El sindicato CNT Comarcal Sur ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el alcalde de la localidad, José Luis Martínez-Almeida, y cargos directivos del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento, por posibles delitos de "prevaricación administrativa y discriminación" en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes.

Tal y como ha hecho público el sindicato este martes, la denuncia se presenta a raíz de "las instrucciones trasladadas a los servicios sociales municipales para la tramitación" del certificado de vulnerabilidad requerido para parte de las personas migrantes que entran en el proceso de regularización. La información recopilada por la Sección Sindical de CNT en Políticas Sociales ha servido para constatar la existencia de "directrices" encaminadas a generar "un procedimiento deliberadamente restrictivo que ha supuesto un trato discriminatorio hacia la población migrante, dificultando de manera injustificada el acceso a un derecho reconocido".

CNT señala al regidor de la localidad por haber manifestado públicamente su intención de no colaborar con el proceso de regularización, una posición política que "se habría materializado, presuntamente bajo la dirección y responsabilidad de los máximos responsables municipales y de los altos cargos" de la concejalía, mediante la "imposición de trabas administrativas que han obstaculizado el acceso a estos informes". Diversas entidades acreditadas para expedir los informes de vulnerabilidad han venido expresando en las últimas semanas sus sospechas ante la imposición de trabas administrativas y burocráticas en Madrid.

El protocolo que señala el sindicato y sus trabajadores en el área habría establecido que la solicitud para acceder al informe "solo podía realizarse mediante instancia general" presentada ante el Registro General, "obligando a numerosas personas a soportar colas innecesarias e incluso a pasar noches a la intemperie únicamente para poder iniciar el trámite". Esta decisión, resaltan en el comunicado, "ha entorpecido además el trabajo que los servicios sociales de distrito habían comenzado a desarrollar desde el primer momento, pese a no haber recibido refuerzos de personal ni recursos adicionales" para asumir la carga de trabajo.

La instrucción también "obligaba inicialmente" al personal a "asignar cita previa para valorar dichos informes sin otorgar prioridad alguna al procedimiento, a pesar de que las listas de espera habituales oscilan entre los 30 y los 60 días". Los trabajadores y voluntarios que atienden a personas migrantes hablan precisamente de demoras en las citas, una situación especialmente traumática para los solicitantes dados los plazos existentes para el proceso de regularización, cuya fecha límite es el 30 de junio.

CNT da el paso, junto a Asamblea por la Regularización de Madrid, de llevar los hechos ante la justicia para exigir responsabilidades políticas y administrativas "a quienes hayan diseñado, autorizado o ejecutado estas directivas". "No vamos a permitir que se utilicen las instituciones públicas para obstaculizar derechos mediante trabas administrativas", zanjan.

Rosas y libros. Primavera. Barcelona vive con Sant Jordi su día más alegre del año. Bulle, bulle. Con sus casetas, librerías y centros culturales abiertos de par en par. De Pedro Almodóvar a Han Kang, pasando por David Uclés y Lucía Solla Sobral. La capital catalana respira estas horas su frenesí mediterráneo y sus ganas de abrazar el mundo.

Y es que Barcelona vuelve a emerger con fuerza tras la etapa del procés catalán y se presenta como un modelo alternativo a la gestión neoliberal de Madrid, obsesionada con ser el Miami europeo. La ciudad condal, con Jaume Collboni en la sala de mandos, busca un modelo de corte socialdemócrata, que combine el crecimiento económico con políticas de bienestar.

Ese espíritu impregnó precisamente el pasado fin de semana la ciudad como anfitriona de la Global Progressive Mobilisation, un encuentro de políticos de izquierdas como hacía mucho que no se veía a nivel internacional que congregó a más de tres mil asistentes y a más de cien partidos para compartir una hoja de ruta alternativa a la ola de ultraderecha que se extiende por el mundo.

Una de las grandes lecciones que se sacó en esta cita es que precisamente lo local es la primera barrera contra los ultras. Una idea que debe basarse en temas concretos y que pilota el alcalde de Barcelona junto a figuras como Zohran Mamdani (Nueva York), Roberto Gualtieri (Roma), Silvia Salis (Génova), Haris Doukas (Atenas), Gergely Karácsony (Budapest), Emmanuel Gregoire (París), Karen Bass (Los Ángeles), Ekrem İmamoğlu (Estambul) y Philippe Close (Bruselas).

Barcelona está ahora mismo en el foco por la gestión de la vivienda y del turismo. Dos aspectos que se relacionan directamente. Y que las grandes ciudades no saben cómo controlar. La capital catalana ha planteado un camino totalmente diferente al de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida. El Ayuntamiento ha tomado la decisión de extinguir los diez mil apartamentos turísticos que hay en la urbe.

Según señalan fuentes del Gobierno local, esto supone liberar una cantidad de vivienda equivalente a lo que se construye durante diez años. No hay marcha atrás. No obstante, en el equipo de Collboni son conscientes de que ahora se van a enfrentar a una dura lucha contra los fondos buitre, “que son los que tienen el dinero”, en los tribunales, y a nivel europeo. “En el fondo, esta es una cuestión del poder democrático de una ciudad contra los especuladores”, resumen en el Ayuntamiento. Esta decisión equivale a generar vivienda para 25.000 personas aproximadamente. 

Barcelona, a diferencia de Madrid, sí aplica la ley estatal de vivienda, que abre la vía de topar los precios de alquiler de viviendas en las zonas tensionadas. Esto ha permitido una bajada, desde que se puso en marcha la norma, de un 4,9%, aunque tanto el Ayuntamiento como la Generalitat están vigilantes porque en los últimos meses han notado un repunte. Las instituciones valoran también que ese camino ha permitido por primera vez en una década que se reduzca el aumento de la brecha entre el precio del alquiler y el incremento de la renta familiar, factor clave para la desigualdad y el nivel de vida ciudadano.

En el modelo Barcelona es esencial también la construcción de vivienda. La ciudad ha calculado que tiene potencial para 70.000 nuevos hogares, la mitad de ellos públicos y focalizados en tres grandes zonas: Marina del Prat Vermell, 22@ y Sagrera. Se ha acelerado la construcción de vivienda protegida: pasando de 500 pisos al año al inicio del mandato a mil por año ahora. El objetivo del consistorio es tener siempre cinco mil viviendas en construcción.

También los ojos están puestos en Barcelona por el fenómeno turístico, que hace dos veranos provocó protestas contra visitantes. La ciudad condal lleva tiempo aplicando una tasa turística, algo a lo que se niega Madrid. Pero, además, el Ayuntamiento quiere que se visualice cómo repercute positivamente en la ciudad a través de mensajes que abogan por la convivencia. 

Buena parte de esa recaudación va destinada al Pla Clima Escola, puesto en marcha para adaptar las escuelas a los efectos del cambio climático con una inversión de más de cien millones de euros hasta 2029 en 170 centros. Con el objetivo de que la ciudadanía entienda cómo también actúa en positivo el ingreso del turismo, se están colocando placas informativas en esos espacios educativos.

La capital catalana quiere recuperar ese espíritu de grandes eventos. El aire de ese “¡Hola!” que dominó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 1992. De ahí que se haya volcado con la Copa América de vela. Y, además, quiere volver a ser un lugar de acogida de la cultura española después de los años del independentismo. El ejemplo más claro fue la ceremonia de los Goya del pasado mes de febrero, además de ser una fecha muy especial por cumplirse cuarenta años de los premios del cine español.

Y otro de los grandes proyectos que la ciudad pretende impulsar es el nuevo museo Thyssen. El consistorio dio luz verde hace un mes a su instalación en el palacio Marcet, que fue antes la ubicación del mítico cine Comedia, en la esquina del Passeig de Gràcia con la Gran Via. La idea es que Barcelona pueda competir como capital cultural ante un Madrid donde están los grandes museos nacionales. 

Otro de los grandes retos de la ciudad en estos momentos es lograr que vuelvan también las grandes empresas que se fueron con motivo del procés. Se han producido algunos regresos como los de la Fundación La Caixa y los laboratorios Ordesa a la ciudad, pero ahora se mira con especial atención a la negociación sobre la fusión entre Estée Lauder y Puig. La ciudad aspira a tener la sede de ese gigante cosmético y perfumista que va a revolucionar el mundo de la moda.

Barcelona también es puro hervidero político. Apenas falta un año para las elecciones municipales. En la anterior legislatura, la alcaldía se jugó hasta el último minuto en una votación de investidura de infarto que llevó a Collboni a tomar el bastón de mando después de haber participado en el gobierno de Ada Colau.

Fuentes socialistas creen que el panorama ha cambiado respecto a 2023 y que Collboni se ha consolidado como alcalde con un perfil más transversal que el de Colau. Por ejemplo, ha puesto mucho énfasis en la seguridad de la ciudad, una de las principales preocupaciones lo los ciudadanos allí. Desde su equipo siempre lanzan este mensaje: “La seguridad es de izquierdas. Si no hacemos nada, entonces solo tendrá seguridad la gente con dinero que se la pueda pagar”.

Colau se ha retirado de la primera línea política, aunque su figura sigue estando presente por acciones como la Flotilla de la Libertad o su participación en algunos actos para crear una candidatura de izquierdas a nivel nacional. Por los comunes concurrirá a los comicios del año que viene Gerardo Pisarello, que actualmente es diputado en el Congreso y que ganó las primarias contra Bob Pop.

Esquerra jugará fuerte con la candidatura de Elisenda Alemany, secretaria general del partido y una de las figuras con más peso dentro de los republicanos. El Partido Popular prevé llevar como ‘número uno’ a Daniel Sirera.

Pero quedan dos grandes incógnitas por resolver. La primera es quién competirá por Junts, donde hay una lucha interna muy fuerte por este puesto tras haberlo rechazado varios empresarios. Ahora mismo se barajan nombres como Josep Rius, muy cercano a Carles Puigdemont, y Jordi Martí, el preferido por Xavier Trias. Y la otra X a despejar es el nombre que elegirá Aliança Catalana, el partido que asciende cada día en las encuestas pero que medirá en Barcelona su verdadera fuerza más allá del interior de Cataluña.

Favorecer al Real Madrid con la construcción de túneles y aparcamientos en los alrededores del Santiago Bernabéu, un feudo histórico del PP en pleno distrito de Chamartín. Aprobar una tasa de basuras impuesta por la normativa europea, pero sin adaptar la correspondiente cuota al número de ocupantes de cada vivienda o sin explicar la incidencia de los residuos procedentes del comercio, la hostelería o el turismo en cada uno de los distritos de la capital. Se trata de dos de las apuestas en las que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida (PP), ha chocado más directamente con parte de sus ciudadanos y potenciales votantes.

El enfrentamiento con una asociación vecinal –la Asociación Perjudicados por el Bernabéu– por la conversión del estadio del Real Madrid en un enorme centro comercial y de espectáculos con la construcción de dos enormes aparcamientos bajo la Castellana y en Padre Damián pasó de los despachos municipales a la discusión de los grupos políticos en el Pleno y de ahí a los juzgados. La implantación de la tasa de basuras, por su parte, provocó más de 130.000 reclamaciones tributarias de contribuyentes, según adelantó El País el pasado febrero. Ambos contenciosos han acabado con dos importantes varapalos judiciales contra el equipo de Almeida en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y el principal motivo en ambos casos es el mismo: la falta de transparencia en la gestión de sus iniciativas.

El último se produjo el pasado lunes, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal regional madrileño estimó el recurso administrativo de varias organizaciones, entre ellas la Asociación Española de Asesores Fiscales y Más Madrid, y anuló la nueva tasa municipal. La sentencia explicó que la creación de la tasa era imperativa por obligación del derecho europeo y su traslación a la ley estatal de residuos, pero consideró ilegal el procedimiento por el que se aprobó la ordenanza en la que se recogía. La resolución, que en esencia reprocha al Ayuntamiento la falta de publicidad de los informes que justificaron la configuración de la tasa, puede ser ahora recurrida ante el Tribunal Supremo.

La vulneración se produjo en el trámite de información pública del proyecto, en el que se omitió una parte esencial del informe técnico-económico que servía para la determinación de la cuantía de la tasa para cada contribuyente. Entre lo no publicado se encontraba aquello que precisamente criticó la oposición municipal: el estudio de generación de residuos por las distintas actividades económicas –turismo, hostelería, comercio...– unos datos que, según el tribunal "resultan imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo". Sin esa información no se podía conocer la relación entre cada actividad económica y la carga tributaria, lo que impidió a los ciudadanos y asociaciones afectadas presentar alegaciones fundadas y cuestionar el tributo.

La anulación de la tasa de residuos se produce solo cuatro meses después de que esa misma Sala tumbara los dos aparcamientos y el túnel cuya construcción adjudicó el equipo municipal de Almeida a una sociedad creada al efecto por el Real Madrid. El problema en este caso también estuvo relacionado con la transparencia y la información suministrada a los ciudadanos. Según el tribunal, el Ayuntamiento no dio publicidad al estudio de viabilidad económico-financiera del proyecto, "máxime cuando se trataba de una concesión tan mediática y polémica".

La sentencia también consideró incompatibles los dos parkings con el planeamiento urbanístico y de movilidad del Bernabéu y su entorno, aprobado en 2017, tal y como determinaron los propios órganos técnicos de Urbanismo. Por último, la resolución reprochó la previsión en esas obras de la construcción de un túnel de 650 metros para dar acceso al aparcamiento del estadio, al considerar que solo respondía a los intereses del club de fútbol que preside Florentino Pérez y no a los generales de la ciudadanía.

Almeida fue a un acto solemne y salió con un 'recuerdo' aéreo de cortesía. 🕊💩 Al alcalde de Madrid le defecó una paloma en la cabeza mientras hablaba durante un homenaje a periodistas fallecidos en defensa de la libertad de expresión. El del PP recurrió al humor y a la ironía para salir del paso diciendo que la paloma había elegido “aterrizar” justo sobre su reciente corte de pelo, y amplió la broma a los periodistas allí presentes al decir que el periodismo es una profesión de riesgo: "Nos sucede cualquier cosa estando con periodistas". El momento de la cagada se ha hecho viral en redes y los usuarios han disfrutado de lo lindo bromeando con el percance del líder popular del Ayuntamiento de Madrid: "Una paloma, símbolo de la paz, cagándose encima de un pepero. Qué metáfora tan deliciosa", ironiza @Hanky_solo, "Esta paloma merece un monumento", se ríe @elosqar, "Almeida no sabía que talando tanto árbol se iba a crear un archienemigo", apunta ‪@robbhaifisch.bsky.social‬.

Trump también tiene su hueco en el tuitómetro de esta semana. El presidente estadounidense pidió a aliados y países directamente afectados por el paso del petróleo por Ormuz que le ayudasen a reabrirlo. La respuesta que recibió fue tibia o directamente negativa, lo que enfadó al magnate que pasó a decir que lo haría sin ellos. Las redes lo satirizan así 👇👇

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

“En este país se fusila poco”. “Te mereces acabar en una cuneta”. “Cementaremos sobre tu cadáver”. “Hace cien años estarías colgado cara al sol”. “Sé quién eres, nos vamos a encontrar”. “Menos cocheras y más cunetas”. “Te deberían prender fuego”. “Hasta que alguien te toque esa carita”. 

Los mensajes de odio y amenazas de muerte, a través de redes sociales, colapsan el teléfono de Antonio Giraldo. El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, autor de virales hilos en X sobre urbanismo, vivienda y arquitectura, está viviendo una brutal campaña de acoso, que ya ha denunciado ante la Policía Nacional y que le ha obligado a pedir protección a la Policía Municipal.

¿El motivo? Un simple mensaje en X donde exponía su opinión sobre la decisión del Tribunal Supremo que enterraba el segundo intento del Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, para construir pisos en la parcela en el entorno de la glorieta de Cuatro Caminos que albergó las históricas cocheras de Antonio Palacios.

Su mensaje, publicado el pasado lunes, decía: “Demolición ilegal de las cocheras de Metro de Antonio Palacios y dos procesos urbanísticos negligentes por parte del Ayuntamiento enterrados ya por el Supremo. Llevaré esta vergüenza el lunes próximo a la comisión de urbanismo. ¿Qué pasa ahora?”.

“Se pone fin por segunda vez a todo el proceso. Y lo que es peor: si se pretende hacer un tercer intento, éste ya no podrá ser tal y como estaba previsto en el primero y el segundo, pues ahora la Ley de Vivienda estatal obliga a porcentajes de vivienda protegida más altos que los que había. Pero los cooperativistas, sin embargo, ya han pagado hace mucho por unas viviendas que ahora sí que ya nunca podrán materializarse. Además, el ayuntamiento podría verse obligado a asumir responsabilidades patrimoniales. O eso, o intentar una nueva chapuza que acabará igual”, señalaba en el texto, que concluía así: “Es desesperante, pero es lo que pasa cuando todo se hace mal. Lo peor, la pérdida de patrimonio industrial histórico de Madrid”.

En ese momento empezó a desatarse una ofensiva con mensajes agresivos y de intimidación. Giraldo, en una conversación con infoLibre, relata lo sucedido: “Llevo muchos años en redes. En cierta manera te acostumbras a un ambiente de odio. Pero jamás había recibido con esta intensidad y calado estas amenazas de muerte. Te provoca un sentimiento de susto y te planteas hacia dónde vamos”.

“Sencillamente he dicho que las cosas no se han hecho bien. Yo hablo con mucha claridad en las redes sociales. Y todo por culpa de la negligencia constante del Ayuntamiento en una situación en la que las familias van a seguir esperando sus viviendas. Y, además, comenté los daños patrimoniales respecto a las históricas cocheras de Antonio Palacios”, manifiesta el edil socialista.

Su mensaje se hizo viral el lunes. A partir de ahí, prosigue Giraldo, empezaron los comentarios con insultos. Él respondió contundentemente, mientras que desde diferentes perfiles, la mayoría anónimos, empezaron a señalar a los denunciantes como las asociaciones ecologistas. La espiral creció, añade el edil, al entrar en juego cuentas con muchísimos seguidores y vinculadas a la extrema derecha. A raíz de ahí se multiplicaron los tuits de carácter delictivo y con amenazas de muerte. Todo de manera orquestada, con una estrategia digital basada en retuits y en el señalamiento en redes.

Giraldo no se quedó parado: “Lo primero que hice fue denunciar en la red social X estas amenazas. Y me han respondido con un correo diciendo que estos mensajes no incumplen las normas. No he conseguido que borren ni un tuit”. Todo ello en un ambiente muy crispado con el tema encima de la mesa el próximo lunes con la convocatoria de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, en su sede de la plaza de la Villa, donde el concejal lleva esa sentencia como uno de los puntos del orden del día.

Ante la negativa de X y la oleada de amenazas de muerte, Giraldo decidió pedir protección a la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Y quiere agradecer el trabajo y el trato que está recibiendo. Asimismo, ha puesto una denuncia ante la Policía Nacional con todos los tuits amenazantes que lleva recibiendo durante toda la semana. 

Giraldo no tiene el perfil típico de político. Se hizo muy conocido en redes durante la pandemia como divulgador de temas urbanísticos. Sus hilos en la red social X acumulaban miles de likes y planteaban dilemas arquitectónicos de manera muy sencilla y con otro punto de vista. La exministra de Industria Reyes Maroto se fijó en él y lo llamó para formar parte de la lista del PSOE para las elecciones municipales del 28-M hace casi tres años. Desde entonces se ha convertido en una figura ascendente en el mundo local y en uno de los azotes de las políticas de vivienda de Almeida.

El concejal hace esta reflexión global: “Son campañas contra la gente de izquierdas. Para que te alejes, para que te calles, para que no digas nada, para que te retires”. “Quieren presionarte para que pienses qué necesidad tienes de dedicarte a esto. Buscan hacerte pequeño cuando estás diciendo la realidad constatada por una sentencia. Estos mensajes son para que no ocupes espacios y para que no hagas política. Y, además, van in crescendo cuando muestras resistencia”.

“Como personaje público, hasta normalizas los mensajes con insultos. Pero hasta este lunes no había recibido estas amenazas de muerte. Se han cruzado todas las líneas, nunca me había pasado. Corremos el riesgo de asimilarlo como algo cotidiano. Esta vez he decidido decirlo de manera abierta”, apostilla el edil del PSOE.

A pesar de estos días duros, manda un aviso para navegantes: “No voy a dejar la política, voy a seguir diciendo las cosas claramente. Voy a denunciar todas las amenazas. Tendrán que pagar por esto. Esto no puede quedarse en la impunidad. Voy a seguir haciendo la política de siempre, pero quiero elevarlo al debate público”.

Pero esto no va solo de cuentas anónimas en redes: “Hay responsables políticos de algunos partidos que alientan estos discursos. Y se tienen que dar por aludidos porque están provocando estas situaciones. Cuando deshumanizan a otros dirigentes alimentan la capacidad de amenaza”.

Giraldo subraya también que este tipo de amenazas se han convertido en algo habitual, especialmente con las mujeres de izquierdas en el punto de mira. Ha hablado mucho estos días con su compañera Enma López, que recibe constantes intimidaciones por sus intervenciones en el Ayuntamiento, en las ruedas de prensa y en los debates televisivos. Y pone sobre la mesa también los casos de agresión que están sufriendo la analista Sarah Santaolalla y la portavoz de Más Madrid en el consistorio de la capital, Rita Maestre. Dice que ha recibido el apoyo de muchos políticos durante estos días, aunque no le ha llamado el alcalde. Este jueves sí se solidarizó con él durante el pleno de la Junta de Centro el concejal popular Carlos Segura. 

“Insisto en el mensaje de que no lo podemos normalizar, aunque te llamen llorica y te digan que dejes de victimizarte. Merece mucho la pena denunciar. No son simples cuentas anónimas, hay personas detrás que las dirigen y las financian. Hoy soy yo y mañana puede ser cualquiera. Hay que señalar qué papel juegan las redes y sus dueños. Están operando en nuestro territorio y hay que ponerles coto sí o sí”.

Giraldo respira hondo. Y deja una última impresión de manera clara, como sus mensajes sobre urbanismo en redes: “No me van a echar de la política”.

Madrid ha rendido homenaje este miércoles a las 193 víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 con la tradicional ofrenda floral en la fachada de la Real Casa de Correos, en un acto presidido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, según recoge EFE.

Díaz Ayuso y Martínez Almeida han colocado una corona de laurel bajo la placa de la fachada de la Real Casa de Correos en recuerdo de las víctimas de los atentado, junto a los presidentes de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce; la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito; y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, María Soledad Pérez.

Antes de colocar la corona de laurel en la placa que homenajea en el kilómetro cero de la capital a los 193 fallecidos y los más de 2.000 heridos, así como a los cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencias y a todos los ciudadanos que las auxiliaron, ha sonado el tañido de las campanas del reloj de la sede del Gobierno regional durante dos minutos, al igual que en multitud de municipios de la región en señal de recuerdo.

Al acto han acudido los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, además del delegado del Gobierno, Francisco Martín. El homenaje en recuerdo de las 193 víctimas ha contado con el acompañamiento musical de la Orquesta de la Comunidad de Madrid (Ocram), tras el cual ha sonado el himno nacional.

Este es el primero de los homenajes que se sucederán este miércoles en la capital. Díaz Ayuso y Martínez Almeida también participarán en el que organiza la Asociación Víctimas del Terrorismo en el Bosque del Recuerdo del parque de El Retiro. Además, están previstos un acto y una ofrenda floral en la estación de Atocha y un homenaje en el memorial de la calle Téllez. Y, por la tarde, se celebrarán sendos actos de recuerdo en las estaciones de Cercanías de Santa Eugenia y El Pozo, que también fueron golpeadas en el atentado.

A pie de acera, los albañiles ultiman la colocación de algunos adoquines junto al escueto parque infantil que linda con el teatro Nuevo Apolo. Usuarios de pisos turísticos y personas con carros de la compra zigzaguean entre los utensilios. El alivio visible de algunas caras denota que está próxima a finalizar la reforma de este enclave del centro de Madrid, impulsada por el Ayuntamiento de Martínez-Almeida hace un año.

La sobria estatua pétrea del mercedario fray Gabriel Téllez –más conocido por su seudónimo como dramaturgo de Tirso de Molina– seguirá presidiendo la plaza que lleva su nombre desde 1943. Nada más tomar Madrid con sus tropas, el franquismo demolió el monumento de bronce allí erigido al político liberal Juan Álvarez Mendizábal, suprimiendo la denominación original de este enclave como plaza del Progreso.

La génesis de este espacio urbano se inició precisamente durante la desamortización de bienes eclesiásticos acometida por Mendizábal en 1838. Durante ese proceso fue derribado el convento de la orden mercedaria allí existente. Un siglo después, al inicio de la posguerra, el régimen dictatorial levantó la estatua a Tirso de Molina, monje mercedario y célebre autor del siglo de Oro, rebautizando a la plaza del Progreso con su alias literario.

Situada a tiro de piedra de la Puerta del Sol por un lado y de la plaza de Lavapiés por otro, confluyen en esta encrucijada urbana una decena de calles. Arterias animadas por las que suele discurrir gente joven, que se confunden con camareros, vendedores de flores e inmigrantes africanos recién llegados a Madrid. Su ubicación estratégica ha marcado la existencia de gentes de letras, artistas y músicos en el último cuarto de milenio.

Motivo de inspiración para los compositores, la cantante malagueña Vanesa Martín eligió como broche final de su notable bachata Objetos perdidos una alusión nostálgica a la plaza: “Y un amigo en común me invitó a una fiesta contigo… cuando ya estaba en Tirso, ¿de qué sirve ya?”.

Una estela lírica iniciada por el creador jienense Joaquín Sabina, que como vecino popularizó el actual nombre de la plaza, destilando otra referencia romántica al lugar en Caballos de cartón, en una de cuyas estrofas evoca el itinerario de la línea 1 del Metro: “Tirso de Molina-Sol-Gran Vía-Tribunal, ¿donde queda tu oficina para irte a buscar?”.

Dédalo de calles, enlace natural entre la calle Atocha y el Rastro también eligió aquí morada un bailarín y coreógrafo de Córdoba llamado Joaquín Cortés. Instintivamente o no, la predilección de los creadores andaluces por este entorno tiene ilustres precedentes, ya que sirvió como residencia inicial a los hermanos Gustavo y Valeriano D. Bécquer, poeta y pintor sevillanos cuando se trasladaron a Madrid.

Y aunque no corona una colina, como el Montmartre parisino, la plaza dio refugio a otros literatos y artistas bohemios que vivían en el barrio de Lavapiés, cuyas calles se desparraman ladera abajo hacia la ronda meridional de Madrid. 

Tras los hermanos Bécquer, dos genios de la pintura universal apostaron por buscar alojamiento en los alrededores de esta misma plaza. Joaquín Sorolla Bastida abrió su primer estudio en la capital de España en el número 9 de la plaza del Progreso. Una iniciativa que tomó recién casado con Clotilde, su modelo eterna. Convivieron ambos en un piso-taller de esa finca entre 1889 y 1894. Luego habitarían distintos inmuebles en otras zonas de la capital, con estancias intercaladas en diversas poblaciones españolas y extranjeras.

Si Sorolla y su mujer hubiesen permanecido tres años más en su estudio de la plaza del Progreso, habrían cruzado sus pasos con un vecino adolescente de dieciséis años recién llegado al barrio. Se trataba de Pablo Ruiz Picasso, quien se mudó con pinceles y caballete a unas decenas de metros de la casa de Sorolla, alquilando habitación en la calle San Pedro Mártir número 5 en septiembre de 1897.Otro chaval de doce años de edad llamado José Ysbert Alvarruiz, luego conocido como Pepe Isbert, intérprete genuino de tantos personajes del cine español, vivía por entonces en otro piso del mismo inmueble.

Picasso iniciaba por aquella época sus estudios en la Academia de Bellas Artes, desplegando su creatividad fuera de las aulas con apuntes del natural, que perpetuó con ayuda de pequeños cuadernos. Su maestro en esas lides era José Moreno Carbonero, pintor malagueño y amigo de su padre. (Casualmente, dos óleos de este profesor de Picasso y otra obra de Joaquín Sorolla, que fueron dados por desaparecidos, han sido recuperados por la policía tras su hallazgo e identificación en los almacenes del palacio de Liria, propiedad de la Casa de Alba).

Al alborear el siglo XX, un cantero le grabó de forma espontánea una placa de agradecimiento al desamortizador Mendizábal en la base de su monumento. A esas alturas el café Progreso, situado en el número 1 de la plaza así llamada, constituía lugar de encuentro habitual para intelectuales y artistas. Corriendo el año 1917, vino al mundo la poeta Gloria Fuertes en el número 3 de la cercana calle de La Espada.

Para redondear el cuadro, un empresario llamado Vicente Patuel –cuyo hijo casaría en segundas nupcias con la actriz Carmen Sevilla– puso en marcha en la década de los treinta del siglo pasado el “Teatro Cinema del Progreso” ahora denominado “Nuevo Apolo”.

Con la Segunda República en marcha, el dramaturgo español por excelencia del siglo XX Ramón del Valle-Inclán Peña también se instaló en 1932 junto a su familia en el número 5 de esta plaza. Convecino de Valle era el político Álvaro de Albornoz Liminiana, según he descubierto en el Padrón Municipal de Habitantes de Madrid de 1930.

En su calidad de ministro de Justicia republicano, Albornoz promovió la ley del Divorcio que fue aprobada el 11 de marzo de 1932. Un dato relevante porque la actriz Josefina Blanco Tejerina inició precisamente ese mismo año su separación del dramaturgo gallego. Como asesora jurídica en este proceso judicial actuó la abogada Clara Campoamor, correligionaria política de Albornoz, quien había sido elegida diputada por el Partido Radical en las elecciones a Cortes Constituyentes celebradas en junio de 1931.

Unos años difíciles para la pareja formada por el autor gallego y la protagonista de algunas de sus obras, que se repartirán el cuidado de sus hijos. Valle-Inclán sería nombrado después por la segunda República conservador general del Patrimonio Artístico y más tarde, director de la Academia de España en Roma, regresando desde la capital italiana a Santiago de Compostela, donde murió el el 5 de enero de 1936.

Desconocemos por lo tanto qué habría opinado tres años después el creador del esperpento sobre el derribo del monumento a Mendizábal. Para ello tendríamos que haber viajado de regreso a la plaza del Progreso.

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Raimundo García Paz es periodista e investigador.

El Ayuntamiento de Madrid ha cesado este jueves al director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, cuya destitución solicitaba la oposición municipal desde el 28 de abril de 2025 cuando el coche oficial en el que viajaba atropelló a una menor, según informa EFE. 

Su cargo lo ocupará Antonio Domingo Ayuso, Subdirector General de Coordinación y Planificación en el Ayuntamiento de Madrid, una "persona de casa" que llega para dar un "nuevo impulso" según ha trasladado esta mañana la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, durante la rueda de prensa celebrada tras la Junta de Gobierno donde ha dicho que terminaba una etapa tras un "trabajo extraordinario" de Pablo Enrique Rodríguez. 

El nombre de Rodríguez saltó a la palestra cuando el 28 de abril de 2025, día del apagón, cuando el coche oficial en el que viajaba atropelló a una menor, que provocó el siniestro tras sufrir una caída, según los testimonios de dos testigos y del propio conductor del vehículo. El suceso provocó un enfrentamiento entre la oposición, que pedía el cese del director general, y el Ayuntamiento, que no lo ha hecho hasta ahora.

El hasta ahora director general de la Policía Municipal de Madrid también volvió a estar involucrado en la polémica después de que decenas de opositores al cuerpo hayan quedado fuera del proceso selectivo tras superar el examen teórico y enfrentarse a la prueba psicotécnica y de personalidad, en la que se ha fijado una nota de corte de 8,7, la más alta registrada en las últimas promociones.

Tras darse a conocer el cese de Enrique, desde el PSOE, su concejal Enrique Rico, portavoz del Área de Seguridad, ha sostenido que la "acumulación de escándalos denunciados desde hace tiempo ha provocado una situación insostenible". Afirma que la decisión de la vicealcaldesa de ejecutar el cese llega "tarde y no responde" a una iniciativa propia, sino a la presión política y al temor por su futuro.

Deporte, convivencia y protesta. Las familias del CEIP Amadeo Vives, en el barrio madrileño de Aluche, han convocado para los días 14 y 15 de febrero unas jornadas deportivas y reivindicativas bajo el lema “El patio no se toca”. El objetivo: frenar los planes del Ayuntamiento de Madrid para construir un Centro de Mayores en una de las pistas deportivas que el alumnado utiliza a diario. Un plan sobre el que ya informó infoLibre el pasado mes de noviembre y que el Ayuntamiento está decidido a llevar adelante.

La convocatoria coincide con el Carnaval y se plantea como un fin de semana de puertas abiertas, con actividades deportivas intergeneracionales, actos festivos y una manifestación. Profesorado, alumnado, personal laboral y familias participarán en una iniciativa que busca visibilizar el conflicto y sumar apoyos vecinales.

Desde la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del Amadeo Vives insisten en que no se oponen al Centro de Mayores y de Día, una reivindicación histórica del barrio. De hecho, recuerdan que su ubicación fue aprobada por unanimidad en el Pleno del distrito de Latina —con gobiernos de distinto signo— en la parcela de la calle Camarena, 277.

En ese sentido, el AFA se alinea con la Plataforma de Pensionistas, la Asociación Vecinal de Puerto Chico y la Asociación Vecinal de Aluche (AVA), que también defienden que el equipamiento se construya en el emplazamiento acordado. “Que nadie se lleve a engaños”, subrayan desde la comunidad educativa: el apoyo al centro para mayores es “sin ningún género de duda”, pero rechazan que se levante en el patio del colegio.

El actual proyecto municipal, impulsado por el Gobierno encabezado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, se apoya —según denuncian las familias— en informes técnicos de edificabilidad que no han sido facilitados ni a la dirección del centro ni al resto de la comunidad educativa o vecinal.

Las familias cuestionan además el argumento de que el patio estuviera en desuso y recuerdan que en una parcela colindante se han construido recientemente viviendas sin que la edificabilidad haya sido obstáculo.

La titularidad de los terrenos corresponde al Ayuntamiento, algo que la comunidad educativa no discute. Sin embargo, sostienen que la pista polideportiva fue anexada al colegio a finales de los años 80.

Según la documentación que manejan, en octubre de 1988 el representante municipal informó en Consejo Escolar de que el plan de inversiones de 1989 contemplaba el cerramiento total del centro y el patio “con anexión de terrenos”. Esa inversión se materializó el 24 de agosto de 1989 en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, con una partida de más de 17 millones de pesetas para el acondicionamiento de patios en los colegios Amadeo Vives y Ermita del Santo.

Las familias reclaman ahora que el Consistorio facilite los acuerdos adoptados en su día por el Consejo de Educación y el Pleno municipal, convencidas de que avalan una anexión permanente y no una cesión temporal.

Más allá del debate jurídico, la comunidad educativa alerta de las consecuencias prácticas. Si se pierde la pista deportiva, el centro no alcanzaría los 900 m² mínimos exigidos por la normativa para los espacios destinados a Educación Física en Primaria, según el Decreto 132/2010 y las Normas NIDE del Consejo Superior de Deportes.

Actualmente, el colegio dispone de 849 metros cuadrados distribuidos en dos espacios separados —612 m² de patios de juegos y pista de patinaje y 237 m² de pista de minibasket— que no pueden sumarse al estar físicamente divididos.

De ejecutarse el proyecto, advierten, la actividad deportiva, los recreos diferenciados por edades, las extraescolares y las ligas municipales quedarían seriamente afectadas. También lo harían actividades comunitarias como las fiestas organizadas por el AFA o iniciativas de asociaciones del barrio.

Las familias subrayan que el conflicto no es solo una cuestión de metros cuadrados. Hablan de conciliación, de convivencia y de salud emocional. “Sin espacios para correr, jugar y desahogarse, los conflictos proliferarán fruto del hacinamiento”, alertan.

En un contexto en el que la educación pública madrileña arrastra carencias estructurales y una creciente presión sobre sus infraestructuras, el caso del Amadeo Vives vuelve a situar el foco sobre las prioridades municipales. La comunidad educativa reclama diálogo y una solución que no enfrente derechos —los de la infancia y los de las personas mayores— sino que garantice ambos.

Este fin de semana, el patio del Amadeo Vives será algo más que un espacio deportivo: será el escenario de una reivindicación colectiva en defensa de la escuela pública. Porque, insisten, “el patio no se toca”.

El Pleno del Ayuntamiento ha rechazado, con los votos en contra del PP y Vox y a favor de PSOE y Más Madrid, revocar el título de hijo predilecto de la ciudad de Madrid al cantante Julio Iglesias, porque supondría "desnaturalizar el sentido del reglamento y generar un precedente contra la seguridad jurídica".

Así lo ha afirmado la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, durante su turno de palabra tras la defensa de la iniciativa por parte de Carolina Elías (Más Madrid), quien ha iniciado su intervención con una defensa a las "62.000 personas dadas de alta en el régimen especial de cuidadoras".

"Un sector racializado y feminizado -ha añadido- que las coloca en una situación de vulnerabilidad que es aprovechada por depredadores sexuales para satisfacer sus retorcidos deseos". Y así es el perfil, según Elías, de las personas que "buscaba Iglesias para que trabajaran en su casa": Una mujer joven, sin formación académica y que vivieran en una extrema pobreza para que fuera más fácil el silencio, ha subrayado.

Marta Rivera de la Cruz ha recordado a la concejala de Más Madrid que la justicia española se ha declarado incompetente para juzgar el caso de Iglesias y ha precisado que ninguna de las causas para revocar esta distinción concurren en el caso de la distinción otorgada al cantante español. 

Por lo tanto, proceder a la revocación de la concesión de título de hijo predilecto de Madrid a Julio Iglesias, supondría, según la delegada de Cultura, desnaturalizar el "sentido del reglamento, generar un precedente contra la seguridad jurídica y someter los reconocimientos tradicionales a valoraciones ajenas".

Para Jorge Donaire del PSOE, este "debate exige serenidad, rigor y coherencia institucional" y ha pedido "aclarar" que la Fiscalía ha archivado la denuncia "por falta de competencia al haberse producido los hechos fuera de España, pero no es una resolución sobre el fondo ni una absolución, ni impide que los hechos puedan examinarse en otras instancias o jurisdicciones".

La izquierda había pedido retirar esta distinción después de que dos mujeres que trabajaban con el cantante denunciaran que habían sufrido agresiones sexuales y abuso durante su tiempo como empleadas de Iglesias. Según una investigación publicada por elDiario.es, las dos exempleadas trabajaron para él, en régimen interno, en sus dos mansiones de República Dominicana y Bahamas, donde se produjo el abuso de poder.

Carmen, de 90 años, y sus hijos Agustín y Mari Carmen, de 66 y 56, han perdido la vida la madrugada de este viernes en un incendio de una vivienda en la calle Moreno, en el distrito madrileño de Carabanchel, un suceso aparentemente fortuito que ha conmocionado al vecindario.

La madre y sus dos hijos murieron atrapados por las llamas y el humo en el piso de la anciana, donde los servicios de emergencia encontraron los cuerpos de los dos hermanos abrazados en el baño y el de la nonagenaria en otra habitación.

El suceso ocurrió sobre las dos de la madrugada en un tercer piso de la calle Moreno, muy cerca de la Comisaria de la Policía Nacional de Carabanchel, cuyas ventanas dan a la calle María Lejárraga, desde la que este viernes se veían abiertas para ventilar.

Se trata de un bloque de cuatro alturas en una urbanización construida hace unos 20 años junto a otras cercanas similares, en la que viven más de cien vecinos, según han contado a EFE varios residentes.

En un tercer piso de la escalera número 3 de la urbanización vivían Carmen con su hijo Agustín, que tenía una discapacidad, según aseguran varios vecinos, alguno de los cuales apunta que uno de ellos debía de tener un síndrome tipo Diógenes. Estos extremos no han sido confirmados oficialmente, ya que la investigación está muy inicial todavía.

Mari Carmen vino a pasar unos días de vacaciones en Navidad con su madre y su hermano pero la pasada madrugada se desató el incendio que acabó con la vida de los tres por causas que se investigan, según han confirmado fuentes de la investigación.

Tenían las ventanas cerradas totalmente y una puerta acorazada que a los bomberos les costó abrir, explican varios residentes en la zona, que oyeron ruidos y, al mirar desde sus casas, vieron que eran los bomberos rompiendo los cristales de las ventanas para poder entrar y tratar de salvar a los residentes.

Algunos llegaron a ver las llamas, pero sobre todo vieron mucho humo que afectó a los vecinos del ático que hay encima, quienes tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo.

El fuego ha roto por la fachada posterior y el humo ha afectado también a dos áticos en los que los Bomberos de Madrid tuvieron que rescatar a dos personas, ambas en buen estado.

Vecinos de los tres fallecidos han mostrado este viernes su consternación, por ejemplo Yaiza, residente en el inmueble siniestrado, quien ha explicado a los periodistas que se ha despertado al oír unos golpes muy seguidos y "mucho ruido" de los Bomberos de Madrid, que han actuado de forma "muy rápida" para sofocar las llamas.

Los tres eran "muy queridos" por los vecinos, según Yaiza, quien ha mostrado su deseo de conocer las causas del incendio.

Pablo, vecino de un edificio próximo, ha indicado que sobre las tres de la madrugada le han despertado los policías para decirle que cerrara las ventanas, puesto que duerme con ellas abiertas y, en ese momento, ha visto las llamas, el tendedero que parecía "una bola de fuego" y "muchísimo humo" que afectaba al piso superior.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acudido este viernes al lugar, desde donde ha lamentado este trágico suceso, ha transmitido su cariño a los familiares y allegados de los fallecidos y ha agradecido el trabajo llevado a cabo por los servicios de emergencia y de seguridad que, "una vez más, lo han dado todo" y velan por los ciudadanos.

El delegado ha aprovechado para recordar que los incendios caseros pueden tener terribles consecuencias y ha pedido responsabilidad al usar materiales eléctricos y material pirotécnico.

"Son días en los que todos queremos celebrar, queremos compartir y tenemos que hacerlo siempre con prudencia y responsabilidad", ha sostenido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado sus condolencias en la red social X, donde ha escrito: "Nuestro más sentido pésame y apoyo a los familiares y demás seres queridos de las víctimas de este trágico incendio en la ciudad de Madrid".

Por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha escrito: "Todo mi cariño y condolencias a los familiares y seres queridos de las tres personas fallecidas en el incendio de Carabanchel. Gracias a los servicios de emergencia por su intervención y trabajo".

Los vecinos de Aluche llevan años reclamando un centro de día y un centro de mayores en el barrio. Después de multitud de quejas, escritos a la Junta de Distrito Municipal y manifestaciones, parece que han sido escuchados por parte del ayuntamiento pero con un gran pero, una gran jugada de trilerismo por parte del Ejecutivo de José Luis Martínez Almeida, porque el terreno escogido es el patio de un colegio.

El centro de mayores se construirá, o eso parece, según el presupuesto de 2026 que en su área de Obras destina un millón de euros, en lo que es una primera partida para su ejecución. ¿Dónde reside el problema? En que la parcela que ha elegido el Consistorio para construir este equipamiento es la misma que utiliza como patio el CEIP Amadeo Vives.

En ese patio, conocido por muchos alumnos como 'los campos rojos' por el color de las vallas que cierran el perímetro de la instalación, se imparten las clases de Educación Física, las extraescolares, se juegan las ligas municipales de fútbol y baloncesto y se organizan campamentos de verano y se utiliza como una parte más del patio.

Ahora, el Ayuntamiento de Madrid, reclama esos terrenos, que no pertenecen al colegio pero que el consistorio se los cedió hace casi 40 años cuando se inició la construcción del Centro Cultural Fernando de los Ríos y el CAD de Latina, colindantes al colegio.

Desde la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del Colegio Amadeo Vives no se explican cómo el Ayuntamiento ha elegido precisamente esta parcela, con el perjuicio que supone para el centro cuando unos cientos de metros más arriba, en la calle Camarena 277, hay otro terreno disponible y que desde 1979, esos terrenos siempre han estado reservados para equipamientos sociales y es el que las asociaciones han pedido que sea el elegido para albergar el centro de día y de mayores.

Las familias del colegio han iniciado una recogida de firmas bajo el lema "El Patio no se toca" para tratar de buscar una solución que satisfaga a todas las partes implicadas. Rubén González, portavoz de la AFA, asegura que las familias están muy preocupadas ante la posible desaparición de este espacio, ya que el resto de instalaciones del colegio no tienen capacidad suficiente para albergar todas las actividades que se están desarrollando en ese patio.

La Plataforma Vecinal por el Centro de Día y de Mayores en Camarena 277 también se suma a la AFA y denuncia que "el Ayuntamiento pretende eliminar un espacio deportivo del Colegio Público Amadeo Vives para construir un Centro de Mayores y seguimos exigiendo que se realicen ambos Centros en el espacio público de Camarena 277".

También los grupos de la oposición se han hecho eco de la obra que quiere realizar el Ayuntamiento de Madrid. Pedro Barrero, portavoz del PSOE en el distrito ha pedido "defender que el futuro Centro de Día y de Mayores de Aluche se construya en Camarena 277, tal y como se aprobó durante años, y no a costa de eliminar las pistas del patio", al igual que desde Más Madrid y Podemos animan a firmar la petición 'El Patio no se toca' y a "luchar por un centro adecuado para mayores sin sacrificar espacios infantiles".

Fuentes del Área de Obras y Equipamientos aseguran que se está trabajando para que la obra afecte lo menos posible a esa pista, insistiendo en que no pertenece al colegio. Señalan también que el colegio cuenta con dos patios que acaban de ser reformados por el distrito.

El Gobierno trabaja con la previsión de llevar a finales de diciembre o enero al Congreso la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto. Pero, además de los trámites técnicos, el Ejecutivo quiere poner en primera línea el debate político en todas las instituciones con el fin principalmente de que se retrate el Partido Popular.

El blindaje del derecho al aborto se ha convertido en una de las líneas centrales del Palacio de La Moncloa y del PSOE en un momento de auge de la extrema derecha, que trata, como ha pasado en EEUU, de torpedear esta histórica conquista de las mujeres. Por eso, los socialistas quieren debates en cámaras nacionales, autonómicas y municipales que sirvan para defender su postura y quede clara la postura de cada formación ante los ciudadanos.

En las Cortes Generales, se pone sobre la mesa este miércoles una moción lanzada por el grupo parlamentario socialista para que la Cámara Alta apoye la propuesta de reforma de la Carta Magna del anteproyecto de ley que ha acordado el Ejecutivo de coalición, que ahora se encuentra en fase de estudio por parte del Consejo de Estado. 

El Senado está dominado por mayoría absoluta por el Partido Popular, que quiere evitar mojarse en este asunto y que argumenta que es una cortina de humo del Ejecutivo para tapar los casos de corrupción. Fuentes socialistas, en cambio, subrayan que ha sido el Partido Popular el que ha zarandeado esta cuestión a través del apoyo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a una iniciativa de Vox para obligar a las mujeres que vayan a abortar a recibir información de un supuesto trauma post-aborto, que no tiene ningún tipo de base científica. También ha puesto en primera línea este asunto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al oponerse al registro de objetores mandatado por la actual ley de 2023.

En la exposición de motivos del texto presentado por el PSOE se describe: “Los avances legislativos, impulsados sistemáticamente por gobiernos socialistas, siempre han encontrado la oposición de grupos políticos y sociales conservadores, incluido el Partido Popular (PP). Han pasado cuarenta años desde la primera ley que despenalizó el aborto en España y aún cuesta reconocer la postura del principal partido de la oposición sobre este particular”.

Los socialistas consideran al hilo: “Sabemos que la ley, aunque imprescindible, no es suficiente. A la ola reaccionaria, nacional e internacional, a la que parece haberse subido el PP, se suma la persistencia de barreras que siguen limitando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La objeción de conciencia está regulada por ley, pero con un desarrollo y aplicación muy heterogéneo en las distintas comunidades autónomas. Además, las diferencias territoriales en los itinerarios de acceso y en los métodos disponibles, la insuficiencia de recursos en la sanidad pública y la persistencia del estigma social son algunas de las trabas que continúan condicionando la libertad de las mujeres”.

El texto pide al Gobierno actuar en varias direcciones, empezando por la reforma de la Constitución. También insta al Ejecutivo a articular mecanismos para asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia individual del personal sanitario no suponga un impedimento para el acceso efectivo de las mujeres a dicho derecho. Quiere que se mejore la coordinación con las comunidades autónomas y las universidades y la formación en materia de incorporación de la salud sexual y reproductiva en los planes de estudio de los grados y posgrados universitarios de Medicina y Enfermería.

La moción de los socialistas aboga asimismo por “establecer mecanismos para garantizar, tal y como establece la ley, que ninguna asociación u organización contraria al derecho al aborto pueda recibir ninguna subvención, concierto o convenio destinada a fines de oposición al aborto o desinformación sobre el mismo”.

Pero el PSOE quiere que esas votaciones se extiendan a lo largo y ancho de España en todas las comunidades autónomas. El partido presentará mociones en todos los territorios, según ha acordado el área de Igualdad del partido, liderada por Pilar Bernabé. Esta acción ha sido coordinada junto a dirigentes como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, que han estado en contacto con las responsables del área en cada federación.

Para esas mociones se están utilizando como bases las propuestas que el PSOE de Madrid ha puesto ya a circular en la Asamblea y en los ayuntamientos, al ser el epicentro del freno al aborto con los movimientos de Almeida y Ayuso. Los socialistas madrileños han registrado un texto en todos los municipios, recordando en la propuesta: “En la Comunidad de Madrid no hay formación afectivo sexual en los centros educativos. Los centros de planificación familiar han desaparecido. Es la única región donde no se han financiado con recursos propios la píldora postcoital y métodos anticonceptivos modernos. Y solo el 0,37% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en la sanidad pública durante 2024. A esto se añade que las clínicas privadas autorizadas se ven obligadas a funcionar sin convenio ni contrato, sufriendo constantes retrasos en los pagos por parte de la Consejería de Sanidad. Además, la financiación pública de esta prestación para las mujeres de origen extranjero se ha reducido de forma alarmante”.

En el texto los socialistas instan a cada Pleno de ayuntamiento a “reafirmar la defensa” del aborto como “un derecho reconocido y protegido” e insta a los gobiernos municipales “ a proteger la neutralidad de los servicios públicos municipales, garantizando que no se realicen campañas de desinformación acientíficas como el inexistente ‘síndrome postaborto”. Además, exige a la Puerta del Sol que despliegue “plenamente” la ley vigente.

Por el momento, esa moción se ha debatido solo en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, pero tenía especial importancia porque su alcaldesa, Judith Piquet (PP), es una persona de la máxima confianza de Ayuso y ocupa el cargo también de presidenta de la Federación Madrileña de Municipios. El texto acaba de ser tumbado con los votos de los populares y de Vox. Fuentes socialistas sostienen que “No les ha dolido votar en contra. Lo han hecho de forma torticera y apenas le han dedicado tiempo a hablar en el Pleno. Las mujeres les importan un pimiento”. 

Hay una elección deliberada en la ofensiva antiaborto del PP. Empezó José Luis Martínez Almeida con el falso síndrome postaborto, aunque rectificó antes de que la legalidad le pusiera freno. La ha abierto Isabel Díaz Ayuso en canal autodeclarándose insumisa de un servicio de la cartera sanitaria obligatorio, y de su exclusiva competencia autonómica, bajo el envoltorio ultra de tachar el aborto de “problema”. Ninguna vía habría tenido vuelo si el guante no lo hubiera recogido Alberto Núñez Feijóo. No es cierto que haya mantenido la postura de siempre. Se enredó en su entrevista con Susanna Griso de arranque de semana y no fue capaz de condenar a Madrid por negarse a cumplir la ley.

La promesa de hacer pública la lista de quienes practican abortos es una clara vulneración de privacidad de los médicos. Ni siquiera la de objetores no lo es. Y, si hay una lista, debería pasar por la auditoría de quienes facturan en la privada por lo que se niegan a hacer en la pública. El negocio de las feministas, en palabras de Ayuso, puede resultar siendo el de los antiabortistas. Ese 1% de abortos en centros públicos y 99% derivados a la privada es una anomalía con la que se convive con total naturalidad porque en ninguna comunidad autónoma el ratio es tan desproporcionado. 

En la tensión interna del PP entre liberales y ultracatólicos siempre había ganado el ala liberal. Los liberales conservadores o la imposibilidad de luchar contra los tiempos. El PP recurrió la ley del aborto y tuvo la suerte de que el Tribunal Constitucional la avalara 13 años después. Lo mismo hizo con el matrimonio LGTBi+. Ambos avances son de gobiernos progresistas y ambos derechos, recurridos por el PP en la oposición. Después de dar la batalla cultural, llega la hipocresía de beneficiarse de ellos. Mariano Rajoy, con mayoría absoluta en 2011, los dejó como estaban. Por el camino cayó Alberto Ruiz Gallardón y hubiera caído el siguiente en tocar los matrimonios homosexuales. 

Las nuevas coordenadas del PP en la búsqueda de electores en los caladeros de las nuevas extremas derechas hacían impredecible que se reabriera el derecho al aborto. Pero ojo, porque antes de la llegada de Trump el gobierno de los jueces conservadores en EEUU dio marcha atrás en lo que se creía consolidado. El Supremo de Estados Unidos acabó con las garantías federales de protección del aborto al anular la sentencia sobre el caso Roe contra Wade, el 24 de junio de 2022. Como denuncia Amnistía Internacional, revirtió casi 50 años de salvaguardas fundamentales, dejando la condición de si es legal o no en manos de cada estado. Se prohibió en catorce y en la práctica es inviable en muchos otros. Como siempre, legislan ellos sobre derechos de ellas. Y pagan las de siempre. Las mujeres más vulnerables tienen hoy muchas dificultades para interrumpir su embarazo en Estados Unidos.

En este momento global de corriente ultra, el PP ha elegido inclinar la balanza hacia Abascal. El verano de 2024, Vox rompió con el PP por la reubicación de los menores inmigrantes no acompañados. Feijóo torpedeó la reforma de la ley de extranjería pero arremetió contra el discurso Vox. Un año después, el plan de inmigración recién presentado ha soliviantado a Vox por copiar “frases literales” dichas por ellos. “Le falta dejarse barba”, ironiza Santiago Abascal. 

Creen los populares que España se está derechizando demasiado rápido cuando lo más probable es que se hayan movido a la habitación equivocada. En la lucha de poder entre la derecha y la ultraderecha hay que preguntarse cuántos derechos se van a poner en juego. Eso o ir comprobándolo cada semana. En qué campos de batalla se da esa refriega es un buen indicativo de la agenda de coalición. Esa que el PP se ha comprometido en público a no rubricar.

Pedro Sánchez se forjó una mitología subido a un Peugeot 404, expulsado del paraíso, como si el socialista hubiera robado a los dioses caobas del socialismo el fuego que iluminaba el Olimpo. Lo recuerda Toni Aira en Mitólogos (Ed. Debate), su último ensayo, donde aborda la relación entre el mito y el poder en una docena de dirigentes que van de Trump a Putin, pasando por Xi Jinping, Milei o Sánchez. El mito, nos cuenta Aira, regresó al PSOE como Secretario General en 2016 condenado a gobernar un país sin haber ganado nunca unas elecciones. A Prometeo hoy lo reconocemos como el fundador de la civilización y el inventor del sacrificio. 

Todo poder construye sobre sí mismo una mitología, una leyenda. Este lunes, el CIS publicaba una encuesta rápida –con motivo de los efectos electorales derivados del impacto social de la Flotilla– que sitúa al PSOE en el 34,8% de los votos. Hace dos semanas se presentó Opina 360, la consultora que ha abierto el ex jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, el spin doctor capaz de detectar como un zahorí de las ideas políticas dónde está el fuego de Prometeo, dónde están los oasis de la victoria, dónde se ocultan los mitos y leyendas del poder. El nuevo oráculo de Delfos/Redondo se presentó ante sus futuros clientes anticipando una victoria socialista: el PSOE se sitúa en estos momentos por encima del 30% de los votos, el PP no levanta por encima del 27% y Vox alcanza a esta hora la cota de altura del 20% y creciendo. Las estimaciones, no obstante, son conservadoras. Si hurgamos en las tripas de la encuesta, las brujas de Macbeth nos dirán que la sangría del PP todavía podría ser mucho peor. Vox ya supera a Feijóo en intención de voto.

Por lo tanto, el mito del 35% es ya una posibilidad. Hemos pasado del mito al reto. Según el oráculo de Delfos/Redondo, Sánchez está a 10 escaños de volver a lograr otra investidura, aunque el monto de Radio Tirana y Sumar no alcancen a rozar el 10%. En cambio, en el oráculo de Olimpia/Tezanos, el PSOE estaría situado en la mayoría absoluta con los apoyos de Sumar y ERC. Todo mito encierra un reto, una tarea. Los mitos crean el mundo desde cero. Son narraciones fundacionales de distintas épocas.

En el corto recorrido, ya nadie se acuerda del apagón eléctrico que dirigió todas las miradas y todas las sospechas hacia Galán tanto como a Red Eléctrica. Ya nadie recuerda los delitos que se le imputan a Koldo García ni a José Luis Ábalos. El fuego de Castilla y León y las razias de Torre Pacheco arrasaron con esos recuerdos. El mito del 35% despejó el camino de los malos augurios. Los mitos necesitan, también, del olvido. Somos el olvido que nos queda, escribió el poeta gaditano Caballero Bonald, otro gran oteador de mitos grabados en las viejas ánforas que yacen en los fondos del mar Egeo. La velocidad con la que el ciudadano olvida los casos de corrupción es inversamente proporcional a la densidad de los sumarios que se investigan desde los juzgados de Madrid y los decibelios de ruido que generan. Después del verano, el diputado Gabriel Rufián me preguntaba quién diablos era ese tal Cerdán.

A Sánchez le quedan dos años de mandato para ejecutar los doce trabajos de Hércules y conseguir revalidar su figura en el cargo. Sopla a favor el viento de Europa, sopla a favor el viento del Mediterráneo. Sopla a favor el viento de la economía. Las tres grandes agencias que testan el valor de la deuda española han mejorado nuestra nota. También sopla el viento de los derechos humanos desde Palestina. La gente se ha echado a la calle contra el genocidio, como en 2003 se echaron con el “No a la guerra”. Entonces contra Aznar y Bush con la misma virulencia que hoy contra Netanyahu, contra Trump.

La membresía de la bandera palestina ha resultado ser intergeneracional y, si me apuran, interclasista. Un 82% de los españoles está en contra de la matanza en Gaza, según el último estudio del Real Instituto Elcano. A la gente no le gusta ver morir a los niños. El plan de Trump sobre la franja de Gaza parece haber parado la hecatombe y nos ha regalado una foto histórica con Netayahu pidiendo disculpas al Gobierno catarí desde el Despacho Oval después de haber bombardeado su país. El presidente de los EEUU sostiene el teléfono. El presidente israelí conversa encogido y cabizbajo, como un niño obligado a pedir perdón a esa tía lejana por haberle roto la vajilla cara. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. La política internacional ha cambiado de mitos pero sigue emitiendo los mismos mensajes.

El plan de Trump sobre Gaza nos devuelve al Tratado Sykes-Picot y a la declaración Balfour. Volvemos a la era de los protectorados que emergieron con la Sociedad de Naciones tras la I Guerra Mundial. Volvemos al mito y, por lo tanto, también al desencanto, a esa figura tan atractiva como enigmática llamada T. E. Lawrence o a esa otra, alegremente descarada, del primer Churchill. Vuelven los mitos fundadores del siglo pasado. Vuelven las leyendas con la X dibujada en los mapas. Vuelve Lawrence de Arabia y Sánchez inicia la segunda mitad de esta legislatura apoyado sobre los siete pilares de la sabiduría con el viento palestino soplando a su favor, dentro de España y también fuera, en Europa, en China, en la ONU, incluso con el reconocimiento de Trump este lunes desde Egipto, con un fuerte apretón de manos entre ambos mandatarios porque los mitos se atraen.

El mito del 35% no pasa por captar votos del PP sino por fracturar el partido de Núñez Feijóo, romperlo como se rompe una tibia o un juguete que no ofrece las expectativas que creó antes de Navidad. Al PP no se le vence por la fuerza del discurso, sino con la astucia de Ulises, colocando de forma hábil y sagaz una sucesión de trampas. El PSOE no necesita forzar su maquinaria, basta con dejar que la gravedad haga su trabajo o que José María Aznar, genuino minotauro ante un Feijóo desconectado, dé por iniciado el sacrificio. 

Aznar, en otro tiempo encarcelado en sus propios gestos, ha conseguido liberarse, veinte años después de su mayoría absoluta, de todos sus complejos. Hace dos meses, clavó su pitón derecho en el costado izquierdo de Feijóo durante la inauguración del XXI congreso del PP, creando presión sobre Teseo: “El PP sólo puede gobernar con las siglas del PP”. Después lo volvió a hacer con su pitón izquierdo desde el púlpito de FAES, junto al expresidente chileno Eduardo Frei hijo, como un sacerdote de todas las derechas atlánticas, liberales, aseadamente democráticas. Lejos de Trump pero cerca de Netanyahu. He aquí la esencia del nuevo minotauro. Durante la clausura del Campus FAES, donde el expresidente imparte doctrina, volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: el abrazo del oso. Allí donde el PP de Feijóo deja claros políticos, vacíos sustanciales, debilidades y recelos, siempre habrá un Aznar para ocuparlos y desbordar a su partido forzando el abrazo del oso. Lo hizo con el genocidio en Gaza y lo ha vuelto a practicar con el aborto a través de un alcalde. Es importante detenerse en este punto. 

El combate político se disputa entre el electorado femenino. Despertar el antiabortismo de forma tan airada, abrupta y azarosa nos explica que la guerra de las derechas se manifiesta contra las mujeres al tiempo que las mujeres salen a votar cada cuatro años a un tipo alto, elegante y guapo bautizado como San Pedro Sánchez mártir. En el congreso de 2017, Esperanza Aguirre logró que el aborto fuera contemplado como un fracaso y no como un derecho. En cambio, en el congreso de hace dos meses, Feijóo esquivó el tema, sembrando un clamoroso silencio sobre el asunto. Mejor no tocarlo, Sam. De modo que el presidente gallego apostó por el toreo estático, tancredismo que sólo ha sabido ejecutar bien, un suponer, Mariano Rajoy Brey, si no entramos en detalles.

Conviene insistir: donde hay claros políticos, Aznar está dispuesto a plantar un árbol y, si me apuran, un bosque entero. Así que el alcalde de Madrid se dirigió al pianista Ortega Smith y le dijo "Tócala otra vez, Sam. Tócala otra vez por mí". La insólita adhesión de Almeida a una propuesta de Vox en el ayuntamiento de Madrid abrió nuevamente un debate y una grieta y todo un cañón del Colorado que ha permitido a Sánchez proponer el blindaje del aborto como un derecho constitucional.

Ya hemos adelantado desde hace más de un año que el califato aznarí dio por concluido el periodo gallego de Feijóo en septiembre de 2024. “Ni le llega ni le alcanza”, dijo al ver sus últimos resultados electorales ante la insistencia del gallego por ser investido presidente (aunque no quería). Lo demás iba a ser esperar, esperar, esperar. Hoy ya no se discute si el PP está ideológicamente desahuciado o si ha sido declarado en quiebra política. Sólo se calcula cuándo será el día y en qué condiciones lo hará aquel señor sin bigote llamado José María Aznar.

El PP es un caleidoscopio que refleja una luz distinta y cegadora según el ángulo desde el que se mire. En cambio, el PSOE de Sánchez se ha convertido en estos siete últimos años en un partido preparado para gestionar un país, un modelo económico y de convivencia que ha encontrado en Carlos Cuerpo e Illa las bases de una nueva época. El PSOE es, sobre todo, un sistema de emociones que generan, inevitablemente, un sentido de pertenencia entre sus votantes con el pañuelo palestino sobre los hombros y una fragata escoltando a una flotilla. Lo demás lo llaman polaridad. Y en la polaridad está el mito, o sea, la sorpresa. Sánchez ha sido una sorpresa que todos habíamos subvalorado hace siete años y hoy es el líder mejor instalado en la izquierda europea, capaz de actuar como un referente para que esa misma izquierda sea alternativa a la extrema derecha creciente en los países miembros de la Unión. ¿Habrá que comenzar a hablar del modelo Sánchez frente al modelo Trump? ¿Habrá que hablar del mito Sánchez del mismo modo que Toni Aira habla del mito Trump?

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que si gobierna lo que él crearía no es un listado de médicos objetores para realizar abortos, como exige hoy en día la ley, sino uno en el que aparezcan todos los médicos dispuestos a realizar abortos, según informa EFE.

"Cuando llegue al Gobierno, la lista será la contraria, y es que lo importante para una mujer es saber qué ginecólogos, qué obstetras están a disposición de ellas", ha apuntado en una entrevista en Antena 3.

Y es que a una mujer, ha insistido, lo que "le interesa saber" no es "cuáles son los médicos que no están dispuestos a atenderla" sino "cuáles son los médicos que la pueden asistir".

Feijóo ha dicho que los médicos están "en su derecho" a declararse objetores de conciencia y no querer practicar abortos. "Admitamos las posibilidades que tiene una mujer para abortar y admitamos las posibilidades que tiene un médico para no practicar un aborto", ha declarado.

La semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta a los presidentes autonómicos de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid, dándoles tres meses para crear el registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto, como marca la ley.

Todo ello a raíz de la polémica desatada después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, aprobara una iniciativa de Vox para que las mujeres recibieran información del presunto "trauma posaborto", que no existe según los expertos.

Pese a que la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado crear el registro, Feijóo ha afirmado hoy que Madrid no se ha declarado "en rebelión para nada". "La interrupción voluntaria del embarazo se realiza en los hospitales de Madrid de acuerdo con el criterio de los facultativos todos los días y todas las semanas", ha reiterado.

El líder del PP ha dicho además que desconfía de datos como que en Madrid sólo el 1% de los abortos se realizan en la sanidad pública y que, según los datos de los que él dispone, "incluso algunas interrupciones de embarazos de Castilla la Mancha se derivaban a los hospitales de Madrid".

Feijóo ha afirmado que la carta publicada la semana pasada, el mismo día en el que Díaz Ayuso dijo en la Asamblea de Madrid que no va a entregar el listado de objetores, iba dirigida al presidente, Pedro Sánchez, y no a la presidenta madrileña.

Como ya afirmó en esa carta, ha insistido, la posición del PP es "muy clara", que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo lleva vigente en España más de 30 años y que si una mujer quiere abortar puede hacerlo "con el mejor asesoramiento médico y psicológico y de acuerdo con las leyes".

La ley del aborto se cumple en España y los presidentes del PP la cumplen, ha asegurado el líder popular, quien ha afirmado que los problemas de España no son estos y que estos debates son "ridículos".

Váyanse a otro lado a abortar. 

A dónde. ¿A la sanidad privada? 

¿A otra región?

¿A otro país otra vez las que puedan?

O quizá el mensaje iba más allá. Y entonces da igual lo que se pisotee con tal de escorar un poco más el discurso y recuperar votos de la extrema derecha.

Hace una semana, el alcalde de Madrid también aprobaba una propuesta de Vox para informar sobre un falso síndrome a las mujeres que quisieran interrumpir sus embarazos. Un síndrome que no reconoce ninguna ciencia. Enfermedades inventadas por la ultraderecha y las mismas asociaciones pro-vida de los embriones y contra-vida de las mujeres que se van a las puertas de las clínicas a llamarlas asesinas en un proceso clínico que no es fácil nunca y que debería contar con la seguridad y los medios sanitarios públicos. Ahí nadie se preocupa del impacto que puede producir escuchar esas palabras, vivir esa situación. ¿Se preocupan de nuestra salud mental posterior, pero no de la seguridad física de las personas que se someten a una interrupción voluntaria del embarazo? 

Otra pregunta para estos días: ¿De quiénes son las vidas con las que se ha jugado en el escándalo de las mamografías de Andalucía que ha generado esa crisis sanitaria? Nuestras también. Espero que el presidente de la Junta de Andalucía no pase un solo día de incertidumbre esperando un diagnóstico que puede cambiarle la vida. No le deseo que la falta de recursos para esa sanidad pública que va dejando en los huesos se cebe jamás con su propia salud. 

“No olvidéis nunca que bastará una crisis política, económica o religiosa para que vuelvan a cuestionarse los derechos de las mujeres. Nunca se trata de derechos adquiridos”, respondió Simone de Beauvoir en una entrevista del siglo pasado. 

A los del feminismo, pero. A los del feminismo, pero no tanto. A los del feminismo, pero no así: no nos expliquen más cómo, cuando, día tras día, la batalla cultural e ideológica, la contienda interna de poder dentro de sus grupos, de sus estrategias, se libra sin cuartel y menosprecio una vez más sobre el campo de batalla que es el cuerpo de las mujeres. 

Nuestro cuerpo.

Del error de aceptar que esos edificios, con un espacio reducido, tanto para las aulas de clase como para disponer de espacio para esparcimiento e infraestructura  para juego y deporte de los alumnos, se derivan todos los problemas subsiguientes. Quienes observan estas deficiencias diariamente y sufren sus consecuencias, no solo por el ruido continuo, pues el jardín convertido en patio, y señalizado como aparcamiento, es un lugar habilitado para clases, esparcimiento, juegos y recreos, son los vecinos, cuyas casas y ventanas dan al jardín posterior. Estos  vecinos observan a diario los cambios que se hacen en el jardín posterior con la intención de ofrecer espacio de uso del mismo a los profesores y a los alumnos, sin que puedan complacer a unos y a otros.

En ese espacio que estuvo muy bien ajardinado y en cuyo suelo jóvenes cultivaban la horticultura, con la habilitación del colegio, retiraron la tierra y esparcieron cemento. Cortaron arbolado y creyendo que habilitaban espacios para zonas deportivas: fútbol, baloncesto, destrozaron el jardín como espacio de descanso, tranquilidad y bienestar para las personas mayores y jóvenes que lo disfrutaban.  

Mientras los alumnos adolescentes pateaban los balones en un espacio de 40 mts2, para que los balones no entraran por las ventanas de los vecinos o cayeran a los bajos, colocaron unas mallas que les impedía la visión. Por la protesta vecinal ante el propio colegio y la Junta Municipal y otras organismos, han logrado por fin que retiraran las mallas. Parte del suelo del  espacio del  jardín lo han marcado varias veces para ofrecer espacios de aparcamientos a los profesores, aunque  otras tantas veces han desmarcado esos aparcamientos, no se sabe con qué intención. El suelo también ha sufrido modificaciones continuas. Ha pasado de tierra cultivable a cemento, sobre cemento, tierra y últimamente habían colocado césped artificial, retirado a su vez, recientemente.

Cualquiera que pase por la acera de la izquierda de Eloy Gonzalo, desde la Glorieta de Iglesia hasta la de Quevedo o desde ésta a Iglesia, observará a través de las ventanas, que están a ras de la acera, que hay alumnos, a determinadas horas, en el subsuelo del edificio, dando clases o realizando actividades escolares con luz eléctrica, porque las ventanas, pequeñas y enrejadas, están en la parte superior. En ciertos momentos se ha oído que el centro quería horadar la tierra para hacer un aparcamiento subterráneo o un polideportivo para los alumnos. Cualquier solución, muy costosa y complicada, no cambia el problema que tiene un colegio de esta categoría, si es que no lo agrava todavía más. 

La conclusión es muy clara: Los edificios no reúnen las condiciones materiales para ofrecer a las familias y a sus hijos un colegio de élite para el desarrollo pleno de su personalidad.  Este es un colegio muy alejado de los colegios norteamericanos que conocemos por las  series y las películas. La matriz del colegio Brewster se enorgullece de que varios de sus  alumnos han jugado en la NBA. Ninguna horizonte tiene este colegio madrileño para que algún alumno pueda llegar ni siquiera a la ACB o alguna de sus alumnas al baloncesto femenino. Las alumnas no muestran ningún interés deportivo, dicen los vecinos.

Los errores de la conversión del Instituto Homeopático y Hospital de San José en colegio norteamericano están concatenados. La señora marquesa, heredera de los inmuebles, quería recibir el pago de su herencia, a la que se cree con derecho entre los herederos; el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, no optó a su compra, cuando tenía la obligación de mantener el edificio en el patrimonio de Madrid, como un edificio declarado BIC. Martínez-Almeida fue director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y durante su mandato (2007-2011) se gastó de las arcas públicas más de tres millones para la reparación del edificio, por lo que conoce perfectamente que su decisión no se corresponde con la historia sanitaria y patrimonial de Madrid. El centro educativo de la marca norteamericana Brewster pensaba que adquiría un edificio singular para un colegio singular, elitista y necesario en Madrid. Todos se han equivocado. Lo lógico sería que el edificio volviera al patrimonio municipal para el  servicio de los madrileños. Lo razonable sería que, comenzando por Brewster –que ocupa los edificios en alquiler con opción a compra– cayera en la cuenta de que es impensable un colegio de su categoría en un espacio reducido y sin posibilidad de ampliarse y ofreciera su reversión. Y, por último, que las familias de los alumnos también comprendieran que no les compensa el dinero que se gastan en la educación de sus hijos por los servicios que reciben.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

Ayuso se va a tomar un tiempo para contestar al Gobierno. Como al resto de Comunidades Autónomas, a la de Madrid se le ha exigido la creación de una lista de objetores al aborto. Hay quienes piensan que la sola existencia de ese registro puede abrir la puerta a la discriminación. Los derechos de las mujeres se vuelven a plantear como un campo de batalla cultural e ideológica. Vuelve usarse la salud de las mujeres con fines estrictamente estratégicos.

“No se puede confiar en la frase: 'Esto aquí no puede pasar'. En determinadas circunstancias, puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar”. Margaret Atwood escribió esta frase en el prólogo de su novela El cuento de la criada para que no diéramos por hecho que los derechos que conquistamos una vez van a estar ahí para siempre. “El orden establecido puede desvanecerse de la noche a la mañana. Los cambios son rápidos como el rayo”. En los últimos años, mujeres de todo el mundo han usado la túnica roja de las ‘criadas’ como símbolo contra la prohibición del aborto. El libro de Atwood (una distopía que transcurre en un régimen teocrático donde las mujeres fértiles son obligadas a tener hijos), es de 1985.

La concepción conservadora de la “cultura de la vida” constituye una grave violación de los derechos de las mujeres. Como señala la CEDAW, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU o el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), la prohibición o la restricción del aborto convierte al Estado en un auténtico agresor institucional. Prohibir o restringir el aborto, aunque solo sea de facto, supone una violación del derecho a la vida; el derecho a la salud y a la atención médica; el derecho a la igualdad y la no discriminación; el derecho a la seguridad personal; el derecho a la autonomía reproductiva; el derecho a la privacidad; el derecho a la información sobre su salud reproductiva, que incluye la educación sexual; el derecho a decidir el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos; el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico; y el derecho a la libertad religiosa y de conciencia, cuando se hace descarado apostolado desde las instituciones. Y en ciertos casos supone, además, una violación del derecho que tenemos las mujeres, como los demás seres humanos, a no ser sometidas a un trato cruel, inhumano y degradante. 

Por eso, el Comité de la ONU se ha pronunciado contra varios países, por vulnerar los derechos de mujeres a las que no se permitió interrumpir el embarazo por anomalías fetales graves, tal como proponía Alberto Ruiz-Gallardón, el ex ministro de Justicia del PP (2011-2014), en su proyecto de modificación de la actual Ley del aborto. Uno de los casos más emblemáticos, en este sentido, fue el de KL v. Perú, en el que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) condenó al Estado de Perú por negarse a practicar un aborto a una adolescente embarazada de un feto anencefálico —sin cráneo ni cerebro—, que inevitablemente moriría en el parto o a los pocos días de nacer. En este caso, la adolescente se vio obligada a llevar a término el embarazo, y a amamantar al nacido durante los pocos días que permaneció con vida, de manera que en su dictamen el CDH consideró que el Estado de Perú le infringió tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El PP lideró el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley vigente, a fin de liquidar la posibilidad de abortar en las catorce primeras semanas por la mera decisión de la madre, la obligación de enseñar las materias relativas a la salud sexual y reproductiva “desde una perspectiva ideológica de género”, y el régimen de regulación de la objeción de conciencia. Fue también el PP el que excluyó a las niñas de entre 16 y 18 años del acceso al aborto sin consentimiento de sus padres y/o tutores, aunque la Ley del paciente fija en los 16 años la mayoría de edad. Hace unos días, Almeida se descolgó defendiendo un supuesto síndrome post-aborto para reconocer después que se trataba de un trastorno sobre el que no existía ninguna evidencia científica. "Acabar con la vida de su propio hijo tiene consecuencias muy graves para la madre". Esas consecuencias no eran más que una fabulación. El supuesto trastorno no aparece en ningún manual de referencia internacional, ni en el CIE-11 de la OMS ni en el DSM-V de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. De hecho, la realidad de las madres que quisieron abortar y no pudieron, se analiza muy bien en el Turnaway Study (2015) de la Universidad de California en San Francisco (UCSF). Se trata de un “estudio del rechazo” que muestra cómo estas mujeres han acabado siendo más pobres, sufren más enfermedades y más trastornos mentales y son más vulnerables frente a la violencia machista. La rectificación tardía de Almeida no podrá subsanar el daño institucional de haber aprobado una medida que obliga a ofrecer una desinformación deliberadamente, contraviene la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y vulnera derechos fundamentales.

La última aventura del PP ha sido la del rechazo de la Comunidad de Madrid al registro de objetores. La ley española regula la objeción de conciencia para todos los profesionales sanitarios “que participen o colaboren” en un aborto, incluyendo a médicos, anestesistas, personal administrativo o celadores. Siempre ha estado claro que el ejercicio de ese derecho, que deriva del derecho a la libertad ideológica, es una posibilidad individual a la que no pueden acogerse las instituciones. Los centros sanitarios no pueden invocar un ideario propio como derecho a ponderar frente a derechos constitucionalmente tutelados. Han de contar con financiación pública para ofrecer la atención ginecológica a la que están obligados por el sistema de salud. El derecho a la objeción de conciencia tiene límites como los tiene, en nuestro país, el derecho al aborto.

Cuando se regula el aborto con una ley de plazos, como la que rige en España, se ponen límites a la libertad de decisión de las mujeres, por mucho que se les conceda especial protagonismo en la primera fase del embarazo. Se reconoce que en un aborto –aunque sea consentido– convergen intereses distintos que deben ser ponderados por el Derecho para alcanzar un equilibrio aceptable desde el punto de vista de las valoraciones imperantes en la sociedad. Estas son las reglas del juego que estableció el Tribunal Constitucional en 1985, por ejemplo, cuando se pronunció sobre la legitimidad de la primera reforma del aborto. En nuestra legislación, la vida del embrión tiene valor en sí misma y aumenta a medida que éste se desarrolla. Esto explica que el aborto sólo se considere después de pasados 14 días desde la fecundación –implantación en el útero– y que no se considere aborto el uso de la píldora del día después o de dispositivos intrauterinos. De hecho, en esta etapa, se permite también la experimentación con embriones. Nuestra regulación es equilibrada y ponderada. La resistencia a su implementación por parte de las derechas no tiene nada que ver con la defensa de una supuesta “cultura de la vida” y carece por completo de fundamento moral y jurídico. 

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

Dice el Partido Popular que la información no es un problema, olvidando que mentir en temas relacionados con la salud es una de las mayores irresponsabilidades que cualquier político pueda cometer… y que decir mentiras no es informar, es lanzar un bulo. Que el PP nacional avale una iniciativa que carece de todo fundamento científico, que hace una utilización sesgada de los datos y cuya redacción es una burda copia de las falsedades propagadas por grupos integristas y la extrema derecha mundial, pone de manifiesto su seguidismo respecto a VOX. 

Ingenuamente, creíamos que quienes toman decisiones políticas en el Ayuntamiento de Madrid se documentan antes de votar. El texto de la Proposición sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) amenaza a las mujeres con un “síndrome de estrés postraumático post-IVE” que incluye depresión, consumo de alcohol y drogas, intentos de suicidio, hemorragias internas, infecciones, esterilidad, muertes posteriores y aumento de cánceres del aparato reproductivo… y compararlo con lo que sufrieron los combatientes en la guerra de Vietnam hace más de 50 años es un insulto a la inteligencia… y una falta total de humanidad.  

Citan algunos datos, pero hay otros. Las tasas de IVE en nuestro país son similares, o incluso inferiores, a la de los países de nuestro entorno, y no han subido de forma significativa pese a los augurios de la derecha española. En los 14 años transcurridos desde 2010 (primera legalización de la IVE en España) y la actualidad, esa tasa se ha incrementado en 0,6 puntos. O lo que es lo mismo, cada año abortan legalmente en nuestro país aproximadamente una de cada 100 mujeres entre 15 y 45 años (99 de cada 100 no abortan). Si hablamos de jóvenes de 19 años o menos la tasa ha descendido en 4 puntos (de 13,05 en 2010 a 9,15 en 2024). 

Las interrupciones se producen en estadios muy tempranos. El 70% dentro de las primeras 8 semanas y el 94% añadiendo hasta las 14 semanas de gestación. Eso habla de la responsabilidad de las mujeres, de la calidad del trabajo que realizan las y los profesionales que las atienden y del buen funcionamiento de la ley. Pero eso no importa; si no hay problema, se crea…

Hablemos de Madrid: cada año, aproximadamente 1.000 mujeres se ven obligadas a abortar por grave riesgo para su salud o por malformación o lesiones graves o incompatibles con la vida fetal, con gran sufrimiento. Precisamente la Comunidad de Madrid (incumpliendo el mandato legal) es una de las que más expulsa a estas mujeres de sus consultas y hospitales habituales, derivándolas y dejándolas solas frente a sus necesidades de atención. Ese dolor sobreañadido podría evitarse si los responsables locales y autonómicos se preocuparan, de verdad, por las mujeres. Y hay más. Sus tasas de IVE suelen ser superiores a la media nacional lo que no cuadra con su supuesta preocupación por prevenirlas. Ni educación sexual ni fácil acceso a anticonceptivos.

No, no existe evidencia científica que avale lo que denominan “trastornos de estrés postraumático” ligados a la práctica de la IVE.  El citado síndrome se refiere a trastornos del ámbito de la salud mental padecidos por un importante porcentaje de personas que han pasado por un evento dramático/traumático, con síntomas graves, significativos y persistentes, que no pueden razonablemente asociarse a otros factores. La IVE es un acontecimiento vital que puede suceder a cualquier mujer y en cualquier lugar, afortunadamente con efectos secundarios indeseables anecdóticos. La inmensa mayoría se sienten aliviadas después de pasar por ese trance, porque realmente lo que hubieran preferido es no haber quedado embarazadas. También prefieren que sus responsables políticos garanticen que se las va a atender de la misma forma en que les atienden otros “problemas” de salud, que los profesionales sanitarios las acompañen respetuosamente en todo el proceso y que nadie las adoctrine. 

¿Se puede hacer más daño a la salud de una mujer que conforme a la ley acude a un centro sanitario y se encuentra en la puerta con personas que las insultan y las acosan para alterar su decisión de abortar?  Son grupos con consignas similares a las contenidas en la proposición aprobada, sin que el PP (de VOX ya lo sabíamos) muestre la mínima empatía con el sufrimiento de esas mujeres, ni haga nada por evitarlo.  

La propuesta no se sustenta con bibliografía. Hablar de lo que se decía en una “clasificación de enfermedades” (el DSMIII) modificada en 1994 ¡Hace 31 años!, obviando los avances y cambios propuestos por personas expertas de las distintas disciplinas, muestra su falta de rigor. Existen múltiples documentos e investigaciones internacionales y nacionales que la contradicen. Por poner un ejemplo (no dudoso para el mundo civilizado) como es la Organización Mundial de la Salud, en sus guías de Cuidados sobre Aborto (2022 y actualizaciones de 2023) no se hace referencia alguna al citado “síndrome”, aunque sí habla de la necesidad de ofrecer una información rigurosa, veraz, adaptada a las necesidades de cada mujer y a lo largo de todo el proceso, desde la primera información hasta los cuidados post-aborto.

También afecta a las y los profesionales. ¿Alguien cree que un profesional que, aceptando el contenido de esta iniciativa, informe negativamente, provocando miedo injustificado a la mujer, va a respetar su decisión y apoyarla en los otros pasos del proceso? Quien informa a las mujeres tiene la obligación ética y legal de respetar su autonomía y exponer los procedimientos y los efectos que pueden derivar de esta práctica. ¡Sin inventarlos! También están obligados a ofrecer apoyo psicosocial al número reducido de mujeres que pueden presentar algún malestar emocional tras haber vivido una IVE. 

Estos partidos siempre buscan subterfugios para situar a profesionales contrarios al aborto en primera línea (desde la información), desobedeciendo el mandato constitucional que obliga a todos los hospitales públicos a disponer de un registro de objetores de conciencia y a contar con equipos humanos y materiales con capacidad para atender bien a las mujeres. La Proposición pasa por alto que a las mujeres le asiste el derecho humano fundamental a una información veraz, especialmente en materia de salud, como garantía para elegir la opción más adecuada a su caso particular. 

La práctica del aborto legal es en nuestro país es de bajísimo riesgo. El problema surge precisamente por el “estigma” en torno al aborto que de tanto en tanto pretenden reavivar.  La IVE es aceptada y respetada por la inmensa mayoría de la población española y no ocasiona ningún problema a quién tiene que abortar ni a quién no quiere o no tiene que hacerlo. Aun así, los sectores más reaccionarios se empeñan en culpabilizar y criminalizar a las mujeres, sin tener en cuenta (o sí) que esa presión es, precisamente, la que las ocasiona problemas psicológicos, más cuanto más vulnerables son. No es fácil entender que el aborto sea legal cuando sus representantes de Madrid provocan miedo y culpa. Muchas de ellas pueden buscar otras vías arriesgadas, que son las que verdaderamente ponen en peligro su salud y su vida.   

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Dra. Isabel Serrano Fuster, ginecóloga; Dra. Carmen Martínez Ten, ginecóloga; Dra. Concepción Martín Perpiñán, ginecóloga; Dra. Cristina Cámara González, médica de familia. Las cuatro firmantes son expertas en salud sexual y reproductiva.