadas el nacionalismo excluyente, la confrontación con Bruselas, la guerra cultural contra la izquierda, el endurecimiento migratorio, la hostilidad hacia los medios de comunicación y la lucha por los llamados “valores occidentales”. Era la brújula de Vox, el ejemplo de que se podían moldear las instituciones, condicionar a Bruselas y resistir el aislamiento. Hasta ahora.

Orbán no es un aliado cualquiera para Abascal, sino la figura detrás de la creación de Patriotas por Europa, el grupo del Parlamento Europeo en el que está Vox y que preside Santiago Abascal. “No podríamos tener un líder mejor que tú", aseguró el primer ministro húngaro en la visita de Abascal a Budapest para apoyarle. Ese grupo cuenta con 85 eurodiputados, pero Orbán no sólo aportaba escaños, sino que condicionaba políticamente a la Unión Europea. Durante los últimos años ha vetado iniciativas en el Consejo Europeo y no le ha puesto las cosas fáciles a la Comisión de Von der Leyen.

Sin Orbán, Patriotas por Europa pierde a una de sus figuras con mayor capacidad de condicionar la agenda comunitaria. Por ese motivo Abascal fue a Budapest a arroparlo. Desde la capital húngara lo definió como "uno de los mejores políticos de este siglo" y aseguró que era "el auténtico protector de Europa”. “Queremos que Europa siga siendo así, con su propia identidad y tradiciones, las dignas portadoras de la civilización occidental y cristiana", señaló. Tras su derrota, Abascal publicó un mensaje en su cuenta de X en el que afirmó que “Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista”.

El líder de Vox también hizo una apuesta estratégica por Orbán al sacrificar su alianza con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el Parlamento Europeo. Se adhirió al grupo de Patriotas y abandonó a los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) tras las elecciones europeas de 2024, un movimiento que fue muy criticado internamente. El hecho de que Orbán ya no esté en el poder debilita, además, la idea de que esa “internacional” está en fase ascendente e imparable. Es un revés para la red ultraconservadora internacional y una victoria del campo proeuropeo frente al modelo iliberal.

Orbán también ha sido el principal aliado del presidente ruso Vladimir Putin dentro de la Unión Europea —lo que incomodaba especialmente a los ultras españoles— y uno de los apoyos más claros para la estrategia de su homólogo estadounidense, Donald Trump. Con su derrota, el Kremlin pierde su interlocutor más fiable en la UE y, para el universo trumpista, cae uno de sus socios ideológicos más emblemáticos en el continente. 

Tal era la importancia de que Orbán revalidara el mandato que el vicepresidente de Trump, JD Vance, se desplazó hasta Budapest para hacer campaña por él y puso de manifiesto que no sólo estaba juego la jefatura de gobierno sino la necesidad de contar con un socio fiable con un rumbo opuesto a los intereses de la UE. “Querría enviar de verdad una señal a todo el mundo, en particular a los burócratas de Bruselas”, afirmó el vicepresidente estadounidense, “que han hecho todo lo posible para mantener al pueblo húngaro bajo presión porque ellos no aman al líder que defiende al pueblo de Hungría”.

La internacional ultra se volcó con Orbán, sabedora de que si perdía las elecciones ante el conservador Péter Magyar, su fuerza en el viejo continente se vería debilitada, con una menor capacidad para influir en el rumbo de la Unión Europea, dejando a Meloni más dispuesta aún a participar en políticas comunitarias como el apoyo a Ucrania, las sanciones contra Rusia, las críticas a Estados Unidos por su unilateralismo belicista y, quizás, a rebajar la presión sobre las políticas del Pacto Verde, y quedando sólo como líder euroescéptico el eslovaco Robert Fico, a la espera de lo que deparen las presidenciales francesas de 2027.

Así, el fracaso del húngaro se suma al desgaste de Vox por su cercanía a Trump, pese a que el presidente norteamericano se ha convertido para una parte muy amplia de la sociedad española en un símbolo de inestabilidad, unilateralismo y amenaza bélica, y que ha impulsado medidas muy impopulares como los aranceles. Aun así, mientras el resto de la derecha radical europea comienza a tomar distancia de Trump, Vox se mantiene inquebrantable.

Ese desgaste externo coincide, además, con un momento de tensión interna en Vox. La caída del principal aliado de la formación ultra en Europa llega en plena crisis interna del partido, cuando los críticos de la dirección cuestionan tanto la deriva estratégica como la apuesta internacional de Abascal al mismo tiempo que sitúan el foco en el enriquecimiento personal tanto del líder de Vox como de su núcleo más cercano.

El hecho de que el primer ministro húngaro haya sido derrotado por Magyar, excompañero de partido de Orbán, es también un aviso para Vox en un momento en exdirigentes de la formación como Iván Espinosa de los Monteros o Javier Ortega Smith están liderando una revuelta contra la dirección de Abascal. Magyar ha puesto fin a 16 años de poder de Fidesz con una amplísima victoria, favorecida por una participación récord y por un voto que ha atravesado generaciones, ciudades y clases sociales en Hungría.

Este mismo lunes, en Los Desayunos del Ateneo, Espinosa de los Monteros lanzaba una advertencia a Abascal tras la derrota de su aliado: “Lo que me dice la victoria de Péter Magyar es que, pese a las apariencias, cuando un buen líder se va deteriorando o tiene posiciones diferentes con las que llegó, se le puede ir desplazando. Es una buena noticia”.

Iván Espinosa de los Monteros dejó la política institucional hace casi tres años, pero no renuncia a estar en el foco mediático. El ahora presidente de la fundación Atenea asistió este lunes a los desayunos organizados por el Ateneo. En ese foro, habló largo y tendido sobre la derrota del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y lo definió como uno de los hechos políticos más relevantes del momento en Europa, aunque aseguró que no es un “cambio total” porque la derecha domina por completo el Parlamento.

El exportavoz de Vox sí lo interpretó como una señal del desgaste de la “derecha iliberal”, aunque evitó denominar a la formación de Orbán, Fidesz, como “ultraderecha”. Frente a esa corriente, reivindicó una "derecha liberal y conservadora", asentada en la separación de poderes y en la independencia institucional. En su intervención, en la que conversó con los periodistas Jesús Maraña, Javier Casqueiro y Ester Palomera, aprovechó para trazar una enmienda al rumbo que, a su juicio, han tomado algunos sectores de la derecha europea en los últimos años.

La derrota de Orbán, según el exportavoz ultra, es también un aviso para el líder de Vox, Santiago Abascal. Aunque evitó citarlo por su nombre, incidió en que incluso liderazgos muy consolidados pueden ser apartados. “Lo que me dice la victoria de Péter Magyar es que, pese a las apariencias, cuando un buen líder se va deteriorando o tiene posiciones diferentes con las que llegó, se le puede ir desplazando. Es una buena noticia”, afirmó. 

Espinosa de los Monteros subrayó que Hungría ha demostrado, además, que la capacidad de injerencia de las grandes potencias tiene límites. "Los húngaros han votado lo contrario de lo que querían [Vladimir] Putin y JD Vance", resumió, en alusión al presidente ruso y al vicepresidente estadounidense. Así, concluyó que ni Moscú ni Washington pueden dar por descontado el éxito de los partidos afines a sus intereses.

El exdirigente ultraderechista también sostuvo que la política de alianzas de su antigua formación "es debatible y no necesariamente el mejor" y dejó claro que no comparte su posicionamiento acrítico con figuras como la de Orbán o la del presidente estadounidense, Donald Trump. A su juicio, la experiencia de Hungría demuestra que sus modelos pueden encontrar límites electorales cuando se erosiona la confianza de los votantes.

También habló sobre la situación de Vox y sus diferencias con la dirección del partido. Recordó que abandonó la formación en 2023 de manera voluntaria, tras años de "servicio y sacrificio" personal, familiar y económico, y señaló que muchas de las decisiones adoptadas después se han tomado de forma opaca, incluso para buena parte de la propia cúpula. Afirmó que él ni siquiera formaba parte del comité ejecutivo y dio a entender que muchas decisiones relevantes no eran conocidas por la mayoría de quienes debían estar al tanto de ellas.

Esa es precisamente la crítica que han lanzado nombres como el de Javier Ortega Smith, exsecretario general del partido, que han denunciado la falta de democracia interna en la formación de Abascal y la opacidad en el partido y las instituciones en las que los ultras tienen presencia, además del beneficio económico que supone para Abascal y su núcleo más cercano el hecho de estar en política.

“Creo que Javier [Ortega Smith] es una persona que tiene un peso enorme para hablar de Vox porque ha sido uno de los fundadores. Una de las cosas que me ha impresionado es que ahora haya gente, sobre todo los que han llegado nuevos, intenten reescribir la historia del partido”, lamentó, al tiempo que destacó que la llamativa forma que tiene la dirección de Abascal de echar a miembros de la formación “antes de un proceso electoral”. En ese sentido, mencionó su propio caso. El partido le abrió un expediente apenas unas horas después de que el presidente andaluz Juanma Moreno convocara las elecciones.

En materia de política internacional, sin embargo, justificó muchas de las decisiones tomadas por Trump, entre ellas la de la guerra con Irán y el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela.  A su juicio, hay "luces y sombras" en la actual administración estadounidense. Consideró una "pésima idea" decisiones comerciales que perjudican a España como los aranceles, pero alabó al mismo tiempo su ofensiva contra la agenda "woke". Su tesis fue que ningún partido nacional debe alinearse sin reservas con líderes extranjeros, porque la única guía válida deben ser los intereses de España. Ahí, admitió que es “debatible” que Vox “esté defiendo los intereses de España”.

Su apoyo a Israel fue mucho más explícito. Reiteró que se trata de "la única democracia" de la zona y de un dique frente al "islamismo terrorista", aunque admitió que no todo lo que hace el Gobierno de Benjamín Netanyahu le parece bien. Sobre Irán, en cambio, no dejó espacio para la ambigüedad. Lo definió como una amenaza permanente, un régimen "machista, homófobo, totalitario" que lleva años enriqueciendo uranio y contribuyendo a desestabilizar Oriente Próximo, de Líbano a Gaza. La guerra, dijo, es "indeseable", pero añadió que a veces no queda otra opción cuando enfrente hay un actor que amenaza de forma constante.

En política española, las alianzas exteriores rara vez dan votos. Sin embargo, lo que sí pueden es restarlos cuando se convierten en sinónimo de amenaza y guerra. En el actual escenario internacional, el presidente norteamericano Donald Trump, el ruso Vladímir Putin y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu figuran entre los dirigentes peor percibidos por la opinión pública española. Esto supone un problema para Vox, ya que la formación ultraderechista apoya de manera clara a Trump y Netanyahu, mientras que su principal aliado europeo, el húngaro Viktor Orbán, hace lo propio con Putin. La sociedad española, sin embargo, va por otro lado.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), las guerras importan a menos de un 1% de la población. En el último CIS de marzo aparecían liderando el ranking la vivienda (28%), la economía (20%), el paro (20%) o la inmigración (19%) como principales preocupaciones. En el barómetro europeo del otoño pasado, ante la pregunta de "en qué áreas debería Europa tomar medidas en los próximos cinco años", los españoles se situaban como los europeos que menos priorizan la seguridad y la defensa: un 12%, cuatro veces menos que los finlandeses, holandeses, lituanos, polacos o alemanes y casi tres veces menos que otro país latino como Italia (32%).

Además, los españoles también estaban nueve puntos por debajo del promedio de los países europeos que apoyan una mayor inversión en defensa. Apenas un 55% piensa que se debería gastar más dinero en defensa en la UE frente a un 64% entre el conjunto de países comunitarios. Del mismo modo, a la hora de marcar prioridades presupuestarias, el fortalecimiento de la defensa y la seguridad europea solo es apoyado por un 14% de los españoles, la cifra menor de los 27 países.

Todo ello puede jugar en contra de Vox. Distintas encuestas coinciden en que la formación ultra ha frenado su ascenso y empieza a perder impulso, con trasvase de voto hacia el Partido Popular y con síntomas de agotamiento en territorios como Andalucía tras no cumplir sus expectativas en Castilla y León. Ese frenazo coincide, además, con un momento de máxima fricción tras la ofensiva sobre Irán, que ha abierto una brecha evidente: una mayoría social que no respalda militarmente a Estados Unidos e Israel y un Vox que sí lo hace.

De todos ellos, Trump aparece como el mayor peligro. Según una reciente encuesta de 40dB. para El País y la Cadena Ser, para el 81% de los encuestados Trump supone la principal amenaza para la paz mundial, por delante de Putin, con un 79,3%, y de Netanyahu, con un 71,2%. En el caso de Trump, además, el deterioro lo refleja también un sondeo de YouGov de enero: le daba en España sólo un 19% de opinión favorable frente a un 77% en contra. 

Lo cierto es que el presidente norteamericano se ha convertido para una parte muy amplia de la sociedad española en un símbolo de inestabilidad, unilateralismo y amenaza bélica. Su reciente advertencia de destruir la "civilización iraní" si Teherán no cedía, incidió todavía más en esa percepción, hasta el punto de provocar críticas incluso en sectores conservadores españoles y en la Iglesia. La mayoría de los españoles, según el mismo bloque demoscópico, aprueba que España no apoye militarmente a Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán, y rechaza una implicación militar española en esa escalada.

El líder de Vox presenta a Trump como el hombre que defiende al "mundo occidental" frente al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y los "burócratas" de Bruselas. Tras la ofensiva iniciada por EEUU e Israel en Irán hace un mes, la formación ultraderechista defendió que el mundo es "mejor" sin los ayatolás y también sin Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela tras su captura a manos del ejército norteamericano. 

Sin embargo, no criticó la ruptura del órden internacional, ni que sea la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez, la que gobierne en el país con el beneplácito del norteamericano pese a haberla criticado en el pasado. También dijeron que no habían dedicado ni un "nanosegundo" a analizar la amenaza de Trump sobre Groenlandia y se declararon "incompetentes" en la materia, en palabras de su portavoz nacional, José Antonio Fúster.

Vox se ciñe casi siempre al mismo manual. Clama a los cuatro vientos su admiración por Trump, pero cuando hay intereses españoles que chocan con los de norteamericano, como ocurrió con los aranceles y con el gasto de defensa, desplaza la responsabilidad hacia la Unión Europea y el Gobierno español. Esa sigue siendo la lógica dominante, aunque ya le esté generando costes políticos. Algunos de los ‘ex’ de Vox, como Iván Espinosa de los Monteros, han afeado a Abascal su posición acrítica.

Por su parte, Putin también arrastra una impopularidad más estructural pese a que la guerra de Ucrania ya no acapara el foco mediático. Su imagen quedó fijada desde la invasión de Ucrania como la de un líder agresor, autoritario y desestabilizador. Que siga apareciendo apenas por detrás de Trump en la lista de amenazas revela hasta qué punto la guerra y la sensación de inseguridad continental siguen muy presentes para la sociedad española.

Aunque Vox condena públicamente la invasión rusa y apoya a Ucrania, su principal aliado europeo mantiene un estrecho vínculo con el mandatario ruso. Por ese motivo el contrincante de Orbán, Péter Magyar, ha definido las elecciones del domingo como un "referéndum" sobre la ubicación geopolítica del país: seguir la deriva prorrusa o regresar a una senda más claramente europeísta y atlántica. Las encuestas muestran una carrera muy competitiva y apuntan a que podría perder tras 16 años en el poder.

A ello se le añade que uno de los dirigentes de Vox, Jordi de la Fuente, secretario general del ‘sindicato’ del partido Solidaridad, es un divulgador en España de las ideas de Alexandre Dugin, un filósofo con influencia sobre Putin y sobre el Kremlin, al mismo tiempo que una herramienta de este para su propaganda exterior.. En un acto en la Casa de Rusia de la capital catalana en octubre de 2016, expresaba su deseo de que el sistema de valores ruso se "contagie" a los países europeos a través de "partidos" que actúen como "caballos de Troya". 

Tras ascender en el partido, De la Fuente suprimió al menos cinco tuits desde la invasión de Ucrania, todos ellos registrados y certificados por infoLibre. Pretendía ocultar dos asistencias a la Casa de Rusia en Barcelona y tres mensajes: uno rechazando las sanciones a Rusia por la anexión de Crimea, otro celebrando un éxito electoral de Putin y otro con el mensaje "Putin manda y no tu panda".

Netanyahu completa ese triángulo de rechazo en un momento especialmente delicado. Su ofensiva contra Irán no solo ha agravado la percepción negativa sobre Israel en amplios sectores de la sociedad europea, sino que ha protagonizado sanciones directas contra España. El viernes, acusó directamente al Gobierno de Pedro Sánchez de "librar una guerra diplomática" por la que "pagará un precio". Como represalia, expulsó a los representantes españoles en el Centro de Coordinación Civil y Militar , el órgano multinacional que supervisa el alto el fuego alcanzado en la franja de Gaza en octubre del año pasado.

También el viernes el presidente Pedro Sánchez instó a los miembros de la UE a suspender el acuerdo de asociación con Israel ante las violaciones "flagrantes del derecho internacional humanitario que se están cometiendo". "No permitamos una nueva Gaza en Líbano", dijo durante su intervención en el European Pulse Forum, en Barcelona, aunque no hizo ninguna referencia al Gobierno israelí. En España, donde la sensibilidad crítica hacia la devastación en Gaza ya era muy alta, esa prolongación del conflicto hacia Líbano e Irán refuerza todavía más su mala imagen.

En esta batalla, Abascal se posiciona con Netanyahu. Ambos dirigentes mantuvieron una reunión en Jerusalén el 28 de mayo de 2024, cuando el líder de Vox visitó al primer ministro israelí en plena crisis diplomática entre España e Israel tras el reconocimiento español de Palestina. Allí, Abascal expresó su apoyo a Israel, criticó a Pedro Sánchez y llegó a prometer que revertiría ese reconocimiento si algún día gobierna.

Santiago Abascal está en política "por la pasta". Así de contundente se muestra quien fuera su número dos hasta hace cuatro años, Javier Ortega Smith, se ha unido recientemente a un largo reguero de nombres que han denunciado la falta de democracia interna en la formación de Abascal y la opacidad en el partido y las instituciones en las que los ultras tienen presencia. Aunque desde la dirección de Vox aseguran que los críticos tienen el síndrome "del príncipe destronado", en palabras de su actual secretario general, Ignacio Garriga, lo que aflora en la guerra interna no es solamente una pelea por el poder, sino graves acusaciones internas sobre la utilización de los fondos del partido, el enriquecimiento personal de Abascal y su núcleo duro y las coacciones internas.

Los críticos, encabezados por figuras que tuvieron mucho peso en el partido como Ortega Smith o el exportavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, sostienen que se ha consolidado una estructura en la que el líder del partido, su entorno familiar y varios asesores bien posicionados se están beneficiando de dinero procedente del propio Vox o de entidades satélite vinculadas a la formación. No aportan pruebas documentales que lo sustenten, pero coinciden en lo publicado en los medios. Por ejemplo, que Vox ha transferido sumas millonarias a la fundación Disenso y que también ha pagado grandes cantidades de dinero por los contratos de asesoría del grupo empresarial Tizona, liderado por Kiko Méndez-Monasterio, el asesor de cabecera de Abascal.

La dirección de Vox, por su parte, niega irregularidades, asegura que sus cuentas son públicas y están fiscalizadas, aunque obvian las multas que han recibido por parte del Tribunal de Cuentas por, precisamente, irregularidades en su financiación. La respuesta de la cúpula del partido ha sido expulsar a quienes están realizando estas denuncias y asegurar que se trata de una campaña orquestada por el Partido Popular para hacer daño a la formación ultraderechista. Según Garriga, los críticos "votaron a favor de unas reglas internas y de unos estatutos y de unas decisiones" que en su momento no reprobaron. "Ahora resulta que se les pide que cambien de posición en el terreno de juego y Vox ya no es democrático", señaló en alusión a Ortega.

El choque del ex número dos de Vox con la cúpula ya está en vías de judicialización por supuestas irregularidades relacionadas con la protección de datos y con el funcionamiento orgánico del partido y se produjo tras su negativa a apartarse de la portavocía del Ayuntamiento de Madrid. Tras su expulsión del partido, acusó en una carta a "los cuatro que han secuestrado" Vox de haber convertido el proyecto en su "gallina de los huevos de oro". Además, retó públicamente a Garriga a "filtrar" el modelo 347 —el documento fiscal que recoge operaciones con terceros superiores a 3.005,06 euros— insinuando así que hay irregularidades económicas en el partido. Una petición que ya hizo en su día Macarena Olona tras marcharse de la formación ultra.

La cuestión económica está en el centro de todo. En varias entrevistas, Ortega ha hablado de contrataciones a través de sociedades interpuestas, de dinero que "llega y se convierte en un sueldo para la mujer" de Abascal y de desvío de "cantidades ingentes de dinero" hacia Disenso pese a que, según su relato, la dirección de Vox aseguró "que tendría una mínima inyección inicial". El también fundador de Vox también denuncia públicamente el sueldo que percibe el citado Méndez-Monasterio "que cobra la friolera de 27.000 euros mensuales" y lamenta que se esté embolsando esa cantidad de dinero de un partido que decía "defender a los mileuristas".

Es más, el exsecretario general está "convencido" de que fue cesado hace cuatro años por resistirse a autorizar pagos a la red de empresas de los asesores de Abascal. "A mí me cesan como secretario general en 2022, cuando ya llevaba más de un año con tensiones brutales porque en el comité de gestión aparecían facturas que nadie explicaba, sueldos que no se entendían, contratos caros… Yo no me callé y, precisamente porque no quise firmar algunas cosas, se produjo mi cese", sostiene una entrevista.

"Algunos fundadores hemos descubierto que el partido ha sido utilizado por cuatro personas que lo han convertido en su negocio personal. Mientras miles de afiliados, simpatizantes y votantes actúan por ideales, patriotismo y de forma desinteresada, hay una cúpula muy reducida que se está lucrando con un entramado de empresas, familiares y personas cercanas", aseguró en una entrevista con La Nueva España publicada el domingo. Un "negocio personal", según el todavía diputado y concejal de Vox, de un Abascal "vendido a intereses económicos y patrimoniales, primero los suyos y luego los de otros que le rodean".

Así, asegura abiertamente que el líder de Vox se mueve por el dinero. "Abascal no está en política solo por la pasta, pero también", señaló en una entrevista en Onda Madrid. Tanto él como los "otros tres" que dirigen Vox, "son personas que en su vida han tenido dos euros juntos y que, cuando los han tenido, los han perdido y han dejado deudas, que han visto que esto de la política es un trampolín fabuloso para tener recursos públicos, tener mucho dinero y poder decidir con eso para colocar a muchos amigos, tener ellos una vida que ni de broma han tenido antes ni podrían siquiera soñar por sus profesiones y sus oficios", planteó.

Otras figuras como la de Iván Espinosa también han denunciado que las decisiones en la dirección de Vox se toman desde la "opacidad, el cierre y un entramado que es cada vez más sospechoso" y por ese motivo ha reclamado que se revise "euro por euro el dinero que sale de Vox, su destino último y su justificación". Pero quien más claro ha hablado sobre esta cuestión es el exvicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que dimitió en febrero de 2025 para sorpresa de muchos tras negarse a cumplir una orden de Abascal y en estas semanas no ha descartado dar un paso al frente para crear un nuevo partido. Por el momento, tanto Espinosa como Ortega han pedido la convocatoria de una asamblea extraordinaria, pero nada más.

En una entrevista concedida al diario El Mundo a mediados de marzo, García Gallardo aseguró que antes de su dimisión descubrió que Abascal "se estaba embolsando un tercer sueldo en la cuenta corriente de su mujer" tras una noticia de El Confidencial y que ese fue el momento en el que perdió la "confianza" en él. "Conocí que se estaba embolsando un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer, por unos presuntos servicios de consultoría en materia de redes sociales a una sociedad mercantil que está en pérdidas y en causa de disolución. 60.000 euros por unos servicios que nos tendrán que explicar".

Además, también apuntó a que "hay enormes cantidades de recursos públicos a los que accede el partido para beneficio último de muy poquitas personas", y cita concretamente a "una parte relevante de la familia Ariza y de la familia Méndez-Monasterio", que conforman una "galaxia de sociedades" que parecen externas a Vox, pero que acaban formando una "especie de parapartido que está parasitando los recursos económicos de Vox". Así, sostiene que si Vox sigue igual, "solo quedará el plan de pensiones de Abascal". Lo cierto es que Tizona Comunicación, facturó casi 1,3 millones de euros a Vox en un solo año, además de más de medio millón en 2019, y que desde 2024 cobra 22.145 euros mensuales más IVA por consultoría de comunicación y estrategia.

Macarena Olona fue la primera en denunciar irregularidades económicas. Tras ser la candidata para la Junta de Andalucía en 2022 y no obtener el resultado esperado, atribuyó su marcha a Andalucía a una estrategia de Abascal para desplazarla fuera de los focos de la política nacional, donde asegura que rivalizaba en popularidad con el dirigente ultra. Tras su salida, acusó al eurodiputado Jorge Buxadé de "juego sucio" y de "destruir el proyecto político de Vox" por no dar sitio a distintas sensibilidades dentro de la formación.

Tras unos meses de silencio, en octubre de ese año denunció que Vox había desviado millones de euros de dinero público a fundaciones y empresas, en especial a la Fundación Disenso, presidida por Abascal. "Si miento, que se querellen contra mí", afirmó en el programa Salvados. Según Olona, Disenso ha funcionado como un canal para sacar recursos del partido hacia una estructura controlada por Abascal. Desde su constitución en julio de 2020, la entidad ha recibido más de diez millones de euros de Vox.

En Baleares, la exportavoz Idoia Ribas, junto a Agustín Buades y Maite de Medrano, también denunciaron presiones de la dirección nacional para transferir “ingentes cantidades” de dinero público del grupo parlamentario balear a Disenso. Ribas aseguró que, mientras ella se negó a transferir más del 10%, su sucesora pasó a desviar el 50% del dinero del grupo. En línea con Ortega y García Gallardo afirmó que "esos son los intereses de Abascal, el dinero" y que la fundación servía para que el líder pudiera "forrarse".

Los partidos en España tienen prohibido pedir o aceptar donaciones finalistas; es decir, donativos que se entreguen para que se destinen a un fin en concreto. Aun así, Vox ha solicitado y recibido este tipo de donaciones en varias ocasiones e, incluso, anteriormente, el Tribunal de Cuentas le ha sancionado por ello. Cuando el organismo fiscalizador comenzó a revisar las cuentas del partido del año 2020 detectó tres casos con donaciones finalistas —además, de otra infracción por el dinero que recibían en efectivo e ingresaban como donaciones anónimas, que también está prohibido por ley.

Concretamente, en abril de 2025, el tribunal multó a a Vox con 862.496,72 euros por recibir donaciones irregulares entre 2018 y 2020, y en julio de 2025 volvió a sancionarlo con 50.000 euros por donaciones finalistas. Además, ese mismo tribunal pidió explicaciones por adjudicaciones a dedo a Tizona, al considerar demasiado genérico el concepto de las facturas. Las multas del organismo al partido suman ya 1,15 millones de euros, más de lo que se ha impuesto nunca a ninguna otra formación. La formación de Santiago Abascal argumenta que no se enriqueció con las recaudaciones, ya que iban mayormente destinadas a otros fines, como entregar el dinero para poder financiar la querella contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra.

Vox también ha financiado sus últimas campañas electorales gracias a préstamos del MBH Bank, una entidad financiera húngara. Tal y como demostró la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), realizada por infoLibre y Follow the Money, una quinta parte del banco es propiedad del Gobierno de Hungría, liderado por Viktor Orbán. La ley de financiación de partidos no es del todo clara al respecto de recibir préstamos de bancos públicos extranjeros y Vox, al menos por ahora, no ha sido sancionado por ello.

El 4 de mayo expira el plazo que obligaría a la presidenta extremeña, María Guardiola, y a su homólogo en Aragón, Jorge Azcón, a repetir elecciones en ambas comunidades si no consiguen los apoyos para una investidura. En el Partido Popular y en Vox son conscientes de que no pueden permitirse no llegar a un acuerdo, pero ninguno de los dos quiere aparecer como el que cede. Y menos en plena precampaña andaluza. El parón de Semana Santa no ha servido para acercar posturas, a tenor de las declaraciones del portavoz de Vox, José Antonio Fúster, que volvió a acusar a la dirección nacional del PP de poner "zancadillas" a su formación.

Según el dirigente ultra, en los últimos meses Génova se ha dedicado a "filtrar las conversaciones y negociaciones" y a "volcar parte de sus recursos mediáticos en obstaculizarlas" y "decir que exigimos lo que no estábamos exigiendo". Fúster subrayó que su formación ha realizado "un esfuerzo titánico" para alcanzar "los mejores acuerdos" con "enorme sentido común", aunque evitó aclarar qué medidas están impidiendo alcanzar el acuerdo. "Será responsabilidad del PP decir si quiere o no quiere", lanzó. En ese sentido, aseguró que los barones territoriales tienen "mucha mejor predisposición al diálogo" que la dirección nacional del partido.

Aunque Vox no quiere hablar sobre qué medidas concretas están obstaculizando los acuerdos que deben servir de base para un gobierno de coalición, en diversas ocasiones ha pedido al PP que se desmarque de la política de su familia política en la Unión Europea en cuestiones como Mercosur o el Pacto Verde. Esa fue la condición que impuso la formación ultra al presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, para ser investido tras la dimisión de Carlos Mazón. Pero en el PP señalan que, más allá de declaraciones, sus gobiernos autonómicos no tienen margen de actuación en cuestiones de carácter nacional o europeo. Es más, ese fue el argumento que puso sobre la mesa Azcón para no alcanzar un acuerdo presupuestario con los ultras y justificar así el adelanto electoral.

Los ultraderechistas también han llegado a reclamar dar "prioridad a los españoles en sanidad" por encima de los migrantes para investir a los presidentes autonómicos del PP. En Génova no han manifestado su rechazo a esa medida de manera clara e incluso se abstuvieron en el último pleno antes de Semana Santa en la moción de Vox que incluía esa medida, pero aseguran que no harán nada "en contra de la ley" y sostienen que nadie de Vox ha planteado incluir ese punto en las actuales negociaciones.

Es más, en Génova confiesan que no hay ningún escollo programático para alcanzar un acuerdo y atribuyen la tardanza a un mero cálculo electoralista de Vox. "Es un tema más del cuándo que del qué", apuntan fuentes de la formación de Alberto Núñez Feijóo. En un primer momento, el líder del PP se mostró convencido de que podría alcanzar un acuerdo con la formación ultra antes de Semana Santa, al menos en Extremadura. Con el fin de acelerar el pacto, su número dos, Miguel Tellado, se desplazó a Mérida. Pero su viaje solo sirvió para "acercar" posturas. Nada más. Ahora, Génova asume que será solo cuando Santiago Abascal quiera porque está atrapado en un "laberinto" del que no sabe cómo salir. La tesis del equipo de Feijóo es que Abascal se precipitó al decir que iba a gobernar en coalición con el "PSOE azul" y ahora no puede desdecirse, lo que a su vez complica la campaña de Vox en Andalucía.

Lo cierto es que la formación ultra combina las negociaciones autonómicas con reproches muy duros hacia Feijóo y sus lugartenientes. La pasada semana el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, acusó al líder del PP de estar detrás de un "ataque brutal, calumnioso y miserable" contra su formación. Así lo trasladó en una carta remitida a afiliados y simpatizantes en la que aseguró que existía una "maquinaria mediática" impulsada desde el entorno del jefe de la oposición. En concreto, en la misiva citó a Tellado y a la asesora de cabecera de Feijóo, Mar Sánchez Sierra, a los que define como un "clan gallego con prácticas de contrabandistas de ría" que, según Garriga, contacta "con arribistas y despechados", en referencia a sus exdirigentes.

Unas palabras que Génova interpreta como una alusión directa a la amistad entre el narcotraficante Marcial Dorado y el líder del PP. Así, lamentan que Vox esté utilizando "los mismos métodos que Sumar" pero recalcan que ellos no van a entrar en "provocaciones". "No vamos a entrar en una escalada verbal", resumen fuentes del equipo de Feijóo. Con todo, sí creen que los ultraderechistas se están "poniendo nerviosos" con las últimas encuestas publicadas que apuntan a un frenazo de la formación y consideran que no pueden ser percibidos como "los responsables" de una repetición electoral ni en Extremadura ni en Aragón.

Ambas comunidades están atrapadas desde hace meses en un bloqueo político que mantiene a sus ejecutivos en funciones y reduce la acción de gobierno a una gestión muy limitada. Al igual que ocurre a nivel nacional, un gobierno en funciones autonómico no puede actuar como si no hubiera cesado. No está legitimado para impulsar con normalidad nuevas políticas, aprobar leyes o tomar decisiones de gran alcance salvo en circunstancias excepcionales. La regulación vigente hasta el pasado 13 de marzo era excesivamente rígida, incluso más restrictiva que la legislación estatal, y por ese motivo PP y Vox aprobaron un decreto-ley, para blindar el funcionamiento de los servicios públicos y evitar la paralización administrativa derivada del gobierno regional.

En Extremadura, han pasado más de cinco meses desde que Guardiola decidió adelantar las elecciones y disolvió la Asamblea extremeña. La investidura de la dirigente del PP fracasó en marzo por la negativa de Vox a respaldarla. Desde entonces, la comunidad sigue pendiente de un acuerdo que no llega, con una Junta que mantiene el día a día de la administración pero sin el margen político de un Ejecutivo plenamente investido. Ambas formaciones también unieron sus votos para impedir que la Asamblea de Extremadura controlara la acción del Gobierno regional en funciones. El pasado 20 de marzo, tumbaron la solicitud de un pleno extraordinario por parte de Unidas por Extremadura para valorar cuestiones como los efectos de la guerra de Irán y el proceso selectivo docente.

En Aragón, el escenario es similar. La convocatoria electoral del 8 de febrero, forzada por Jorge Azcón y formalizada a mediados de diciembre, supuso el inicio de la carrera a las urnas y, al mismo tiempo, el final de facto de la XI Legislatura. El propio Azcón reconoció recientemente que "hay determinados acuerdos" que no pueden aprobarse al estar en funciones. También lo admitió el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, al señalar que un gobierno en funciones puede "escuchar y dialogar", pero tiene "muchas limitaciones". Entre ellas, la imposibilidad de alcanzar acuerdos con impacto organizativo o sobre la Hacienda pública. Y precisamente ahí es donde chocan muchas de las reivindicaciones y exigencias que ponen sobre la mesa los partidos durante una negociación de investidura.

A todo ello se suma otra cuestión que preocupa especialmente a los de Feijóo. Si PP y Vox terminan cerrando un acuerdo, los conservadores quieren un Ejecutivo estable. Extremadura y Aragón han conocido una experiencia de coalición entre ambas formaciones que se rompió apenas un año después de echar a andar, cuando Abascal ordenó a sus consejeros abandonar los gobiernos autonómicos. Dos años más tarde, la legislatura volvió a saltar por los aires por la falta de acuerdo para los presupuestos.

Han pasado casi cuarenta días desde que Estados Unidos e Israel iniciaran de manera ilegal la guerra contra Irán. Un ataque con repercusiones ya en todo el mundo, que ha generado una enorme inestabilidad geopolítica y que está causando duras consecuencias económicas para los ciudadanos. Un conflicto que también tiene ramificaciones políticas en todos los países.

En España se están detectando movimientos en el electorado en un momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha convertido en el mayor abanderado del "No a la guerra" a nivel internacional frente a la ambigua posición que mantiene el PP. En este escenario político, Vox se ha convertido en el más fuerte aliado de Donald Trump (Estados Unidos) y Benjamin Netanyahu (Israel). Unos movimientos con poso y que abren un nuevo escenario cuando, para muchos, estaba ya todo escrito.

La pantalla política ha cambiado respecto a hace un mes y se evidencia que la foto de las tendencias demoscópicas, que había dominado hasta ahora el panorama se mueve. Según reflejan los sondeos publicados este lunes de 40dB. para El País y la Cadena SER y de Sigma Dos para El Mundo, el partido de Santiago Abascal está experimentando un frenazo en su ascenso mientras que el PSOE empieza a recuperar terreno y, además, su electorado se moviliza (la abstención y la indecisión son la gran pesadilla de Moncloa y de Ferraz).

Las tendencias que marcan estos barómetros apuntan a una subida del PSOE, especialmente nutriéndose de su espacio a la izquierda, mientras que el PP también recobra pulso por el parón de la ultraderecha, que le estaba provocando una sangría de votos a los de Alberto Núñez Feijóo durante los últimos meses. Desde febrero, el PP ha logrado parar la transferencia de voto hacia la ultraderecha de un 15,2% a un 12,8%, según el sondeo de 40dB. Aunque los bloques no se mueven significativamente, sí la ponderación de fuerzas, lo que puede ser determinante para la lucha por los últimos escaños. Y todo puede cambiar por un puñado de votos. 

En estas dos encuestas se aleja el objetivo que tenía Vox de dar un salto cualitativo y superar el umbral del 20% de apoyo (un porcentaje que, además, supone subir exponencialmente el número de diputados). Según 40dB., el partido de Santiago Abascal estaría ahora mismo en un 18,7%, en tanto que Sigma Dos lo calcula en un 17,1%. Estas cifras se acercan a los apoyos logrados por la extrema derecha en las últimas elecciones de Castilla y León: un 18,9% de los votos. 

El parón de Vox en su ascenso que reflejan las encuestas se produce en mitad del ataque a Irán, rechazado de manera mayoritaria por la población española. De hecho, en el sondeo publicado por El País y la Cadena SER se evidencia que para los ciudadanos Trump es el mayor peligro para la paz mundial, por encima incluso de Vladímir Putin (Rusia) y Netanyahu. El Partido Popular ahora trata de instalarse bajo el lema de "No a la guerra, no a Sánchez" al ver el fuerte rechazo social al conflicto armado.

La ultraderecha ya no vive los días de vino y rosas en los que pensaba que podía convertirse incluso en la primera fuerza del país, con sorpasso incluido al Partido Popular. Se enfrenta, además, a un tenso panorama interno con la lucha de Santiago Abascal y su actual núcleo duro contra algunos de los fundadores como Javier Ortega-Smith e Iván Espinosa de los Monteros.

Y todo ello en mitad de las negociaciones del Partido Popular con Vox para los futuros gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Esto supondrá abrir otra puerta en la legislatura, ya que la ultraderecha tendrá que evidenciar si sabe gobernar tras meses de discurso antisistema. 

Sánchez fue el primer gran líder internacional que se opuso a esta intervención ilegal y llamó a la vuelta de la diplomacia, además de negarse a que Washington utilice las bases de Rota (Cádiz) y de Morón de la Frontera (Sevilla). Y esta postura está siendo avalada por los votantes progresistas y haciendo que vuelva a crecer en las encuestas tras unos meses duros en el Ejecutivo.

Casi un mes después del inicio de la guerra en Irán, el PSOE ha experimentado su mayor subida, según 40dB., desde octubre del año pasado. Respecto a los datos del barómetro de marzo, Sánchez logra ascender casi un punto. Asimismo, mejora dos factores que obsesionan a Moncloa y Ferraz: incrementa su fidelidad de voto y la movilización de su electorado. 

Los dirigentes socialistas siempre señalan que su principal batalla está en la participación de su electorado y en sacar de la indecisión a muchos de los que les apoyaron en las elecciones de 2023. Y este "No a la guerra" está suponiendo un motivo potente para recuperar a sectores progresistas. Además, la última encuesta de DYM para 20 Minutos, publicada a finales de marzo, señalaba que la imagen del Gobierno está en su punto más alto (aunque es de un 4,4) de esta legislatura, una puntuación a la que no llegaba desde julio de 2023.

Diferentes fuentes del PSOE señalan que el partido está en condiciones de ser primera fuerza en votos en las próximas elecciones generales y que la partida sigue abierta a pesar de los vaticinios de las derechas. Asimismo, los socialistas sostienen que necesitan un espacio fuerte a su izquierda para poder sumar el día después y conservar el Palacio de La Moncloa. Por lo tanto, no les sirve para sobrevivir sólo robar votos a Podemos y Sumar.

En cambio, la izquierda del PSOE no consigue subir a pesar de su rechazo rotundo a la guerra. Ese espacio vive en un escenario de fragmentación que lo penaliza, aunque continúan los movimientos durante estos días. El acuerdo para una lista en Andalucía integrada por IU, Movimiento Sumar y Podemos, entre otros, ha supuesto un giro en el guion, aunque desde Madrid Pablo Iglesias ha cargado contra el pacto final por no tener los morados puestos de salida en las listas. El siguiente paso será el encuentro entre Gabriel Rufián (ERC) e Irene Montero (Podemos) este jueves en Barcelona.

Ahí se juega una partida vital para los progresistas. La izquierda transformadora necesita ser competitiva para luchar por la tercera plaza con Vox. El parón de la ultraderecha posibilita esa batalla, pero a los progresistas les hace falta esa unidad para poder ser capaces de arañar escaños en las provincias medianas.