En los reinos de la demagogia hay muy poca distancia entre la medalla y la metralla, es decir, que los que lanzan sapos y culebras por la boca y dejan huellas de lobo en la arena política, luego se presentan como campeones de la democracia y del patriotismo. O sea que lanzan la piedra y esconden la mano, bailan la danza de la lluvia y luego venden paraguas. Se van a Ceuta, por ejemplo, le echan gasolina al fuego del racismo, le lustran de rodillas los zapatos al rey de Marruecos y cuando tienen la suerte —si es que esta falsa crisis migratoria de laboratorio les ha caído del cielo y no están en el ajo— de que se monte la marimorena en la frontera, se ponen el disfraz de Cid Campeador, se rodean de banderas y se ofrecen a resolver el problema que ellos, como mínimo, han ayudado a crear. Alguien mal pensado hasta llegaría a sospechar que el ruido de trifulca y reyerta es ideal para que no se oigan los escándalos de la Comunidad de Madrid, de los que los jefes de PP y Vox no dicen ni pío. 

Si tirar por elevación fuese deporte olímpico, los aspirantes de la derecha y ultraderecha a presidente y vicepresidente del Gobierno se llevarían el oro y la plata de calle, jugando al despiste de hacerle creer al público que compiten entre ellos, cuando, en realidad, son un equipo y se dan el relevo. Lo demás, es puro teatro: sus continuos aspavientos acaparan titulares; sus exageraciones siembran el pánico; su lenguaje va casi siempre de lo histriónico a lo hiperbólico, a menudo cruzando la frontera del insulto, que esa sí que debería de estar cerrada, y haciendo sonar tambores de guerra para dar la impresión de que estamos en una batalla del bien, que representan ellos, y el mal que encarnan la izquierda y Pedro Sánchez. Así que salen a esos escenarios de dios con la guitarra en llamas y arengan a las masas con muletillas ideológicas y mensajes apocalípticos, llevando las cosas tan lejos que hasta allí sólo les puedan seguir los más radicales, los más sugestionables o los más asustados. A veces, quien avisa de que viene el lobo es él.

Que viene Vox, repican las encuestas, y ya hay gente que maniobra para ponerse a su servicio. Su líder ahora vuelve a invocar la Constitución, que estos personajes usan como el Kama Sutra de las imposturas, para pedir que se aplique el artículo 102 y se eche a sartenazos de La Moncloa a Sánchez, por traidor. La verdad es que quien se parece más a un traidor es el propio Abascal, obediente correveidile y eco de Washington y Rabat y siempre dispuesto a hablar mal de España en cualquier sitio donde le pongan un micrófono delante. Este hombre y su socio Feijóo, sin embargo, no son buenos oradores, y cuando quieren pintar un panorama sombrío les sale el eccehomo de Borja. Y tampoco se dan maña con las matemáticas, porque proponen cosas para las que no tienen escaños, de manera que no es que se acerque el enemigo, sino que ellos tiran fuegos artificiales.

Qué parecidas suenan también las palabras “salvadores” y “salteadores”.

Santiago Abascal evita presentar a Marruecos como un Estado hostil, pese a calificar de “invasión” la entrada de más de 70.000 marroquíes en Ceuta el pasado jueves. La actual crisis fronteriza ha dejado ya un centenar de fallecidos según las organizaciones sobre el terreno, pero el líder de Vox obvia este argumento en sus declaraciones públicas. El líder de la extrema derecha española definió desde la ciudad autónoma como  “acto de guerra” la entrada masiva de personas, pero cargó las tintas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que dijo debería ser juzgado y estar en prisión, e insinuó —sin aportar pruebas— que Marruecos podría disponer de información sobre supuestas corrupciones del presidente que explicaría su falta de respuesta ante Rabat.

Así, Marruecos puede ser para Vox, al mismo tiempo, el Estado que presiona, chantajea y agrede a España, pero no aparecer en las críticas sobre la responsabilidad de lo sucedido. Esa parte queda reservada para el presidente del Gobierno, presentado por los ultras como responsable o cómplice de la agresión. A él se le suma otra de las figuras culpables habituales para los ultras: los ciudadanos marroquíes que cruzan la frontera, convertidos en el rostro visible de la amenaza y protagonistas a su vez el eje central de los acuerdos con el Partido Popular bajo la consigna de “prioridad nacional”.

Abascal ya había formulado hace meses, antes de la crisis de Ceuta, esta misma posición en una entrevista difundida por el pódcast WorldCast. “Yo no pienso que Marruecos sea el enemigo”, aseguró el pasado mes de mayo. “Marruecos es una nación vecina con la que tenemos que intentar tener una buena relación basada en el respeto mutuo”. También defendió que para ser buenos vecinos son necesarias “altas vallas” y “fronteras firmes”, y acusó a Sánchez de haber convertido a España en el “perrito faldero” del reino alauí. 

Unas declaraciones que fueron criticadas por otro ultra, el eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez. “¿Cómo va a ser socio un país que nos extorsiona con la inmigración o Pegasus, exporta las mafias que matan a nuestros guardias civiles, amenaza Ceuta, Melilla y Canarias, o nos espía con software israelí?”, planteó, tras recalcar que él estaba de acuerdo con la posición de Abascal de 2021, en la anterior crisis fronteriza en Ceuta, y no con la actual. 

Abascal ha evitado en todo momento mencionar al rey Mohamed VI, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, como responsable de la situación en Ceuta. Y, aunque para el líder de la ultraderecha Marruecos es un vecino peligroso y expansionista, también defiende que España debe conservar una “buena relación”. Mohamed VI funciona sobre todo como representación de la humillación de Sánchez, bajo el lema o pregunta en abstracto de “qué le debe el PSOE a Marruecos”. Abascal lo evoca para describir a un presidente arrodillado ante un soberano extranjero, pero rara vez convierte al rey en destinatario directo de sus exigencias.

Así, los dirigentes de Vox apenas dirigen críticas al monarca alauí, pese a las denuncias que acumula por parte de las organizaciones de derechos humanos. Una de las excepciones la protagonizó el exdirigente de Vox, José Ángel Antelo, en 2024, tras denunciar que el rey había indultado a más de 2.400 presos, pero la acusación se centró en los posibles delitos que esas personas cometerían en España. Antelo afirmó, sin acreditar que fueran a trasladarse al país, que cada “violación”, “machetazo” o robo sería responsabilidad del PP y del PSOE.

En el relato de Vox, Marruecos posee capacidad de decisión. El partido afirma que controla la frontera, instrumentaliza las migraciones, abre y cierra las aduanas según sus intereses y utiliza la cooperación como mecanismo de presión. Juan Sergio Redondo, presidente de Vox en Ceuta, ya había descrito la política marroquí como una “habitual extorsión”. Según Redondo, Rabat ha creado instrumentos con los que “chantajear a España”, emplea estratégicamente la gestión migratoria y “sabe exactamente lo que hace”.

Pero esa claridad desaparece cuando llega el momento de identificar a las personas e instituciones responsables. Apenas se explica qué órgano adoptó las decisiones, qué responsables dirigieron la supuesta operación sobre Ceuta o qué intervención tuvo Mohamed VI. Se señala a Marruecos como un ente, de forma etérea, pero se evita cualquier referencia directa. En cambio, la responsabilidad española nunca es abstracta.

La cautela que Abascal aplica al definir a Marruecos desaparece cuando se refiere a sus ciudadanos. En Ceuta no habló sólo de una entrada irregular o de una crisis migratoria, sino de una“invasión”, tratando de deshumanizar y presentar a todas las personas que sobrepasaron la frontera como un único sujeto hostil, especialmente si estos son musulmanes. Y es que la formación ultra relaciona la inmigración, la enseñanza del árabe y la cultura árabe con una supuesta “islamización de España” y con valores que considera incompatibles con la sociedad española. 

Vox sostiene que Marruecos utiliza a seres humanos como instrumento de presión política, pero al mismo tiempo instrumentaliza a estas personas políticamente, lo que le permite desplazar la responsabilidad sin señalar al poder político. En el imaginario que intentan crear los ultras, se asocia al migrante, también al marroquí, con la inseguridad, con la saturación de la vivienda y de los servicios públicos. El poder marroquí, sin embargo, permanece al otro lado de la frontera y exige un análisis geopolítico más complejo.

Pero a quien sin duda identifica Vox de manera clara es a los menores marroquíes que permanecen en Ceuta. El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, aseguró este jueves que los gobiernos autonómicos compartidos por PP y Vox se opondrán “totalmente” a los traslados pese a que la formación de Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que sí que van a cumplir con la ley. A juicio de Vox, sin embargo, hacerlo no consiste en distribuir a los menores entre los sistemas de protección, sino en “devolverlos ya a Marruecos”. Es más, en una entrevista en Cuatro sostuvo que lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad con los marroquíes es “cazarlos o pescarlos uno a uno”: “Es lo que hay que hacer”, señaló. Una expresión que no fue un accidente ni un desliz verbal. Días antes había utilizado exactamente la misma expresión, “cazarlos”, en una entrevista en Antena 3.

A pesar de los exabruptos de Figaredo, en el caso de menores, también de los marroquíes, que llegan a España, la norma aprobada el pasado año es clara: se debe trasladar a menores desde territorios en situación de contingencia migratoria extraordinaria hacia otras comunidades y estos territorios no pueden negarse, algo que modificaba etsa ley ya que hasta entonces la reubicación era voluntaria. La acogida de menores migrantes ya fue una línea roja para la formación de Santiago Abascal hace dos años. En julio de 2024, Vox abandonó los cinco gobiernos autonómicos que compartía con el PP después de que los populares aceptaran una reubicación de menores procedentes principalmente de Canarias. 

En los bandazos de Vox con su posición respecto a Marruecos también aparece el Mundial de fútbol. La formación de Santiago Abascal ha trasladado al Congreso como respuesta a la crisis de Ceuta una medida en la que, paradójicamente, coincide con Sumar y Podemos: que Marruecos sea expulsado de la organización del Mundial de fútbol de 2030. La proposición no de ley registrada este jueves por la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, reclama que el Gobierno promueva ante la FIFA la exclusión del país vecino, impida que la final se celebre fuera de España y exija “transparencia y objetividad” en todas las decisiones sobre el campeonato.

La iniciativa permite analizar con precisión cómo distribuye Vox las responsabilidades. La formación ultraderechista describe una “invasión intolerable” protagonizada por más de 80.000 marroquíes (sic), acusa a Marruecos de instrumentalizar la inmigración y califica lo sucedido de estrategia de “guerra híbrida” y de “actos de guerra contra España”. Sin embargo, cuando llega el momento de identificar al responsable político de esa supuesta operación, Mohamed VI, aliado de Estados Unidos, sólo aparece una vez en las cinco páginas de la proposición. 

Vox sostiene que el éxodo contradice la imagen de modernidad que “el régimen de Mohamed VI pretende proyectar internacionalmente”. No afirma que el rey ordenara abrir la frontera, que conociera la operación o que interviniera en ella, como plantean algunos analistas. Tampoco lo menciona en ninguno de los tres puntos que el Congreso debería reclamar al Gobierno. La proposición propone una represalia internacional contra el Estado marroquí, pero despersonaliza la responsabilidad en la cúspide del poder.

Si te acostumbras a ver todo desde un ático, quizá tengas una visión lejana y minúscula del mundo mundial. IDA 7291 y su maromo han sido atacados por una "aticofilia" irresistible —disculpen la cacofonía y el neologismo— y se han dedicado a la compra de áticos por el Madrid de los pudientes. El último, el de Chamberí, pagado por la Comunidad —o sea, por todos— iba a ser dedicado para reuniones, según la propia frutera cuando fue pillada in fraganti por el carrito del helado, y ha decidido venderlo y donar el dinero a los madrileños afectados por los incendios. Mentirosa y cínica, ya veremos si algo más.

Desde tan alto lugar, los incendios se ven de otra manera, aún más si acudes a ellos en pantalón corto y chaqueta presidencial ad hoc. Aunque ni eso ha cumplido, ya propuso en 2023 poner una planta en cada balcón para combatir el cambio climático, del que asegura que en la Tierra siempre ha existido y que la culpa es de Sánchez y los suyos "porque siempre tienen detrás el comunismo". Ella está más por el cambio de ático que por el climático.

A pesar de que el desinformado Feijóo ya pidió un registro de pirómanos, estos solo causan el 2% de los incendios, según los datos oficiales. No hay, pues, terrorismo incendiario ni mafias organizadas. El líder de la oposición —que había mostrado cómo se debe actuar ante los incendios en una famosa foto en la que aparece ante un fuego ya apagado con manguera doméstica, camisa remangada y náuticos sin calcetines— ha dado estos días una explicación sobre el origen de los incendios que me ha hecho poner en duda mi comprensión auditiva y mi paciencia escuchante (búsquenla, a ver si entienden algo: se admiten aclaraciones).

Aunque la crisis climática está incrementando de forma exponencial los efectos de los incendios forestales, algunos personajes como Abascal hablan de fanatismo climático; otros, de fanatismo verde lechuga. Ante la situación tan alarmante, algunos políticos de la derecha-extrema derecha invierten en toreros antes que en bomberos.

Por cierto, la Ley de Montes exige la limpieza de estos, la retirada de restos vegetales y el desbroce a las comunidades autónomas, así como que cuenten con planes anuales para la prevención activa de incendios; no la prohíbe. Y no permite recalificar suelo quemado hasta 30 años después del incendio forestal, excepto por razones imperiosas de interés público de primer orden.

Los análisis sensatos de la situación los dejo a los expertos —a los de verdad, no a los conspiranoicos, que proliferan por doquier—. Sin embargo, parece que las teorías que extienden tales personajes acampan en demasiados cerebros reacios a la información veraz y científica.

Entre las elucidaciones rigurosas, quiero referirme al artículo La ciencia no entiende de ideologías, publicado en el diario Hoy de Extremadura, donde Francisco J. Moral, doctor ingeniero agrónomo y catedrático en la UNEX, escribe que es muy preocupante que, a pesar de la solidez de las evidencias científicas sobre el cambio climático, "todavía haya quien presente esa realidad como una simple cuestión de opinión". O lo que es peor, lo nieguen.

No quiero acabar este asunto sin expresar mi solidaridad con los damnificados de forma directa por los incendios y con los profesionales y voluntarios que han colaborado en la extinción.

Tras el otro incendio, metafórico este, desarrollado por la invasión (sic) de Ceuta por 50.000 marroquíes, con al menos 141 fallecidos en el intento, quizá empujados por la "mafia" alauí-trumpista-sionista, el Gobierno español ha superado la grave crisis con rapidez, pero no se puede obviar que Marruecos es un vecino inamistoso con el que habrá que ponerse un poco más duro y no recurrir solo a la hipocresía diplomática. En el entretanto, la cobarde UE no apoya a España y los fascistas muy españoles y “mucho españoles” acuden a Ceuta movidos por la xenofobia, la aporofobia y la misantropía ideológica. Ellos, los "multiodiadores", son los que sobran.

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José Félix Sánchez-Satrústegui Fernández es socio de infoLibre.

El Mediterráneo se calienta por efecto del cambio climático. No lo digo yo, lo dice la Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change (MedECC) que añade que lo hace un 20% más rápido que la media mundial. Estamos, pues, ante lo que la mayoría consideramos una emergencia climática.

Este calentamiento provoca olas de calor cada vez más intensas y altera los ecosistemas, algo que facilita la expansión de especies propias de países más cálidos. Algunas de ellas son peligrosas para el ser humano: tiburones toro, mosquitos tropicales transmisores de enfermedades como el dengue o el zika o escorpiones amarillos cuya picadura, sin ser mortal, duele mucho.

Mis disculpas a los lectores y lectoras por este alarmismo impropio en mí, pero era necesario llamar vuestra atención. Todavía conservo trazas de ese guionista que fui.

Pero en el Mediterráneo –y más allá– no solo se calienta el agua. También se calientan, grado a grado, las aguas políticas facilitando la expansión de peligrosas ideologías propias de otras épocas que pensábamos que no volverían. Me estoy refiriendo, como habréis podido imaginar, a la ultraderecha.

No, no llegó de golpe. Primero calentó el ambiente democrático hasta que un día descubrimos que nuestro ecosistema olía raro. Mal. Y ya no era el que era. La culpa de este caldeo, igual que el de otros, fue nuestra. Les dejamos que pasaran al grito de “no pasarán”. Porque en política ocurre como en la naturaleza: lo excepcional acaba pareciendo normal. Pero solo para algunos.

El fallo, creo yo, está en pensar que hoy nada ha cambiado porque se parece bastante a ayer. Pero ese es precisamente el camino de la degradación democrática. Y climática.

No hay, de sopetón, un día en que una sociedad deja de ser democrática para ser totalitaria, intransigente, transfóbica, xenófoba, insolidaria, machista, negacionista... fascista en definitiva. Hay muchos pequeños pasos que la llevan a ser cada día un poco más totalitaria. Estamos, pues, ante lo que la mayoría consideramos una emergencia democrática.

Y te levantas un día y ves por la ventana “trumpaldos”, colorido gusano violador que solo se dejaba ver en campos de golf de Florida y en Washington en raras ocasiones. O “mileinubos”, mamífero palermitano que se reproduce apareándose con sus hermanas de camada. O “lepenuras”, especie de hiena tabernaria gala que se alimenta matando y devorando a sus progenitores de instintos supremacistas. O “abascalos”, inusual parásito bilbaíno alopécico de mentón huidizo que se pasa 12 horas al día durmiendo y las otras 12 desvalijando fundaciones financiadas con dinero público a la vez que emite sonidos repugnantes. O “feijoolinos”, diminuta ave que se esconde de sus depredadores entre las hojas de coca y vive en nidos que pagan otros. Incluso “ayusitas”, serpiente con un cerebro básico y diminuto para su tamaño que acaba con los mayores de su misma especie por placer.

Ese es el verdadero peligro: no darse cuenta de que la fauna política cambia. Y que animales peligrosos que pensábamos que no pasearían a sus anchas por España conviven con nosotros. Sí, habéis leído bien. Les estoy llamando animales peligrosos. Y de nuevo presento mis disculpas. Esta vez a los animales.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

Se puede ser a la vez un inútil y un tonto útil, pero ¿se puede ser a la vez patriota y estar del lado de quienes atacan a tu país? ¿Se puede tener principios cuando se está dispuesto a lo que sea para conseguir lo que quieres? ¿Se puede combatir a los enemigos a base de palmadas en la espalda? ¿Se puede decir que España está siendo invadida? Sí, pero sólo en caso de que te refieras a la plaga de la ultraderecha, que se está comiendo el mundo como la cochinilla algodonosa se come las hojas de los limoneros, con la complicidad de la difunta derecha moderada, que en paz descanse, y los votos de quienes no ven que lo que viene no es el paraíso, son los parásitos.

Lo que ha ocurrido en Ceuta parece lo que es: un ataque orquestado, no un problema de inmigración ilegal. Los ataques orquestados necesitan un compositor y aquí se mezcla, como en las verbenas, la música que viene de Washington, Rabat y Tel Aviv. Las imágenes de camiones llenos de jóvenes que se bajan y corren hacia la frontera bajo la atenta mirada de las fuerzas de seguridad de Marruecos, que vigilan que todo siga el plan previsto, han dado la vuelta al mundo, pero el candidato Feijóo y su futuro vicepresidente Abascal, si es que llega a La Moncloa, en lugar de sacarle la Tizona a Mohamed VI, la juntan con la bandera y las usan los dos de muletilla contra el Gobierno. ¿Prioridad Nacional? Manda Vox, la cosa.

Mientras nuestro Cid Campeador de salón, Santiago y cierra la democracia, se hacía unas fotos navegando a Ceuta con cara de estadista preocupado y luego, por lo que sea, se escondía en un hotel, por miedo a pisar la calle y que la calle fuese en dirección contraria, la gente se ahogaba, niños enviados a la muerte por el actual rey de Marruecos, que domina el arte del chantaje recurrente porque de casta le viene al galgo, y porque de la extorsión siempre se saca tajada cuando estás bajo el paraguas de la Casa Blanca. Su nuevo desafío tiene al fondo, igual que siempre, la reivindicación de Ceuta y Melilla; así que el PP actual y su socio se pueden vestir de soldados de Flandes e ir por ahí con pinta de cuñado en una despedida de soltero, pero lo que están haciendo uno y otro es colaborar con quien amenaza esa integridad territorial de la que tanto hablan en sus discursos.

De la incongruencia a la indecencia hay unas letras de nada. Será que hay a quienes les resulta imposible meter en el mismo saco sus ideas —si es que decir a todo que no es alguna clase de idea— y sus intereses. Se llama cinismo y está haciéndose con el control de este desdichado planeta.

Debe de ser muy duro levantarse cada día en una magnífica casa, en una de las zonas más acomodadas de Madrid, y subir a un coche que te lleva al Congreso de los Diputados. Antes de salir, ese hombre político quizá se mire en el espejo, tratando de encontrarse y reconocerse en su rostro, en su mirada. Se dirá para sus adentros que él será el próximo presidente de su país. Pero, cuando observa con atención, el espejo le devuelve otra imagen, un alter ego que no es el suyo: a veces el rostro de Abascal; otras, el de Ayuso, dos figuras con mayor fuerza mediática.

Entonces, Feijóo se repite que no puede ser, que necesita atraer los focos hacia él, hacia sus discursos, y combatir esa capacidad mediática que siempre parece jugar en su contra. Después desfilan por su cabeza las meteduras de pata, las frases desafortunadas, todas con algo en común: seguir la estela de Abascal y Ayuso, crear polémicas donde no las hay, revolcarse en el fango y enfangar la política con un único propósito: alcanzar el poder como sea.

Feijóo no es un político brillante en ningún sentido. Es torpe al comunicar, capaz de retorcer cifras para sostener algunos discursos y reincidente en afirmaciones que apenas resisten una comprobación. Quien lo escuche encontrará en sus palabras demasiados guiños a la xenofobia, al antifeminismo y al negacionismo climático.

Su última aportación a la causa obrera ha sido presentar las bajas laborales como absentismo, y hacerlo precisamente ante empresarios, mientras cada año quedan sin pagar millones de horas extraordinarias a los trabajadores. Feijóo, el supuesto hombre tranquilo y moderado, nunca ha hecho verdadera gala de esos adjetivos, ni siquiera cuando presidía la Xunta de Galicia.

La diferencia es que allí el PP controla buena parte del poder mediático y esa maquinaria le pulía la imagen. En Madrid, aunque los medios afines también intenten abrillantarla, la competencia es feroz. Abascal y Ayuso suelen ocupar las primeras planas, y en Telemadrid manda Ayuso como él mandaba en la TVG.

En fin, Feijóo es un político mediocre, pero es el líder que el PP ha colocado al frente. Supongo que muchos días se acordará de Pablo Casado y de su caída después de enfrentarse a Ayuso y cuestionar la conducta de su hermano. Ahora asistimos a algo parecido, aunque esta vez la respuesta es el silencio.

En el centro están los negocios de la pareja de Ayuso, las acusaciones de fraude fiscal y unas explicaciones que han rozado lo grotesco. Todavía resuenan las carcajadas de ambos desde su magnífico ático, una vivienda rodeada de preguntas incómodas.

Feijóo no se atreve a alzar la voz ante un caso de fraude fiscal ni ante las sospechas de trato de favor del Gobierno de la Comunidad de Madrid hacia el Grupo Quirónsalud. No sabemos si calla por miedo, por cálculo político o porque, en el fondo, considera normales este tipo de prácticas.

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Carlos Brage es socio de infoLibre.

Cada verano, mientras los incendios forestales asolan distintos puntos del país y los servicios de emergencia luchan contra las llamas, el debate político también se llena de desinformación. La actual ola de incendios, que ha afectado a Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha, no ha sido una excepción. A medida que avanzaban los fuegos, dirigentes de PP y Vox reactivaron un discurso que minimiza el papel del cambio climático y pone el foco en la gestión forestal.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha calificado de “irresponsabilidad política” la difusión de bulos sobre los incendios. Sin embargo, durante estos últimos días varios políticos han usado las ruedas de prensa y las redes sociales como altavoz para difundir desinformación.

El discurso más frontal contra la evidencia científica proviene de Vox. La formación de extrema derecha ha aprovechado la oleada de incendios para reactivar su argumentario negacionista. El 20 de julio, el diputado en la Asamblea de Madrid, José Antonio Fúster, cruzó todas las líneas rojas del consenso científico al afirmar que la acción del hombre no es la causante del calentamiento global. “La Tierra, el mundo, el sistema solar tiene sus propios tiempos y hace lo que le parece. No es el hombre”, afirmó, asegurando además que “los paneles científicos” se estaban “echando un pelín para atrás” en la idea del origen humano del calentamiento global, una afirmación que no se corresponde con el consenso científico internacional, respaldado por organismos como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que en su último informe sobre cambio climático señala la influencia humana como principal responsable del calentamiento a un ritmo sin precedentes.

A partir de esas declaraciones, la maquinaria del partido se ha centrado en desvincular el clima del fuego. En su cuenta oficial de X, publicaron que no hay cambio climático, sino “una ideología criminal, incompetencia y abandono”. Al mensaje adjuntaban una imagen que indica que si los montes no se limpian en invierno, arden en verano. El mensaje elude que la limpieza y la gestión de los montes son competencia de las comunidades autónomas, incluidas aquellas donde gobierna Vox en coalición y dirige áreas como Medio Ambiente en Aragón o Medio Rural y Política Ambiental en Castilla y León.

En esta línea han seguido otros representantes como Iñigo Henríquez de Luna, diputado en la Asamblea de Madrid, quien la semana pasada acusó reiteradamente a otros políticos (y en especial a Pedro Sánchez) de utilizar el cambio climático como un “burladero” para esconder su responsabilidad en la prevención y gestión. Por otro lado, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y el propio Santiago Abascal, atribuyeron la falta de medios contra los incendios a la “corrupción” del Gobierno central, llegando a calificar a Sánchez de “plaga”. Ninguno de los tres aportó datos, informes o ejemplos concretos que sostuvieran esa relación directa entre corrupción y escasez de medios de extinción.

Por su parte, el portavoz de Trabajo y Campo de la formación, Rodrigo Alonso, completó ese argumento asegurando que los incendios activos no se deben al cambio climático, sino a la falta de “trabajos de desbroce” y a que no se ha “limpiado el campo adecuadamente”. La Ley de Montes, aprobada en 2003 por el Gobierno de José María Aznar, establece obligaciones que contradicen esa afirmación. La norma exige la limpieza de los montes tanto a los propietarios privados como a los ayuntamientos, y demanda a las comunidades autónomas la elaboración de planes anuales de prevención de incendios. Entre esas medidas antiincendios deben figurar trabajos de carácter preventivo como los tratamientos selvícolas, que incluyen la eliminación de matorrales y la poda.

Isabel Díaz Ayuso y Feijóo han ignorado en diversas ocasiones la propuesta de un Pacto de Estado contra el cambio climático que propone el Gobierno. En cambio, Ayuso ha reclamado este lunes que se escuche “a las gentes del campo, que son quienes de verdad conocen lo que pasa en los montes”, denunciando “dificultades para limpiar los montes y para trabajar en sus propios terrenos”. Tampoco la Ley de Montes respalda esta interpretación. Los permisos solo son necesarios para quemas o uso de maquinaria en periodos de riesgo, y su tramitación depende de cada comunidad autónoma. Algunas, como Castilla y León o la propia Comunidad de Madrid, solo exigen una declaración responsable en el caso de extraer matorrales de más de 1,5 metros o realizar podas mayores.

En la misma línea se ha pronunciado este lunes Alfonso Serrano en el programa Todo es mentira. “¿El cambio climático explica parte de lo que está pasando? Sí. ¿Que ahora existe un exceso de burocracia que impide a la gente del campo hacer lo que antes hacían? También”, ha asegurado. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de Sánchez de utilizar el cambio climático “como mantra” para evitar hablar de su “mala gestión” en materia de prevención de incendios. 

Este discurso no es nuevo. Ya en 2022, Ayuso definió la agenda climática como una posible “gran estafa” ante la Asamblea de Madrid. La misma dirigente que meses después, en el debate electoral del 28M, prometía “llevar naturaleza a los patios y a las azoteas” para que “cada balcón de Madrid tenga una planta”, ha mantenido en paralelo, año tras año, un discurso agresivo contra las políticas climáticas.

El año pasado Vox ya achacaba los incendios en España al fanatismo climático y las políticas medioambientales de la Agenda 2030. Esta no es una ley ni una norma jurídica, por lo que no autoriza ni prohíbe nada a nivel estatal o autonómico, sino que es un compromiso internacional de Naciones Unidas para la protección de los ecosistemas terrestres.

Mientras los bomberos siguen trabajando sobre el terreno, la legislación vigente mantiene desde hace más de dos décadas obligaciones concretas sobre la gestión de los montes y reparte responsabilidades entre propietarios y administraciones. Ese marco legal contrasta, sin embargo, con un debate política en el que cada verano resurgen afirmaciones que cuestionan tanto el consenso científico sobre el cambio climático como el alcance real de la normativa forestal.

Pedro Sánchez confirmó este martes que no habrá pacto de Estado frente a la emergencia climática mientras el Partido Popular no abandone el negacionismo climático. Lo dijo en su comparecencia semestral en Moncloa, con ocho grandes incendios activos en España y más de 170.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año, seis veces más que en el mismo periodo de 2025.

“El negacionismo es el peor de los combustibles ante la emergencia climática”, insistió Sánchez. Negar la realidad y las alarmas de la ciencia no prepara al país. Al contrario, según el presidente, lo hace más vulnerable y más inseguro.

En una intervención ante los medios, convocada para hablar del curso político —la última de la legislatura por estas fechas—, ligó esa advertencia al balance humano de los incendios. Habló de más de una decena de víctimas mortales, de familias confinadas en sus casas y de personas que han tenido que abandonar sus hogares. Con agosto y septiembre todavía por delante, y con una nueva ola de calor anunciada por la Aemet, insistió en que la pregunta pendiente es “qué más tiene que pasar” para que el conjunto de las fuerzas políticas respalde el acuerdo.

“La emergencia climática mata; el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante”, afirmó.

El pacto de Estado frente a la emergencia climática no es una propuesta nueva. Sánchez recordó que lo planteó en el verano de 2025, en plena campaña de incendios. Desde entonces, explicó, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha coordinado un proceso que ha recogido más de 4.000 aportaciones de 1.500 personas. El resultado se presentó en septiembre de 2025 en Ponferrada, en la comarca de El Bierzo.

Sánchez situó la trascendencia de ese acuerdo por encima de cualquier otro. Lo definió como “el acuerdo de país que más necesita España”. E insistió en que no es una opción, sino una obligación compartida entre fuerzas políticas, agentes sociales, comunidad científica, ONG y administraciones.

¿Y por qué, entonces, es tan difícil llegar a un acuerdo con el PP? “El PP quiere un pacto contra los incendios, pero no quiere un pacto sobre una de las principales causas que provocan los incendios”, afirmó. Y la unidad en la respuesta a las emergencias ya existe. La citó como ejemplo en la coordinación entre administraciones que se está viendo estos días en Castilla y León (por el incendio de Ávila), Madrid y la Comunitat Valenciana (por el fuego de la Vall d’Uixó, en Castellón).

Lo que falta, según su planteamiento, es un acuerdo sobre la prevención y sobre la reconstrucción de las zonas afectadas. Y eso, dijo, exige reconocer que la emergencia climática multiplica los riesgos de incendio, así como de otras catástrofes, como la que causó la dana en València en 2024.

Sánchez situó el pacto como una demanda ciudadana al recordar una visita a El Bierzo hace un año, donde vecinos y miembros de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) le trasladaron la necesidad de un acuerdo que trascendiera los cuatro años de una legislatura. La gestión de los montes y la respuesta a las olas de calor, las danas y las sequías, dijo, requieren políticas sostenidas en el tiempo.

Sánchez apeló también a lo que llamó “el elefante en la habitación”. Sostuvo que la ciencia exige actuar en dos frentes a la vez: la mitigación, es decir, la reducción de gases de efecto invernadero, y la adaptación a un clima que ya ha cambiado. “Tenemos que hacer las dos cosas”, dijo.

El presidente reprochó a los gobiernos autonómicos del PP y Vox que, a su juicio, conviertan a algunos de sus líderes en portavoces de bulos sobre la gestión forestal. Mencionó explícitamente la ley de montes, de la que dijo que no impide lo que algunos afirman que impide. Y recordó que la limpieza y el desbroce de los montes son competencia de las comunidades autónomas. “Me causa muchísima pena ver a líderes políticos, a representantes de instituciones públicas, convertirse en portavoces de bulos”, declaró.

Sánchez trazó una línea entre el pasado y el presente del PP en materia energética. Recordó que, cuando llegó al Gobierno en 2018, España tenía un impuesto al autoconsumo, conocido como el impuesto al sol, que frenaba la expansión de las energías renovables. La potencia instalada de energías limpias, según los datos que citó, ha pasado del 47% en 2018 al 72% actualmente, con un 60% del mix eléctrico procedente de fuentes limpias.

“Quienes ayer frenaron, precisamente con el impuesto al sol, el despliegue de las energías renovables son los mismos que hoy acuerdan con la ultraderecha, allí donde gobiernan en los territorios, el frenazo, el parón de las energías renovables”, acusó. Citó como ejemplos Aragón, Extremadura y Castilla y León, comunidades gobernadas por el PP en coalición con Vox.

Es precisamente esa política la razón por la que el Gobierno no espera que las comunidades gobernadas por PP y Vox se sumen a sus medidas, como la red de infraestructuras de refugios climáticos que presentó un día antes de la comparecencia.

Para contraponer lo que el Gobierno está haciendo en materia de lucha contra el fuego, Sánchez también detalló el refuerzo presupuestario del dispositivo estatal contra incendios. Según los datos que aportó, el presupuesto destinado a la prevención ha aumentado un 30% entre 2024 y 2026, y el de extinción, un 34%. La financiación de las BRIF, dependientes del Ministerio de Transición Ecológica, ha crecido un 47%, con un nuevo convenio que reconoce su trabajo durante todo el año. Anunció, además, la compra de siete nuevos aviones anfibios que se incorporarán a partir de 2028.

Pero con eso no basta, subrayó. La acción unilateral del Estado tiene límites. “Estamos haciendo mucho, pero no es suficiente”, reconoció. Hace falta la unión de todas las administraciones, desde el Gobierno central hasta los ayuntamientos y las diputaciones, porque en la prevención estas últimas tienen competencias decisivas.

Sánchez se declaró dispuesto a hablar con las fuerzas políticas y a convocar una Conferencia de Presidentes sobre el pacto climático. Recordó que ha convocado más conferencias de presidentes que ningún otro jefe del Ejecutivo desde el inicio de la democracia. Citó como precedente la conferencia celebrada en La Palma, en la que se reforzó el Sistema Nacional de Protección Civil.

Pero matizó esa disposición. Dijo ser “un poco precavido” porque, en los gobiernos donde el PP pacta con Vox, no observa “una voluntad clara y firme de luchar contra la emergencia climática”, sino todo lo contrario.

Sobre una eventual reunión con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez dijo que el Gobierno está siempre abierto a hablar con la oposición. Añadió el deseo de que esa oposición fuera constructiva y no destructiva, y se remitió al Congreso, donde aseguró que su grupo parlamentario y el ministro de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantienen contacto con todas las formaciones. “Si tienen a bien unirse a este pacto de Estado, pues bienvenidos sean, tienen las puertas abiertas”, afirmó.

Sánchez cerró su argumento con una idea que repitió en distintos momentos de la comparecencia. La emergencia climática, dijo, no tiene ideología y afecta a todos por igual, también a los vecinos de los territorios gobernados por el PP y Vox. Mientras esa premisa no sea compartida por todas las fuerzas políticas, el pacto de Estado que propuso hace un año sigue sin contar con todas las firmas que necesita para desarrollar medidas que trasciendan una legislatura o un eventual cambio de Gobierno.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, compareció el domingo en la sierra oeste de Madrid para hablar de los incendios que arrasan España este verano, pero no pronunció la expresión “cambio climático”. Describió, eso sí, un fuego “condicionado por unas condiciones meteorológicas muchas veces imprevisibles y que cambian varias veces a lo largo del día” y avisó de que, si no llueve, “nos quedan todavía dos meses y medio muy duros”.

Feijóo venía de participar el sábado en Santiago, en plena emergencia, en los actos religiosos del Día de Galicia. Y se presentó en la sierra oeste de Madrid a unas horas de emprender viaje, este mismo lunes y sin que la catástrofe esté ni mucho menos resuelta, hacia Perú para presenciar la toma de posesión de la ultraderechista Keiko Fujimori como nueva presidenta.

Preguntado acerca de si veía viable un pacto de Estado entre el PP y el PSOE frente a la emergencia climática, a la vista de lo que está pasando, esquivó la cuestión. “He venido a hablar de cómo podemos extinguir y cómo podemos acometer una situación crítica. Yo no he venido a hacer ningún tipo de declaración de contenido político. Ninguna. Se sabe muy bien el tiempo que cada uno lleva gestionando, se sabe muy bien qué es lo que ha hecho cada uno en los años de gestión de su gobierno y sabemos cuál es la situación en este momento. Habrá momento para el análisis, habrá momento para la respuesta a su pregunta, no tenga la menor duda de que sí”, respondió.

Once días antes, en Los Gallardos (Almería), donde el fuego acabó con la vida de 13 personas, el líder del PP había ido más lejos. Entonces relacionó los incendios con “determinadas leyes restrictivas, que a veces no facilitan el desbroce y que a veces no facilitan la prevención”, y pidió un “gran acuerdo nacional” para revisarlas.

La propia Isabel Díaz Ayuso abundó este lunes en el mismo bulo: “Atendamos a las gentes del campo, que son las que de verdad conocen lo que pasa en los montes”, y cuyos problemas pasan por las “dificultades para limpiar los montes, para trabajar en sus propios terrenos”.

Esa misma tesis, culpar a la legislación ambiental antes que al calentamiento global, es la que sostiene Vox desde su fundación. Feijóo y el PP no la han copiado de forma literal. Pero coinciden en el diagnóstico y en la omisión.

Jorge Buxadé, coordinador nacional jurídico de Vox, lo describió en agosto de 2025 como un “bipartidismo pirómano” que “ha aprobado leyes, reglamentos” y ejecuta “políticas que han permitido y permiten la destrucción del territorio nacional”. Acusó a PSOE y PP de aplicar durante cuatro décadas una agenda que, a su juicio, favorece esa destrucción.

Santiago Abascal fue más lejos este fin de semana: habló de Pedro Sánchez como Nerón, atribuyéndole el origen del fuego y vinculando, en una declaración sin fundamento alguno, incendios, dana y apagón en un mismo relato. “España se quema, pero también hemos tenido que decir últimamente: España se inunda, España se apaga. Los desastres repetidos en España no son solo accidentes y fatalidad; están directamente relacionados con la corrupción, con el fanatismo y con la mafia”, dijo. “El fanatismo climático, porque impide la prevención, como en la dana, como en el apagón o como en los incendios, y se convierte en excusa para no invertir en medios de respuesta”.

Vox necesita ese relato para sostenerse como partido negacionista del cambio climático sin quedar aislado cuando arden cientos de miles de hectáreas y se multiplican las evidencias de que el clima se está extremando, tal y como anticiparon los científicos. Culpar a la ley y no al clima le permite mantener su tesis de fondo, que el calentamiento global no explica los incendios, sin negar el fuego que todo el mundo ve.

La realidad es que la ley de montes, aprobada en 2003 y modificada en 2006 y 2015, no prohíbe limpiar ni desbrozar terrenos forestales. Establece un marco de autorizaciones para ciertas actuaciones, pero no las impide. No es cierto que exista una prohibición legal de limpiar el monte.

Más del 70% de la superficie forestal española es de titularidad privada. Así que la responsabilidad de gestionarla recae, en primer término, sobre el propietario. Lo que la ley sí hace es prohibir el cambio de uso de un terreno forestal quemado durante los 30 años siguientes al incendio. Una cláusula que busca eliminar el incentivo económico para provocar fuegos, pero que no impide la prevención.

El problema no es un exceso de protección legal. Es la ausencia de gestión activa. El 81,52% de los espacios forestales españoles carece de un plan de ordenación forestal, según datos recogidos en el Congreso Forestal Español.

El abandono rural es el factor socioeconómico que mejor explica la extensión de los incendios. Casi nueve de cada diez localidades afectadas por el fuego han perdido población en lo que va de siglo. España perdió 5,3 millones de habitantes en zonas rurales entre 1960 y 2021.

Los municipios golpeados por grandes incendios perdieron, de media, un 8,61% de su población entre 2011 y 2023. Sin actividad agrícola ni ganadera, el matorral se acumula sin control y el combustible vegetal se extiende sin interrupción.

De lo que Abascal no quiere hablar, y ahora Feijóo tampoco, es de que el cambio climático añade un segundo factor, medible y creciente. Un estudio de atribución climática concluyó que el calentamiento global hizo 40 veces más probables los incendios mortales del verano de 2025 y elevó un 30% la intensidad del fuego. Las olas de calor que alimentan esos incendios son ahora 200 veces más probables y tres grados más cálidas que en un escenario sin calentamiento global.

Ninguno de estos dos factores, el abandono del territorio y la subida de las temperaturas, aparece en las intervenciones de Feijóo sobre los incendios de este verano. Justo cuando se ha visto obligado a pactar el negacionismo climático con Abascal para poder gobernar Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía.

Precisamente en esta última comunidad, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, alertó del calentamiento global como causa de incendios “de dimensión desconocida, explosivos”. Y Vox, su socio de gobierno, desvió entonces la responsabilidad hacia la gestión forestal y la limpieza de montes.

Esa gestión, la prevención y extinción de incendios, es competencia autonómica. En Andalucía la ejerce el propio Gobierno de Moreno, pero el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en esa comunidad no incluye ninguna medida para frenar el aumento de las temperaturas. Todo lo contrario: prevé derogar políticas climáticas autonómicas previas.

El PP gobierna también en Castilla y León, Aragón, Comunitat Valenciana, Galicia y Madrid, comunidades con competencias plenas en prevención y gestión forestal. Ninguna necesita autorización del Gobierno central para desbrozar montes o reforzar sus brigadas.

Pedro Sánchez propuso en agosto de 2025, tras los grandes incendios de ese verano, un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Lo concretó a finales de mes en diez compromisos, entre ellos fondos permanentes de reconstrucción y prevención, brigadas forestales estables durante todo el año y un nuevo modelo de gestión forestal.

El PP respondió entonces calificando la propuesta de cortina de humo. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, dijo que “traer un pacto de Estado sobre el cambio climático es como si en medio de un tsunami traes un pacto para salvar los océanos, no sirve de nada”, y reclamó en su lugar unos Presupuestos Generales del Estado.

Este mismo lunes, intentando pasar por alto que la propuesta tiene ya un año, volvió al mismo discurso y acusó al presidente de utilizar el cambio climático “como mantra” para evitar que se hable de su “mala gestión” y de lo que “no hacen y de lo que dejan de hacer” en materia de prevención de incendios, ignorando de paso que estas competencias son autonómicas. Según ella, además, “durante toda la historia de nuestro planeta el clima ha cambiado, eso es de perogrullo”.

A esta tesis se sumó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según la cual es mejor “dejar pasar” ese debate, porque en realidad “hay muchas causas de los incendios”. “No es momento de dar soluciones de brocha gorda”.

Hace apenas un año, Feijóo todavía reconocía que “el cambio climático existe”, frente a un Vox que lo niega abiertamente. Pero calificaba de cortina de humo vincularlo a los incendios de aquel verano y ponía el acento en la intencionalidad, en “perseguir a las personas que queman de forma intencionada”.

El PP presentó su propio plan, con 50 medidas centradas en ayuda inmediata e incentivos fiscales para la actividad forestal. La medida estrella era crear un censo de pirómanos, en línea con la que tradicionalmente ha sido la principal línea argumental de defensa del PP cuando tiene que hacer frente a los fuegos: la supuesta existencia, nunca acreditada, de una trama organizada de incendiarios. Una tesis que Feijóo ya había sostenido, sin pruebas, cuando presidía la Xunta de Galicia.

Esa lectura dejaba en segundo plano el cambio climático. El PP reclamaba, en cambio, “policías en los montes” y la activación del Ejército, con apenas una mención a la falta de personal y de material que denuncian las propias brigadas forestales.

Cuando los incendios afectaban a Galicia bajo su propia presidencia, Feijóo ponía el foco en el terrorismo incendiario. Una tesis que desviaba la atención de la gestión autonómica, que era la suya.

Este año, cuando la respuesta a la emergencia recae —a petición de las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha— sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, el PP ya no habla de tramas incendiarias. Pide examinar la gestión de la lucha contra el fuego y señalar a sus máximos responsables; en este caso, el Ejecutivo central.

Lo que ha ocurrido esta vez es que, tras los grandes incendios de julio de 2026 en Ávila, Madrid y Toledo, las comunidades autónomas afectadas solicitaron formalmente la intervención del Estado y la activación de la emergencia nacional. El Gobierno de Sánchez asumió entonces la coordinación operativa de la extinción, lo que implica que el mando único de la emergencia pasa a la Dirección General de la Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, y que el Gobierno central se hace cargo de la dirección estratégica y operativa de la respuesta.

Eso, sin embargo, no cambia el modelo estructural de la lucha contra los incendios: en todas las autonomías, la extinción se realiza mediante la colaboración de todas las administraciones. Incluidos los dispositivos estatales. Lo que cambia con la emergencia nacional es únicamente quién coordina y dirige el operativo (el mando único estatal), no el principio de colaboración entre niveles de gobierno ni la participación de los medios propios de cada Administración.

Las polillas son polinizadores vitales para muchas plantas nocturnas y una fuente de alimento esencial para aves, murciélagos y otros animales. Además, son totalmente inofensivas para los humanos. En lugar de matarlas, lo ideal es ahuyentarlas utilizando elementos naturales como bolsitas de lavanda o cáscaras de cítricos.

Para evitar que lleguen a tu casa, simplemente, en España es costumbre apagar las luces interiores si tienes las ventanas abiertas, ya que son fuertemente atraídas por la iluminación.

Y perdonen que insista en eso de la polilla veraniega. Pero es que llevo ya tres o cuatro días, cuando despierto y estoy desayunando, tengo en el cristal de la ventana una cariñosa polilla, inocente, (aún no sé si macho o hembra), pero que me mira con aprecio. Y claro, ni mi café ni mis tostadas le atraen. Ahora sí, cuando toco el limón para exprimirlo y hacerme un zumo, ella (o él) extiende sus alitas y se hace querer. O al menos eso me ha parecido a mí.

Desde mi ventanal contemplo el amanecer del Mediterráneo y me acaricia la brisa del Levante (el Lebeche más bien). Pero la polilla, nada, ni se inmuta viéndome desayunar. Y yo, pasmado aún “con la ingravidez de lo onírico”, contemplo a esa polilla apalominao.

No, las polillas no pican ni muerden. Las polillas adultas que vuelan en tu casa son totalmente inofensivas. No tienen aguijón ni dientes, por lo que no pueden morderte, picarte ni transmitirte enfermedades. Su única meta en esa etapa de su vida es reproducirse. Y sus larvas (orugas) sí que hacen destrozos.

El caso es que, entre las polillas curiosas, cotidianas, y las desternillantes declaraciones de Frijolito y la defensa inútil de sus voceros políticos del PP, me entretienen la mañana y el desayuno. Principalmente esos voceros del PP (Cucarra, “Dóberman” Tellado, Ester Muñoz, Alicia García, Bendodo, Borja Sémper...

“La torpeza y falta de sentido común del líder del PP hace parecer a Vox la opción seria de la derecha”. Por eso existe una gran inquietud en el PP tras los últimos tropiezos de Feijóo: “La sensación es que vamos improvisando”. Y es que las polémicas sobre las bajas laborales y la ‘ley de nietos’, y otras sandeces, reavivan el debate sobre la estrategia de oposición: “Hay que revisar el modo de trabajo”, suena como un eco estúpido y baldío en Génova 13. Feijóo comete, en el fragor de sus discursos, diversos lapsus, errores y confusiones muy variadas y disparatadas. Y de ahí que salgan al quite los voceros del PP para “proteger” a Frijolito de sí mismo y de sus propias sandeces, sobre todo el falso moderado, Borja Sémper.

Sí, porque el Sémper que yo conocí en los años 90 era otro, más agresivo, y algo ”fachilla”, y además íntimo de Abascal. Borja Sémper, ahora, afirma que su relación con Abascal está "a prueba de bombas". No sé, eso de las “bombas” me suena mal, muy mal… Pertenecían los dos a una sección de Nuevas Generaciones del PP del País Vasco muy duras y belicosas. Alguna vez nos enfrentamos con ellos varias veces por siete calles de Bilbo o por el casco viejo de Donosti.

Se acusa a Sémper de pose "moderada": Él, que destacó por un discurso más centrado y abierto durante su etapa en el País Vasco, ha sido criticado por otros partidos, quienes consideran que su tono moderado es solo una "estética vacía". Sus detractores argumentan que, a la hora de la verdad, sus políticas o las directrices de su partido no se corresponden con esa imagen de progresismo o apertura.

También le echan en cara a Sémper muchos lapsus e interpretaciones de sus declaraciones, muy dudosas, sobre cómo defiende al PP y ataca al Gobierno de Pésanchez.

Y se empeña Sémper en “salvar” a Feijóo. Y es que el líder pepero hace lo que puede, pero es víctima de algo más serio. Cuando Asnal dijo eso del que pueda hacer que haga, tendrían que haber enviado un tutorial con una advertencia. “Uno que puede hacer algo va y lo hace, pero es totalmente absurdo y tiene efectos tragicómicos, causa el efecto contrario” ¡Ay, Frijolito, menuda encerrona te han hecho los tuyos (Asnal y PPayuso)!

En España, las polillas políticas (PP) nos atacan con sus larvas (orugas). Ahora, casi ya en año electoral, agujerean las páginas de todos los “media” para que los ciudadanos no tengamos acceso a una historia completa.

Las larvas de esas pequeñas mariposas nocturnas –polillas– no leen. El objetivo de esos bichitos no es aprender o informarse; lo suyo es destruir y dañar con tal de satisfacer su apetito voraz. Esa es su razón de ser.

Y todos los voceros del PP lo saben y lo practican cual polillas dejándonos devoradoras larvas políticas.

Estos tiros en el pie que Frijolito se pega con asiduidad y habilidad cuanto mayor es el desgaste del Gobierno, empieza a ser un clamor entre los populares, más allá del clan de los gallegos que protege en Génova a Feijóo. Tanto que los medios y opinantes habitualmente dispuestos a justificar cualquiera de sus tropiezos han tenido estos días serias dificultades para defender la propuesta del aspirante a ocupar La Moncloa de que los enfermos de baja laboral cobren menos y más mandangas que “parió” el gallego.

En los mentideros de Madrid, principalmente en el Parlamento Autonómico y en el Congreso y Senado, corre como la pólvora la estrategia coordinada, o no, para horadar un nuevo liderato del PP para gobernar España, ya que lo de Frijolito no termina de cuajar.

Y es una pena (jajajaaaa) porque con contrincante como él, Pésanchez tiene más fácil el renovar una mayoría parlamentaria.

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Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre.

“Si el fútbol sirve para algo, es para integrar en la sociedad. Y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros. Somos ejemplo de la integración. El fútbol, al final, es eso. No hablar de lo que ha dicho otra persona”. De esta manera Lamine Yamal se pronunciaba en rueda de prensa esta semana antes de las semifinales del Mundial sobre las polémicas palabras racistas del expresidente Mariano Rajoy respecto al equipo galo.

Yamal lo decía con la camiseta blanca de la selección española que ha causado furor y que se puede ver puesta en miles de personas durante estos días en las calles. España juega este domingo la final del Mundial en Nueva York contra Argentina. Pero el equipo ha desbordado el plano deportivo y ha cautivado a todo un país de una manera diferente a otras ediciones.

La selección española es hoy una foto de un equipo diverso, el retrato de la sociedad actual. Y en la punta de lanza están Yamal y Nico Williams, hijos de inmigrantes. Una imagen que molesta en muchos ámbitos de las derechas, que atacan a estos jugadores especialmente en las redes sociales. En un momento, además, en el que el discurso racista de la “prioridad nacional” se asienta en los pactos del PP y de Vox, frente a la política del Gobierno de coalición con el proceso de regularización de migrantes.

En el campo y en las gradas

Una imagen muy potente durante estos días ha sido la del apoyo en los estadios en Estados Unidos a la selección española, ataviados con las camisetas oficiales, de los actores Javier Bardem y Penélope Cruz, que siempre han tenido un claro discurso progresista y que han sido durante años receptores de insultos por parte de las derechas. Los dos, asimismo, se han dejado ver con Borja Iglesias, un jugador del equipo con posicionamientos políticos de izquierdas y a favor de los derechos humanos y del colectivo LGTBIQ+.

La derecha, que siempre ha querido asociarse con la imagen del país, está, en cambio, desorientada durante este Mundial por el abrazo de la izquierda de manera entusiasta a la selección. Los populares han llegado a pedir incluso que el presidente del Gobierno no acuda a la gran final. Sánchez sí va finalmente al partido en Nueva York tras ajustar su agenda para poder luego desplazarse a Argelia, donde al día siguiente tiene previsto un viaje oficial.

“La selección manda el mensaje de que España es diversa, mestiza y joven. Yamal es ya un referente y encarna la identidad plural y sin contradicciones del país. Es catalán, negro, hijo de migrantes y de un barrio humilde. Nos enseña una forma de ser español diferente al marco establecido por la derecha”, señala la politóloga Anna López Ortega.

“Ahora que la democracia está amenazada por la extrema derecha en el Parlamento, el marco empieza a cambiar”, prosigue la profesora de Ciencia Política, que subraya: “El discurso de ahora de la izquierda sería impensable hace diez años, los progresistas han empezado a reaccionar. Y están hablando actores o personas del colectivo LGTBIQ+, pero también jugadores jóvenes, hijos de migrantes. Envían un mensaje, además, sin crispación y con una sonrisa. Esto demuestra que los símbolos nacionales nunca son neutros. Hablan de un nacionalismo que no es excluyente, sino que es de pertenencia e inclusivo. Demuestra que la lucha por los símbolos no está cerrada”.

Además, pone mucho énfasis en que precisamente los campos de fútbol eran un lugar donde históricamente se han escuchado muchos cánticos racistas. Pero cree que a raíz de la llegada de Vox aumenta la “galaxia” de esos discursos xenófobos: “Ese racismo se ha radicalizado porque hay una extrema derecha en el Parlamento”. “Pero la novedad es que la derecha tradicional, en este caso representada por Rajoy, se ha contagiado de ese discurso y es síntoma de esta época en la que las derechas asumen ese relato”, incide.

López Ortega, autora de La extrema derecha en Europa, analiza, acto seguido, hechos como que el PP haya pedido que el presidente no vaya a la final: “La política española ha llegado a un nivel de polarización como el de Estados Unidos. Para la derecha española, Sánchez es una amenaza existencial, al nivel de un dictador. Se trata de un discurso de deslegitimación del adversario. Además, su objetivo es que su electorado se comporte como un hooligan”.

“Pero la bandera de España que ellos defienden cada vez es más pequeña. No caben ni socialistas ni lesbianas ni musulmanes ni independentistas. No cabe Sánchez”, asegura la politóloga, que hace esta reflexión: “En Ciencia Política tenemos muchos manuales sobre cómo ganar unas elecciones, pero no sobre cómo gestionar las derrotas y hacer una oposición de Estado”.

Hilvana en ese punto: “El PP y Vox están redactando el manual de la antipolítica. Su estrategia es derribar al presidente. Lo hemos visto con métodos como la retórica y el ámbito judicial. Pero en la medida en que se acerquen las elecciones esta presión va a aumentar. Ahora ya está la frontera de las sospechas del recuento electoral. Esto acaba de empezar. Esos mensajes van a crecer. Se busca anular cualquier racionalidad, sólo valen las pulsiones negativas”, reflexiona.

A lo que añade: “El mejor neutralizador del racismo se llama selección española. Se llaman Lamine Yamal y Nico Williams. Están respondiendo sin crispar”.

Yamal, de 19 años, es el futbolista más adorado por los más jóvenes. Y frente a la imagen de deportistas escorados hacia la derecha, el jugador del Barcelona ha tenido gestos como ondear la bandera de Palestina durante las celebraciones de su club. Aunque en los últimos años los nuevos votantes se habían derechizado, en las últimas encuestas, como la de 40dB., el PSOE se ha posicionado como la primera fuerza entre los menores de 24 años. Según López Guerra, estos movimientos se deben a factores como la estrategia digital “inédita” de Sánchez y de los socialistas en redes desde hace un año y la “nueva generación de jugadores que está demostrando que se puede ser español de muchas maneras”. 

El politólogo Toni Aira también introduce otra reflexión sobre lo que está pasando con la selección y su alejamiento de la visión tradicional conservadora: “A la derecha y la ultraderecha les ha afectado bastante su agenda anti-Sánchez, ya que la han priorizado frente al país. Giorgia Meloni, por ejemplo, se ha mostrado beligerante contra Trump, mientras que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal no lo han hecho ante los ataques del presidente de Estados Unidos no sólo contra Sánchez, sino contra el propio país de España”.

“Eso, a ojos de mucha gente, les ha quitado fuerza al PP y a Vox a la hora de defender los colores de lo español. Y han regalado la bandera de la defensa de España a Pedro Sánchez y al PSOE, incluso a Sumar, que hablan de patriotismo real y de la defensa de la voluntad y de la capacidad de decisión propia de España para no plegarse ante líderes como Trump”, describe.

“Esto ha generado un efecto de mancha de aceite que se extiende y cala. Hay mucha gente a la que, sin haber tenido la idea del nacionalismo español incorporada, le ha salido ese sentimiento frente al servilismo del PP y Vox ante el gran emperador”, asegura Aira. “Esto se concentra en esa reivindicación de la selección española en estos momentos. Se ha generado una bola de nieve”, remacha.

Quizá sea este el final, pero aquello que empezó con Garzón continúa de manera formal. Hoy cae el hermano de Pedro, mañana caerá su esposa y después será él. Todo sigue el trámite desde las oficinas de FAES, cansados de soportar a la izquierda real. Y esta izquierda asiste sin hacer nada, con Belarra haciendo de puente y creyendo que es la única de izquierdas en el mundo, pero solo destruye a la izquierda teórica porque otra no es posible. Además, Pedro es un líder muy peligroso, es inteligente y habla idiomas, y eso ya es insoportable.

Por eso todo está programado. La ayuda de Trump es total porque ya lo apunta él y sus leyes; para las elecciones de noviembre en Estados Unidos ya está creando una ley para que no se pueda votar porque él es el rey. Es anular su derrota segura. Y sin oposición ninguna a un absurdo que anula la democracia en un país ejemplo de ella que fue. Todo está ya a punto para que Europa ceda en Madrid, cuna del fascismo europeo, y así acabar con lo poco que queda de Europa. ¿Siempre nos quedará París? Quizá, pero creo que ya es tarde.

España liderará el fascismo con alguien que quizá no sea ni Feijóo, ni Abascal ni Ayuso. Alguien surgirá, pero pronto lo conoceremos. Y Belarra también. Porque MAR ya incluyó a todos estos en su "palante"; ahora habrá que estar atentos a lo que transmite orgulloso, porque es el muñeco del uno, José Mari.

Obviamente detrás de todo están jueces españoles dispuestos a cualquier cosa para recuperar aquel franquismo que conocimos muchos. Y Pedro también se equivocó por abandonar a los jóvenes. La vivienda todo lo entorpece porque no existe futuro. Y esos jóvenes votarían al extremo opuesto a ver si alguien lo soluciona, pero nadie lo hará y el fascismo menos. Rufián dice muchas verdades, aunque muchos sabemos lo que es imposible hacer.

¿Será este el último artículo mío que publicará infoLibre? Solo espero que lo que aquí narro sea un mal cuento. Un cuento escrito por quien conoce el fascismo desde la cercanía. Me alegraré infinito de mi posible error y pesimismo.

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

Ahora que de casi todo se cumplen cincuenta años —disculpas a Gil de Biedma—, hay algunos hitos democráticos que tienen aún más solera. Por ejemplo, uno de los himnos libertarios con mejor poesía y mayor eco fue aquel A cántaros, de Pablo Guerrero, que apareció en 1972 despistando a la censura y calando en los corazones de miles de jóvenes ilusionados con un inminente fin de la dictadura.

Lo he recordado estos días en los que he tenido la oportunidad de salir de la burbuja de la M-30 madrileña para desintoxicar las neuronas de tanta furia y tanto ruido. De Gran Canaria a Valencia, se percibe un silencioso clamor que recorre las venas de la ciudadanía, harta en su mayoría —creo y confío— de ese odio que siembran terminales mediáticas de las derechas y sus dirigentes políticos, pero también esos jueces que comparan a Sánchez con Fernando VII o esos obispos que definen al Gobierno como “una banda de ladrones” (ver aquí).

Es una escena que se repite: te paran en la estación o el aeropuerto, en cualquier cafetería o plaza municipal y te plantean: ¿pero cuándo va a acabar este griterío? ¿Es que no se puede discutir sin insultar? ¿Vamos a permitir que llegue Vox al Gobierno? ¿Por qué la izquierda no se pone de acuerdo? ¿Es que no vamos a acabar nunca con la corrupción?

Evidentemente, uno no tiene respuestas claras y sí muchísimas dudas, pero si pegamos el oído al asfalto escucharemos la insistente reclamación de no sé exactamente cuántos y cuántas votantes progresistas, tan desanimados y decepcionados como deseosos de encontrar nombres, propuestas y motivos para votar con una renovada esperanza que no puede basarse exclusivamente en el miedo a un neofascismo que no es que pueda venir, sino que ya está aquí, ocupando poder en comunidades autónomas y asimilado por el PP de Feijóo como compañero imprescindible para llegar a la Moncloa en 2027. Los pactos PP-Vox en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía ponen nombre al próximo vicepresidente del Gobierno central si los números cuadran: Santiago Abascal.

El martillo pilón de jueces concretos y altas instancias de la judicatura no va a parar, y es obvio que su interferencia en la política hace ya tiempo que descosió las costuras de la separación de poderes sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya movido una ceja; ni la moverá.

Da igual que se condene sin pruebas o que un instructor sustituto se permita decidir si la pareja del presidente del Gobierno pinta o no pinta en una cumbre de la OTAN. Son tantos los límites ya desbordados que cuesta creer que no haya magistrados dispuestos a sentar en el banquillo más pronto que tarde a ese Pedro Sánchez al que aborrecen desde la ley de amnistía y más acá.

De modo que un votante de izquierdas hoy en España no tiene otra que blindarse ante el azote mediático, político y judicial que le bombardea a todas horas, no tanto con el objetivo de hacerle cambiar de bloque —las encuestas indican que eso prácticamente no ocurre— como de llevarle al desánimo, la sospecha y la abstención. A ello, obviamente, contribuyen los escándalos protagonizados por nombres relevantes —otros no tanto— del Partido Socialista.

Así que sí, este otoño tiene que llover a cántaros en el territorio sociológico progresista si las izquierdas aspiran a rearmar un Gobierno de coalición capaz de poner en práctica lo que más temen los poderes cómplices de estas derechas ultramontanas: políticas reguladoras que pongan freno a una voracidad capitalista que desbarata los equilibrios de un supuesto libre mercado y convierte a los ciudadanos en meros consumidores, sin apenas voz y con el voto de su tarjeta de crédito.

Llover a cántaros significa que este otoño Sánchez está obligado a presentar con rigor, claridad y credibilidad unos Presupuestos que todo el mundo sabe que no se van a aprobar, pero que tienen que poner negro sobre blanco una hoja de ruta que mantenga a España en la senda de progreso alcanzada en las dos últimas legislaturas en el plano económico.

Por más que se grite, y asumiendo que vivamos en un fin de etapa, comparen los datos clave macroeconómicos de los años finales del felipismo, de Zapatero o de Rajoy —el final de Aznar chocó consigo mismo y sus mentiras sobre la guerra de Irak y los atentados del 11-M— con la realidad de hoy.

Comprueben los niveles de inflación, los tipos de interés, el desempleo, la deuda, el déficit o —para qué hablar— la famosa prima de riesgo. Por algo PP y Vox no quieren mencionar la economía o el empleo, y cuando Feijóo abre la boca, sube el pan, como ha ocurrido esta semana con el absentismo laboral y las bajas por enfermedad.

Una empanada mental y un nivel de incompetencia cuya única conclusión clara es que, si llega al poder, está dispuesto a aplicar por decreto el ‘programa’ de la patronal: reducir salarios, cotizaciones, pensiones… motosierra hasta quemarla. Poco importa que la OCDE advierta que una de las debilidades de nuestra economía es precisamente el insuficiente crecimiento de los salarios (ver aquí).

Esa gestión rigurosa en lo económico que firma el Gobierno de coalición y que es la envidia de Occidente tiene lagunas, la más enorme, sin duda, la de la vivienda. Ya sabemos que es complejo y que cualquier medida choca con el boicot de las comunidades gobernadas por las derechas, pero es imprescindible un plan más ambicioso tanto en la eficacia como en la habilidad para superar ese bloqueo.

Y tiene que llover a cántaros, un enorme aguacero, a la izquierda del PSOE, donde conviene que todo el mundo repase la letra de Pablo Guerrero (ver aquí), porque “la siesta se acaba” y porque “una lluvia fuerte… limpiará nuestra casa”.

No les queda otra y no tienen margen —si es que aún lo hay— más allá del otoño. Ya están tardando las formaciones que componían el llamado Espacio Sumar en ponerse de acuerdo en un liderazgo creíble, potente y atractivo, que seguramente tendrá que provenir incluso de fuera del propio espacio, para ser ajeno a cualquier contaminación de las disputas previas, de las cuentas pendientes y, por supuesto, de las profundas incompatibilidades declaradas sin disimulo entre quienes un día fueron compañeros y compañeras, unidas en el espíritu del 15-M.

Cito como premisa obligada ese liderazgo sólido y creíble porque nadie que no viva enfermo de sectarismo en el electorado de izquierdas ve complicado un programa electoral común que recoja los anhelos de entre un millón y millón y medio de votantes que no confían en el PSOE para avanzar sin una fuerza potente que tire de él con la zurda y que hoy se inclinan por la abstención.

Leyendo, viajando y escuchando fuera de Madrid —desde una visión progresista de este país y del mundo—, uno concluye que ese liderazgo ha de creer en un Estado plurinacional, en un federalismo profundo y moderno, en una fiscalidad justa y progresiva que contribuya a la solidez del Estado del bienestar, en un Gobierno regulador de los excesos del capitalismo, en reformas de la justicia valientes que equilibren ese sesgo clamorosamente conservador, en una apuesta por la vivienda pública y por controlar la especulación salvaje en el mercado de la vivienda, y en una legislación que ponga límites al uso de la inteligencia artificial para el mal.

Nombres hay para ese liderazgo, y basta fijarse en la contundencia con la que algunas voces de la propia izquierda los machacan sin que hayan abierto aún la boca ni se hayan postulado siquiera para encabezar el reto. Esa tradición ‘vivípara’ y cainita que tanto desgasta…

Pero “hay que doler de la vida hasta creer”. Tiene que llover a cántaros.

Santiago Abascal ha sido durante mucho tiempo una excepción dentro de la extrema derecha europea. Mientras dirigentes como la italiana Giorgia Meloni o la francesa Marine Le Pen calibraban cuidadosamente su cercanía con Donald Trump para evitar que los intereses nacionales quedaran subordinados a la agenda de Washington, el líder de Vox hizo lo contrario. Convirtió su proximidad al presidente estadounidense en uno de los principales activos internacionales del partido, lo que le permitió aumentar su proyección dentro de la órbita del trumpismo y sus aliados.

Esa estrategia parece haber encontrado ahora su primer límite. La defensa pública de Meloni frente a las descalificaciones de Trump ha llevado a Abascal, por primera vez, a discrepar abiertamente del republicano. "No se puede tratar a los aliados como vasallos", afirmó este martes en Telecinco, después de que Trump cargara contra la primera ministra italiana, con quien el líder de Vox mantiene una estrecha relación política y personal. “No es nada bueno que Meloni esté sufriendo este tipo de descalificaciones absolutamente inaceptables”, prosiguió Abascal, para concluir que el estadounidense se está “equivocando”.

Hasta hace apenas unos meses, Meloni era presentada por Trump y su entorno como el modelo de la nueva derecha europea. Ambos exhibían sintonía política y compartían buena parte del discurso sobre inmigración, soberanía nacional o batalla cultural. Pero la relación comenzó a deteriorarse cuando afloraron los intereses de la Administración estadounidense. Primero, a propósito de la ofensiva contra Irán y el uso de bases militares. Meloni evitó implicar directamente a Italia en la operación y defendió que cualquier decisión debía respetar los procedimientos institucionales italianos.

Después llegaron los reproches por unas declaraciones de Meloni sobre el papa León XIV, las burlas tras la cumbre del G7 —cuando Trump aseguró que la dirigente italiana le había "suplicado" una fotografía para mejorar su popularidad, algo que ella negó y calificó de“invención”— y, finalmente, la publicación en Truth Social de una imagen de Meloni acompañada del comentario: "Necesitamos una orden de alejamiento". La primera ministra respondió con dureza: “Estos ataques constantes e injustificados son absurdos. En cuanto a mi popularidad, ser tu amiga no me ha ayudado en absoluto, ni depende de mi relación contigo. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es precisamente lo que siempre he hecho”.

Fue este último episodio el que llevó a Abascal a salir públicamente en defensa de su aliada con una frase inédita en su relación con Trump: "No es normal tratar a los aliados como vasallos". La idea, sin embargo, ya la había expresado antes la propia Meloni, que ha insistido en varias ocasiones que ser aliada de Estados Unidos no significaba renunciar a defender los intereses nacionales italianos cuando chocan con las prioridades de Washington, como ha ocurrido con Irán, Gaza o las críticas a León XIV.

Hasta ahora, tanto Abascal como la cúpula de Vox habían evitado cualquier crítica pública a Trump, incluso cuando sus decisiones afectaban directamente a Europa o a España. Al contrario, justificaron su incursión tanto en Venezuela como en Irán. En el primer caso, rebajaron el tono contra Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada, después de que el magnate la eligiera frente a María Corina Machado. La estrategia de la formación ultra ha consistido en justificar las medidas más controvertidas del republicano y trasladar la responsabilidad al Gobierno de Pedro Sánchez.

Esa postura contrasta con la de otras figuras de la extrema derecha europea, como Marine Le Pen, muy crítica con la intervención en Venezuela. Vox ha sido el último en asumir matices y solo ha dado el paso cuando ha visto atacada a una de los suyos. Abascal defendió a la primera ministra de Italia en Telecinco, la calificó de “amiga y aliada” y le trasladó todo su “respeto y apoyo”. E insistió: “Sería muy bueno que los aliados vean a los aliados como aliados y no como vasallos”. Todo un cambio respecto a su posición habitual.

Cuando Trump amenazó con imponer aranceles a productos europeos, Abascal tampoco criticó la medida. Al contrario, responsabilizó al Ejecutivo español de la situación y sostuvo en el Congreso que, si Italia sufría menos presión, era porque Meloni mantenía una buena relación con la Administración Trump —ironías de la vida—, mientras Sánchez había optado por el enfrentamiento político. Para Vox, el problema no era la política comercial del presidente estadounidense, sino el supuesto aislamiento internacional del Gobierno español.

Ese posicionamiento respondía a una apuesta política mucho más amplia. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Vox ha reforzado su papel como principal interlocutor del trumpismo en Europa. Abascal fue invitado a los actos de investidura del presidente estadounidense, ha participado de forma recurrente en la Conservative Political Action Conference (CPAC) y ha intensificado los contactos con los principales laboratorios de ideas de la nueva Administración republicana. En febrero del pasado año, el propio Trump felicitó a Abascal por "su gran trabajo" en el CPAC celebrado en Washington.

La principal colaboración se produce a través de las fundaciones. Disenso, presidida por el propio Abascal, mantiene una colaboración estable con Heritage Foundation, uno de los think tanks más influyentes del universo conservador estadounidense y pieza central en la elaboración del programa político del segundo mandato de Trump. Ambas organizaciones han celebrado encuentros conjuntos, comparten foros internacionales y varios de sus responsables participan regularmente en las iniciativas impulsadas desde Madrid.

Disenso se ha convertido, además, en la plataforma con la que Vox trata de articular una red internacional de la nueva derecha, especialmente en el espacio iberoamericano. La denominada Iberosfera, impulsada desde la fundación, conecta a dirigentes conservadores y de extrema derecha de Europa y América con un discurso común sobre inmigración, soberanía nacional, identidad cultural y rechazo a las políticas climáticas. En esa estrategia, la alianza con el ecosistema político e intelectual de Trump ocupa un lugar central.

Esa red sigue plenamente operativa. Tampoco se aprecia un cambio de discurso entre algunos de los principales referentes internacionales de Vox. Jorge Martín Frías, director de Disenso, defendía hace apenas unos meses que la organización comparte con la Administración Trump buena parte de su diagnóstico sobre inmigración, libertad de expresión, desregulación económica o el papel de las instituciones europeas. Eurodiputados como Jorge Buxadé y Hermann Tertsch, dos de las figuras con mayor proyección internacional del partido, continúan situando al republicano como uno de los principales referentes del nuevo bloque soberanista occidental.

Por eso resulta especialmente significativa la reacción de Abascal. No porque anuncie una ruptura con Trump —nada indica que vaya a producirse—, sino porque introduce un matiz que hasta ahora había evitado cuidadosamente. El líder de Vox parece haber asumido una estrategia que otros aliados europeos del presidente estadounidense llevan meses aplicando, la de no aceptar de forma acrítica todas sus decisiones. Eso sí, con los ataques de Trump al presidente español, Pedro Sánchez, Abascal sigue sin tener ningún problema. Es más, los secunda, así como su exigencia de que España invierta más en defensa.

En Vox no explican qué motivos hay tras este giro, pero la derrota del principal aliado europeo de Trump, Viktor Orbán, ha pasado factura. La experiencia de los últimos meses ha demostrado que una identificación excesiva con el magnate puede convertirse en un problema cuando la Casa Blanca prioriza los intereses estadounidenses frente a los de sus aliados y la opinión pública percibe a los dirigentes europeos como “vasallos” a su disposición. 

También influye el creciente peso político de Meloni dentro del espacio conservador europeo. Su liderazgo se ha consolidado hasta convertirse en un referente más útil para partidos como Vox que el propio Trump en determinadas cuestiones relacionadas con la gobernabilidad, las relaciones con Bruselas o la gestión institucional, especialmente tras la derrota de Orbán. Abascal apostó por él tras las elecciones al Parlamento Europeo en 2024 y le debe la presidencia de Patriots, pero el ex primer ministro húngaro ya no es una figura con poder institucional.

A ello se suma el contexto interno, con la llamada “prioridad nacional” en el centro del debate. En este escenario, reforzar la imagen de un partido con autonomía política puede resultar más rentable que aparecer completamente alineado con una administración extranjera, especialmente cuando sus decisiones generan incomodidad entre potenciales votantes, como ocurrió con los aranceles y el voto del campo.

Nada de ello significa que Vox haya iniciado un proceso de alejamiento del trumpismo. Las conexiones políticas, organizativas e intelectuales siguen intactas y probablemente continuarán reforzándose durante los próximos meses. La alianza entre Disenso y Heritage Foundation permanece activa y Trump sigue siendo una referencia central en la batalla cultural que libra contra la izquierda y contra las instituciones europeas, tal y como reconoció Abascal este martes. Lo que sí parece haber cambiado es que el líder de la ultraderecha española ha comprobado que incluso las alianzas ideológicas necesitan límites cuando entran en conflicto con sus propios aliados europeos. También porque, llegado el caso, él podría ser el siguiente.

El pacto andaluz no es una cesión (únicamente) del Gobierno de Juanma Moreno Bonilla. También lo es de su líder nacional Alberto Núñez Feijóo. El pacto firmado el jueves pasado en Andalucía cierra un ciclo político auspiciado por Génova en connivencia con sus barones autonómicos. Con él, las cuatro comunidades donde PP y Vox — Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía— , han sellado acuerdos en 2026 incorporan el principio de la llamada "prioridad nacional". La consigna xenófoba deja de ser una excepción para convertirse en un requisito de alcance estatal, tal y como los ultras han defendido. 

Es más, en solo un año el propio Feijóo ha pasado de “comprometerse” a no incluir a Vox en un Ejecutivo nacional a aceptar que los ultraderechistas lo hagan, rompiendo así cualquier tipo de frontera política entre ambos partidos. Los acuerdos autonómicos de 2026 han ido erosionando esa línea hasta casi hacerla desaparecer. Y, en este caso, no hay excepciones. Moreno había sido especialmente crítico con ese principio de “prioridad nacional” y lo había reducido a un eslogan en campaña, pero tras una primera investidura fallida cedió y lo incluyó en el acuerdo con la formación de Santiago Abascal. Andalucía completa el patrón de que allí donde el PP ha necesitado a Vox, ha asumido la "prioridad nacional" y la ha incorporado a su gobierno, en el que ha introducido por primera vez en la Junta una representación de Vox, nada menos que con rango de vicepresidencia.

La consecuencia trasciende, sin embargo, el marco andaluz. Y plantea varias preguntas. Si el dirigente conservador que más había simbolizado la distancia con Vox ha terminado aceptando un acuerdo que incorpora la "prioridad nacional" pese a que únicamente le faltaban dos votos para ser investido, ¿tiene margen Feijóo para rechazar esa misma exigencia en unas generales si ambas formaciones suman? La experiencia acumulada este año permite aventurar una respuesta. Si Vox ha conseguido introducir la "prioridad nacional" como condición en todos los grandes acuerdos autonómicos, resulta difícil imaginar que renunciara precisamente a esa bandera para llegar a La Moncloa.

Desde que llegó a la Junta de Andalucía, Moreno había construido su figura sobre la idea de una derecha amable, pragmática y alejada de las guerras culturales de la extrema derecha. Con él, Andalucía debía demostrar que el PP podía ensanchar su espacio electoral sin mimetizarse con Vox. Pero la realidad ha terminado imponiéndose a ese relato y Moreno pierde su aura de ‘moderación’ mientras deja a Feijóo sin el ejemplo que mejor sostenía su estrategia desde que llegó a Génova. Cuando aterrizó en la presidencia del partido en 2022, quiso diferenciarse de la etapa de Pablo Casado prometiendo centralidad, solvencia institucional y autonomía frente a la extrema derecha. Pero no ha sido así.

En estos años el conservador ha ido borrando, una a una, las líneas rojas con las que trató de presentarse como una alternativa moderada, hasta culminar en el punto actual. Primero aceptó la normalización de los pactos territoriales con Vox. Después asumió que esos acuerdos no eran meros apoyos externos, sino fórmulas de cogobierno. Más tarde toleró que la ultraderecha condicionara políticas públicas en comunidades y ayuntamientos. Y ahora avala que incluso el dirigente más ‘moderado’ del PP incorpore demandas centrales de Vox para conservar el poder. Un peaje que, da por hecho, tendrá que pagar él mismo si quiere alcanzar la Moncloa en el caso de que ambos sumen.

La línea roja más evidente era la de no gobernar de la mano de la ultraderecha. Esa frontera hace tiempo que se desdibujó, pero Andalucía mantenía un valor simbólico especial. Era el territorio que el PP exhibía como modelo de gestión sin estridencias y como prueba de que la mayoría social podía construirse sin asumir el lenguaje de Vox. Con el pacto, esa excepción desaparece. Y con los tres en Extremadura, Aragón y Castilla y León, se consolida el mismo patrón.

Los conservadores aseguran que “el miedo” a los ultras ya no no moviliza a la izquierda y que sus votantes tienen más que asumida la “prioridad nacional”. Es más, sostienen que la mayoría de ellos están de acuerdo con ella y que no tiene “ningún coste”. Sin embargo, para Moreno el coste de este pacto exprés es la pérdida de singularidad. Deja de ser el barón que aspiraba a demostrar que el PP podía ganar por el centro y pasa a ser otro dirigente conservador obligado a pagar el precio de Vox. Para Feijóo, el golpe es mayor y Andalucía se convierte en el espejo de sus renuncias.

Si el acuerdo con Vox se replica a nivel estatal, el PP no podría acogerse al argumento de que las competencias autonómicas están muy delimitadas a la hora de aplicar la "prioridad nacional", que ellos tratan de redefinir todo el tiempo y vinculan al arraigo. Con ambas formaciones en un eventual gobierno del Estado, podrían reformar aspectos centrales de la Ley de Extranjería —entre ellos la reagrupación familiar y el acceso a determinados derechos vinculados a la inmigración— con el objetivo declarado de discriminar a migrantes en España.

Miles de personas nacidas fuera de España han adquirido legalmente la nacionalidad española tras años de residencia. Son ciudadanos españoles de pleno derecho. Pagan impuestos, votan, trabajan y tienen exactamente el mismo estatus jurídico que cualquier otro español. Sin embargo, muchas de las herramientas legales que les permiten mantener la unidad familiar siguen articulándose a través de la normativa de extranjería. Es ahí donde una reforma inspirada por la "prioridad nacional" podría alterar derechos que hoy afectan también a españoles nacionalizados.

El caso venezolano ilustra bien esa dimensión. La crisis política, económica y humanitaria de Venezuela ha llevado durante los últimos años a que muchos de sus nacionales obtengan la nacionalidad española. Y lo han hecho mediante mecanismos de reagrupación o de reunificación previstos por la legislación vigente, precisamente porque España ha adaptado en distintos momentos sus políticas a una situación humanitaria excepcional. El resultado sería que los españoles nacionalizados podrían encontrar más obstáculos para ejercer una facultad que hoy forma parte de su proyecto vital, vivir en nuestro país junto a sus familiares.

Lo que muestran los cuatro acuerdos autonómicos no es únicamente una determinada política migratoria, sino hasta qué punto Vox ha logrado convertir una de sus principales banderas ideológicas en condición estable para pactar con el PP. Aunque hay límites. El artículo 14 de la Constitución proclama que los españoles son iguales ante la ley, sin discriminación por razón de nacimiento o cualquier otra condición. A su vez, el artículo 39 obliga a los poderes públicos a proteger a la familia. Cualquier reforma que estableciera diferencias en el ejercicio efectivo de derechos familiares entre españoles de origen y españoles nacionalizados tendría previsiblemente que superar un intenso escrutinio constitucional y europeo.

La cúpula de Plus Ultra recurrió al empresario de la comunicación Julio Ariza, expropietario del Grupo Intereconomía y peso pesado en El Toro TV, la cadena con la línea editorial más próxima a Vox, en plena investigación judicial contra la aerolínea, en la que la formación ultra era acusación popular. El presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, se apoyó en su "íntimo amigo" –con el que, según se desprende del sumario, estaba en permanente contacto– en la recta final de la instrucción, cuando la compañía buscaba que el partido de Santiago Abascal no impugnara el archivo de la causa. "Me acaba de llamar Ariza. Vox no recurre", anunció Martínez Sola en el chat de directivos, al que ha accedido infoLibre, el 12 de enero de 2023, siete días después del sobreseimiento dictado por la jueza Esperanza Collazos. "Para cerrar del todo el asunto deberían retirar el incidente de nulidad que presentaron ante la Audiencia Provincial. Ya se lo he comentado a Julio Ariza", apuntó unos días más tarde Santiago Fernández Lena, secretario del consejo de administración.

Ariza, padre de uno de los principales asesores del líder de Vox, Santiago Abascal, no fue el único personaje conocido al que recurrió la cúpula de la compañía aérea rescatada para que la ayudaran en sus gestiones con el partido político. Tal y como ha publicado este diario, el juez Manuel García-Castellón también se habría postulado para intermediar entre la formación ultra y Plus Ultra mediante una cena con Abascal supuestamente celebrada del 24 de marzo de 2022, según los chats intervenidos. Lo que los directivos de Plus Ultra querían conseguir de ese encuentro entre el entonces juez en activo de la Audiencia Nacional y el líder ultra era asegurarse de que, en caso de que se archivara la causa abierta contra la aerolínea en los juzgados de Madrid, como finalmente ocurrió el 5 de enero de 2023, Vox no recurriera a la Audiencia Provincial para intentar reabrirla.

Las denuncias y querellas de Vox, el PP y Manos Limpias contra la compañía aérea, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y tres altos cargos del Gobierno por el rescate quedaron tocadas de muerte el 17 de noviembre de 2022, cuando la Audiencia de Madrid concluyó que la jueza del caso, Esperanza Collazos, había llamado a declarar como imputada a Plus Ultra cuando ya se habían cumplido los plazos de instrucción. A partir de ese momento, la causa quedó abocada al archivo. El 5 de enero de 2023, la instructora acordó el sobreseimiento provisional de la misma.

Antes de que Collazos archivara, y antes incluso de que la Audiencia de Madrid concluyera que el plazo para practicar nuevas diligencias por la jueza se había acabado, Martínez Sola –que entonces era vicepresidente en la compañía– envió en junio de 2022 un mensaje al secretario del consejo de administración, Santiago Fernández Lena, que decía lo siguiente: "Me acaba de llamar Julio Ariza. No van a recurrir. Vox. Le he dicho que daba igual, pero que gracias por la información". Martínez Sola vuelve a enviar un mensaje similar el 12 de enero de 2023, cuando Collazos ya había decretado el archivo y la causa solo dependía de que las acusaciones populares o las defensas recurrieran. "Me acaba de llamar Ariza", escribió el máximo directivo de la compañía aérea. "Vox no recurre...", añadió.

La formación de ultraderecha no recurrió, según consta en el sumario, el archivo de Collazos. Pero antes de que se produjera el sobreseimiento de la instructora inicial del caso, el partido de Abascal sí intentó la nulidad del auto de la Audiencia de Madrid que lo provocó (el que dictaminó que la juez había actuado fuera de plazo). Fernández Lena contó el 13 de diciembre de 2022, nada más recibir el escrito de la formación ultra: "Escrito de Vox pidiendo la nulidad del auto de la Audiencia Provincial. Nos lo han notificado esta tarde... no se van a quedar quietos...". "De un primer vistazo no tiene mucho recorrido... pero nos mantiene enfangados", añadió. Acto seguido entró en la conversación el CEO, Roberto Roselli, para añadir: "Pues a ver si Arriza (sic) habla con estos hdp".

Un portavoz de Vox insiste, sin embargo, en que la formación sí recurrió el archivo decretado por Esperanza Collazos, informa Marta Monforte. Este periódico ha pedido a la formación que lo demuestre con el escrito y se ha ofrecido a publicarlo en caso de que se lo facilitaran, pero no lo han hecho. El archivo sí fue recurrido por la Abogacía del Estado (en defensa de la ministra y la SEPI), recurso al que se adhirieron la Fiscalía y Plus Ultra. Esas tres partes reclamaron que el sobreseimiento no fuera provisional, sino definitivo, algo que no impugnaron ni Vox ni el PP. La Audiencia de Madrid rechazó la petición de la defensa de los miembros del Gobierno denunciados.

El 10 de enero de 2023, tras el carpetazo de la instructora, la abogada de Vox, Marta Castro, remitió un escrito al Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid avisando de que aún estaba por resolver dicho incidente de nulidad. Una semana después, lo retiró. Ese día, el 17 de enero, a media tarde, Fernández Lena escribe de nuevo en el chat de directivos: "Hola. Nos acaban de notificar este escrito. Comunican al juzgado que se tenga por no presentado el escrito que te mandé ayer. Pero para cerrar del todo el asunto deberían retirar el incidente de nulidad que presentaron ante la Audiencia Provincial. Ya se lo he comentado a Julio Ariza". Lo cierto es que para cuando el abogado escribió ese mensaje, la Audiencia de Madrid ya había rechazado, unos días antes –el 11 de enero–, el incidente de nulidad de la ultraderecha.

En Vox niegan que Ariza intercediera o condicionara a Abascal para que el partido no recurriera el archivo. Preguntados por infoLibre sobre si el empresario “comentó esta cuestión con Abascal u otro miembro de la dirección” del partido, fuentes de su equipo lo niegan de manera tajante. "Absolutamente no. Insisto. Estamos personados", sostienen. Según el sumario, tras darse por concluido el caso, Vox solicitó el 7 de junio de 2023 que le devolvieran la fianza que había prestado como acusación. Diecisiete meses después, en diciembre de 2025, tras tener conocimiento de las detenciones de la cúpula de Plus Ultra y de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la formación ultra pidió de nuevo su personación.

De todas las conversaciones volcadas por la Policía se deduce una relación muy estrecha entre Martínez Sola, el entonces juez de la Audiencia Nacional García-Castellón y el empresario Julio Ariza, los cuales, según informó Público, viajaron juntos a Cartagena de Indias en noviembre de 2022. "Voy a hablar con Julio Ariza. Íntimo amigo", escribía el presidente de Plus Ultra en 2024 a Federico Lledó, quien fuera administrador de otra aerolínea.

Unos meses después del archivo de la investigación judicial, el 16 de octubre de 2023, Martínez Sola y Roberto Roselli concertaron una entrevista con Ariza en su programa Dando caña de El Toro TV. Después de la gran beligerancia planteada por Vox en los tribunales, Ariza no paró de lanzar elogios a los directivos durante la emisión, avalando en todo momento la legalidad del rescate de 53 millones que el Gobierno había concedido a la compañía.

Ariza dijo en antena antes de plantear ninguna pregunta que la "tormenta política" sobre la aerolínea les había cogido "sin paraguas a ustedes y a nosotros". "Resulta que lo de Plus Ultra era un crédito, están ustedes devolviéndolo tan ricamente, tal como estaba previsto, están controlados por la SEPI al minuto y, además, tenían ustedes 300 trabajadores en ese momento y ahora tienen más de 500", afirmó el directivo de la cadena. Las preguntas, todas fáciles y laudatorias, se acompañaron de imágenes corporativas de la aerolínea. "Me resulta curioso que a ustedes les dan un crédito, pero ese crédito multiplicado por cinco o seis veces se lo dan a algunos competidores suyos y no planteó ningún problema", llegó a decir Ariza, en referencia al rescate de Air Europa. De este tenor fueron las cuestiones planteadas en la televisión de referencia de Vox.

En plena investigación judicial, la cúpula de Plus Ultra consideró la posibilidad de invertir en publicidad en el imperio mediático de los Ariza. "Hoy estaré con Julio Ariza y Manolo [el nombre con el que suelen hacer referencia a García-Castellón]. Estoy pensando si hacer publicidad en Inter economía tv (sic). Al ser un medio ultraderecha no sé si es conveniente", escribió Martínez Sola a Fernández Lena en 2022. "Te la aceptaría?", preguntó el abogado. "Sin ninguna duda", contestó el entonces vicepresidente de la compañía.

El pasado 21 de mayo, después de conocerse la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra, Julio Ariza volvió a intervenir en su programa Dando caña para asegurar que se había limitado a "recibir publicidad" de la compañía. "Nosotros no sabíamos nada de esto, ¿o es que los profetas del reino lo sabían todo? ¿O es que Plus Ultra era el único rescate que se podía poner en cuestión?", se preguntó, como si no hubiera pasado los últimos años muy cerca de sus más altos dirigentes. "Nosotros dimos publicidad de Plus Ultra. Y El Mundo, y la Cope, y El País... Puedo hacer la lista entera y les puedo dar las cantidades", dijo en tono amenazante.

"Dejen de tocarnos las bolas porque en esta casa somos muy prudentes y muy discretos", añadió. "Lo que entonces se sabía de todo esto era casi cero; lo que nos contaban. Cuando vinieron aquí los gestores de Plus Ultra nos contaron unas cosas y nosotros las creímos", prosiguió. "El problema es que, como hay una campaña contra Vox y a nosotros nos pilla en medio porque suponen que somos un instrumento de Vox para la publicidad de Vox y para hablar bien de Vox, pues dicen, vamos a utilizar ahora Plus Ultra para atizarles a estos de nuevo. Pues vais a ir mal por ahí, os va a salir el tiro por la culata porque vamos a dar todos los datos".

Para la edición de esta información este diario envió una serie de preguntas a Julio Ariza con el objetivo de que explicara si efectivamente intercedió ante Vox en favor de Plus Ultra, si se reunió con alguien del partido para ello, si desde la formación le garantizaron que no recurrirían el archivo como quería la cúpula de la aerolínea, si facilitó un contacto entre directivos de la compañía y otro de una entidad financiera y si recibió alguna contraprestación por todo ello. A última hora de la tarde de este miércoles, el empresario rechazó en conversación telefónica hacer ningún tipo de comentario. InfoLibre también se ha puesto en contacto con Plus Ultra, que igualmente ha declinado dar su versión sobre estos hechos.

Juanma Moreno afronta este martes la primera votación de su investidura como presidente de la Junta de Andalucía sin demasiadas esperanzas. El líder del PP quiso acelerar el calendario desde el primer momento aprovechando los casos de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y reclamó una investidura "cuanto antes". El presidente del Parlamento, el popular Jesús Aguirre, fijó el debate para los días 29 y 30 de junio pese a que las negociaciones con la extrema derecha seguían abiertas y sin acuerdo.

La decisión convirtió el debate de investidura en un instrumento de presión política. El PP confiaba en que la proximidad de la votación obligaría a la extrema derecha a cerrar un pacto de última hora que evitara una imagen de bloqueo y el riesgo de una repetición electoral. Sin embargo, el cálculo no ha surtido efecto, al menos por ahora. Los conservadores llegan este martes a la primera votación dos escaños por debajo de la mayoría absoluta —53 diputados frente a los 55 necesarios— y con la negativa expresa de Vox, PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía. Los 15 diputados de la formación de Abascal son claves para obtener esa mayoría. 

Durante las últimas semanas ambas formaciones han mantenido conversaciones discretas, con reuniones alejadas de los focos y un notable hermetismo. Moreno insistió incluso el pasado viernes en que seguiría negociando "hasta el último minuto", admitiendo públicamente que todavía no existía ningún acuerdo cerrado. El barón andaluz en funciones situó a la extrema derecha ante la presión de elegir entre permitir su investidura o empujar a Andalucía a una repetición electoral. En Vox sospechan que ese es precisamente el objetivo de Moreno: culparles del bloqueo para forzar una repetición electoral con la que aspirar a la mayoría absoluta.

Con todo, el discurso que enarboló el presidente andaluz este lunes estuvo diseñado para no dinamitar la negociación con Vox, aunque tampoco asumió sus principales banderas. El conservador responsabilizó al resto de grupos de un eventual bloqueo y evitó asumir dos de las principales exigencias de la extrema derecha: la llamada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas públicas y vivienda, y un endurecimiento de la política migratoria.

Por su parte, desde la dirección nacional del PP se quiso trasladar este lunes un mensaje de respaldo a la estrategia seguida por Moreno. El portavoz nacional del partido, Borja Sémper, defendió que el presidente andaluz ha presentado un proyecto "centrado, reformista y de estabilidad" y evitó presionar públicamente a Vox, aunque apeló a su "responsabilidad" para impedir un escenario de bloqueo institucional. En Génova insisten en que corresponde ahora a los de Abascal decidir si facilitan un gobierno del PP o fuerzan una repetición electoral, y sostienen que únicamente se inmiscuirán en la negociación, como ha ocurrido en las anteriores negociaciones, si afecta a asuntos de política nacional fuera del “acuerdo marco”.

Lejos de facilitar la investidura, la formación ultra ha aprovechado la necesidad parlamentaria del PP para elevar el precio del acuerdo. La formación de Santiago Abascal reclama un pacto programático de legislatura con compromisos concretos en materias identitarias y migratorias, además de garantías de estabilidad para toda la legislatura. Y ya anticipa que este martes votará en contra de la investidura. “En primera [votación], no; y en segunda me parece que no”, señaló el portavoz nacional, José Antonio Fúster. “Que siga por ese camino y saldrá elegido en tercera, cuarta, quinta o nunca”, añadió.

A los ultras les molestó que el candidato del PP evitara asumir su “prioridad nacional” y políticas más duras contra la migración irregular, dos de las líneas rojas que la extrema derecha viene imponiendo en otros acuerdos territoriales. El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, se quejó de ese "olvido voluntario" por parte de Moreno: “No reconoce que hay un problema con la inmigración”, señaló.

Ese equilibrio consistente en mantener un perfil ‘moderado’ sin romper la negociación con Vox explica buena parte de la estrategia del PP andaluz. Moreno necesita los votos de la extrema derecha, pero trata al mismo tiempo de evitar aparecer como un dirigente condicionado por su agenda ideológica, aunque en Génova reconocen que, llegado el momento, le tocará ceder. El mensaje del presidente andaluz, centrado en estabilidad y gestión, no ha servido para desbloquear la negociación, sino que ha permitido a Vox justificar su portazo y elevar todavía más el precio de una eventual abstención o apoyo en segunda votación el próximo jueves.

El PP confía en que el margen de negociación de las próximas horas permita cerrar un acuerdo que salve la investidura. Vox, de momento, mantiene la presión y recuerda que sus votos no serán gratuitos. La formación ultra ya apunta incluso a un horizonte más amplio, recordando que el plazo para investir presidente concluye el 30 de agosto, dos meses después de la primera votación. La precipitación del calendario, lejos de resolver el bloqueo, ha dejado al descubierto el delicado equilibrio sobre el que Moreno aspira a construir su tercer mandato.

A esto se le añade que, durante las celebraciones del Orgullo de este fin de semana en distintas ciudades andaluzas, numerosos asistentes respondieron con abucheos y consignas críticas hacia Vox, en un contexto marcado por el endurecimiento del discurso del partido contra las políticas LGTBIQ+ y de igualdad, en las que incluso se pudo ver alguna imagen de Abascal decapitado. “No, no es una fiesta, ni una reivindicación. Es una exhibición de odio que roza el delito. Y como siempre con dinero público, porque serían incapaces de organizarse sin que tengamos que pagarles la fiesta. Les cortaremos el grifo de la subvención”, señaló la cuenta oficial del partido en Sevilla.

Su portavoz en el consistorio, Gonzalo García de Polavieja, difundió un vídeo en el que pregunta por el presupuesto que le asigna el Ayuntamiento a "un mes de actividades del colectivo homosexual que han concluido con cuatro días de fiesta y desmadre". La ultraderecha defendió que, si aumenta su influencia institucional, pondrá fin a las subvenciones públicas destinadas a este tipo de celebraciones y entidades vinculadas al movimiento LGTBIQ+, reforzando así uno de los ejes culturales de su negociación con el PP. 

“Hay que acabar con la financiación pública de los colectivos LGTBIQ+, absolutamente ideologizados, pues los recursos del Ayuntamiento se deben destinar a servicios esenciales como la limpieza, la seguridad, la movilidad o la ayuda a las familias y colectivos desfavorecidos”, planteó el portavoz ultra, que insistió en que las asociaciones “deben sostenerse principalmente mediante las aportaciones voluntarias de sus socios y simpatizantes”.

El exjuez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, se ofreció, cuando todavía se encontraba en activo, a mediar por los intereses legales y procesales de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros en marzo de 2021, con Vox. Así lo afirmó el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, en un chat de directivos de la compañía, al que ha tenido acceso infoLibre, el 19 de marzo de 2022. La intercesión del magistrado con el partido ultra se iba a producir durante una cena privada entre García-Castellón y el líder del partido, Santiago Abascal que, según Sola, estaba fijada para el 24 de ese mismo mes. A la mañana siguiente del día en que estaba previsto el encuentro, Martínez Sola volvió a entrar en la conversación para decir: "Después os cuento, muy bien el tema de Vox".

La noticia al resto de directivos de la compañía presentes en la conversación –el consejero delegado, Roberto Roselli; el responsable financiero, Alejandro Delgado, y el secretario de consejo, Santiago Fernández Lena– sobre la posibilidad de acceder a la cúpula de Vox (que entonces actuaba como acusación popular en la denuncia presentada contra Plus Ultra en un juzgado madrileño) la dio el presidente Martínez Sola el 19 de marzo. A diferencia de en otros pasajes, el máximo responsable de la aerolínea no se refiere a su amigo magistrado como "Manolo", sino con su nombre completo: "El próximo jueves Manuel García-Castellón cena (privada) con Santiago Abascal de Vox. Se ha ofrecido a hablar de nuestro tema. Quiere un resumen de lo que tiene que decir, aunque mucho ya lo sabe", añade el presidente.

Martínez Sola avisa a sus compañeros en ese mismo mensaje de que lo va a poner en conocimiento de la parte venezolana de la compañía. "Se lo comento también a Rodolfo", se sobreentiende que a Rodolfo Reyes Rojas, entonces máximo accionista de la compañía y ahora en busca y captura internacional, "y a Raif por la parte de allí", en referencia a Raif El Arigie, otro de los accionistas venezolanos de referencia. Después, da instrucciones al resto. "Que cada uno de nosotros aporte ideas y Santiago [Fernández Lena, el secretario del consejo] escriba", dice en el mismo mensaje. "Que no salga el tema de nosotros", prosigue, reclamando discreción. "Creo un chat para este tema", concluye.

En ese momento, la jueza de instrucción 15 del Tribunal de Plaza de Castilla, Esperanza Collazos, tenía abiertas unas diligencias por el polémico rescate de la compañía aérea en las que Vox, el PP y Manos Limpias eran acusación popular. En ellas se encontraban como denunciados, además de Plus Ultra, Bartolomé Lora Toro, exvicepresidente de la SEPI, el organismo de Hacienda que aprobó la ayuda financiera a la aerolínea; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; la ex secretaria de Estado de Economía Ana de la Cueva y el ex secretario general de Industria Raúl Blanco.

Tras el brainstorming puesto en marcha por Martínez Sola en el chat de la cúpula de Plus Ultra, el primero en aportar ideas es Alejandro Delgado, el responsable financiero, que subraya la importancia de los contactos políticos. "En mi opinión, una de las cosas más importantes es poder sentarnos con él y con ahora Feijo (sic)", señala Delgado. Después, Fernández Lena, que como secretario del consejo se encarga sobre todo de temas legales, apunta: "Son políticos. No se mojan ni debajo del agua. Que Manuel [García-Castellón] le haga ver [a Santiago Abascal] que hay una fábula montada alrededor que es importante", sostiene. Luego añade: "Hay dos planos, el político y el judicial. Creo que en este caso nos importa ahora mismo el judicial. Y concluye: "La idea es que, si conseguimos archivar el procedimiento, que no lo recurran".

En esas semanas, en su actividad al frente del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, García-Castellón había recibido un fuerte revés de la Sala de lo Penal de este tribunal. Tras haber reabierto el juez la causa por la supuesta financiación irregular de Podemos a raíz del testimonio del exjefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo Carvajal, El Pollo, los magistrados le dijeron que sus diligencias constituían una "investigación prospectiva". Para investigar la declaración de El Pollo Carvajal, el instructor había reabierto una antigua causa archivada de plano sobre el llamado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), elaborado por la brigada política de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Un año largo después, la formación de Iglesias se querelló contra García-Castellón por ello.

Del resto de las conversaciones se deduce que la cena del juez de la Audiencia Nacional con el líder del partido ultra efectivamente se habría producido. Al día siguiente del encuentro, Martínez Sola volvió a escribir por el chat grupal de directivos a primera hora de la mañana (a las 7.46): "Después os cuento. Muy bien el tema de Vox", redactó el presidente de Plus Ultra. El único que respondió en la conversación fue el financiero Alejandro Delgado, con dos emoticonos de confirmación de dos pulgares en alto.

Preguntados por infoLibre sobre si esa cena tuvo lugar y si en ella el juez le pidió que no recurriera un eventual archivo de la causa, como finalmente ocurrió, fuentes cercanas al líder de Vox niegan que ese encuentro se produjera, informa Marta Monforte. "Ni cena, ni reunión. Ese día estaba en un Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que se alargó hasta la noche", trasladan desde su equipo, que también remarca que García-Castellón "no se ha reunido con nadie de Vox" y añade que, si se hubiera producido, "no tendrían problema" en decirlo. Sin embargo, no hay constancia pública de que ese CEN tuviera lugar el jueves 24 de marzo de 2022. También niegan categóricamente que la implicación del juez provocara que Vox acabara por no recurrir el archivo.

La jueza Esperanza Collazos archivó provisionalmente el caso Plus Ultra el 5 de enero de 2023 después de que la Audiencia de Madrid le hubiera impedido tomar declaración a la aerolínea, a través de su representante, como persona jurídica imputada, al haber transcurrido más de un año desde la presentación de la denuncia cuando la instructora lo acordó. Ese archivo solo fue recurrido por la Abogacía del Estado (en representación de la ministra y los altos cargos denunciados), la Fiscalía y Plus Ultra para reclamar que el sobreseimiento no fuera provisional, sino libre, lo que hubiera impedido posteriormente reabrir el caso. La Audiencia Provincial lo rechazó.

Inmediatamente después de conocer el archivo del caso, la abogada de Vox, Marta Castro, hizo ademán de recurrirlo al anunciar que su formación había pedido la nulidad de actuaciones respecto del auto de la Audiencia que impidió a la instructora imputar a Plus Ultra. Ese escrito, enviado al juzgado el 10 de enero de 2023, fue retirado una semana después: "Por medio del presente escrito procedemos a retirar el escrito presentado el día 10 de enero", dijo en sus alegaciones en otro documento remitido a Collazos el 17 de enero. El PP, que también era acusación popular en el proceso, tampoco recurrió.

El sumario del caso Plus Ultra refleja igualmente alusiones de los directivos de la aerolínea a otra supuesta gestión de García-Castellón a favor de la compañía mientras seguía estando en activo. El entonces juez de la Audiencia Nacional, según el presidente Martínez Sola, habría puesto en contacto a la empresa con la exconsejera delegada de Bankinter Dolores Dancausa y el departamento legal de la entidad financiera con el objetivo de desbloquear 3,7 millones a favor de la aerolínea rescatada.

infoLibre ha tratado de ponerse en contacto con García-Castellón que, sin embargo, no ha respondido a las preguntas enviadas a su teléfono, cuya aplicación de mensajería ha confirmado la recepción de las mismas.

Durante años el presidente húngaro Viktor Orbán fue el gran referente internacional de Vox. Hungría representaba la prueba de que una derecha nacionalista, ultraconservadora y enfrentada a Bruselas podía gobernar y marcar la agenda europea. Pero el tablero ha cambiado y, en paralelo, la organización ha intensificado la construcción de una comunidad política transatlántica articulada en torno al concepto de "Iberosfera".

La idea, impulsada desde la Fundación Disenso presidida por Santiago Abascal, plantea la existencia de un espacio común formado por España, Portugal y los países hispanoamericanos, unido por la lengua, la historia, la religión católica y determinados valores políticos. La Iberosfera no es sólo una un concepto para la formación ultra, es una horizonte geopolítico destinado a construir una red internacional de gobiernos, partidos, fundaciones y líderes ultras a ambos lados del Atlántico.

La apuesta americana de Vox coincide además con una tendencia más amplia de la derecha estadounidense. La nueva Administración de Donald Trump ha recuperado una visión hemisférica de la política exterior de EEUU en la que América vuelve a ser ese espacio prioritario de influencia. En ese contexto, las victorias de dirigentes conservadores y ultraderechistas en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador o El Salvador adquieren un significado que va más allá de la política nacional.

El nuevo mapa americano que mira Vox tiene hoy varios nombres propios. El que más destaca es el de Javier Milei en Argentina, pero en los últimos meses se han sumado nombres como el de José Antonio Kast en Chile y recientemente Abelardo de la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú, a falta de la confirmación oficial. También se mira desde Vox al Salvador autoritario de Nayib Bukele — aunque con ciertos matices— , mientras que las victorias de Santiago Peña en Paraguay y Daniel Noboa en Ecuador, ambos conservadores y proestadounidenses, sirven para completar su relato de cambio de ciclo.

Para Vox, esos gobiernos representan algo más que aliados ideológicos. Son la evidencia de que la derecha radical está encontrando en América el terreno donde puede seguir acumulando victorias en el momento en el que en Europa se ha vuelto más difícil.

La derrota de Orbán en Hungría el pasado abril, unido a la incapacidad de Marine Le Pen para alcanzar — por el momento— el poder en Francia a la espera de la decisión su inhabilitación, el estancamiento de André Ventura en Portugal, la pérdida de influencia de Geert Wilders en Países Bajos o las dificultades de la AfD alemana para romper el cordón sanitario han reducido el número de victorias de la familia política de Vox en Europa.

Incluso Giorgia Meloni, que sigue gobernando Italia, ya no ocupa el lugar de referencia estratégica que tuvo para la formación de Santiago Abascal. La primera ministra italiana ha buscado consolidarse como interlocutora de Bruselas y Washington, ha tomado posiciones más pragmáticas en política exterior y ha evitado alineamientos automáticos con Donald Trump en cuestiones sensibles. Esa evolución ha ampliado la distancia política con Vox.

La derecha radical europea continúa siendo una fuerza ascendente en términos electorales, pero acumula dificultades para transformar ese apoyo en gobiernos estables. La derrota de Orbán, los límites de Le Pen, los problemas de Wilders y la creciente autonomía de Meloni han coincidido con una sucesión de victorias conservadoras y ultras en América Latina. En ese contexto, Vox y la Fundación Disenso han reforzado la apuesta por la Iberosfera como espacio prioritario de influencia política.

Las publicaciones más recientes de la Fundación Disenso reflejan con claridad ese desplazamiento. En abril de 2026, la fundación promovió en Madrid la conferencia "Una Nueva Alianza: por qué las Américas son importantes para el futuro de Europa", organizada por Patriots for Europe Foundation. El objetivo declarado era "fortalecer los vínculos entre las fuerzas patriotas de América y del Viejo Continente" y pasar de la cooperación ideológica a una "hoja de ruta geopolítica práctica".

En el texto publicado en la web de Disenso, se sostiene que América Latina constituye una “reserva estratégica de petróleo, gas, litio, cobre y minerales críticos imprescindibles para la economía europea”. La relación ya no se plantea únicamente en términos identitarios o culturales, sino también energéticos, económicos y geopolíticos. La tesis central es que Europa sólo podrá mantener su autonomía estratégica si estrecha lazos con gobiernos afines en el continente americano. América aparece así como alternativa tanto a la dependencia china como a la influencia de las élites europeas consideradas "globalistas".

Si existe un país que simboliza esta nueva etapa es Argentina. Disenso acaba de publicar el ensayo "El cambio de época: Argentina como catalizador de la libertad en la Iberosfera (2020-2025)", donde el gobierno de Javier Milei es presentado como la demostración práctica de que es posible derrotar a la izquierda y “desmantelar el Estado intervencionista”. El texto afirma que el liderazgo de Milei ha demostrado que pueden desmontarse los "pilares de la estructura woke kirchnerista" y convertir Argentina en el motor de una transformación política para toda la Iberosfera.

No se trata únicamente de simpatía ideológica. Milei fue uno de los primeros dirigentes latinoamericanos en adherirse a la Carta de Madrid, el documento fundacional impulsado por Disenso y Foro Madrid. Argentina se ha convertido así en el principal escaparate del proyecto internacional de Vox.

Las publicaciones recientes de Disenso muestran también otro elemento constante: la reivindicación de la Hispanidad como instrumento político contemporáneo. Artículos como "Ayuso, Sheinbaum y la Hispanidad reducida a bronca política" o "México y el perdón por existir" recuperan una narrativa según la cual España y América comparten una herencia histórica injustamente cuestionada por las corrientes progresistas y los movimientos decoloniales. La Hispanidad aparece presentada como una comunidad cultural que debería convertirse en sujeto político internacional. Esa idea conecta directamente con el concepto de Iberosfera y con la aspiración de construir un bloque conservador transatlántico.

Detrás de esta estrategia hay una figura menos conocida que Abascal pero fundamental para entender el despliegue americano de Vox: Jorge Martín Frías. Director de la Fundación Disenso, eurodiputado y principal arquitecto intelectual del proyecto internacional de Vox, Martín Frías ha sido uno de los impulsores de la red de alianzas con dirigentes latinoamericanos. Él mismo ha defendido públicamente la necesidad de apoyar a fuerzas políticas que compartan una agenda de libertad, soberanía nacional y combate contra la izquierda latinoamericana.

Su nombre aparece de forma recurrente en las actividades internacionales de Disenso: encuentros con think tanks conservadores de América Latina, participación en foros organizados por la Heritage Foundation en Estados Unidos, reuniones con dirigentes opositores venezolanos y coordinación de la red creada alrededor de Foro Madrid.

La victoria del ultraderechista Abelardo De la Espriella en Colombia no tardó en encontrar eco en la derecha española. Tanto Santiago Abascal como Alberto Núñez Feijóo felicitaron públicamente al candidato colombiano tras su triunfo en la segunda vuelta, sumándose así a la oleada de reacciones de dirigentes conservadores y ultras que han celebrado el resultado como un giro político en América Latina.

El líder de Vox fue el más explícito en la lectura ideológica del resultado. “Los colombianos han otorgado la victoria a Abelardo de la Espriella y han dicho basta al narcosocialismo de Petro y sus sucesores”, escribió Abascal en X. En su mensaje, el dirigente ultra enmarcó el triunfo del candidato colombiano dentro de una ofensiva regional de la derecha radical: “La libertad, el orden, la verdad y la soberanía de las naciones se abren camino con fuerza en Hispanoamérica”. “Enhorabuena, querido Abelardo. ¡Adelante Colombia!”, remató.

También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, felicitó al ultraderechista colombiano, aunque con un tono más institucional. “Mi felicitación a Abelardo de la Espriella por su triunfo. Una buena noticia para Colombia y para toda Hispanoamérica”, escribió el líder popular. Feijóo añadió que le desea “acierto en los retos que tiene por delante” y “éxito en la tarea de mejorar la vida de todos los colombianos”.

Las reacciones de Abascal y Feijóo se suman a las de otros referentes internacionales de la derecha y la ultraderecha, que han celebrado la victoria de De la Espriella como un nuevo avance del bloque conservador. Entre ellos, el presidente argentino Javier Milei, que felicitó al candidato colombiano y presentó su triunfo como una victoria de la “libertad económica”, la “prosperidad” y la “seguridad implacable”.

La respuesta desde España muestra dos registros distintos ante un mismo resultado. Vox ha leído la victoria de De la Espriella en clave de batalla ideológica contra el Gobierno de Gustavo Petro y contra la izquierda latinoamericana. El PP, por su parte, ha optado por una felicitación más diplomática, pero igualmente alineada con la celebración del giro político en Colombia. En ambos casos, la derecha española se suma al aplauso internacional a un candidato que ha construido su campaña sobre un discurso de mano dura, orden y rechazo frontal al proyecto político de Petro.