El conflicto por la sede de la Casa Árabe ha estallado entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Asuntos Exteriores. El alcalde José Luis Martínez-Almeida anunció el pasado 29 de junio la recuperación del emblemático edificio neomudéjar de las Escuelas Aguirre, sede de la institución desde 2006, y dio de plazo para el desalojo hasta el 1 de septiembre. La decisión ha abierto un conflicto institucional: mientras el Ayuntamiento defiende que la salida de la Comunidad de Madrid del consorcio que gestiona Casa Árabe le permite recuperar el inmueble, Exteriores considera que incumple el compromiso de ceder las Escuelas Aguirre durante 30 años, al que todavía le restaría una década de vigencia. 

El enfrentamiento ha desatado una guerra de acusaciones cruzadas sobre la viabilidad económica de la entidad, el estado del inmueble y una presunta instrumentalización política de la diplomacia.

El Consistorio justifica la recuperación del edificio del convenio en el estado de ruina del inmueble y en lo que considera la “bancarrota” de la institución. Situado frente al parque del Retiro, el inmueble presenta, según el Ayuntamiento, un “deterioro inasumible” que pone en riesgo a sus usuarios.

Martínez-Almeida ha endurecido el tono contra la entidad y ha llegado a advertir de las consecuencias de no abandonar el inmueble a tiempo. “Espero que no ejerzan de okupas, sinceramente lo digo. Espero que no nos aboquen a ir a un procedimiento judicial para tener que desalojarles”, ha asegurado el regidor.

El alcalde madrileño ha personalizado sus ataques en Irene Lozano, anterior directora de Casa Árabe. Según Almeida, la gestión de Lozano permitió que el edificio “se deteriorara y tuviera un problema grave de conservación”. El alcalde ha ido un paso más allá en sus críticas al Gobierno central por “perjudicar y menoscabar Casa Árabe” y ha acusado a la exdirectora de utilizar la institución “como un chiringuito”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, una de las administraciones que integran el consorcio público encargado de gestionar Casa Árabe, ha trasladado su rechazo frontal a las formas del Ayuntamiento y ha calificado su actuación de “absoluta deslealtad institucional”.

Fuentes de Exteriores denuncian que la recuperación del inmueble se comunicó “sin ningún tipo de comunicación ni indicación previa” a los miembros del consorcio. . Pero el reproche más directo responde a las acusaciones económicas de Almeida. Exteriores recuerda que el Ayuntamiento de Madrid forma parte del Consejo Rector y “ha participado a lo largo de todos estos años en su fiscalización y seguimiento, firmando sus actas y sin manifestar disconformidad de ningún tipo” con respecto a la gestión que ahora denuncian.

La Comunidad de Madrid, que abandonó recientemente el consorcio, recibe una crítica similar. Para Exteriores, ambas decisiones “tienen un marcado carácter partidista”, ponen en cuestión el compromiso de las administraciones con el diálogo entre España y el mundo árabe y suponen “un ataque a los esfuerzos” del ministerio por construir “una política exterior de Estado”.

Frente a la afirmación del alcalde de que “el ministro Albares ni está ni se le espera”, Exteriores asegura que en los últimos meses ha enviado “sendas cartas al alcalde solicitando una actuación imprescindible para el adecuado mantenimiento del edificio” y que siguen sin respuesta. Además, reprochan al Ayuntamiento no haber facilitado “colaboración técnica, administrativa o financiera que permitiera la adecuación de los espacios”.

El malestar por la decisión se cristalizó hace una semana con una concentración a las puertas de la institución. Varias decenas de personas se manifestaron el pasado sábado coreando “Casa Árabe no se toca” y “No al desalojo”.

Entre las voces críticas de la protesta se encontraba Bajira Abdulatif Yasin, presidenta del Foro Mundial de la Lengua Árabe (FOMLAR), quien calificó en declaraciones a EFE de “banal” el argumento del mantenimiento del edificio. Abdulatif defendió la “magnífica labor” de las últimas dos décadas e instó al alcalde a reconsiderar su postura, recordando que una mala gestión puntual no justifica acabar "con un proyecto tan próspero y necesario". Por su parte, la arabista Carmen Ruiz Bravo desmintió el supuesto estado de ruina, defendiendo que el edificio “ha sido remodelado y está en unas condiciones óptimas”.

A la movilización en la calle se suma una recogida de firmas virtual en una petición en la plataforma change.org para exigir al Ayuntamiento de Madrid que revoque su decisión de desalojo. Más de 12.000 personas ya han firmado la petición y más de 800 han firmado un manifiesto en el que solicitan la preservación de las relaciones hispano-árabes y en el que califican la decisión del Ayuntamiento de “contraria a los intereses de nuestro país, sociedad y sectores económicos”. Además, los firmantes piden al Consistorio que “mida bien el error”, ya que consideran que la medida “descabeza la política de diplomacia pública articulada a través de la Red de Casas”, y esconde “una motivación discriminatoria que pretende castigar el posicionamiento humanitario de la institución en su programación en estos últimos años”.

Entre los firmantes destacan nombres de primera línea de la diplomacia, la cultura y el periodismo, como el ex alto representante de la UE Josep Borrell; el exdirector del CNI Jorge Dezcallar; las escritoras Rosa Montero y Clara Janés; los embajadores y exdirectores de la propia Casa Árabe Pedro Martínez-Avial, Pedro Villena y Eduardo López Busquet; la exdirectora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Ana Martínez de Aguilar; y reconocidos investigadores y catedráticos como Bernabé López, Maribel Fierro (CSIC), Eduardo Manzano (CSIC) o Luz Gómez.

La presión continuará en las calles con una nueva protesta el próximo 21 de julio, a las 9:00 horas, en la calle Montalbán, coincidiendo con la celebración del pleno municipal del mes de julio. Los convocantes pretenden trasladar el conflicto directamente a las puertas del Palacio de Cibeles y exigir al Gobierno municipal la revocación de la orden de desalojo.

Con poco más de un mes y medio por delante hasta el 1 de septiembre, el Ayuntamiento asegura estar dispuesto a colaborar en la búsqueda de una nueva sede, pero descarta ceder otro inmueble municipal. Exteriores, por su parte, advierte de que la aportación de las Escuelas Aguirre es un “elemento clave” de la contribución financiera del Ayuntamiento al consorcio, lo que abre un escenario de incertidumbre legal y diplomática.

El Madrid D.F. sigue metabolizando los avatares internos de la política nacional sin necesidad de que sea espoleado continuamente por Isabel Díaz Ayuso, esa escopeta nacional que no logra conectar con la ciudadanía desde que partió a Cancún con la industria de la actualidad. En cambio, el Real Madrid, tras sus últimas elecciones, sí toma protagonismo aunque sólo sea sufriendo el ferragosto del alcalde Almeida que ha visto cómo el Supremo anulaba al eterno presidente madridista los dos parkings que había levantado bajo los sótanos del Santiago Bernabéu. Ayuso y Almeida deberían saber que Florentino Pérez continúa siendo el motor inmóvil de la capital del reino. Organiza, disciplina, ordena sin moverse ni tampoco desgastarse.

El Real Madrid, querido y desocupado lector, es una factoría de sentimientos. Será interesante saber cómo termina la reyerta entre la Iglesia Blanca y el PP local. Hasta la fecha, es una institución social y deportiva la que domina y comprende mucho mejor la demografía del Madrid D.F. que un partido como el PP o Vox, cuando se reactivan los fantasmas del pucherazo electoral, denunciando la supuesta “ingeniería” de la mal llamada “ley de nietos”. El PP de Feijóo y el de Ayuso son rehenes de este Vox, en un Madrid, capital plural, que siempre celebra el fútbol y la vida sin atender al color, al sexo, la bandera o la religión.

En ese contexto, la exportavoz del PSOE Enma López ha movido ficha presentando en Vallecas su candidatura a las primarias que decidirán la cabeza de cartel del partido en la capital. López está haciendo una campaña de recogida de avales que mira a Nueva York, a la inmigración, a Mandani, porque sabe, como dijo en su día Ramón Gómez de la Serna, que Madrid es moro. En cambio, Reyes Maroto ha decidido arrancar, después de las sesiones del Orgullo, en el barrio de Salamanca. Efectivamente, Madrid es la obra monumental de un albañil de Jaén y el marqués de Salamanca, un suponer. No te lo acabas nunca.

Afortunadamente, no todo pasa por el Madrid D.F. El Sistema España comienza a ofrecer síntomas de cansancio. Lo vimos en el último Comité Federal socialista, donde no hubo nuevas máscaras. Pedro Sánchez no habló a la ciudadanía, tampoco apeló a sus bases. Pedro Sánchez sigue sin ser Pedro. Se dirigió a los cuadros del órgano supremo entre congresos del PSOE y formuló los mismos planteamientos que ya había expresado días antes en el Congreso de los Diputados y… ya. El mensaje transmite fatiga, extenuación, cansancio, como si el Sistema España se estuviera apagando, como si el calor dilatara el momento de la transformación de Sánchez en Pedro y se hubiera aplazado para después del verano eso que hemos venido en llamar “the last dance”.

Y no es sólo Pedro. El mismo estado de ánimo se ha generalizado en otros socios de investidura. Mientras Sumar trata de resolver sus cuitas internas, sin prestar suficiente atención a la vía Unai, en Compromís la apuesta se llama Mónica Oltra. La exvicepresidenta tratará de reeditar el Acuerdo del Botánic junto a Pilar Bernabé si el socialismo valenciano se resigna a renunciar a la que podría ser la próxima presidenta de la Generalitat. En la Comunitat Valenciana importan más las ideas y las personas que las siglas y las ideologías. Las reestimaciones de los dos últimos CIS que ha elaborado el partido nacionalista siguen otorgando la mayoría absoluta a Pérez Llorca junto a Vox. La derecha valenciana se resiente pero aguanta, mientras la izquierda plurinacional crece pero no llega. Todo sería de otra manera si no fuera por una anomalía llamada Diana Moránt.

Los partidos del bloque plurinacional expresan síntomas de cansancio y extenuación. ¿Todos? Pues no. En el albor de la gran batalla frente al contraataque del Consorcio PP-Vox, Bildu da un paso adelante ante las próximas locales y las generales de 2027. Otegi ha entendido que la plurinacionalidad es garantía de estabilidad democrática y se expresa apostando por gobiernos de amplio espectro como lo fue el de José Antonio Aguirre, quien entendió que su gobierno debería incorporar a comunistas, socialistas y a las dos grandes familias del abertzalismo. Bildu puede gobernar Navarra —momento fundador del nuevo ciclo político— y es por eso que el líder abertzale ha querido plantear, dentro y fuera de Euskadi, gobiernos de coalición con toda la izquierda plurinacional para abrir paso a un nuevo marco político, plural, progresista y transversal frente a la España autoritaria y uninacional.

Y mientras tanto, en Andalucía, el PP sigue teniendo a un líder cautivo de Vox. Las elecciones andaluzas fueron la primera parada técnica de las generales. Moreno Bonilla tuvo la oportunidad de convertirse en Juanma si hubiera decidido no pactar con Abascal. La posible repetición de las elecciones en octubre habrían convertido al presidente de la nación del Sur en el estandarte de la derecha plural frente a Sánchez, Ayuso y Feijóo. En cambio, prefirió ser, simplemente, otro hombre más cautivo de Vox. Las encuestas, mientras tanto, confirman lo que adelantamos la semana pasada aquí: el algoritmo Marchena no les funciona. Hay partido.

Good luck, Babe! Estos días de reivindicación y de celebración tienen ritmo y letra de Chappell Roan para Eduardo Rubiño. El concejal de Más Madrid en uno de los grandes referentes políticos LGTBIQ+ y no para quieto ni un minuto durante la semana del Orgullo en Madrid. Pero su trabajo a favor de los derechos se prolonga durante un año. Sin descanso. 

Por eso, cree que es más necesario que nunca levantar con fuerza la bandera arcoíris en un momento en el que la ola reaccionaria atrapa gobiernos en todo el mundo. Y esa nube también amenaza España de cara a las próximas elecciones generales. Llama a la izquierda a seguir luchando. Queda todavía mucho por hacer. Y eso pasa, en opinión de Rubiño (Madrid, 1991) por reglamentar todas las leyes aprobadas y por poner el foco en que las escuelas sean espacios libres de odio. 

¿Por qué hay que salir a las calles en este Orgullo?

Hay una ofensiva reaccionaria en todo el mundo y es un momento decisivo para las libertades. Surgen gobiernos reaccionarios en todo el planeta que amenazan nuestra mera existencia. En España tenemos que defender nuestro legado, somos la envidia de Europa.

El Ayuntamiento de Madrid ha congelado el presupuesto para esta cita y se está imponiendo la parte capitalista durante estos días con precios de hoteles prohibitivos, por ejemplo. ¿Está el Orgullo en Madrid en un momento de inflexión?

Llevamos una larga temporada diciendo que nos están robando Madrid. El coste de la vida hace que nuestra ciudad ya no nos pertenezca, se expulsa a los vecinos. Y esto afecta también a la comunidad LGTBIQ+ y al propio Orgullo. A eso se suman la ofensiva reaccionaria y la erosión que conlleva de apoyos interesados que habían venido por parte de empresas, que ahora ya no quieren patrocinar. Estamos en un momento en el que estamos llamados a recuperar la reivindicación y la celebración cargando de contenido y reclamando el Orgullo como una parte de activismo ciudadano para impedir pasos atrás.

Otro año más sin que el Ayuntamiento de Madrid ponga en su fachada la bandera arcoíris, algo que ya está permitido por la justicia. ¿Hay homofobia institucional en Madrid?

Hay una jurisprudencia clarísima de que es legal colgar la bandera. El Tribunal Supremo ha especificado que es un símbolo que representa valores constitucionales. Esa excusa se acabó. Lo peor no es no colgar la bandera, sino que el Ayuntamiento de Madrid se carga las políticas que vienen detrás. El reconocimiento institucional es importante porque es un mensaje, pero se están recortando programas. 

El Orgullo de Madrid es el más multitudinario de Europa pero no veremos ni al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ni a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo lo interpreta?

Tienen alergia a todo lo que significa el movimiento LGTBQ+. El PP está en una pendiente de colonización ideológica por Vox y no quiere fotos que les reste apoyos en ese flanco. Refleja la hipocresía absoluta del PP, que presenta una campañita por la mañana y luego por la tarde se abstiene en la reforma para las penas de cárcel por las terapias de conversión. 

¿Qué le pareció la expresión de Jaime de los Santos en el Congreso de “soy del PP y maricón, orgullo de ambas cosas”?

El sumun de la hipocresía del PP. Nos tiene acostumbrados desde hace tiempo, Jaime lleva haciendo este numerito desde que lo conozco en la Asamblea. Siempre le contestamos que el problema no son las ideas que quiera tener, sino que su partido siempre está poniendo obstáculos a los avances. Él nunca ha sido capaz de alzar la voz en su partido contra esos que están recortando derechos LGTBIQ+, como ha pasado con las leyes en la Comunidad de Madrid. Es una incoherencia muy grande que disfrutes de esos derechos y luego le hagas el trabajo sucio a tu partido.

¿Qué supone que el Congreso haya aprobado esa ley para incluir penas de cárcel por las terapias de conversión?

Ha sido una batalla de bastantes años junto a asociaciones y víctimas. Hasta el momento había impunidad y eso se tenía que acabar. Una terapia de conversión es una de las situaciones más graves de violencia lgtbifóbica a las que se puede enfrentar una persona, ya que deja secuelas de por vida. Nos hubiera gustado una ley más ambiciosa, pero es una gran victoria.

Este Orgullo ya tiene un aire preelectoral después de que el presidente, Pedro Sánchez, haya abierto la puerta a adelantar los comicios si no hay presupuestos. Las encuestas arrojan ahora una mayoría absoluta del PP y de Vox. ¿Están amenazados los derechos LGTBIQ+ en ese escenario?

Claramente sí. Sólo hay que escuchar a Vox, que ha puesto en la diana a las personas LGTBIQ+ y tiene un programa para triturar los avances. Pero también hay que escuchar a Feijóo, que ha dicho claramente que quiere derogar la ley trans. En la Comunidad de Madrid el PP no ha necesitado pactar con Vox para recortar leyes. 

¿Qué responde a los que siguen con la cantinela de que no hay un Orgullo Hetero?

El Orgullo Hetero es 364 días al año. Hemos avanzado mucho y vivimos en una sociedad más diversa y libre, pero el Orgullo viene a reivindicar que también nos pertenece la sociedad a los que no encajamos en las normas. Es muy importante que sea una reivindicación y una fiesta. Hay que hacer un llamamiento a toda la sociedad, los heterosexuales tienen que venir al Orgullo también.

Las agresiones al colectivo se han duplicado este año, según el último estudio de la Federación Estatal LGTBIQ+. ¿Por qué?

Las agresiones han aumentado en la medida en que hay más discursos de odio cada vez más legitimados a través de las redes, en los parlamentos y en las instituciones que envalentonan a los matones. Hay fuerzas políticas que están echando gasolina. Hubo hace unos meses una agresión terrible en las puertas del Teatro del Barrio, en Madrid, y las víctimas me cuentan que siguen con mucho miedo y que tienen que contar con ayuda psicológica. No solo duelen los golpes. No hay que victimizarse, pero muchas personas LGTBIQ+ están viendo cómo la seguridad está ahora en cuestión.

¿Qué medidas legales son necesarias para avanzar?

Hay un reto: reglamentar las leyes que tenemos en nuestro país. Y es más importante que nunca poner el acento en la educación. Se debe trabajar en convivencia y en generar espacios libres de odio en las escuelas. 

No ha habido en España un candidato abiertamente LGTBIQ+ a las elecciones generales. ¿No está preparado el país?

Sí lo está. Y lo veremos. La sociedad española tiene muchos referentes culturales, sociales y políticos. Empezamos a jugar esta partida sin tener que pedirle permiso a nadie. 

¿Por qué las personas trans, dentro del colectivo, siguen siendo el principal objetivo de la ultraderecha?

Las han tomado como un chivo expiatorio, junto a los migrantes y las mujeres. Han encontrado en las personas trans un punto vulnerable en el que concentrar el odio. Hay que hacer de las reivindicaciones de las personas trans un asunto central en la agenda del movimiento. Y es más importante que nunca en la izquierda que no haya ninguna duda de que estas banderas no se pueden bajar. Mamdani ha demostrado en Nueva York cómo se puede perfectamente armar un discurso para la Alcaldía basado en el coste de la vida y en la necesidad de regular el alquiler al mismo tiempo que dice que va a convertir la ciudad en un santuario LGTBIQ+ y a reivindicar figuras como la de Sylvia Rivera. La izquierda no puede bajar esa bandera y tiene que entender que es una línea central en la batalla cultural.

Hay sectores de la izquierda que están planteando un debate sobre que se ha ido demasiado lejos en temas como los derechos LGTBIQ+ y de las mujeres y que se ha olvidado a la clase obrera y a los chicos jóvenes. ¿Están comprando parte del discurso de las derechas?

Es una falsa dicotomía de libro. La comunidad LGTBIQ+ también es precaria y sufre el coste de la vida. También tiene miedo de que un fondo buitre le eche de su casa. Esas agendas tienen que ir de la mano. No cabe duda en ese sentido. ¿Quién lidera la agenda oculta? Gente como Elon Musk y Donald Trump, que comparten odio hacia las personas del colectivo y a los woke. Son ultramillonarios que tienen una agenda neoliberal agresiva a favor de las grandes multinacionales. 

El test del Orgullo…

Una serie: Compañeros de ruta

Una película: Este cuerpo mío, de Carolina Yuste y Afioco Gnecco

Un artista: Rodrigo Cuevas

Una canción: Good luck babe!, de Chappel Roan

Un libro: Me dibujaron así. Por qué el mundo odia la feminidad, de Noemí López Trujillo

En la Comunidad de Madrid hay cerca de 300.000 menores que fueron concebidos y que, además, nacieron, y ahora tienen entre cero y tres años según el censo del Instituto Nacional de Estadística, pero solo un 13% tiene acceso a una plaza en una escuela infantil pública. Los estudiantes de Educación Primaria, también concebidos, nacidos y creciendo, están en las aulas con su ratio de alrededor de treinta compañeros a más de treinta grados de temperatura, como cada final de curso. La escasez de inversión y los recortes en la enseñanza pública provocan que los niños y niñas con necesidades especiales en educación sean sacados de sus colegios, si se da que sus padres pueden permitírselo, porque los centros no tienen recursos para atenderlos. Las orientadoras y enfermeras de los colegios públicos se reparten entre varias escuelas para dar asistencia. Las actividades extraescolares son una brecha más de la desigualdad en la región con más segregación escolar del país. Faltan cerca de cincuenta pediatras en la sanidad pública madrileña para cubrir la demanda de los centros de atención primaria. Los migrantes no acompañados que viven en Madrid temen ser devueltos a sus países de origen por el empeño del Gobierno regional, en pugna por este asunto también con el Gobierno de España. 

Pero estos problemas son de los vivos.  

Hace unos días, el Gobierno de Madrid aprobó, con el apoyo de Vox, la llamada “ley del concebido no nacido”, que es la Ley de Protección, Apoyo y Promoción de la Natalidad y la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral de la Comunidad de Madrid. Una norma que tiene su primera provocación en aquellas palabras que dijo la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, parecía entonces que de forma espontánea, una ocurrencia, en el año 2019, cuando era candidata en campaña, para considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar. 

“Cada vida importa desde el primer suspiro”, dijo en la Asamblea. Sin entrar en términos biológicos de cuándo se coge aire por primera vez, ese concebido parece que importa solo desde esa supuesta inspiración primera, llámalo latido, dentro del vientre de la madre, hasta que nace, cuando los problemas de los niños y niñas dejan de contar para la Administración madrileña. La nueva ley permite el acceso a ayudas, becas o beneficios fiscales cuyo importe depende del número de miembros de la familia. Finalizada la semana catorce de gestación, las familias que ya tienen dos hijos pueden beneficiarse de las ventajas propias de la familia numerosa. 

Concebido no nacido: es la batalla ideológica, y, como casi siempre, se da sobre el cuerpo de las mujeres. A costa del cuerpo de las mujeres. 

El Código Civil español dispone que es el momento del nacimiento el que determina la personalidad jurídica. El artículo 29 añade que el concebido “se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables”, siempre que finalmente nazca con vida en las condiciones previstas por la ley. La ley regional introduce así un lenguaje institucional que influye en el debate sobre el aborto y mezcla decisiones políticas con un tema que, moralmente, sigue siendo sensible. Pero no es nuevo: el año pasado, en un pleno de la Asamblea de Madrid sobre el registro de profesionales objetores de conciencia que está previsto en la ley estatal del aborto, Ayuso dijo: “¡Váyanse a otro lugar a abortar!”. Una exclamación que, a poco que se tenga algo de memoria, reaviva los tiempos en que las mujeres no podían abortar en España y se jugaban su cuerpo marchándose a abortar a otros países o practicando peligrosos métodos de interrupción del embarazo. Esta ley se aprueba también unos meses después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, alertara a las mujeres sobre un falso síndrome posaborto. 

Parece esta norma una nueva fórmula de buscarle las grietas a la ley estatal de interrupción del embarazo, un desafío que dota al feto no nacido de más presencia administrativa, la única que le pueden dar. Y, recorridos ideológicos de la presidenta de la comunidad de Madrid aparte, para arañar un puñado de votos ultraconservadores. 

Miles de personas se echan a las calles este sábado en Madrid. Desde Atocha hasta Colón. Es la manifestación más multitudinaria en toda Europa a favor de los derechos LGTBIQ+. En el recorrido no verán la bandera del arcoíris en la fachada del Ayuntamiento, pero sí en pegatinas en las papeleras. Toda una metáfora de lo que está sucediendo: la ola conservadora avanza con recortes y solo busca una celebración capitalista y consumista.

Por eso, este año la semana del Orgullo de Madrid se desarrolla bajo el lema “Orgullo Ciudadano”, un término acuñado por el histórico activista y político socialista Pedro Zerolo y que es una apelación directa a toda la sociedad para la conquista, celebración y conservación de los derechos civiles. 

Porque este Orgullo es vital para el colectivo en un momento en el que las derechas están al alza, con la mayoría de encuestas pronosticando una mayoría absoluta en las próximas elecciones generales, y en un contexto en el que los derechos LGTBIQ+ están amenazados por los movimientos ultras.

La marcha del Orgullo tiene este año una gran carga política en el aspecto reivindicativo y de pancarta, mayor que el componente festivo de las carrozas. Y es que pesa especialmente, como señalan los organizadores, la situación que se está viviendo: “Retroceso en derechos civiles, discursos y políticas extremistas y excluyentes en ese nuevo orden mundial que nos quieren imponer”.

“¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia” es el lema concreto de la propia manifestación. Los organizadores defienden en su manifiesto que tiene más sentido que nunca la concentración como “herramienta” para la conquista de derechos: “Este año es fundamental salir a la calle porque las agresiones contra personas LGTBIQ+ se han triplicado en solo dos años. Solo a través de la movilización ciudadana podemos seguir avanzando hacia la igualdad real y efectiva. Ya no basta con no retroceder, es imperativo seguir avanzando en derechos para blindarnos frente al odio organizado”.

El espíritu del Orgullo de este año pasa por esta idea de MADO (la organización del Orgullo): “No hemos alcanzado la plena igualdad. Nos señalan, nos echan de casa, nos acosan, nos insultan, nos discriminan y nos agreden. Estamos hartas de estereotipos, de que nos sexualicen, de vernos obligadas a dejar nuestros pueblos, de que nuestras familias no aparezcan en los libros de texto. Hartas de esconder la pluma, de que nos borren, de tener que salvar mil obstáculos para tener una documentación que refleje nuestra identidad, hartas de tener que exigir que se cumplan nuestros derechos. El Orgullo es ahora. Y es urgente. Nuestra fuerza está en la calle y por eso hay que hacerla nuestra. Los tiempos del resistir han terminado, hay que seguir caminando y cada paso cuenta, suma el tuyo y vamos a por el siguiente”.

Ese sentimiento contrasta con la homofobia institucional que sufre el Orgullo de Madrid, a pesar de ser el más grande de toda Europa. Una vez más, el Ayuntamiento de Madrid ha congelado su aportación económica y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a dar la espalda al evento, sin participar en ninguno de los grandes actos. Lo mismo sucede con la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido la primera dirigente en la historia democrática en recortar derechos recogidos en leyes, aunque finalmente el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional frenó la involución en las leyes LGTBIQ+ de la Comunidad de Madrid, que habían sido aprobadas paradójicamente por Cristina Cifuentes (Partido Popular).

El Orgullo de Madrid quiere marcar este 2026 un punto de inflexión en un momento en el que el aire reivindicativo está quedando en un segundo plano para ser absorbido por el pinkwashing que hacen muchas empresas y algunas instituciones y partidos como el PP. Algo que cristaliza en esta situación: en los orígenes, se escogió como fecha para su celebración los días de principios de julio porque era temporada baja turística en Madrid y esto permitía que pudieran ir activistas de todas las partes de España para encontrarse. Ahora los precios de las habitaciones de hotel son prohibitivos en la capital durante estos días, lo que dificulta que puedan acercarse personas de todo el país, especialmente los jóvenes.

Esa carga política está más viva que nunca este año. Los actos en Madrid se producen apenas una semana después de la histórica votación en el Congreso, a propuesta del PSOE, por la que ha salido adelante una proposición de ley para que se incorporen penas de cárcel por las denominadas terapias de conversión para personas LGTBIQ+. La norma logró mayoría absoluta en el Parlamento, a pesar de que el PP se abstuvo de manera cosmética (en la fase de comisión se opusieron y sus votos no fueron necesarios en Pleno) y del ‘no’ de la ultraderecha. 

El debate que tuvo lugar en la Carrera de San Jerónimo sirvió para retratar el doble discurso del PP. Desde la tribuna, el diputado popular Jaime de los Santos exclamó: “Soy del PP y soy maricón. Y me siento muy orgulloso de ambas cosas”. Así le contestó el parlamentario y responsable LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez: “Hoy es el día de las víctimas, no le voy a hacer protagonista. Pero usted es una vergüenza para el colectivo. Hoy se ha puesto al lado de Vox. Se pone al lado de seguir ejerciendo la violencia. Yo también soy maricón y orgulloso de estar en el lado correcto de la historia”. 

El Partido Popular se ha postulado en contra de todos los avances históricos del colectivo logrados en el Parlamento: votó en contra del matrimonio igualitario impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, recurrió esa norma ante el propio Tribunal Constitucional, rechazó la ley trans y ha eliminado consejerías y concejalías de Igualdad en toda España a raíz de sus pactos con Vox.

El PSOE durante estos días, por ejemplo, ha impulsado una campaña para recoger firmas de ciudadanos para que los ayuntamientos del PP y de Vox vuelvan a izar las banderas arcoíris en sus fachadas porque muchos lo están evitando: “Una clara señal de que pretenden revertir los derechos que tanto nos ha costado conseguir para que estén al alcance de todos”.

La izquierda es consciente de que las próximas elecciones generales serán esenciales para el colectivo LGTBIQ+, cuyos derechos están amenazados por el frente del Partido Popular y de Vox. Desde el PSOE subrayan que este año, por primera vez, España ha sido reconocida por ILGA-Europe como el país europeo con mejores leyes y políticas públicas en materia LGTBI, alcanzando un cumplimiento cercano al 89% en el conocido como Rainbow Map. De esta manera, se ha superado a Malta, que durante una década había liderado esta clasificación. 

Pero el camino está incompleto. Por eso, desde el Gobierno se sigue marcando una hoja de ruta que pasa por reforzar la prevención de los delitos de odio, mejorar la atención a las víctimas, impulsar la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del ámbito judicial, garantizar la educación en diversidad, combatir la LGTBIfobia en el trabajo y proteger a las personas trans.

Igual que en estos días los calores nos caen a plomo en la capital de España, desde hace mucho tiempo las encuestas (más allá de su credibilidad técnica o su intencionalidad política) dan como resultado inexorable el triunfo de Ayuso y Almeida, incluso con cercanía o superando la mayoría absoluta. Como si hubiera una maldición bíblica, los madrileños estamos condenados a ser gobernados por esta dupla devastadora de los derechos, servicios y bienes públicos.

A la vez contemplamos en aquellos que, en primer lugar, deberían dar la batalla por cambiar este rumbo, su reacción es: resignación, inanición y parálisis. Dan la impresión de que tienen por objetivo ser el primero de los derrotados. Y, sin embargo, sí hay opciones de cambiar este rumbo. En el Ayuntamiento de Madrid, la derecha no es que tenga como cabeza un gran referente o una figura con gran peso político, pero para derrotarla no sirve repetir un argumentario rutinario y con lugares comunes, hay que cambiar radicalmente la sintonía.

En toda la izquierda y el progresismo mundial, la victoria de Mamdani en Nueva York fue un tremendo aldabonazo y una llamada a la esperanza, pero sus enseñanzas se olvidaron o se dejaron en el cajón con mucha facilidad. Si se quiere cambiar el rumbo de Madrid hay que retomar sus enseñanzas y ser atrevidos. Dos son las más significativas: proximidad y propuestas claras para la mayoría social y cultural.

Vamos a referirnos a la primera. Proximidad significa salir de las zonas de confort para ir a encontrarse con la sociedad, y hay un instrumento claro (no el único, por supuesto): las primarias abiertas a la sociedad. Los candidatos de la izquierda deben ser elegidos en un proceso de ilusión social y para ello nada mejor que abrir las elecciones a la sociedad. Una cosa es evidente, mayores garantías de éxito tendrá un candidato con el apoyo de 50.000 o más personas que un electo con 3.000 o 5.000. En Italia y en otros países europeos ya existe una tradición de primarias abiertas que culminaron con éxitos electorales decisivos para sus ciudades. Aún más, que hoy las alcaldías de París, Roma y Londres estén en manos de opciones progresistas tiene mucho que ver con la movilización de la sociedad. Tomemos nota.

Hay que recordar que la última victoria del progresismo madrileño, en 2015, se fraguó en un proceso amplio de participación (más de 15.000 personas), mediante primarias abiertas y democráticas que ayudaron a poner en pie un movimiento que arrebató la alcaldía, ni más ni menos, que a Esperanza Aguirre. Más Madrid parece que renuncia a reeditar un proceso parecido del cual nacieron prácticamente la mayoría de sus dirigentes locales y está en un proceso interno de formación de sus listas.

El PSOE, después de 40 años apartado del gobierno de la ciudad y un largo recorrido de fracasos, debe dar un paso y atreverse a movilizar a la ciudadanía, particularmente en los barrios del sureste —casualmente los más desfavorecidos— y donde parte sustancial de la población se queda en sus casas (más de 20 puntos de diferencia en la participación entre los barrios acomodados y los barrios populares). Una pieza de esa recuperación debería empezar por evitar repetir errores del pasado y abrir sus procesos a simpatizantes y electores para que, junto con sus afiliados, elijan la mejor opción social y política que acabe con el dominio de la derecha reaccionaria en la capital de España.

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Teresa Ugidos, Fernando Magro, Paloma del Hoyo, Enrique del Olmo, Amparo Herranz, Maximino Novillo y Román Llorente son militantes del PSOE de Madrid (PSOE-M).

El sindicato CNT Comarcal Sur ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el alcalde de la localidad, José Luis Martínez-Almeida, y cargos directivos del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento, por posibles delitos de "prevaricación administrativa y discriminación" en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes.

Tal y como ha hecho público el sindicato este martes, la denuncia se presenta a raíz de "las instrucciones trasladadas a los servicios sociales municipales para la tramitación" del certificado de vulnerabilidad requerido para parte de las personas migrantes que entran en el proceso de regularización. La información recopilada por la Sección Sindical de CNT en Políticas Sociales ha servido para constatar la existencia de "directrices" encaminadas a generar "un procedimiento deliberadamente restrictivo que ha supuesto un trato discriminatorio hacia la población migrante, dificultando de manera injustificada el acceso a un derecho reconocido".

CNT señala al regidor de la localidad por haber manifestado públicamente su intención de no colaborar con el proceso de regularización, una posición política que "se habría materializado, presuntamente bajo la dirección y responsabilidad de los máximos responsables municipales y de los altos cargos" de la concejalía, mediante la "imposición de trabas administrativas que han obstaculizado el acceso a estos informes". Diversas entidades acreditadas para expedir los informes de vulnerabilidad han venido expresando en las últimas semanas sus sospechas ante la imposición de trabas administrativas y burocráticas en Madrid.

El protocolo que señala el sindicato y sus trabajadores en el área habría establecido que la solicitud para acceder al informe "solo podía realizarse mediante instancia general" presentada ante el Registro General, "obligando a numerosas personas a soportar colas innecesarias e incluso a pasar noches a la intemperie únicamente para poder iniciar el trámite". Esta decisión, resaltan en el comunicado, "ha entorpecido además el trabajo que los servicios sociales de distrito habían comenzado a desarrollar desde el primer momento, pese a no haber recibido refuerzos de personal ni recursos adicionales" para asumir la carga de trabajo.

La instrucción también "obligaba inicialmente" al personal a "asignar cita previa para valorar dichos informes sin otorgar prioridad alguna al procedimiento, a pesar de que las listas de espera habituales oscilan entre los 30 y los 60 días". Los trabajadores y voluntarios que atienden a personas migrantes hablan precisamente de demoras en las citas, una situación especialmente traumática para los solicitantes dados los plazos existentes para el proceso de regularización, cuya fecha límite es el 30 de junio.

CNT da el paso, junto a Asamblea por la Regularización de Madrid, de llevar los hechos ante la justicia para exigir responsabilidades políticas y administrativas "a quienes hayan diseñado, autorizado o ejecutado estas directivas". "No vamos a permitir que se utilicen las instituciones públicas para obstaculizar derechos mediante trabas administrativas", zanjan.

Rosas y libros. Primavera. Barcelona vive con Sant Jordi su día más alegre del año. Bulle, bulle. Con sus casetas, librerías y centros culturales abiertos de par en par. De Pedro Almodóvar a Han Kang, pasando por David Uclés y Lucía Solla Sobral. La capital catalana respira estas horas su frenesí mediterráneo y sus ganas de abrazar el mundo.

Y es que Barcelona vuelve a emerger con fuerza tras la etapa del procés catalán y se presenta como un modelo alternativo a la gestión neoliberal de Madrid, obsesionada con ser el Miami europeo. La ciudad condal, con Jaume Collboni en la sala de mandos, busca un modelo de corte socialdemócrata, que combine el crecimiento económico con políticas de bienestar.

Ese espíritu impregnó precisamente el pasado fin de semana la ciudad como anfitriona de la Global Progressive Mobilisation, un encuentro de políticos de izquierdas como hacía mucho que no se veía a nivel internacional que congregó a más de tres mil asistentes y a más de cien partidos para compartir una hoja de ruta alternativa a la ola de ultraderecha que se extiende por el mundo.

Una de las grandes lecciones que se sacó en esta cita es que precisamente lo local es la primera barrera contra los ultras. Una idea que debe basarse en temas concretos y que pilota el alcalde de Barcelona junto a figuras como Zohran Mamdani (Nueva York), Roberto Gualtieri (Roma), Silvia Salis (Génova), Haris Doukas (Atenas), Gergely Karácsony (Budapest), Emmanuel Gregoire (París), Karen Bass (Los Ángeles), Ekrem İmamoğlu (Estambul) y Philippe Close (Bruselas).

Barcelona está ahora mismo en el foco por la gestión de la vivienda y del turismo. Dos aspectos que se relacionan directamente. Y que las grandes ciudades no saben cómo controlar. La capital catalana ha planteado un camino totalmente diferente al de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida. El Ayuntamiento ha tomado la decisión de extinguir los diez mil apartamentos turísticos que hay en la urbe.

Según señalan fuentes del Gobierno local, esto supone liberar una cantidad de vivienda equivalente a lo que se construye durante diez años. No hay marcha atrás. No obstante, en el equipo de Collboni son conscientes de que ahora se van a enfrentar a una dura lucha contra los fondos buitre, “que son los que tienen el dinero”, en los tribunales, y a nivel europeo. “En el fondo, esta es una cuestión del poder democrático de una ciudad contra los especuladores”, resumen en el Ayuntamiento. Esta decisión equivale a generar vivienda para 25.000 personas aproximadamente. 

Barcelona, a diferencia de Madrid, sí aplica la ley estatal de vivienda, que abre la vía de topar los precios de alquiler de viviendas en las zonas tensionadas. Esto ha permitido una bajada, desde que se puso en marcha la norma, de un 4,9%, aunque tanto el Ayuntamiento como la Generalitat están vigilantes porque en los últimos meses han notado un repunte. Las instituciones valoran también que ese camino ha permitido por primera vez en una década que se reduzca el aumento de la brecha entre el precio del alquiler y el incremento de la renta familiar, factor clave para la desigualdad y el nivel de vida ciudadano.

En el modelo Barcelona es esencial también la construcción de vivienda. La ciudad ha calculado que tiene potencial para 70.000 nuevos hogares, la mitad de ellos públicos y focalizados en tres grandes zonas: Marina del Prat Vermell, 22@ y Sagrera. Se ha acelerado la construcción de vivienda protegida: pasando de 500 pisos al año al inicio del mandato a mil por año ahora. El objetivo del consistorio es tener siempre cinco mil viviendas en construcción.

También los ojos están puestos en Barcelona por el fenómeno turístico, que hace dos veranos provocó protestas contra visitantes. La ciudad condal lleva tiempo aplicando una tasa turística, algo a lo que se niega Madrid. Pero, además, el Ayuntamiento quiere que se visualice cómo repercute positivamente en la ciudad a través de mensajes que abogan por la convivencia. 

Buena parte de esa recaudación va destinada al Pla Clima Escola, puesto en marcha para adaptar las escuelas a los efectos del cambio climático con una inversión de más de cien millones de euros hasta 2029 en 170 centros. Con el objetivo de que la ciudadanía entienda cómo también actúa en positivo el ingreso del turismo, se están colocando placas informativas en esos espacios educativos.

La capital catalana quiere recuperar ese espíritu de grandes eventos. El aire de ese “¡Hola!” que dominó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 1992. De ahí que se haya volcado con la Copa América de vela. Y, además, quiere volver a ser un lugar de acogida de la cultura española después de los años del independentismo. El ejemplo más claro fue la ceremonia de los Goya del pasado mes de febrero, además de ser una fecha muy especial por cumplirse cuarenta años de los premios del cine español.

Y otro de los grandes proyectos que la ciudad pretende impulsar es el nuevo museo Thyssen. El consistorio dio luz verde hace un mes a su instalación en el palacio Marcet, que fue antes la ubicación del mítico cine Comedia, en la esquina del Passeig de Gràcia con la Gran Via. La idea es que Barcelona pueda competir como capital cultural ante un Madrid donde están los grandes museos nacionales. 

Otro de los grandes retos de la ciudad en estos momentos es lograr que vuelvan también las grandes empresas que se fueron con motivo del procés. Se han producido algunos regresos como los de la Fundación La Caixa y los laboratorios Ordesa a la ciudad, pero ahora se mira con especial atención a la negociación sobre la fusión entre Estée Lauder y Puig. La ciudad aspira a tener la sede de ese gigante cosmético y perfumista que va a revolucionar el mundo de la moda.

Barcelona también es puro hervidero político. Apenas falta un año para las elecciones municipales. En la anterior legislatura, la alcaldía se jugó hasta el último minuto en una votación de investidura de infarto que llevó a Collboni a tomar el bastón de mando después de haber participado en el gobierno de Ada Colau.

Fuentes socialistas creen que el panorama ha cambiado respecto a 2023 y que Collboni se ha consolidado como alcalde con un perfil más transversal que el de Colau. Por ejemplo, ha puesto mucho énfasis en la seguridad de la ciudad, una de las principales preocupaciones lo los ciudadanos allí. Desde su equipo siempre lanzan este mensaje: “La seguridad es de izquierdas. Si no hacemos nada, entonces solo tendrá seguridad la gente con dinero que se la pueda pagar”.

Colau se ha retirado de la primera línea política, aunque su figura sigue estando presente por acciones como la Flotilla de la Libertad o su participación en algunos actos para crear una candidatura de izquierdas a nivel nacional. Por los comunes concurrirá a los comicios del año que viene Gerardo Pisarello, que actualmente es diputado en el Congreso y que ganó las primarias contra Bob Pop.

Esquerra jugará fuerte con la candidatura de Elisenda Alemany, secretaria general del partido y una de las figuras con más peso dentro de los republicanos. El Partido Popular prevé llevar como ‘número uno’ a Daniel Sirera.

Pero quedan dos grandes incógnitas por resolver. La primera es quién competirá por Junts, donde hay una lucha interna muy fuerte por este puesto tras haberlo rechazado varios empresarios. Ahora mismo se barajan nombres como Josep Rius, muy cercano a Carles Puigdemont, y Jordi Martí, el preferido por Xavier Trias. Y la otra X a despejar es el nombre que elegirá Aliança Catalana, el partido que asciende cada día en las encuestas pero que medirá en Barcelona su verdadera fuerza más allá del interior de Cataluña.

Favorecer al Real Madrid con la construcción de túneles y aparcamientos en los alrededores del Santiago Bernabéu, un feudo histórico del PP en pleno distrito de Chamartín. Aprobar una tasa de basuras impuesta por la normativa europea, pero sin adaptar la correspondiente cuota al número de ocupantes de cada vivienda o sin explicar la incidencia de los residuos procedentes del comercio, la hostelería o el turismo en cada uno de los distritos de la capital. Se trata de dos de las apuestas en las que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida (PP), ha chocado más directamente con parte de sus ciudadanos y potenciales votantes.

El enfrentamiento con una asociación vecinal –la Asociación Perjudicados por el Bernabéu– por la conversión del estadio del Real Madrid en un enorme centro comercial y de espectáculos con la construcción de dos enormes aparcamientos bajo la Castellana y en Padre Damián pasó de los despachos municipales a la discusión de los grupos políticos en el Pleno y de ahí a los juzgados. La implantación de la tasa de basuras, por su parte, provocó más de 130.000 reclamaciones tributarias de contribuyentes, según adelantó El País el pasado febrero. Ambos contenciosos han acabado con dos importantes varapalos judiciales contra el equipo de Almeida en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y el principal motivo en ambos casos es el mismo: la falta de transparencia en la gestión de sus iniciativas.

El último se produjo el pasado lunes, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal regional madrileño estimó el recurso administrativo de varias organizaciones, entre ellas la Asociación Española de Asesores Fiscales y Más Madrid, y anuló la nueva tasa municipal. La sentencia explicó que la creación de la tasa era imperativa por obligación del derecho europeo y su traslación a la ley estatal de residuos, pero consideró ilegal el procedimiento por el que se aprobó la ordenanza en la que se recogía. La resolución, que en esencia reprocha al Ayuntamiento la falta de publicidad de los informes que justificaron la configuración de la tasa, puede ser ahora recurrida ante el Tribunal Supremo.

La vulneración se produjo en el trámite de información pública del proyecto, en el que se omitió una parte esencial del informe técnico-económico que servía para la determinación de la cuantía de la tasa para cada contribuyente. Entre lo no publicado se encontraba aquello que precisamente criticó la oposición municipal: el estudio de generación de residuos por las distintas actividades económicas –turismo, hostelería, comercio...– unos datos que, según el tribunal "resultan imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo". Sin esa información no se podía conocer la relación entre cada actividad económica y la carga tributaria, lo que impidió a los ciudadanos y asociaciones afectadas presentar alegaciones fundadas y cuestionar el tributo.

La anulación de la tasa de residuos se produce solo cuatro meses después de que esa misma Sala tumbara los dos aparcamientos y el túnel cuya construcción adjudicó el equipo municipal de Almeida a una sociedad creada al efecto por el Real Madrid. El problema en este caso también estuvo relacionado con la transparencia y la información suministrada a los ciudadanos. Según el tribunal, el Ayuntamiento no dio publicidad al estudio de viabilidad económico-financiera del proyecto, "máxime cuando se trataba de una concesión tan mediática y polémica".

La sentencia también consideró incompatibles los dos parkings con el planeamiento urbanístico y de movilidad del Bernabéu y su entorno, aprobado en 2017, tal y como determinaron los propios órganos técnicos de Urbanismo. Por último, la resolución reprochó la previsión en esas obras de la construcción de un túnel de 650 metros para dar acceso al aparcamiento del estadio, al considerar que solo respondía a los intereses del club de fútbol que preside Florentino Pérez y no a los generales de la ciudadanía.

Almeida fue a un acto solemne y salió con un 'recuerdo' aéreo de cortesía. 🕊💩 Al alcalde de Madrid le defecó una paloma en la cabeza mientras hablaba durante un homenaje a periodistas fallecidos en defensa de la libertad de expresión. El del PP recurrió al humor y a la ironía para salir del paso diciendo que la paloma había elegido “aterrizar” justo sobre su reciente corte de pelo, y amplió la broma a los periodistas allí presentes al decir que el periodismo es una profesión de riesgo: "Nos sucede cualquier cosa estando con periodistas". El momento de la cagada se ha hecho viral en redes y los usuarios han disfrutado de lo lindo bromeando con el percance del líder popular del Ayuntamiento de Madrid: "Una paloma, símbolo de la paz, cagándose encima de un pepero. Qué metáfora tan deliciosa", ironiza @Hanky_solo, "Esta paloma merece un monumento", se ríe @elosqar, "Almeida no sabía que talando tanto árbol se iba a crear un archienemigo", apunta ‪@robbhaifisch.bsky.social‬.

Trump también tiene su hueco en el tuitómetro de esta semana. El presidente estadounidense pidió a aliados y países directamente afectados por el paso del petróleo por Ormuz que le ayudasen a reabrirlo. La respuesta que recibió fue tibia o directamente negativa, lo que enfadó al magnate que pasó a decir que lo haría sin ellos. Las redes lo satirizan así 👇👇

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

“En este país se fusila poco”. “Te mereces acabar en una cuneta”. “Cementaremos sobre tu cadáver”. “Hace cien años estarías colgado cara al sol”. “Sé quién eres, nos vamos a encontrar”. “Menos cocheras y más cunetas”. “Te deberían prender fuego”. “Hasta que alguien te toque esa carita”. 

Los mensajes de odio y amenazas de muerte, a través de redes sociales, colapsan el teléfono de Antonio Giraldo. El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, autor de virales hilos en X sobre urbanismo, vivienda y arquitectura, está viviendo una brutal campaña de acoso, que ya ha denunciado ante la Policía Nacional y que le ha obligado a pedir protección a la Policía Municipal.

¿El motivo? Un simple mensaje en X donde exponía su opinión sobre la decisión del Tribunal Supremo que enterraba el segundo intento del Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, para construir pisos en la parcela en el entorno de la glorieta de Cuatro Caminos que albergó las históricas cocheras de Antonio Palacios.

Su mensaje, publicado el pasado lunes, decía: “Demolición ilegal de las cocheras de Metro de Antonio Palacios y dos procesos urbanísticos negligentes por parte del Ayuntamiento enterrados ya por el Supremo. Llevaré esta vergüenza el lunes próximo a la comisión de urbanismo. ¿Qué pasa ahora?”.

“Se pone fin por segunda vez a todo el proceso. Y lo que es peor: si se pretende hacer un tercer intento, éste ya no podrá ser tal y como estaba previsto en el primero y el segundo, pues ahora la Ley de Vivienda estatal obliga a porcentajes de vivienda protegida más altos que los que había. Pero los cooperativistas, sin embargo, ya han pagado hace mucho por unas viviendas que ahora sí que ya nunca podrán materializarse. Además, el ayuntamiento podría verse obligado a asumir responsabilidades patrimoniales. O eso, o intentar una nueva chapuza que acabará igual”, señalaba en el texto, que concluía así: “Es desesperante, pero es lo que pasa cuando todo se hace mal. Lo peor, la pérdida de patrimonio industrial histórico de Madrid”.

En ese momento empezó a desatarse una ofensiva con mensajes agresivos y de intimidación. Giraldo, en una conversación con infoLibre, relata lo sucedido: “Llevo muchos años en redes. En cierta manera te acostumbras a un ambiente de odio. Pero jamás había recibido con esta intensidad y calado estas amenazas de muerte. Te provoca un sentimiento de susto y te planteas hacia dónde vamos”.

“Sencillamente he dicho que las cosas no se han hecho bien. Yo hablo con mucha claridad en las redes sociales. Y todo por culpa de la negligencia constante del Ayuntamiento en una situación en la que las familias van a seguir esperando sus viviendas. Y, además, comenté los daños patrimoniales respecto a las históricas cocheras de Antonio Palacios”, manifiesta el edil socialista.

Su mensaje se hizo viral el lunes. A partir de ahí, prosigue Giraldo, empezaron los comentarios con insultos. Él respondió contundentemente, mientras que desde diferentes perfiles, la mayoría anónimos, empezaron a señalar a los denunciantes como las asociaciones ecologistas. La espiral creció, añade el edil, al entrar en juego cuentas con muchísimos seguidores y vinculadas a la extrema derecha. A raíz de ahí se multiplicaron los tuits de carácter delictivo y con amenazas de muerte. Todo de manera orquestada, con una estrategia digital basada en retuits y en el señalamiento en redes.

Giraldo no se quedó parado: “Lo primero que hice fue denunciar en la red social X estas amenazas. Y me han respondido con un correo diciendo que estos mensajes no incumplen las normas. No he conseguido que borren ni un tuit”. Todo ello en un ambiente muy crispado con el tema encima de la mesa el próximo lunes con la convocatoria de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, en su sede de la plaza de la Villa, donde el concejal lleva esa sentencia como uno de los puntos del orden del día.

Ante la negativa de X y la oleada de amenazas de muerte, Giraldo decidió pedir protección a la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Y quiere agradecer el trabajo y el trato que está recibiendo. Asimismo, ha puesto una denuncia ante la Policía Nacional con todos los tuits amenazantes que lleva recibiendo durante toda la semana. 

Giraldo no tiene el perfil típico de político. Se hizo muy conocido en redes durante la pandemia como divulgador de temas urbanísticos. Sus hilos en la red social X acumulaban miles de likes y planteaban dilemas arquitectónicos de manera muy sencilla y con otro punto de vista. La exministra de Industria Reyes Maroto se fijó en él y lo llamó para formar parte de la lista del PSOE para las elecciones municipales del 28-M hace casi tres años. Desde entonces se ha convertido en una figura ascendente en el mundo local y en uno de los azotes de las políticas de vivienda de Almeida.

El concejal hace esta reflexión global: “Son campañas contra la gente de izquierdas. Para que te alejes, para que te calles, para que no digas nada, para que te retires”. “Quieren presionarte para que pienses qué necesidad tienes de dedicarte a esto. Buscan hacerte pequeño cuando estás diciendo la realidad constatada por una sentencia. Estos mensajes son para que no ocupes espacios y para que no hagas política. Y, además, van in crescendo cuando muestras resistencia”.

“Como personaje público, hasta normalizas los mensajes con insultos. Pero hasta este lunes no había recibido estas amenazas de muerte. Se han cruzado todas las líneas, nunca me había pasado. Corremos el riesgo de asimilarlo como algo cotidiano. Esta vez he decidido decirlo de manera abierta”, apostilla el edil del PSOE.

A pesar de estos días duros, manda un aviso para navegantes: “No voy a dejar la política, voy a seguir diciendo las cosas claramente. Voy a denunciar todas las amenazas. Tendrán que pagar por esto. Esto no puede quedarse en la impunidad. Voy a seguir haciendo la política de siempre, pero quiero elevarlo al debate público”.

Pero esto no va solo de cuentas anónimas en redes: “Hay responsables políticos de algunos partidos que alientan estos discursos. Y se tienen que dar por aludidos porque están provocando estas situaciones. Cuando deshumanizan a otros dirigentes alimentan la capacidad de amenaza”.

Giraldo subraya también que este tipo de amenazas se han convertido en algo habitual, especialmente con las mujeres de izquierdas en el punto de mira. Ha hablado mucho estos días con su compañera Enma López, que recibe constantes intimidaciones por sus intervenciones en el Ayuntamiento, en las ruedas de prensa y en los debates televisivos. Y pone sobre la mesa también los casos de agresión que están sufriendo la analista Sarah Santaolalla y la portavoz de Más Madrid en el consistorio de la capital, Rita Maestre. Dice que ha recibido el apoyo de muchos políticos durante estos días, aunque no le ha llamado el alcalde. Este jueves sí se solidarizó con él durante el pleno de la Junta de Centro el concejal popular Carlos Segura. 

“Insisto en el mensaje de que no lo podemos normalizar, aunque te llamen llorica y te digan que dejes de victimizarte. Merece mucho la pena denunciar. No son simples cuentas anónimas, hay personas detrás que las dirigen y las financian. Hoy soy yo y mañana puede ser cualquiera. Hay que señalar qué papel juegan las redes y sus dueños. Están operando en nuestro territorio y hay que ponerles coto sí o sí”.

Giraldo respira hondo. Y deja una última impresión de manera clara, como sus mensajes sobre urbanismo en redes: “No me van a echar de la política”.

Madrid ha rendido homenaje este miércoles a las 193 víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 con la tradicional ofrenda floral en la fachada de la Real Casa de Correos, en un acto presidido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, según recoge EFE.

Díaz Ayuso y Martínez Almeida han colocado una corona de laurel bajo la placa de la fachada de la Real Casa de Correos en recuerdo de las víctimas de los atentado, junto a los presidentes de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce; la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito; y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, María Soledad Pérez.

Antes de colocar la corona de laurel en la placa que homenajea en el kilómetro cero de la capital a los 193 fallecidos y los más de 2.000 heridos, así como a los cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencias y a todos los ciudadanos que las auxiliaron, ha sonado el tañido de las campanas del reloj de la sede del Gobierno regional durante dos minutos, al igual que en multitud de municipios de la región en señal de recuerdo.

Al acto han acudido los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, además del delegado del Gobierno, Francisco Martín. El homenaje en recuerdo de las 193 víctimas ha contado con el acompañamiento musical de la Orquesta de la Comunidad de Madrid (Ocram), tras el cual ha sonado el himno nacional.

Este es el primero de los homenajes que se sucederán este miércoles en la capital. Díaz Ayuso y Martínez Almeida también participarán en el que organiza la Asociación Víctimas del Terrorismo en el Bosque del Recuerdo del parque de El Retiro. Además, están previstos un acto y una ofrenda floral en la estación de Atocha y un homenaje en el memorial de la calle Téllez. Y, por la tarde, se celebrarán sendos actos de recuerdo en las estaciones de Cercanías de Santa Eugenia y El Pozo, que también fueron golpeadas en el atentado.

A pie de acera, los albañiles ultiman la colocación de algunos adoquines junto al escueto parque infantil que linda con el teatro Nuevo Apolo. Usuarios de pisos turísticos y personas con carros de la compra zigzaguean entre los utensilios. El alivio visible de algunas caras denota que está próxima a finalizar la reforma de este enclave del centro de Madrid, impulsada por el Ayuntamiento de Martínez-Almeida hace un año.

La sobria estatua pétrea del mercedario fray Gabriel Téllez –más conocido por su seudónimo como dramaturgo de Tirso de Molina– seguirá presidiendo la plaza que lleva su nombre desde 1943. Nada más tomar Madrid con sus tropas, el franquismo demolió el monumento de bronce allí erigido al político liberal Juan Álvarez Mendizábal, suprimiendo la denominación original de este enclave como plaza del Progreso.

La génesis de este espacio urbano se inició precisamente durante la desamortización de bienes eclesiásticos acometida por Mendizábal en 1838. Durante ese proceso fue derribado el convento de la orden mercedaria allí existente. Un siglo después, al inicio de la posguerra, el régimen dictatorial levantó la estatua a Tirso de Molina, monje mercedario y célebre autor del siglo de Oro, rebautizando a la plaza del Progreso con su alias literario.

Situada a tiro de piedra de la Puerta del Sol por un lado y de la plaza de Lavapiés por otro, confluyen en esta encrucijada urbana una decena de calles. Arterias animadas por las que suele discurrir gente joven, que se confunden con camareros, vendedores de flores e inmigrantes africanos recién llegados a Madrid. Su ubicación estratégica ha marcado la existencia de gentes de letras, artistas y músicos en el último cuarto de milenio.

Motivo de inspiración para los compositores, la cantante malagueña Vanesa Martín eligió como broche final de su notable bachata Objetos perdidos una alusión nostálgica a la plaza: “Y un amigo en común me invitó a una fiesta contigo… cuando ya estaba en Tirso, ¿de qué sirve ya?”.

Una estela lírica iniciada por el creador jienense Joaquín Sabina, que como vecino popularizó el actual nombre de la plaza, destilando otra referencia romántica al lugar en Caballos de cartón, en una de cuyas estrofas evoca el itinerario de la línea 1 del Metro: “Tirso de Molina-Sol-Gran Vía-Tribunal, ¿donde queda tu oficina para irte a buscar?”.

Dédalo de calles, enlace natural entre la calle Atocha y el Rastro también eligió aquí morada un bailarín y coreógrafo de Córdoba llamado Joaquín Cortés. Instintivamente o no, la predilección de los creadores andaluces por este entorno tiene ilustres precedentes, ya que sirvió como residencia inicial a los hermanos Gustavo y Valeriano D. Bécquer, poeta y pintor sevillanos cuando se trasladaron a Madrid.

Y aunque no corona una colina, como el Montmartre parisino, la plaza dio refugio a otros literatos y artistas bohemios que vivían en el barrio de Lavapiés, cuyas calles se desparraman ladera abajo hacia la ronda meridional de Madrid. 

Tras los hermanos Bécquer, dos genios de la pintura universal apostaron por buscar alojamiento en los alrededores de esta misma plaza. Joaquín Sorolla Bastida abrió su primer estudio en la capital de España en el número 9 de la plaza del Progreso. Una iniciativa que tomó recién casado con Clotilde, su modelo eterna. Convivieron ambos en un piso-taller de esa finca entre 1889 y 1894. Luego habitarían distintos inmuebles en otras zonas de la capital, con estancias intercaladas en diversas poblaciones españolas y extranjeras.

Si Sorolla y su mujer hubiesen permanecido tres años más en su estudio de la plaza del Progreso, habrían cruzado sus pasos con un vecino adolescente de dieciséis años recién llegado al barrio. Se trataba de Pablo Ruiz Picasso, quien se mudó con pinceles y caballete a unas decenas de metros de la casa de Sorolla, alquilando habitación en la calle San Pedro Mártir número 5 en septiembre de 1897.Otro chaval de doce años de edad llamado José Ysbert Alvarruiz, luego conocido como Pepe Isbert, intérprete genuino de tantos personajes del cine español, vivía por entonces en otro piso del mismo inmueble.

Picasso iniciaba por aquella época sus estudios en la Academia de Bellas Artes, desplegando su creatividad fuera de las aulas con apuntes del natural, que perpetuó con ayuda de pequeños cuadernos. Su maestro en esas lides era José Moreno Carbonero, pintor malagueño y amigo de su padre. (Casualmente, dos óleos de este profesor de Picasso y otra obra de Joaquín Sorolla, que fueron dados por desaparecidos, han sido recuperados por la policía tras su hallazgo e identificación en los almacenes del palacio de Liria, propiedad de la Casa de Alba).

Al alborear el siglo XX, un cantero le grabó de forma espontánea una placa de agradecimiento al desamortizador Mendizábal en la base de su monumento. A esas alturas el café Progreso, situado en el número 1 de la plaza así llamada, constituía lugar de encuentro habitual para intelectuales y artistas. Corriendo el año 1917, vino al mundo la poeta Gloria Fuertes en el número 3 de la cercana calle de La Espada.

Para redondear el cuadro, un empresario llamado Vicente Patuel –cuyo hijo casaría en segundas nupcias con la actriz Carmen Sevilla– puso en marcha en la década de los treinta del siglo pasado el “Teatro Cinema del Progreso” ahora denominado “Nuevo Apolo”.

Con la Segunda República en marcha, el dramaturgo español por excelencia del siglo XX Ramón del Valle-Inclán Peña también se instaló en 1932 junto a su familia en el número 5 de esta plaza. Convecino de Valle era el político Álvaro de Albornoz Liminiana, según he descubierto en el Padrón Municipal de Habitantes de Madrid de 1930.

En su calidad de ministro de Justicia republicano, Albornoz promovió la ley del Divorcio que fue aprobada el 11 de marzo de 1932. Un dato relevante porque la actriz Josefina Blanco Tejerina inició precisamente ese mismo año su separación del dramaturgo gallego. Como asesora jurídica en este proceso judicial actuó la abogada Clara Campoamor, correligionaria política de Albornoz, quien había sido elegida diputada por el Partido Radical en las elecciones a Cortes Constituyentes celebradas en junio de 1931.

Unos años difíciles para la pareja formada por el autor gallego y la protagonista de algunas de sus obras, que se repartirán el cuidado de sus hijos. Valle-Inclán sería nombrado después por la segunda República conservador general del Patrimonio Artístico y más tarde, director de la Academia de España en Roma, regresando desde la capital italiana a Santiago de Compostela, donde murió el el 5 de enero de 1936.

Desconocemos por lo tanto qué habría opinado tres años después el creador del esperpento sobre el derribo del monumento a Mendizábal. Para ello tendríamos que haber viajado de regreso a la plaza del Progreso.

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Raimundo García Paz es periodista e investigador.

El Ayuntamiento de Madrid ha cesado este jueves al director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, cuya destitución solicitaba la oposición municipal desde el 28 de abril de 2025 cuando el coche oficial en el que viajaba atropelló a una menor, según informa EFE. 

Su cargo lo ocupará Antonio Domingo Ayuso, Subdirector General de Coordinación y Planificación en el Ayuntamiento de Madrid, una "persona de casa" que llega para dar un "nuevo impulso" según ha trasladado esta mañana la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, durante la rueda de prensa celebrada tras la Junta de Gobierno donde ha dicho que terminaba una etapa tras un "trabajo extraordinario" de Pablo Enrique Rodríguez. 

El nombre de Rodríguez saltó a la palestra cuando el 28 de abril de 2025, día del apagón, cuando el coche oficial en el que viajaba atropelló a una menor, que provocó el siniestro tras sufrir una caída, según los testimonios de dos testigos y del propio conductor del vehículo. El suceso provocó un enfrentamiento entre la oposición, que pedía el cese del director general, y el Ayuntamiento, que no lo ha hecho hasta ahora.

El hasta ahora director general de la Policía Municipal de Madrid también volvió a estar involucrado en la polémica después de que decenas de opositores al cuerpo hayan quedado fuera del proceso selectivo tras superar el examen teórico y enfrentarse a la prueba psicotécnica y de personalidad, en la que se ha fijado una nota de corte de 8,7, la más alta registrada en las últimas promociones.

Tras darse a conocer el cese de Enrique, desde el PSOE, su concejal Enrique Rico, portavoz del Área de Seguridad, ha sostenido que la "acumulación de escándalos denunciados desde hace tiempo ha provocado una situación insostenible". Afirma que la decisión de la vicealcaldesa de ejecutar el cese llega "tarde y no responde" a una iniciativa propia, sino a la presión política y al temor por su futuro.

Deporte, convivencia y protesta. Las familias del CEIP Amadeo Vives, en el barrio madrileño de Aluche, han convocado para los días 14 y 15 de febrero unas jornadas deportivas y reivindicativas bajo el lema “El patio no se toca”. El objetivo: frenar los planes del Ayuntamiento de Madrid para construir un Centro de Mayores en una de las pistas deportivas que el alumnado utiliza a diario. Un plan sobre el que ya informó infoLibre el pasado mes de noviembre y que el Ayuntamiento está decidido a llevar adelante.

La convocatoria coincide con el Carnaval y se plantea como un fin de semana de puertas abiertas, con actividades deportivas intergeneracionales, actos festivos y una manifestación. Profesorado, alumnado, personal laboral y familias participarán en una iniciativa que busca visibilizar el conflicto y sumar apoyos vecinales.

Desde la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del Amadeo Vives insisten en que no se oponen al Centro de Mayores y de Día, una reivindicación histórica del barrio. De hecho, recuerdan que su ubicación fue aprobada por unanimidad en el Pleno del distrito de Latina —con gobiernos de distinto signo— en la parcela de la calle Camarena, 277.

En ese sentido, el AFA se alinea con la Plataforma de Pensionistas, la Asociación Vecinal de Puerto Chico y la Asociación Vecinal de Aluche (AVA), que también defienden que el equipamiento se construya en el emplazamiento acordado. “Que nadie se lleve a engaños”, subrayan desde la comunidad educativa: el apoyo al centro para mayores es “sin ningún género de duda”, pero rechazan que se levante en el patio del colegio.

El actual proyecto municipal, impulsado por el Gobierno encabezado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, se apoya —según denuncian las familias— en informes técnicos de edificabilidad que no han sido facilitados ni a la dirección del centro ni al resto de la comunidad educativa o vecinal.

Las familias cuestionan además el argumento de que el patio estuviera en desuso y recuerdan que en una parcela colindante se han construido recientemente viviendas sin que la edificabilidad haya sido obstáculo.

La titularidad de los terrenos corresponde al Ayuntamiento, algo que la comunidad educativa no discute. Sin embargo, sostienen que la pista polideportiva fue anexada al colegio a finales de los años 80.

Según la documentación que manejan, en octubre de 1988 el representante municipal informó en Consejo Escolar de que el plan de inversiones de 1989 contemplaba el cerramiento total del centro y el patio “con anexión de terrenos”. Esa inversión se materializó el 24 de agosto de 1989 en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, con una partida de más de 17 millones de pesetas para el acondicionamiento de patios en los colegios Amadeo Vives y Ermita del Santo.

Las familias reclaman ahora que el Consistorio facilite los acuerdos adoptados en su día por el Consejo de Educación y el Pleno municipal, convencidas de que avalan una anexión permanente y no una cesión temporal.

Más allá del debate jurídico, la comunidad educativa alerta de las consecuencias prácticas. Si se pierde la pista deportiva, el centro no alcanzaría los 900 m² mínimos exigidos por la normativa para los espacios destinados a Educación Física en Primaria, según el Decreto 132/2010 y las Normas NIDE del Consejo Superior de Deportes.

Actualmente, el colegio dispone de 849 metros cuadrados distribuidos en dos espacios separados —612 m² de patios de juegos y pista de patinaje y 237 m² de pista de minibasket— que no pueden sumarse al estar físicamente divididos.

De ejecutarse el proyecto, advierten, la actividad deportiva, los recreos diferenciados por edades, las extraescolares y las ligas municipales quedarían seriamente afectadas. También lo harían actividades comunitarias como las fiestas organizadas por el AFA o iniciativas de asociaciones del barrio.

Las familias subrayan que el conflicto no es solo una cuestión de metros cuadrados. Hablan de conciliación, de convivencia y de salud emocional. “Sin espacios para correr, jugar y desahogarse, los conflictos proliferarán fruto del hacinamiento”, alertan.

En un contexto en el que la educación pública madrileña arrastra carencias estructurales y una creciente presión sobre sus infraestructuras, el caso del Amadeo Vives vuelve a situar el foco sobre las prioridades municipales. La comunidad educativa reclama diálogo y una solución que no enfrente derechos —los de la infancia y los de las personas mayores— sino que garantice ambos.

Este fin de semana, el patio del Amadeo Vives será algo más que un espacio deportivo: será el escenario de una reivindicación colectiva en defensa de la escuela pública. Porque, insisten, “el patio no se toca”.

El Pleno del Ayuntamiento ha rechazado, con los votos en contra del PP y Vox y a favor de PSOE y Más Madrid, revocar el título de hijo predilecto de la ciudad de Madrid al cantante Julio Iglesias, porque supondría "desnaturalizar el sentido del reglamento y generar un precedente contra la seguridad jurídica".

Así lo ha afirmado la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, durante su turno de palabra tras la defensa de la iniciativa por parte de Carolina Elías (Más Madrid), quien ha iniciado su intervención con una defensa a las "62.000 personas dadas de alta en el régimen especial de cuidadoras".

"Un sector racializado y feminizado -ha añadido- que las coloca en una situación de vulnerabilidad que es aprovechada por depredadores sexuales para satisfacer sus retorcidos deseos". Y así es el perfil, según Elías, de las personas que "buscaba Iglesias para que trabajaran en su casa": Una mujer joven, sin formación académica y que vivieran en una extrema pobreza para que fuera más fácil el silencio, ha subrayado.

Marta Rivera de la Cruz ha recordado a la concejala de Más Madrid que la justicia española se ha declarado incompetente para juzgar el caso de Iglesias y ha precisado que ninguna de las causas para revocar esta distinción concurren en el caso de la distinción otorgada al cantante español. 

Por lo tanto, proceder a la revocación de la concesión de título de hijo predilecto de Madrid a Julio Iglesias, supondría, según la delegada de Cultura, desnaturalizar el "sentido del reglamento, generar un precedente contra la seguridad jurídica y someter los reconocimientos tradicionales a valoraciones ajenas".

Para Jorge Donaire del PSOE, este "debate exige serenidad, rigor y coherencia institucional" y ha pedido "aclarar" que la Fiscalía ha archivado la denuncia "por falta de competencia al haberse producido los hechos fuera de España, pero no es una resolución sobre el fondo ni una absolución, ni impide que los hechos puedan examinarse en otras instancias o jurisdicciones".

La izquierda había pedido retirar esta distinción después de que dos mujeres que trabajaban con el cantante denunciaran que habían sufrido agresiones sexuales y abuso durante su tiempo como empleadas de Iglesias. Según una investigación publicada por elDiario.es, las dos exempleadas trabajaron para él, en régimen interno, en sus dos mansiones de República Dominicana y Bahamas, donde se produjo el abuso de poder.

Carmen, de 90 años, y sus hijos Agustín y Mari Carmen, de 66 y 56, han perdido la vida la madrugada de este viernes en un incendio de una vivienda en la calle Moreno, en el distrito madrileño de Carabanchel, un suceso aparentemente fortuito que ha conmocionado al vecindario.

La madre y sus dos hijos murieron atrapados por las llamas y el humo en el piso de la anciana, donde los servicios de emergencia encontraron los cuerpos de los dos hermanos abrazados en el baño y el de la nonagenaria en otra habitación.

El suceso ocurrió sobre las dos de la madrugada en un tercer piso de la calle Moreno, muy cerca de la Comisaria de la Policía Nacional de Carabanchel, cuyas ventanas dan a la calle María Lejárraga, desde la que este viernes se veían abiertas para ventilar.

Se trata de un bloque de cuatro alturas en una urbanización construida hace unos 20 años junto a otras cercanas similares, en la que viven más de cien vecinos, según han contado a EFE varios residentes.

En un tercer piso de la escalera número 3 de la urbanización vivían Carmen con su hijo Agustín, que tenía una discapacidad, según aseguran varios vecinos, alguno de los cuales apunta que uno de ellos debía de tener un síndrome tipo Diógenes. Estos extremos no han sido confirmados oficialmente, ya que la investigación está muy inicial todavía.

Mari Carmen vino a pasar unos días de vacaciones en Navidad con su madre y su hermano pero la pasada madrugada se desató el incendio que acabó con la vida de los tres por causas que se investigan, según han confirmado fuentes de la investigación.

Tenían las ventanas cerradas totalmente y una puerta acorazada que a los bomberos les costó abrir, explican varios residentes en la zona, que oyeron ruidos y, al mirar desde sus casas, vieron que eran los bomberos rompiendo los cristales de las ventanas para poder entrar y tratar de salvar a los residentes.

Algunos llegaron a ver las llamas, pero sobre todo vieron mucho humo que afectó a los vecinos del ático que hay encima, quienes tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo.

El fuego ha roto por la fachada posterior y el humo ha afectado también a dos áticos en los que los Bomberos de Madrid tuvieron que rescatar a dos personas, ambas en buen estado.

Vecinos de los tres fallecidos han mostrado este viernes su consternación, por ejemplo Yaiza, residente en el inmueble siniestrado, quien ha explicado a los periodistas que se ha despertado al oír unos golpes muy seguidos y "mucho ruido" de los Bomberos de Madrid, que han actuado de forma "muy rápida" para sofocar las llamas.

Los tres eran "muy queridos" por los vecinos, según Yaiza, quien ha mostrado su deseo de conocer las causas del incendio.

Pablo, vecino de un edificio próximo, ha indicado que sobre las tres de la madrugada le han despertado los policías para decirle que cerrara las ventanas, puesto que duerme con ellas abiertas y, en ese momento, ha visto las llamas, el tendedero que parecía "una bola de fuego" y "muchísimo humo" que afectaba al piso superior.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acudido este viernes al lugar, desde donde ha lamentado este trágico suceso, ha transmitido su cariño a los familiares y allegados de los fallecidos y ha agradecido el trabajo llevado a cabo por los servicios de emergencia y de seguridad que, "una vez más, lo han dado todo" y velan por los ciudadanos.

El delegado ha aprovechado para recordar que los incendios caseros pueden tener terribles consecuencias y ha pedido responsabilidad al usar materiales eléctricos y material pirotécnico.

"Son días en los que todos queremos celebrar, queremos compartir y tenemos que hacerlo siempre con prudencia y responsabilidad", ha sostenido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado sus condolencias en la red social X, donde ha escrito: "Nuestro más sentido pésame y apoyo a los familiares y demás seres queridos de las víctimas de este trágico incendio en la ciudad de Madrid".

Por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha escrito: "Todo mi cariño y condolencias a los familiares y seres queridos de las tres personas fallecidas en el incendio de Carabanchel. Gracias a los servicios de emergencia por su intervención y trabajo".

Los vecinos de Aluche llevan años reclamando un centro de día y un centro de mayores en el barrio. Después de multitud de quejas, escritos a la Junta de Distrito Municipal y manifestaciones, parece que han sido escuchados por parte del ayuntamiento pero con un gran pero, una gran jugada de trilerismo por parte del Ejecutivo de José Luis Martínez Almeida, porque el terreno escogido es el patio de un colegio.

El centro de mayores se construirá, o eso parece, según el presupuesto de 2026 que en su área de Obras destina un millón de euros, en lo que es una primera partida para su ejecución. ¿Dónde reside el problema? En que la parcela que ha elegido el Consistorio para construir este equipamiento es la misma que utiliza como patio el CEIP Amadeo Vives.

En ese patio, conocido por muchos alumnos como 'los campos rojos' por el color de las vallas que cierran el perímetro de la instalación, se imparten las clases de Educación Física, las extraescolares, se juegan las ligas municipales de fútbol y baloncesto y se organizan campamentos de verano y se utiliza como una parte más del patio.

Ahora, el Ayuntamiento de Madrid, reclama esos terrenos, que no pertenecen al colegio pero que el consistorio se los cedió hace casi 40 años cuando se inició la construcción del Centro Cultural Fernando de los Ríos y el CAD de Latina, colindantes al colegio.

Desde la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del Colegio Amadeo Vives no se explican cómo el Ayuntamiento ha elegido precisamente esta parcela, con el perjuicio que supone para el centro cuando unos cientos de metros más arriba, en la calle Camarena 277, hay otro terreno disponible y que desde 1979, esos terrenos siempre han estado reservados para equipamientos sociales y es el que las asociaciones han pedido que sea el elegido para albergar el centro de día y de mayores.

Las familias del colegio han iniciado una recogida de firmas bajo el lema "El Patio no se toca" para tratar de buscar una solución que satisfaga a todas las partes implicadas. Rubén González, portavoz de la AFA, asegura que las familias están muy preocupadas ante la posible desaparición de este espacio, ya que el resto de instalaciones del colegio no tienen capacidad suficiente para albergar todas las actividades que se están desarrollando en ese patio.

La Plataforma Vecinal por el Centro de Día y de Mayores en Camarena 277 también se suma a la AFA y denuncia que "el Ayuntamiento pretende eliminar un espacio deportivo del Colegio Público Amadeo Vives para construir un Centro de Mayores y seguimos exigiendo que se realicen ambos Centros en el espacio público de Camarena 277".

También los grupos de la oposición se han hecho eco de la obra que quiere realizar el Ayuntamiento de Madrid. Pedro Barrero, portavoz del PSOE en el distrito ha pedido "defender que el futuro Centro de Día y de Mayores de Aluche se construya en Camarena 277, tal y como se aprobó durante años, y no a costa de eliminar las pistas del patio", al igual que desde Más Madrid y Podemos animan a firmar la petición 'El Patio no se toca' y a "luchar por un centro adecuado para mayores sin sacrificar espacios infantiles".

Fuentes del Área de Obras y Equipamientos aseguran que se está trabajando para que la obra afecte lo menos posible a esa pista, insistiendo en que no pertenece al colegio. Señalan también que el colegio cuenta con dos patios que acaban de ser reformados por el distrito.

El Gobierno trabaja con la previsión de llevar a finales de diciembre o enero al Congreso la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto. Pero, además de los trámites técnicos, el Ejecutivo quiere poner en primera línea el debate político en todas las instituciones con el fin principalmente de que se retrate el Partido Popular.

El blindaje del derecho al aborto se ha convertido en una de las líneas centrales del Palacio de La Moncloa y del PSOE en un momento de auge de la extrema derecha, que trata, como ha pasado en EEUU, de torpedear esta histórica conquista de las mujeres. Por eso, los socialistas quieren debates en cámaras nacionales, autonómicas y municipales que sirvan para defender su postura y quede clara la postura de cada formación ante los ciudadanos.

En las Cortes Generales, se pone sobre la mesa este miércoles una moción lanzada por el grupo parlamentario socialista para que la Cámara Alta apoye la propuesta de reforma de la Carta Magna del anteproyecto de ley que ha acordado el Ejecutivo de coalición, que ahora se encuentra en fase de estudio por parte del Consejo de Estado. 

El Senado está dominado por mayoría absoluta por el Partido Popular, que quiere evitar mojarse en este asunto y que argumenta que es una cortina de humo del Ejecutivo para tapar los casos de corrupción. Fuentes socialistas, en cambio, subrayan que ha sido el Partido Popular el que ha zarandeado esta cuestión a través del apoyo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a una iniciativa de Vox para obligar a las mujeres que vayan a abortar a recibir información de un supuesto trauma post-aborto, que no tiene ningún tipo de base científica. También ha puesto en primera línea este asunto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al oponerse al registro de objetores mandatado por la actual ley de 2023.

En la exposición de motivos del texto presentado por el PSOE se describe: “Los avances legislativos, impulsados sistemáticamente por gobiernos socialistas, siempre han encontrado la oposición de grupos políticos y sociales conservadores, incluido el Partido Popular (PP). Han pasado cuarenta años desde la primera ley que despenalizó el aborto en España y aún cuesta reconocer la postura del principal partido de la oposición sobre este particular”.

Los socialistas consideran al hilo: “Sabemos que la ley, aunque imprescindible, no es suficiente. A la ola reaccionaria, nacional e internacional, a la que parece haberse subido el PP, se suma la persistencia de barreras que siguen limitando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La objeción de conciencia está regulada por ley, pero con un desarrollo y aplicación muy heterogéneo en las distintas comunidades autónomas. Además, las diferencias territoriales en los itinerarios de acceso y en los métodos disponibles, la insuficiencia de recursos en la sanidad pública y la persistencia del estigma social son algunas de las trabas que continúan condicionando la libertad de las mujeres”.

El texto pide al Gobierno actuar en varias direcciones, empezando por la reforma de la Constitución. También insta al Ejecutivo a articular mecanismos para asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia individual del personal sanitario no suponga un impedimento para el acceso efectivo de las mujeres a dicho derecho. Quiere que se mejore la coordinación con las comunidades autónomas y las universidades y la formación en materia de incorporación de la salud sexual y reproductiva en los planes de estudio de los grados y posgrados universitarios de Medicina y Enfermería.

La moción de los socialistas aboga asimismo por “establecer mecanismos para garantizar, tal y como establece la ley, que ninguna asociación u organización contraria al derecho al aborto pueda recibir ninguna subvención, concierto o convenio destinada a fines de oposición al aborto o desinformación sobre el mismo”.

Pero el PSOE quiere que esas votaciones se extiendan a lo largo y ancho de España en todas las comunidades autónomas. El partido presentará mociones en todos los territorios, según ha acordado el área de Igualdad del partido, liderada por Pilar Bernabé. Esta acción ha sido coordinada junto a dirigentes como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, que han estado en contacto con las responsables del área en cada federación.

Para esas mociones se están utilizando como bases las propuestas que el PSOE de Madrid ha puesto ya a circular en la Asamblea y en los ayuntamientos, al ser el epicentro del freno al aborto con los movimientos de Almeida y Ayuso. Los socialistas madrileños han registrado un texto en todos los municipios, recordando en la propuesta: “En la Comunidad de Madrid no hay formación afectivo sexual en los centros educativos. Los centros de planificación familiar han desaparecido. Es la única región donde no se han financiado con recursos propios la píldora postcoital y métodos anticonceptivos modernos. Y solo el 0,37% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en la sanidad pública durante 2024. A esto se añade que las clínicas privadas autorizadas se ven obligadas a funcionar sin convenio ni contrato, sufriendo constantes retrasos en los pagos por parte de la Consejería de Sanidad. Además, la financiación pública de esta prestación para las mujeres de origen extranjero se ha reducido de forma alarmante”.

En el texto los socialistas instan a cada Pleno de ayuntamiento a “reafirmar la defensa” del aborto como “un derecho reconocido y protegido” e insta a los gobiernos municipales “ a proteger la neutralidad de los servicios públicos municipales, garantizando que no se realicen campañas de desinformación acientíficas como el inexistente ‘síndrome postaborto”. Además, exige a la Puerta del Sol que despliegue “plenamente” la ley vigente.

Por el momento, esa moción se ha debatido solo en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, pero tenía especial importancia porque su alcaldesa, Judith Piquet (PP), es una persona de la máxima confianza de Ayuso y ocupa el cargo también de presidenta de la Federación Madrileña de Municipios. El texto acaba de ser tumbado con los votos de los populares y de Vox. Fuentes socialistas sostienen que “No les ha dolido votar en contra. Lo han hecho de forma torticera y apenas le han dedicado tiempo a hablar en el Pleno. Las mujeres les importan un pimiento”. 

Hay una elección deliberada en la ofensiva antiaborto del PP. Empezó José Luis Martínez Almeida con el falso síndrome postaborto, aunque rectificó antes de que la legalidad le pusiera freno. La ha abierto Isabel Díaz Ayuso en canal autodeclarándose insumisa de un servicio de la cartera sanitaria obligatorio, y de su exclusiva competencia autonómica, bajo el envoltorio ultra de tachar el aborto de “problema”. Ninguna vía habría tenido vuelo si el guante no lo hubiera recogido Alberto Núñez Feijóo. No es cierto que haya mantenido la postura de siempre. Se enredó en su entrevista con Susanna Griso de arranque de semana y no fue capaz de condenar a Madrid por negarse a cumplir la ley.

La promesa de hacer pública la lista de quienes practican abortos es una clara vulneración de privacidad de los médicos. Ni siquiera la de objetores no lo es. Y, si hay una lista, debería pasar por la auditoría de quienes facturan en la privada por lo que se niegan a hacer en la pública. El negocio de las feministas, en palabras de Ayuso, puede resultar siendo el de los antiabortistas. Ese 1% de abortos en centros públicos y 99% derivados a la privada es una anomalía con la que se convive con total naturalidad porque en ninguna comunidad autónoma el ratio es tan desproporcionado. 

En la tensión interna del PP entre liberales y ultracatólicos siempre había ganado el ala liberal. Los liberales conservadores o la imposibilidad de luchar contra los tiempos. El PP recurrió la ley del aborto y tuvo la suerte de que el Tribunal Constitucional la avalara 13 años después. Lo mismo hizo con el matrimonio LGTBi+. Ambos avances son de gobiernos progresistas y ambos derechos, recurridos por el PP en la oposición. Después de dar la batalla cultural, llega la hipocresía de beneficiarse de ellos. Mariano Rajoy, con mayoría absoluta en 2011, los dejó como estaban. Por el camino cayó Alberto Ruiz Gallardón y hubiera caído el siguiente en tocar los matrimonios homosexuales. 

Las nuevas coordenadas del PP en la búsqueda de electores en los caladeros de las nuevas extremas derechas hacían impredecible que se reabriera el derecho al aborto. Pero ojo, porque antes de la llegada de Trump el gobierno de los jueces conservadores en EEUU dio marcha atrás en lo que se creía consolidado. El Supremo de Estados Unidos acabó con las garantías federales de protección del aborto al anular la sentencia sobre el caso Roe contra Wade, el 24 de junio de 2022. Como denuncia Amnistía Internacional, revirtió casi 50 años de salvaguardas fundamentales, dejando la condición de si es legal o no en manos de cada estado. Se prohibió en catorce y en la práctica es inviable en muchos otros. Como siempre, legislan ellos sobre derechos de ellas. Y pagan las de siempre. Las mujeres más vulnerables tienen hoy muchas dificultades para interrumpir su embarazo en Estados Unidos.

En este momento global de corriente ultra, el PP ha elegido inclinar la balanza hacia Abascal. El verano de 2024, Vox rompió con el PP por la reubicación de los menores inmigrantes no acompañados. Feijóo torpedeó la reforma de la ley de extranjería pero arremetió contra el discurso Vox. Un año después, el plan de inmigración recién presentado ha soliviantado a Vox por copiar “frases literales” dichas por ellos. “Le falta dejarse barba”, ironiza Santiago Abascal. 

Creen los populares que España se está derechizando demasiado rápido cuando lo más probable es que se hayan movido a la habitación equivocada. En la lucha de poder entre la derecha y la ultraderecha hay que preguntarse cuántos derechos se van a poner en juego. Eso o ir comprobándolo cada semana. En qué campos de batalla se da esa refriega es un buen indicativo de la agenda de coalición. Esa que el PP se ha comprometido en público a no rubricar.