Uno de los asuntos que ha atravesado el discurso de Vox desde su nacimiento ha sido la negación a ultranza de la violencia contra las mujeres y el ataque sistemático a las leyes que la combaten. En 2023, los pactos entre PP y Vox situaban la "violencia intrafamiliar" como uno de sus ejes y evitaban mencionar la violencia de género, una cuestión que se convirtió rápidamente en uno de los principales puntos de fricción y que aprovechó la oposición en acuerdos como los de la Comunitat Valenciana, Aragón y Baleares. 

Tres años después, la violencia machista ha desaparecido de los recientes acuerdos de Extremadura y Aragón. En su lugar, Vox ha situado en primer plano la "prioridad nacional" y la criminalización del uso de los recursos públicos por parte de los migrantes. Una cuestión en la que ha arrastrado al PP. Acuerdos que, en ninguna de las dos regiones, contemplan tampoco la creación de una consejería de Igualdad y en lo que solo se refieren a las mujeres una vez. “No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”, un extracto que justifica la prohibición del burka y el niqab.

Hasta ahora, el discurso de la extrema derecha española no se ha alejado del labrado por sus homólogos europeos. Una oposición ferviente a los derechos reproductivos, como el aborto, una defensa a ultranza de la familia desde su concepción más tradicional y una asociación tramposa de violencia sexual e inmigración son algunas de las bases sobre las que la ultraderecha sienta su discurso. Eso no ha cambiado, apuntan las expertas consultadas por infoLibre, pero sí sus prioridades de cara a la opinión pública.

¿A qué se debe el cambio? Anna López Ortega, doctora en Ciencia Política y experta en extrema derecha, lo interpreta como una combinación de cálculo estratégico y jerarquización de prioridades. "Vox está en un momento de tensión interna y con horizonte electoral cercano, así que ordena su agenda en función de rentabilidad inmediata”. Es decir, qué temas “movilizan más y cuáles desgastan más al rival", explica en conversación con este medio.

Ese cálculo coloca la inmigración en el centro. "Ahí entra la prioridad nacional como el eje que más incomoda al PP y más cohesiona a su electorado", añade López. A su juicio, no hay una renuncia ideológica, sino un cambio de foco. "Es una estrategia de visibilidad, algunos temas se ponen en primer plano y otros se relegan, sin desaparecer”, aclara. Coincide con ella Ana Bernal-Triviño, profesora en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y autora del ensayo ‘No manipuléis el feminismo. Una defensa contra los bulos machistas (Espasa): “Es un cambio de metodología más que de estrategia”.

Así, considera que Vox puede dejar de lado la "violencia intrafamiliar" en un acuerdo de gobierno sin modificar su posición sobre el feminismo o la violencia de género. Y eso se nota en sus políticas. “Si observamos su acción en territorios donde tienen influencia, como la Generalitat Valenciana, vemos señales claras , como el debilitamiento de servicios LGTBI, de que sus posiciones sobre género y diversidad siguen siendo las mismas”, apunta.

Por su parte, Bernal-Triviño recuerda que en los pactos de 2023 “ya se habían producido concesiones”: “Ha habido una reconfiguración de consejerías y concejalías dedicadas a la mujer que se han metido en asuntos sociales y otras áreas. Lo que se ha modificado está hecho ya, no se plantean nuevos dilemas porque ya se ha cedido en esta cuestión”, plantea. En el caso de Extremadura, en 2023 se eliminó la consejería de Igualdad. La primera legislatura de Guardiola arrancó sin esta cartera tras estrechar la mano con Vox. Ella, después de asegurar que no pactaría con quien niega la violencia machista, lo justificó subrayando que las competencias de Igualdad pasaban directamente a Presidencia,

Los acuerdos en Extremadura y Aragón ilustran bien ese desplazamiento. La única referencia directa a las mujeres aparece vinculada a la prohibición del burka y el nicab. Los textos aprobados en los recientes pactos sostienen que no se permitirá la imposición de prácticas que "invisibilizan a la mujer" y vulneran los valores de igualdad y dignidad. La mujer aparece así no como sujeto de políticas de igualdad, sino como elemento de una batalla contra determinadas prácticas asociadas a la inmigración musulmana.

Para López, esa operación responde a un patrón conocido en las extremas derechas europeas: el "femonacionalismo". "Consiste en apropiarse de elementos del discurso feminista  como la igualdad, la dignidad y los derechos de las mujeres, pero resignificándolos en clave culturalista. Ya no se habla de desigualdades estructurales, sino de proteger a ‘nuestras mujeres’ frente a un ‘otro’ que suele identificarse con la inmigración, especialmente musulmana", explica la experta.

No es una estrategia nueva. "Esto lo hemos visto claramente en figuras como Marine Le Pen en Francia o en partidos de Países Bajos, y se intensifica sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el islam empieza a construirse a nivel global no solo como una amenaza de seguridad, sino también como una cultura ‘atrasada’ que supuestamente oprime a las mujeres", añade la politóloga.

De esta manera, la ultraderecha busca presentarse como defensor de la igualdad sin asumir el feminismo ni las políticas públicas de igualdad. "Permite a Vox presentarse como defensor de ciertos valores de igualdad mientras desplaza el foco hacia un enemigo externo", señala López. Pero advierte de la trampa: "En realidad es una falsa defensa de la igualdad, porque no busca ampliar derechos, sino construir un adversario, el islam, sobre el que articular un discurso identitario y excluyente", plantea López. 

Con todo, Bernal-Triviño advierte de que “Vox no se ha hecho feminista”: “Que esto no nos lleve a pensar que cuando lleguen a unas generales, no van a plantear cuestiones que tensen la agenda feminista”, plantea. “Es lo que ya sucede cada vez que la ultraderecha conquista espacios de poder a nivel nacional. Muchas de las leyes que quieren tumbar, solo pueden hacerlo si llegan al gobierno estatal y ese es su principal objetivo”, añade.

Ese mismo patrón ayuda a explicar por qué Vox explota menos que antes el discurso de las denuncias falsas, la supuesta discriminación contra los hombres o la impugnación frontal del feminismo. No porque haya abandonado esas ideas, sino porque ya no necesita formularlas de manera permanente. "Vox ha conseguido algo muy difícil en política: tiene una identidad muy definida y reconocible con una agenda dura en materia de igualdad, inmigración y derechos civiles y no necesita estar recordándola constantemente para que su electorado la identifique", sostiene López.

A su modo de ver, la extrema derecha “puede desplazar ciertos temas, como el de las denuncias falsas, y poner en primer plano otros que ahora le resultan más rentables, como la inmigración, seguridad, prioridad nacional, sin que eso implique una moderación real", apunta la experta. En su opinión, no hay señales de giro en la práctica institucional. "Hay menos ruido en algunos temas, pero el mismo marco ideológico de fondo".

La pregunta es si ese menor ruido también busca reducir resistencias entre las mujeres, ya que la extrema derecha ha tenido más dificultades para atraer voto femenino que masculino. López pide matizar: "Sigue existiendo una brecha de género clara, las mujeres votan menos a la extrema derecha que los hombres. No estamos ante un vuelco, ni mucho menos". Pero esa brecha no es inmóvil. "En algunos segmentos, especialmente entre mujeres jóvenes, sí se aprecia una ligera aproximación", añade Lopez.

Bernal-Triviño sostiene que “el dique” del voto femenino “no ha desaparecido” pero sí admite que es “menos sólido” que antes porque la ultraderecha “ha ganado la batalla por el relato” al lograr que  “muchos jóvenes”, especialmente varones, “digan que las mujeres han llegado demasiado lejos”: “Se han hecho campañas de desinformación muy potentes, con artículos de opinión y podcast, como argumento de autoridad”, sostiene. Así, la experta cree que “no hay menos énfasis” en cuestiones relacionadas con el feminismo, sino que “hay más convencimiento”.

"Esto encaja con un patrón que hemos visto en Europa: el voto femenino se convierte en un objetivo prioritario para la derecha radical en fases más avanzadas de su ciclo político, cuando ya han consolidado una parte importante del electorado conservador", añade López. A partir de ahí, estas fuerzas intentan ampliar base con otros marcos como la seguridad, identidad, malestar económico y acceso a recursos públicos. En esa estrategia está ahora Vox.

Cada vez es más habitual en los plenos del Congreso —en las sesiones de control al Gobierno, pero también en los debates más de fondo— que determinados portavoces conviertan al presidente en un criminal, en un traidor a la patria, en el responsable directo de la muerte de personas o en el agente de una conspiración para islamizar al pueblo español. Los medios hablan entonces de debate "duro" y "tenso". La violencia verbal queda así registrada, distribuida y, sobre todo, normalizada como un fenómeno equidistante.

infoLibre ha analizado los diarios de sesiones de dos plenos de este año —el del 11 de febrero, sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, y el del 25 de marzo, sobre la guerra en Oriente Próximo— para hacer algo que la crónica del directo impide: leer con calma lo que se dijo, identificar quién lo dijo y evaluar si el lenguaje pertenece al debate político o a otra cosa.

Para este análisis hemos manejado cuatro categorías: descalificaciones personales que atribuyen maldad o deshonestidad estructural; metáforas de violencia física o muerte aplicadas a la acción de gobierno; deshumanización del adversario o de grupos sociales; y atribución de intencionalidad criminal sin base factual demostrada. Cada ejemplo citado está extraído literalmente del Diario de Sesiones.

La primera conclusión es que la violencia verbal en el Congreso llega, sobre todo, del lado de la derecha. No es un fenómeno difuso que afecta por igual a todos los portavoces. Se concentra, con una consistencia que va más allá de la calentura del momento, en los discursos de Santiago Abascal y, en menor grado pero con idéntica lógica, en los de Alberto Núñez Feijóo.

Abascal lidera la escala con ventaja. Su lenguaje es el que con más frecuencia convierte la crítica política en imputación moral y, en el tramo final de sus intervenciones, en acusaciones penales directas.

En la categoría de descalificaciones que atribuyen maldad estructural, el 25 de marzo no señaló errores de política exterior: diagnosticó una voluntad activa de daño. “Usted quiere la guerra porque a usted le da igual que sea en Irán o en Ucrania. A usted le gusta la guerra, le gustan las pandemias, le gustan las inundaciones, le gustan las borrascas”. En la misma sesión cierra el argumento: “Como los peores belicistas de la historia, el señor Sánchez quiere la guerra porque el ruido de las explosiones oculta sus corruptelas, sus crímenes, sus traiciones”.

La atribución de intencionalidad criminal sin base factual demostrada alcanza en el líder de Vox su formulación más explícita. El 11 de febrero, con el accidente ferroviario de Adamuz como objeto del debate, su intervención concluye: “Yo afirmo con toda claridad que Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías, un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales”. La frase no es una advertencia: es una condena. Ningún procedimiento judicial había establecido en ese momento —ni lo ha hecho ahora— la existencia de un crimen.

En cuanto a las metáforas de violencia, Abascal afirma que “la corrupción que han traído a España mata” y que “la invasión migratoria a la que nos condenan arruina y mata también”. El verbo “matar” aplicado a políticas públicas sitúa el lenguaje en un espacio donde la metáfora y la acusación se vuelven indistinguibles.

Ese escalado retórico no se detiene en sede parlamentaria. El pasado 24 de abril, en un mitin de precampaña en Cádiz, Abascal llamó “mierda” al presidente del Gobierno y “rata” al ministro del Interior. La secuencia es reveladora: lo que en el hemiciclo adopta la forma de acusación penal, en el mitin se convierte en insulto directo. No hay modulación entre ambos registros; hay escalada.

Lo que hace Feijóo es estructuralmente parecido, aunque ejecutado con una dicción más contenida. El líder del PP acumula un volumen notable de expresiones agresivas a lo largo de sus intervenciones, con una densidad mayor que la de Sánchez, aunque sin alcanzar la intensidad puntual de Abascal.

En la sesión del 25 de marzo, describió a Sánchez como ”un trilero”, lo llamó “perdedor” como categoría permanente y, en la réplica, escaló hasta decir: “No solamente usted es un matón, es que tiene un tic dictatorial peligrosísimo, señoría, peligrosísimo”. El adjetivo “dictatorial” no describe una medida concreta, sino una naturaleza de carácter. Aplicado a un presidente electo en un sistema democrático, no es crítica política: es una caracterización esencial.

Las metáforas de violencia y muerte fueron especialmente abundantes en el debate del 11 de febrero: “Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad. Este era un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible”. Su cierre fue explícito: “Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte”. En la misma sesión rozó la cuarta categoría cuando advirtió: “Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta”. La diferencia con Abascal es de matiz: la advertencia frente a la condena. Feijóo predice consecuencias judiciales; Abascal declara el crimen ya cometido.

La complicidad del PP con este clima tampoco se limita al hemiciclo. El partido se sigue oponiendo a retirar la acreditación parlamentaria a Vito Quiles, agitador ultraderechista con múltiples denuncias judiciales activas —entre ellas, una por agresión a la esposa del presidente, Begoña Gómez— y al que el PP invitó a cerrar su campaña en Aragón. Los de Feijóo han manifestado formalmente su oposición a la expulsión de Quiles del Congreso mientras la Mesa estudia posibles modificaciones del reglamento de acreditaciones. La lógica del PP es coherente con lo que ocurre en la tribuna: si el lenguaje de Feijóo es tolerable en el hemiciclo, el hostigamiento físico de Quiles en los pasillos también merece protección.

El caso más explícito de conexión entre retórica y violencia física no ha tenido lugar estos días en el Congreso —más allá del insólito desafío de un representante ultra al presidente de la Cámara—, sino en la Asamblea Regional de Murcia. El 15 de abril, el diputado de Vox Antonio Martínez afirmó en pleno debate parlamentario que existe “el deber de combatir, incluso con violencia”, las leyes que en España protegen el derecho al aborto y a la eutanasia.

Pedro Sánchez ocupa el tercer lugar en esta escala. Su lenguaje agresivo existe, pero se concentra en las réplicas, especialmente cuando responde a ataques directos. En la sesión del 25 de marzo formuló sobre el PP y Vox una de sus frases más cargadas: “Sabemos que no podemos permitir que estos vendepatrias que no tienen más amo que el dinero lleguen al poder”. Sobre la oposición ante el real decreto: “Son los del no a todo, excepto cuando hablan sus amos o sus compañeros de armas: ahí corren como perritos falderos a lamer su mano”. 

En la cuarta categoría, Sánchez es más cauteloso, pero en algunas réplicas de marzo roza el límite: “Igual está embolsándose el tercer sueldo o haciendo chanchullos para obtener el cuarto o el quinto“. La palabra “igual” disimula, pero no oculta, la dureza de la frase.

Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar, ocupa el cuarto lugar. Sus expresiones más extremas se dirigen a actores externos —el ejecutivo israelí, la administración Trump— y rara vez a sus adversarios parlamentarios directos. En toda la muestra, es la única portavoz que no formula ninguna descalificación personal sobre ningún parlamentario presente, no emplea metáforas animales sobre sus adversarios y no atribuye a nadie presente en el hemiciclo una intencionalidad criminal.

Sostener que “todos hacen lo mismo” se ha convertido en una posición por defecto en gran parte de la cobertura periodística española. Tiene la ventaja de parecer ecuánime. Y tiene el inconveniente no solo de ser falsa, sino de legitimar y validar a quien de verdad practica la violencia verbal más intensa.

El fenómeno no es exclusivamente español, ni sus consecuencias son solo retóricas. En Estados Unidos, el debate sobre si la violencia verbal impulsa violencia física ha adquirido urgencia empírica, en particular tras el tercer intento de asesinato que afronta su presidente. 

Un análisis reciente publicado por CNN examina lo que revelan las encuestas más recientes sobre la actitud de republicanos y demócratas ante la violencia política. Los datos muestran un amplio consenso bipartidista en que la violencia por motivos políticos va en aumento —hasta el 85% de los estadounidenses lo cree, según el centro Pew—, aunque una mayoría mayor culpa de ello a la retórica incendiaria republicana (el 69% según Gallup dice que han ido demasiado lejos) que a la demócrata. 

Sin embargo, la percepción de quién es más responsable de la violencia real se ha igualado notablemente: datos de PRRI y Pew sitúan a grupos de derecha e izquierda casi en empate (44% vs. 41%, o 52% vs. 53%), una tendencia de “ambos lados” que se acentuó tras atentados como el que costó la vida al activista ultra Charlie Kirk. Lo más llamativo es que la disposición a justificar la violencia para lograr objetivos políticos ha convergido entre simpatizantes de ambos partidos —en torno al 17-19% según PRRI—, cuando antes los republicanos triplicaban a los demócratas en esa respuesta. 

La pregunta relevante no es si el debate político español es duro —siempre lo ha sido—, sino si ha cruzado un umbral a partir del cual el lenguaje ya no describe la realidad política sino que la fabrica. Un lenguaje que convierte las políticas en crímenes y a los rivales en asesinos no sólo polariza el debate, acaba destruyéndolo.

La expresión “vivir del cuento” define el modo de vida de quienes subsisten sin trabajar, sin esforzarse, valiéndose de engaños, de triquiñuelas o de terceros (familiares o amistades), y llevan una vida parásita como la cigarra de la fábula de Esopo. Se trata de una aspiración de quienes buscan una salida rápida de una realidad que les impide acceder a todo lo que los mercados ofrecen y su situación económica les niega. Otros viven del cuento por herencia, linaje u otras circunstancias. Son formas de vida propias del género picaresco.

La picaresca mantiene en el siglo XXI muchos rasgos que despuntaron en el siglo de Oro como propios del antihéroe de baja estofa (Lázaro de Tormes o Guzmán de Alfarache) que se valía del ingenio y de la astucia para sobrevivir en una sociedad hipócrita y corrupta. Los siglos XVI y XVII vivieron la decadencia de la hidalguía y de valores como el honor, circunstancia reflejada en el tercer amo de Lázaro que, simulando nobleza y riqueza, vestía elegante y cuidaba su aspecto a pesar de vivir en una miseria extrema, manteniendo las apariencias y prefiriendo con orgullo clasista morir de hambre a la deshonra de trabajar.

Hay pícaros en todos los estamentos sociales de esta España hipócrita y corrupta que reclaman como virtudes propias lo que no son sino vicios, delitos y pecados cuando son otros quienes los practican. La decadencia de la patria, de sus gentes y sus valores, reproduce un ambiente de patio de Monipodio donde medran rufianes y bribones, políticos y desafectos, currantes y patrones, palurdos e ilustrados, inopes y ricachones, plebeyos y borbones, con la complicidad de alguaciles, la anuencia de justicias, la bendición del clero, el aplauso de voceros y la algarabía de pregoneros. Patio de Monipodio corrupto y podrido.

Diera la impresión de que el político es el ámbito con mayor concentración de pícaros y bribones. Soto del Real pudiera ser prueba de que funciona el Estado de Derecho si no quedase fuera el grueso de la pillería y si quienes entran lo hiciesen sin ventajas. Pero dejen a un lado a reos, convictos y penados y observen a quienes viven del cuento con maestría, aparentando valía para desempeños por encima de sus posibilidades y más allá de un talento por lo común escaso. Son modelos y ejemplos de ello Abascal y Ayuso.

El primero llegó al PP con 18 años, comenzando sus andanzas como concejal y procurador de las Juntas de Álava hasta ascender a diputado del Parlamento Vasco en sustitución de compañeros. Tras breve aprendizaje, desempeñó cargos en el partido que le llevaron al de director gerente en un chiringuito de Aguirre hasta que fundó Vox, invento de FAES para forzar la derecha sin complejos exigida por Aznar, donde vive del cuento este caudillo de limitadas mientes manejando las opacas cuentas del partido, purgando a su militancia díscola y ofreciendo una panoplia de odios sectarios como único y violento programa.

Ayuso llegó al PP en 2005. Su carrera política y los pelotazos en sus entornos cercanos han sido fulgurantes. Vive del cuento en el PP madrileño donde la han usado lo mismo para llevar el área virtual del partido que el Twitter del perro de Aguirre. Candidata por descarte, una carambola electoral a tres bandas la hizo presidenta de una institución con acreditada tradición en corrupción. Sabedores en Génova 13 de su incompetencia para elaborar discursos y atender a la prensa sin chuletas, le han puesto una dipsómana niñera de canosa barba y colmillos retorcidos. Como Monipodio, a la pícara de Chamberí le gusta rodearse de vividores del cuento como un tal González Amador, Nacho Cano o Toni Cantó.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

La investidura de Guardiola en Extremadura ha dado paso a la del gobierno sellado entre PP y Vox en Aragón en vísperas del día de San Jorge. Tras los caucus de la derecha, la constitución de sendos ejecutivos autonómicos se suceden en cadena, con la premisa de dos conceptos nacidos al albur del movimiento MAGA y el manifiesto Palantir: prioridad nacional y desregulación. Bajo la perversa deshumanización de los migrantes y la sombra de Ian Randt, se constituyen los gobiernos del futuro terror en las periferias mudas, articulados desde la actual guerra cognitiva. 

Mientras el PSOE despliega la regularización de 500.000 inmigrantes, Feijóo se debilita y su partido se agrieta internamente. El reemplazo desde dentro continúa. En Andalucía, donde se impone la estabilidad como motor de la próxima mayoría absoluta de Juanma Moreno Bonilla, no quieren “líos” y desde el Madrid D.F. Isabel Díaz Ayuso levanta un telón libertario que trata de contener a la comunidad latina, esa que en estos momentos está definiendo una región cercana a los diez millones de habitantes. 

“Así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso”, afirmaba la senadora Padme Amidala desde su escaño en el Episodio IV de La Guerra de las Galaxias mientras el canciller Palpatine se proclamaba emperador. “Así termina el mundo, no con un estallido sino con un quejido”, escribió T.S. Eliott en el crepuscular poema 'Los hombres huecos', publicado en 1925. Las ficciones son un constante palimpsesto que marca el surco de la realidad.

La plataforma Palantir daba a conocer hace una semana sus principios condensados en 22 puntos donde se proclamaba la resistencia “a la tentación superficial de un pluralismo vacío y hueco”. El tecno-oligarca iliberal Peter Thiel expresaba así su voluntad de influir en el mundo pocos días después de que PP y Vox sellaran un acuerdo de gobierno en Extremadura donde se incluía, entre sus principios, la consagración de la prioridad nacional. 

“Los españoles primero”, afirmaba en el debate de investidura Óscar Fernández Calle, apelando a la esperanza, invirtiendo el significado moral del discurso del presidente, entonces candidato demócrata, Barak Obama, pronunciado durante los caucus de New Hampshire hace más de 15 años. “Sí, se puede”, exhortó a los extremeños el presidente de Vox desde el atrio de la Asamblea de Mérida pocas horas antes de que Jorge Azcón y Alejandro Nolasco defendieran lo mismo desde Aragón con su pacto de gobierno sellado en vísperas del día de San Jorge.

La Casa Blanca, Palantir, Vox y las guerras cognitivas toman forma en la España de las periferias mudas desde la defensa de la desregulación y la introducción de la prioridad nacional. Son dos conceptos sencillos y contundentes. Dos significantes elásticos y vacíos con los que PP y Vox pueden hacer interpretaciones diferentes sin necesidad de llegar a la ruptura o la confrontación. Dos sintagmas, en definitiva, con gran capacidad para intervenir sobre las emociones, el nuevo/viejo campo de batalla, y alterar la percepción de la realidad de los electores y los adversarios.

Para el sacerdote y paleontólogo francés Teilhard de Chardin, el Punto Omega era el nivel máximo de complejidad y conciencia al que tiende el universo. Es un punto de convergencia espiritual donde la humanidad, tras evolucionar técnica y socialmente, se une en una conciencia colectiva (la noosfera) con lo divino. Quizá la de Peter Thiel y Palantir sea una inversión moral de ese momento, una extenuación social que comienza a presentar síntomas patológicos a través del lenguaje. Conviene recordar a Lewis Carrol:

"Cuando yo uso una palabra —insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso— quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos. 

—La cuestión —insistió Alicia— es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. 

—La cuestión —zanjó Humpty Dumpty— es saber quién es el que manda…, eso es todo".

Una semana después de conocer los 22 puntos del manifiesto Palantir firmados por Peter Thiel, la ira ha aumentado un grado en el campo de batalla de las guerras cognitivas. Las imágenes pesan mucho más que las palabras, las metáforas hiperbólicas con que se explica la realidad resultan tan simples que la realidad misma también lo parece. En una semana, en el complejo España un diputado de Vox imprecaba violentamente a un vicepresidente del Congreso, un portero golpeaba a un jugador en un campo de fútbol y el presidente de Vox llamaba “mierda” al presidente del Gobierno alentando una algarada en las calles de Granada durante la precampaña andaluza. La ira simplifica las reglas. La realidad se resume en un plano, un grito, un disparo…

Son días de violencia. Un profesor ha intentado asesinar a Donald Trump. La culpa es de los periodistas y los profesores, dijo Nixon a sus asesores más cercanos tras su dimisión por el Watergate en 1974. Se diría que el manifiesto Palantir es una sublimada invitación a la ira. Sin embargo, algo falla en el algoritmo. Mientras tratamos de procesar un genocidio en Gaza y una guerra en Irán, cuando la violencia se vuelca en un punto local, el sistema sufre un apagón sin mayor explicación que la evidencia. La soberbia intelectual de Thiel conduce inevitablemente hacia la oscuridad. El intento fallido de sustituir la democracia liberal por la tecnocracia es la puerta inversa al Punto Omega. Y Vox, en Andalucía, continúa instalado en su pájara.

Abascal ha aprovechado la vulnerabilidad de Feijóo y se ha impuesto ganar los corazones y las mentes de sus votantes. Diseñado el patrón, basta con cambiar los moldes de lugar (algunos nombres y otros complementos circunstanciales) para reutilizar el mismo armamento mental una y otra vez hasta que el adversario pique el anzuelo. En Extremadura y Aragón ha sido necesario aceptar apenas un aroma del manifiesto Palantir para que el PP pudiera celebrar dos gobiernos. Pero, como hemos dicho anteriormente, la conclusión de los caucus no es el final del reemplazo. Vox logra escapar de su flojera y ocupar la centralidad del debate presentando incluso una moción a la Corte de los Leones donde Feijóo, esta vez sí, ha votado en contra de la prioridad nacional, abriendo otra nueva grieta en el PP.

El alcance de la campaña se ha extendido en todo el territorio, ya sea en Madrid o Andalucía, donde Díaz Ayuso y Moreno Bonilla se juegan dos mayorías absolutas en sus respectivas elecciones. La política diaria a cualquier nivel proporciona excusas suficientes para activar el combate, ya sea en el Congreso de los Diputados, en Sol, San Telmo o un ayuntamiento de Murcia.

Contra la guerra cognitiva y el uso indiscriminado de significantes vacíos, sólo cabe tener una posición de poder y una idea opuesta, prioridad ciudadana, sostenidos por un buen diccionario, la ley y cierta querencia por la indignación. En San Telmo y en Sol han apostado por un “no” a los pactos con Vox que aglutine a sus respectivas mayorías. De fondo, como en el “no a la guerra” de Pedro Sánchez, se encuentra el rechazo moral a un derecho inválido que vulnera el principio de igualdad ante la ley, recogido en la Constitución y la ciudadanía europea. El derecho se nutre de valores y lo que se esconde en el fondo del pacto PP-Vox es una tentación supremacista a la espera de una debilidad.

Pero un ‘no' es insuficiente para conformar una mayoría. Frente a la prioridad nacional, el ‘sí’ se sustancia en la prioridad ciudadana, donde caben las batallas propositivas que aglutinan otras mayorías. Fíjense en el alcalde Jaume Collboni y su plan de vivienda para Barcelona, en Salvador Illa y su plan de choque para reducir las listas de espera para la percepción de las ayudas a la dependencia. Lean a Unai Sordo y sus políticas de empleo y el no a la guerra convertido en sí a la paz de Pedro Sánchez, adalid de la socialdemocracia en el mundo desde Gaza hasta hoy. Las batallas del ‘sí’ son las únicas que abren camino a una nueva esperanza.

La primera crisis de gobierno entre el Partido Popular y Vox no ha esperado, siquiera, a la investidura de María Guardiola. Aunque ambas formaciones alcanzaron un acuerdo el pasado jueves con 74 medidas, el alcance del pacto sigue siendo motivo de disputa días después. La inclusión de la “prioridad nacional” como criterio para el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social ha generado un choque entre ambas formaciones, al igual que la “supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal”.

Para la formación de Santiago Abascal, la “prioridad nacional” significa que “los españoles van primero” en ayudas y servicios. Un compromiso contrario al artículo 14 de la ley de extranjería, que sostiene que “los extranjeros residentes [en España] tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles”. Por lo que respecta a las ONG, los negociadores de Vox defienden que ese criterio implica suprimir la subvención que perciben organizaciones como Cáritas, que acoge a migrantes en situación irregular.

Génova, en cambio, evita el término “prioridad nacional” y trata de sustituirlo por criterios como el “arraigo” o la “vinculación” al territorio de cara al acceso a recursos públicos. Según explicó el secretario general del PP, Miguel Tellado, el lunes “no es un criterio eliminatorio” sino “una cuestión más a la hora de conceder ayudas”. Para los de Feijóo “es razonable que la vinculación con el territorio, el arraigo real, tenga peso” para acceder a servicios públicos, un argumento que también utilizó este martes su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.

Sin embargo, su homóloga en Vox, Pepa Millán, amenazó este martes al Partido Popular con que habrá “consecuencias” si incumple lo pactado y acusó a la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo de haber puesto “trabas” a la negociación. La portavoz de la derecha radical señaló que el criterio de “prioridad nacional” se basa en la  “escasez de recursos” y un sistema de ayudas que, a su juicio, se encuentra “colapsado”. Según Millán, la administración debe “garantizar el pan a los nuestros” y no lo hace por culpa de los migrantes.

Así, los ultras exhiben de nuevo un discurso xenófobo que, a diferencia de otras ocasiones, no pone el foco en la delincuencia sino en los servicios públicos como elemento clave. Hace solo unos meses la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, publicó un informe titulado La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de Bienestar —que posteriormente presentó en el Congreso— que aseguraba que el coste general de la inmigración es mayor que su aportación, lo que agrava los “problemas del Estado de bienestar” y responsabiliza a los migrantes del incremento de los alquileres.

Además, este principio de “prioridad nacional” se debatirá y votará en el pleno del Congreso este miércoles a iniciativa de la ultraderecha. De esta manera, los de Abascal obligarán al PP a retratarse públicamente también en la Cámara baja, en paralelo a la segunda jornada del debate de investidura de Guardiola. El texto registrado por la formación ultra reclama “repatriar a todos los inmigrantes” en situación irregular, establecer la “prioridad nacional en ayudas sociales, servicios públicos y vivienda” o proceder a la “remigración” de extranjeros que “no contribuyan a la economía nacional”. 

La formación de Abascal también aboga por limitar la sanidad para los inmigrantes irregulares a urgencias vitales, reservar las pensiones y prestaciones no contributivas a los españoles y restringir la asistencia jurídica gratuita en procesos de expulsión. En esa línea, defienden derogar el decreto por el que se regula el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.

Por su parte, a una hora de que arrancara el pleno del Congreso este martes, el PP presentó una enmienda a ese texto que, más allá de algunas concreciones, asume la tesis de la formación ultra manteniendo la “prioridad nacional” en los mismos términos que el acuerdo de Extremadura. “Promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, reza la enmienda de los conservadores.  

El partido de Feijóo, además, plantea la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular” salvo “supuestos de urgencia vital”. Aunque el PP trata de desvincularlo del aspecto sanitario, el propio Feijóo ha expresado que quiere volver al modelo en el que se asiste a los migrantes en situación irregular solo a través de las urgencias. Es lo que hizo el expresidente Mariano Rajoy en 2012, cuando aprobó, con la mayoría del PP y el único apoyo de UPN, la reforma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy cercenaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud para, supuestamente, acabar con el “turismo sanitario”.

Por lo que respecta a las organizaciones no gubernamentales, Génova asegura que Cáritas conservará las subvenciones de la Junta extremeña, pese a que la literalidad del acuerdo apunta a retirar ayudas a las entidades que trabajen con personas migrantes en situación irregular. “Organizaciones como Cáritas, que se dedican a ayudar, pueden estar completamente tranquilas con este acuerdo, porque no les va a afectar”, aseguró Tellado el lunes. Y añadió: “El texto del acuerdo se refiere a ONG que colaboren con la inmigración ilegal. Eso es colaborar con mafias que trafiquen con personas. Tiene que acreditarse con sentencia”.

Esto, de nuevo, contradice a la formación de Abascal. Según el dirigente de Vox Carlos Hernández Quero, uno de los negociadores en Extremadura, Cáritas sí estaría afectada. “Valoramos la acción social de la Iglesia, pero no podemos aceptar que vaya dinero de los contribuyentes a promover la invasión y la migración masiva”, argumentó en una entrevista en El País. Fuentes de la formación consultadas por infoLibre señalan que “no van a hacer excepciones” con nadie y rechazan que el criterio sea “jurídico” como plantea el PP.

Cáritas, por su parte, aseguró que estará “encantada” de renunciar a esas ayudas si la administración pública asume entonces su responsabilidad en el acompañamiento de personas vulnerables, en palabras de la responsable de Proyectos de Movilidad Humana de Cáritas Diocesana de Barcelona, Elisabet Ureña, en una entrevista en la Cadena Ser. Tras la dana, desde Vox y otros grupúsculos, la ultraderecha puso el foco también en la Cruz Roja, a la que trataron de desacreditar a base de bulos y desinformación.

Lo ocurrido en Extremadura no facilita, precisamente, la negociación en Aragón. Aunque tanto en el PP y Vox se muestran optimistas, crece la desconfianza entre ambos mientras el tiempo corre, ya que el límite para evitar una repetición electoral es el 3 de mayo. La formación ultra llega con más fuerza parlamentaria que en Extremadura, lo que se traduce en más exigencias para el PP de Jorge Azcón. El número dos de la formación, Ignacio Garriga, aseguró recientemente que el pacto extremeño “"será la base” del aragonés. 

El PP en Aragón asegura que no pactará “nada fuera de la Constitución”, pero evita precisar si eso es lo que ha ocurrido en Extremadura, tal y como verbalizó la pasada semana la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En Génova dan por hecho que el acuerdo será “muy similar” al alcanzado en Extremadura y tratan de no hacer enfadar a su socio de Gobierno pese a discrepar sobre los términos que, previsiblemente, se incluirán en el acuerdo aragonés.

A esto se le suma otra derivada: el impacto sobre la precampaña de Juanma Moreno en Andalucía. El presidente andaluz ha intentado marcar distancia en los últimos días. Ha dicho que aspira a seguir con un Gobierno en solitario, ha admitido que no quiere negociar con Vox, que no tienen experiencia de gobierno y ha salido en defensa de Cáritas. Pero tanto en el PP andaluz como en Génova son conscientes de que los “líos” de Vox, en palabras de Moreno, ya están impactando y por eso el líder del PP en Andalucía apela a obtener una mayoría absoluta que los evite.

Desde su vuelta a la Casa Blanca en enero del pasado año, Vox ha intentado presentar su cercanía a Donald Trump como una prueba de influencia internacional y de su apuesta ideológica. Pero ese vínculo empieza a pesar más de lo que beneficia. No es solo que el presidente de Estados Unidos se haya convertido en un factor de inestabilidad global tras iniciar junto a Israel una ofensiva contra Irán. Es, sobre todo, que parte de la extrema derecha europea ha empezado a tomar distancia, mientras la formación de Santiago Abascal sigue instalada en una fidelidad casi sin matices.

Un año y tres meses después, la misma internacional ultraderechista que celebró exultante la vuelta de Trump comienza a marcar distancias. La derrota del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras dieciséis años ininterrumpidos en el poder demuestra, además, que la influencia del norteamericano es relativa. Orbán se mantuvo fiel a Trump hasta el final, pero de poco sirvió el apoyo en campaña del vicepresidente estadounidense, JD Vance. Su derrota frente a su antiguo compañero de partido, Peter Magyar, fue abrumadora.

Abascal ha apostado de manera clara por su proyección internacional pese a que hace siete años admitía no tener "demasiadas convicciones" en política exterior y abogaba por no "hipotecarse" con ningún aliado por las implicaciones que pudiera tener. "Es un mundo en el que no tengo demasiadas convicciones, más allá de nuestro compromiso de actuar siempre en pro de los intereses de España”, le confesaba al escritor Fernando Sánchez Dragó. Ahora, sin embargo, Vox está muy vinculado a Trump a través de la Fundación Disenso, que forma parte de la constelación ideológica de la Heritage Foundation, y también mantiene en su órbita al Likud de Benjamín Netanyahu, además de ser un fiel defensor del presidente argentino Javier Milei.

Otro de los referentes de Abascal —a la que abandonó por Orbán en la Eurocámara tras las elecciones europeas— es la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Ella, a diferencia del líder de Vox, declaró en el Parlamento italiano que la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán vulneraba el derecho internacional y, además, negó al Pentágono el uso de la base de Sigonella, en Sicilia, para bombardear Irán. Una decisión que Meloni tomó tras la presión interna que desató el anuncio que en el mismo sentido hizo previamente el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y que Vox criticó.

En la última semana la tensión ha escalado por la negativa de la primera ministra italiana a secundar la escalada bélica y por los ataques del presidente de EEUU al papa León XIV, unas palabras que Meloni calificó de "inaceptables" a la vez que afirmó que es “justo y normal” que el jefe de la Iglesia pida paz y condene la guerra. Tras estas declaraciones, Trump aseguró que pensaba que Meloni tenía valor “pero se equivocó” y reprochó a Italia no estar a la altura en la OTAN. Este miércoles, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha llegado a decir que algunos movimientos de Trump son “poco comprensibles”, una señal de que también detecta el desgaste, aunque llegue tarde y de forma defensiva.

La oposición italiana cerró filas con Meloni tras la dura respuesta de Trump. El comisario europeo Paolo Gentiloni pidió “defender a Italia” antes que ajustar cuentas internas, y la diputada socialista Elly Schlein sostuvo que, aunque sean adversarios políticos, los italianos no aceptarán ataques extranjeros contra su Gobierno. Una postura que subraya la magnitud del aislamiento de Vox ya que incluso una dirigente de la derecha radical como Meloni ha encontrado a la izquierda italiana de su lado frente a Trump.

Pero Meloni no es la única en marcar distancias. La extrema derecha alemana, la AfD, ha pedido la retirada de tropas y armas nucleares estadounidenses de Alemania. La líder francesa Marine Le Pen se mostró muy crítica con el secuestro por parte de EEUU del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y también ha censurado algunas decisiones militares porque chocan con su propio soberanismo. El británico Nigel Farage, que inicialmente apoyó los ataques contra Irán, acabó corrigiendo el tono al comprobar que el conflicto abría divisiones en su partido, Reform UK. Frente a estos posicionamientos aparece Vox, que navega en sentido contrario y que, precisamente por esa postura, ha recibido las críticas de exdirigentes de la formación.

La crisis interna de la ultraderecha debilita su imagen de cohesión. La crisis en Murcia es el ejemplo más evidente. La salida de la diputada Virginia Martínez al grupo mixto, después de la expulsión de José Ángel Antelo a finales de febrero, no solo agrava la fractura orgánica, sino que altera la aritmética parlamentaria y permite al PP explorar acuerdos sin depender de la dirección de Vox. La propia Martínez justificó su marcha por su "profunda decepción" con la cúpula del partido y denunció ceses, expulsiones y una "imagen terrible del proyecto". Antelo, por su parte, habló de un Vox "en descomposición y sin ninguna credibilidad”.

En Balears, la dirección de Vox tampoco controla el partido. La formación ultra arrastra desde 2024 el cisma de los cinco diputados díscolos que llegaron a expulsar del grupo a la presidenta del partido en las islas, Patricia de las Heras, y al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. Después, tres de ellos abandonaron sus cargos en el grupo, aunque conservaron sus escaños. Pero no son los únicos casos.

En el Ayuntamiento de Madrid el conflicto sigue abierto. Desde el consistorio municipal, liderado por José Luis Martínez-Almeida, frenaron el intento de la dirección de apartar a Javier Ortega Smith como portavoz y mantuvieron intacta la estructura del grupo municipal. Actualmente, hay dos bandos dentro del mismo grupo, con Ortega Smith y otros dos concejales por un lado y Arantxa Cabello y Fernando Martínez, fieles a Abascal, por otro.

En el Ayuntamiento de Toledo la imagen es similar. La vicealcaldesa y presidenta del grupo municipal, Inés Cañizares, ha defendido públicamente la conveniencia de celebrar un congreso extraordinario y figura entre los cargos institucionales en activo que firmaron el manifiesto crítico con Abascal. Su posición la sitúa frente a la dirección provincial y al portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, que descalificó esa iniciativa definiéndola como una “pantomima”.

Toda esta crisis interna se desarrolla en plena precampaña andaluza. El barómetro publicado esta semana por el Centra da a Vox un 15% y entre 17 y 20 escaños frente a los 14 actuales. Para los de Abascal, Andalucía debía ser una demostración de fuerza, una comunidad donde el partido aspiraba a crecer de forma sostenida y a consolidarse como una alternativa con capacidad de condicionar el sistema político. Pero el barómetro indica que permanece como tercera fuerza, que no rompe el tablero y que el principal beneficiario de su suelo electoral continúa siendo el PP. La formación ultra no desaparece, pero tampoco crece. 

La culpa de que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, haya perdido las elecciones este domingo tras 16 años ininterrumpidos en el poder —a los que hay que sumar otra legislatura de 1998 a 2002— no es de que haya gobernado con mano de hierro sin apenas controles democráticos, con graves casos de corrupción y un empobrecimiento generalizado del país, sino de la “brutal campaña” contra el dirigente ultra “protagonizada” por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y “eurodiputados del PP y la izquierda”. Ese es el argumento que dio este lunes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que consideró una “mala noticia” la derrota de su principal aliado.

Lo cierto es que se trata de un duro golpe para la formación ultraderechista española, ya que hasta ahora Orbán ha sido la pieza central en la arquitectura internacional de Vox construida por su líder, Santiago Abascal. La caída del primer ministro húngaro debilita a la extrema derecha en términos simbólicos, estratégicos y financieros, aunque Garriga aseguró que su partido tiene total “autonomía” y que solo se debe a los “70.000 afiliados” de la formación.

El hasta ahora primer ministro también ha sido una importante fuente de financiación para Vox —y otras derechas radicales—, ya que la banca húngara otorgó un préstamo millonario a la formación española para sufragar sus campañas para las elecciones generales de 2023 y para las europeas de 2024, tal y como demostró la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), desarrollada por infoLibre y Follow the Money. El Ejecutivo de Orbán posee un 20,01% del banco involucrado en esa operación. Según Vox, se vieron “obligados" a buscar financiación fuera porque las entidades españolas no querían prestarles dinero.

Para los ultras, Orbán ha encarnado durante dos décadas el nacionalismo excluyente, la confrontación con Bruselas, la guerra cultural contra la izquierda, el endurecimiento migratorio, la hostilidad hacia los medios de comunicación y la lucha por los llamados “valores occidentales”. Era la brújula de Vox, el ejemplo de que se podían moldear las instituciones, condicionar a Bruselas y resistir el aislamiento. Hasta ahora.

Orbán no es un aliado cualquiera para Abascal, sino la figura detrás de la creación de Patriotas por Europa, el grupo del Parlamento Europeo en el que está Vox y que preside Santiago Abascal. “No podríamos tener un líder mejor que tú", aseguró el primer ministro húngaro en la visita de Abascal a Budapest para apoyarle. Ese grupo cuenta con 85 eurodiputados, pero Orbán no sólo aportaba escaños, sino que condicionaba políticamente a la Unión Europea. Durante los últimos años ha vetado iniciativas en el Consejo Europeo y no le ha puesto las cosas fáciles a la Comisión de Von der Leyen.

Sin Orbán, Patriotas por Europa pierde a una de sus figuras con mayor capacidad de condicionar la agenda comunitaria. Por ese motivo Abascal fue a Budapest a arroparlo. Desde la capital húngara lo definió como "uno de los mejores políticos de este siglo" y aseguró que era "el auténtico protector de Europa”. “Queremos que Europa siga siendo así, con su propia identidad y tradiciones, las dignas portadoras de la civilización occidental y cristiana", señaló. Tras su derrota, Abascal publicó un mensaje en su cuenta de X en el que afirmó que “Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista”.

El líder de Vox también hizo una apuesta estratégica por Orbán al sacrificar su alianza con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el Parlamento Europeo. Se adhirió al grupo de Patriotas y abandonó a los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) tras las elecciones europeas de 2024, un movimiento que fue muy criticado internamente. El hecho de que Orbán ya no esté en el poder debilita, además, la idea de que esa “internacional” está en fase ascendente e imparable. Es un revés para la red ultraconservadora internacional y una victoria del campo proeuropeo frente al modelo iliberal.

Orbán también ha sido el principal aliado del presidente ruso Vladimir Putin dentro de la Unión Europea —lo que incomodaba especialmente a los ultras españoles— y uno de los apoyos más claros para la estrategia de su homólogo estadounidense, Donald Trump. Con su derrota, el Kremlin pierde su interlocutor más fiable en la UE y, para el universo trumpista, cae uno de sus socios ideológicos más emblemáticos en el continente. 

Tal era la importancia de que Orbán revalidara el mandato que el vicepresidente de Trump, JD Vance, se desplazó hasta Budapest para hacer campaña por él y puso de manifiesto que no sólo estaba juego la jefatura de gobierno sino la necesidad de contar con un socio fiable con un rumbo opuesto a los intereses de la UE. “Querría enviar de verdad una señal a todo el mundo, en particular a los burócratas de Bruselas”, afirmó el vicepresidente estadounidense, “que han hecho todo lo posible para mantener al pueblo húngaro bajo presión porque ellos no aman al líder que defiende al pueblo de Hungría”.

La internacional ultra se volcó con Orbán, sabedora de que si perdía las elecciones ante el conservador Péter Magyar, su fuerza en el viejo continente se vería debilitada, con una menor capacidad para influir en el rumbo de la Unión Europea, dejando a Meloni más dispuesta aún a participar en políticas comunitarias como el apoyo a Ucrania, las sanciones contra Rusia, las críticas a Estados Unidos por su unilateralismo belicista y, quizás, a rebajar la presión sobre las políticas del Pacto Verde, y quedando sólo como líder euroescéptico el eslovaco Robert Fico, a la espera de lo que deparen las presidenciales francesas de 2027.

Así, el fracaso del húngaro se suma al desgaste de Vox por su cercanía a Trump, pese a que el presidente norteamericano se ha convertido para una parte muy amplia de la sociedad española en un símbolo de inestabilidad, unilateralismo y amenaza bélica, y que ha impulsado medidas muy impopulares como los aranceles. Aun así, mientras el resto de la derecha radical europea comienza a tomar distancia de Trump, Vox se mantiene inquebrantable.

Ese desgaste externo coincide, además, con un momento de tensión interna en Vox. La caída del principal aliado de la formación ultra en Europa llega en plena crisis interna del partido, cuando los críticos de la dirección cuestionan tanto la deriva estratégica como la apuesta internacional de Abascal al mismo tiempo que sitúan el foco en el enriquecimiento personal tanto del líder de Vox como de su núcleo más cercano.

El hecho de que el primer ministro húngaro haya sido derrotado por Magyar, excompañero de partido de Orbán, es también un aviso para Vox en un momento en exdirigentes de la formación como Iván Espinosa de los Monteros o Javier Ortega Smith están liderando una revuelta contra la dirección de Abascal. Magyar ha puesto fin a 16 años de poder de Fidesz con una amplísima victoria, favorecida por una participación récord y por un voto que ha atravesado generaciones, ciudades y clases sociales en Hungría.

Este mismo lunes, en Los Desayunos del Ateneo, Espinosa de los Monteros lanzaba una advertencia a Abascal tras la derrota de su aliado: “Lo que me dice la victoria de Péter Magyar es que, pese a las apariencias, cuando un buen líder se va deteriorando o tiene posiciones diferentes con las que llegó, se le puede ir desplazando. Es una buena noticia”.

Iván Espinosa de los Monteros dejó la política institucional hace casi tres años, pero no renuncia a estar en el foco mediático. El ahora presidente de la fundación Atenea asistió este lunes a los desayunos organizados por el Ateneo. En ese foro, habló largo y tendido sobre la derrota del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y lo definió como uno de los hechos políticos más relevantes del momento en Europa, aunque aseguró que no es un “cambio total” porque la derecha domina por completo el Parlamento.

El exportavoz de Vox sí lo interpretó como una señal del desgaste de la “derecha iliberal”, aunque evitó denominar a la formación de Orbán, Fidesz, como “ultraderecha”. Frente a esa corriente, reivindicó una "derecha liberal y conservadora", asentada en la separación de poderes y en la independencia institucional. En su intervención, en la que conversó con los periodistas Jesús Maraña, Javier Casqueiro y Ester Palomera, aprovechó para trazar una enmienda al rumbo que, a su juicio, han tomado algunos sectores de la derecha europea en los últimos años.

La derrota de Orbán, según el exportavoz ultra, es también un aviso para el líder de Vox, Santiago Abascal. Aunque evitó citarlo por su nombre, incidió en que incluso liderazgos muy consolidados pueden ser apartados. “Lo que me dice la victoria de Péter Magyar es que, pese a las apariencias, cuando un buen líder se va deteriorando o tiene posiciones diferentes con las que llegó, se le puede ir desplazando. Es una buena noticia”, afirmó. 

Espinosa de los Monteros subrayó que Hungría ha demostrado, además, que la capacidad de injerencia de las grandes potencias tiene límites. "Los húngaros han votado lo contrario de lo que querían [Vladimir] Putin y JD Vance", resumió, en alusión al presidente ruso y al vicepresidente estadounidense. Así, concluyó que ni Moscú ni Washington pueden dar por descontado el éxito de los partidos afines a sus intereses.

El exdirigente ultraderechista también sostuvo que la política de alianzas de su antigua formación "es debatible y no necesariamente el mejor" y dejó claro que no comparte su posicionamiento acrítico con figuras como la de Orbán o la del presidente estadounidense, Donald Trump. A su juicio, la experiencia de Hungría demuestra que sus modelos pueden encontrar límites electorales cuando se erosiona la confianza de los votantes.

También habló sobre la situación de Vox y sus diferencias con la dirección del partido. Recordó que abandonó la formación en 2023 de manera voluntaria, tras años de "servicio y sacrificio" personal, familiar y económico, y señaló que muchas de las decisiones adoptadas después se han tomado de forma opaca, incluso para buena parte de la propia cúpula. Afirmó que él ni siquiera formaba parte del comité ejecutivo y dio a entender que muchas decisiones relevantes no eran conocidas por la mayoría de quienes debían estar al tanto de ellas.

Esa es precisamente la crítica que han lanzado nombres como el de Javier Ortega Smith, exsecretario general del partido, que han denunciado la falta de democracia interna en la formación de Abascal y la opacidad en el partido y las instituciones en las que los ultras tienen presencia, además del beneficio económico que supone para Abascal y su núcleo más cercano el hecho de estar en política.

“Creo que Javier [Ortega Smith] es una persona que tiene un peso enorme para hablar de Vox porque ha sido uno de los fundadores. Una de las cosas que me ha impresionado es que ahora haya gente, sobre todo los que han llegado nuevos, intenten reescribir la historia del partido”, lamentó, al tiempo que destacó que la llamativa forma que tiene la dirección de Abascal de echar a miembros de la formación “antes de un proceso electoral”. En ese sentido, mencionó su propio caso. El partido le abrió un expediente apenas unas horas después de que el presidente andaluz Juanma Moreno convocara las elecciones.

En materia de política internacional, sin embargo, justificó muchas de las decisiones tomadas por Trump, entre ellas la de la guerra con Irán y el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela.  A su juicio, hay "luces y sombras" en la actual administración estadounidense. Consideró una "pésima idea" decisiones comerciales que perjudican a España como los aranceles, pero alabó al mismo tiempo su ofensiva contra la agenda "woke". Su tesis fue que ningún partido nacional debe alinearse sin reservas con líderes extranjeros, porque la única guía válida deben ser los intereses de España. Ahí, admitió que es “debatible” que Vox “esté defiendo los intereses de España”.

Su apoyo a Israel fue mucho más explícito. Reiteró que se trata de "la única democracia" de la zona y de un dique frente al "islamismo terrorista", aunque admitió que no todo lo que hace el Gobierno de Benjamín Netanyahu le parece bien. Sobre Irán, en cambio, no dejó espacio para la ambigüedad. Lo definió como una amenaza permanente, un régimen "machista, homófobo, totalitario" que lleva años enriqueciendo uranio y contribuyendo a desestabilizar Oriente Próximo, de Líbano a Gaza. La guerra, dijo, es "indeseable", pero añadió que a veces no queda otra opción cuando enfrente hay un actor que amenaza de forma constante.

En política española, las alianzas exteriores rara vez dan votos. Sin embargo, lo que sí pueden es restarlos cuando se convierten en sinónimo de amenaza y guerra. En el actual escenario internacional, el presidente norteamericano Donald Trump, el ruso Vladímir Putin y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu figuran entre los dirigentes peor percibidos por la opinión pública española. Esto supone un problema para Vox, ya que la formación ultraderechista apoya de manera clara a Trump y Netanyahu, mientras que su principal aliado europeo, el húngaro Viktor Orbán, hace lo propio con Putin. La sociedad española, sin embargo, va por otro lado.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), las guerras importan a menos de un 1% de la población. En el último CIS de marzo aparecían liderando el ranking la vivienda (28%), la economía (20%), el paro (20%) o la inmigración (19%) como principales preocupaciones. En el barómetro europeo del otoño pasado, ante la pregunta de "en qué áreas debería Europa tomar medidas en los próximos cinco años", los españoles se situaban como los europeos que menos priorizan la seguridad y la defensa: un 12%, cuatro veces menos que los finlandeses, holandeses, lituanos, polacos o alemanes y casi tres veces menos que otro país latino como Italia (32%).

Además, los españoles también estaban nueve puntos por debajo del promedio de los países europeos que apoyan una mayor inversión en defensa. Apenas un 55% piensa que se debería gastar más dinero en defensa en la UE frente a un 64% entre el conjunto de países comunitarios. Del mismo modo, a la hora de marcar prioridades presupuestarias, el fortalecimiento de la defensa y la seguridad europea solo es apoyado por un 14% de los españoles, la cifra menor de los 27 países.

Todo ello puede jugar en contra de Vox. Distintas encuestas coinciden en que la formación ultra ha frenado su ascenso y empieza a perder impulso, con trasvase de voto hacia el Partido Popular y con síntomas de agotamiento en territorios como Andalucía tras no cumplir sus expectativas en Castilla y León. Ese frenazo coincide, además, con un momento de máxima fricción tras la ofensiva sobre Irán, que ha abierto una brecha evidente: una mayoría social que no respalda militarmente a Estados Unidos e Israel y un Vox que sí lo hace.

De todos ellos, Trump aparece como el mayor peligro. Según una reciente encuesta de 40dB. para El País y la Cadena Ser, para el 81% de los encuestados Trump supone la principal amenaza para la paz mundial, por delante de Putin, con un 79,3%, y de Netanyahu, con un 71,2%. En el caso de Trump, además, el deterioro lo refleja también un sondeo de YouGov de enero: le daba en España sólo un 19% de opinión favorable frente a un 77% en contra. 

Lo cierto es que el presidente norteamericano se ha convertido para una parte muy amplia de la sociedad española en un símbolo de inestabilidad, unilateralismo y amenaza bélica. Su reciente advertencia de destruir la "civilización iraní" si Teherán no cedía, incidió todavía más en esa percepción, hasta el punto de provocar críticas incluso en sectores conservadores españoles y en la Iglesia. La mayoría de los españoles, según el mismo bloque demoscópico, aprueba que España no apoye militarmente a Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán, y rechaza una implicación militar española en esa escalada.

El líder de Vox presenta a Trump como el hombre que defiende al "mundo occidental" frente al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y los "burócratas" de Bruselas. Tras la ofensiva iniciada por EEUU e Israel en Irán hace un mes, la formación ultraderechista defendió que el mundo es "mejor" sin los ayatolás y también sin Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela tras su captura a manos del ejército norteamericano. 

Sin embargo, no criticó la ruptura del órden internacional, ni que sea la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez, la que gobierne en el país con el beneplácito del norteamericano pese a haberla criticado en el pasado. También dijeron que no habían dedicado ni un "nanosegundo" a analizar la amenaza de Trump sobre Groenlandia y se declararon "incompetentes" en la materia, en palabras de su portavoz nacional, José Antonio Fúster.

Vox se ciñe casi siempre al mismo manual. Clama a los cuatro vientos su admiración por Trump, pero cuando hay intereses españoles que chocan con los de norteamericano, como ocurrió con los aranceles y con el gasto de defensa, desplaza la responsabilidad hacia la Unión Europea y el Gobierno español. Esa sigue siendo la lógica dominante, aunque ya le esté generando costes políticos. Algunos de los ‘ex’ de Vox, como Iván Espinosa de los Monteros, han afeado a Abascal su posición acrítica.

Por su parte, Putin también arrastra una impopularidad más estructural pese a que la guerra de Ucrania ya no acapara el foco mediático. Su imagen quedó fijada desde la invasión de Ucrania como la de un líder agresor, autoritario y desestabilizador. Que siga apareciendo apenas por detrás de Trump en la lista de amenazas revela hasta qué punto la guerra y la sensación de inseguridad continental siguen muy presentes para la sociedad española.

Aunque Vox condena públicamente la invasión rusa y apoya a Ucrania, su principal aliado europeo mantiene un estrecho vínculo con el mandatario ruso. Por ese motivo el contrincante de Orbán, Péter Magyar, ha definido las elecciones del domingo como un "referéndum" sobre la ubicación geopolítica del país: seguir la deriva prorrusa o regresar a una senda más claramente europeísta y atlántica. Las encuestas muestran una carrera muy competitiva y apuntan a que podría perder tras 16 años en el poder.

A ello se le añade que uno de los dirigentes de Vox, Jordi de la Fuente, secretario general del ‘sindicato’ del partido Solidaridad, es un divulgador en España de las ideas de Alexandre Dugin, un filósofo con influencia sobre Putin y sobre el Kremlin, al mismo tiempo que una herramienta de este para su propaganda exterior.. En un acto en la Casa de Rusia de la capital catalana en octubre de 2016, expresaba su deseo de que el sistema de valores ruso se "contagie" a los países europeos a través de "partidos" que actúen como "caballos de Troya". 

Tras ascender en el partido, De la Fuente suprimió al menos cinco tuits desde la invasión de Ucrania, todos ellos registrados y certificados por infoLibre. Pretendía ocultar dos asistencias a la Casa de Rusia en Barcelona y tres mensajes: uno rechazando las sanciones a Rusia por la anexión de Crimea, otro celebrando un éxito electoral de Putin y otro con el mensaje "Putin manda y no tu panda".

Netanyahu completa ese triángulo de rechazo en un momento especialmente delicado. Su ofensiva contra Irán no solo ha agravado la percepción negativa sobre Israel en amplios sectores de la sociedad europea, sino que ha protagonizado sanciones directas contra España. El viernes, acusó directamente al Gobierno de Pedro Sánchez de "librar una guerra diplomática" por la que "pagará un precio". Como represalia, expulsó a los representantes españoles en el Centro de Coordinación Civil y Militar , el órgano multinacional que supervisa el alto el fuego alcanzado en la franja de Gaza en octubre del año pasado.

También el viernes el presidente Pedro Sánchez instó a los miembros de la UE a suspender el acuerdo de asociación con Israel ante las violaciones "flagrantes del derecho internacional humanitario que se están cometiendo". "No permitamos una nueva Gaza en Líbano", dijo durante su intervención en el European Pulse Forum, en Barcelona, aunque no hizo ninguna referencia al Gobierno israelí. En España, donde la sensibilidad crítica hacia la devastación en Gaza ya era muy alta, esa prolongación del conflicto hacia Líbano e Irán refuerza todavía más su mala imagen.

En esta batalla, Abascal se posiciona con Netanyahu. Ambos dirigentes mantuvieron una reunión en Jerusalén el 28 de mayo de 2024, cuando el líder de Vox visitó al primer ministro israelí en plena crisis diplomática entre España e Israel tras el reconocimiento español de Palestina. Allí, Abascal expresó su apoyo a Israel, criticó a Pedro Sánchez y llegó a prometer que revertiría ese reconocimiento si algún día gobierna.

Santiago Abascal está en política "por la pasta". Así de contundente se muestra quien fuera su número dos hasta hace cuatro años, Javier Ortega Smith, se ha unido recientemente a un largo reguero de nombres que han denunciado la falta de democracia interna en la formación de Abascal y la opacidad en el partido y las instituciones en las que los ultras tienen presencia. Aunque desde la dirección de Vox aseguran que los críticos tienen el síndrome "del príncipe destronado", en palabras de su actual secretario general, Ignacio Garriga, lo que aflora en la guerra interna no es solamente una pelea por el poder, sino graves acusaciones internas sobre la utilización de los fondos del partido, el enriquecimiento personal de Abascal y su núcleo duro y las coacciones internas.

Los críticos, encabezados por figuras que tuvieron mucho peso en el partido como Ortega Smith o el exportavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, sostienen que se ha consolidado una estructura en la que el líder del partido, su entorno familiar y varios asesores bien posicionados se están beneficiando de dinero procedente del propio Vox o de entidades satélite vinculadas a la formación. No aportan pruebas documentales que lo sustenten, pero coinciden en lo publicado en los medios. Por ejemplo, que Vox ha transferido sumas millonarias a la fundación Disenso y que también ha pagado grandes cantidades de dinero por los contratos de asesoría del grupo empresarial Tizona, liderado por Kiko Méndez-Monasterio, el asesor de cabecera de Abascal.

La dirección de Vox, por su parte, niega irregularidades, asegura que sus cuentas son públicas y están fiscalizadas, aunque obvian las multas que han recibido por parte del Tribunal de Cuentas por, precisamente, irregularidades en su financiación. La respuesta de la cúpula del partido ha sido expulsar a quienes están realizando estas denuncias y asegurar que se trata de una campaña orquestada por el Partido Popular para hacer daño a la formación ultraderechista. Según Garriga, los críticos "votaron a favor de unas reglas internas y de unos estatutos y de unas decisiones" que en su momento no reprobaron. "Ahora resulta que se les pide que cambien de posición en el terreno de juego y Vox ya no es democrático", señaló en alusión a Ortega.

El choque del ex número dos de Vox con la cúpula ya está en vías de judicialización por supuestas irregularidades relacionadas con la protección de datos y con el funcionamiento orgánico del partido y se produjo tras su negativa a apartarse de la portavocía del Ayuntamiento de Madrid. Tras su expulsión del partido, acusó en una carta a "los cuatro que han secuestrado" Vox de haber convertido el proyecto en su "gallina de los huevos de oro". Además, retó públicamente a Garriga a "filtrar" el modelo 347 —el documento fiscal que recoge operaciones con terceros superiores a 3.005,06 euros— insinuando así que hay irregularidades económicas en el partido. Una petición que ya hizo en su día Macarena Olona tras marcharse de la formación ultra.

La cuestión económica está en el centro de todo. En varias entrevistas, Ortega ha hablado de contrataciones a través de sociedades interpuestas, de dinero que "llega y se convierte en un sueldo para la mujer" de Abascal y de desvío de "cantidades ingentes de dinero" hacia Disenso pese a que, según su relato, la dirección de Vox aseguró "que tendría una mínima inyección inicial". El también fundador de Vox también denuncia públicamente el sueldo que percibe el citado Méndez-Monasterio "que cobra la friolera de 27.000 euros mensuales" y lamenta que se esté embolsando esa cantidad de dinero de un partido que decía "defender a los mileuristas".

Es más, el exsecretario general está "convencido" de que fue cesado hace cuatro años por resistirse a autorizar pagos a la red de empresas de los asesores de Abascal. "A mí me cesan como secretario general en 2022, cuando ya llevaba más de un año con tensiones brutales porque en el comité de gestión aparecían facturas que nadie explicaba, sueldos que no se entendían, contratos caros… Yo no me callé y, precisamente porque no quise firmar algunas cosas, se produjo mi cese", sostiene una entrevista.

"Algunos fundadores hemos descubierto que el partido ha sido utilizado por cuatro personas que lo han convertido en su negocio personal. Mientras miles de afiliados, simpatizantes y votantes actúan por ideales, patriotismo y de forma desinteresada, hay una cúpula muy reducida que se está lucrando con un entramado de empresas, familiares y personas cercanas", aseguró en una entrevista con La Nueva España publicada el domingo. Un "negocio personal", según el todavía diputado y concejal de Vox, de un Abascal "vendido a intereses económicos y patrimoniales, primero los suyos y luego los de otros que le rodean".

Así, asegura abiertamente que el líder de Vox se mueve por el dinero. "Abascal no está en política solo por la pasta, pero también", señaló en una entrevista en Onda Madrid. Tanto él como los "otros tres" que dirigen Vox, "son personas que en su vida han tenido dos euros juntos y que, cuando los han tenido, los han perdido y han dejado deudas, que han visto que esto de la política es un trampolín fabuloso para tener recursos públicos, tener mucho dinero y poder decidir con eso para colocar a muchos amigos, tener ellos una vida que ni de broma han tenido antes ni podrían siquiera soñar por sus profesiones y sus oficios", planteó.

Otras figuras como la de Iván Espinosa también han denunciado que las decisiones en la dirección de Vox se toman desde la "opacidad, el cierre y un entramado que es cada vez más sospechoso" y por ese motivo ha reclamado que se revise "euro por euro el dinero que sale de Vox, su destino último y su justificación". Pero quien más claro ha hablado sobre esta cuestión es el exvicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que dimitió en febrero de 2025 para sorpresa de muchos tras negarse a cumplir una orden de Abascal y en estas semanas no ha descartado dar un paso al frente para crear un nuevo partido. Por el momento, tanto Espinosa como Ortega han pedido la convocatoria de una asamblea extraordinaria, pero nada más.

En una entrevista concedida al diario El Mundo a mediados de marzo, García Gallardo aseguró que antes de su dimisión descubrió que Abascal "se estaba embolsando un tercer sueldo en la cuenta corriente de su mujer" tras una noticia de El Confidencial y que ese fue el momento en el que perdió la "confianza" en él. "Conocí que se estaba embolsando un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer, por unos presuntos servicios de consultoría en materia de redes sociales a una sociedad mercantil que está en pérdidas y en causa de disolución. 60.000 euros por unos servicios que nos tendrán que explicar".

Además, también apuntó a que "hay enormes cantidades de recursos públicos a los que accede el partido para beneficio último de muy poquitas personas", y cita concretamente a "una parte relevante de la familia Ariza y de la familia Méndez-Monasterio", que conforman una "galaxia de sociedades" que parecen externas a Vox, pero que acaban formando una "especie de parapartido que está parasitando los recursos económicos de Vox". Así, sostiene que si Vox sigue igual, "solo quedará el plan de pensiones de Abascal". Lo cierto es que Tizona Comunicación, facturó casi 1,3 millones de euros a Vox en un solo año, además de más de medio millón en 2019, y que desde 2024 cobra 22.145 euros mensuales más IVA por consultoría de comunicación y estrategia.

Macarena Olona fue la primera en denunciar irregularidades económicas. Tras ser la candidata para la Junta de Andalucía en 2022 y no obtener el resultado esperado, atribuyó su marcha a Andalucía a una estrategia de Abascal para desplazarla fuera de los focos de la política nacional, donde asegura que rivalizaba en popularidad con el dirigente ultra. Tras su salida, acusó al eurodiputado Jorge Buxadé de "juego sucio" y de "destruir el proyecto político de Vox" por no dar sitio a distintas sensibilidades dentro de la formación.

Tras unos meses de silencio, en octubre de ese año denunció que Vox había desviado millones de euros de dinero público a fundaciones y empresas, en especial a la Fundación Disenso, presidida por Abascal. "Si miento, que se querellen contra mí", afirmó en el programa Salvados. Según Olona, Disenso ha funcionado como un canal para sacar recursos del partido hacia una estructura controlada por Abascal. Desde su constitución en julio de 2020, la entidad ha recibido más de diez millones de euros de Vox.

En Baleares, la exportavoz Idoia Ribas, junto a Agustín Buades y Maite de Medrano, también denunciaron presiones de la dirección nacional para transferir “ingentes cantidades” de dinero público del grupo parlamentario balear a Disenso. Ribas aseguró que, mientras ella se negó a transferir más del 10%, su sucesora pasó a desviar el 50% del dinero del grupo. En línea con Ortega y García Gallardo afirmó que "esos son los intereses de Abascal, el dinero" y que la fundación servía para que el líder pudiera "forrarse".

Los partidos en España tienen prohibido pedir o aceptar donaciones finalistas; es decir, donativos que se entreguen para que se destinen a un fin en concreto. Aun así, Vox ha solicitado y recibido este tipo de donaciones en varias ocasiones e, incluso, anteriormente, el Tribunal de Cuentas le ha sancionado por ello. Cuando el organismo fiscalizador comenzó a revisar las cuentas del partido del año 2020 detectó tres casos con donaciones finalistas —además, de otra infracción por el dinero que recibían en efectivo e ingresaban como donaciones anónimas, que también está prohibido por ley.

Concretamente, en abril de 2025, el tribunal multó a a Vox con 862.496,72 euros por recibir donaciones irregulares entre 2018 y 2020, y en julio de 2025 volvió a sancionarlo con 50.000 euros por donaciones finalistas. Además, ese mismo tribunal pidió explicaciones por adjudicaciones a dedo a Tizona, al considerar demasiado genérico el concepto de las facturas. Las multas del organismo al partido suman ya 1,15 millones de euros, más de lo que se ha impuesto nunca a ninguna otra formación. La formación de Santiago Abascal argumenta que no se enriqueció con las recaudaciones, ya que iban mayormente destinadas a otros fines, como entregar el dinero para poder financiar la querella contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra.

Vox también ha financiado sus últimas campañas electorales gracias a préstamos del MBH Bank, una entidad financiera húngara. Tal y como demostró la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), realizada por infoLibre y Follow the Money, una quinta parte del banco es propiedad del Gobierno de Hungría, liderado por Viktor Orbán. La ley de financiación de partidos no es del todo clara al respecto de recibir préstamos de bancos públicos extranjeros y Vox, al menos por ahora, no ha sido sancionado por ello.

El 4 de mayo expira el plazo que obligaría a la presidenta extremeña, María Guardiola, y a su homólogo en Aragón, Jorge Azcón, a repetir elecciones en ambas comunidades si no consiguen los apoyos para una investidura. En el Partido Popular y en Vox son conscientes de que no pueden permitirse no llegar a un acuerdo, pero ninguno de los dos quiere aparecer como el que cede. Y menos en plena precampaña andaluza. El parón de Semana Santa no ha servido para acercar posturas, a tenor de las declaraciones del portavoz de Vox, José Antonio Fúster, que volvió a acusar a la dirección nacional del PP de poner "zancadillas" a su formación.

Según el dirigente ultra, en los últimos meses Génova se ha dedicado a "filtrar las conversaciones y negociaciones" y a "volcar parte de sus recursos mediáticos en obstaculizarlas" y "decir que exigimos lo que no estábamos exigiendo". Fúster subrayó que su formación ha realizado "un esfuerzo titánico" para alcanzar "los mejores acuerdos" con "enorme sentido común", aunque evitó aclarar qué medidas están impidiendo alcanzar el acuerdo. "Será responsabilidad del PP decir si quiere o no quiere", lanzó. En ese sentido, aseguró que los barones territoriales tienen "mucha mejor predisposición al diálogo" que la dirección nacional del partido.

Aunque Vox no quiere hablar sobre qué medidas concretas están obstaculizando los acuerdos que deben servir de base para un gobierno de coalición, en diversas ocasiones ha pedido al PP que se desmarque de la política de su familia política en la Unión Europea en cuestiones como Mercosur o el Pacto Verde. Esa fue la condición que impuso la formación ultra al presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, para ser investido tras la dimisión de Carlos Mazón. Pero en el PP señalan que, más allá de declaraciones, sus gobiernos autonómicos no tienen margen de actuación en cuestiones de carácter nacional o europeo. Es más, ese fue el argumento que puso sobre la mesa Azcón para no alcanzar un acuerdo presupuestario con los ultras y justificar así el adelanto electoral.

Los ultraderechistas también han llegado a reclamar dar "prioridad a los españoles en sanidad" por encima de los migrantes para investir a los presidentes autonómicos del PP. En Génova no han manifestado su rechazo a esa medida de manera clara e incluso se abstuvieron en el último pleno antes de Semana Santa en la moción de Vox que incluía esa medida, pero aseguran que no harán nada "en contra de la ley" y sostienen que nadie de Vox ha planteado incluir ese punto en las actuales negociaciones.

Es más, en Génova confiesan que no hay ningún escollo programático para alcanzar un acuerdo y atribuyen la tardanza a un mero cálculo electoralista de Vox. "Es un tema más del cuándo que del qué", apuntan fuentes de la formación de Alberto Núñez Feijóo. En un primer momento, el líder del PP se mostró convencido de que podría alcanzar un acuerdo con la formación ultra antes de Semana Santa, al menos en Extremadura. Con el fin de acelerar el pacto, su número dos, Miguel Tellado, se desplazó a Mérida. Pero su viaje solo sirvió para "acercar" posturas. Nada más. Ahora, Génova asume que será solo cuando Santiago Abascal quiera porque está atrapado en un "laberinto" del que no sabe cómo salir. La tesis del equipo de Feijóo es que Abascal se precipitó al decir que iba a gobernar en coalición con el "PSOE azul" y ahora no puede desdecirse, lo que a su vez complica la campaña de Vox en Andalucía.

Lo cierto es que la formación ultra combina las negociaciones autonómicas con reproches muy duros hacia Feijóo y sus lugartenientes. La pasada semana el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, acusó al líder del PP de estar detrás de un "ataque brutal, calumnioso y miserable" contra su formación. Así lo trasladó en una carta remitida a afiliados y simpatizantes en la que aseguró que existía una "maquinaria mediática" impulsada desde el entorno del jefe de la oposición. En concreto, en la misiva citó a Tellado y a la asesora de cabecera de Feijóo, Mar Sánchez Sierra, a los que define como un "clan gallego con prácticas de contrabandistas de ría" que, según Garriga, contacta "con arribistas y despechados", en referencia a sus exdirigentes.

Unas palabras que Génova interpreta como una alusión directa a la amistad entre el narcotraficante Marcial Dorado y el líder del PP. Así, lamentan que Vox esté utilizando "los mismos métodos que Sumar" pero recalcan que ellos no van a entrar en "provocaciones". "No vamos a entrar en una escalada verbal", resumen fuentes del equipo de Feijóo. Con todo, sí creen que los ultraderechistas se están "poniendo nerviosos" con las últimas encuestas publicadas que apuntan a un frenazo de la formación y consideran que no pueden ser percibidos como "los responsables" de una repetición electoral ni en Extremadura ni en Aragón.

Ambas comunidades están atrapadas desde hace meses en un bloqueo político que mantiene a sus ejecutivos en funciones y reduce la acción de gobierno a una gestión muy limitada. Al igual que ocurre a nivel nacional, un gobierno en funciones autonómico no puede actuar como si no hubiera cesado. No está legitimado para impulsar con normalidad nuevas políticas, aprobar leyes o tomar decisiones de gran alcance salvo en circunstancias excepcionales. La regulación vigente hasta el pasado 13 de marzo era excesivamente rígida, incluso más restrictiva que la legislación estatal, y por ese motivo PP y Vox aprobaron un decreto-ley, para blindar el funcionamiento de los servicios públicos y evitar la paralización administrativa derivada del gobierno regional.

En Extremadura, han pasado más de cinco meses desde que Guardiola decidió adelantar las elecciones y disolvió la Asamblea extremeña. La investidura de la dirigente del PP fracasó en marzo por la negativa de Vox a respaldarla. Desde entonces, la comunidad sigue pendiente de un acuerdo que no llega, con una Junta que mantiene el día a día de la administración pero sin el margen político de un Ejecutivo plenamente investido. Ambas formaciones también unieron sus votos para impedir que la Asamblea de Extremadura controlara la acción del Gobierno regional en funciones. El pasado 20 de marzo, tumbaron la solicitud de un pleno extraordinario por parte de Unidas por Extremadura para valorar cuestiones como los efectos de la guerra de Irán y el proceso selectivo docente.

En Aragón, el escenario es similar. La convocatoria electoral del 8 de febrero, forzada por Jorge Azcón y formalizada a mediados de diciembre, supuso el inicio de la carrera a las urnas y, al mismo tiempo, el final de facto de la XI Legislatura. El propio Azcón reconoció recientemente que "hay determinados acuerdos" que no pueden aprobarse al estar en funciones. También lo admitió el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, al señalar que un gobierno en funciones puede "escuchar y dialogar", pero tiene "muchas limitaciones". Entre ellas, la imposibilidad de alcanzar acuerdos con impacto organizativo o sobre la Hacienda pública. Y precisamente ahí es donde chocan muchas de las reivindicaciones y exigencias que ponen sobre la mesa los partidos durante una negociación de investidura.

A todo ello se suma otra cuestión que preocupa especialmente a los de Feijóo. Si PP y Vox terminan cerrando un acuerdo, los conservadores quieren un Ejecutivo estable. Extremadura y Aragón han conocido una experiencia de coalición entre ambas formaciones que se rompió apenas un año después de echar a andar, cuando Abascal ordenó a sus consejeros abandonar los gobiernos autonómicos. Dos años más tarde, la legislatura volvió a saltar por los aires por la falta de acuerdo para los presupuestos.

Han pasado casi cuarenta días desde que Estados Unidos e Israel iniciaran de manera ilegal la guerra contra Irán. Un ataque con repercusiones ya en todo el mundo, que ha generado una enorme inestabilidad geopolítica y que está causando duras consecuencias económicas para los ciudadanos. Un conflicto que también tiene ramificaciones políticas en todos los países.

En España se están detectando movimientos en el electorado en un momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha convertido en el mayor abanderado del "No a la guerra" a nivel internacional frente a la ambigua posición que mantiene el PP. En este escenario político, Vox se ha convertido en el más fuerte aliado de Donald Trump (Estados Unidos) y Benjamin Netanyahu (Israel). Unos movimientos con poso y que abren un nuevo escenario cuando, para muchos, estaba ya todo escrito.

La pantalla política ha cambiado respecto a hace un mes y se evidencia que la foto de las tendencias demoscópicas, que había dominado hasta ahora el panorama se mueve. Según reflejan los sondeos publicados este lunes de 40dB. para El País y la Cadena SER y de Sigma Dos para El Mundo, el partido de Santiago Abascal está experimentando un frenazo en su ascenso mientras que el PSOE empieza a recuperar terreno y, además, su electorado se moviliza (la abstención y la indecisión son la gran pesadilla de Moncloa y de Ferraz).

Las tendencias que marcan estos barómetros apuntan a una subida del PSOE, especialmente nutriéndose de su espacio a la izquierda, mientras que el PP también recobra pulso por el parón de la ultraderecha, que le estaba provocando una sangría de votos a los de Alberto Núñez Feijóo durante los últimos meses. Desde febrero, el PP ha logrado parar la transferencia de voto hacia la ultraderecha de un 15,2% a un 12,8%, según el sondeo de 40dB. Aunque los bloques no se mueven significativamente, sí la ponderación de fuerzas, lo que puede ser determinante para la lucha por los últimos escaños. Y todo puede cambiar por un puñado de votos. 

En estas dos encuestas se aleja el objetivo que tenía Vox de dar un salto cualitativo y superar el umbral del 20% de apoyo (un porcentaje que, además, supone subir exponencialmente el número de diputados). Según 40dB., el partido de Santiago Abascal estaría ahora mismo en un 18,7%, en tanto que Sigma Dos lo calcula en un 17,1%. Estas cifras se acercan a los apoyos logrados por la extrema derecha en las últimas elecciones de Castilla y León: un 18,9% de los votos. 

El parón de Vox en su ascenso que reflejan las encuestas se produce en mitad del ataque a Irán, rechazado de manera mayoritaria por la población española. De hecho, en el sondeo publicado por El País y la Cadena SER se evidencia que para los ciudadanos Trump es el mayor peligro para la paz mundial, por encima incluso de Vladímir Putin (Rusia) y Netanyahu. El Partido Popular ahora trata de instalarse bajo el lema de "No a la guerra, no a Sánchez" al ver el fuerte rechazo social al conflicto armado.

La ultraderecha ya no vive los días de vino y rosas en los que pensaba que podía convertirse incluso en la primera fuerza del país, con sorpasso incluido al Partido Popular. Se enfrenta, además, a un tenso panorama interno con la lucha de Santiago Abascal y su actual núcleo duro contra algunos de los fundadores como Javier Ortega-Smith e Iván Espinosa de los Monteros.

Y todo ello en mitad de las negociaciones del Partido Popular con Vox para los futuros gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Esto supondrá abrir otra puerta en la legislatura, ya que la ultraderecha tendrá que evidenciar si sabe gobernar tras meses de discurso antisistema. 

Sánchez fue el primer gran líder internacional que se opuso a esta intervención ilegal y llamó a la vuelta de la diplomacia, además de negarse a que Washington utilice las bases de Rota (Cádiz) y de Morón de la Frontera (Sevilla). Y esta postura está siendo avalada por los votantes progresistas y haciendo que vuelva a crecer en las encuestas tras unos meses duros en el Ejecutivo.

Casi un mes después del inicio de la guerra en Irán, el PSOE ha experimentado su mayor subida, según 40dB., desde octubre del año pasado. Respecto a los datos del barómetro de marzo, Sánchez logra ascender casi un punto. Asimismo, mejora dos factores que obsesionan a Moncloa y Ferraz: incrementa su fidelidad de voto y la movilización de su electorado. 

Los dirigentes socialistas siempre señalan que su principal batalla está en la participación de su electorado y en sacar de la indecisión a muchos de los que les apoyaron en las elecciones de 2023. Y este "No a la guerra" está suponiendo un motivo potente para recuperar a sectores progresistas. Además, la última encuesta de DYM para 20 Minutos, publicada a finales de marzo, señalaba que la imagen del Gobierno está en su punto más alto (aunque es de un 4,4) de esta legislatura, una puntuación a la que no llegaba desde julio de 2023.

Diferentes fuentes del PSOE señalan que el partido está en condiciones de ser primera fuerza en votos en las próximas elecciones generales y que la partida sigue abierta a pesar de los vaticinios de las derechas. Asimismo, los socialistas sostienen que necesitan un espacio fuerte a su izquierda para poder sumar el día después y conservar el Palacio de La Moncloa. Por lo tanto, no les sirve para sobrevivir sólo robar votos a Podemos y Sumar.

En cambio, la izquierda del PSOE no consigue subir a pesar de su rechazo rotundo a la guerra. Ese espacio vive en un escenario de fragmentación que lo penaliza, aunque continúan los movimientos durante estos días. El acuerdo para una lista en Andalucía integrada por IU, Movimiento Sumar y Podemos, entre otros, ha supuesto un giro en el guion, aunque desde Madrid Pablo Iglesias ha cargado contra el pacto final por no tener los morados puestos de salida en las listas. El siguiente paso será el encuentro entre Gabriel Rufián (ERC) e Irene Montero (Podemos) este jueves en Barcelona.

Ahí se juega una partida vital para los progresistas. La izquierda transformadora necesita ser competitiva para luchar por la tercera plaza con Vox. El parón de la ultraderecha posibilita esa batalla, pero a los progresistas les hace falta esa unidad para poder ser capaces de arañar escaños en las provincias medianas.

Vox llegó a las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 como la tercera fuerza del país, con 1.670 ediles. Dos años después, el partido de Santiago Abascal ha perdido 87 concejales —uno de cada 20— que han abandonado o han sido expulsados de sus grupos municipales y hoy figuran como no adscritos en sus respectivos ayuntamientos. El porcentaje, más de un 5%, multiplica por diez el del PP y por ocho el del PSOE, según el análisis de infoLibre a partir de datos del Ministerio de Política Territorial.

Cuando un edil abandona o es expulsado del partido por cuyas listas fue elegido, la Ley de Bases de Régimen Local le impide integrarse en otro grupo y le obliga a sentarse solo, con derechos políticos y económicos reducidos. En la práctica, el no adscrito queda en tierra de nadie institucional —excluido de comisiones, sin medios del grupo— pero conserva su acta y, con ella, su voto.

El análisis de infoLibre sobre la composición actual de los ayuntamientos españoles identifica 444 concejales no adscritos en total, procedentes de todas las fuerzas políticas. El PSOE y sus federaciones autonómicas —PSdeG, PSOE-A, PSN…— acumulan 128, el mayor número en términos absolutos. El PP suma 104. Pero en términos relativos, la diferencia con Vox es abismal: PP y PSOE se mueven en porcentajes del 0,44% y el 0,62%, respectivamente, sobre sus ediles electos el 28M. Vox tiene un 5,21%.

El desglose geográfico de la descomposición interna del partido se distribuye de la siguiente manera: Castilla y León y la Comunidad de Madrid concentran cada una 14 de los 87 no adscritos de Vox, seguidas de Castilla-La Mancha con 13 y la Comunitat Valenciana con 12.

Ni el mapa ni las cifras del análisis incluyen dos casos recientes en grandes núcleos urbanos: Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid y Beatriz Sánchez del Álamo en el de Cartagena. En el caso de la capital, Ortega Smith ha sido expulsado del partido que cofundó, pero sigue actuando como portavoz en el pelno a a la espera de que se oficialice su condición de concejal no adscrito. En Cartagena, ha sido la concejal de Turismo la que ha anunciado su marcha de la formación de Abascal denunciando la "deriva" y el "trato inhumano" hacia sus miembros, pero el consistorio tampoco ha registrado aún su paso a edil no adscrita. De los casos ya consolidados, el más extremo en una capital de provincia es el de Palencia, donde Vox obtuvo tres concejales en el 28M y ha visto cómo dos de ellos pasaban a no adscritos por vías distintas, dejando al partido con un único edil que, para más inri, está a su vez expedientado.

El primero en caer fue Ricardo Carrancio, expulsado en febrero de 2024 tras ser condenado por insultar y golpear a un hombre con discapacidad. El segundo es el caso más llamativo: Sonia Lalanda, hasta entonces portavoz del grupo municipal, fue expulsada por criticar públicamente a la dirección nacional. En el pleno en el que formalizó su paso a no adscrita, Lalanda estuvo acompañada por Macarena Olona —que viajó expresamente a Palencia para el acto— y denunció las “prácticas sectarias” y la "deriva radical de extrema derecha" de Vox. El tercer concejal de Vox que queda en el Ayuntamiento, Emilio Polo, está expedientado precisamente por haber apoyado a Lalanda en su conflicto con la dirección del partido.

Valencia: crisis, readmisión y la Fiscalía Anticorrupción

El caso de Valencia ilustra hasta qué punto la inestabilidad interna de Vox puede sacudir instituciones de primer nivel. A principios de marzo de 2025 estalló el primer escándalo de presunta corrupción documentado en el partido: el hasta entonces vicealcalde y portavoz de Vox en el consistorio, Juan Manuel Badenas, quedó bajo investigación interna por el supuesto amaño de un contrato de 128.951 euros en favor de la empresa del marido de Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Vox le abrió expediente y le suspendió de militancia, lo que le dejó fuera del grupo municipal junto a su pareja, la también concejala Cecilia Herrero, que pidió la baja voluntaria del partido.

Durante diez días, ambos figuraron formalmente como concejales no adscritos, dejando al Gobierno de coalición PP-Vox de la alcaldesa María José Catalá sin mayoría. Pero el 4 de abril, Vox readmitió a los dos a cambio de que pidieran disculpas públicas, y Catalá firmó una remodelación del Ejecutivo municipal. Sin embargo, la crisis se cerró en falso: la Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas diligencias sobre los contratos adjudicados durante la etapa de Badenas como concejal de Empleo.

La sombra de la corrupción también planea sobre el grupo de Vox en Collado Villalba (Madrid), donde su concejala Ana Isabel Dompablo Guerrero pasó a no adscrita en febrero de 2026 tras ser apartada por presunta malversación de fondos públicos.

El fenómeno no es exclusivo de Vox

Las desavenencias internas de los grupos municipales afectan a todas las fuerzas, aunque con distinta intensidad. Los 444 concejales no adscritos identificados por infoLibreproceden de más de 80 formaciones distintas. Entre los casos más llamativos de esta legislatura destacan tres que ilustran los distintos mecanismos del fenómeno a través de todo el espectro político: el oportunismo político con contrapartida, la desobediencia interna castigada con expulsión y el escándalo personal del cargo.

El caso más documentado de transfuguismo con recompensa es el de Fran Vázquez en Nerva (Huelva). Vázquez se presentó al 28M como candidato de Con Andalucía (IU), pero durante las negociaciones postelectorales su partido le acusó de negociar al margen, abandonó la formación y figuró como concejal no adscrito. Gracias a su voto, el PP alcanzó la alcaldía de un municipio de mayoría histórica socialista que rompía por primera vez en democracia la hegemonía del PP en Nerva.

Meses después, el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva publicó el decreto por el que Vázquez era nombrado asesor del grupo de gobierno del PP en la Diputación Provincial. El portavoz del PSOE en la Diputación lo formuló sin rodeos: "La alcaldía de Nerva tuvo un precio". El propio Vázquez negó cualquier acuerdo previo. En mayo de 2025, una moción de censura conjunta de PSOE, IU y XNerva prosperó y devolvió la alcaldía al PSOE.

Algeciras: Landaluce, apartado pero no mucho

Pero el ejemplo de mayor resonancia mediática es el del alcalde de Algeciras, el popular José Ignacio Landaluce. Tras catorce años al frente del consistorio, causó baja en el PP el 2 de enero de 2026 después de que el PSOE trasladara a la Fiscalía del Tribunal Supremo una denuncia por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso sexual —denuncia que la Fiscalía acabó archivando el mismo mes—. La dirección del PP tramitó su baja como militante para proteger la imagen del partido.

Landaluce figura como edil no adscrito pero sigue ocupando la alcaldía con el respaldo explícito del grupo municipal del PP, que mantiene su disciplina de voto. La propia portavoz de Vox en el consistorio lo denunció en pleno: "Algeciras no está gobernada por el Partido Popular, está gobernada por un tránsfuga” [Vox utiliza el término “tránsfuga”, aunque en este caso el movimiento no se corresponde con la definición de transfuguismo]. El PP, por su parte, calificó la baja de su alcalde como "la mejor estrategia para defenderse" de la denuncia. Tras el archivo de la misma, Landaluce anunció una querella por injurias contra la ya exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se refirió a él como “condenado”. Montero se retractó y achacó su declaración al “fragor” del mitin en el que participaba. 

El PSOE de Santiago, reducido a mínimos

En Santiago de Compostela, el PSOE perdió de golpe cuatro de sus seis concejales por un conflicto de disciplina de voto. En junio de 2024, el grupo municipal socialista votó a favor de una ordenanza sobre viviendas turísticas impulsada por el gobierno del BNG, contraviniendo la instrucción expresa de la dirección del partido, que les había pedido que se abstuvieran. El proceso disciplinario que siguió acabó con la expulsión del partido para Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez.

Su paso formal a no adscritos se hizo efectivo en un pleno extraordinario en mayo de 2025, dejando al PSOE de Santiago —el partido que más años ha gobernado la capital gallega en democracia— con solo dos concejales. El caso tiene cola judicial: los cuatro expulsados han demandado al partido para impugnar las resoluciones disciplinarias, y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán —que firmó las órdenes de expulsión— ha sido citado a declarar como testigo en el juicio por este caso, previsto para septiembre de 2026.

Andalucía votará el próximo 17 de mayo con la batalla de las derechas en uno de sus momentos más álgidos. Vox ha elegido a Manuel Gavira (Cádiz, 1969) como su candidato. Fue el portavoz en el Parlamento andaluz antes del desembarco de Macarena Olona y volvió a serlo tras la prematura marcha de la exdirigente ultra. Gavira se ha definido como un "soldado" del líder nacional de Vox. "Salvo Abascal, todos los demás somos prescindibles", llegó a afirmar hace solo unos meses. El suyo es un perfil completamente opuesto al de Olona: discreto, poco contestatario y con arraigo al territorio, pero menor proyección mediática que su predecesora. En estos momentos, Vox necesita en Andalucía un candidato que no eclipse al partido, que no abra otro frente interno a los que ya tiene y que acepte su rol secundario frente a un Abascal omnipresente y que recorrerá la comunidad de punta a punta.

Tras el frenazo en Castilla y León, donde la formación ultra no alcanzó el objetivo que se había marcado de alcanzar el 20% de los votos, Abascal se conformaría con mejorar por la mínima los resultados de Olona, que alcanzó más de 493.932 votos y 14 diputados en 2022. O, por lo menos, no empeorarlos. Hace cuatro años, obtuvo dos escaños más y creció en escaños —de 12 a 14—, en votos —de 396.607 a 493.932, casi 100.000 más— y en porcentaje —de 10,96% a 13,46%— respecto a los comicios autonómicos de 2018. Esas fueron las primeras elecciones en las que Vox obtuvo representación institucional. Gracias a ese resultado, un Juanma Moreno en el que ni su propio partido confiaba pudo alcanzar la Junta de Andalucía con el apoyo también de Ciudadanos.

En estas últimas semanas, la formación ultra ha ido bajando posiciones en las encuestas. En diciembre, el barómetro andaluz del Centra situaba a Vox en el 17,5% y le otorgaba una horquilla entre 19 y 22 escaños, por encima de los 14 actuales. La encuesta de Social Data de febrero le daba un resultado casi idéntico, 17,6%, al igual que Sigma Dos, que la colocaba en 20-21 escaños con un 18%, mientras GESOP elevaba su techo hasta 23-27 diputados y el 20%, en el escenario más favorable para los de Abascal. Pero los sondeos publicados en los últimos han rebajado esas expectativas: el de GESOP les 14-15 escaños, NC Report 16 y Sociométrica 18. El techo de Vox se produjo en noviembre de 2019, cuando en las elecciones generales sumó 867.429 papeletas, el 20% de los votos.

La dirección de Abascal no se marca, en ningún caso, alcanzar una cifra concreta tras lo sucedido en los comicios del pasado 15 de marzo en Castilla y León. Su objetivo no es ganar a Moreno en las urnas y tampoco a la candidata del PSOE, María Jesús Montero, aunque según algunos sondeos estarían cerca de superar al PSOE en provincias como Almería y Huelva. Lo que buscan en que Moreno no revalide la mayoría absoluta y tenga que pactar con ellos, al igual que ha ocurrido en el resto de elecciones recientes.Para Vox, otra mayoría del candidato del PP sería el peor escenario posible —al igual que para la izquierda—, porque les dejaría sin capacidad para presentar al PP como una fuerza débil o rehén del sanchismo. Ese es el relato que tratarán de imponer en campaña.

Los comicios andaluces también servirán como prueba para comprobar si la guerra de iniciada por los críticos encabezada por su exportavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y su exsecretario general, Javier Ortega Smith, está pasando factura a Vox ante sus electores. A pesar de que Vox trata de presentarse como un partido estable y sin líos internos, su inestabilidad es inocultable. A su salida masiva de concejales y sus disputas en múltiples territorios se suma el singular caso andaluz, donde Vox busca ahora rumbo tras perder en las elecciones en 2022 toda su capacidad de influencia por la mayoría absoluta del PP.

Andalucía es un territorio de vital importancia para la formación ultraderechista. Es la comunidad más poblada, en la que Vox irrumpió en diciembre de 2018. Su primer portavoz, Francisco Serrano, duró un pleno, el de investidura. Abascal y su entorno se habían dado cuenta, ya durante la campaña, de las limitaciones políticas del juez condenado por prevaricación que habían puesto como candidato, pero decidieron seguir adelante con él. No había alternativa. Serrano, ya sin portavocía y obsesionado con las denuncias falsas por violencia de género, perdió relieve político y acabó dimitiendo por un caso de fraude destapado por infoLibre.

Su sustituto como portavoz fue Alejandro Hernández, un diputado que llegó a golpear el micrófono y soltar un "a tomar por culo" tras una discusión con la presidenta de la Cámara. Duró de febrero de 2019 a mayo de 2021, cuando el citado Manuel Gavira actuaba tan al dictado de Madrid que en las ruedas de prensa no tenía claro qué contestar si no había hablado antes la dirección nacional. A Gavira le tocó el papel de marcar distancias con el PP, al que Vox había apoyado en lo esencial durante la legislatura, con la vista puesta en las elecciones de 2022, donde pretendía mostrarse como alternativa. Tal cantidad de veces amenazaba Vox con romper, para acabar salvando al Gobierno en el último minuto, que en el PP y Ciudadanos los conocían como los "peninultimátus".

Cuando finalmente Juan Manuel Moreno convocó las elecciones, Gavira era una opción a mano para ser candidato. Hubiera sido como seguir el ejemplo de Juan García-Gallardo en Castilla y León, el mismo manual que después replicó Vox en otros territorios en las elecciones de mayo de 2023: un primer espada poco conocido que no se saliera un milímetro del guión y aprovechara el tirón de la marca. En la ultraderecha saben que, más allá del cabeza de cartel en cuestión, cuanto más polaricen la campaña más pueden ganar. Se trata de un fenómeno bien documentado, ya que su gran éxito es imponer su agenda.

En la dirección de Vox todavía no han olvidado el fracaso de Macarena Olona, que se presentaba como la candidata estrella de la formación ultra y acabó fuera de la política entre duras críticas a la dirección estatal de Vox tras una sonora decepción electoral. Bambú podría haber repetido la misma operación con su portavoz parlamentaria, la cordobesa Pepa Millán, pero finalmente apostó por Gavira. Olona fue la primera de una larga lista en denunciar la opacidad económica en las relaciones del partido con Disenso o en empresas como Tizona Comunicación, propiedad de los principales asesores de Abascal, Kiko Méndez-Monasterio y de Gabriel Ariza.

En la dirección de Vox creyeron encontrar en Olona a una candidata "con cara de presidenta", como dijo Abascal. La campaña de la exdirigente ultra, sin embargo, dejó boquiabiertos a los especialistas en estrategia electoral. Pero no por su calidad. En primer lugar, tuvo que dar explicaciones por su empadronamiento irregular en Salobreña (Granada) para ser candidata. La batalla legal la ganó y pudo presentarse, pero en ningún momento logró marcar la agenda, tampoco tras unos debates electorales en los que llegó a acusar al presidente Moreno de permitir la exposición a pervertidos a "niños de diez años" en los colegios andaluces.

La candidata aseguró que se quedaría en Andalucía, pero solo duró dos semanas. Se había quedado anclada y sin margen de influencia en una ciudad nueva para ella, en una plaza política en la que tenía que aprender a moverse, con su capacidad de generar repercusión más que mermada, al frente de un grupo que no controlaba y con miembros que, en muchos casos, ni conocía. Sus principales colaboradores, Jacobo Robatto y el periodista Álvaro Zancajo, quedaron bajo sospecha tras el fracaso de la campaña. Ahora ambos cuentan con el apoyo de Abascal, especialmente el segundo, que compatibiliza su sueldo como consejero de Canal Sur a razón de 60.000 euros anuales con el de director de comunicación de Vox, según reveló recientemente El Confidencial. Vox no revela si volverá a estar al frente de la campaña de Gavira, pero en la formación esperan que no vuelva a ser un fracaso.

Días de descanso y reflexión para la mayoría de los políticos. Pero también tiempo para repensar las estrategias y coger fuerzas para una primavera política con temperaturas casi de agosto. Unos meses decisivos para el escenario público, que mira ya a las generales del año que viene. Y todo está por escribir.

Con la última remodelación del Gobierno, el presidente, Pedro Sánchez, busca centrar el discurso en la economía elevando a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero. Tras las fotos, toca la hora de testar el nuevo perfil del ministro de Economía, con el que Moncloa quiere hablar de los buenos datos y obligar al Partido Popular a abordar la cuestión durante todos los miércoles en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso.

Pero el Gobierno sigue teniendo una gran asignatura pendiente: el proyecto de presupuestos generales del Estado. Cuerpo ha prometido que se presentarán. Esta labor le tocará al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que asume unas cuentas saneadas por parte de María Jesús Montero, pero también otras carpetas abiertas como la búsqueda de apoyos para el nuevo modelo de financiación autonómica y para el proyecto de la quita de la deuda. 

La política internacional copa cada día más importancia en el tablero doméstico. El ‘no a la guerra’ de Sánchez se nota ya en las encuestas, con una recuperación del PSOE, pero, sobre todo, refuerza la imagen de estadista del presidente, que ha conseguido que la mayoría de países de la UE haya cambiado su posición y se muestre en contra de participar en una guerra ilegal.

Sánchez se ha erigido como la némesis de Donald Trump, que, por el momento, no ha cumplido su amenaza de un embargo comercial a España. El presidente español continúa su ronda por medios internacionales y tiene prevista una agenda internacional muy apretada durante las próximas semanas. Los días 13, 14 y 15 de abril volverá de viaje oficial a China en un momento de máxima tensión con Washington, con la idea de reforzar lazos económicos pero también de contrarrestar el poder de Trump y defender el multilateralismo. A la vuelta, tiene una cita muy simbólica con la cumbre internacional de líderes progresistas en Barcelona, donde ejercerá de anfitrión. Allí estarán, entre otros, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el máximo representante del Consejo Europeo, António Costa.

El 17 de mayo se celebrarán elecciones en Andalucía, la comunidad más poblada de España. Es una batalla muy importante para el termómetro nacional, aunque sus resultados no son del todo extrapolables a unas generales. La gran duda en estos momentos es si Juanma Moreno (PP) conseguirá revalidar la mayoría absoluta o tendrá que pactar con Vox para seguir en el Palacio de San Telmo. Esta última opción sería un revés para el popular, que se ha presentado como el barón moderado frente a la madrileña Isabel Díaz Ayuso, con postulados similares a la ultraderecha.

El PSOE tiene el gran reto de no caer en su peor resultado histórico. El socialismo lleva como candidata a la exvicepresidenta María Jesús Montero, que aspira a romper las encuestas con un discurso basado principalmente en la defensa de los servicios públicos como la sanidad, la educación y la dependencia. En la sala de máquinas de la calle de San Vicente en Sevilla no paran de repetir que hay margen para crecer, ya que hay más de medio millón de votantes del PSOE que se quedaron en casa en las elecciones de 2022.

La derecha tiene por delante una apretada primavera de cortejo. El Partido Popular y Vox tienen sumidas en la incertidumbre a tres autonomías: Extremadura, Aragón y Castilla y León. A pesar de que dan los números, no logran ponerse de acuerdo para esta nueva etapa que enfrenta el bloque por la vuelta a los Ejecutivos de coalición.

Aunque Alberto Núñez Feijóo quería cerrar cuanto antes estos acuerdos, la dirección de Vox ha ralentizado este proceso. Sobre la mesa vuelve la sombra del 28M: a qué pactos llegarán, hasta dónde cederán los populares y qué consejerías exigirán los de Abascal. Y se debate la propia fórmula: María Guardiola y Jorge Azcón aceptan que haya consejeros de la ultraderecha, mientras que Alfonso Fernández Mañueco prefiere gobernar en solitario con el apoyo externo de los de Santiago Abascal.

Estos meses antes del verano serán cruciales para saber el estado de salud de la ultraderecha en España, en un momento en el que en Europa se aprecian frenazos en este espectro como el resultado de las presidenciales en Portugal y la pérdida del referéndum constitucional por parte de Giorgia Meloni en Italia, además de las encuestas en Hungría que apuntan a la posibilidad de que pierda Viktor Orbán.

En España, varias encuestas empiezan a apuntar una ralentización del fenómeno Vox. Por un lado, las elecciones de Castilla y León fueron frustrantes para el partido de Santiago Abascal al no lograr sobrepasar el simbólico 20% de votos. Vox tiene ahora mismo dos elementos de desgaste principalmente: su apoyo sin fisuras a Donald Trump y Benjamin Netanyahu en la guerra de Irán y la herida interna abierta por el choque entre el líder y varios de los fundadores como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega-Smith. Además, su incorporación en los Ejecutivos autonómicos pondrá la lupa sobre su gestión y se rebajará el discurso antisistema sobre el que cabalga ahora mismo la extrema derecha española.

Las izquierdas siguen explorando vías para las próximas elecciones generales tras los fracasos de Aragón y Castilla y León. En pleno Viernes Santo, el espacio logró un gran acuerdo en Andalucía que parecía impensable incluso hace una semana. Finalmente, compartirán papeleta IU, Podemos y Movimiento Sumar bajo el paraguas de Por Andalucía (en el que también están Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde).

El próximo 9 de abril se producirá asimismo en Barcelona un movimiento muy simbólico con la charla programada entre Gabriel Rufián (Esquerra Republicana) e Irene Montero (Podemos). Un nuevo paso en busca de herramientas comunes tras el inicio de la gira del catalán con Emilio Delgado 

De manera paralela se darán pasos por parte del frente amplio que han conformado Izquierda Unida, Más Madrid, los comunes y Movimiento Sumar, que se han citado a otro gran acto, como el que hubo en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, en Sevilla el próximo 19 de abril, en plena precampaña de las elecciones andaluzas 

No obstante, el espacio sigue huérfano de liderazgo tras la decisión de Yolanda Díaz de no repetir como número uno y el autodescarte del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Todas las miradas están puestas en Rufián, cuya distancia con la dirección de ERC aumenta cada día con Oriol Junqueras señalando, por ejemplo, que él no pasó por la cárcel para que Ada Colau vaya en una lista con los republicanos. 

La política española seguirá pendiente también de lo que pase en Cataluña, ya que afecta directamente a las mayorías en el Congreso. Salvador Illa consiguió salvar una bola de partido con los presupuestos, pero ahora debe abrir un periodo de negociación con Esquerra. No tener cuentas públicas puede ser un problema para su estabilidad e incluso abriría un escenario de elecciones adelantadas.

Los republicanos en Madrid van a seguir empujando para el traspaso del IRPF a la Generalitat, algo a lo que se negó María Jesús Montero. En ERC confían en el talante de Arcadi España para asumir sus postulados y encajar un enfoque más federalista del Estado. Además, todos los partidos están muy atentos al ascenso fulgurante de Aliança Catalana, un elemento que puede romper los equilibrios de la política catalana y, por ende, de la española.

La vivienda sigue como la principal preocupación para los españoles. Y ninguno de los partidos ha logrado imponer sus recetas. “Quien dé con la tecla de la vivienda ganará las próximas elecciones”, disecciona un veterano parlamentario. Y será la principal batalla en el Congreso en las próximas semanas a través del decreto aprobado por el Gobierno.

El texto deberá pasar por votación en la Cámara Baja antes del próximo 22 de abril (está un mes en vigor hasta que se pronuncie el Congreso). Se ha convertido en la gran batalla política del ala de Sumar en el Gobierno, que presionó hasta el final para que el PSOE aceptara las medidas dentro del paquete de ayudas por la guerra de Irán. Una de sus columnas es la prórroga de los contratos de alquiler con un tope de subida. Ahora mismo no cuenta con los votos suficientes, ya que el PP, Vox y Junts ya han anunciado su rechazo. No obstante, la izquierda transformadora cree que todos deben retratarse y que el ‘no’ tendrá un coste social para esos partidos.

La concejala de Vox en Cartagena Beatriz Sánchez del Álamo ha comunicado este miércoles que ha decidido darse de baja como afiliada de la formación que preside Santiago Abascal por el trato que han recibido los miembros del partido, que califica de "indigno", según informa EFE. 

En un mensaje en su cuenta de la red social X, Sánchez del Álamo señala que Vox ha traicionado "sus propios principios" y que la dirección ha convertido la formación en “un auténtico despropósito”. 

La concejala subraya que su decisión marca un límite ético ante lo que considera comportamientos inaceptables, concluyendo con la frase: “Hasta aquí. No todo vale”.

La decisión de Sánchez del Álamo se produce tras las recientes salidas de José Ángel Antelo, expresidente de Vox en la Región de Murcia, y José Francisco Garre, exportavoz de Vox en Torre Pacheco.

La cascada de dimisiones y expulsiones sigue en el núcleo de Vox. Precisamente, la semana pasada, el exportavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros informó de que el partido liderado por Santiago Abascal le había comunicado una apertura de expediente para expulsarle de la formación. Pocos días antes, el 18 de marzo, un grupo de exdirigentes de Vox, encabezados por Espinosa de los Monteros, difundieron un manifiesto en contra de la dirección nacional liderada por Abascal en el que exigían la convocatoria de un congreso extraordinario "con plazos suficientes y reglas claras".

Entre los firmantes se encontraban la exportavoz en Madrid y mujer de Espinosa, Rocío Monasterio, el exsecretario general Javier Ortega Smith, el excoordinador de Vox en Murcia, José Ángel Antelo y exdiputados como Inés Cañizares, actual vicealcaldesa de Toledo, Malena Nevado, Víctor Sánchez del Real y Francisco José Contreras, entre muchos otros. Todos ellos han ratificado el manifiesto impulsado por el antiguo portavoz ultra.

En política, la confianza es clave. Y cuando Alberto Núñez Feijóó llegó a la presidencia nacional del Partido Popular, en abril de 2022, contaba con un apoyo mayoritario entre los votantes del PP. Es más, daba por descontado que su fama de político moderado y de buen gestor, construida gracias, en buena medida, al control mediático de su partido en Galicia, le abriría la puerta de la Moncloa.  En sus cálculos entraba una recesión económica, que nunca llegó y su supuesta capacidad para frenar a Vox, que ya entonces se había comido buena parte del electorado representado tradicionalmente por el PP, y que tampoco se hizo nunca realidad. 

Las cuentas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) llegaron a reconocerle que el 38,7% de los españoles tenían en él mucha o bastante confianza, frente a un 55,4% que manifestaban poca o ninguna. Un porcentaje muy elevado, tratándose de políticos en España, aunque a su favor también jugaba un cierto desconocimiento. En el barómetro de abril de 2022, justo después de su llegada a Génova, Feijóo lograba una valoración media de 5,20. Además, en la pregunta espontánea sobre quién preferían como presidente del Gobierno, obtenía un 16,4%, por encima de lo que registra ahora. El PP hablaba del "efecto Feijóo".

Con el paso del tiempo, aquellas cifras se han volatilizado. La confianza cayó a los pocos meses por debajo del 30%, en septiembre de 2022, y nunca se recuperó. En el barómetro del CIS de febrero de 2026, lo situó en un 3,45 de valoración media, y en marzo apenas remontó al 3,60, casi dos puntos por debajo de cuando llegó a la presidencia del partido. Pero lo verdaderamente inquietante para Génova es la fidelidad de voto: solo el 69,9% de quienes habían votado al PP en 2023 repetirían hoy, mientras un 17,1% se iría a Vox.

Según el reciente análisis de Rafael Ruiz, consultor y analista de datos en asuntos públicos en Logoslab, el comportamiento de los votantes del PP de 2023 a nivel autonómico se aleja de lo que están reflejando las encuestas de cara a unas hipotéticas elecciones generales que se celebrasen en la actualidad, donde la fidelidad del PP es más baja y la de Vox más elevada. Es decir, los votantes del PP están confiando en mayor medida en sus líderes regionales que en Feijóo. En consonancia con esto último, las valoraciones de Guardiola (7,9) y de Jorge Azcón (7,9) entre sus votantes son claramente mejores que las de Feijóo entre los suyos (6,1).

Cuatro años después, el Partido Popular domina el mapa de poder territorial tras las autonómicas y municipales de 2023 y varios de sus presidentes mantienen una relación bastante sólida con sus electorados, pero esa confianza no se traslada automáticamente al líder nacional, que no logró sumar los suficientes apoyos tras las generales de ese mismo año pese a ser la primera fuerza. De cara a los próximos comicios estatales, que Moncloa sitúa en 2027, el PP sigue apareciendo como la primera fuerza en la mayoría de encuestas, pero su líder no capitaliza la confianza que sí despiertan varios presidentes autonómicos de su propio partido.

Más bien al contrario, cuanto mejor aguantan algunos barones en sus territorios, más visible resulta la fragilidad política de Feijóo. Aunque precisamente ese poder territorial es una de las bazas de las que siempre presume la dirección nacional y de las que se sirve para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez, es también un espejo incómodo para Feijóo. Sus barones gobiernan, pero él no lo hace. Así, según las encuestas —y los resultados electorales— el electorado conservador distingue entre la marca territorial del PP, y la dirección nacional de Génova, que ofrece una imagen más frágil y más expuesta a la presión de Vox.

En comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla y León, el PP aparece mucho más anclado a una lógica de gestión y de liderazgo territorial que a las dinámicas de la política nacional. Prueba de ello es el resultado de la formación conservadora en esos comicios, con tres victorias de sus candidatos: en el caso de la extremeña María Guardiola con 29 escaños y 43,2% de los votos —un acta más que en 2023—; en el del aragonés Jorge Azcón 26 escaños y 34,3% del total —dos menos—; y en el del presiente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, 33 escaños y 35,5% —dos más que cuatro años antes—. En todas estas autonomías, sin embargo, el PP necesita el apoyo de la extrema derecha, que ya ha dejado meridianamente claro que entrará en esos gobiernos.

Es más, de cara a demostrar su autoridad frente a sus barones, Feijóo mandó hace unas semanas a sus principales lugartenientes, Miguel Tellado y Marta Varela —secretario general del partido y jefa de gabinete del líder conservador—, a supervisar las negociaciones con la formación de Santiago Abascal. Una decisión que generó revuelo interno dentro del partido, especialmente en el PP extremeño, después de que los ultras amenazan con votar en contra de la investidura de Guardiola. Un movimiento que ni Tellado ni Varela pudieron evitar el pasado 3 de marzo. Este miércoles ambas formaciones acercaron posturas, pero desde la dirección nacional de Vox acusan a Génova de tratar de "ponerles zancadillas" para que el acuerdo no se produzca.

En estos años al frente del PP, su mayor éxito —la cuota de poder territorial— no es tanto suyo sino de sus barones autonómicos. El mayor fracaso, en cambio, es enteramente suyo: no logró la mayoría que buscaba para llegar a la Moncloa. La debilidad de Feijóo quedó patente, precisamente, en su incapacidad de forzar la dimisión del presidente valenciano Carlos Mazón. Fue él quien dio ese paso tras la presión de los familiares de las víctimas de la dana, pero Feijóo se confirmaba únicamente en que no repitiera como candidato en las siguientes elecciones autonómicas. Tampoco pudo convencer a la alcaldesa de València, María José Catalá, a que diera un paso al frente y fuera elegida como presidenta. Tuvo que aceptar una solución intermedia, la de Juanfran Pérez Llorca.

Ese desgaste a su figura tiene varias implicaciones políticas para el líder del PP. La primera en clave estratégica. Si el PP autonómico se vota por gestión y proximidad, pero el PP nacional pierde capacidad de arrastre, entonces la marca estatal deja de funcionar como paraguas y empieza a depender de la autoridad de sus barones. Génova corre el riesgo de vivir a crédito de sus presidentes autonómicos, a diferencia de lo que ocurre en el caso de formaciones como Vox. En ese caso, sus candidatos autonómicos están relegados a un segundo plano y lo único que importa es su líder, que ejerce como candidato in pectore.

Así, otro de los riesgos que corre Feijóo es que una parte de ese electorado que vota al PP nivel nacional, considere más eficaces a los barones del PP en sus territorios, pero perciba a Abascal como su opción favorita en la batalla nacional. Especialmente si en campaña se sitúan en la agenda cuestiones como la inmigración, las políticas verdes, la corrupción del bipartidismo o las guerras culturales, con cuestiones como los derechos feministas o LGTBI en el centro. En Génova confían en que los ultras sufran un retroceso en las próximas elecciones andaluzas y que también se desgasten al entrar de nuevo a gobernar en algunos territorios.

Sin embargo, ello no resuelve el problema de fondo de Feijóo. Y es que cuanto más se refuerce la idea de que el PP funciona mejor en manos de sus presidentes autonómicos que bajo su dirección nacional, más se estrecha el margen político del actual jefe de la oposición dentro del propio partido. No se trata solo de una discusión sucesoria, que hoy no está formalmente abierta, sino de autoridad efectiva. Y, si Feijóo vuelve a fracasar en unas generales, la batalla por su sucesión vendrá desde los territorios.

El exportavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros ha informado este jueves de que el partido liderado por Santiago Abascal le comunicó el pasado lunes una apertura de expediente para expulsarle de la formación, según informa EFE.

A través de un mensaje en X, el ahora presidente del centro de pensamiento Atenea, creado por él mismo, ha explicado que el lunes pasado, sobre las 20:30 horas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, convocó elecciones anticipadas. Dos horas y media más tarde, a las 23:01, añade, Vox le comunica que le abre expediente para expulsarle del partido.

El pasado día 18 un grupo de exdirigentes de Vox, encabezados por Espinosa de los Monteros, difundieron un manifiesto en contra de la dirección nacional liderada por Abascal en el que exigían la convocatoria de un congreso extraordinario "con plazos suficientes y reglas claras".

"Es hora de abrir el debate sobre el futuro de Vox", afirmaban los firmantes del manifiesto, entre los que estaban también el diputado y exsecretario general de la formación Javier Ortega Smith, el exvicepresidente del partido Víctor González Coello de Portugal y el expresidente en Murcia José Ángel Antelo, entre otros.

Una convocatoria a la misma hora y en el mismo sitio pero enviada por separado. La de Vox llegó antes que la del PP. A las 16:00 horas en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura. Los indicios eran evidentes. Ambos partidos se manifestarían a la vez ante los medios de comunicación para, este miércoles 25 de marzo, en vísperas de Semana Santa y tras diversas reuniones mantenidas, anunciar el famoso y esperado acuerdo que “casi está”, que va “muy adelantado”, pero que sigue sin cerrarse.

No obstante, los que hicieron de portavoces de ambas formaciones no dijeron nada nuevo ante los micrófonos. Y hablaron por separado. “Todavía no hay ningún tipo de acuerdo, pero esperamos que lo haya en un futuro, somos optimistas”, aseguró, de nuevo, Óscar Fernández Calle, portavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea. Además, destacó la “predisposición” de la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, para acercar posturas: “Reconoce con los hechos y en estas reuniones cuál es el peso de Vox”, recalcó Fernández Calle.

Por su parte, el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, subrayó que las reuniones de los últimos días han sido “muy positivas”. “Todos queremos un gobierno cuanto antes, pero esa ansiedad no nos puede llevar a la inestabilidad”, insistió. Esta vez pretenden completar los cuatro años de legislatura y no quedarse a medias.

A pesar de todo, sí ha habido avances en el acuerdo programático, aunque aún no se ha dado a conocer públicamente. Este miércoles se abordaron cuestiones que afectan directamente al territorio extremeño como el regadío de Tierra de Barros (Vox ha acusado a PP y PSOE de abandonarlo) y la central nuclear de Almaraz, para la que los ultras piden aún más facilidades en forma de bajada de impuestos a las empresas propietarias para que se alargue su vida útil.

Las medidas generales que la formación de Santiago Abascal pone sobre la mesa también se están abordando. Son, entre otras, “más seguridad en las calles, vivienda accesible, fin del despilfarro de dinero público y bajadas masivas de impuestos, prioridad de los españoles en sanidad, fin de Mercosur y el Pacto Verde y fin del adoctrinamiento en las aulas”.

En la reunión de este miércoles de lo que no se ha hablado es del reparto de consejerías y de si habrá una vicepresidencia para la ultraderecha en el nuevo Gobierno de Extremadura. O al menos eso es lo que han transmitido.

Fuentes de Génova admiten que a Vox “le está costando” encontrar perfiles “de gestión”, motivo que está retrasando las conversaciones respecto a este reparto de puestos. Este extremo no lo confirman en la formación de extrema derecha a preguntas de este periódico.

La realidad es que ya han pasado más de tres meses desde el 21D, cuando se celebró el adelanto electoral impuesto por Guardiola. Desde entonces ha habido mucha expectación, mucha puesta en escena y mucho ruido. Y, de momento, sin resultado.

La estrategia de Vox se ha ido evidenciando con el paso del tiempo: primero esperar a las elecciones en Aragón, donde duplicaron su representación; y después a los comicios en Castilla y León, donde, aunque subieron, no llegaron a los apoyos esperados. El objetivo era ir ganando posiciones y fuerza más allá de las necesidades de los territorios. Mientras tanto, Extremadura ha estado a la espera de que las direcciones de PP y Vox, desde Madrid, dieran algún paso.

En su último anuncio, el líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se había marcado como fecha “antes de la Semana Santa” para alcanzar un acuerdo, pero ahora se evita hablar de plazos concretos. Las reuniones continuarán la semana que viene. Hay fuentes que apuntan a que el pacto definitivo podría llegar a finales de abril, esto es, un mes más tarde del horizonte señalado como límite.

Desde Génova trataron desde el primer momento de rebajar la reunión de este miércoles en Mérida. Fuentes del equipo de Feijóo hablaban de “acercamiento”, pero alejaban la posibilidad de un acuerdo inminente entre ambas formaciones. Es más, en Génova admiten que la desconfianza mutua entre ambos partidos –que se han acusado de filtrar información a la prensa para tratar de desgastar al otro–, así como las próximas elecciones en Andalucía, convocadas por Juanma Moreno, han retrasado el pacto. 

Lo que sí remarca la dirección nacional del PP es que su número dos, Miguel Tellado, se está involucrando en las conversaciones, hasta el punto de desplazarse hasta Extremadura este miércoles 25 de marzo frente a la otra negociadora, Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo, que ha asistido telemáticamente a las reuniones. El movimiento de Tellado evidencia, a juicio de algunas voces del partido, que Feijóo no se acaba de “fiar” de la presidenta Guardiola. Desde el PP extremeño han trasladado sus reservas, a través de sus chats grupales, a la estrategia de “ninguneo” de la cúpula nacional.

Por otra parte, el viaje de Tellado le ha impedido preguntar durante la sesión de control al Gobierno a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que siempre dirige sus cuestiones parlamentarias. No se trata de un asunto menor ya que la de este miércoles ha sido la última sesión de Montero antes de dejar su cartera para ser la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas. Un ‘sacrificio’ que Feijóo ha realizado para acercar posturas con Vox a costa de la propia autonomía de la presidenta extremeña. Al margen de ella, el resto de barones autonómicos negocia de ‘tú a tú’ con la extrema derecha.

No lo ha tenido fácil en estos tres meses Guardiola. Primero Abascal aseguró “no descartar pedir su cabeza” si ella era un impedimento para alcanzar un pacto. Después cambiaron la estrategia y en la sesión de investidura fallida en la Asamblea de Extremadura, Fernández Calle le remarcó que no había acuerdo por culpa de Génova y que “sus enemigos estaban en su partido”.

Además, tanto Guardiola como Calle y Abascal han protagonizado sonoros rifirrafes en redes sociales durante la campaña electoral y durante los primeros intentos de negociación que han marcado la relación entre ambos partidos.

Por ahora las posturas están más cerca, el pacto “casi cerrado”, pero el ruido permanece.

Una comisión de Vox se ha reunido este miércoles con el PP en Extremadura con la intención de alcanzar un acuerdo basado en la negociación de las medidas que la formación que preside Santiago Abascal "considera imprescindibles para alcanzar un acuerdo de Gobierno".

Así lo han asegurado en un comunicado Vox, en la que explica que en la negociación está Óscar Fernández, portavoz en la Asamblea de Extremadura; Montserrat Lluís, secretaria general adjunta; José María Figaredo, portavoz nacional de Economía, Energía y Desregularización; y Carlos Hernández Quero, portavoz nacional de Vivienda.

Por parte del PP, fuentes de dirección nacional han confirmado que están el secretario general, Miguel Tellado, de manera presencial, y la diputada Marta Varela por videoconferencia.

La reunión que se ha mantenido en Mérida se ha centrado "exclusivamente" en las medidas políticas a adoptar, "sin que en ella se haya hablado de vicepresidencias, consejerías o cualquier puesto en la administración autonómica (cuestiones que quedarán para tratar una vez se alcance un acuerdo sobre el programa político), determinando plazos de cumplimiento y garantías de ejecución", según ha explicado el partido de Abascal. Las consejerías que desea Vox, según publican algunos medios son Agricultura, Industria y Seguridad, además de una vicepresidencia.

La negociación "medida a medida" implica el compromiso de llegar a un acuerdo de "seguridad en las calles; vivienda accesible; fin del despilfarro de dinero público y bajadas masivas de impuestos; prioridad de los españoles en sanidad; fin de Mercosur y el Pacto Verde; Fin de las políticas de sustitución demográfica; la familia en el centro de todas las políticas; Agenda España frente a las imposiciones de la Agenda 2030; reindustrialización de España y medidas que frenen el éxodo de los jóvenes de su patria; fin del adoctrinamiento en las aulas y rechazo de los acuerdos alcanzados por el PP y el PSOE en Europa", según ha explicado Vox en un comunicado de prensa.¡

El encuentro, como ha publicado El Mundo, fue acordado ayer entre ambas formaciones tras suspenderse una primera reunión que fue suspendida por el partido de Abascal al culpar a Génova de haber filtrado que iba a producirse dicho encuentro. Eso ocurrió el pasado 26 de febrero, cinco días antes de que se iniciara el pleno del primer intento de investidura de la presidenta en funciones de la Junta, donde Vox votó en contra, junto a PSOE y Unidas Podemos. A ese encuentro también tenía previsto acudir la diputada del PP, Marta Varela.

Ambas formaciones han anunciado sendas comparecencias en las que harán declaraciones este miércoles a las 16:00 horas a las puertas de la Asamblea de Extremadura.

Este, pues, parece el penúltimo paso para confirmar un Gobierno de derechas en Extremadura después de casi tres meses sin acuerdo y tres semanas después de que los de Abascal tumbaran por dos veces la investidura de Guardiola que salió del debate entre lágrimas.