Las familias de las víctimas fueron claras desde el primer momento: "Hay que apuntar a cargos más altos". Lo dijeron cuando conocieron la primera imputación de ex altos cargos del Gobierno que Isabel Díaz Ayuso tuvo durante lo peor de la pandemia y lo repitieron cuando conocieron la segunda. Para las organizaciones que llevan cinco años peleando en los tribunales que se juzgue la gestión de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid no es suficiente con que lo sucedido recaiga únicamente en el autor y el firmante de los Protocolos de la Vergüenza. Ni en el presunto responsable del plan de choque que incluyó una medicalización que no se produjo. Ni en el responsable del Summa 112 o en los geriatras de enlace. Si en aquellos meses de marzo y abril de 2020 realmente se cometió un delito de denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios la orden tuvo que llegar desde instancias superiores, entienden. Por ahora, no han sido pocos los que han apuntado en este sentido a un nombre propio: el de Enrique Ruiz Escudero.

Este martes lo hizo el exasesor de Ayuso Antonio Burgueño. Pasaban pocos minutos de las 11.30 de la mañana cuando apareció, abriéndose paso entre una nube de periodistas, para acudir a declarar como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés. Fue su jueza titular, María Pilar Esteban Pellicer, la que le había citado en el marco de una querella presentada por dos mujeres que habían perdido a dos familiares durante lo peor del covid en la residencia Los Frailes. Las dos lo hicieron en las mismas condiciones: con una asistencia sanitaria que o bien llegó tarde o, directamente, no llegó. Ni dentro ni fuera del geriátrico. "Tendríamos que haber revisado científicamente la epidemia", dijo Burgueño a preguntas de los medios.

Una vez en la sala, y frente a la jueza, su declaración no duró mucho más tiempo. La Fiscalía interrumpió su relato porque el papel que según estaba narrando había jugado en las primeras semanas de marzo apuntaban a que el exasesor debía declarar en la causa como imputado, no como testigo. La decisión por ahora no se ha tomado, pero en caso de producirse sería la segunda vez que es llamado como investigado, puesto que ya le ocurrió la semana pasada, en el marco de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Madrid ante el Juzgado de Instrucción número 3. Concretamente, esa causa parte de una petición de repertura de la Fiscalía Provincial de Madrid, que recibió parte —53— de los casos en los que se dividió la macrodenuncia que 109 familiares presentaron ante el Ministerio Público el pasado mes de octubre.

Según lo poco que le dio tiempo a narrar a Burgueño, fue la propia presidenta madrileña la que le llamó por teléfono el 10 de marzo para convocarle a una reunión que tuvo lugar sólo 24 horas más tarde. A la cita de aquel día 11 acudieron, además de ellos dos, el entonces consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, el de Sanidad, Escudero, y la mano derecha de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez. Según ha detallado el abogado de las familias presente en la declaración, Carlos Castillo, Burgueño especificó que en aquel encuentro propuso la creación de un mando único sanitario liderado por Ayuso pero del que él era responsable nominal, nunca de manera oficial o formal. Fue ahí cuando se cortó su declaración.

En cualquier caso, no era esta la primera vez que el exasesor hablaba de aquella reunión. En la breve comisión de investigación que tuvo lugar en la Asamblea de Madrid, aseguró que aquel día trasladó a los presentes que había que hacer "un plan" y que presentó un documento con "270 puntos" de los cuales "unos diez o quince se referían a la actuación de las residencias". Utilizó entonces la palabra "medicalización", pero no fue la primera vez que lo hacía. Tampoco llegó a producirse nunca. "No se llevó a cabo", dijo, en una entrevista en El País. En cualquier caso, Escudero estuvo presente. Y tuvo conocimiento de todo lo que se habló entonces.

La macrodenuncia que apuntó por primera vez a la vía del delito de denegación de asistencia santiaria por motivos discriminatorios explicaba claramente que ese supuesto abandono se había producido por la confluencia de varias decisiones que habían derivado en 7291 fallecimientos sólo entre los meses de marzo y abril de 2020. Por un lado, la no medicalización de las residencias; pero por otro, también, la existencia de unos protocolos que incluían literalmente criterios de exclusión y que impedían que los mayores que vivían en residencias y tuviesen un deterioro físico o cognitivo fueran trasladados a los hospitales, tuvieran o no covid.

Para explicar cómo se aprobaron y su funcionamiento, junto a Burgueño acudió también este martes a declarar a Leganés el que entonces fuera consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Fue recibido y despedido con los aplausos de los familiares que le esperaban a las puertas del juzgado, y en declaraciones a los medios detalló que había explicado lo mismo de siempre: que los Protocolos de la Vergüenza eran discriminatorios y que así lo trasladó a sus compañeros de Gobierno. En concreto, el exconsejero ha confirmado que los documentos fueron firmados por el director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, y que establecieron un sistema de geriatras de enlace, que hasta ese momento no había existido.

Y al igual que Burgueño, apuntó a Escudero. En concreto, Reyero ha señalado que el 21 de marzo se dirigió a él —los protocolos se firmaron los días 18, 20, 24 y 25 de marzo— y al propio Mur para decirles que si esas órdenes se aplicaban los mayores que vivían en las residencias morirían "de forma indigna".

Además, y según consta en la macrodenuncia, de más de 160 páginas, la Consejería de Sanidad en manos de Escudero conocía de primera mano el estado de las residencias prácticamente a tiempo real. La de Políticas Sociales, que dirigió Reyero hasta octubre de 2020, elaboraba dos excel con datos pormenorizados de las 25 residencias de gestión pública y de las 450 en manos privadas. Día a día recopilaba información detallada que recibían, entre otros, en Sanidad. Y entre los datos que se incluían en cada comunicación estaban, por ejemplo, el número de residentes positivos y en aislamiento, la plantilla del centro, la necesidad de personal, de materiales de proyección y, también, el número de ancianos fallecidos, distinguiendo entre los que habían muerto en el hospital o en el propio centro.  

En esta misma causa acudirán el próximo 17 de junio, pero en calidad de imputados, los dos exdirectores de Coordinación Sociosanitaria y respectivos firmante y autor de los Protocolos de la Vergüenza, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo; el director del Summa 112 en el momento en el que sucedieron los hechos, Pablo Busca; y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Los dos primeros, además, ya acudieron como investigados en la primera causa abierta por el mismo delito en Madrid, pero consiguieron aplazar su declaración porque sus abogados argumentaron que no se les había dado traslado de la totalidad del expediente con suficiente antelación y que, por tanto, no habían podido preparar su defensa.

Habrá que esperar a ver si la estrategia del próximo día 17 pasa por lo mismo, pero en cualquier caso no será en ningún caso esa la primera vez que Mur se explique ante un juez. Las otras vecez que lo ha hecho, siempre como testigo, ha sido claro: firmó los protocolos, pero le trasladó siempre a Escudero su oposición a los mismos.

La primera vez que lo hizo fue en marzo de 2023, en el marco de la investigación de cuatro delitos —homicidio imprudente, denegación de auxilio y prevaricación omisiva— presuntamente cometidos tras el fallecimiento de tres residentes del centro DomusVi Albufera. Entonces, Mur fue claro. Según aseguró ante el juez, él no estaba de acuerdo con el criterio que recomendaba no trasladar al hospital a las personas dependientes, pero que firmó el documento "para proteger a los profesionales de la Sanidad", dándoles así una guía homogénea para aplicar. A preguntas entonces del abogado de Marea de Residencias —la asociación detrás de la causa— admitió que todo lo relacionado con el Protocolo lo comentó con "su superior", el consejero de Sanidad, y que Ruiz Escudero dio su aprobación a los documentos. Además, explicó que el Protocolo se envió a los hospitales desde la Consejería de Sanidad.

Dos años antes, ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, aseguró que el Gobierno de Ayuso tampoco permitió que los ancianos que no podían ser derivados fuesen atendidos ni en el hospital de campaña montado en Ifema ni en los hoteles medicalizados. Textualmente, señaló, "se dijo que se trasladasen a Ifema personas sin problemas para actividades básicas de la vida diaria y sin deterioro cognitivo. Y lo mismo para los hoteles medicalizados".

Mur fue apartado de su cargo en mayo de 2020 y le sustituyó Peromingo, hasta ese momento geriatra de hospitales de Quirón, una de las principales concesionarias de la sanidad madrileña. Actualmente, además, es jefe de Geriatría en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, un hospital, también, de Quirón.

En cualquier caso, en el supuesto de que alguna causa elevara la responsabilidad de la posible discriminación sanitaria en las residencias de mayores, a Escudero sólo lo podría investigar el Tribunal Supremo, puesto que está aforado como senador por designación autonómica.

La lucha de las familias de los muertos en residencias durante la primera ola del covid por la implementación del Protocolo de la Vergüenza, que impedía trasladar a los hospitales a los mayores con mayor grado de dependencia física o con un mayor deterioro cognitivo, vive este martes 7 de noviembre un nuevo capítulo. Tras más de tres años buscando respuestas con múltiples portazos judiciales y parlamentarios, el Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba dio el pasado octubre el primer paso para depurar responsabilidades políticas. 

Por orden de la Audiencia Provincial, reabrió la causa de un residente del Centro Residencial Torrelodones-Sanitas Mayores en una causa por homicidio por imprudencia en el que se investigarán las responsabilidades de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de dos de sus consejeros en marzo de 2020, Enrique López (Justicia e Interior) y Enrique Ruiz Escudero (Sanidad), en la aprobación de este documento que, según publicó infoLibre, llegó a tener hasta cuatro versiones. En caso de que la investigación prospere, el Juzgado tendría que inhibirse a favor del Tribunal Supremo ya que los tres están aforados: mientras la líder regional se mantiene en su puesto al frente del Gobierno regional, López ha vuelto a su plaza en la Audiencia Nacional y Ruiz Escudero es ahora senador. 

En concreto, este martes están citados a declarar en calidad de testigo a partir de las 9.30 horas al exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y a la exdirectora de Salud Pública Yolanda Fuentes, que dimitió en mayo de 2020 por el empeño de Ayuso de solicitar el paso de Madrid a la fase 1 del plan de desescalada del Ministerio de Sanidad. 

"Declararé lo mismo que hasta ahora. Lo que lamento es tener que volver al juzgado y que no vayan a ir las personas que están aforadas. Ya es hora de que vayan", asegura Reyero en conversación con infoLibre. "Comentaré lo que yo viví, lo que pienso de los protocolos y de las medidas alternativas que no se tomaron, y hacer una valoración de las distintas actuaciones en la Comunidad de Madrid", afirma el exconsejero. 

Será la tercera vez que se siente como testigo frente a un juez. La primera ocasión fue en marzo junto a Mur, que destacó que el consejero de Sanidad dio su aprobación al protocolo. Y la segunda, en junio cuando Reyero volvió a confirmar que el documento existió y se aplicó, al contrario de lo que sostiene Ayuso que siempre lo ha calificado de "borrador". En esta ocasión, su testimonio fue ratificado por la ex directora general de Salud Pública.

A las puertas de los juzgados, los tres se encontrarán con una concentración de Marea de Residencias para exigir justicia y que se depuren responsabilidades al más alto nivel. "Siempre que ha habido declaraciones nos hemos concentrado porque hay que investigar estas muertes, por qué se tomaron ciertas decisiones y si no había otras alternativas", explica Carmen López, portavoz de esta organización. 

Además de estas tres declaraciones, la jueza debería tener ya sobre su mesa la documentación que ha solicitado a la Comunidad de Madrid. En concreto, ha pedido a la Consejería de Sanidad el plan de choque anunciado el 26 de marzo de 2020 junto con detalles de su "desarrollo, implementación y recursos utilizados"; los protocolos de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en residencias de personas mayores adoptados por la Dirección General de coordinación socio-sanitarias; y los recursos sanitarios y EPIS facilitados por la Comunidad a las residencias "desglosados por fecha". 

"Estaré abierto a cualquier duda de la magistrada. Como sé que han pedido documentación relacionada con los protocolos y del plan de choque, daré las explicaciones necesarias si necesitan algún tipo de explicación", explica Reyero. El pasado septiembre, durante su testimonio ante la comisión ciudadana, aseguró que cuando le explicaron "los criterios médicos" de aquellos documentos se echó "las manos a la cabeza": "Se tomaron decisiones que no son éticas, en las que las personas mayores tienen menos valor que el resto de ciudadanos".

Las muertes en residencias son, sin duda, la piedra en el zapato de Ayuso. Dos días después de conocerse esta reapertura, la presidenta aseguró desde Nueva York que esta causa "es una investigación que ya se cerró", que la Audiencia Provincial sólo pide escuchar las diligencias de la familia "para su archivo definitivo" y que "no tiene más recorrido". "Esto es una fanfarronada de la presidenta que ha dicho sin pensar", asegura López que apunta que "si no creemos esto, tendremos que pensar que la justicia no es tal porque nadie puede saber antes de empezar cómo va a terminar una causa". "Seguimos manteniendo la esperanza en la justicia", defiende la portavoz de Marea de Residencias. 

Ahora, tras más de tres años, la jueza tendrá que determinar la responsabilidad de Ayuso y sus dos exconsejeros y abrir las "diligencias pertinentes y necesarias" para "poder determinar si concurren o no indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes y/o omisión del deber de socorro". En las residencias de la Comunidad de Madrid murieron 9.468 personas entre los meses de marzo a mayo. De ellas, 7.291 mayores, el 77%, lo hicieron sin ser trasladadas a un hospital.

Estas declaraciones se producen pocos días después de conocerse que el Ayuntamiento de Leganés, gobernado ahora por el PP, ha formalizado su recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que siga el proceso abierto para juzgar la actuación de la Comunidad de Madrid durante la pandemia en las residencias de ese municipio. La anterior corporación, en manos del PSOE, llevó a los tribunales un recurso contra la gestión de Ayuso, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó esa denuncia por la "inactividad" en la medicalización de las residencias. Ante esta situación, se decidió acudir al Tribunal Supremo. 

Este recurso de casación fue admitido a trámite por parte del Supremo el pasado julio, que entiende que sí hay motivos para estudiar el caso. Pero para seguir el proceso hacía falta otro paso: que el propio consistorio formalizara ese recurso de casación. Un movimiento que se produjo la semana pasada. 

Desde el consistorio no han querido aclarar este paso y se limitaron a expresar fuentes del equipo de alcalde que remiten a las declaraciones hechas en su día por el regidor: "Dije, repito y mantengo, el alcalde de Leganés no va a interferir en la decisión que tenga que tomar el jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Leganés".

1.305 días después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobase en marzo de 2020 el ya conocido como Protocolo de la Vergüenza, que impedía trasladar a los hospital desde las residencias a los mayores con mayor grado de dependencia física o con un mayor deterioro cognitivo, la justicia ha dado el primer paso al frente para depurar responsabilidades políticas. El Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba ha reabierto por orden de la Audiencia Provincial una investigación para conocer la responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de dos de sus consejeros en marzo de 2020, Enrique López (Justicia e Interior) y Enrique Ruiz Escudero (Sanidad), en la aprobación de un documento que, según publicó infoLibre, llegó a tener hasta cuatro versiones.

Según un auto al que ha tenido acceso este periódico y que adelantó este viernes El Salto, el tribunal ha aceptado el recurso interpuesto por una familia de un residente del Centro Residencial Torrelodones-Sanitas Mayores en una causa por homicidio por imprudencia. Se trata de la primera vez que un juzgado reabre una investigación para analizar la responsabilidad de los políticos que diseñaron y aplicaron este protocolo y también la primera ocasión que la Audiencia Provincial pide que se investigue a Ayuso y a sus dos exconsejeros. 

"Es una vía de esperanza para seguir luchando", asegura Carmen López, portavoz de Marea de Residencias. Las familias de los muertos en residencias durante la primera ola del covid llevan más de tres años reclamando justicia por las muertes derivadas de la implementación del Protocolo de la Vergüenza. Cabe recordar que en las residencias de la Comunidad de Madrid murieron 9.468 personas entre los meses de marzo a mayo. De ellas, 7.291 mayores, el 77%, lo hicieron sin ser trasladadas a un hospital. 

Un camino que no ha sido nada fácil para las familias y que ha estado lleno de portazos judiciales y también parlamentarios. "Es una alegría relativa. No podemos ponernos demasiado contentos, porque sabemos que después puede llegar el batacazo", dice en conversación con infoLibre. Aunque López pone en valor "este paso adelante", reconoce que son conscientes de que "esto no significa nada ya que puede terminar en archivo". 

Tras la orden de la Audiencia Provincial, la jueza ha pedido ahora documentación a la Comunidad de Madrid. En concreto, ha solicitado a la Consejería de Sanidad el plan de choque anunciado el 26 de marzo de 2020 junto con detalles de su "desarrollo, implementación y recursos utilizados"; los protocolos de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en residencias de personas mayores adoptados por la Dirección General de coordinación socio-sanitarias; y los recursos sanitarios y EPIS facilitados por la Comunidad a las residencias "desglosados por fecha". 

Con esta documentación, busca examinar la responsabilidad de Ayuso y sus dos exconsejeros y abrir las "diligencias pertinentes y necesarias" para "poder determinar si concurren o no indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes y/o omisión del deber de socorro". Cabe señalar que los tres están aforados en el Supremo: mientras la líder regional se mantiene en su puesto al frente del Gobierno madrileño, López ha vuelto a su plaza en la Audiencia Nacional y Ruiz Escudero es ahora senador. 

Las muertes en residencias son, sin duda, la piedra en el zapato de Ayuso. Es más, el pasado septiembre, el primer día de la fracasada investidura de Alberto Núñez Feijóo, se mostró muy enfadada después de que el periodista Willy Veleta de Canal Red le preguntara por este tema. "¿Va a seguir así toda la vida, acosándome? Muchas familias piden que paren ya con semejante miseria", aseguró.

En el auto, fechado el pasado 2 de octubre, la jueza también cita a declarar como testigos el próximo 7 de noviembre a partir de las 9.30 horas al exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y a la exdirectora de Salud Pública Yolanda Fuentes, que dimitió en mayo de 2020 por el empeño de Ayuso de solicitar el paso de Madrid a la fase 1 del plan de desescalada del Ministerio de Sanidad, para aclarar su relación con estos protocolos. "Hasta ahora las investigaciones se habían centrado en los médicos, los geriatras de enlace o los directores de las residencias. No fue hasta principios de año cuando un juzgado llamó a Reyero y a Mur, y después a Fuentes, cuando se empezó a mirar la parte política. Ahora, además de hacer lo mismo, va un paso más allá", apunta López.  

No será la primera vez de ninguno ante los tribunales. El exconsejero ya ha declarado dos veces en calidad de testigo. La primera en marzo junto a Mur, que destacó que el consejero de Sanidad dio su aprobación al protocolo. Y la segunda, en junio cuando Reyero volvió a confirmar que el documento existió y se aplicó, al contrario de lo que sostiene Ayuso que siempre lo ha calificado de "borrador". En esta ocasión, su testimonio fue ratificado por la ex directora general de Salud Pública.

Este auto de la jueza de Collado Villalba se une además a la decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite el pasado mes de agosto el recurso de casación que interpuso el Ayuntamiento de Leganés contra la Comunidad de Madrid por "inactividad" al no medicalizar las residencias. El objetivo de la causa es determinar si la aplicación del Protocolo de la Vergüenza obligaba a la región a tomar medidas alternativas que garantizasen la atención sanitaria.

Sin embargo, este recurso de casación está en el aire por el cambio de alcalde. La causa la inició el exregidor socialista Santiago Llorente, pero el 28M lo sustituyó al frente del consistorio el conservador Miguel Ángel Recuenco que, según apuntan desde el PSOE, debería haber formalizado el recurso antes de este viernes 13 de octubre.

"El alcalde no dice nada. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Transparencia cero, no sabemos nada", explica López que recuerda que el regidor les llegó a decir esta misma semana que  "ya se había pronunciado" y que "la decisión depende del letrado del Ayuntamiento, que es funcionario". "Es el alcalde el que toma la decisión", recuerda la portavoz de Marea de Residencias que señala que "lo que intenta es de forma poco valiente no tomar decisión".

La esperanza para Marea de Residencias pasa por su socio de Gobierno, Unión por Leganés, que les prometió que "el recurso iba a seguir". "Cuando el alcalde no quiere dar explicaciones, es que a lo mejor lo ha puesto y no quiere que se entere su jefa [por Ayuso]. Ojalá que al final triunfe la democracia", concluye López. 

Los médicos y pediatras de atención primaria de Madrid han dado luz verde este miércoles al principio de acuerdo alcanzado por la Consejería de Sanidad y el comité de huelga y, una vez firmado, desconvocarán los paros que se han prolongado durante casi cuatro meses, ha recordado Europa Press.

El sindicato médico Amyts, convocante de la huelga indefinida que arrancó el 21 de noviembre, ha sometido el acuerdo verbal alcanzado a consulta con los profesionales antes de decidir si rubricaba el principio de acuerdo que permite la salida de la huelga.

En una consulta telemática celebrada la noche de este miércoles que se ha prolongado durante más de dos horas, los médicos y pediatras han dado su visto bueno al acuerdo, una decisión que ya han traslado a la Consejería de Sanidad.

Tras este respaldo de los afectados, el comité de huelga se sentará nuevamente con la Consejería de Sanidad este mismo jueves, previsiblemente a primera hora de la tarde, para cerrar el acuerdo definitivo y rubicrar los compromisos adquiridos después de 14 reuniones entre ambas partes.

Con la firma de los mismos, se desconvocará la huelga tras 122 días de paros para un total de 4.240 médicos de Familia y 720 pediatras de atenciónpPrimaria en la región. En cualquier caso, se establecerá una comisión de seguimiento de los acuerdos alcanzados para garantizar su implementación.

El acuerdo pone punto final a 17 semanas y media de huelga indefinida durante las que el comité de huelga ha llevado a cabo multitud de acciones de protesta, con más de una decena de manifestaciones por el centro de Madrid los miércoles, un encierro durante 36 horas en la Dirección General de Recursos Humanos del Sermas, o encierros médicos simbólicos en asociaciones vecinales.

De este modo se pondrá punto final a un conflicto que se arrastra desde el 21 de noviembre y que ha llevado a situar a la Sanidad Pública como uno de los principales problemas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El responsable de la cartera, Enrique Ruiz Escudero, que ya ha confirmado que no repetirá al frente de la Consejería en la próxima legislatura, dejará así cerrado uno de los frentes que mayores quebraderos de cabeza estaba provocando en el Ejecutivo madrileño.

La huelga de casi 5.000 profesionales de atención primaria, a la que han seguido protestas en atención primaria, hospitalaria y en todos los sectores profesionales de este primer nivel asistencial, y manifestaciones en la calle en defensa de la Sanidad Pública, ha generado uno de los puntos de máximo enfrentamiento entre el Gobierno de Ayuso y los sanitarios, con acusaciones de huelga política por parte del Ejecutivo regional y recriminaciones de seguidismo a los partidos de la izquierda para sacar a Ayuso de la Puerta del Sol.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles, la presidenta madrileña defendió el compromiso del Gobierno regional para mejorar las condiciones laborales de los profesionales y la asistencia sanitaria para los madrileños en el pasado y "en los siguientes meses".

"Llevamos muchos meses proponiendo mejoras, proyectos para que la Sanidad Pública madrileña siga siendo la mejor de España y una de las mejores del mundo, donde escuchamos las reivindicaciones necesarias de los médicos y estamos comprometidos con ello pero con huelga y sin ella", subrayó.

En el último encuentro entre ambas partes, el pasado día 2, el comité de huelga llevó un planteamiento en el que, con cálculos aproximados, se cifraba en una partida aproximada de entre 39 y 40 millones de euros el esfuerzo presupuestario mínimo que debería hacer la Consejería de Sanidad para acercar posturas.

Por su lado, la Consejería ya avanzó un planteamiento que contemplaba 55 millones de euros, duplicando el esfuerzo presupuestario sobre las retribuciones previas al actual Plan de Mejora de atención primaria, que contempla 200 millones de euros, 80 de ellos en Recursos Humanos.

Entre otras cuestiones, ofrece un complemento por población atendida por categoría deficitaria en medicina de familia y pediatría de Primaria de 400 euros mensuales y 380 euros mensuales para todos los facultativos que trabajan en el turno fijo de tarde, para fomentar la cobertura de vacantes en este turno.

La atención primaria sigue dando la batalla en la Comunidad de Madrid. A exactamente una semana de cumplir cuatro meses en huelga, los médicos de familia y pediatras continúan sumando fuerzas y saliendo a la calle para denunciar que el "maltrato" de Isabel Díaz Ayuso a los profesionales de los centros de salud merma una calidad asistencial crucial para los madrileños. Los últimos en advertirlo han sido los médicos internos residentes (MIR) que hace cuatro años comenzaron su especialidad y que están a poco más de un mes de terminarla. Su mensaje es claro: quieren quedarse en Madrid, pero las actuales condiciones que tendrían que aceptar provocan que el 70% se plantee no hacerlo.

Así lo han trasladado este martes, durante una rueda de prensa en la que los 218 MIR que el próximo 27 de mayo terminan su formación como médicos de familia han presentado una encuesta que revela que el 75% de todos ellos quiere dedicarse a la atención primaria, un porcentaje del cual el 70% planea en cambio hacerlo fuera de Madrid. "Queremos quedarnos", afirman, pero las ofertas de la Gerencia de Atención Primaria están "vacías de contenido y garantías". Si no fuera así, según los datos que han recogido, un 43,8% de los que quieren dedicarse a la primaria afirma que se quedaría —un 31,3% afirma querer quedarse sin condiciones y un 18,8% solo contempla trabajar en otra comunidad—.

El problema es que la perspectiva no es buena. Hace apenas dos semanas, los MIR se reunieron con la Gerencia de Atención Primaria, un encuentro en el que no se les ofertaron "contratos duraderos y de calidad que permitan una conciliación familiar". "Recibimos un discurso casi infantilizado de la atención primaria, reiterando constantemente lo importante que somos para el futuro de la Comunidad de Madrid", han denunciado este martes.

"La crispación y la incredulidad de los médicos residentes allí presentes fue en aumento y así lo expresamos en reiteradas ocasiones, ofreciéndoles una serie de propuestas, tanto de forma verbal como por escrito, de las necesidades que creemos serían adecuadas para que los residentes de Medicina de Familia nos quedáramos trabajando en la atención primaria madrileña", han explicado.

Lo advierten porque ya ocurrió el año pasado. Según han recordado, de los 219 MIR que terminaron su especialidad de Medicina de Familia en 2022, solo se aceptaron 20 contratos. "Obviamente no podemos competir con ofertas que se realizan desde el extranjero, pero si otras comunidades son conscientes del problema y quieren apostar por nosotros, ¿por qué la Comunidad de Madrid no?", se han quejado.

Con los pediatras ocurre algo parecido. Según los datos que recogió el pasado mes de mayo el sindicato Amyts, de las 79 personas que terminaron su formación en 2022, tan solo una aceptó una de las 30 plazas que ofertó la Consejería. "La pediatría en Madrid va camino de su desaparición. Así vemos el futuro inmediato de esta imprescindible especialidad", lamentaron desde la organización, que achacó la situación al "abandono institucional", a las "malas condiciones", a la "falta de conciliación" y a "la dificultad para ejercer la especialidad con calidad".

Un año antes ocurrió lo mismo. Como reflejó Amyts, la sanidad madrileña formó a 76 nuevos pediatras, pero solo cinco se presentaron para escoger una de las 45 plazas ofertadas para quedarse en la región. "Las plazas que se ofrece a nuestros profesionales no resultan atractivas y más viendo un listado donde la inmensa mayoría son turnos de tarde, que imposibilitan cualquier intento de conciliación", denunciaron entonces.

Según los datos del portal estadístico del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), el sistema ha perdido, en tan solo un mes, 51 pediatras: si en diciembre de 2022 había 663 médicos para atender a la infancia de la región, en enero esa cifra cayó hasta los 612. Pero la situación se agrava si miramos más allá, puesto que en diciembre de 2022 había 925 pediatras, 262 más que hace un mes.

Mientras tanto, el paro indefinido que comenzó el pasado 21 de noviembre continúa. Y las protestas en la calle también. El pasado miércoles 8 de marzo, el sindicato Amyts celebró su undécima marcha bajo el lema "Madrid por una Atención Primaria de calidad". Una semana antes, el jueves 2, tuvo lugar la décimotercera reunión con la Consejería, un encuentro que apenas duró 15 minutos y en el que ambos reclamaron un esfuerzo de posicionamiento presupuestario mayor a la otra parte.

Así, según recogió Europa Press, el comité de huelga trasladó por escrito una propuesta en la que, con cálculos aproximados, se cifraba en una partida aproximada de entre 39 y 40 millones de euros el esfuerzo presupuestario mínimo que debería hacer la Consejería de Sanidad para acercar posturas. Por su lado, la Consejería avanzó un planteamiento que contemplaba 55 millones de euros, duplicando el esfuerzo presupuestario sobre las retribuciones previas al actual Plan de Mejora de Atención Primaria.

Ambas partes, no obstante, avanzaron en la cuestión de las agendas, el principal motivo de convocatoria del paro y el que fuera principal escollo para desencallar las negociaciones, que ahora se encuentran estancadas por las diferencias en cuanto a los complementos retributivos. La Consejería ofrece un complemento por población atendida por categoría deficitaria en medicina de familia y pediatría de primaria de 400 euros mensuales y 380 euros mensuales para todos los facultativos que trabajan en el turno fijo de tarde, para fomentar la cobertura de vacantes en este turno. El comité de huelga, por su parte, propone que el complemento de población atendida para categoría deficitaria sea de 650 euros, una cifra inferior a los 725 que se pedían inicialmente.

También hay discrepancias sobre el complemento de 380 euros mensuales por el turno fijo de tarde al quedar reducido "exclusivamente" a los facultativos que acepten hacer 'tardes puras' y se reclama plan de choque para completar las plazas que están vacantes, un 20% de las plazas de médico de familia y un 30% de las plazas de Pediatría, que dejan a un millón de madrileños sin médico o pediatra asignado.

La atención primaria madrileña continúa mostrando el declive de su estado de salud. Según los datos del portal estadístico del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), el sistema ha perdido, en tan solo un año, 262 pediatras: si a 31 de diciembre de 2021 había 925 médicos para atender a la infancia de la región, un año después esa cifra cayó hasta los 663. "Esto es para que alguien asuma responsabilidades, el primero, el consejero [de Sanidad] Enrique Ruiz Escudero. Si su plan es que desaparezca la pediatría de atención primaria que lo digan", criticó el ex secretario general de Amyts Julián Ezquerra, desde su cuenta de Twitter.

Los profesionales llevan meses alertando de la mala situación que sufre, en general, toda la atención primaria de la Comunidad. De hecho, los pediatras y los médicos de familia han cumplido este jueves dos semanas de una huelga indefinida que comenzaron el pasado 21 de noviembre y que paralizaron, en busca de un acuerdo que todavía parece lejano, durante el periodo navideño. El escollo sigue siendo el mismo: las agendas.

Los facultativos, a través del comité de huelga de Amyts, el sindicato convocante, denuncian que sufren una carga asistencial inasumible para ofrecer una asistencia sanitaria de calidad. Por eso piden disminuirlas. El comité de huelga, como mínimo, reclama que se reduzcan a un máximo de 31 pacientes en el caso de los médicos de familia, para permitir dedicar un mínimo de 10 minutos a cada uno de ellos, y de 21 para los pediatras, con un tiempo de dedicación de 15 minutos.

La situación ahora es muy distinta. Según los datos publicados hace una semana por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), el 56,79% de los médicos de familia atendía en 2021 a más de 1.500 pacientes, la cifra que se considera límite para ofrecer un buen servicio, y el 7,87% a más de 2.000. En el caso de los pediatras, el 15,47% tenía a más de 1.250 pequeños en agenda; el 4,14%, a más de 1.500. Por eso muchos, como critiza Ezquerra, prefieren irse a otras comunidades donde, además, las condiciones laborales en general son mejores.

Y no solo ellos: los médicos internos residentes que terminan su MIR en la especialidad de Pediatría en la Comunidad de Madrid tampoco quieren quedarse a trabajar en la región. Según los datos que recogió el pasado mes de mayo el sindicato Amyts, de las 79 personas que terminaron su formación, tan solo una aceptó una de las 30 plazas que ofertó la Consejería. "La pediatría en Madrid va camino de su desaparición. Así vemos el futuro inmediato de esta imprescindible especialidad", lamentaron desde la organización, que achacó la situación al "abandono institucional", a las "malas condiciones", a la "falta de conciliación", y a "la dificultad para ejercer la especialidad con calidad".

"¿Puede ser sostenible una Pediatría en Madrid donde un pediatra tiene que hacerse cargo de tres consultad por la falta de profesionales y ver a 50 o 60 niños? ¿Es sostenible tener una media de tres o cuatro minutos para atender a un niño? La respuesta claramente es no y la Comunidad de Madrid no hace nada para evitarlo", denunciaron.

Un año antes ocurrió lo mismo. Como reflejó Amyts, la sanidad madrileña formó a 76 nuevos pediatras pero solo cinco se presentaron para escoger una de las 45 plazas ofertadas para quedarse en la región. "Las plazas que se ofrece a nuestros profesionales no resultan atractivas y más viendo un listado donde la inmensa mayoría son turnos de tarde, que imposibilitan cualquier intento de conciliación", denunciaron entonces.

Por ahora, los pediatras continuarán con su paro. El último encuentro entre el comité de huelga y la Consejería, la que fue la séptima reunión de las negociaciones, tuvo lugar el pasado día 11 de enero, tras la suspensión temporal navideña desde el 22 de diciembre. El encuentro terminó con las posturas muy alejadas y por ahora no se sabe cuándo será el siguiente, aunque los profesionales aseguraron que registrarán una petición de reunión "cada día" hasta que se fije una nueva fecha. Lo hicieron este viernes, el jueves, el miércoles y el pasado lunes.

Por su parte, Escudero presentó el lunes en rueda de prensa un proyecto piloto que se pondrá en marcha a partir del día de 30 de enero para, sostuvo, intentar aliviar el exceso de agenda médica en 22 centros de salud públicos de la región, un sistema que llegará a la totalidad de ellos antes de que finalice el año. De esta forma, los médicos de familia dedicarán 10 minutos a cada paciente hasta llegar a un máximo de 34 al día, mientras que los pediatras podrán disponer de 15 minutos, hasta atender un máximo de 24 personas. A partir de ahí, se generará una bolsa nueva en cada centro para que otros profesionales de atención primaria puedan dar respuesta a ese exceso de demanda. Los médicos y pediatras, con carácter voluntario, podrán atender ese exceso de demanda en turno contrario hasta un máximo de 4 horas con una retribución económica de 50 euros por hora, que podría llegar por tanto a los 200 euros diarios.

El comité de huelga acogió la propuesta con "prudencia" y escepticismo". "Hay muchas por resolver. ¿Qué pasa si no hay voluntarios, qué pasa si no hay espacios físicos? Y, sobre todo, faltan las otras medidas para dejar de hacer una gestión de la miseria de la Atención Primaria que es hacer un esfuerzo presupuestario para volver a traer médicos de familia y pediatras a la Comunidad de Madrid", dijo la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández.

El comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria ha registrado este martes una petición por carta para una reunión urgente con el objetivo de retomar las negociaciones aunque ha recordado que, en cualquier caso, es la Consejería de Sanidad quien tiene la capacidad para fijar el encuentro, según informa Europa Press.

Esta petición se produce poco después de que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, haya dejado en manos del sindicato médico Amyts, convocante de la huelga, el paso para restablecer las negociaciones.

Tras un encuentro el pasado martes en el que ambas partes alcanzaron un "avance importante" en las negociaciones que apuntaba a la posibilidad de un acuerdo inminente, el miércoles el encuentro entre ambas partes finalizó con las posturas muy alejadas.

Desde entonces no se ha vuelto a producir ningún nuevo contacto entre ambos y no hay fecha fijada para ello. En las últimas horas, además, se han emplazado mutuamente a dar el paso de llamar a la otra parte para retomar las negociaciones.

"¿Qué quieren que hagamos para seguir la negociación? Yo ayer hice un llamamiento a medios, hoy le he llamado, no me ha cogido y le he dejado el mensaje en el contestador. ¿Qué es lo que quiere? Que le hagamos una petición por escrito para que luego diga que no la hemos hecho como hizo con la propuesta para las urgencias extrahospitalarias", ha destacado la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández.

La Comunidad, en cambio, defiende que debe ser el comité de huelga quien dé el primer paso. "Ellos saben cuál es el mecanismo para contactar con la Consejería. Hemos demostrado siempre que la voluntad de dialogar es total, algo que hemos demostrado siempre y en todo momento y creo que es Amyts el que rompió la negociación con una nueva reivindicación después de que teníamos un preacuerdo. Yo creo que ellos son los que tienen que dar ese paso para continuar en esa negociación", ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Unas posturas enrocadas en la que ninguna de las partes dice estar dispuesta a ceder aunque, según recalcan, están a disposición de la otra parte y mantienen la voluntad de llegar a un acuerdo.

"Estamos a su disposición", señala el comité de huelga, "pero empezamos a pensar que es un consejero que está puesto por el gobierno de la Comunidad de Madrid para hacer lo que está haciendo, dejar caer la Atención Primaria".

En la Consejería, ha dicho Escudero, estarían "encantados de continuar con esa negociación" aunque para ello, ha indicado, es necesario que el comité de huelga "también nos muestren cuál es su voluntad de poder hacerlo".

En este marco, el comité de huelga ha indicado que registrarán oficialmente una reunión urgente, aunque es la Consejería quien tiene la capacidad de convocar. Recuerda, además, que pese a insistir, no hubo ningún preacuerdo ni responde a qué va a pasar con el paciente 35 si se limita las agendas a 34 como propone.

Así, el sindicato Amyts ha enviado una carta dirigida a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros de Sanidad y de Hacienda para reactivar la negociación con "una petición oficial y por registro

para "reiniciar las negociaciones para poder dar una solución dialogada y satisfactoria" al parón "sin que se haya producido ningún contacto posterior a la tercera reunión por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid ni sus integrantes".

Todo ello, señala en el escrito, "sin entrar a debatir las diferentes percepciones que del proceso negociador" que tienen ambas partes "de las tres reuniones que tuvieron lugar los días 18, 23 y 24 de noviembre, que por las declaraciones de días pasados queda claro que son percibidas de forma muy diferente". "Quedamos a la espera de sus noticias y reiteramos nuestra disposición", concluye la misiva.

La Consejería de Sanidad y el comité de huelga han alcanzado este lunes un principio de acuerdo que ha llevado a los sindicatos a suspender temporalmente el parón previsto para este martes con el objetivo de consultar con los profesionales afectados, un periodo de gracia de 48 horas para ratificarlo o no que finalizará el mismo jueves, cuando está previsto que comiencen a funcionar los 80 centros de atención 24 horas que se ocuparán de la atención urgente extrahospitalaria en la región, según informa EuropaPress.

El principio de acuerdo ha llegado tras una reunión que se ha prolongado durante más de siete horas entre la Consejería de Sanidad y las cinco organizaciones que forman parte de la Mesa de Sanidad (Amyts, Satse, CC.OO., UGT y CSIT Unión Profesional) sobre el nuevo modelo organizativo y retributivo para los profesionales de Atención Primaria y del Summa 112 que prestarán servicio en las urgencias extrahospitalarias.

El encuentro, durante el que fuentes sindicales han explicado que se han vivido momentos de tensión, se ha producido después de que la Consejería hiciera llegar un documento escrito, tal y como exigían los sindicatos, con su plan y de que, los sindicatos, a su vez, presentaran sus alegaciones al mismo. En este sentido, en el encuentro que ha arrancado a las 13 horas y ha finalizado sobre las 20 horas, ambas partes han aproximado posturas que han permitido llegar a un principio de acuerdo sobre cuestiones como retribución, turnos y jornadas complementarias.

"La Consejería de Sanidad ha hecho una valoración de todos los puntos que este comité de huelga presentó el pasado viernes que modifican la propuesta inicial presentada por la administración, por lo que el comité de huelga ha decidido suspender temporalmente durante 48 horas el inicio de la huelga convocada para ratificar o no con los profesionales un posible acuerdo", han explicado las organizaciones sindicales en un comunicado conjunto.

De esta forma, en la reunión ha habido importantes avances en cuanto a la propuesta inicial por parte de la Consejería sobre las condiciones laborales de los trabajadores que han sido acogidas "muy positivamente". "Un acerecamiento importante que propicia, a expensas de la ratificación por parte de los trabajadores, una salida al conflicto", según ha destacado Julián Ordóñez, de UGT.

Desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero han destacado que se suspende la huelga durante 48 horas hasta que el documento de compromisos adquiridos sea ratificado por los sindicatos, una vez valorado con sus órganos internos.

Una vez consultados los trabajadores, Consejería y comité de huelga volverán a reunirse el próximo miércoles, día 26, a partir de las 11 horas, para seguir negociando "ya con el mandato de los trabajadores". Se abrirá entonces, según los sindicatos, un plazo de dos meses de seguimiento y compromiso.

En declaraciones distribuidas a los medios tras el encuentro, el miembro del comité de huelga y portavoz de Satse Madrid, Juan Antonio Hervas, ha explicado que han conseguido un principio de acuerdo que contempla "gran parte de las medidas" que planteaban los sindicatos.

Los principales escollos que han quedado patentes en el encuentro, según fuentes sindicales, han sido los relativos a la falta de voluntad por parte de la Consejería para aumentar las plantillas. El departamento de Enrique Ruiz Escudero ha reiterado sobre este punto que se trata de un problema de estado que afecta al conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En cualquier caso, sí se han producido avances relativos a la retribución de las guardias que tendrán que hacer los profesionales de Atención Primaria para cubrir los huecos de los horarios en los centros de atención 24 horas o la turnicidad de los sanitarios que atenderán estos 80 dispositivos.

Está previsto que a lo largo de este martes, una vez consultados los profesionales afectados, se hagan públicos los detalles del principio de acuerdo con el objetivo, según han destacado desde CSIT Unión Profesional, de que los afectados "se enteren" por el comité de huelga.

El Ejecutivo madrileño se comprometió a abrir estos 80 centros de atención 24 horas a partir del jueves. Esto supone recuperar los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que funcionaban antes de la pandemia y mantener los 40 Servicios de Atención Rural (SARI, el Punto de Atención Continuada (PAC) de Fuencarral, así como el Centro de Urgencias Extrahospitalarias (CUE) de El Molar y la Casa de Socorro de Alcalá de Henares.

Estos recursos dependerían directamente de Dirección General de Atención Primaria -excepto el CUE de El Molar, que seguiría dependiendo del Summa 112-- y estarían dotados de médico, enfermera y celador, siendo de 2 de enfermería cuando haya refuerzo.

De esta forma, las urgencias en la región estarán cubiertas en estos 80 puntos, en los 27 servicios de urgencia hospitalaria de la región y en las 19 Unidades de Atención Domiciliaria (UAD), atendidas por personas del Summa 112, que dejan de ser provisionales y quedarán fijas en la nueva reorganización.

Estos centros 24 horas tendrán un horario de 15 a 8 horas en centros donde no hay Atención Primaria en turno de tarde y de 17 a 8 horas en aquellos en los que cierra a las 21 horas de lunes a viernes y las 24 horas durante los fines de semana y festivos, y se reforzará el servicio en casos de mayor demanda.

El personal que trabajará en estos servicios saldrá de los antiguos SUAPs, personal del Summa 112 que no desempeñe sus labores en las UAD, mientras que la otra parte, la más numerosa, de los SAR.

En cuanto a la jornada, en líneas generales será de lunes a domingo, correspondiendo un fin de semana alterno al mes, para un total de 1642.5 horas, frente a las 1.536 horas anuales actuales, es decir, 106,5 más al año.

Desde la Consejería de Sanidad han subrayado que con el nuevo modelo los profesionales sanitarios de los SAR pasarían a hacer una jornada ordinaria de 1.642,5 horas anuales, 37,5 horas semanales, exactamente la misma que están haciendo el resto de profesionales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

La jornada ordinaria se completará con una jornada complementaria. De este modo, la atención continuada no cubierta por los profesionales de los PAC se ofertará, con carácter voluntario, al resto de 13.600 profesionales de Atención Primaria, que hasta ahora no tenían la posibilidad de hacer guardias para aumentar sus nóminas.

Frente a unos sindicatos que advierten de la dificultad de cubrir todo el horario sin llevar a cabo nuevas contrataciones, en la Consejería recalcan que la posibilidad de hacer guardias es una reivindicación histórica de los trabajadores de Atención Primaria, por lo que creen que funcionará el criterio de voluntariedad.

Con carácter temporal y provisional llevarán a cabo una asignación desde AP y Summa 112, teniendo en cuenta el baremo e intentando ser coincidente con profesionales, tratando de respetar lo más posible la ubicación de antiguos SAR y antiguos SUAP --de forma que si hay que adscribir a otros profesionales se hará en función de la antigüedad--.

Los sindicatos SUMMAT (Asamblea de Trabajadores del Summa 112), MATS (Movimiento Asambleario de trabajadores de la Sanidad) y la Plataforma SAR (Servicio de Atención Rural) han adelantado la convocatoria de tres días de huelga de trabajadores del Summa 112 y de los SAR desde el viernes día 4 a las 15.00 horas y finalizará a las 24.00 horas del domingo día 6.

Morirán de forma indigna es el testimonio de Alberto Reyero sobre lo que ocurrió en las residencias de Madrid durante la primera ola de la pandemia. Reyero, entonces consejero de Políticas Sociales, realiza un ejercicio de rendición de cuentas y relata la intrahistoria de cómo se tomaron aquellas decisiones. Editado por Libros del K.O., el libró llegará a las librerías el lunes 3 de octubre. Un día después, 4 de octubre, Reyero presentará el libro en un acto en el que también participará Manuel Rico, director de investigación de infoLibre y autor del prólogo de la obra. La presentación se celebrará en el Centro Cultural La Corrala.

A continuación, infoLibre publica el prólogo escrito por Manuel Rico.

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En el futuro, cuando se escriban los textos de historia, uno de los testimonios esenciales para entender qué ocurrió en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia será este libro que recoge el testimonio de Alberto Reyero. Morirán de forma indigna, qué título tan terrible y tan impactante, sobre todo cuando se tiene la certeza de que no nos encontramos ante una ficción, sino ante un relato verídico. Murieron miles, efectivamente, de forma indigna.

«Esto que tienes delante, querido lector, es mi verdad; en minúscula, claro, como casi todas las verdades importantes. Y que nadie se llame a engaño: por supuesto que esta historia no es imparcial. Pero, aunque no estés de acuerdo con mis juicios, mis opiniones o mis hipótesis, será difícil que hagas caso omiso de los hechos y de los documentos en los que he basado mi versión», confiesa Reyero en las primeras páginas. Yo creo que es una Verdad con mayúscula.

Pero más allá de esta discrepancia, lo que no tiene discusión es que estamos ante un relato basado en documentos y hechos narrados por un testigo directo de lo ocurrido. Y en cuanto a los juicios, ¿de verdad se podrán rechazar? Hay entre nosotros terraplanistas, claro, pero lo que difunden no son juicios. Ese es precisamente uno de los grandes males de nuestro tiempo: la confusión de las profesiones. En tu currículum puede poner que eres periodista, pero si te dedicas a manipular y fabricar documentos, tu actividad es la de sicario que opera en el sector informativo. Si eres un terraplanista, tus opiniones no son tan respetables como las de cualquier otro, sino que defiendes idioteces.

En definitiva: salvo que usted sea un sicario o un terraplanista, será muy difícil que discrepe de los juicios de Alberto Reyero después de conocer los hechos y los documentos.

Las razones para leer este libro son muchas, pero yo las voy a agrupar en tres bloques: lo que desvela sobre lo ocurrido en las residencias de Madrid durante la primavera de 2020, lo que muestra del funcionamiento del poder y las falacias que ayuda a desmontar.

El entonces consejero de Políticas Sociales asegura que la primera vez que se planteó dimitir fue al comprobar «la indiferencia dentro del Gobierno a la tragedia de Monte Hermoso», la primera residencia que se convirtió en noticia por el elevado número de muertes y contagios. El 25 de marzo, una semana después de que se empezara a hablar de Monte Hermoso y cuando ya casi mil personas habían fallecido en residencias, Reyero pidió ayuda en el Consejo de Gobierno telemático que se celebró aquel día.

«Hice una petición concreta: cincuenta médicos y cincuenta enfermeros para reforzar la atención sanitaria en las residencias que requerían una actuación más urgente. Era una petición modesta, porque se necesitaban muchos más recursos, pero era una manera de poner en marcha aquello que habían prometido unos días antes. “La situación es límite”, les resumí. No voy a dar demasiados detalles del debate porque las deliberaciones del Consejo tienen carácter reservado. Pero no recibí más que evasivas (no iban a poner a mi disposición a ningún sanitario, eso me quedó claro) y solo sentí frialdad e indiferencia a mis peticiones», escribe Reyero. Y añade: «Durante aquel debate, un consejero de Ciudadanos me había escrito un mensaje de WhatsApp: “Les da igual”».

¿Frialdad e indiferencia ante la muerte de cientos de personas mayores, muchas de ellas dependientes, que se ahogaban en su propia tos, encerradas en sus habitaciones? ¿De qué calaña tienes que ser?

El lector descubrirá a lo largo de esta obra abundantes ejemplos de semejante indolencia e insensibilidad. En un país normal, decente, el mismo día que se publicase este libro, la Fiscalía de Madrid abriría diligencias, citaría a declarar a algunos protagonistas mencionados por Reyero, pediría documentación al Gobierno autonómico e iniciaría una investigación seria y en profundidad.

Claro que, en un país decente, los familiares de muchas víctimas no habrían tenido que soportar el escarnio de determinados autos judiciales y resoluciones fiscales de archivo, sin tomarse la molestia de realizar la más mínima investigación sobre los hechos descritos en las denuncias. Y todo ello ante la inaceptable y cómplice pasividad de la fiscal general del Estado hasta julio de 2022, Dolores Delgado.

Este libro desnuda también el funcionamiento de un poder opaco y corrupto. Opaco a veces incluso para el propio Reyero, a quien la presidenta Isabel Díaz Ayuso ocultó una reunión al principio de la pandemia donde en teoría se diseñó un plan con 270 actuaciones. «¿Dónde se encuentra ese plan con 270 medidas de lucha contra la pandemia? Porque si ahí están contenidas las líneas de actuación para enfrentarse a la mayor urgencia sanitaria de los últimos tiempos, ¿no deberíamos haber tenido acceso a ellas? Pero la realidad es que no lo hemos visto nunca. Ni nosotros ni nadie», se lamenta.

Un poder corrupto en la medida en que se apoya en un costoso aparato de propaganda para imponer un relato falso. Es casi tierno comprobar cómo el consejero va descubriendo las malas artes de algún gacetillero de tercera regional con ínfulas. Y es inevitable una sonrisa comprensiva ante su jugada de filtrar los correos que había enviado al consejero de Sanidad, el infausto Enrique Ruiz Escudero, como forma de reventar la enésima emboscada mediática que le tenían preparada sus compañeros de coalición. «En el río revuelto de la desinformación es donde triunfan las patrañas», resume Reyero, en referencia a la maquinaria de intoxicación de Ayuso y su otro escudero, Miguel Ángel Rodríguez. Maquinaria generosamente engrasada con los euros de los contribuyentes.

Este libro, en fin, ayuda a desmontar las falacias puestas en marcha por ese aparato de manipulación mediática que produce unos efectos tan nocivos en la sociedad. «Quien es ciego ante los hechos y la realidad es un peligro mayor para la verdad que el mentiroso», sostiene con razón el filósofo Byung-Chul Han, para quien «decir la verdad es un acto genuinamente político».

Hay mentiras tan burdas que no llegan ni a falacia, solo aptas para el consumo de tontos de remate, como la de que el responsable de las residencias era Pablo Iglesias. Pero hay otras falsedades más elaboradas: que fue un tsunami ante el que no se pudo hacer nada; que el único culpable fue el bicho (simpleza que también propagó con entusiasmo casi fanático el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro); que en todas partes se actuó igual; que lo ejecutado con los residentes fue un triaje… Y la más inhumana de todas: que las personas fallecidas sin recibir atención médica en las residencias habrían muerto igual si las hubiesen trasladado a un hospital. Una verdadera estafa argumental que la propia Ayuso colocó en un programa nocturno de máxima audiencia, donde fue a hacer el saltimbanqui en vez de aprovechar para pedir perdón a los familiares de las víctimas.

Frente a ello, Reyero explica cómo actuaron de forma diferente en otras comunidades autónomas, denuncia que el «hospital milagro» montado en Ifema «tenía truco», detalla el escándalo de la llamada «operación bicho» y disecciona el Protocolo de la Vergüenza, que establecía «que había vidas dignas de ser vividas y otras que no. Así de claro. La terminología médica escondía una discriminación inaceptable: si vives en una residencia no tienes derecho a ir al hospital. Tampoco si tienes una discapacidad. Hay otras vidas que merecen ser salvadas antes que la tuya». Decir la verdad es, desde luego, un acto genuinamente político.

Por supuesto, Reyero también se rebela ante la falsedad de que el traslado a los hospitales para atender a los enfermos no habría servido de nada: «Sí cuestiono que se negara el traslado automáticamente a aquellos que estaban en condiciones de ser trasladados y que se podrían haber beneficiado del tratamiento en el hospital. […]. ¿A cuántas de esas personas que, con el tratamiento adecuado, podrían haber superado la enfermedad en un hospital se les negó el acceso? No lo sabemos. Y no lo llegaremos a saber nunca. Pero intuimos que fueron muchas».

«En política puedo admitir casi todo, pero que se utilice una tragedia en beneficio propio me parece una absoluta inmoralidad», denuncia el autor. ¿Acaso no entenderá este hombre el concepto «libertad»? Libertad para manipular a los muertos. Y cañas, muchas cañas, para los vivos. Sobre todo para los vivos de la especie espabilado superior, aquel que se va embolsando las comisiones de doscientos mil en doscientos mil euros.

Hasta aquí alguna de las (poderosas) razones para leer este libro. Como en todo testimonio, en sus páginas también está presente esa parte más humana de quien se confiesa. Está el Reyero prepolítico, a quien la experiencia con su madre dependiente le llevó a escribir un blog titulado proféticamente No es Madrid para viejos. Y está el Reyero político, que recorre a una velocidad de vértigo el camino que va de la ilusión por cambiar las cosas al desencanto, empujado a medias por la brutalidad de la pandemia y la fiereza de Ayuso y sus palanganeros. A nadie puede extrañar que recuerde así un debate en la Asamblea pocos días antes de dimitir: «No era la primera vez que me ocurría, pero tenía un problema: estaba más de acuerdo con lo que decía la oposición que con lo que afirmaba mi presidenta, con la que ya no estaba de acuerdo en nada».

Ese trayecto de Reyero trae a la memoria unas palabras que escribió Gramsci en su juventud: «Cuando discutas con un adversario, trata de ponerte en sus zapatos. Lo comprenderás mejor y tal vez acabarás concediéndole un poco, o mucho, de razón. He seguido este consejo de sabios durante mucho tiempo. Pero los zapatos de mis oponentes estaban tan sucios que he concluido: es mejor ser injusto algunas veces que experimentar de nuevo este asco que me provoca el desmayo». Hay que decir que Reyero se esfuerza hasta el punto final por no ser injusto con nadie, pero también que cuando uno llega a esa última frase es plenamente consciente de lo sucios que llevan algunos sus zapatos y que resulta imposible no experimentar un asco profundo ante ciertos hechos.

Miles de personas murieron de forma indigna. Es algo que debería avergonzar a cualquier sociedad. Ese mal ya no podrá ser compensado jamás, pero nos queda la obligación de honrar su memoria, de buscar la verdad y de exigir justicia.

Los seres humanos se pueden agrupar de múltiples maneras, pero a mí me gustan las divisiones sencillas: hay personas que viven de forma digna y personas que se comportan de manera indigna.

Este libro está escrito por una persona digna.

Los que por acción u omisión permitieron que 7.291 mayores fallecieran en las residencias de Madrid sin recibir la atención sanitaria a la que tenían derecho son personas indignas. Y los que mintieron, ocultaron o manipularon los hechos, también. Y quienes se negaron a investigarlos, también. Aunque disimulen, aunque lo nieguen, todos ellos llevarán el resto de sus días ese peso de indignidad sobre sus conciencias. Y en el futuro, cuando se escriban los libros de historia, los miembros de su estirpe se avergonzarán de ellos al conocer lo que hicieron en aquella primavera negra de 2020.

Cristina Cifuentes anunció en 2016 la integración en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) de los seis hospitales bajo concesión de obra pública que el exconsejero de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty había intentado privatizar hasta que se lo impidieron las mareas blancas y los tribunales. Vendió la operación como el cumplimiento de una promesa electoral que, además, “profundizaba en la gestión pública de los recursos sanitarios” que estaba llevando a cabo entonces el Gobierno de Madrid, según decía el comunicado de la Consejería de Sanidad publicado un 6 de julio de 2016.

La integración consistió en extinguir las empresas públicas que gestionaban cada uno de los hospitales, y hacerlos depender directamente del Sermas. Sin embargo, esos centros –Hospital del Tajo, del Sureste, del Henares, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina–, puestos en funcionamiento en 2009, y a los que sumó el Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda, no figuraron en la contabilidad de la Comunidad de Madrid hasta 2019. Por tanto, no computaron ni para el cálculo del déficit ni para el de la deuda de la administración regional. Ni antes de su integración en el Sermas, cuando dependían de otras tantas empresas públicas creadas ad-hoc, ni después cuando pasaron a ser gestionadas directamente por la consejería.

Así lo recogen los sucesivos informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas madrileña desde 2017. Y lo reconoció este miércoles el propio presidente del organismo, Carlos Salgado Pérez, durante una comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Asamblea de Madrid. “Que [esos activos] estén incluidos o no en las cuentas del Sermas tiene evidentemente una trascendencia”, aseguró Salgado Pérez. “La contabilización”, añadió, “conlleva una repercusión en la deuda y el déficit de la Comunidad de Madrid”. Carlos Salgado no cuantificó el impacto porque aún no se ha hecho, dijo, un análisis del efecto en ambas magnitudes de las colaboraciones público-privadas suscritas por el Gobierno regional, ni en el ámbito de los hospitales ni en otras, como la M-45, por ejemplo.

La Intervención General de la Comunidad de Madrid emitió un informe en diciembre de 2017 donde establecía que el Sermas debía incluir en su balance los siete hospitales, así como las inversiones que se realizaran en ellos y el correspondiente pasivo financiero. Para llegar a ese criterio había realizado antes varias consultas al respecto con la Intervención General del Estado. Un año después, la Comunidad sacó a concurso la elaboración de un estudio para hacer la integración en sus cuentas de esos activos “dada la complejidad [de la operación] y la inexistencia de antecedentes”. Se presentó sólo una consultora, KPMG, que cobró por el informe 40.606 euros. Según sus cálculos, los siete hospitales tenían un valor contable de 600,13 millones de euros y suponían un pasivo de 552,68 millones. Así lo explica, una vez más, la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización del ejercicio de 2018. La inclusión de estos siete hospitales de gestión privada no se llevó a cabo hasta un año después, a 31 de diciembre de 2019. Según ha explicado la Consellería de Sanidade a preguntas de infoLibre, la demora se debió a “la complejidad de la valoración y el análisis del cálculo de los activos”.

Según la Cámara de Cuentas, la incorporación de los hospitales en el balance de la Comunidad en 2019 se tradujo en un aumento del activo no corriente por importe de 727 millones de euros. Para hacerse una idea de la importancia del cambio, basta con señalar que la Cámara de Cuentas cifra en un 44% el “fuerte incremento” del patrimonio de la Comunidad de Madrid, con una suma de activos y pasivos que rozaba los 3.000 millones de euros. La inclusión de los siete hospitales supuso un aumento del inmovilizado material –los bienes propiedad de la administración madrileña– del 76% en 2019.

Pero la operación no estaba completa. Siguiendo las instrucciones de la Intervención, el Sermas también debía consignar en sus cuentas de forma correcta los pagos anuales a las concesionarias. Porque lo que hacía Sanidad era incluir dentro de una sola rúbrica, el canon –en el capítulo 2 de sus presupuestos– todos los abonos que les hace cada año a las empresas privadas. No fue hasta finales de 2020, un año después de la integración de los activos, cuando empezó a desglosar los diferentes tipos de pagos, tal y como le reclamaba la Intervención. Sólo desde ese momento, el Sermas precisa cuánto paga a las concesionarias por los servicios prestados, por las amortizaciones de la inversión realizada y por los intereses de la carga financiera de esas inversiones. Es decir, durante todos los años de funcionamiento de los hospitales, la deuda con las concesionarias ha estado oculta en la partida del canon de las cuentas del Sermas.

El total que cada año el Sermas paga a las concesionarias de estos siete hospitales asciende a 166,28 millones de euros. De esa cantidad, 29,14 millones corresponden a intereses, tal y como figura en los presupuestos de este año. Es deuda que hasta ahora no constaba como tal en las cuentas del Sermas.

Por ejemplo, de los siete hospitales con este sistema de gestión, el más caro es el Puerta de Hierro, al que Sanidad debe pagarle cada año un total de 58,54 millones de euros, de los cuales 7,83 millones corresponden a intereses, 7,34 millones se destinarán a comprar bienes inmuebles y 587.358 euros a comprar bienes muebles.

La Consejería de Hacienda niega que la inclusión de los hospitales en el balance del Sermas tenga consecuencia alguna ni en el cálculo del déficit ni en el de la deuda de la Comunidad de Madrid, porque “se contabilizan como contabilidad patrimonial, no como contabilidad nacional” . Y se remite al mencionado informe de la Intervención de diciembre de 2017 en el que se indica que “la mera diferenciación en factura de la retribución asignada a la inversión del resto de retribuciones, en contabilidad nacional, no afecta al balance de riesgos existente previamente y no se modifica su incidencia en el déficit y la deuda de la Comunidad de Madrid”.

Madrid siempre ha presumido de sus cifras déficit y deuda públicos. En 2020 terminó con sólo 43 millones de euros de déficit, un 0,02%, lo que permitió a Fernández-Lasquetty, quien ahora es consejero de Hacienda, alardear de unas “cuentas saneadas” con las que la Comunidad puede “bajar los impuestos, costear unos servicios públicos de la máxima calidad y hacer frente a una catástrofe como la covid-19, sin meterse en deudas”. Para 2021, la AIReF preveía un déficit superior, pero aun así pequeño, del 0,3%. Hasta 2020 las cifras de déficit Madrid siempre habían sido negativas.

Otro tanto ocurre con la deuda, 34.604 millones en 2020, el 15,99% de su PIB, según el Ministerio de Hacienda. Es la segunda más baja, tras Canarias. La AIReF prevé que en 2021 la deuda baje al 15,1% del PIB.

No es este capítulo de los hospitales bajo concesión de obra pública el único que ha hecho aflorar deuda oculta en la Comunidad de Madrid. En 2018, el informe de la Cámara de Cuentas autonómica desveló que la Comunidad de Madrid tenía una deuda de 722,3 millones de euros con los cinco hospitales bajo concesión administrativa: los cuatro gestionados por Quirón Salud y el de Torrejón de Ardoz. En 2021 El País publicó que Bruselas había obligado a la Comunidad de Madrid a aflorar esa deuda, que hasta el 31 de diciembre de 2019 había crecido hasta alcanzar los 944 millones de euros. Según el último informe anual de Fresenius, la multinacional dueña de Quirón Salud, la deuda asciende a 1.250 millones por la asistencia médica a pacientes de la sanidad pública en ejercicios anteriores.

La Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad), que integra a 60 ONG de 29 países europeos, publicó en 2017 un informe sobre asociaciones público-privadas, la fórmula utilizada por la Comunidad de Madrid para construir estos siete hospitales y gestionar otros bajo concesión administrativa –Valdemoro, Torrejón, Rey Juan Carlos y Villalba–. El documento denuncia los “falsos incentivos” que tiene para las administraciones públicas dejar fuera del balance estas fórmulas de gestión: les permite ocultar costes y subestimar su efecto fiscal real. “Los gobiernos eligen las asociaciones público-privadas no por motivos de eficacia, sino para evitar limitaciones presupuestarias y para posponer el registro de costes fiscales derivados del suministro de servicios de infraestructura, unas prácticas que acaban exponiendo las finanzas públicas a riesgos fiscales excesivos”, resaltan los autores del informe. En resumen, destacan, que estos activos figuren en las cuentas de una administración pública tiene “un efecto sobre el déficit y la deuda”.

Para decidir si se incluyen en la contabilidad o no, Eurostat ha elaborado sus propios criterios, que son los que siguen en España la Intervención General del Estado y la de la Comunidad de Madrid. En general, si es la administración pública en cuestión la que asume ciertos riesgos, los activos gestionados bajo esta fórmula público-privada deben estar incluidos en las cuentas públicas, no en las de la empresa concesionaria.

En 2018, la Oficina Nacional de Auditoría (NAO) del Reino Unido, un organismo del Parlamento británico e independiente del Gobierno, analizó los proyectos gestionados con este mecanismo de colaboración público-privada. Es en Reino Unido donde ha tenido más éxito la fórmula. En 2017 estaban en marcha 716 proyectos, por importe de 59.400 millones de libras (71.215 millones de euros). Por comparar, en España actualmente existen sólo 161 proyectos, con un valor de 35.200 millones de euros, según los registros del Banco Europeo de Inversiones (BEI). De ellos, 20 son hospitales.

El informe destaca que los costes financieros de estos contratos son mayores que en proyectos enteramente públicos. Y que tienen otros costes externos adicionales, desde seguros hasta asesores y garantías. Sumados unos y otros, resulta que “el gasto total de estos proyectos es mayor que el de las alternativas con financiación pública”. Según detalla, un 40% más en el caso de las escuelas y hasta un 70% más en el de los hospitales.

Es más, al igual que Eurodad, la Oficina Nacional de Auditoría británica pone el foco en los “incentivos en el corto plazo” que para las administraciones públicas supone dejar fuera de sus cuentas la deuda asociada a estos proyectos. Para ello cita a la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, que en un informe sobre riesgos fiscales calificaba de “ilusión fiscal” el uso de fórmulas fuera de balance como estas concesiones. Así explicaba el espejismo: “[Los mecanismos de colaboración público-privada] pueden ser atractivos para los gobiernos, ya que el nivel registrado de deuda será menor en el corto y medio plazo (cinco años), aunque sus costes sean significativamente mayores en el largo plazo de contratos que duran de 25 a 30 años”.

La Cámara de Cuentas afea a la Comunidad de Madrid que haya omitido en la más reciente Memoria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) información sobre el efecto que la pandemia del covid ha tenido sobre los estados contables de 2020, unos datos que “echa en falta” sobre todo teniendo en cuenta “su carácter extraordinario y su importante cuantía”.

El organismo fiscalizador no detalla qué información es la que el Sermas ha excluido en la memoria, aunque a lo largo del informe sí precisa algunas lagunas y otras salvedades en las cuentas durante el año en que saltaron las costuras de la sanidad pública madrileña. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas pide a la Comunidad de Madrid que ponga en marcha “un sistema adecuado de gestión logística de todo el proceso relacionado con la vacunación: almacenaje, distribución, control de stocks... de las vacunas que permita conocer, en cada momento, el número y ubicación de las disponibles”. Se deduce, por tanto, que Madrid carece de él en estos momentos.

En total, según los cálculos de la Cámara, el Sermas gastó en 2020 sólo en actuaciones asociadas al coronavirus 1.740,2 millones de euros. La pandemia disparó tanto los ingresos como los gastos del Servicio Madrileño de Salud: 3.456,2 millones los primeros y menos los segundos, que crecieron en 2.822,2 millones respecto a 2019. Por lo que se refiere a los ingresos, la Comunidad de Madrid recibió del Fondo Covid estatal 2.668,5 millones de euros, de los que ésta trasladó a la Consejería de Sanidad 1.352,9 millones. Además, el Sermas percibió del departamento de Enrique Ruiz Escudero otros 1.209,4 millones de euros.

En conjunto, los ingresos con los que contó el Sermas para hacer frente a la crisis del covid ascendieron a 11.458,5 millones de euros. Y gastó 10.228 millones. Es decir, tuvo un superávit de 821,3 millones de euros, el mayor de los últimos años pese a la pandemia. Según los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas autonómica, en 2018 ganó 43,85 millones, en 2017 57,27 millones y en 2016, 11 millones de euros. En 2015 perdió 192 millones. Llama también la atención que esos números positivos tan abultados vengan tras un déficit de 886,8 millones con que cerró el ejercicio de 2019.

La Cámara de Cuentas explica en su informe que tanto los ingresos como los gastos de 2020 se encuentran “artificialmente incrementados” en 769,3 millones de euros, porque el Sermas ha contabilizado un exceso de provisiones –las reservas para hacer frente a obligaciones de pago previstas para el futuro–. Es precisamente el detalle de esas provisiones, por importe de 1.229,7 millones de euros, uno de los datos que el organismo echa de menos en la memoria. La mayor parte de esa partida corresponde a liquidaciones pendientes de años anteriores de los conciertos de Sanidad con los hospitales gestionados por empresas privadas: nada menos que 1.177,1 millones de euros, el 95,7% de las provisiones contabilizadas.

El consejero de Sanidad se ha resistido hasta ahora a admitir públicamente el superávit de 821,3 millones del Sermas en el año de la pandemia. De hecho, llegó a tachar de “montaje”, “dato falso” y “filtración interesada” la publicación de esa cifra. El argumento que repite cada vez que la prensa o la oposición le han preguntado sobre el asunto en la Asamblea es que “se confunde la contabilidad financiera y la presupuestaria”. La Cámara de Cuentas no sólo confirma el superávit financiero en las cifras publicadas por infoLibre, sino que, además, incluye el resultado presupuestario del ejercicio: un superávit de 495,5 millones de euros, con un remanente de tesorería también positivo de otros 578,3 millones. Ese resultado presupuestario también es abultado. En 2019 el superávit fue de sólo 28,8 millones de euros y el remanente de tesorería, de 81,3 millones. Es decir, en el año de la pandemia, el Sermas multiplicó por 17 su superávit presupuestario y por siete su remanente de tesorería.

¿Y cómo gastó el Sermas el dinero en su combate contra el coronavirus? En gastos de personal originados por el covid se fueron 293,13 millones de euros. La partida total consignada para pagar a las plantillas del Servicio Madrileño de Salud sumaron 3.965,3 millones de euros, un 8% más que en 2019. Pero en esa partida se incluye el aumento salarial del 2% aplicado a los empleados públicos. En número de trabajadores sanitarios, el alza ha sido del 9%, hasta los 80.927 empleados. Para luchar contra el covid, el Sermas contrató a 11.319 eventuales, pero también a 29 médicos especialistas extracomunitarios, 229 licenciados en medicina sin especialidad, 113 estudiantes del último curso de medicina y 369 de enfermería, cuatro auxiliares de enfermería y 29 jubilados. De la plantilla total, el 79% del personal trabaja en hospitales, el 18% en atención primaria y el 3% en el SUMMA 112. El 39% son interinos. Tras el covid, la tasa de temporalidad en el Sermas ha pasado de sólo el 5% en 2019 al 17% en la actualidad.

Sólo por culpa del covid, los gastos por atención hospitalaria en la red pública sumaron 114,38 millones de euros. En los hospitales con concierto privado, el gasto por atender a los pacientes de covid fue superior: 201,62 millones. En construcciones en los hospitales ligadas al coronavirus, el Sermas se gastó 131,07 millones de euros. En equipamentos médicos relacionados con la pandemia se emplearon otros 52,65 millones. El convenio con la Fundación Amancio Ortega para comprar aceleradores lineales y otros equipos de diagnóstico y tratamiento del cáncer se eleva a 46,5 millones de euros. Para comprar material quirúrgico relacionado con el virus se destinaron 433,67 millones de euros, el 64% del presupuesto consignado para este fin en 2020. Las compras de productos farmacéuticos crecieron un 75% y, entre ellos, el aumento de los antirretrovirales ascendió a un 178%. En total, en material sanitario y productos farmacéuticos el Sermas se gastó 2.292,9 millones de euros, de los cuales 696,22 millones correspondieron a material relacionado con el covid-19.

Finalmente, la construcción del hospital Isabel Zendal le ha costado a la Comunidad de Madrid 130,32 millones de euros y dotarlo de equipamientos médicos 11,9 millones más. Casi el doble de la cuantía que destinó al mismo fin para el hospital Gregorio Marañón, 6, 5 millones, y por encima del gasto apartado para el Clínico San Carlos, 8,5 millones de euros. Para equipar al hospital La Paz se reservó un poco más, 13,84 millones.

La Cámara de Cuentas de Madrid deja al desnudo al Gobierno de Ayuso tumbando la teoría del montaje que se encargó de airear sobre el superávit extraordinario registrado por el Servicio Madrileño de Salud durante el año más negro de la pandemia. En su último informe, el órgano fiscalizador destaca la mejora contable del Sermas en 2020, confirmando de principio a fin que el ente dependiente de la Consejería de Sanidad cerró el ejercicio más difícil de su historia –con una pandemia que no daba tregua– con el mejor resultado económico de los últimos años. Unas cifras, desveladas por infoLibre, que desde el Ejecutivo conservador llegaron a tildar de falsas. Incluso, en sede parlamentaria.

Solo ha sido necesario un párrafo de la institución que preside Carlos Salgado –en funciones– para que quede al descubierto la maniobra llevada a cabo por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para tratar de ocultar que los servicios sanitarios madrileños, a diferencia de los de otras muchas comunidades, habían conseguido esquivar en sus cuentas el impacto de la pandemia. "Por entidades, destaca el resultado neto positivo de la Administración general (...), así como la mejora del resultado del Sermas (que pasa de unas pérdidas de 886.857 miles de euros en el ejercicio anterior a un resultado positivo de 821.303 miles)", recoge la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización de la cuenta general de 2020.

A comienzos de septiembre, este diario tuvo acceso a la cuenta del resultado patrimonial, el balance y la memoria financiera del Sermas correspondientes al año más complicado que se recuerda para sanitarios, hospitales o residencias. Un conjunto de documentos que Sanidad se había encargado de distribuir unos meses antes entre la veintena de personas que se sientan en el consejo de administración del organismo. Un grupo del que forman parte directores generales de la consejería, el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, presidentes y decanos de seis colegios oficiales de médicos y otros profesionales sanitarios y representantes sindicales.

Las cuentas anuales que el viceconsejero Antonio Zapatero presentó en el órgano de gobierno del Sermas el pasado 24 de mayo ponían de manifiesto que el ente había terminado el año con cifras de hospitalizaciones, ingresos en UCI y fallecimientos desbocadas, pero con los mejores resultados del último lustro. En concreto, con un resultado positivo de 821,3 millones de euros, frente a los números rojos de 886,85 millones con que cerró 2019. El Sermas no había obtenido jamás unos beneficios tan abultados. En 2018 ganó 43,85 millones. Y en 2017 y 2016 cerró con un positivo de 57,27 y 11 millones de euros, respectivamente.

Durante tres semanas este periódico estuvo intentando recabar la versión de Sanidad sobre estos números, el origen del superávit y los motivos por los que no se había gastado todo el dinero en un año tan atípico. Los primeros contactos, con los documentos sobre la mesa, se produjeron el 8 de septiembre. La respuesta llegó veinticuatro horas después: "Las imágenes no son de un documento oficial. El membrete no se corresponde, ni el propio nombre de la Viceconsejería. Además, la explicación que dice el documento, no oficial, que nos has pasado no se corresponde con las cifras oficiales".

Los metadatos de todos esos archivos, sin embargo, indicaban que habían sido creados cinco días antes de aquel consejo de administración del Sermas, a primera hora de la mañana, por María Luisa Martín del Burgo Carrero, de la Subdirección General de Gestión Económica. A pesar de ello, y a la vista de la primera respuesta del Ejecutivo regional, se solicitaron entonces esas "cifras oficiales" a las que se hacía mención. Sanidad se remitió a las diferentes memorias anuales del Sermas. Pero dicho documento no incluía el resultado del ejercicio, por lo que, de nuevo, se volvió a pedir a la consejería los datos económicos.

Fue entonces cuando, en una segunda respuesta, el departamento señalaba que en 2020 "pudo" haber superávit "como ocurrió en 2017 y 2018". Tras requerirle algo más de precisión, la consejería sólo se limitó a explicar las diferencias entre contabilidad financiera y presupuesto, "dos instrumentos contables con técnicas y criterios distintos". "Hay conceptos que se consideran en la contabilidad financiera y no se reflejan en el presupuesto", apuntaron. Habían pasado quince días desde el primer contacto. Era 23 de septiembre. Y la consejería seguía sin contestar sobre el resultado positivo del ejercicio o los motivos que explicaban estos datos en pleno zarpazo del coronavirus.

El asunto llegó al Pleno de la Asamblea de la mano del diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez. "¿Cómo valoran el consejero y el Gobierno de la Comunidad de Madrid los resultados económico-patrimoniales del Sermas en el año 2020?", preguntó al consejero. Ruiz Escudero esquivó el asunto en su primera respuesta. Se limitó a señalar que el grado de ejecución del presupuesto había sido superior al 95%. Y eso encendió al parlamentario de la oposición, quien resaltó la "vergüenza" de quedarse con 800 millones en caja teniendo en cuenta la "tragedia" que había estado viviendo "el pueblo de Madrid".

Gutiérrez apretó al titular de Sanidad. Y tildó de "desfachatez" el hecho de decir que las cifras publicadas eran "falsas". "¿Han negado, han engañado y han mentido al Consejo de Administración del Sermas?", deslizó.

Escudero no se movió un milímetro de la versión oficial. Primero, explicó la diferencia entre "contabilidad financiera" y "presupuestaria". Y luego, acusó al diputado de Más Madrid de usar "una información sin contrastar". "Es una filtración absolutamente interesada, de nula fiabilidad, consistente en un documento con un logo antiguo y un encabezamiento que se refiere a la Viceconsejería de Sanidad, que si usted repasa el organigrama, hace seis años que no existe. Con lo cual, eso refuerza la falsedad de la hoja", sentenció a comienzos de octubre.

No es la primera vez que el Ejecutivo regional maniobra de esta manera para evitar que la gestión de la crisis sanitaria le pase factura. Ya lo hizo tras la primera ola, cuando este diario desveló la existencia de un Protocolo en el que se fijaban "criterios de exclusión" de derivación hospitalaria de los mayores que vivían en residencias, entre ellos algunos relacionados con la discapacidad física o el deterioro cognitivo del residente.

Sin embargo, el Gobierno madrileño puso en marcha la operación borrador: "No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo", señaló la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Algo en lo que también insistió Ruiz Escudero en sede parlamentaria. "Era uno de los seis borradores y se envió por error a principios de marzo. El definitivo se envió el 25 de marzo", sostuvo el consejero. Pero los datos oficiales, desvelados por infoLibre, terminaron por demostrar que los traslados se paralizaron, justamente, los días posteriores a la aprobación de ese documento. Y que el documento, por supuesto, era oficial.

El 18 de marzo de 2020, cuatro días después de que se activara el estado de alarma por la pandemia de coronavirus y los contagios ya estaban desbocados en la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso publicó un Protocolo que prohibía trasladar a hospitales a mayores que vivían en residencias si tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. En las siguientes semanas fallecieron en geriátricos de la región 7.291 personas sin recibir atención hospitalaria, lo que supone el 77% del total de muertes registradas en estos centros madrileños.

El Protocolo fue desvelado por infoLibre y es lo que llevó a familiares y trabajadores de residencias a denunciar ante la justicia la actuación tanto de cargos públicos de la Comunidad y responsables de geriátricos por lo que consideran una dejación del deber de cuidado. La asociación Marea de Residencias optó por acudir a la Fiscalía de Madrid, pero asegura que la inmensa mayoría de las causas abiertas, más de 300, están acabando en archivo. Este martes sus representantes serán recibidos por la fiscal superior de esta comunidad, Almudena Lastra, a la que solicitaron una reunión hace un mes para pedirle explicaciones sobre el resultado de las investigaciones y exigir "verdad y justicia".

Cada archivo tiene un decreto individual, pero la Memoria de la Fiscalía de Madrid correspondiente a 2020 hace unas conclusiones generales en las que trata de justificar la actuación que ha venido manteniendo y el por qué de esos archivos, que en la mayoría de los casos no aprecian una conducta negligente de los centros de mayores que pueda llevar a establecer una causa-efecto con los fallecimientos. Sin embargo, el informe cae en importantes incorrecciones y datos erróneos, a la luz de las estadísticas hechas públicas por el propio Gobierno regional y declaraciones de distintos responsables de geriátricos y del Ejecutivo en la comisión de investigación que estuvo en marcha en la pasada legislatura en la Asamblea de Madrid –que se ha cerrado sin acabar los trabajos y sin conclusiones por el veto de PP y Vox–.

Para empezar, la Fiscalía de Madrid concluye que el Protocolo del Gobierno de Ayuso "contiene una serie de recomendaciones, que todos los geriatras hospitalarios que informaron señalaron que tenían valor meramente orientativo y no excluían la valoración integral de cada paciente". Después, resalta que "de los datos estadísticos aportados se desprende que los criterios llamados de exclusión no funcionaron como impedimentos para las derivaciones, pues fueron objeto de traslado hospitalario usuarios de edades avanzadas y con muy diversas patologías basales y altos grados de dependencia". E insiste: "A pesar de que algunas residencias mostraron su disconformidad con los criterios hospitalarios, lo cierto es que en todas ellas hubo derivaciones, si bien éstas debían pasar el cribado previo de la interconsulta y sólo eran aceptadas cuando se consideraba que iba a haber un beneficio para el usuario".

De aquí se extraen dos derivadas que, acudiendo a datos objetivos y a interpretaciones jurídicas, permiten desmontar estas afirmaciones del Ministerio Público. Por un lado, el estatus jurídico del conocido como Protocolo de la Vergüenza. ¿Era de obligado cumplimiento o era un conjunto de "recomendaciones" con "valor orientativo" como dice la Fiscalía? Expertos en Derecho Contencioso-Administrativo consultados por este periódico lo tienen claro: tras revisar el documento, concluyeron que su naturaleza jurídica se encuadra en el artículo 6 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, según el cual "los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio".

Para los profesores y magistrados consultados por este periódico, el Protocolo "está firmado por un alto cargo del Gobierno y lleva el sello oficial de la Comunidad", de modo que "opera genuina y propiamente como una orden de servicio o instrucción".

Frente a esta interpretación, lo que parece deducirse de las conclusiones del Ministerio Público es que está de acuerdo con lo que dijo en su día en la comisión de investigación el que fuera director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur, alto cargo que firmó el Protocolo: “No eran ni órdenes de aplicación directa ni de obligado cumplimiento, sino un conjunto de recomendaciones" para los profesionales que debían aplicarlos.

Este periódico preguntó este lunes a la Fiscalía Superior de Madrid en qué se basa jurídicamente para afirmar que los protocolos de exclusión aprobados por la Consejería de Sanidad eran "orientativos" y contenían "recomendaciones", descartando así que se trataba de órdenes de obligado cumplimiento, y si considera, por tanto, que la interpretación de los juristas consultados por infoLibre es errónea. Sin embargo, no obtuvo respuesta.

La otra derivada de la afirmación incluida en la Memoria de la Fiscalía de Madrid son los traslados de residentes a hospitales que, según defiende, no se impidieron en la primera ola. Los datos recabados por infoLibre lo desmienten: en las cuatro semanas críticas de la pandemia, entre el 9 de marzo y el 5 de abril de 2020, no sólo no aumentaron de forma significativa las derivaciones hospitalarias como sería lógico al multiplicarse el número de enfermos, sino que se desplomaron un 36,8% respecto a las cuatro semanas previas. Y ese frenazo fue mucho más brusco precisamente en los geriátricos más azotados por el virus, hasta el extremo de que ni uno solo de los 82 centros con mayor número de fallecidos llegó a trasladar un paciente al día de media durante esas cuatro semanas.

El cálculo sale de los datos oficiales aportados por la Consejería de Sanidad, y solicitados a través del Portal de Transparencia, acerca de los 18.895 traslados realizados en los seis primeros meses del año en la Comunidad de Madrid, incluyendo la residencia de origen y el hospital de destino. Y lo que reflejan es que entre el 10 de febrero y el 8 de marzo, se registraron 3.158 traslados, mientras que entre el 9 de marzo y el 5 de abril, se produjeron 1.995, esto es, un 36,8% menos. En esta información se pueden consultar todas estas cifras de forma pormenorizada.

Y hay más pruebas. Actas de inspección a dos geriátricos levantadas por la Policía Municipal de Madrid revelan la imposibilidad de las residencias de trasladar a mayores a hospitales. En una de ellas, la directora de un centro reconocía que si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos, puesto que sólo son residencia y no hospital”.

Y aparte de los datos, la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid presenció los testimonios de testigos directos de esa decisión de no trasladar a residentes a hospitales y las consecuencias que ellos mismos vieron en esas duras semanas de la pandemia. Para empezar, el del exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero se desmarcó del Protocolo de exclusión y fue tajante: "Considero que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia y de discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal".

También está el relato de Lidia Sánchez, directora de la residencia Amavir Alcorcón, quien explicó que entre el 13 de marzo y el 9 de abril, el hospital rechazó derivaciones, un período durante el que murieron 30 mayores en su centro. En su opinión, si les hubiesen trasladado, algunas de estas personas habrían sobrevivido, "sin lugar a dudas".

Eduardo Esteban, gerente de la empresa Transamed, contratada por Encarnación Burgueño, la directora de la empresa Cardio Líder a quien ordenó supuestamente la Comunidad de Madrid suministrar "ayuda urgente" a residencias de ancianos durante el punto álgido de la pandemia, desveló que sólo le dejaron trasladar al hospital a una persona de las cien residencias que visitaron.

La Memoria de la Fiscalía no se queda ahí. En otro punto sostiene que en los casos en los que un residente no era trasladado a un centro sanitario se informaba a las familias de ello poniendo "el acento en la responsabilidad del hospital, en lugar de informarles de que los pacientes iban a recibir en la residencia un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido en caso de ser derivados", lo cual "generaba un padecimiento añadido a las familias, además de incomprensión, en muchos casos, llegando a producirse traslados a los solos efectos de mitigar esta sensación". Esta afirmación da por supuesto que los residentes iban a recibir "tratamiento similar", ya fueran enviados al hospital o si se quedaban en el geriátrico. Pero, como se ha visto con el análisis de las cifras y las declaraciones de responsables de residencias de mayores, estos centros no tenían la capacidad necesaria para atender a una persona infectada por coronavirus.

Un día antes de la aprobación por escrito del Protocolo, el médico del geriátrico madrileño La Purísima Concepción ya informó a los familiares de que "los pacientes con sospecha de estar contagiados no son derivables a hospital por criterio de las autoridades sanitarias", las cuales recomendaban mantenerlos en la residencia, donde permanecían "aislados". Y en los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo, es decir, cuando la orden ya estaba por escrito y enviada a los centros, 5.343 mayores murieron en sus residencias sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en ese periodo.

La alternativa que tenía la Comunidad de Madrid, según explicó Alberto Reyero, era que se medicalizaran los geriátricos y que así se lo transmitió al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en las cartas que le dirigió el 31 de marzo y el 11 de abril, con las cifras de fallecidos creciendo cada día. El primero sostiene que no se hizo, mientras que el segundo mantiene que sí. El enfrentamiento del responsable de Políticas Sociales con Sanidad en toda la gestión de la pandemia le llevó a dimitir tras el verano de 2020.

La duda sobre la medicalización la resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) después de que los gobiernos municipales de Alcorcón y Leganés pidieran que se exigiera al Gobierno de Ayuso que medicalizara estos centros. Tras peticiones de información y numerosos recursos del Ejecutivo autonómico, el TSJM determinó respecto a esos dos casos que de los documentos aportados por la Comunidad "no se desprende que se haya procedido a dotar de personal médico, de enfermería, ni de auxiliar sanitario" a cada una de las residencias "en número que permita constatar la adecuada atención sanitaria ante la situación de emergencia en la que nos encontramos".

Otro párrafo de la Memoria de la Fiscalía que llama la atención es este: "Para los supuestos en que el paciente quedaba en el centro, se ha observado que no se pautaba habitualmente ningún seguimiento, sino que quedaba a la decisión del equipo médico de la residencia formular una nueva interconsulta, por lo que, dependiendo de su pericia y de las posibilidades reales de atención sanitaria del centro, podían darse situaciones dispares ante enfermos en condiciones similares".

Habla de "posibilidades reales de atención sanitaria del centro", lo cual contradice claramente el punto anterior, ya que aquí ya no se da por hecho que todos los geriátricos de la Comunidad de Madrid podían ofrecer un tratamiento médico similar al de un hospital. Y además, reconoce que en las residencias en general no se pautaba ningún seguimiento sanitario a los afectados por coronavirus, insistiendo en la idea de que no había una atención adecuada.

Según Ruiz Escudero, el documento tiene un “logo antiguo”, de hace seis años, que no se corresponde con la actual denominación de la viceconsejería de asistencia sanitaria. Lo que el consejero no mencionó es que los metadatos de ese PDF indican, sin posibilidad de falsificación, que fue creado por una funcionaria de ese departamento cuatro días antes de que se celebrara el consejo de administración donde se aprobaron las citadas cuentas, el pasado 24 de mayo. Y que ésos fueron los documentos que recibieron sus miembros, desde directores generales hasta presidentes de colegios profesionales del ámbito sanitario y representantes sindicales. “¿Significa eso que la consejería ha engañado al consejo de administración del Sermas?”, preguntó el diputado de Más Madrid al consejero.

Ruiz Escudero no negó el resultado positivo de 821 millones de euros, sino que se limitó a explicar la diferencia entre contabilidad financiera y presupuestaria y a acusar a Eduardo Gutiérrez de “mezclar” ambos conceptos. También aseguró que el dato era “una información sin contrastar”. Este periódico intentó durante tres semanas obtener una confirmación de la consejería, que en ningún momento proporcionó.

Eduardo Gutiérrez acusó al consejero de Sanidad de haber “guardado en una caja” los 821 millones de euros mientras en Madrid se vivía una auténtica “tragedia” por culpa del covid. “¿Para que ha guardado ese dinero, para las rebajas fiscales que le exige Vox o para pagar las deudas con los concesionarios de los hospitales privados?”, volvió a preguntar el diputado, para quien el comportamiento del Gobierno regional “merece no sólo una sanción ética, sino también judicial”.

El Sermas no sólo terminó el año de la pandemia con superávit, sino que además fue el mejor resultado en muchos años, pese al enorme gasto que le supuso el covid-19. Las cifras llaman más la atención si se comparan con los números rojos de 886,85 millones con que cerró 2019. El Sermas no había cerrado con unas cifras tan abultadas ni siquiera en los años en que acabó el ejercicio en negro. Según los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas autonómica, en 2018 ganó 43,85 millones, en 2017 57,27 millones y en 2016, 11 millones de euros. En 2015 perdió 192 millones.

Provisiones de otros 837 millones

La consejería no explicó en su día a infoLibre ni este jueves en la Asamblea el origen de ese resultado y por qué no se gastó en medio de la tormenta que sufrió la sanidad madrileña el año pasado. En su memoria financiera, el Sermas sólo menciona la obviedad de que “los ingresos han sido superiores a los gastos”. En efecto, los ingresos totales del Sermas crecieron en 2020 un 32,06%, pues sumaron 2.782,46 millones más que en el ejercicio anterior. A su vez esa alza se debe a que las transferencias y subvenciones se elevaron un 22,72%: 1.955,61 millones más que en 2019. Otra partida que creció el año pasado fueron los “excesos de provisiones”, que alcanzaron los 837,12 millones de euros.

Por su parte, los gastos totales ascendieron a 10.638,85 millones, un 11,23% más que en 2019. De ellos, corresponden a gastos de personal 3.965,37 millones de euros, por lo que aumentaron un 7,88% en el ejercicio de la pandemia. También aumentaron los aprovisionamientos, una factura de 4.065,68 millones de euros que creció un 18,6%, más del doble que los gastos de personal.

El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) pasó en 2020 el peor año de su historia mientras hacía frente a la pandemia del siglo. Con una incidencia y letalidad disparadas en la primera ola, Madrid tiene el segundo mayor número de positivos y ha encabezado la de hospitalizados por cada 100.000 habitantes, además de haber sido la segunda comunidad autónoma en ingresos en UCI. También es la que más fallecidos suma –supera los 16.000, según la última actualización del Ministerio de Sanidad– de toda España. Sobre todo, en los geriátricos, donde ha alcanzado la mayor ratio de fallecidos por plazas ofertadas.

Sin embargo, contra todo pronóstico, el Sermas ha terminado el ejercicio con el mejor resultado económico desde hace años. Un superávit de 821,3 millones de euros, según las cuentas anuales que el viceconsejero Zapatero presentó en el consejo de administración del organismo el pasado 24 de mayo y a las que ha tenido acceso infoLibre. Las cifras llaman más la atención si se comparan con los números rojos de 886,85 millones con que cerró 2019. El Sermas no había cerrado con unas cifras tan abultadas ni siquiera en los años en que acabó el ejercicio en negro. Según los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas autonómica, en 2018 ganó 43,85 millones, en 2017 57,27 millones y en 2016, 11 millones de euros. En 2015 perdió 192 millones.

En su memoria financiera, el Sermas se limita a explicar la causa de ese resultado positivo con la obviedad de que “los ingresos han sido superiores a los gastos”, y ello pese al aumento experimentado por estos últimos. En efecto, los ingresos totales del Sermas crecieron en 2020 un 32,06%, pues sumaron 2.782,46 millones más que en el ejercicio anterior. A su vez esa alza se debe a que las transferencias y subvenciones se elevaron un 22,72%: 1.955,61 millones más que en 2019. Otra partida que creció el año pasado fueron los “excesos de provisiones”, que alcanzaron los 837,12 millones de euros.

Por su parte, los gastos totales ascendieron a 10.638,85 millones, un 11,23% más que en 2019. De ellos, corresponden a gastos de personal 3.965,37 millones de euros, por lo que aumentaron un 7,88% en el ejercicio de la pandemia. También aumentaron los aprovisionamientos, una factura de 4.065,68 millones de euros que creció un 18,6%, más del doble que los gastos de personal.

infoLibre ha preguntado a la Consejería de Sanidad por estos números, también por el origen del superávit y el motivo por el cual no se gastó todo el dinero disponible en un año tan atípico. La primera respuesta del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero fue asegurar que las cuentas anuales por las que se preguntaba eran “un montaje” y que las cifras aportadas no eran las “oficiales”. Un portavoz de la consejería señaló que ni el logo ni el nombre del departamento que figuraban en ellas eran los auténticos. Sin embargo, los metadatos de los documentos a los que ha tenido acceso este periódico indican que fueron creados el 20 de mayo de 2021 –cinco días antes del consejo de administración del Sermas, por tanto– a las 9:41:14 de la mañana por María Luisa Martín del Burgo Carrero, de la Subdirección General de Gestión Económica, que firmó las cuentas del Sermas de 2016 como empleadas del Servicio de Contabilidad Financiera y Balances.

En otra respuesta posterior, Sanidad reconoce que en 2020 “pudo” haber superávit “como ocurrió en 2017 y 2018”. Tras requerirle un poco más de precisión, la consejería sólo explica las diferencias entre contabilidad financiera y presupuesto, “dos instrumentos contables con técnicas y criterios distintos”, apunta. “Hay conceptos que se consideran en la contabilidad financiera y no se reflejan en el presupuesto”, indica Sanidad, para luego precisar que el aumento de los ingresos, tal y como aparece en el presupuesto, superó los 2.000 millones de euros y los ingresos reflejados en la contabilidad financiera incluyen conceptos no incluidos en el presupuesto, como los excesos de provisiones de años anteriores. También dice la consejería que la liquidación del presupuesto no incluye “una serie de gastos extraordinarios, realizados por declaración de emergencia”, que sí aparecen en la contabilidad financiera. Por ejemplo, añaden el aumento de existencias.

Presupuesto y contabilidad financiera

Pero la consejería no contesta en ningún momento sobre el resultado positivo del ejercicio y su origen [al final de esta información se reproducen las preguntas planteadas por este periódico que no respondió]. Un apunte que, como queda dicho, aparece reflejado en la cuenta de resultado económico-patrimonial, que recoge el aumento de los ingresos como los gastos en aprovisionamientos que cita Sanidad. infoLibre ha tenido acceso tanto a la cuenta del resultado económico patrimonial –que la Intervención General del Estado (IGAE) define en sus Principios Contables Públicos como “la variación de los fondos propios” de una entidad producida “como consecuencia de sus operaciones de naturaleza presupuestaria y no presupuestaria”–, además del balance y la memoria financiera del Sermas en 2020.

Todos ellos fueron los documentos que Sanidad distribuyó el pasado mayo entre la veintena de personas que se sientan en el consejo de administración del organismo. Y que incluyen a ocho directores generales de la consejería, el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, presidentes y decanos de seis colegios oficiales de médicos y otros profesionales sanitarios, representantes sindicales y un catedrático de Farmacología.

Para luchar contra la pandemia, las comunidades autónomas recibieron un total de 16.000 millones de euros del fondo covid-19. De la cantidad total, 9.000 estaban destinados a gasto sanitario. A Madrid le correspondieron 3.346 millones, el mayor importe, seguidos de los 3.166 millones concedidos a Cataluña. Para sanidad, Madrid recibió 2.110 millones de euros. Según detalló el pasado marzo en la Asamblea de Madrid el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, la Comunidad de Madrid ha destinado a sanidad 1.833 millones.

Gracias a ese dinero, las transferencias recibidas por el Sermas el año pasado crecieron un 22,72%, hasta alcanzar 10.563 millones de euros. Son fondos de carácter finalista, por lo que no se pueden aplicar a otros destinos, como financiar deuda, por ejemplo. En la memoria que el Sermas ha publicado en internet, asegura que ha ejecutado el 95,43% del presupuesto. En 2019 la ejecución fue mayor: el 99,54%.

Otras comunidades lo gastaron todo

A diferencia de Madrid, los servicios sanitarios de otras comunidades autónomas sí han sentido el impacto del covid en sus cuentas. Osakidetza, la sanidad pública del País Vasco, concluyó 2020 con unos números rojos de 177,52 millones de euros. Aumentó sus gastos casi un 8%, hasta los 3.211,67 millones, respecto al ejercicio anterior, mientras que sus ingresos sólo lo hicieron un 2%. De los 236,75 millones en que crecieron sus gastos en 2020, el 91%, 215 millones, fueron gastos inducidos por la pandemia. El País Vasco recibió 481 millones del fondo covid-19.

Cataluña, que consiguió 1.721 millones del fondo, dice haber ejecutado el 99,65% de un presupuesto final de 13.144 millones de euros, tras aumentarlo un 38,9% por la pandemia. Sus cuentas arrojan un resultado negativo de 33,9 millones de euros.

Para Castilla y León fueron 545 millones del fondo covid. Con un presupuesto definitivo de 12.666 millones –aumentado en un 17,8% por el covid– del que ha ejecutado el 97,74%, tiene unos números negativos de 335,47 millones de euros.

Andalucía –990 millones del fondo estatal– ha ejecutado el 99% de su presupuesto, tras aumentarlo un 15,5% por la pandemia, hasta los 11.634 millones de euros. Castilla-La Mancha, que ha ejecutado sólo el 88,32% de su presupuesto final, arroja un resultado negativo de 10 millones de euros.

Los familiares de 29 mayores que vivían en residencias de Leganés (Madrid) y fallecieron durante la primera ola de la pandemia presentaron un recurso contra la decisión de la jueza Mónica Boticario Martín de archivar la causa, pese a que la mínima investigación judicial realizada ya sirvió para obtener un cúmulo de pruebas de la falta de asistencia médica sufrida por los residentes. Los familiares piden a la Audiencia Provincial de Madrid que anule el auto de archivo y ordene a la magistrada continuar con la investigación.

La resolución de la jueza lleva fecha del pasado 13 de julio y en realidad archiva dos querellas, que fueron acumuladas en su día en el Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés. Una fue presentada por familiares de tres residentes en el centro Los Frailes –gestionado por Aralia–, cuatro de El Encinar-Amavir, uno de DomusVi y tres de Vitalia Home, todos ellos agrupados en Marea de Residencias. Y la otra la formularon familiares de 24 mayores de Vitalia Home. En total, se trataba de analizar lo ocurrido con 35 personas que vivían en esas cuatro residencias, de los que 29 fallecieron, mientras que los otros seis lograron sobrevivir.

Como desveló infoLibre este miércoles, en el auto de archivo se recogen tres casos en los que desde el Hospital Severo Ochoa se prohibió expresamente el traslado de residentes enfermos. Es lo que le ocurrió a Juliana, que vivía en Los Frailes; a María, que residía en El Encinar-Amavir, y a Feliciano, que estaba en Vitalia Home. En la resolución judicial también se narran otros tres casos en los que desde la residencia llamaron al hospital para plantear una posible derivación, pero ni siquiera les cogieron el teléfono. Así sucedió con Esperanza, María Purificación y Carmen, las tres residentes de Vitalia Home. En el auto de archivo de Boticario ni siquiera consta por qué no fueron trasladados al hospital diez mayores y hay otros cuatro casos en los que la persona fue finalmente derivada, pero la jueza no indica cuánto tiempo permaneció enferma en la residencia antes de recibir atención hospitalaria. Todos estos mayores terminaron falleciendo entre marzo y abril de 2020.

La primera querella

La jueza Boticario mostró nulo interés por conocer lo ocurrido en las residencias de Leganés desde el primer momento. En agosto de 2020, cuando se presentó la querella de Marea de Residencias, directamente no la admitió a trámite. Una decisión que fue corregida por la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó la admisión de la querella y que se practicasen las diligencias oportunas.pa

Los familiares de los once residentes –ocho fallecidos y tres que pudieron sobrevivir– acusaban a los directores de los cuatro geriátricos de la posible comisión de delitos de homicidio y lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y prevaricación. En la querella de Marea de Residencias también se pedía actuar contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros de Sanidad y de Justicia, Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, respectivamente. La Audiencia, en todo caso, dejó fuera de la investigación judicial a los tres políticos del PP, ya que están aforados y no pueden ser investigados por un Juzgado de Instrucción.

En su recurso de apelación, el abogado de Marea de Residencias sostiene que el aforamiento no debe ser obstáculo para que se investigue lo ocurrido, y si resultaran "indicios sólidos de criminalidad contra los aforados", sea entonces cuando asuma la competencia el Supremo o el TSJ de Madrid. "Pero para que se den tales indicios de criminalidad se hace necesario una actividad instructora más ambiciosa que la desplegada por el juzgado", añade.

La jueza Boticario no encontró el más mínimo indicio de delito, ni de los políticos ni de los no aforados. Marea de Residencias recuerda que pese a las numerosas diligencias que se pidieron en la querella, prácticamente no se practicó ninguna. "Llama la atención que no se haya llamado a declarar a los querellantes, ni a los directores de las residencias, ni a los geriatras de referencia de los hospitales, o a los responsables de la elaboración, aprobación y distribución de los protocolos. Así mismo, se echa en falta el informe del forense sobre la adecuada atención y evolución del estado de salud de los residentes, más allá del contenido reflejado en las historias clínicas aportadas", se destaca en el recurso.

La magistrada analizó la documentación aportada por las residencias y, en su caso, por los hospitales. Y en su auto de archivo asegura que también estudió "todos los protocolos y resoluciones aprobadas por las distintas Administraciones Públicas para intentar paliar, regular y coordinar la actuación en este tipo de centros". Menciona hasta 22 resoluciones, pero justo omite el Protocolo que impedía derivar a los hospitales a enfermos que vivían en residencias si tenían un alto grado de dependencia o de deterioro cognitivo. Ese documento lo aprobó la Consejería de Sanidad el 18 de marzo de 2021, y se dictaron otras tres versiones los días 20, 24 y 25 del mismo mes, tal y como desveló en su día infoLibre, que publicó íntegramente las cuatro versiones del Protocolo de exclusión [las puedes consultar aquí].

En su recurso, Marea de Residencias considera "fundamental investigar qué protocolo y qué versión del mismo fue el que se le aplicó" a cada uno de los residentes. Y añaden que la investigación judicial, una vez aportados las diferentes versiones del Protocolo, "debe ir encaminada a averiguar si fue conocido por los tres aforados, promovido o impulsado por ellos". Si Ayuso, Ruiz Escudero y López "conocían la existencia" del Protocolo, "o lo aprobaron, es preciso que se pueda conocer en la fase de instrucción".

Marea de Residencias entiende que "lo relevante a efectos de los cuidados y atención médica, es saber si con los síntomas que presentaban y la evolución que iban teniendo [los residentes], debían haber sido derivados a centros hospitalarios o si la residencia contaba con medios para garantizar una atención y cuidados dignos".

Marea de Residencias recuerda que los geriátricos no fueron medicalizados, a pesar de que así lo anunció el Gobierno de Ayuso y que en el caso concreto de Leganés existió además una resolución expresa del TSJ de Madrid ordenando la medicalización, que fue incumplida. "La demora en el actuar de los querellados implica la existencia de un nexo causal entre su imprudente omisión y el resultado producido, que ha sido el enorme número de fallecimientos. […] La adopción de medidas habría evitado el trágico resultado que se ha producido".

Los datos oficiales del Gobierno Ayuso, publicados en su día por infoLibre, revelan que 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital durante los meses de marzo y abril de 2020. De ellos, al menos 5.795 tenían coronavirus o síntomas compatibles. El Protocolo de exclusión de derivación hospitalaria es el que se aplicó en la mayoría de los casos para no trasladar a los residentes enfermos en la Comunidad de Madrid, y es justo el que no menciona la jueza Boticario en su detalladísima lista con 22 resoluciones.

LA SEGUNDA QUERELLA

La segunda querella fue presentada, el 2 de julio de 2020, por los familiares de 24 mayores que vivían en Vitalia Home, de los que 21 fallecieron y tres lograron sobrevivir. Y lo ocurrido con su querella es un ejemplo sangrante de desidia judicial.

La querella le tocó por reparto al Juzgado de Instrucción Número 1 de Leganés, que decidió inhibirse en favor del Juzgado 5, que ya estaba instruyendo la causa impulsada por Marea de Residencias. La jueza Boticario se pasó meses sin responder hasta que, ante la insistencia del abogado de los querellantes, le comunicó el 21 de diciembre de 2020 que no había aceptado la inhibición de su compañero y que había devuelto el asunto al Juzgado Número 1. Un mes más tarde, el 22 de enero, Boticario cambió de opinión y decidió acumular ambas querellas. Pero la magistrada no hizo absolutamente nada, así que, el 1 de marzo, el abogado solicitó que se pronunciase sobre las diligencias solicitadas. La jueza respondió que, cuando se practicasen las que estaban en curso –las solicitadas por Marea de Residencias–, "se acordará lo procedente". La siguiente noticia que han tenido los querellantes es el auto de archivo del pasado 13 de julio.

Es decir, después de 11 meses, Boticario ha cerrado la causa sin tomarse ni siquiera la molestia de responder a la solicitud de diligencias. Nada. Ni un auto, salvo el de archivo, en un procedimiento donde las familias de 21 personas fallecidas piden que se investigue lo ocurrido.

En este caso, la querella iba dirigida contra la directora de Vitalia Home en Leganés y tres ejecutivos de dicho grupo geriátrico. No pedían actuar contra ningún miembro del Gobierno Ayuso.

La falta absoluta de actividad instructora por parte de Boticario es la razón fundamental en la que se apoya el recurso de apelación de estos familiares. En su escrito, el abogado recuerda que la jueza "no ha practicado" ninguna de las diligencias solicitadas, "por lo que nada se ha realizado por el Juzgado en orden a esclarecer, como esta parte pedía, los hechos por los que se presentó la querella admitida a trámite". En ese sentido, considera "absolutamente contradictorio que se admita a trámite una querella, pues tal admisión presupone que los hechos relatados de ser ciertos serían constitutivos de delito y han de ser investigados, pero no se practique ninguna de las diligencias solicitadas para investigar dichos hechos. Y, lo que es peor, sin dictar resolución alguna respecto a esas diligencias".

Entre ellas figuran algunas tan básicas como citar a los querellados para que presten declaración, solicitar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) que remita los informes relativos a su intervención en la residencia, o pedir a la Policía Judicial que "elabore un atestado en el que informe de las medidas de prevención adoptadas por Vitalia Leganés para evitar la propagación del coronavirus entre los residentes y los trabajadores de la residencia, número de infectados y fallecidos, así como las instrucciones facilitadas a los residentes y al personal de las medidas y protocolos de prevención".

"Al no acordarse nada respecto a las diligencias solicitadas es como si se hubieran rechazado sin fundamentación alguna", se indica en el recurso de apelación, antes de recordar que es una obligación legal motivar los autos, de forma que "basta dicha omisión de razonamiento para declarar su nulidad".

En el recurso se destaca que la jueza Boticario indica en varios casos que la persona enferma no tenía covid, cuando no es verdad, y califica de "bastante deficiente" la actuación de Vitalia Home Leganés, donde fallecieron 93 personas entre el 11 de marzo y el 21 de abril. "Las medidas que pudieron adoptar resultaron claramente insuficientes e inadecuadas para impedir o minimizar el contagio generalizado de los residentes y, por ende, las graves consecuencias del mismo, por lo que la conducta de los querellados no se acomodó a los patrones de prevención que las circunstancias exigían para evitar los terribles daños", se concluye en el recurso de apelación.

"No es sólo que se archive la querella sin practicar una investigación mínima, es la inhumanidad que destila el auto de la jueza". Esta frase resume el sentimiento de familiares de mayores que fallecieron en cuatro residencias de Leganés (Madrid) durante la primera ola de la pandemia, tras leer el auto firmado por la magistrada Mónica Boticario Martín, que archiva las querellas presentadas contra los directores de los geriátricos.

La resolución de la jueza lleva fecha del pasado 13 de julio y en realidad archiva dos querellas, que fueron acumuladas en su día en el Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés. Una fue presentada por familiares de tres residentes en el centro Los Frailes –gestionado por Aralia–, cuatro de El Encinar-Amavir, uno de DomusVi y tres de Vitalia Home, todos ellos agrupados en Marea de Residencias. Y la otra la formularon familiares de 24 mayores de Vitalia Home. En total, se trataba de analizar lo ocurrido con 35 personas que vivían en esas cuatro residencias, de los que 29 fallecieron, mientras que los otros seis lograron sobrevivir.

Los familiares acusaban a los directores de los cuatro geriátricos de la posible comisión de delitos de homicidio y lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y prevaricación. En la querella de Marea de Residencias también se pedía actuar contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros de Sanidad y de Justicia, Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, respectivamente. La jueza Boticario, en agosto de 2020, inadmitió la querella de Marea de Residencias, pero esta entidad presentó un recurso y la Audiencia Provincial obligó a la magistrada de Leganés a admitirla y practicar las diligencias oportunas. Eso sí, dejó fuera de la investigación judicial a los tres políticos del PP, ya que están aforados y no pueden ser investigados por un Juzgado de Instrucción.

La jueza Boticario no encuentra el más mínimo indicio de delito, tras estudiar la información sobre los cuidados recibidos por los 35 mayores y analizar "todos los protocolos y resoluciones aprobadas por las distintas Administraciones Públicas para intentar paliar, regular y coordinar la actuación en este tipo de centros", según indica en el auto. A continuación menciona hasta 22 resoluciones, pero llama poderosamente la atención que en el extenso listado no se incluya el Protocolo que impedía derivar a los hospitales a enfermos que vivían en residencias si tenían un alto grado de dependencia o de deterioro cognitivo. Ese documento lo aprobó la Consejería de Sanidad el 18 de marzo de 2021, y se dictaron otras tres versiones los días 20, 24 y 25 del mismo mes, tal y como desveló en su día infoLibre, que publicó íntegramente las cuatro versiones del Protocolo de exclusión [las puedes consultar aquí].

Los datos oficiales del Gobierno Ayuso, publicados también por este periódico, revelan que 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital durante los meses de marzo y abril de 2020. De ellos, al menos 5.795 tenían coronavirus o síntomas compatibles. El Protocolo de exclusión de derivación hospitalaria es el que se aplicó en la mayoría de los casos para no trasladar a los residentes enfermos en la Comunidad de Madrid, y es justo el que no menciona la jueza Boticario en su detalladísima lista con 22 resoluciones.

prohibido el traslado al hospital

La magistrada no considera necesario analizar el posible impacto que ese Protocolo tuvo en aquellos casos en que los mayores enfermos no recibieron asistencia hospitalaria, a pesar de que al menos en tres ocasiones consta que desde el Hospital Severo Ochoa se impidió su traslado. El Protocolo del Gobierno Ayuso establecía que si un mayor enfermaba, desde la residencia se tenía que llamar al Servicio de Geriatría del hospital de referencia, que debía rechazar la derivación si cumplía los requisitos establecidos, es decir, si tenía un alto grado de dependencia o deterioro cognitivo.

Juliana tenía 86 años y vivía en la residencia Los Frailes, gestionada por Aralia. En el auto de archivo se indica lo siguiente:

El trato dispensado a Juliana no merece ningún reproche por parte de la jueza Boticario, que tampoco muestra mayor extrañeza al ver que se califica a una persona como "paciente no derivable".

María, de 92 años, residía en el centro de Amavir en Leganés. Esto es lo que figura en el auto de archivo sobre ella:

La experiencia de María demuestra otra circunstancia que fue denunciada por los familiares de muchos residentes durante la primera ola en la Comunidad de Madrid. Que aquellos pacientes que tenían un seguro privado sí eran trasladados al hospital, mientras que no se atendía a los residentes enfermos en la sanidad pública. La jueza Boticario, sin embargo, no detecta aquí ninguna posible discriminación.

Feliciano, de 85 años, estaba en Vitalia Home Leganés.  También a él le negaron el tratamiento hospitalario. Así se narra en el auto:

Existe evidencia, por tanto, de que Juliana, María y Feliciano fallecieron en el geriátrico después de que desde el Severo Ochoa se impidiese su traslado al hospital. En la resolución judicial se narran al menos otros tres casos en que desde la residencia llamaron al hospital para plantear una posible derivación hospitalaria, pero ni siquiera les cogieron el teléfono. Todos los afectados vivían en el centro de Vitalia Home.

Fue lo que ocurrió con Esperanza, de 86 años:

Le sucedió lo mismo a María Purificación, de 85 años:

Y pasó también con Carmen, de 85 años:

Además de estos seis casos –tres con prohibición expresa de derivación y otros tres donde ni siquiera cogen el teléfono en el hospital–, hay otros diez donde en el auto de archivo no consta por qué no fueron trasladados. Es lo que ocurrió con Carmen, que estaba en el geriátrico de Amavir; con Ricardo, que vivía en Domusvi, y con ocho mayores de Vitalia Home: Rosa, Carmen, Antonio, Atanasio, Eladia, María, Piedad y María del Sagrario.

En el auto de archivo la jueza describe otras situaciones extrañas. Por ejemplo, sobre Carmen, de 89 años y residente en Vitalia Home, dice lo siguiente:

¿Cómo es posible que no se conozca la causa de su fallecimiento? ¿No hay parte de defunción, está en blanco? Nada comenta al respecto Boticario.

También sorprende el caso de Miguel Máximo, de 89 años, y residente en Vitalia Home. Allí vivía con su mujer, Eladia. Ambos fallecieron con un día de diferencia. Esto es lo que escribe la magistrada:

¿"Dice Vitalia" que fue trasladado? ¿Boticario no reclamó al hospital su expediente para comprobar si es cierto lo que le dijeron desde la residencia? 

Existen otros cuatro casos donde el enfermo fue finalmente trasladado a un hospital, pero donde la magistrada no considera necesario indicar en su auto desde cuándo estaba esa persona enferma. Una información imprescindible para saber cuántos días estuvo sin asistencia. Es lo que sucede con Carmen, que estaba en el centro Los Frailes; con Avelina, que vivía en El Encinar-Amavir, y con Félix y María, que residían en Vitalia Home. 

A la magistrada tampoco parece extrañarle que Antonia, de Amavir, sea trasladada al hospital después de llevar ocho días con fiebre en la residencia. 

En fin, hay en el auto párrafos cuya lectura evoca un texto surrealista, como este sobre María, de 96 años:

¿Cómo pudo recibir María "siempre el tratamiento hospitalario" que precisó si nunca ingresó en un hospital? Boticario no lo aclara.

LAS CONCLUSIONES DE la jueza

Después de narrar todo lo expuesto, la magistrada llega a la siguiente conclusión: “De la historia clínica de todos ellos se desprende que se trataba de personas con importantes antecedentes médicos y patológicos, y que a todos ellos se le prestó la asistencia médica, asistencial, y hospitalaria que las circunstancias permitieron, y adecuada a su situación basal en esos momentos”.

En cuanto a la decisión de trasladar o no a los pacientes al hospital, la jueza razona que “en casi todos los casos no dependió de los propios centros asistenciales cuyos directores son objeto de esta querella, sino que se trató de una decisión médica consensuada con el servicio de geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa, que era quien decidía en última instancia, teniendo en cuenta la situación clínica del paciente a derivar y sus propias posibilidades de ofrecerle tratamiento con visos de serle favorable”. Esta explicación es correcta, pero Boticario oculta algo que no parece un detalle intrascendente: los geriatras decidían cumpliendo las órdenes de la Consejería de Sanidad. 

A pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid le dejó claro a Boticario, cuando le ordenó admitir a trámite la querella, que la presidenta Ayuso y los consejeros Escudero y López no formaban parte de su investigación, la jueza no se abstiene de escribir lo siguiente: “Es la pandemia que nos acecha la que hizo enfermar a estar personas, y no la actuación de los directores de las residencias o de los consejeros querellados de la Comunidad de Madrid”. ¿Cómo es capaz la jueza de sacar una conclusión sobre la actuación de los consejeros si no forman parte de lo que ha investigado? Una vez más no lo explica, simplemente lo escribe.

Los familiares de la querella acumulada y archivada en el mismo auto –la de los 24 residentes de Vitalia Home– publicaron un comunicado en el que recuerdan que la magistrada de Leganés no practicó ni una sola de las diligencias que solicitó su abogado, se declaran "indignados" porque la jueza ha ignorado sus "historias, pruebas y argumentación" y critican que "atribuya la causa de defunción a las enfermedades previas y a la avanzada edad de los mayores". Además, anuncian un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. El recurso fue presentado ayer mismo.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Leganés ha admitido a trámite una denuncia por "homicidio y sus formas" a raíz de la gestión llevada a cabo en el Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés durante la primera ola de la pandemia, y ha incoado diligencias previas contra cuatro directivos del complejo hospitalario.

A todos ellos, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, se les cita en calidad de investigados el próximo 4 de junio para darles "traslado de la denuncia" al apreciar el juzgado que las "actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de infracción penal".

Además, oficia a la dirección del Hospital a que informe "a la mayor brevedad posible" del "ámbito de competencias de cada uno de los denunciados", así como de las "actuaciones llevadas a cabo para contener la pandemia en relación con medios materiales, formación de profesionales, organización del trabajo y protección de los trabajadores".

De igual forma, el juzgado reclama que se especifiquen los "criterios de traslado de pacientes covid-19 a otros hospitales o centros médicos".

La denuncia fue interpuesta por la Plataforma por los trabajadores del Severo Ochoa y la Agrupación Sanitaria Española (ASAES) debido a "la gestión negligente con resultados de lesiones y muerte", ya que consideran que la gestión de la crisis sanitaria en el hospital leganense pudo derivar en una veintena de fallecimientos, incluido el de un enfermero de quirófano del centro.

La denuncia se fundamenta en la gestión de un hospital que, según los denunciantes, "carecía de un Plan de contingencia", lo que habría derivado en "una total improvisación, un descontrol y una ausencia de actuaciones por parte de los responsables a la hora de afrontar las duras condiciones".

De hecho, en lo referente a los traslados de pacientes entre UCIs, la denuncia asegura que los médicos de este departamento del Severo Ochoa desconocían los "criterios", y aseguran que "el chat del WhatsApp de los Jefes de Servicio de la UCI permanecía inactivo a partir de las 22.00 horas, no funcionando por las noches".

"Y esto –argumenta el documento– tuvo graves consecuencias para los pacientes, pues se estima entre los médicos de la UCI que de haber estado activo el WhatsApp por la noche, se podían haber salvado al menos 20 vidas de pacientes del Hospital, con nombres y apellidos".

Recortes

La denuncia arranca con los denunciantes apelando al recorte de medios y personal durante los "últimos años" en el Severo Ochoa. Así, recuerda que fue uno de los primeros del país en colapsar por la pandemia y que el complejo hospitalario "no tenía ni siquiera los medios para atender a sus pacientes en un día a día normal", una responsabilidad que atribuyen a los "cargos de dirección que debieron haber actuado –alega la denuncia– y no lo hicieron, dejando a la deriva a todos los trabajadores".

Y tras recordar que "en la UCI no existió ningún tipo de planificación o anticipación" y que "no se transmitió ningún tipo de instrucción por vía reglamentaria", revela que en marzo hubo un brote entre profesionales que participaron en una intervención quirúrgica (4 enfermeros, dos auxiliares de enfermería y un médico) ya que "ni se llevaban Equipos de Protección Individual completos (EPI) y la mascarilla que se utilizaba era la quirúrgica".

Pasaron los días y se hicieron públicos los vídeos de los pasillos de Urgencias llenos de pacientes. El Hospital, según los denunciantes, llegó "a rechazar la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuando era evidente que era necesaria" porque, según esgrimen, desde la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se ordenó esperar a que estuviera habilitado el hospital provisional del Ifema.

La denuncia apunta que, desde marzo hasta junio del pasado año, "hubo momentos en los que se llegó a triplicar el número de pacientes en Urgencias y el 27% del personal fue contagiado por covid"

"La dirección –esgrime– se encerró en su despacho, no dio órdenes (salvo las de no hacer PCR, no dar material, aceptar pacientes de manera descontrolada y rechazar la ayuda de la UME) no se remitió a protocolos porque no existían, no atendió a su equipo de trabajadores y desoyó las peticiones de ayuda desesperadas, de quienes se encontraban bajo su orden y mando".

También apunta a la falta de protección entre los trabajadores sanitarios, que "se protegían con batas hechas de bolsas de basura, en la cabeza y en los pies por falta de escafandras y calzas, batas recicladas que habían perdido su impermeabilidad y chubasqueros".

"En ningún momento se llevaron a cabo medidas de control para evitar la expansión del virus entre los trabajadores, no se les sometió a pruebas de detección y se les dejó contagiarse y contagiar a todos los pacientes", mantienen los denunciantes, al tiempo que revelan que la Dirección de enfermería, encargada de suministrar los EPIs, "obligó al personal a trabajar con equipos reutilizados, los cuales ya habían perdido toda su capacidad protectora, y a trabajar durante todo un turno con el mismo EPI, siendo los turnos de noche de hasta 10 horas de duración".

Por su lado, la Dirección del Hospital Universitario Severo Ochoa ha manifestado hoy "su completa disposición a colaborar con la Justicia en todo aquello que se le requiera".

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, exploró la posibilidad de comprar la vacuna rusa Sputnik, que todavía no ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, ante "la inoperancia del Gobierno".

Así, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, mantuvo una reunión el 11 de febrero a petición de esa firma. Escuchó sus planteamientos ya que esta vacuna estaba prevista que se fabricase en Galicia y querían conocer la situación de vacunación a nivel nacional y autonómico, según ha adelantado ABC y confirman a Europa Press fuentes del Ejecutivo autónomico.

Asimismo, la Consejería de Sanidad ha mantenido otras dos reuniones con otros representantes de la vacuna rusa para "explorar el mercado internacional y tener todas las posibilidades abiertas en el futuro en la lucha contra la pandemia, siempre dentro del marco nacional de vacunación".

De hecho, la idea era "facilitar un preacuerdo de compra beneficioso para todo el Sistema Nacional de Salud y en condiciones equitativas para todos los españoles". Su objetivo era "ganar tiempo de negociación" a la espera de su aprobación por la Agencia Europea de Medicamentos.

"Si tenemos opción de poder traer la vacuna Sputnik lo haremos"

Escudero ha explicado que negoció con proveedores de Sputnik para alcanzar un "preacuerdo" que permita avanzar en la llegada de esa vacuna a Madrid. "Si tenemos la opción de poder traer la vacuna Sputnik lo haremos, además con la máxima velocidad posible", ha manifestado Escudero en una rueda de prensa.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado la voluntad del Gobierno regional de "estudiar todos los escenarios" para "ir ofreciendo respuestas a todos los ciudadanos", al tiempo que ha apuntado que "no sería la primera, ni la quinta, ni la décima vez que la Comunidad de Madrid se adelante al Gobierno de España y analiza todos los escenarios posibles para seguir luchando contra el virus".

Ambos se han referido a las negociaciones del Gobierno regional sobre la compra de la vacuna Sputnik en la rueda de prensa posterior a la presentación del proyecto del nuevo edificio de hospitalización del Hospital 12 de Octubre.

Críticas de Más Madrid y PSOE

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo ha pedido a la presidenta regional que "cumpla las normas", en relación a las negociaciones de la Consejería de Sanidad para hacerse con la vacuna rusa Sputnik V, y le ha recordado que esta aún no está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento.

En una entrevista recogida por Europa Press, García ha apuntado que "el problema" en la región "no es el número de vacunas, sino que no se han reforzado los centros de salud, y no se vacuna a la gente cerca de sus casas con su médico habitual".

Así, la candidata considera como una "bomba de humo" este movimiento de la Comunidad y ha afirmado que Ayuso "da discursos que no están conectados con la realidad".

"Independientemente del número de vacunas, el problema es que la vacunación y la planificación en Madrid es una chapuza, y eso no se arregla comprando más vacunas", ha zanjado.

Por su parte, el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, ha querido parafrasear el lema de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso para criticar las reuniones entre el Ejecutivo y los negociadores de Sputnik. "Parece que en la disyuntiva 'Comunismo o Libertad', la 'candidata Ayuso' opta por Rusia y Putin. ¿No va siendo hora de ponernos a #GobernarEnSerio?", ha dicho.

El conocido como Protocolo de la Vergüenza, aprobado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el 18 de marzo de 2020 y que sirvió para impedir el traslado al hospital de miles de mayores enfermos que vivían en residencias, era de obligado cumplimiento para todas las personas que dependían jerárquicamente de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales. Es decir, para los médicos de la red pública de hospitales, para los trabajadores del servicio público de ambulancias y para los empleados de los geriátricos de titularidad pública. En todo el sistema hospitalario y residencial, a los únicos que no obligaba era a los centros de titularidad privada.

infoLibre entregó una copia del Protocolo a profesores de Derecho Administrativo y a magistrados de lo Contencioso para que lo analizaran con el objetivo de responder a dos cuestiones: cuál es la naturaleza jurídica del documento y quién estaba obligado a cumplirlo. Su respuesta fue unánime y sin espacio para la duda: ese Protocolo es una “orden de servicio” o “instrucción”, que es de obligado cumplimiento para quienes dependen jerárquicamente del órgano que lo dictó.

Este hecho contrasta con las declaraciones que realizó en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid el alto cargo del Gobierno Ayuso que firmó el Protocolo, Carlos Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad. “No eran ni órdenes de aplicación directa ni de obligado cumplimiento, sino un conjunto de recomendaciones” para los profesionales que debían aplicarlos, insistió Mur en referencia a las cuatro versiones del Protocolo que la Consejería de Sanidad aprobó los días 18, 20, 24 y 25 de marzo. Esa falsedad de Mur se une a otras tres que infoLibre desveló al día siguiente de su comparecencia (puedes leer aquí la noticia). El Código Penal, en su artículo 502, castiga "con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses" a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, "faltare a la verdad en su testimonio".

Las cuatro versiones del Protocolo de la Consejería de Sanidad, cuyo titular es Enrique Ruiz Escudero (PP), fueron firmadas por Carlos Mur y enviadas de forma inmediata por correo electrónico a los altos cargos de la Comunidad de Madrid que debían aplicarlo o controlar que se aplicase. El documento prohibía el traslado a los hospitales de los ancianos enfermos que vivían en residencias si tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. La consecuencia fue que miles de ancianos murieron en las semanas siguientes en los propios geriátricos, sin recibir ningún tipo de asistencia médica, en muchas ocasiones ahogados en su propia tos ya que los centros tampoco disponían de respiradores. La Consejería de Sanidad se encargó de enviar el Protocolo a los gerentes y directores médicos de los hospitales de la red pública y pidió a la Consejería de Políticas Sociales que lo remitiese a las residencias.

La naturaleza jurídica del Protocolo

Los profesores y magistrados consultados por infoLibre explican que la naturaleza del Protocolo aprobado por el Gobierno Ayuso se recoge en el artículo 6 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. “Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio”, indica dicho precepto, que además determina expresamente que quienes las incumplan pueden incurrir en “responsabilidad disciplinaria”.

“Estos protocolos no son genuinas disposiciones normativas, no son fuente del Derecho, y por tanto no vinculan ad extra ad extrani a los administrados ni a los órganos jurisdiccionales. Son instrucciones u órdenes de servicio en el sentido del artículo 6 de la Ley 40/2015, que obligan ad intra de la Administraciónad intra a los órganos jerárquicamente dependientes de quien haya dictado la instrucción”, resumen dichos expertos, que coinciden en que no existe ninguna duda sobre la naturaleza jurídica del documento: “Está firmado por un alto cargo del Gobierno y lleva el sello oficial de la Comunidad. Opera genuina y propiamente como una orden de servicio o instrucción”.

Aunque el Protocolo fue aprobado por la Consejería de Sanidad, el departamento de Políticas Sociales “lo hizo propio” al reenviarlo a las residencias, “convirtiéndolo también en una orden de servicio suya”. Fuentes del departamento que entonces dirigía Alberto Reyero (Cs) aseguraron en su día a este periódico que sólo remitieron el documento a los 25 centros de titularidad y gestión pública, que están encuadrados en la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Siempre según esta versión, no se lo reenviaron al resto de los 473 geriátricos que estaban operativos en la Comunidad de Madrid en la primavera de 2020, durante la primera ola de la pandemia.

En todo caso, según los expertos, el Protocolo también obligaba a las residencias de gestión indirecta, que son aquellas de titularidad pública que están privatizadas. Ello es así porque la Administración “conserva poderes de dirección” respecto a las empresas concesionarias.

En definitiva, el Protocolo era de obligado cumplimiento para todo el personal de la red sanitaria pública –incluyendo a los directivos y médicos de los hospitales y a los empleados del Servicio de Urgencia Médica (Summa 112) que opera las ambulancias– y para las residencias de titularidad pública.

En cuanto al artículo 6.2 de la Ley 40/2015, que advierte sobre la “responsabilidad disciplinaria” en que pueden incurrir quienes desobedezcan una orden de servicio, los profesores y magistrados consultados indican que es “la genuina manifestación de la naturaleza jurídica de una orden de servicio o instrucción. Su incumplimiento no produce antijuridicidad, pero sí vincula jerárquicamente y cabe la desobediencia y, por tanto, una infracción disciplinaria por desobediencia al superior jerárquico”. También destacan que el propio título del documento aprobado por la Consejería de Sanidad, “Protocolo de coordinación”, es muy significativo: “Se está hablando de coordinación dentro de la misma Administración y la coordinación es una expresión del principio de jerarquía”.

No consta que se haya rebelado contra el Protocolo ninguna de las personas a quienes se lo enviaron Sanidad y Políticas Sociales para que lo ejecutasen. Entre ellos estaban, como desveló infoLibre, 18 altos cargos del Gobierno Ayuso y los gerentes y directores médicos de los hospitales de la red pública. La legislación española no obliga al cumplimiento de órdenes ilegales y, en consecuencia, tampoco cabe ampararse en la “obediencia debida” para eximirse de responsabilidad en caso de infracción del ordenamiento jurídico.

LOS EJECUTORES DEL PROTOCOLO

El Gobierno Ayuso diseñó un sistema para garantizar que se ejecutaba el Protocolo basado en la figura de los denominados “geriatras de enlace” de los hospitales, que eran quienes negaban el traslado de los ancianos enfermos que Sanidad ordenó excluir, cuando les pedían su derivación desde una residencia. Pero también fue relevante la actuación del Summa 112, ya que las ambulancias no acudían a los geriátricos si no contaban con la autorización expresa del geriatra de enlace. De esa forma, se impedía que los responsables de las residencias o los familiares de los mayores lograsen su traslado al hospital sin el permiso del geriatra de enlace.

Por tanto, en la ejecución del Protocolo participaron los políticos y altos cargos del Gobierno Ayuso que lo aprobaron y difundieron; los directivos y empleados de la red sanitaria pública que lo aplicaron, con un papel destacado de los geriatras de enlace de los hospitales, y en el caso de las residencias de titularidad pública aquellas personas que actuaron siguiendo sus instrucciones.

Precisamente, el pasado 26 de febrero, la directora de una residencia pública de Carabanchel, investigada por la presunta comisión de un delito de homicidio, declaró ante el juez que entendía que desde el punto de vista administrativo los Protocolos firmados por Carlos Mur eran de "obligado cumplimiento".

El resultado de la aplicación del Protocolo fue demoledor para los mayores. Una auténtica condena a muerte para muchos de ellos, que fallecieron en los centros donde vivían sin recibir ningún tipo de atención médica.

infoLibre desveló el pasado mes de agosto las cifras diarias de fallecimientos de residentes durante la primera ola, teniendo en cuenta si la muerte se había producido en el propio centro o en el hospital. Los tres días con menos derivaciones fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de que la Consejería de Sanidad aprobase su Protocolo de exclusión. En los veinte días posteriores a la aprobación de dicho documento, 5.343 mayores murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en ese periodo (6.352 personas).

En circunstancias normales, son una minoría el número de mayores que fallecen en los geriátricos. Eso ocurre cuando la persona se encuentra en un estado terminal o no puede obtener ningún beneficio del tratamiento hospitalario y la decisión se adopta, como norma general, con el consentimiento de los familiares. Nada de eso sucedió aquellos dos meses en las residencias de Madrid: el Gobierno de Ayuso ordenó prohibir la derivación hospitalaria para los mayores que tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo, con independencia de cuáles fueran los beneficios que podían obtener del tratamiento en un hospital. Y en muchos casos se hizo contra la voluntad expresa de sus familiares, que reclamaban sin éxito la derivación.