la crisis del coronavirus

"No son muertes, son asesinatos": Marea de Residencias exige a la Fiscalía que investigue al Gobierno de Ayuso

Concentración de Marea de Residencias ante la Fiscalía de Madrid.

Decenas de personas se han concentrado este jueves ante la sede de la Fiscalía Superior de Madrid, convocados por Marea de Residencias, para criticar las investigaciones que está acometiendo sobre los fallecimientos de mayores durante la primera ola de la pandemia, pues la inmensa mayoría de las causas abiertas por la presentación de querellas y denuncias, más de 300, por parte de los familiares y trabajadores de esos centros están acabando en archivo. "No son muertes, son asesinatos", han coreado los manifestantes, que han entregado una carta a la fiscal superior, Almudena Lastra, en la que exigen que se llegue hasta el final para tener "verdad y justicia" y se depuren responsabilidades.

En la carta a la fiscal, a la que ha tenido acceso infoLibre, la asociación se pregunta porqué el Ministerio Público no indaga en la orden del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso por la que no se permitió a las residencias derivar a pacientes con coronavirus a los hospitales de la región. "Orden que esa Fiscalía no parece haber tenido en cuenta. En esa orden dejaron muy claro que no se iban a derivar a los hospitales a los residentes y se les iba a atender en las mismas residencias. ¿Por qué la Fiscalía no asume que esa orden pública del 12 de marzo sí que existió? ¿Por qué la Fiscalía no propone pruebas de investigación sobre esa orden con respecto a los políticos aforados de la Comunidad de Madrid?", cuestiona.

Marea de Residencias explica a Lastra que no entiende por qué el Ministerio Público "no ha pedido todavía la declaración de quienes hicieron y dieron el visto bueno a los distintos protocolos" que fijaron “criterios de exclusión” para no trasladar a enfermos de residencias a hospitales "ni la del resto de personas que podrían decir qué ocurrió en la Consejería de Sanidad y qué decisiones se tomaron por el Gobierno de la Comunidad de Madrid ni tan siquiera la del entonces director de Coordinación Socio-Sanitaria qué firmó esos protocolos". "¿Por qué se limita a pedir declarar a alguno de los directores y médicos de residencias?", quiere saber.

Para la asociación, "los distintas órdenes políticas generales de no derivación de los residentes junto a la falta de atención a las residencias, demostrada también, aunque hasta ahora desde las fiscalías no se hayan querido dar cuenta, fueron la causa directa de la alta mortalidad pues, desde cualquier punto de vista, implicaron la clara omisión del deber de socorro, denegación de auxilio, homicidio imprudente y prevaricación por dar esas órdenes". "Esos protocolos los mataron a todos", han coreado los manifestantes frente a la Fiscalía.

En la misiva, de seis páginas, Marea de Residencias dice a la fiscal superior que las órdenes y algunos de los protocolos, "los más dañinos", fueron "políticos, no sanitarios", por lo que quiere saber si Lastra los considera "legales". En caso de que no, pide conocer "el porqué de la inacción respecto a los responsables políticos" desde el Ministerio Público, el cual "está obligado a actuar cuando se conculcan derechos de los ciudadanos y más con el resultado de miles de muertes". Y en caso de que sí, se pregunta: "Si todas las órdenes dadas por los responsables políticos no han sido delito para esa Fiscalía, ¿quiere decir que las pueden dar otras veces, con los mismos resultados o incluso peores, con impunidad?".

Durante la concentración de protesta después de entregar la carta a la fiscal superior, familiares de residentes y trabajadores de los centros han insistido en que hubo muertes que pudieron haber sido perfectamente "evitables" si esas personas hubieran sido atendidas en hospitales. Por eso, esos más de 7.000 fallecimientos en la Comunidad de Madrid "no pueden ser minimizadas por los fiscales". Y por eso han exigido una vez más una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que llegue hasta el final y una ley estatal de residencias que cambie radicalmente el sistema de cuidados, dando más peso a la gestión pública de los centros.

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