La penúltima estrategia de la cruzada mercantil contra las pensiones públicas está azuzando el conflicto generacional entre boomers y millennials. El ‘’hit’ más reciente ha sido el libelo titulado La vida cañón. La historia de España a través de los boomers, escrito en ameno estilo periodístico, lenguaje cheli y jerga millennials por Analía Plaza (AP), que selecciona a medio centenar de entrevistados (flagrante error muestral), retorciendo los números y los hechos para confirmar una idea preconcebida: los boomers tenemos la culpa de todo lo que les pasa hoy a los millennials. ¡Qué bárbara!

Soy boomer, claro, y pensionista (la mayoría de esta generación acotada arbitrariamente no se ha jubilado aún), he cotizado, sí, durante 40 años a la Seguridad social (en la base máxima durante 38 de ellos), no he tenido jamás un empleo estable y permanente en una sola empresa (contra lo que AP estereotipa), no tengo un piso en la playa, no me voy de safari a Kenia ni viajo de placer a Vietnam (y me encantaría conocer la Bahía de Ha-Long), tengo una casa pagada, sí (no me la trajeron los Reyes Magos, sino una hipoteca por 25 años al 14,75% de interés, y un préstamo personal al 15,80% para la entrada). Cuando terminé dos licenciaturas en la Universidad Complutense, estuve más de un año sin encontrar un trabajo y desde que firmé mi primer contrato (al que siguieron seis o siete más en otras tantas empresas) no tuve en ningún momento la percepción de empleo vitalicio, como los funcionarios y ‘telefónicos’ en los que AP engloba, en desnortada sinécdoque, a todos los boomers que en España somos. Conclusión: no debo de ser un Búmer Bumérez (el personaje masculino de La vida cañón) o no lo es la mayoría de los cinco millones de boomers que vivimos en este país. Y last but not least, tengo tres hijas millennials, lo que explica que conozca bien a esta generación y sus problemas (la vivienda, el primero) y que no me pueda permitir aquí el lujo de devolver la crítica en modo búmeran. 

Dejemos el anecdotario que distrae la atención de la premisa mayor: cómo nos pagamos los boomers la vidorra que tanto envidia Analía Plaza. Pues con la pensionazas que les han caído a este panda de suertudos. Digamos que este es el core business del libro citado, aunque la imputación entronice a los boomers además como los grandes beneficiarios de todas las fallas y despropósitos del sistema capitalista y de los regímenes políticos que han venido administrándolo en la historia de España de los últimos 70 años.  

La interpretación que hace AP del “sistema de reparto” que consagra nuestra ordenamiento jurídico vigente de la Seguridad social se simplifica con que “la generación de pobres está transfiriendo (parte de su renta) a los ricos a través de sus esquilmadas cotizaciones sociales”. Silogismo falso en todas sus premisas. Como se sabe, ha sido la equidad intergeneracional la que ha inspirado este sistema, frente al de “capitalización”, que habría perjudicado a la inmensa mayoría de ciudadanos en este país, antes y ahora. La gestión de las pensiones públicas ha sido, es y será siempre problemática, aquí y en los demás países avanzados que las disfrutan (yo mismo dudaba hace cuarenta años si tendría una pensión digna cuando llegara mi jubilación). Y siempre se dirá que la financiación del sistema es estructuralmente inviable.  

Hay que advertir contra los falsos amigos (los datos trucados) y las cruzadas que desde siempre son y serán enemigas de las pensiones públicas: l@s abanderad@s de los fondos de pensiones privadas y la propia banca que los acoge. Entre los datos falsos, los del coro de escandalizados con el importe abusivo de las pensiones revalorizadas. Lo cierto es que el importe medio de las pensiones de jubilación en España en septiembre de 2025 es de 1.508€, que baja a 1.313€ si contabilizamos todas las pensiones: incapacidad permanente, viudedad, orfandad,… España ocupa el puesto 14º entre los países europeos por el importe medio de sus pensiones de jubilación (están por delante Islandia, con 2.762 €, y siguen Noruega, Dinamarca, Suiza, Austria, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Finlandia, Italia, Francia, etc.). Más detalles: la pensión media en Andalucía es de 1179€, en Madrid, 1.522€; en Cataluña, 1.366€, en el País Vasco, 1.618€,…. Es la renta el factor crítico.

Si nos referimos al gasto en protección social, en términos de PIB, en la UE-27, España (25,8%) está también por debajo de Francia (34%), Alemania (30%), Italia (29,8%), Países Bajos (27,1%),… 

El problema no son tanto las pensiones ni los pensionistas como los salarios, es la precariedad laboral, es la desigualdad. Se angustian los millennials porque no hay/habrá gente para costear las pensiones hasta que no desaparezcamos los millones de boomers, pero la Seguridad social cuenta ahora con 21,69 millones de afiliados, récord absoluto, tres millones más que en 2017. Y los angustiados dirán “pero con salarios más bajos”. En efecto, los déficits son la renta, la desigualdad, la brecha de género,…como apuntaba muy bien en su informe Selina Bárcena en infoLibre.

Otro falso amigo de las pensiones es el falso ‘coste de oportunidad’ de su encarecimiento sostenido (en los últimos años): aquello de que lo que se destina a subir las pensiones podría ir a otro capítulo de gasto público (por ejemplo, la política de vivienda). (Paréntesis: a mí me decían lo mismo cuando dirigía una empresa pública de radio y televisión). Es falso que pueda haber un coste de oportunidad: primero, porque esos capítulos de gasto proveen derechos esenciales para los ciudadanos y, además, alimentan la demanda agregada de la economía, vía consumo y, por tanto, contribuyen al crecimiento; y, segundo, porque no hay evidencia alguna de que minorar un gasto de esa naturaleza vaya a aumentar en la misma medida otro de distinta finalidad no atendido antes en el Presupuesto público. Y una pregunta más, en la misma línea: ¿por qué duele tanto la subida de las pensiones y no se da hiperestesia alguna con los más de 70.000 millones de euros, agujero del rescate bancario que no nos iba a costar nada, según Rajoy, ni los 34.000 millones que ha costado el ‘banco malo’ (SAREB), que se quedó con los activos tóxicos de los bancos tras las crisis inmobiliaria?   

En cuanto, finalmente, a los ‘cruzados’ enemigos de las pensiones públicas, ahí están los fondos de pensiones privados, hijos del capital financiero global, y la banca que suele hacer de depositaria y que está encantada con los planes de pensiones: tienen muy baja rentabilidad para el titular y son costosos (suelen cobrar un 1,70% del total, décima arriba o abajo, por las comisiones de gestión y depósito). Yo tenía hace treinta años tan ‘poquita fe’ en mi buena pensión futura, como boomer privilegiado, que he venido suscribiendo PPs y ahí estoy aguantando el chaparrón.  

En fin, menos camelos, que el futuro siempre fue y será incierto pero estoy seguro de que mis hijas no serán más pobres ni vivirán peor que yo cuando sean mayores (state of mind de boomer). Es tramposo comparar la riqueza de un boomer actual, que tiene 60 años o más, con un millennial, de 35, como si lo haces con el mismo boomer de hace 30 años. Entonces, hago votos por la generosidad del Espíritu Santo con Analía Plaza en la procura a la mayor brevedad de casa pagada, empleo vitalicio, pensión máxima y creciente patrimonio…. Para que empate ya y pueda entregarse a la vida cañón.

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Rafael Camacho Ordóñez es periodista y consultor.

Sin embargo, existe un rincón oscuro donde este principio parece esfumarse: el de las pensiones. Y lo traigo a colación por la reciente —y traumática— modificación de la disposición transitoria 34 de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), que perjudica a los futuros jubilados que espero sea una más de las aventuras de la actual ministra. No entraré hoy en los detalles técnicos de esa disposición concreta, porque mi reflexión pretende ir más allá, al corazón del problema filosófico y social que subyace.

Cuando un trabajador comienza su vida laboral, no solo firma un contrato con una empresa o la administración; suscribe un pacto social firme con la sociedad. Es un "contrato social" en toda regla. Los términos de ese acuerdo son claros y simples: trabajarás durante determinado tiempo, cederás una parte de tu salario durante décadas al sistema público. A cambio, la sociedad —a través del Estado— te promete que, tras unos años concretos de esfuerzo, podrás retirarte con dignidad, liberando tu puesto para las generaciones venideras.

Sobre la base de ese acuerdo explícito, recogido en las leyes vigentes en cada momento, las personas construyen su vida. Hacen sus previsiones, calculan sus ahorros, ingresos y gastos, valoran el desgaste físico y mental de una profesión, planifican un futuro. El minero, el oficinista, el funcionario el autónomo que empieza a determinados años, sabe —y si no lo sabe está escrito en la ley que acepta en el momento de empezar a trabajar—que tendrá que aguantar hasta los años que sean que en ese momento de firmar el contrato. 

Pero entonces ocurre lo inesperado. Una de las partes del contrato —no la sociedad en su conjunto, sino sus legítimos pero cambiantes representantes políticos— decide unilateralmente reescribir las cláusulas. Y uno, en su ingenuidad, se dice a sí mismo: "Tranquilo, las leyes que me perjudican no tienen efecto retroactivo, eso es sagrado. Solo me beneficiarán las que mejoren mis condiciones futuras". Error.

Porque lo que sucede es que te dicen: "Bien, sé que cuando empezaste a trabajar el contrato estipulaba la jubilación a los 65 años, pero la nueva cláusula dice que será a los 67. Y aunque hayas estado 35 años cumpliendo las reglas que firmaste, te aplicamos las nuevas". Y zas. Se te exigen más años cotizados. Se te retrasa la edad de jubilación. Se te reduce la cuantía. Se te aplican unos coeficientes reductores agresivos. Se ha aplicado una nueva ley a una situación que empezó hace 35 años, modificando las condiciones de un pacto que ya estaba en marcha perjudicando tus previsiones.

Y esto, ¿no es acaso una aplicación retroactiva de la ley que perjudica y restringe derechos individuales? Lo es, pero disfrazada. Se le llama "modulación", "transitoriedad larga" o "adaptación al envejecimiento de la población". Sin embargo, para el ciudadano de a pie el efecto es idéntico al de la retroactividad prohibida que restringe derechos: una ley nueva le exige más a cambio de lo que ya había pagado.

Me sorprende profundamente —y ahí reconozco mi desconocimiento jurídico— que no haya habido recursos masivos y exitosos contra esta aplicación encubierta del principio de retroactividad. ¿Dónde están las demandas por modificación unilateral de contrato? ¿Dónde está el clamor por la expropiación de derechos adquiridos?

Entiendo que el sistema necesita sostenerse. Entiendo que la demografía pone presión. Pero ¿la única forma es romper el “contrato social” firmado con los trabajadores que hicieron sus previsiones con unas determinadas cláusulas? La forma en que se hace es, cuando menos, perversa. Se utiliza la excusa de que "no hay derechos adquiridos a futuro" siendo uno mismo el mismo trabajador que aquel que firmó ese contrato, para dinamitar la confianza en el pacto intergeneracional.

Porque la cuestión de fondo es si el "contrato social" de la jubilación es una apuesta de futuro incierto o un derecho consolidado por el esfuerzo pasado. Si se permite que las reglas cambien constantemente a peor —en las mejoras, y ha habido muchas, no se aplica el principio de irretroactividad que solo actúa en aquellos aspectos perjudiciales— para quienes ya están dentro del juego, ¿qué seguridad jurídica nos queda? Se termina transmitiendo el mensaje de que el principio de irretroactividad es un adorno bonito para los manuales de derecho, pero que, en la práctica, todo contrato con el Estado puede ser reescrito cuando la caja está vacía.

Hay que entender que cuando se rompe esa confianza, el daño es casi irreversible. La sociedad no solo empobrece a sus mayores; deslegitima el propio sistema que los sustenta. Porque si el pacto de la jubilación no es firme, entonces todo el edificio de la contribución social empieza a tambalearse. Y ese, quizás, es el precio más alto que pagamos por esta excepción a la regla.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

La Comisión Europea (CE) publicó en abril el informe periódico Ageing Report 2024 (AR 2024). El periódico El Economista tituló Bruselas destapa el gran agujero de las pensiones en España. La lectura rigurosa de las páginas 270-272 del informe desmiente esta alarmista e interesada advertencia.

Según la Comisión, la población del Estado español aumentará lentamente hasta el año 2050 para después reducirse en 2070 al nivel del año 2022. AR 2024 pronostica una tasa media de crecimiento del PIB del 1,2% anual. La mecánica del interés compuesto provocaría un crecimiento acumulado del 80% para una población estabilizada (gráfica I). De acuerdo con las previsiones de la CE, en 2070 seremos un 80% más ricos, dispondremos de casi el doble de bienes y servicios por persona que en la actualidad. Sólo un economista cuya mente fue formateada al servicio de las finanzas puede no comprender que una sociedad más rica podrá pagar unas pensiones suficientes.

La CE prevé que el porcentaje de personas mayores de 65 años aumente desde el 22% actual (1 de cada 5) hasta el 33% a partir de 2050 (1 de cada 3) (gráfica II). 

En consecuencia, se incrementará el gasto en pensiones: partiendo del 13,1% del PIB, llegará a un máximo del 17,3% en 2050 y descenderá suavemente hasta el 16,7% en 2070.

¿Supondrá este incremento una carga insoportable para las trabajadoras y trabajadores activos? Para verificarlo distribuí el PIB en dos partes: la dedicada al pago de las pensiones de acuerdo con las previsiones de la CE y la que quedaría para la población menor de 65 años. Después, dividí cada una de las partes entre el número de personas en cada cohorte, mayores y menores de 65 años. En la gráfica IV se visualizan los resultados. Quiero reiterar que utilizo las previsiones publicadas por la CE.

Primer resultado: el PIB por persona se multiplica por 1,8 veces; el PIB por persona dedicado a las personas mayores de 65 años aumenta un 50%, se multiplica por 1,5; y el PIB por persona menor de 65 años aumenta un 100%, multiplicándose por 2. Después de pagar mediante impuestos y cotizaciones sociales las pensiones de una población pensionista incrementada, la sociedad de menos de 65 años dispondrá para mantener la capacidad productiva (amortizaciones), incrementarla (inversión) y para el consumo del doble de recursos que en la actualidad.

¿Cuál es el secreto de esta evolución? La OCDE calcula la productividad por hora trabajada en el Estado español en el año 2022 en 53 dólares. La CE estima que se incrementará en un 1,3% anual. Recordemos la potencia del interés compuesto durante un período de 48 años (2022-2070). 

Aceptando las predicciones de la CE, en las próximas décadas descenderá la población ocupada. Sin embargo, el incremento de la productividad por hora trabajada (que casi se doblará), más que compensará ese descenso, permitiendo el aumento del PIB disponible por persona, la mejora de las pensiones y de los ingresos de las personas activas. Hasta aquí el análisis de las previsiones de la CE en el AR 2024. 

En 1964 el físico Peter Higgs teorizó la existencia de una partícula elemental aún desconocida. En 2013 la comunidad científica del CERN confirmó su existencia, el bosón de Higgs o bosón escalar. Un proceso paradigmático de ciencia en acción, de capacidad predictiva y de rigor en la verificación.

En 1994, el Banco Mundial (BM) alertaba sobre los gravísimos problemas de los sistemas de pensiones de reparto debido a que “la proporción de la población mayor en relación con la población total está creciendo rápidamente” y proponía reducir las pensiones públicas para ampliar los sistemas privados de capitalización. Treinta años después los sistemas públicos de pensiones demostraron una extraordinaria fortaleza. El BM, como otros “expertos” carece de la capacidad predictiva de la comunidad científica. Sin embargo, el BM inauguró un nuevo género literario, el de la profecía del colapso de los sistemas públicos de pensiones. Así lo aseguró La Caixa en 1995, y FEDEA y el BBV en 2000. También INVERCO en 2010. En los últimos años, no hay trimestre sin ponencia alarmista convenientemente amplificado en grandes titulares. El Economista se une entusiasmado a esa militancia profética. El objetivo es desmoralizar a los trabajadores y trabajadoras activos para que suscriban un plan privado de capitalización. Así que selecciona un dato, el aumento del porcentaje de población mayor de 65 años, ignorando el conjunto de las previsiones de la CE en AR 2024. Un caso paradigmático de falta de comprensión de un informe, de capacidad predictiva y de rigor científico.

El déficit de la CE y de su AR 2024 es la creencia en el crecimiento indefinido del PIB como solución para todos los problemas económicos, ignorando los límites físicos del planeta. Incorporar esta perspectiva nos llevaría a articular un sistema económico dirigido a la satisfacción de las necesidades básicas de todos y todas reduciendo el impacto de la actividad económica sobre el planeta. En ese modelo el sistema de reparto garantizaría los ingresos de las personas jubiladas, como nunca lo hará un sistema privado de capitalización. Pero, ese no es el punto de vista ni de la CE ni de El Economista.

Sin embargo, si aceptamos el marco establecido por la CE, la conclusión es inequívoca: de acuerdo con sus previsiones impresas en el informe Ageing Report 2024, en las próximas décadas se podrá aumentar el porcentaje del PIB destinado a las pensiones públicas permitiendo que la riqueza disponible para las personas menores de 65 años se duplique.

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Xabier Pérez Davila es economista, miembro del Movemento Galego pola Defensa das Pensións e os Servizos Públicos. Este artículo ha sido publicado en gallego por 'Praza.gal'.

"No odiamos Europa, odiamos la UE", proclamó Nigel Farage, líder ultraderechista inglés y artífice del Brexit, en su último discurso ante el Parlamento Europeo en 2020. Poco después abandonaba la institución que le había empleado durante décadas. Sin embargo, su lucha política por separar al Reino Unido de la UE no se extiende a sus beneficios personales como eurodiputado. Farage se afilió a un plan privado de pensiones voluntario, creado para los parlamentarios europeos en 1989 y financiado principalmente por los contribuyentes de la UE. Cuando se jubile dentro de seis años, la pensión común como eurodiputado de 6.900 euros al mes, podría casi doblarse gracias a lo que cobrará de la pensión complementaria.

La ultraderechista francesa Marine Le Pen, aliada de Farage y contraria a la UE, también está en el fondo. Lo mismo ocurre con otros altos cargos de la UE, como el alto representante para la Política Exterior de la UE, el español Josep Borrell; el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, y la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira. Todos ellos se negaron a hablar sobre este asunto con Investigate Europe, consorcio periodístico europeo que tiene como socio en España a infoLibre.

Ese fondo de pensiones tiene un problema: se encamina hacia una quiebra irreversible. Y la Mesa del Parlamento Europeo está barajando una opción que podría generar un importante escándalo en la opinión pública: rescatarlo total o parcialmente con el Presupuesto del Parlamento, es decir, con el dinero de los contribuyentes. La factura podría ascender a un máximo de 313 millones.

Cuando infoLibre desveló en 2014 que parlamentarios españoles participaban en ese fondo, que está gestionado desde Luxemburgo por una sicav, se generó una importante polémica que obligó a dimitir a Willy Meyer, entonces eurodiputado de Izquierda Unida (IU). Las sicav (sociedades de inversión de capital variable) están en Luxemburgo casi exentas de tributación.

Según las fuentes consultadas por Investigate Europe, 21 eurodiputados actuales son beneficiarios del fondo de pensiones voluntario. Investigate Europe se puso en contacto con los 21 parlamentarios, pero sólo uno de ellos respondió a las preguntas.

Las cifras oficiales presentadas por el fondo al Registro Mercantil de Luxemburgo dan fe de 660 miembros [puedes consultar aquí la lista íntegra]. Pero en una nota de abril del secretario general del Parlamento Europeo, consultada por IE, la cifra que consta es de 914. Y fuentes conocedoras de la situación del fondo indican que la cifra más actual en 908.

El Parlamento Europeo se negó a facilitar los 908 nombres, alegando una cuestión de confidencialidad de datos personales. 

El fondo de pensiones voluntario se creó en 1991 como una sociedad privada de derecho luxemburgués, con la intención de nivelar las pensiones de todos los eurodiputados, algunos de los cuales tenían entonces escasos derechos de pensión ordinaria en virtud de las normativas de sus respectivos Estados. Cuando en 2009 se estableció una pensión común para todos los eurodiputados, el fondo voluntario se cerró a nuevos miembros.

Aunque las intenciones fueran buenas, el fondo privado de pensiones fue desde el principio financieramente insostenible.

"Con una fuerza casi delictiva, se creó un sistema que estaba condenado al fracaso desde el principio", afirma Daniel Freund, eurodiputado alemán de Los Verdes en la comisión de control presupuestario.

Ingeborg Gräßle, conservadora alemana y ex presidenta de la misma comisión, tiene una opinión similar: "Estos pagos de pensiones del fondo extra son una forma de robo realmente escandalosa".

La probable quiebra llega en el peor momento posible para el Parlamento Europeo. Desde el pasado diciembre está inmerso en un gran escándalo de corrupción, en el que se sospecha que Marruecos y Qatar sobornaron a eurodiputados para influir en las decisiones de la UE. La reputación del Parlamento está gravemente dañada, justo un año antes de que se celebren las próximas elecciones europeas.

El pasado 17 de abril, la Mesa del Parlamento europeo, compuesta por 20 diputados de alto rango, celebró una primera ronda de debate sobre cómo cubrir el déficit del fondo, calculado "entre 308 y 313 millones de euros". Según una nota de la reunión, hay tres opciones.

La primera supondría que el Parlamento Europeo se hiciera cargo de todas las obligaciones del fondo de pensiones, un rescate en toda regla con dinero público. La segunda implicaría que los pensionistas fueran los más perjudicados, repartiendo los activos existentes entre los partícipes en un pago único y final. La tercera opción, que la Mesa ha decidido examinar más a fondo, supondría un recorte en el pago de las pensiones, probablemente combinado con un rescate menor.

Si el rescate se pagara con cargo al presupuesto de la UE, la carga recaería en los contribuyentes de toda Europa. Suponiendo un rescate máximo de 313 millones de euros, esto afectaría a los contribuyentes alemanes con aproximadamente 74 millones de euros y a los españoles con 28 millones, aplicando la parte de las contribuciones estatales al presupuesto comunitario de 2023.

Un posible rescate se sumaría al dinero público ya aportado al fondo privado. Por cada euro que aportan los eurodiputados a título individual, el Parlamento paga dos euros de su presupuesto. Entre 1991 y 2009, la contribución del Parlamento sumó unos 118 millones de euros, según una fuente conocedora de los datos. El Defensor del Pueblo Europeo inició a principios de este año una investigación sobre la negativa del Parlamento a confirmar y publicar las cifras.

De hecho, incluso las contribuciones individuales de los eurodiputados al fondo pueden ser cuestionadas. Hasta 2008, se deducían automáticamente de la dieta general del eurodiputado, que es una cantidad mensual a tanto alzado que se supone cubre los gastos de oficina del eurodiputado, no un salario.

Los pagos del fondo no son nada despreciables. La pensión media pagada por el fondo complementario en 2022 fue de 2.206 euros al mes, pero puede ser mucho mayor. Los cálculos de Investigate Europe muestran que los eurodiputados que cotizaron a dicho fondo durante el periodo máximo de 19 años recibirían en 2022 una pensión adicional de 6.800 euros al mes. Combinada con su pensión general de jubilación, de 6.900 euros al mes, supone 13.700 euros mensuales, muy por encima de su salario como parlamentarios.

Normalmente, los europeos reciben en concepto de pensión entre el 60% y el 70%, antes de impuestos.

Los eurodiputados sólo tenían que contribuir al fondo durante cinco años, y más tarde únicamente dos, para recibir una pensión extra de por vida. Los derechos adquiridos eran tan elevados que el total de las cotizaciones de un eurodiputado durante una legislatura se devolvería en cuatro años tras su jubilación. Como la mayoría de los antiguos diputados cobraban una pensión del fondo durante un periodo más largo, el déficit aumentaba de forma natural convirtiendo el fondo en insostenible a largo plazo.

Durante al menos veinte años, el fondo de pensiones voluntarias ha registrado lo que se denomina déficit actuarial, lo que significa que los desembolsos futuros de pensiones estimados han sido superiores a los activos estimados del fondo.

En 2004, la Mesa decidió triplicar las contribuciones al fondo, que de nuevo se pagaron en dos tercios con cargo al Presupuesto de la UE. Esto debería haber resuelto los problemas financieros a largo plazo, afirma una fuente familiarizada con la gestión del fondo.

Sin embargo, desde 2009, los nuevos diputados ya no pudieron adherirse al fondo y estas contribuciones más elevadas sólo se pagaron hasta julio de 2009. Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo decidió que los derechos de los pensionistas debían "mantenerse íntegramente" en el futuro.

"La decisión de detener las cotizaciones pero mantener íntegramente los derechos originales fue irresponsable y el déficit era inevitable", comenta la fuente de Investigate Europe que tiene conocimiento interno de la evolución de los fondos.

La posible quiebra del fondo de pensiones no debería ser una sorpresa. Bart Staes, exdiputado belga que durante veinte años fue miembro de la comisión de control presupuestario, afirma que los riesgos se conocían desde el principio.

"Creo que fue en 2003, cuando era ponente de la aprobación de la gestión presupuestaria, cuando descubrí los problemas del fondo", explica. "Así que empezamos a plantear preguntas, al secretario general, a la Mesa, y votamos una resolución, varias veces en realidad, en la que decíamos que los contribuyentes no debían ser responsables del déficit. Años después, vimos cómo el déficit era cada vez mayor".

Una coalición multipartidista de eurodiputados de la comisión, entre ellos Bart Staes de Los Verdes y la conservadora Ingeborg Gräßle, criticó cómo se gestionaba el fondo.

"No hubo política partidista en esto, todos creíamos que era inaceptable y que, en última instancia, los contribuyentes no debían pagar por ello. Conseguimos que el Pleno se diera cuenta de los problemas. Pero nunca conseguimos que la dirección del Parlamento nos escuchara", critica Staes.

El exdiputado belga sostiene que hubo una ligera presión por parte de la administración del Parlamento sobre los nuevos eurodiputados para que se unieran al fondo. Cree que algunos se sumaron sin pensarlo bien y que otros simplemente fueron codiciosos: "Ya tienen unos buenos ingresos y una buena pensión, que es mayor que la que tiene el ciudadano medio", recalca Staes.

Cuando se conoció el déficit y el fondo recibió críticas públicas, algunos eurodiputados lo abandonaron.

En varias ocasiones, los eurodiputados han manifestado su rechazo formal a utilizar el presupuesto del Parlamento Europeo para rescatar el fondo. Desde 2011, en una resolución adoptada en sesión plenaria, la Eurocámara "considera que este déficit no debe pagarse con el dinero de los contribuyentes, sino con el del propio Fondo". Esta posición fue reiterada en resoluciones adoptadas por el pleno en múltiples ocasiones, la última en 2016.

Cuando se creó el fondo de pensiones privado voluntario, no estaba claro desde el principio quién asumía el riesgo de sus inversiones: ¿los contribuyentes de la UE o los propios partícipes? El Tribunal de Cuentas Europeo y la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento presionaron repetidamente a la Mesa para que definiera el pasivo en caso de déficit futuro.

No fue hasta 2009 cuando la Mesa decidió que el Parlamento Europeo garantizaría de hecho los futuros pagos "una vez agotado el [dinero del] fondo de pensiones".

Entre los 20 miembros de la Mesa que participaron en la votación, 15 eran o habían sido en algún momento beneficiarios del fondo. Nadie se abstuvo por conflicto de intereses, según el acta de aquella reunión.

Sólo un miembro de la Mesa se opuso: el eurodiputado liberal holandés Jan Mulder, que no era beneficiario. Mulder también era miembro de la comisión de control presupuestario y, junto con Ingeborg Gräßle y Bart Staes, formaba el trío de principales críticos con el fondo.

Las próximas decisiones sobre cómo resolver definitivamente el déficit del fondo antes de su quiebra serán tomadas de nuevo por la Mesa. Entre los 20 miembros, tres siguen siendo beneficiarios del fondo, según una lista interna de 2022: Dimitrios Papadimoulis, eurodiputado de la izquierda radical griega; Roberts Zile, eurodiputado nacional-conservador letón, y Othmar Karas, conservador austriaco. Zile y Karas, que declinaron hacer comentarios, también forman parte del consejo de administración del fondo privado de pensiones.

El eurodiputado verde Daniel Freund considera inaceptable esta situación. Los tres eurodiputados están "en un enorme conflicto de intereses, cuando ayudan a decidir si el fondo recibirá aún más dinero de los impuestos", denuncia. "La decencia exigiría que abandonaran este fondo inmediatamente".

En cuanto a Papadimoulis, al ser preguntado por los periodistas, anunció su intención de abandonar el fondo: "A la luz de las decisiones que debe tomar sobre este asunto la Mesa del Parlamento europeo, quiero dejar absolutamente claro que no haré uso de los derechos de jubilación que me otorga este fondo".

La cuestión urgente para la Mesa es determinar si el Parlamento Europeo está legalmente obligado a cumplir las promesas hechas a los exdiputados. Así lo sostienen las propias normas del Parlamento. Pero la jurisprudencia reciente de la UE mantiene lo contrario.

La Mesa ya ha modificado en dos ocasiones las condiciones del fondo de pensiones para aumentar su sostenibilidad. En 2009, la edad de jubilación se elevó de 60 a 63 años y se cerró la opción de jubilación anticipada. Nueve años después, la edad de jubilación se elevó de nuevo a 65 años y se introdujo una tasa del 5% sobre las pensiones.

Ambas decisiones fueron recurridas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por algunos de sus beneficiarios. En ambas ocasiones, los demandantes perdieron. La Mesa podía, y puede, modificar las condiciones de pago de esas pensiones complementarias, según el Tribunal de la UE.

En los próximos meses, la Mesa tendrá que decidir si utiliza o no más dinero de los contribuyentes para rescatar las pensiones de lujo de los Farage, Le Pen, Borrell y compañía. Si decide no hacerlo, lo más probable es que un recorte de las pensiones lleve de nuevo el asunto al Tribunal de la UE.

España es el segundo país con más beneficiados por el fondo de pensiones gestionado desde Luxemburgo. De los 660 miembros identificados, 98 son españoles. Sólo Reino Unido, precisamente el país del Brexit, que ya no forma parte de la UE, cuyos diputados adquirieron el derecho antes de la salida, supera a España en número: 140. Por detrás quedan países como Francia (91), Italia (77) y Alemania (15).

A sus 64 años, Kim se describe a sí mismo como un "abogado jubilado", aunque no ha dejado de trabajar. Tres días a la semana vende vino en una tienda de la acomodada zona de Blackheath, al sureste de Londres. "Me jubilé a los 60, pero caí en una depresión porque mis días estaban vacíos", dice. Hace unos seis meses entró en la tienda a comprar una botella y salió con un trabajo a tiempo parcial. "Trabajo 25 horas a la semana, y el horario es muy flexible", dice, satisfecho. No se ve retirándose definitivamente. Tiene previsto trabajar más allá de la edad actual de jubilación, 66 años.

Pero Kim ya se ha retirado oficialmente. Al menos en parte, a los 60 años, cuando dejó su bufete de abogados. Esto se debe a que el Reino Unido tiene un sistema de pensiones dual, diseñado para compensar una pensión pública que "no es muy generosa en comparación con las del continente", afirma Jonathan Cribb, Director de Pensiones del Instituto de Estudios Financieros (IFS).

En 2020, la edad de jubilación pública completa pasó de 65 a 66 años y debe pasar a 67 entre 2026 y 2028. Estaba previsto que pasara a 68 entre 2044 y 2046, pero el Gobierno estudia adelantarlo a 2035, para sanear las finanzas públicas.

Aunque el tabloide Daily Mail lo calificó de "bombazo", la discusión, que podría llegar a su punto álgido cuando se vote el presupuesto en marzo, no ha escandalizado a los británicos. “No creo que debamos oponernos a aumentar la edad de jubilación", afirma Steve, de 45 años y profesor de psicología. “De lo contrario, será la próxima generación la que pague por nosotros. O bien, no tendríamos que vivir tanto.”

“Siempre me lo he esperado", dice Esther, de 25 años. “Sé que trabajaré más años que mis padres y mis abuelos. No sé hasta qué edad, pero eso no es lo que más me preocupa y no me parece una prioridad. Lo que me gustaría ver es más acción por parte del gobierno para ayudar con el coste de la vida o mejorar el sistema sanitario".

Victoria, de 35 años, directora de un centro cultural en el norte de Londres, cree que retrasar la edad de jubilación "beneficiará sobre todo a los más pudientes, a los que pueden permitirse retirarse del trabajo cuando quieran y, por tanto, elegir por sí mismos la edad a la que quieren dejar de trabajar".

Aquí es donde entra en juego el segundo sistema británico, la pensión de capitalización. "La mayor parte del ahorro que los trabajadores reservan para su jubilación es fruto de decisiones individuales, o pasa por fondos de pensiones creados por la empresa", explica Jonathan Cribb.

Todas las empresas del Reino Unido están obligadas a establecer un plan de pensiones (workplace pension) para sus empleados. Las cotizaciones mínimas son del 3 % del salario a cargo del empresario y del 5 % a cargo del trabajador. Esta pensión laboral puede abonarse a partir de los 55 años.

Esa es la elección de Kim, el comerciante de vinos. Lleva cuatro años ganando unas 1.500 libras (1.690 euros) al mes. Podrá jubilarse y cobrar una pensión pública en dos años, cuando cumpla los 66, pero tal vez no lo haga. “Seguir trabajando tiene ventajas fiscales", afirma Jonathan Cribb, "y hay que pagar menos cotizaciones.”

Según Stuart Lewis, presidente de Rest Less, una organización para personas mayores que quieren seguir trabajando, 1,5 millones de personas mayores de 65 años están actualmente empleadas o buscando trabajo en el Reino Unido, "el 40% de las cuales no tiene más remedio que seguir trabajando". Según la OCDE, el 12,8% de los mayores de 65 años tienen ingresos dos veces más bajos que la renta media; en Francia, el porcentaje es del 4%.

Esto se debe a que "las personas más pobres suelen tener problemas de salud que les impiden trabajar más tiempo", afirma Jonathan Cribb. Por tanto, no han podido cotizar tanto para sus pensiones de jubilación. Y la pensión pública no es lo bastante generosa para vivir cómodamente.

La cuantía de la pensión estatal es la misma para todo el mundo: 185,15 libras semanales (menos de 850 euros al mes) y 203,85 libras a partir de abril (unos 900 euros al mes), al inicio del nuevo ejercicio fiscal británico. La cuantía cambia cada año gracias al "triple bloqueo de la pensión", que consiste en aumentarla según el más ventajoso de tres criterios: un incremento del 2,5%, un aumento del nivel de inflación o un aumento de la renta media.

Los británicos saben que la pensión pública no suele ser suficiente para vivir decentemente. “En aquel momento no tenía por qué hacerlo, pero decidí cotizar para el plan de pensiones de mi empresa, y me alegro de haberlo hecho", dice Stuart, de 86 años. “En total, recibo el equivalente a 1.580 euros al mes”. Stuart es propietario de su piso y considera que puede vivir cómodamente con sus dos pensiones, la pública y la de jubilación. "Pero soy cuidadoso con mis gastos", dice.

Esa pensión pública, que es baja y no está calculada en base a los ingresos de toda la vida, no se cuestiona en el Reino Unido. “Es un sistema que se considera que beneficia a los más pobres", afirma Jonathan Cribb. “El Gobierno no gasta dinero en las pensiones de los más ricos en función de sus elevados ingresos.”

Desde que el Gobierno aprobó a toda prisa su reforma de 2011, que elevaba la edad de jubilación de 65 a 66 años, a pesar de una jornada de huelga seguida por dos millones de funcionarios, las pensiones rara vez suscitan mucho debate. El Gobierno propuso una reforma del sistema privado de pensiones el pasado 30 de enero, pero esta propuesta ha pasado aún más desapercibida que los debates sobre el retraso de la edad de jubilación a los 68 años. "La gente no entiende los distintos sistemas de pensiones", afirma David Blake, presidente del Instituto de Pensiones de la Bayes Business School de Londres.

La pensión pública tiene el mérito de ser sencilla. Las pensiones de empresa son múltiples y complejas. Stuart se siente afortunado porque la pensión de su empresa es "generosa". Estos fondos de pensiones han cambiado mucho en los últimos veinte años. En detrimento de los trabajadores.

Stuart se beneficiaba de un sistema llamado de defined benefit: cotizaba todos los meses y su empresa le prometía una mensualidad fija para el resto de su vida. En este sistema, todos los riesgos corren a cargo del empresario. El problema es que estos fondos de pensiones empezaron hace veinte años a registrar un déficit regular.

"Cuando había muchos más trabajadores cotizantes que pensionistas, el sistema funcionaba", explica David Blake. Pero en los años 90, la esperanza de vida dio un salto que los contables especializados, los actuarios de seguros, no habían previsto. Algunos fondos quebraron, dejando a los empleados con una pensión mermada.

Se pusieron en marcha sistemas para hacer frente a la emergencia; por ejemplo, el organismo regulador de pensiones británico estableció un sistema de compensación mínima. Pero el sistema ha cambiado: ahora los cotizantes saben cuánto pagan cada mes, pero no cuánto cobrarán cuando se jubilen. El importe varía en función de las vicisitudes de los mercados, y el dinero se invierte en fondos financieros, por defecto o a elección de los trabajadores. 

Por lo tanto, es necesario tener ciertos conocimientos sobre los productos financieros y su nivel de riesgo para tomar una decisión con conocimiento de causa. “La mayoría de los trabajadores no están suficientemente informados sobre su funcionamiento ni sobre el sistema financiero", lamenta David Blake, “por lo que no obtienen todos los beneficios posibles.” Una vez más, quienes están acostumbrados a gestionar el dinero, a menudo los más ricos, están en mejores condiciones de hacer crecer sus inversiones.

Pero sobre todo, añade David Blake, los trabajadores no estaban suficientemente interesados en el sistema por lo que las empresas han pasado sin dramatismo de un funcionamiento que beneficiaba al trabajador a otro que beneficia al empresario.

Kim, a pesar de ser uno de esos trabajadores que vive decentemente, ha visto su pensión de jubilación "muy mermada" desde la crisis provocada por el Covid, pero también por las recientes decisiones políticas del gobierno que han sembrado el pánico en los mercados. Por ahora, Kim no está preocupado. Sigue percibiendo una pensión mensual, que él mismo ha fijado en 1.500 £. Pero sabe que dispone de una cantidad máxima de dinero, el importe de sus cotizaciones, que está sujeta a los vaivenes de los mercados.

"Estoy pensando en comprar una renta vitalicia", dice. Es otro mecanismo que añade más complejidad: para evitar transvasar todo el dinero disponible y quedarse sin la pensión de empresa si vive más de lo previsto, puede comprar una renta a una compañía de seguros.

"Le ingresas toda tu pensión privada y se compromete a pagarte una cantidad fija cada mes hasta que fallezcas", explica David Blake. En este caso, la aseguradora calcula la esperanza de vida del cliente para determinar el importe de la mensualidad. También es posible cobrar toda la pensión de jubilación de una sola vez, pero sólo el 25% del importe está exento de impuestos y existe el riesgo de gastarlo todo demasiado rápido.

Kim es muy consciente de esas opciones, pero no todos los trabajadores lo son. Cuando las personas se jubilan, el gobierno ofrece consultar con un servicio especializado. Pero las decisiones más ventajosas son las que se toman a lo largo de la vida laboral. “No es necesariamente un sistema justo", admite David Blake. “Pero no vivimos en un mundo en el que la estabilidad económica nos permita tener una visión a largo plazo. No existe un sistema sencillo que sea solvente.”

Traducción de Miguel López

Los planes de pensiones obtuvieron una rentabilidad negativa del 9,7% en 2022 debido a las "notables correcciones acontecidas en los mercados durante el año", conforme a los últimos datos publicados por la patronal Inverco, según informa Europa Press. A largo plazo, la rentabilidad permanece positiva: a 26 años, se sitúa en el 2,8% para el total de planes, y en el medio plazo, a 10 y 15 años, presentan una rentabilidad del 2,7% y 1,9%, respectivamente.

El año pasado fue complicado para estos productos, que registraron una disminución del 32% en el volumen de aportaciones brutas al sistema individual debido a la reducción del límite de aportación a 1.500 euros al año. Así, estas se situaron en 1.709 millones, 830 millones menos que en 2021.

Este descenso en aportaciones brutas se suma al experimentado en 2021, que concluyó con 1.774 millones de euros menos de aportación que en 2020. No obstante, ese ahorro no se habría trasladado a los planes de empleo, que registró unas aportaciones de 1.145 millones de euros, 78 millones menos que en 2021.

El volumen de los activos en planes de pensiones a cierre de diciembre era de 115.641 millones de euros, 1.117 millones más respecto al trimestre anterior, lo que equivale al 1% más. En el conjunto del año, este registra un descenso de 12.412 millones, el 9,7% menos que en diciembre de 2021.

En concreto, el sistema individual cerró el año con 80.234 millones bajo gestión, el 1,2% más respecto a septiembre, mientras que los planes de empleo alcanzaron un volumen de activos de 34.628 millones, el 0,5% más respecto a septiembre.

El número de cuentas se ha situado en 9.372.648 a diciembre de 2022, si bien el número de partícipes estimado se sitúa en torno a ocho millones, al existir partícipes con más de un plan.

Los temidos hombres de negro de Bruselas responden en realidad a una etiqueta mucho menos sugerente: son la task force –grupo de trabajo– Recover y la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea. Desde que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro los bautizó utilizando a los agentes que vigilan a alienígenas camuflados entre terrestres, ha transcurrido una década y la economía ya está sufriendo una nueva crisis. Este lunes ha regresado a España la misión de Bruselas, en su tercera visita desde octubre de 2021, para vigilar los avances del Plan de Recuperación y Resiliencia. Hasta el miércoles volverán a entrevistarse con ministros, agentes sociales y expertos, con el foco puesto en la segunda fase de la reforma de las pensiones, pero también en el impacto de la reforma laboral.

Los hombres de negro, además, no son tales, pues de los tres enviados de Bruselas dos son mujeres: la francesa Céline Gauer, directora general del grupo de trabajo Recover, y la española María Teresa Fábregas, directora de Recover. Aunque el más conocido es Declan Costello, irlandés y jefe del equipo que vigiló como un sabueso el rescate a Grecia. Gauer lleva trabajando en la Comisión Europea desde hace casi 30 años y desde 2020 dirige el grupo de trabajo Recover, que depende directamente de la presidenta Ursula von der Leyen. Teresa Fábregas también es veterana en la Comisión –desde 1997– y pasó al grupo de trabajo en agosto de 2020. Costello es el director adjunto de la mencionada Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros.

Este mismo lunes por la tarde se reunieron con “funcionarios del Ministerio de Seguridad Social”, según precisó el titular del departamento, José Luis Escrivá, en rueda de prensa por la mañana. El objeto de la cita, “evaluar los hitos” correspondientes al segundo trimestre de este año a los que el Gobierno se comprometió en el Plan de Recuperación y Resiliencia. En concreto, dijo, la reforma del sistema de cotización de los autónomos y las pensiones de los planes de empleo. También se entrevistarán con representantes del Ministerio de Asuntos Económicos.

A preguntas de los periodistas, Escrivá negó que Bruselas haya cuestionado la sostenibilidad del sistema de pensiones español. Al contrario, su evaluación de las reformas relacionadas con componente 30 del Plan ha sido “siempre muy positiva”. “Lo que ha hecho la Comisión es recordar que faltan algunos hitos, dos o tres este trimestre, y que hará una evaluación final cuando se termine el año. Y en eso no puedo estar más de acuerdo. Pero no nos está reprochando nada, nos recuerda lo que nos hemos comprometido a hacer”, explicó.

Sin embargo, el propio ministro había asegurado en una entrevista en el diario El País este verano que la Comisión Europea dudaba de que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aprobado en la primera parte de la reforma de las pensiones, vaya a ser tan eficaz a la hora de contener el gasto público en pensiones como lo era el Factor de Sostenibilidad al que pretende sustituir. Bruselas, desveló, prefiere un mecanismo automático, mientras que el MEI es sólo “semiautomático”: debe revisarse, y quizá recalibrarse, en 2032.

Aunque no se refirió a ello Escrivá, el equipo de Bruselas también se interesará por la segunda parte de la reforma de las pensiones, que debe incluir la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones y el aumento de las bases máximas de cotización y de las pensiones máximas. Al menos así lo esperan patronal y sindicatos, con los que también se reunirán los hombres de negro. Por la CEOE, este martes acudirá la responsable de su departamento de Laboral, Rosa Santos. “Serán reuniones cortas”, adelantan fuentes sindicales. El miércoles se verán con UGT y CCOO. Con sus equipos técnicos. Y les preguntarán por el impacto de las reformas aprobadas hasta el momento. No sólo sobre la Seguridad Social, también por los efectos de la reforma laboral, aseguran las fuentes. La negociación con los agentes sociales de segunda fase de la reforma de las pensiones no ha hecho más que empezar. Se ha limitado a una reunión y el ministerio aún no ha entregado ninguna propuesta por escrito.

En esas conversaciones, los altos funcionarios de Bruselas se encontrarán con el rechazo de la patronal a cualquier medida que amenace la sostenibilidad del sistema público de pensiones y que obvie los acuerdos del Pacto de Toledo, explican fuentes de la CEOE. Esa fue también su respuesta, y la de los sindicatos, al secretario de Estado de Seguridad Social el lunes de la semana pasada cuando éste les planteó una ampliación “suave” del periodo de cálculo de la pensión, que ahora se sitúa en 25 años. José Luis Escrivá siempre ha recalcado que no se extenderá “de ninguna manera” a 35 años. Aunque al mismo tiempo relaciona la medida con la posibilidad de rellenar lagunas de cotización y desechar los peores años de retribuciones. Y recalca que el cambio será “neutro” y no afectará a la recaudación de la Seguridad Social.

Tampoco la CEOE ve con buenos ojos el MEI, “que no es más que una sobrecarga de cotizaciones, una derrama”. El MEI consiste en una cotización adicional del 0,6% en las nóminas de los trabajadores, entre 2023 y 2032, que alimentará el Fondo de Reserva de la Seguridad Social –la conocida como hucha de las pensiones– y debería funcionar como “válvula de seguridad” del sistema en el caso de que el gasto en pensiones se desvíe a partir de 2033 y hasta 2050. Los sindicatos no se oponen a que la aplicación del MEI, diseñado como una herramienta “contingente y temporal”, se extienda hasta 2050, según ha apuntado el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

En la tercera visita de esta segunda crisis, la misión de Bruselas se dejará ver en un acto público. Tres de sus miembros participarán en otras tantas mesas de debate el próximo miércoles organizadas por la representación en España de la Comisión Europea. El “primer evento anual sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” será inaugurado por la vicepresidenta Nadia Calviño y por el letón Valdis Dombrovkskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea. Cada uno de los altos funcionarios de la UE participarán en una mesa distinta. En la primera, con Céline Gauer, debatirán Joan Groizard, director general del Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio de Transición Ecológica; el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, José María González Moya, y la vicepresidenta de la Federación de Municipios y Provincias y alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón.

En la segunda, junto a Declan Costello se sentarán la directora del Departamento Laboral de la CEOE, Rosa Santos; Luis Aribayos, secretario general de Cepyme, y los responsables de los gabinetes económicos de CCOO, Carlos Martín Urriza, y de UGT, Luis Pérez Capitán.

En la tercera, a María Teresa Fábregas la acompañarán la secretaria general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, Mercedes Caballero; los consejeros de Hacienda de Galicia, Miguel Corgos, y de Navarra, Elma Saiz, así como María Ángeles Martín Prats, profesora de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Sevilla.

El objeto de los debates es simple: hacer balance del primer año de implementación del Plan de Recuperación y debatir las oportunidades que la lluvia de millones europeos brinda a España.

Estas visitas y evaluaciones, que son técnicas y exhaustivas, sirven para liberar los sucesivos pagos de los fondos de recuperación. Superado el primer examen, en octubre de 2021, España recibió 10.000 millones de euros en diciembre. Tras la segunda, en febrero, se transfirieron 12.000 millones de euros en julio, Sumados a los 9.036 millones de euros de prefinanciación, el total percibido se eleva a 31.000 millones hasta el momento. El siguiente desembolso, pendiente de que se aprueben los hitos del primer semestre de este año, asciende a 6.000 millones de euros.

Pese a esa presión, estas visitas guardan una diferencia sustancial con las que pusieron en el foco de la atención –y el recelo– pública a los primeros hombres de negro. Los que controlaron con guante de hierro el rescate a Grecia y examinaban la gestión del Gobierno tras el rescate a la banca española en 2012 y mientras se imponían las políticas de austeridad. Entonces el motor que impulsaba las medidas europeas era el recorte del gasto público. Tras la pandemia, en cambio, Bruselas ha aprobado un fondo de ayudas milmillonario para proteger a la economía y a los ciudadanos impulsando la transición ecológica y digital, al tiempo que ha suspendido las reglas de control de gasto.

Si bien el desembolso de ese dinero está supeditado a la aprobación de las reformas comprometidas, y la Comisión verificará con lupa que las ayudas consigan el efecto previsto, los controles no tienen mucho que ver con el rigor con que se escudriñó tanto al Gobierno griego como al español una década atrás. Además, los hombres de negro de Bruselas venían acompañados de otros colegas del FMI y el BCE, la odiada Troika. Entonces el escrutinio duraba semanas. Ahora la visita se reduce a tres días y, el último, sus protagonistas debatirán en público con autoridades y representantes de la sociedad civil.

Representantes del movimiento Otoño Caliente, apoyado por más de 70 colectivos, se han manifestado este sábado en Madrid contra el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la reforma de las pensiones, que el jueves pasado superó su primer examen en el Pleno del Congreso tras rechazarse la enmienda de totalidad planteada por el PP.

Durante el debate parlamentario, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presentó su reforma como una reforma "no de partido ni de Gobierno", sino "una reforma de país", que nace del acuerdo parlamentario del Pacto de Toledo y también con el consenso de los principales sindicatos, patronales y organizaciones de autónomos, "tras una década sin consenso".

La marcha de este sábado tiene como objetivo mostrar su "absoluto rechazo al intento de privatizar" el sistema de pensiones, "en contra del Pacto de Toledo y de la reforma del ministro Escrivá", y para exigir una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social.

El portavoz de comunicación de Otoño Caliente, Leopoldo Pelayo, en declaraciones a Europa Press, ha calificado al ministro Escrivá de "representante de los poderes económicos", que "pretende llevar a cabo una reforma de pensiones sin contar con los trabajadores y con los pensionistas". "Están negociando con la mesa social y los 10 millones de pensionistas no nos sentimos representados. Una mesa social que la lleva Escrivá y los sindicatos de CCOO y UGT, que negocian los planes privativos de empresa, unos sistemas de capitalización, que rechazamos porque defendemos un sistema público actual", ha añadido.

Además, ha criticado que los servicios públicos se están "desmantelando y privatizando", poniendo de ejemplo otros ámbitos como el de sanidad o educación. La marcha ha comenzado en la Puerta de Atocha, para avanzar por el paseo del Prado hasta la plaza de Neptuno, y de ahí encaminarse hasta la plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha abogado por desplegar una prestación por crianza de 100 euros al mes para familias vulnerables y por reducir la jornada laboral, dado que existen cuidados que las personas prefieren encargar a su familia en lugar de delegarlos. "Solo vamos a poder cuidar más y mejor si reducimos la jornada laboral" ha defendido Belarra para recalcar que es una "idea absolutamente imprescindible", dado que el concepto de jornada laboral de 40 horas semanales cumple "102 años", concebido para un varón que trabajaba fuera de casa mientras la mujer se ocupaba del conjunto de cuidados.

Por tanto, y en una sociedad en la que cada vez más mujeres se incorporan al mercado laboral, a su juicio, "no se puede aceptar como sostenible a nivel económico y social" la jornada de ocho horas diarias. "Necesitamos que las mujeres y los hombres trabajen menos horas para dedicar el resto del tiempo cuidar más y cuidar mejor", ha ahondado. Así lo ha manifestado Belarra en el marco de la ponencia Democracia feminista: Economía de los cuidados, sostenibilidad de la vida y garantía de los derechos sociales, en el marco de los cursos de verano organizados por la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial.

La ministra ha querido aclarar que esa reducción de jornada tendría que hacerse sin perder poder adquisitivo y ha dejado claro que "trabajar menos en el empleo asalariado no significa no trabajar, sino dedicar tiempo de la vida a otras cosas". "A mí me parece fundamental para corresponsabilizarnos en los cuidados, si padres y madres trabajan seis horas en lugar de ocho, las posibilidades de cuidar a sus bebés y a su hijos son mucho mayores", ha reivindicado para citar que un informe de la New Economics Foundation británica ya plantea que la jornada laboral debe estar entre 20 y 25 horas.

Sistema Estatal de Cuidados

Además, la ministra ha defendido construir un Sistema Estatal de Cuidados que "saque los cuidados del ámbito privado y los lleve a lo público" para que todas las personas tengan "una vida digna". "Necesitamos un Sistema Estatal de Cuidados que asegure que todo el mundo tiene una vida en las mejores condiciones posibles. Un Sistema Estatal de Cuidados que tiene que sostenerse sobre los cuidados de larga duración", ha subrayado la ministra.

Según ha precisado, a través de los fondos europeos, están proponiendo "que se transforme de modelo residencial" y pasar a un modelo de "atención domiciliaria".

Igualmente, la ministra apuesta por los cuidados en la primera edad, a través de la extensión de "una red de escuelas públicas infantiles" y también mediante el programa Corresponsables impulsado por Igualdad, "para que el Estado se corresponsabilice del cuidado de los menores de 14 años cuando no están en las escuelas".

"Nos equivocaríamos si apostamos únicamente por que nuestro país se recupere, necesitamos que se reconstruya sobre las bases de la justicia social, sobre la sostenibilidad y haga la imprescindible transición feminista y social que nos va a permitir salir de esta crisis más fuertes, con un país más justo y la gente pueda disfrutar de un buena vida", ha detallado.

La espita del gas la abrió la Autoridad Fiscal Independiente, Airef, con un informe publicado en julio. El mechero lo prendió luego la Comisión del Pacto de Toledo a finales de octubre, en su recomendación número 16 de las 22 en total formuladas sobre los fondos de pensiones. Al referirse a planes de pensiones privados, se incluía la recomendación de que "la gestión de estos mecanismos debe ser más transparente de lo que ha sido hasta ahora, de manera que los costes de administración por las entidades promotoras no comporten rendimientos negativos para los ahorradores".

En otras palabras, la nueva guía del Pacto de Toledo, que este jueves 19 de noviembre fue aprobado en el Congreso con la abstención de Vox, ERC y Bildu y el voto en contra de dos diputados de las CUP, propone fomentar los planes de pensiones de empresa que tan bien funcionan en País Vasco y dejar de bonificar los planes de pensiones privados. De hecho, las pensiones públicas aportan más rentabilidad que el 95% de planes privados, según un estudio reciente del Banco de España.

¿Tienen planes de pensiones los principales líderes políticos del país, tanto en el Gobierno como en la oposición? En el país hay ocho millones de planes privados aproximadamente. Y 2,5 millones de planes de empresa, la mayoría pertenecientes al personal funcionario (el mayor de todos se llama Gestión de Previsión y Pensiones, GPP, controlado por BBVA y participada por CCOO y UGT) excepto en Euskadi, donde cuenta con un plan de empresa la mitad de los trabajadores en activo, casi medio millón de socios. 

En el Gobierno hay al menos ocho miembros con uno o más planes de pensiones individuales, ninguno de Unidas Podemos. Y todavía no se conoce la declaración de bienes de seis de ellos: Carolina Darias, Arancha González Laya, José Manuel Rodríguez Uribes, Salvador Illa, José Luis Escrivá o Manuel Castells (este último por Unidas Podemos). Ninguno de los seis se presentó como diputado en las listas para las últimas elecciones generales, por lo que, según explican desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública -encargado de publicar las declaraciones de bienes del Ejecutivo-, las posesiones inmobiliarias y ahorros de los seis ministros se publicarán en el primer trimestre del año que viene, tal como marca la ley. Escrivá reconoció un patrimonio en 2014 superior a 2 millones de euros como presidente de Airef, cargo en el que estuvo hasta enero pasado.

Celaá y Duque, los mayores patrimonios

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez tiene un plan de pensiones privado de 104.091,73 euros en la última declaración publicada. Su predecesor, Mariano Rajoy, también poseía uno de estos productos financieros. José Luis Rodríguez Zapatero no; o no al menos cuando dejó la Presidencia del Ejecutivo, a finales de 2011. 

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, posee dos planes de pensiones privados con ahorros de 100.000 euros sumando ambos: uno con el Banco Santander con 84.474 euros y otro en Nationale Nederlanden con 18.342 euros, según la declaración publicada en diciembre de 2019.

El titular de Transportes y responsable de Organización del PSOE José Luis Ábalos gestiona un plan individual por valor de 30.000 euros. Su homólogo de Justicia, Juan Carlos Campo, cuenta con otro plan de pensiones privado con ahorros de 111.201 euros. 

La ministra de Defensa Margarita Robles posee un plan con 87.793 euros. Robles también gestiona una cuenta de inversión de 385.000 euros -se trata de una cuenta de valores que permite invertir en bolsa a través de acciones o bonos-.

Ni Abascal ni Casado tienen

Es conocido que la ministra de Educación, Isabel Celaá, es una de las diputadas y miembros del Gobierno con mayor patrimonio. En su declaración constan 2,5 millones de euros en dividendos de acciones cotizadas en Bolsa. Igualmente, tiene un plan de pensiones privado dotado de 107. 421 euros y medio millón de euros invertido en fondos de inversión y acciones. 

La responsable de Industria, la vallisoletana Reyes Maroto, tenía a finales de 2019 un plan de pensiones con de 43.327 euros. Y Pedro Duque -otro de los ministros con mayor patrimonio- tiene como mínimo 69.000 euros en un plan de pensiones. También un millón de euros en productos y activos financieros

Solo tres portavoces, entre ellas la presidenta del Congreso y de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja Meritxell Batet, tienen planes individuales de pensiones. Batet posee uno con 24.151,68 euros. Iván Espinosa de los Monteros (Vox) otro con 63.757 euros; finalmente, Cuca Gamarra, portavoz del PP desde agosto cuando Cayetana Álvarez de Toledo fue destituida polémicamente, tiene un plan con 48.745 euros. Ni Pablo Casado ni Santiago Abascal cuentan con planes de pensiones privados, de acuerdo con la última declaración de bienes de ambos. 

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, propuso este jueves en el Congreso impulsar los planes de empresa como una de las medidas para conseguir un sistema público de pensiones sostenible y suficiente. Ese impulso, dijo, debe ser fiscal. Ahora este tipo de planes de pensiones tiene las mismas ventajas a la hora de tributar que los planes individuales: una reducción del 30% de los rendimientos netos del trabajo hasta un tope de 8.000 euros. Pero muchos analistas critican que estos incentivos fiscales benefician más a quienes tienen rentas más altas, que son también quienes pueden ahorrar más. De acuerdo con los cálculos que incluye en su libro ¿Cobraremos la pensión? el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri, mientras que más de la mitad de la población sólo consigue deducirse unos 300 euros en el IRPF por sus planes de pensiones, los más ricos logran un ahorro fiscal superior a los 4.000 euros.

La idea de Escrivá es “trasladar progresivamente” los beneficios fiscales de los planes individuales a los que se construyen en los convenios colectivos de empresas y sectores. Tal y como consta en la memoria de beneficios fiscales de 2018, Hacienda dejó de recaudar 770,88 millones de euros ese año por las reducciones de las que se beneficiaron 2,73 millones de contribuyentes.

Según expuso el ministro, los planes de empresa están “estancados” respecto a los individuales, a pesar de que los primeros son más rentables y sus comisiones –que se comen la rentabilidad de los segundos–, menores. Los datos de Inverco, la patronal de los fondos de pensiones, lo corroboran. A 31 de diciembre de 2019, el patrimonio de los planes colectivos ascendía a 35.710,1 millones de euros, menos de la mitad de los 79.849,8 millones de los planes individuales. Es más, no sólo están menos desarrollados, sino que su volumen anual ha crecido la mitad –5,6%– que el de los individuales –10,5%–. Los planes de pensiones asociados, aquéllos que sostienen asociaciones, sindicatos y organizaciones, medran mucho menos aún, un 3,6% el último año.

Si se miden las prestaciones que cobransus partícipes, resulta que han caído un 22,1% sólo el último año, siete veces más que los planes individuales –un 3,16%–. Tampoco lucen mejor las aportaciones a los planes de empresa, cuya cuantía se redujo en 2019 un 2,16% respecto al ejercicio anterior, mientras que las aportaciones a los individuales aumentaron un 11,2%. Para hacerse una idea de las diferencias entre ambos tipos de previsión social complementaria, basta decir que en España el número de personas con un plan de pensiones individual alcanza los 7,51 millones, mientras que quienes tienen suscrito un plan a través de su empresa no llegan ni a los dos millones: 1,98 millones de trabajadores. Con planes asociados, sólo hay 55.460 personas, un 11% menos que el año anterior. “Los planes de empleo llevan sin registrar más aportaciones que prestaciones desde 2010, lo que demuestra que, por ahora, no están funcionando”, lamentó este jueves el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama.

Un negocio en manos de las grandes entidades financieras

A su juicio, este tipo de esquemas colectivos deberían ser “obligatorios o semiobligatorios”, a imitación de lo que ocurre en Suecia, Suiza, Países Bajos o Reino Unido. Actualmente, subrayó, los planes de empresa apenas cubren al 10% de los trabajadores españoles.

También es cierto que, sin embargo, la rentabilidad de los planes de empresa es muy superior a la de los individuales. Según las cifras de Inverco, la rentabilidad de los segundos es del 3,21% a 26 años, por un 4,64% la de los primeros. A medio plazo, cinco y 10 años, la rentabilidad de los planes de empresa se eleva al 2,83% y al 3,98%, respectivamente, mientras que la de los individuales se queda en el 1,88% y el 2,84%.

Los planes de pensiones sustentados en convenios colectivos son gestionados por las mismas entidades privadas que los individuales. Los cinco mayores gestores de fondos de empresa en España por su patrimonio son Caixabank, BBVA, Ibercaja, Fonditel Fonditely Bankia. Copan casi el 78% de los 35.710,1 millones de activos. Sólo Caixabank administra 248 planes y el 26,77% del patrimonio que suman estos planes –9.560,6 millones de euros–. BBVA gestiona aún más, 344, pero con un patrimonio menor –8.405,8 millones–. Fonditel es la gestora de planes de pensiones y fondos de inversión de Telefónica, que controla un 70%, mientras que el 30% restante se lo reparten CCOO y UGT a partes iguales. Otro tanto ocurre en Gestión de Previsión y Pensiones (GPP), del BBVA en un 60%, con los dos grandes sindicatos sumando el 40% restante. GPP tiene a su cargo el plan de pensiones de los funcionarios de la Administración del Estado. Fonditel, además del plan para la plantilla de Telefónica, se encarga de los de Microsoft, Hewlett-Packard, Morgan Stanley o Procter & Gamble.

Un escollo: los bajos salarios

“La misión del ministro son las pensiones públicas, el sistema privado es complementario y primarlo o no tiene que ver con las políticas fiscales”, respondió este viernes el secretario general de UGT, Pepe Fernández, a la propuesta de José Luis Escrivá la víspera. No obstante, aplaudió que se eliminen las bonificaciones fiscales a los planes individuales de pensiones, “teniendo en cuenta que quien se aprovecha de esa fiscalidad no son los trabajadores con un nivel medio de poder adquisitivo, sino personas con uno altísimo”.

La reacción de José Manuel Inchausti, consejero delegado de Mapfre, la sexta mayor gestora de planes privados, con 5.129 millones de euros de patrimonio –de los que 759,9 millones son planes de empresa–, fue más negativa. Si bien consideró “una muy buena noticia” que el Gobierno quiera incentivar los planes de empresa, también criticó que se vaya a hacer “a costa de los individuales”. “No entendemos qué tiene que ver fomentar una cosa con quitarle fuerza a la otra, son dos pilares completamente complementarios: cuanto mayor ahorro privado en España, mejor”, aseguró tras presentar la estrategia de Mapfre para este año, informa Europa Press.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha defendido en diferentes ocasiones el impulso de los planes de pensiones de empleo, “siempre que no cuestionen la viabilidad del sistema público o aspiren a sustituirlo, y no supongan un coste fiscal al conjunto del país”. Pero al tiempo advierte de un obstáculo añadido en un modelo que casi los ha convertido en un artículo de lujo limitado a las grandes empresas: los bajos salarios. “En un país donde el sueldo más habitual está en 16.000 euros anuales, es casi imposible plantearlo [los planes de pensiones empresa] en la negociación colectiva [para las empresas más pequeñas]. Porque si tengo un salario de 900-930 euros, o de 1.000-1.100 euros netos, y estoy cotizando a la Seguridad Social, que me está generando un derecho de pensión, es casi imposible que acceda a que un 1,5% de mi masa salarial, aunque la empresa aporte otro 1,5%, vaya a nutrir un fondo de pensiones de empleo”, detalló en una entrevista al periódico digital 65yMÁS el pasado mes de julio.

Una de las recomendaciones incluidas en el último borrador de acuerdo de Pacto de Toledo –que decayó en febrero de 2019 y no llegó a materializarse– instaba al Gobierno a “fomentar los planes de pensiones de empresa vinculados a organismos sin ánimo de lucro, sin descartar incentivos fiscales”. En esa recomendación se apoya ahora el Ministerio de Seguridad Social para que sindicatos y empresarios se presten a incluirlos en la negociación de los convenios colectivos.

Los ciudadanos ya se han acostumbrado a las intermitentes alertas lanzadas desde organismos internacionales, grupos de presión y gabinetes de expertos sobre los peligros que acechan a las pensiones públicas. En el punto de mira sitúan sobre todo a los sistemas llamados de reparto, como el español, el francés o el alemán. El envejecimiento de la población, la crisis del empleo y los salarios, y los déficits públicos amenazan tanto su sostenibilidad como la suficiencia de las prestaciones que conceden.

Pero no son los únicos en riesgo. El BCE lleva tiempo advirtiendo de que los tipos de interés en mínimos históricos están llevando a los fondos de pensiones a aumentar las inversiones de riesgo para sostener unos retornos que cada vez son menores. Según la patronal Inverco, los planes de pensiones de renta variable han ofrecido una rentabilidad media anual ponderada de sólo el 1,1% en los últimos 20 años, tras descontar los gastos y comisiones. La de todos los planes apenas sube un poco más, al 2,07%.

El BCE calcula en un 36% el peso que alcanza ya la deuda en negativo en los fondos de pensiones. Si se produce una corrección de precios en el mercado, advierte, las pérdidas las asumirán los ahorradores. Y ese riesgo vale lo mismo para los planes privados que para los de empresa, mucho más extendidos en la Unión Europea que en España, o para cualquier sistema que capitalice las cotizaciones de los trabajadores para su jubilación. Es uno de los “efectos secundarios” de la política monetaria seguida por el BCE en los últimos años por los que tanto Christine Lagarde como Luis de Guindos han expresado recientemente su “preocupación”.

Más lejos ha ido el Grupo de los 30, un think tank con sede en Washington que reúne, entre otros, a los ex secretarios del Tesoro de EEUU Timothy Geithner y Larry Summers, así como a responsables de bancos centrales aún en activo, financieros y economistas. El G30 cifra en 1,1 billones de dólares –0,98 billones de euros– el déficit de financiación que sufre en estos momentos el conjunto de los sistemas de pensiones, públicos y privados, de 21 de los principales países del mundo, desde Estados Unidos hasta España pasando por Japón, Suecia o Reino Unido y Alemania. Según sus cálculos, si no se pone ningún remedio, ese agujero se multiplicará hasta los 15,8 billones en 2050.

De forma que el G30 sugiere todo un abanico de medidas para solventar el problema, desde aumentar la edad de jubilación y reducir los costes de gestión de los planes de pensiones hasta crear programas que garanticen un retorno mínimo por las aportaciones realizadas durante la vida laboral. Estos expertos reconocen que en la actualidad los ahorros para la jubilación de los ciudadanos son “rehenes de la coyuntura de los mercados”.

Modélicos, pero no tanto

Países Bajos presumía hasta ahora de disfrutar de un sistema de pensiones modélico. Está basado en tres pilares: una pensión básica estatal igual al salario mínimo, un plan privado obligatorio establecido en cada convenio colectivo y un plan privado individual y voluntario. Permite a los holandeses jubilarse con pensiones equivalentes al 80% de su salario y constituye un potente sector con 1,6 billones de euros en activos. Pero los bajos tipos de interés impiden ahora a los fondos de pensiones y aseguradoras generar rendimientos suficientes para pagar las prestaciones prometidas, por lo que algunos de ellos ya han anunciado que tendrán que recortarlas a partir del próximo año. El Banco Central de los Países Bajos calcula que una caída del 1% en los tipos se traduce en un descenso del 12% en la ratio de coberturaratio entre activos y pasivos de los fondos de pensiones holandeses. Por debajo de una ratio del 90%, los recortes en las pensiones, asegura, serán inevitables. Y el pasado septiembre estaba en el 91%. Según publica Financial Times, la Federación de Pensiones de los Países Bajos, que integra a 197 fondos, calcula que las aportaciones de los trabajadores tendrían que aumentarse hasta en un 30% los próximos años para evitar el colapso.

De momento, casi dos millones de jubilados –el 90% de los holandeses cuenta con un plan de pensiones que le ofrece su empresa– pueden sufrir recortes en su pensión a partir de 2020. Así que en los Países Bajos también llevan meses manifestándose los pensionistas en defensa de sus retribuciones.

En Suecia, que cuenta con un sistema muy elogiado por los expertos partidarios de los mecanismos de capitalización, la Finansinspektionen (FI), la autoridad financiera del país advirtió recientemente de la pérdida de “resiliencia a largo plazo” de sus pensiones como consecuencia de la caída de los tipos de interés. “Un periodo prolongado de tipos bajos puede producir problemas de solvencia y, en el peor escenario, las entidades tendrán dificultades para cumplir sus compromisos futuros de pensiones”, alerta. El sistema sueco suma 485.000 millones de euros en activos.

En Japón la alarma ha sido mucho mayor. El pasado junio un informe de la Agencia de Servicios Financieros cifró en 185.000 dólares –166.000 euros– la cantidad que una pareja media de jubilados necesita para vivir durante 30 años, sin contar con la pensión. Con un salario medio de 35.200 euros al año, los japoneses se ven abocados a no poder vivir dignamente tras retirarse. Sobre todo si se tiene en cuenta que las pensiones de quienes contaban con una educación superior han sufrido ya un descenso del 38% en su cuantía respecto a 20 años atrás. En Japón, todos los trabajadores están obligados a inscribirse en el Plan Nacional de Pensiones y a abonar sus correspondientes cuotas. Además, un 15% de las empresas disponen de sus propios planes de pensiones.

Con una población de casi 127 millones de personas, y una de las esperanzas de vida más altas del planeta, el sistema público de pensiones japonés es el mayor del mundo, con unos activos valorados en 1,5 billones de dólares –1,35 billones de euros–. Los bajos tipos de interés, sin embargo, le han hecho perder un 18% de su valor. Así que el Gobierno ha subido el IVA dos puntos, hasta el 10%, para sostener el sistema, además de permitirle aumentar el porcentaje de deuda extranjera –más rentable que los bonos nipones– en su cartera, que tiene limitado por ley.

Profesores en California y Reino Unido

En Estados Unidos, los fondos amenazados por los bajos tipos son los sostenidos por los Estados y los ayuntamientos, pero también algunos corporativos, como el del gigante General Electric. Es lo que le ha ocurrido al fondo de los profesores estatales de California, CalSTRS, el segundo mayor de los fondos públicos de Estados Unidos tras el de los funcionarios de este mismo estado (CalPERS). El fondo de los profesores tiene un agujero de 100.000 millones de dólares. Para cubrir ese déficit de financiación, las aportaciones de los trabajadores casi se han duplicado desde 2014: del 18% del salario al 35% previsto para 2021. De acuerdo con las cifras publicadas por el Santa Cruz Sentinel, la pensión media que cobra un profesor jubilado en California asciende a 73.920 dólares anuales, aunque unos 15.600 superaban los 100.000 dólares en 2018.

En General Electric las pensiones de su plan de empresa ya han sido congeladas. Es el segundo mayor de Estados Unidos tras el de IBM –que las congeló ya en 2008–: 92.000 millones de dólares. El plan ya no admite nuevos empleados y los actuales no devengarán pensiones futuras. Un total de 20.000 empleados se han visto afectados. Además, la multinacional ha ofrecido a 100.000 de sus trabajadores que hagan efectiva ya su pensión en un solo pago. Con estas medidas pretende reducir el actual déficit de su plan entre 5.000 y 8.000 millones de dólares hasta 2022. Su agujero, no obstante, es muy superior, 22.400 millones de dólares, según Financial Times.

Estados Unidos también comparte con la Unión Europea unos tipos de interés bajo mínimos y la respuesta a los problemas de solvencia de sus enormes planes de pensiones es la misma: subir las aportaciones de los empleados, recortar las prestaciones e invertir en activos con mayor riesgo, como acciones, hedge funds, o activos inmobiliarios.

Otro país con movilizaciones por culpa de unas pensiones amenazadas es el Reino Unido. Los profesores universitarios se han declarado en huelga y echado a la calle. Ya lo hicieron en febrero de 2018. Entonces, en protesta por que les querían cambiar el sistema, de uno de prestación definida a otro de aportación definida. En noviembre de 2019, el detonante fue el anuncio de una subida de las aportaciones hasta el 9,6% del salario, mientras que los sueldos reales han caído un 17% desde 2009. De forma que, según los cálculos de UCU, el sindicato de los profesores universitarios, éstos pagan ahora 40.000 libras –47.000 euros– más en aportaciones, pero el plan, conocido como Universities Superannuation Scheme (USS), abona en prestaciones 240.000 libras menos por culpa de los sucesivos cambios aplicados desde 2011 para mantener la sostenibilidad del sistema. El agujero del USS, que es el mayor de este tipo en el Reino Unido con unos activos de 72.000 millones de libras, alcanza los 6.600 millones. Los gestores del plan culpan de la abultada cifra –el doble de la anunciada en marzo de 2018– a la “reciente volatilidad de los mercados financieros”.

Las protestas en Chile, donde el sistema de capitalización sólo permite pensiones raquíticas por debajo del salario mínimo –358 euros al mes–, han forzado al Gobierno a aprobar una subida del 50% en las prestaciones más bajas –116 euros– para los mayores de 80 años, del 30% para los mayores de 75 y de un 25% para quienes no lleguen a esa edad.

Tensiones en las pensiones públicas

En Alemania, con un sistema en las antípodas del chileno, no ha hecho falta protestar en la calle. Los dos partidos en el Gobierno, CDU y SPD, han pactado un aumento de las pensiones mínimas del 10%. Claro que la pensión media de los jubilados alemanes es de 1.124 euros al mes. Aunque el 48% no llega a 800 euros. De hecho, hasta un 17% de los pensionistas están en riesgo de pobreza, según el Instituto Alemán para la Investigación Económica. Y el 8%, además, tiene que trabajar, normalmente con un minijob –450 euros al mes–, para llegar a fin de mes. En 2000, eran sólo el 3%.

Mientras, en Francia han perdido fuerza las protestas contra la reforma de las pensiones planeada por Emmanuel Macron, que se prolongaron durante meses. Ampliar a los 64 años la edad para conseguir la pensión completa de jubilación y la desaparición de los 42 regímenes especiales, la propuesta inicial del Gobierno, puso a los sindicatos en pie de guerra. Pese a que el Ejecutivo pretende garantizar una pensión mínima de 1.000 euros y ha anunciado que no aplicará la reforma a los nacidos antes de 1975, el “sistema universal” que busca Macron no ha convencido a casi nadie. En Francia, el gasto público en pensiones equivale a un 14,9% del PIB, casi 2,5 puntos más que en España.

El movimiento de pensionistas vive una grave disputa interna en Andalucía. Aunque las partes enfrentadas declaran su voluntad de concilio, ahora mismo la división es patente y no se adivinan puntos de encuentro, dado lo enconado del conflicto, según ha comprobado infoLibre a través de documentos y distintas versiones. Por un lado, está la Coordinadora Andaluza por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, que cuenta con el apoyo y el reconocimiento de la coordinadora estatal Coespe, la organización matriz de referencia a nivel español. Por otro, está el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (Madpp), que ha sido objeto de dos duras resoluciones de la coordinadora estatal. Ahora mismo, el Madpp está excluido de Coespe. A un total de 14 de sus miembros se les ha retirado desde octubre cualquier representación o portavocía en la coordinadora estatal, acusados de desempeñarla ilegítimamente.

La crisis afecta a la que es la segunda comunidad autónoma con mayor número de pensiones, más de 1,5 millones, sólo por detrás de Cataluña, con 1,74 millones, según datos de la Seguridad Social. El movimiento de pensionistas se encuentra ahora ante el desafío de exigir mejoras al recién constituido Gobierno. Todas las partes coinciden en que las disputas internas restan capacidad reivindicativa.

En el fondo late, además de unas relaciones personales más que mejorables entre algunos de los pensionistas con mayor relieve, un conflicto sobre cuál debe ser la naturaleza del movimiento. Destacados miembros del Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas consideran que la coordinadora estatal en general, y su representación en Andalucía en particular, están formalizando en demasía la organización, asemejándola a un sindicato o un partido político. Es más, hay recelos por lo que consideran una excesiva influencia de militantes de IU, el PCE y CCOO.

Han llegado a circular incluso mensajes anónimos en grupos de whatsapp identificando con nombres y apellidos a militantes de estas organizaciones con responsabilidades en la coordinadora andaluza, lo que ha causado enorme revuelo en los círculos de pensionistas. En dichos mensajes se los acusa de "traicionar" al movimiento y de querer "controlarlo". Un grupo de tres militantes del PCE e IU, que consideran al Madpp responsable de los mensajes, han decidido responder en una carta, también distribuida entre grupos de pensionistas, y titulada elocuentemente: “Carta al grupo de la 'policía política' instalado en el Madpp”. Los firmantes, entre los que está Antonio Rodrigo Torrijos, histórico de la izquierda sevillana que fue primer teniente de alcalde de la capital andaluza con IU (2007-2011), denuncian una “campaña brutalmente descalificadora, que nos recuerda a las que ya sufrimos muchos en tiempos de la dictadura”. Antonio Rodrigo Torrijos y los otros dos signatarios –Cristóbal Ráez y Rosario García, también militantes del PCE y de IU– lamentan que se “denuncie la ideología y militancia política y sindical” de diversos miembros de las comisiones de trabajo, hasta un total de once, elegidos en la asamblea de la coordinadora andaluza celebrada en Antequera (Málaga) el 30 de noviembre.

"Nos consideramos partícipes del movimiento de pensiones, seguiremos aportando en él, no abdicaremos nunca de nuestras ideas y trayectorias, de las que nos enorgullecemos, respetaremos los acuerdos que por mayoría se acuerden y continuaremos trabajando por la unidad", señala la carta. La misiva es sobre todo una respuesta a un documento anónimo, que ha circulado desde después de dicha asamblea del 30 de noviembre, en el que se identifican con nombres y apellidos once “cargos del sindicato CCOO y del PCE”, así como personas afines a miembros de estas organizaciones. El documento, del que nadie se hace responsable, señala incluso vínculos familiares entre responsables de la coordinadora y cargos de IU.

El Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas, algunos de cuyos responsables se muestran críticos con la influencia de IU y el PCE en el movimiento, niega no obstante ser autor como organización de dicho documento, que ha causado malestar no sólo en militantes de la izquierda, sino en pensionistas sin vinculación con partido alguno que rechazan los argumentos ad hominem y creen que supone trasladar una línea roja.

Una crisis larvada

La crisis viene larvándose desde 2018, cuando el Madpp se dota de una estructura de portavoces y representantes que, según la coordinadora estatal, carece de legitimidad para ello. El conflicto se agrava con varios episodios. Es un miembro del Madpp, José Gil, el que asiste a una reunión con el grupo parlamentario del PSOE, en vez de los portavoces reconocidos por la coordinadora estatal. Se producen además reuniones con cargos oficiales al margen de la representación estatal de Coespe, lo cual va caldeando el ambiente. 

Todo ello está detallado en una resolución de 27 de octubre de 2019 de la comisión de garantías y conflictos de la coordinadora estatal Coespe. Dicha resolución, que hace referencia a faltas de respeto y desconsideración a miembros de la coordinadora, se centra en los problemas surgidos durante la concentración celebrada el 16 de octubre de 2019 en Madrid. La coordinadora estatal entiende que la actitud del Madpp, al realizar convocatorias por su cuenta, puso “en serio peligro” el éxito de la reivindicación. La resolución de la coordinadora estatal señala que los cuatro firmantes de la solicitud de autorización de la marcha alternativa del Madpp recibieron correos electrónicos y llamadas para que la suspendieran, sin éxito. Ese es el punto de inflexión, el momento en que se quiebra la confianza, señala un miembro de la coordinadora.

Finalmente la jornada reivindicativa del 16 de octubre obtuvo notable repercusión. Las tensiones internas, que incluyeron insultos y forcejeos –según varios asistentes–, pasaron desapercibidas. Pero la brecha se había agrandado.

La resolución de la coordinadora estatal de 27 de octubre del año pasado invalidó toda la estructura del Madpp y excluyó de “cualquier función presente y futura” de coordinación, representación y portavocía a cuatro integrantes de dicho movimiento. También quedó invalidada la convocatoria de la asamblea del Madpp, así como la petición de Medalla de Oro de Andalucía para la llamada “Columna de Rota”, una iniciativa del Madpp que no cuenta con el respaldo de la coordinadora estatal. "El movimiento pensionista no necesita medallas estéticas otorgadas por la derecha", señala la resolución, dura en sus términos. El desencuentro era ya total.

Dos organizaciones en disputa

El 30 de noviembre, la coordinadora estatal celebró una asamblea en Antequera en la que nombró a sus propios portavoces en Andalucía, dejando totalmente fuera al Madpp. Era un intento de marcar el terreno. Asistieron 64 personas, de un total de 30 plataformas, según el acta de la reunión.

Pero el Madpp ha seguido moviéndose. Celebró una reunión el 14 de diciembre, también en Antequera –centro geográfico aproximado de Andalucía, de gran carga simbólica como corazón de la comunidad–. Jesús Gil, uno de sus miembros más destacados, afirma que cuentan con el apoyo de 30 organizaciones. La coordinadora estatal las cifra en diez. Siete de ellas pertenecen formalmente a Coespe, por lo que la coordinadora estatal las insta a elegir una matriz. El plazo para dar respuesta termina el 1 de febrero. Estas organizaciones están en una encrucijada. 

Tensión creciente

La división del movimiento ya es innegable. Y la crisis aún ha dado lugar a una segunda resolución, en este caso de 7 de enero, de la comisión de garantías y conflictos de Coespe. Dicha resolución denuncia la reacción de miembros de la Madpp al anterior expediente –el de octubre–, incluyendo insultos, difamaciones y correos “incendiarios” que tratan de “desprestigiar” a la coordinadora. El texto hace referencia a otro episodio de tensión, que tuvo lugar durante la concentración celebrada ante el Parlamento andaluz el 16 de diciembre. Según la coordinadora, hubo “malas maneras”, “insultos” y “empujones” de miembros del Madpp para anteponerse a los miembros de la coordinadora estatal y entrevistarse con los grupos políticos andaluces.

Coespe, en su resolución de 7 de enero, añade diez nombres más del Madpp a los cuatro a los que ya había privado de representación y portavocía, sumando un total de 14. Son precisamente las personas que el Madpp había tratado de erigir en representantes del movimiento en Andalucía.

La coordinadora estatal considera que, con sus actuaciones, el Madpp se ha “autoexcluido” de Coespe. “No se puede estar en la Coespe e intentar su destrucción desde otros grupos externos”, llega a afirmar la resolución.

La versión del Madpp

Federico Noriega, portavoz del Madpp, afirma que las 14 personas a los que se les ha retirado la representatividad “siguen colaborando” con esta organización, aunque ya no en calidad de portavoces porque esta responsabilidad es “rotatoria”. A juicio de Noriega, lo ocurrido el 16 de octubre en Madrid es la “excusa” utilizada para la exclusión del Madpp. “Queríamos un recorrido en el que se visualizase Andalucía, sin más. Había una columna de marchistas desde Andalucía, otra desde el norte... No había problema”, señala.

Noriega considera que el problema es de fondo y que la diferencia es sustancial. “Hay una discrepancia importante sobre cómo tiene que ser el movimiento. Para ellos [Coespe] debe estar muy formalizado, con vida orgánica, portavoces, representantes... Incluso una comisión de garantías, que nos parece una monstruosidad. Nosotros no queremos competir con partidos, ni con sindicatos”, señala Noriega. El portavoz afirma su respeto por la gente que “se identifica con IU y el PCE”, pero cree que defienden un modelo “burocratizado” que “no ha aprendido nada del 15M”.

Noriega quiere que al movimiento se pueda acercar gente que haya votado “al PP o a Podemos”, siempre y cuando esté de acuerdo con sus reivindicaciones. El portavoz del Madpp, que recuerda que hay compañeras excluidas por la coordinadora estatal que tienen trayectoria en CCOO, explica que su organización celebrará este mismo viernes una reunión en Córdoba en la que, entre otras cuestiones, abordará la actitud a tomar a raíz de su “expulsión”. No se atreve a pronosticar si podrá haber o no reconciliación.

José Gil, uno de los miembros del Madpp cuya portavocía ha sido invalidada –en su caso en la resolución del 27 de octubre–, señala que la coordinadora se ha extralimitado, desbordando sus funciones. Coincide con Noriega en que, de seguir esta tendencia, el movimiento va camino de convertirse en “una estructura política”. “Yo soy la oveja negra para ellos”, afirma. A su juicio, la integración del Madpp en la coordinadora estatal también dependerá de la asamblea que dicha coordinadora debe celebrar en marzo.

La versión de la coordinadora

Domiciano Sandoval, portavoz de la coordinadora estatal, cree que la reacción de Coespe es proporcional a la “gravedad” de los hechos, no sólo en atención al riesgo que supuso para la buena marcha de la concentración del 16 de diciembre, sino también por la negativa a suspender la convocatoria andaluza –que afectaba a una movilización fuera del territorio andaluz– una vez que se requirió. Sandoval afirma que es voluntad de la coordinadora un trabajo conjunto de todas las partes, sin división, ya que la división debilita al movimiento. Y se muestra confiado en que las aguas volverán a su cauce. “Queremos unificar el movimiento. A ninguno nos interesa que se rompa. Ya es suficientemente difícil luchar contra los poderes económicos”, señala.

La coordinadora andaluza –la única reconocida por la estatal Coespe, referente del movimiento de pensionistas en España– afirma que su pretensión ha sido la de insertar el debate y la acción sobre las pensiones en un contexto político y económico, porque el problema "no puede abordarse aisladamente", como si no estuviera conectado con otras realidades. "Queremos luchar por las pensiones de hoy, pero también por las de nuestros hijos y nietos, y para eso hay que hablar de precariedad, de fiscalidad, de intereses económicos", señalan desde la coordinadora andaluza.

La coordinadora, que prefiere ofrecer su punto de vista de forma colegiada, lamenta el discurso "contra IU y el PCE" que se ha dado en reuniones y asambleas del movimiento pensionista, en las que miembros del Madpp han acusado a estas organizaciones de querer "adueñarse del movimiento". "No es cierto. Hay militantes de IU y del PCE y de otras organizaciones a título individual, que han venido a sumar, respetando la pluralidad interna, aportando ideas y aceptando los acuerdos de la mayoría, gustaran más o menos. Ha sido el Madpp el que ha querido todo el protagonismo, obviando las decisiones de la mayoría, y el que ha realizado críticas contra determinadas personas simplemente por su militancia política", señala la coordinadora, en conversación de uno de sus representantes con infoLibre.

Los impuestos, tema electoral donde los haya, están sin embargo muy lejos de acaparar la atención de los debates en la campaña del 28 de abril. Aun así, los programas de los principales partidos no han dejado de incluir sus propuestas fiscales para la próxima legislatura. Y es en ellas donde se muestran con toda su brusquedad las diferencias entre unas formaciones políticas y otras.

Mientras PP, Ciudadanos y Vox se centran en suprimir y rebajar impuestos para dejar el dinero “en el bolsillo de los ciudadanos”, PSOE y Unidas Podemos los sitúan como herramienta indispensable para combatir la desigualdad y distribuir la riquezacombatir la desigualdad y distribuir la riqueza. El Partido Popular critica la “voracidad recaudatoria de los gobiernos de izquierda”, Ciudadanos se compromete a garantizar que los impuestos “no sean confiscatorios” y Vox no duda en asegurar que “provocan costes sociales superiores a la recaudación que generan”. PSOE y Podemos coinciden a la hora de hablar de “justicia fiscal”, repitiendo muchas de las medidas que ambos partidos pactaron para los Presupuestos del Estado de 2019 que finalmente no fueron aprobados en el Congreso.

Sólo Vox cuantifica el presunto impacto que algunas de sus propuestas fiscales tendrá en la recaudación. Podemos ha dado cifras concretas de cuánto espera aumentar los ingresos con las nuevas figuras tributarias que plantea crear sólo en las entrevistas concedidas por sus dirigentes. Pero ni PP ni Ciudadanos ni PSOE precisan en sus programas el coste recaudatorio de sus rebajas fiscales. También es sólo Vox, en una propuesta de 52 páginas apta únicamente para expertos por su lenguaje y profusión de fórmulas, el que menciona la curva de Laffer, base teórica de las políticas fiscales de Ronald Reagan, George Bush y Donald Trump: subir los tipos impositivos recorta la recaudación. Una tesis que múltiples economistas de todo el mundo consideran falsa. Ni PP ni Ciudadanos se atreven con semejante tecnicismo –Daniel Lacalle, gurú económico de Pablo Casado, no deja de repetir que sus rebajas fiscales no están inspiradas en la polémica gráfica–, sino que prefieren subrayar como prioritario el cumplimiento del objetivo de déficit público impuesto por la UE y la necesidad de ajustarse a la regla de gasto.

En definitiva, PP y Ciudadanos acumulan todo tipo de detalladas promesas de rebajas fiscales o supresión de impuestos, pero no aclaran cómo afectarán exactamente a la evolución de la recaudación y, por tanto, a los costes del Estado del Bienestar. La inmensa mayoría de la recaudación de impuestos se dedica al pago de las pensiones, a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales.

Pese a los discursos de la derecha sobre el excesivo pago de impuestos, la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat) demuestra que la presión fiscal en España, medida como los impuestos y contribuciones sociales pagados en relación con el PIB, es del 34,5%, por debajo de la media de la eurozona, el 41,4%, y de la UE, el 40,2%. España se sitúa así como el octavo país de la zona euro y el décimo de la UE con menor presión fiscal.

En 2018, la recaudación tributaria total ha superado las cifras precrisis, con unos ingresos de 207.610 millones de euros –por encima de los 200.676 millones de 2007–. De esa cifra, 24.179 millones corresponden al impuesto sobre sociedades, 82.420 millones al IRPF, 70.126 millones al IVA y 20.615 millones a los impuestos especiales (hidrocarburos, tabaco, alcohol). Tanto los ingresos por el IRPF como por el IVA sobrepasan ya los niveles precrisis. Pero el impuesto sobre sociedades sigue a la mitad de lo que sumaba en 2007sigue a la mitad de lo que sumaba en 2007. Ese año las empresas pagaron a Hacienda por sus beneficios 44.823 millones de euros; 10 años después, y pese a haber superado las ganancias que declaraban entonces, el fisco sólo ha ingresado por este concepto 24.179 millones.

  PP: Rebaja de 5 puntos en el IRPF y de 3 puntos en Sociedades

La prioridad de su política económica y presupuestaria es cumplir el Pacto de Estabilidad y que todas las administraciones públicas se ajusten a la regla de gasto, “frente a la manirrota política de despilfarro”. El PP quiere respetar el objetivo de déficit de la UE rebajando el IRPF “a todos los contribuyentes”, sin dar más detalles que anunciar un recorte del tipo máximo “por debajo del 40%. Ahora el tipo que grava a quienes ingresan más de 60.000 euros al año se encuentra en el 45%. Además, los populares proponen deducciones autonómicas en el IRPF para los menores de 35 años y familias con al menos un hijo, sin detallar en qué cuantía. Igualmente quieren exenciones en el IRPF para los jubilados que sigan trabajando sin cobrar su pensión y beneficios fiscales para los planes de ahorro y vivienda destinados a la jubilación.

En el impuesto de sociedades, el PP plantea también rebajas: un tipo máximo del 20%, en lugar del 25% actual. También ofrece a los parados de larga duración –quienes lleven más de un año sin trabajo– no pagar el impuesto sobre sociedades durante los dos primeros años si abren un negocio.

La lista de figuras tributarias que quiere suprimir es larga: patrimonio, sucesiones y donaciones –entre padres e hijos, al resto de la línea descendiente y entre cónyuges– y actos jurídicos documentados –objeto de polémica por el cambio de criterio del Supremo sobre quién debía pagarlo: el banco o el cliente–. Además, propone eliminar las tasas sobre la actividad turística, reducir hasta el mínimo legal el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en los ayuntamientos donde gobierne el PP y no crear nuevos impuestos en las comunidades autónomas. Igualmente quiere reformar el impuesto de circulación para que se aplique “en función de las emisiones y el consumo energético”.

Otra reducción adicional afectará, aun sin concretar la cuantía, a las cotizaciones sociales que las empresas deben pagar si contratan jóvenes y parados de larga duración. También quieren los populares bonificar los impuestos locales en los ayuntamientos que tengan superávit y carezcan de deuda, y aprobar incentivos fiscales para empresas “altamente innovadoras”. Todas ellas medidas que reducirán la recaudación fiscal.

  PSOE: TASA GOOGLE, IMPUESTO FINANCIERO Y ALZAs a LOS RICOS

Los socialistas se comprometen a sacar adelante las medidas tributarias que incluyeron en sus Presupuestos nonatos para este año. Así, se reafirman en la creación de la tasa Google, que gravará a las empresas que facturen en todo el mundo más de 750 millones de euros y en España más de tres millones, por determinados servicios digitales: el 3% de los servicios de publicidad online y la venta de datos. La tasa, que también iba a ser aprobada por la UE para todo el territorio comunitario en términos idénticos a los planteados por el Gobierno español, quedó finalmente bloqueada en Bruselas el pasado marzo por el rechazo de Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Francia y Reino Unido ya cobran un impuesto a las tecnológicas.

También quiere recuperar el PSOE el impuesto a las transacciones financieras, el aumento de los impuestos a las grandes empresas y a los contribuyentes “de ingresos más altos y con mayores patrimonios”a los contribuyentes “de ingresos más altos y con mayores patrimonios”. No concreta cifras, pero en el Presupuesto que no llegó a aprobarse se incluyó un tipo mínimo efectivo del 15% para las grandes empresas en el impuesto sobre sociedades –18% para banca y petroleras–, así como un alza en el IRPF de dos puntos para quienes ingresen más de 130.000 euros anuales, de cuatro puntos a partir de los 300.000 euros y otros cuatro puntos a las rentas del capital superiores a 140.000 euros.

El programa incluye una reducción de “la carga fiscal soportada por las pymes”, que en el citado Presupuesto se refiere a un recorte del 25% actual al 23% para las empresas que facturen menos de un millón de euros. La creación en la Agencia Tributaria de una unidad para grandes patrimonios, el aumento de su personal y la prohibición de las amnistías son otras propuestas del PSOE, que se queda en una vaga mención a “avanzar a escala internacional” cuando menciona los paraísos fiscales.

  UNIDAS PODEMOS: IMPUESTOs A BANCA Y GRANDES FORTUNAS

El primer punto del programa fiscal de Unidas Podemos es la derogación del artículo 135 de la Constitución que consagró en 2011 el principio de estabilidad presupuestaria y obliga al Estado a cumplir el objetivo de déficit establecido por la UE. Después, propone recuperar las medidas fiscales pactadas con el PSOE para los Presupuestos de 2019 pero reclamando un paso más: el tipo mínimo efectivo del 15% para las grandes empresas –20% para los bancos y empresas petroleras–, rebaja en sociedades para las pymes del 25% al 23%, impuesto a las transacciones financieras –pero gravando también los derivados y las operaciones especulativas– y la tasa Google para las grandes compañías que facturen más de 500 millones de euros.

Además, el partido morado reclama un tipo del 47% en el IRPF para quienes ingresen por encima de los 100.000 euros anuales y del 55% para quienes superen los 300.000. Las rentas del capital, plantea, deberían tributar tanto como las del trabajo, y no menos. Y quiere reducir al 18% el tipo que se aplica al tramo más bajo del IRPF.

Igualmente, el partido de Pablo Iglesias pretende crear un nuevo impuesto para las grandes fortunas: del 2% para quienes posean un patrimonio superior al millón de euros, del 2,5% para quienes superen los 10 millones, del 3% para más de 50 millones y del 3,5% si exceden los 100 millones de euros. “La mayor parte del impuesto recaerá”, asegura Unidas Podemos, “sobre los 1.000 patrimonios más altos del país”. El objetivo es recaudar el equivalente a un 1% del PIB, 11.000 millones de euros, con este nuevo tributo, que sustituirá al “inoperativo” impuesto actual sobre el patrimonio.

La formación morada no renuncia tampoco a crear el impuesto a la banca que el PSOE dejó en el cajón al preparar los Presupuestos de 2019. Debería ser 10 puntos superior al tipo que ahora se aplica a las entidades financieras, del 30%, y se emplearía para recuperar los 60.000 millones de euros que ha costado el rescate a la banca.

Con todo este catálogo de medidas, Unidas Podemos cree que aumentará la recaudación hasta los 40.000 o 45.000 millones de euros.

A diferencia del PSOE, el partido morado concreta qué iniciativas deberían tomarse para luchar contra la elusión tributaria a través de los paraísos fiscales. Pide una reforma de las exenciones a la doble tributación de los beneficios obtenidos en el extranjero, de forma que sólo se permita no pagar a las empresas que ya lo hayan hecho al menos con un tipo efectivo del 15% en otro país. También reclaman la eliminación de los “privilegios fiscales” de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) –no pagan por las rentas procedentes de sus participaciones en entidades extranjeras–, las sicav –tributan al 1% en el impuesto de sociedades–, las socimis –no pagan por sociedades– y el régimen de impatriados –por ejemplo, los futbolistas de élite, que tributarn por el 24% en el IRPF–.

Además, Unidas Podemos pretende prohibir el uso de sociedades pantalla para pagar menos impuestos por una vivienda, la práctica que le costó el cargo a Máxim Huerta y puso en entredicho a Pedro Duque, Pepu Hernández o Begoña Villacís, entre otros.

También a diferencia del PP, Ciudadanos y Vox, el partido de Iglesias plantea que se mantenga el impuesto de sucesiones, pero “armonizado” a partir de un mínimo “para evitar la competencia fiscal entre territorios”. Y eliminar la exención del IBI de la que goza la Iglesia, excepto para los inmuebles dedicados al culto y los utilizados por Cáritas para su obra social.

  CIUDADANOS: DEDUCCIONES A LAS FAMILIAS EN EL IRPF

Para el partido de Albert Rivera, el objetivo de déficit es también una prioridad política, por lo que promete revisar el diseño y aplicación de la regla de gasto “siguiendo las mejores prácticas europeas, para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas”. También anuncia una auditoría integral para “acabar con el gasto superfluo” e invertir en fines “prioritarios para el interés general”.

Ciudadanos plantea una reducción del IRPF para las familias con dos hijos y las monoparentales con un hijo de 1.200 euros al año, que se elevará a 2.400 euros para las que tengan más hijos. Además quiere que el tipo máximo no pase del 44%, un punto por debajo del actual. Y bonificar al 100% el impuesto de sucesiones entre parientes directos, así como reducirlo entre otros parientes.

Pero en el impuesto sobre sociedades su intención es la de “aproximar la recaudación a la media de la zona euro”, cerrando “agujeros y eliminando trampas que facilitan la ingeniería fiscal”, aunque sin precisar cuáles. También se muestra a favor de que las pymes no paguen tipos efectivos superiores a los de las grandes empresas.

Finalmente, quiere aumentar los incentivos fiscales a las startups innovadorasstartups , eximiéndolas de pagar impuestos los dos primeros años y desgravando a quienes compren sus acciones.

  VOX: IRPF del 22% HASTA 60.000 EUROS

El programa fiscal más inusual es el de la formación ultraderechista: 52 páginas de fórmulas y conceptos sólo manejables por expertos en la materia que proponen dar un vuelco al sistema tributario español. Vox plantea sustituir los actuales tramos del IRPF por una “linealización de la tarifa” del impuesto, de forma que quienes ingresen hasta 60.000 euros al año tributarían a un tipo del 22% y, a partir de esa cifra, a un tipo del 30%. El partido de Santiago Abascal asegura que esta modificación reducirá “los costes de eficiencia, cumplimiento y administración del impuesto”, al tiempo que rebajará la recaudación en una cifra que calcula entre 6.436 y 8.648 millones de euros, dependiendo del comportamiento de los contribuyentes. A estas cantidades, Vox resta las ganancias recaudatorias que, a su juicio, provendrán de sus otras propuestas para el IRPF: 1.617 millones por extender la base imponible –considerada en su conjunto como la suma de las rentas del ahorro, las inmobiliarias y otras–, 381 millones por la eliminación de deducciones –se mantienen las que benefician a las aportaciones a planes de pensiones privadas–, 324,4 millones por suprimir la reducción por declaración conjunta y 1.247 millones más por “el efecto multiplicativo del aumento de la renta disponible para el consumo”, que se recuperará en forma de impuestos indirectos.

Vox también propone eliminar el actual mínimo exento del IRPF –por debajo de 14.000 euros al año no se tributa– por un sistema de mínimos personales y familiares que denomina Necesidades Básicas del Contribuyente (NBC). Según sus cálculos, quedaría establecido en 7.000 euros al año para una persona hasta los 65 años y 18.520 euros para un matrimonio con cinco hijos. Es decir, a partir de esos 7.000 y 18.520 euros –y hasta 60.000–, ambos tipos de contribuyentes deberían tributar por el 22% antes citado.

El impuesto de sociedades debería igualmente reducirse a ese mismo tipo del 22% y aplicarse a todas las empresas, independientemente del tamaño, el sector o la actividad. Es decir, Vox defiende que las pymes paguen el mismo tipo que las grandes empresas y que se eliminen los tipos reducidos de que disfrutan ahora las empresas de nueva creación, las entidades sin ánimo de lucro y las cooperativas, así como los tipos superiores que gravan a bancos y petroleras. En cambio, defiende que las sicav mantengan el tipo del 1% y los fondos de pensiones la exención. Generalizar el tipo nominal del 22% se traducirá, dice el partido ultraderechista, en un descenso de la recaudación de 2.645 millones de euros, que sólo se compensará en parte con un aumento de los ingresos de 1.350 millones por la supresión de las deducciones por inversiones y de la reserva de capitalización.

En el catálogo de las supresiones, Vox pretende eliminar el impuesto de sucesiones y el que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana o plusvalía municipal, y no quiere ni oír hablar de la tasa Google o sobre las transacciones financieras, figuras tributarias amagadas por el Gobierno socialista. También ofrece revisar el IBI. Finalmente, propone sustituir cotizaciones sociales por aumentos del IVA e impuestos especiales, lo que denomina “devaluación fiscal”. A su juicio, la operación permitirá “abaratar las exportaciones”, aumentar la competitividad de la economía española y reducir el desempleo.

La Unión Europea da un impulso a los planes de pensiones privados. El pasado 4 de abril, el Parlamento Europeo aprobó el bautizado como Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP, por sus siglas en inglés, Pan-European Personal Pension Product). Lo hizo con los votos a favor de los liberales y los populares, la abstención de los socialistas y el voto en contra de la izquierda unitaria y los verdes, quienes además presentaron una enmienda para retirar la medida. Pero de nada sirvió. Con el texto aprobado [que se puede consultar en este enlace], ahora queda por esperar a que la Comisión Europea haga o no alguna modificación. Si no llega, la normativa se publicará en el Diario Oficial de la UE y, en 20 días, los nuevos planes de pensiones privados europeos entrarán en vigor, según informaron fuentes del Parlamento Europeo a infoLibre. Pero no estarán disponibles inmediatamente. Según explica Carlos Esquivias, responsable de la Comisión de Vida y Pensiones de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), estos nuevos planes de pensiones no serán una realidad hasta, aproximadamente, el mes de mayo de 2021. Una vez la norma esté aprobada definitivamente, dice, la UE tendrá un año para aprobar todo el desarrollo del nuevo reglamento y, una vez lo haga, otros doce meses para que se pongan en marcha. 

La propuesta nació en el año 2017 de manos de la Comisión Europea. En ese momento, según explicó la institución, la necesidad del producto se explicó por la desigualdad de los planes de pensiones europeos. Eso, argumentaron, impedía el desarrollo de un mercado de alto nivel y competitivo en el continente. "El mercado europeo de pensiones personales está fragmentado y es desigual. Las ofertas se concentran en unos pocos Estados miembros, mientras que en otros son casi inexistentes. Esta variación en la oferta está vinculada a un mosaico de normas a nivel de la UE y nacional, que impiden el desarrollo de un mercado de pensiones personal grande y competitivo a nivel de la UE", argumenta. 

Por este motivo idearon los planes "paneuropeos". Pero, ¿qué quiere decir el término? Que todos los planes de pensiones con esa etiqueta tendrán unas características básicas comunes, serán transferibles entre Estados miembros y se podrá contribuir a ellos independientemente del país del bloque comunitario en el que vivan los clientes. Por tanto, el tipo impositivo del plan dependerá del país en el que el cliente haga su aportación. En cada uno de ellos, además, el plan disfrutará, como mínimo, del mismo trato fiscal que cada Estado ofrezca a sus planes nacionales. Esto lo harán en cumplimiento de una recomendación de la propia Comisión.

¿Y para qué sirve? El objetivo, en palabras de la institución, es "dar a los ahorradores más opciones cuando estén reservando dinero para la vejez". Se trata, por tanto, de un plan de pensión personal y voluntario que, dice el organismo, complementa los planes de pensiones nacionales, tanto públicos como privados. "Esta iniciativa es complementaria a los planes de pensiones existentes, ya sean pensiones estatales, ocupacionales o personales, y no los reemplazará ni sustituirá", explica la Comisión. 

No tienen limitaciones para los ahorradores. "Los PEPP estarán disponibles para todas las personas que deseen ahorrar para su jubilación, ya sean empleados, desempleados, en el trabajo o en la educación", dice el órgano comunitario. Pero es especialmente aconsejable, añade, para ciudadanos móviles. Y es que el plan es "portátil" entre los Estados miembros de la UE. Es decir, el plan podrá trasladarse de un país a otro. "Durante los primeros tres años de aplicación del marco PEPP, los proveedores deberán informar a los ahorradores de los compartimentos [países] disponibles", explica la Comisión. "Sin embargo, tres años después del lanzamiento de la iniciativa PEPP, los proveedores deberán implementar la portabilidad para los ahorradores en toda la UE". 

Por su parte, los promotores de planes de pensiones, que podrán ser, según Esquivias, entidades aseguradoras, entidades de crédito, gestores de fondos de pensiones o gestoras de fondos de inversión, tendrán la posibilidad de vender PEPP en distintos Estados miembros, lo que les permitirá poner en común activos con mayor eficacia y llegar a consumidores de todo el bloque comunitario.

La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) será el organismo encargado de autorizar los planes de pensiones y de mantener un registro del total de todos los que hay en la Unión Europea. 

¿Un producto útil o una forma de promocionar las pensiones privadas?

Estos planes no cuentan con el visto bueno de todos los grupos que participaron en la votación que celebró el Parlamento Europeo el pasado 4 de abril. Para Paloma López, eurodiputada de Izquierda Unida, este producto no es más que la apertura de "otro frente para el negocio especulativo en Europa". Es, dijo durante su intervención en el pleno durante el debate, "un producto que nunca podrá constituir ninguna garantía para la ciudadanía". Por contra, añadió, "sólo beneficia, a través de las ventajas fiscales, a los más ricos y al negocio de la banca, canalizando el pequeño ahorro de los trabajadores hacia mercados financieros". "¿Quieren proteger de verdad a la ciudadanía? Pues el único camino es reforzar los sistemas públicos de pensiones, que son el mayor y el único mecanismo de lucha contra la pobreza", sentenció. 

En esta misma línea se pronuncia Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma Madrid. Para el experto, este nuevo producto no es más que una forma de quitar valor a las pensiones públicas. Según critica en conversación con infoLibre, uno de los pilares fundamentales que siempre ha introducido la Comisión Europea es el de las pensiones privadas. "Siempre han dicho que complementan a las pensiones públicas, pero no es así, compiten con ellas", denuncia. 

Por este motivo, Ruesga opina que, en países como España, productos como el recién aprobado por la UE no tendrán éxito. "Allí donde las públicas son, en términos relativos, generosas, como pasa en España, las pensiones privadas no avanzan", explica. Por contra, "allí donde las públicas son poco generosas, como en Holanda o Dinamarca, las pensiones privadas tienen mucho peso". "La mejor manera que hay para que se extiendan las pensiones privadas es que las pensiones públicas sean menos generosos. Si las reformas que se llevan a cabo, como la de 2013 en España, tienen como resultado una caída de la capacidad adquisitiva de las pensiones públicas, se facilita a las pensiones privadas", matiza. 

Critica, por otro lado, que este nuevo producto no sea más que "una etiqueta" para "que los ahorradores tengan un elemento de confianza en ellos y mejorar la eficiencia de funcionamiento de los mercados de estos productos". Así, dice, se señala "que la propia Comisión es consciente de la poca eficiencia con la que ahora funcionan, entre otras cosas por su escasa transparencia hacia el ahorrador, al menos en algunos países como España", concluye. 

Según los cálculos de Inverco, la patronal de los fondos y planes de pensiones, el volumen de inversión en planes privados de pensiones en España es del 9,5% del PIB, frente a una media de la UE —sin Grecia ni Luxemburgo— del 36%. Pero el panorama es muy diverso: mientras en los Países Bajos escala hasta el 181,8% del PIB y en Reino Unido hasta el 95,3%, en Suecia es menor que en España, con sólo un 8,6%, y en Alemania baja hasta el 6,8% del PIB. En los dos primeros países citados, los planes de pensiones privados son obligatorios.

Un atractivo "limitado" para el inversor

Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, coincide con Ruesga. A su juicio, el atractivo para el inversor es limitado. Y es que no le parece que la medida suponga "una mejora sustancial para comprar planes de pensiones privados". "Habrá que ver si estos planes son capaces de ofrecer más rentabilidad que los planes privados nacionales", dice. No es complicado, pues recuerda que los españoles, por ejemplo, no han sido demasiado competitivos. "Han ofrecido rentabilidades muy bajas y costes muy altos", critica. 

Lo reconoció hasta la OCDE. El jefe de Unidad de Pensiones de Capitalización de la institución, Pablo Antolín, aseguró el pasado noviembre en Madrid que los planes de pensiones privados españoles no cumplen casi ninguna de las 10 recomendaciones que hace ese organismo internacional, integrado por los 35 países más ricos del mundo, sobre los sistemas de previsión social complementarios.

Pero, aunque fueran competitivos, continúa Zubiri, "como son paneuropeos, la ganancia real dependerá de la inflación del país en el que viva el inversor". Así, explica, la ganancia será mayor en países en los que los precios no sean demasiado altos. Dice, además, que realmente solo beneficia a los trabajadores con movilidad, es decir, que se van desplazando de un país a otro. "La Unión Europea intenta facilitar los movimientos y la acumulación de capitales entre países", añade. 

En cualquier caso, a juicio de Zubiri, esta propuesta no es más que una señal de lo que la Comisión Europea piensa que hay que hacer: "favorecer los planes privados de pensiones frente a los públicos". "Que quieran fomentar los planes privados mediante incentivos fiscales —asegurando, como mínimo, el mismo trato que reciben los planes nacionales—, realmente es una señal de que va a ser necesario o que estaría bien que los países redujeran las pensiones públicas, porque no las van a poder mantener", lamenta.

Y esta es, precisamente, la razón por la que Esquivias ve necesario el nuevo producto. La Unión Europea, dice, tiene asumido que el sistema público, aunque no desaparecerá, sí se verá debilitado por el envejecimiento. "A nivel europeo está más asumido que el envejecimiento tensiona el sistema público", dice. Y eso "hace que casi todos los países acometan reformas". "O hacemos eso o financiamos el sistema. Pero, ¿cómo?", se pregunta. No obstante, Esquivias cree el éxito o no dependerá del tratamiento fiscal que reciban los planes y de "si se permitirá que se traspase de los productos que ya existen". "No es lo mismo empezar de cero que hacerlo pidiendo que el plan individual se traspase. Esto último podría hacer que crecieran mucho más rápido", concluye. 

El futuro de las pensiones se cuela en precampaña. Seis semanas después de que el Pacto de Toledo se cerrase sin consensuar un listado de recomendaciones para mantener y mejorar el sistema, el asunto ha conseguido hacerse un hueco en la carrera política hasta las urnas de la mano de Daniel Lacalle, número cuatro del PP por Madrid para el Congreso de los Diputados. El gurú económico de los conservadores abordó este sábado el complejo problema durante una entrevista en El Economista, en la que afirmó que España “es el único país que, con respecto a otros países que han estado en una situación similar, han crecido las pensiones”. “Los demás las han reducido hasta el 40%. Por tanto, el debate no es cuánto se revalorizan, sino cuánto se recortan. Un 20%, un 30% o un 40%. Todos los países que han ido por el camino impositivo han aumentado la edad de jubilación y reducido el porcentaje de reemplazo”, señaló Lacalle tras asegurar que “las pensiones se ponen en peligro cuando están en peligro las cuentas del país”.

Poco tardó el PSOE en utilizar las declaraciones del ultraliberal gestor de fondos de inversión, que dirige el área económica de la nueva fundación Concordia y Libertad –que sustituye a Faes como laboratorio de ideas del PP–, para disparar contra las filas conservadoras. El domingo, durante un acto en Cataluña, Pedro Sánchez señaló que “la derecha no está proponiendo la revalorización de las pensiones, está proponiendo el recorte”. Y este lunes, José Luis Ábalos ha acusado al PP de querer “aniquilar” el sistema. Lacalle, consciente de que en las próximas elecciones votarán más mayores de 65 años que nunca –un 24% del censo–, se ha apresurado a desmentir dichas afirmaciones. “Lo que yo dije es que con las políticas que ponen en peligro las cuentas públicas, países de nuestro entorno han tenido que recortar las pensiones”, se defendió en declaraciones a La Sexta el gurú económico de Casado, que culpó a Sánchez de “poner en peligro las cuentas públicas” y aseguró que defiende la revalorización de las pensiones.

Habitual en tertulias, este economista ultraliberal ha sido muy criticado por las polémicas posiciones que ha mantenido en diferentes foros. Se ha mostrado partidario de erradicar las ayudas a la cooperación, de rebajar los tipos impositivos o de “llevar la reforma laboral al siguiente nivel”, haciéndola “menos onerosa para las empresas, sobre todo para las pymes –pequeñas y medianas–”. En cuanto al sistema de pensiones, ha asegurado en diferentes entrevistas que no le preocupa “la financiación”, porque el gasto en esta materia es “perfectamente financiable”. “Suponen el 11% del PIB y un gasto de ese nivel no se cuestiona en ningún país. En el peor escenario será un 15% del PIB. Por tanto, este no es el problema”, sostuvo Lacalle en una entrevista publicada este mismo lunes en El Español.

Eso sí, el economista siempre ha defendido, en línea con su ideología ultraliberal, que este mantenimiento no será posible por la vía del incremento de impuestos. “Las pensiones se pagan con más empleo y mayores empresas”, apuntó el gurú económico del PP hace un par de semanas en otra conversación, en este caso con El Mundo. Una entrevista en la que insistió en que hay que hacer las pensiones “sostenibles”. Su receta para ello, que ha deslizado tanto en foros económicos como en su propia página web, pasa por una transición que culmine en el establecimiento de un modelo mixto similar al que tienen algunos países de la UE. “Se debe avanzar hacia un sistema dual, de reparto (público) y de capitalización (aportación privada), donde los jóvenes trabajadores puedan saber a ciencia cierta cuánto están acumulando para su jubilación sin hacer una apuesta suicida a que quede algo en la hucha de las pensiones cuando se retiren”, escribió el economista en 2014 en un artículo titulado “¿Cómo pagamos las pensiones?”.

El modelo sueco

La opinión de Lacalle dista, en este sentido, de la expresada por el nuevo gurú económico de Vox, que en una charla en 2012 abogó por que el Estado sólo asuma “justicia criminal, seguridad interior y seguridad exterior”, dejando el resto –sanidad, educación o pensiones– en manos del asegurador. “Es algo absolutamente irresponsable”, ha señalado el número cuatro del PP por Madrid al respecto. Antes que el “todo o nada”, el economista prefiere el modelo sueco, que no considera “liberal” o “anti-social”, a los sistemas de reparto clásicos –Francia, España o Portugal– o al modelo 100% privado y de capitalización chileno, que tantas protestas ha generado entre los pensionistas. La reforma del sistema de pensiones en Suecia, aprobada en 1998 tras una década de preparación, se sostiene sobre un modelo que conserva la naturaleza del Estado social y que se sujeta sobre tres pilares: pensiones garantizadas, las contributivas –públicas– y las pensiones por prima –capitalizadas en fondos gestionados por entidades privadas–.

Los suecos con menores ingresos y que hayan residido en el país durante 40 años perciben, al cumplir los 65 años, una pensión garantizada, prestaciones que se financian mediante impuestos y que no pueden exceder los 835 euros al mes. Además, el Estado paga a sus jubilados una pensión contributiva, que se sufraga con las aportaciones de trabajadores y empresas a partes iguales. El 16% de la nómina –8% el empleador, 8% el asalariado– va a parar a una cuenta individual –también llamada nocional–. En ella se acumulan las contribuciones hechas a lo largo de toda la vida laboral. En el momento de jubilarse, el trabajador recibe la cuantía que ha ido sumando en esa cuenta, revalorizada cada año según el crecimiento de los salarios medios, menos un tipo de interés técnico del 1,6%, pero recortada según la esperanza de vida de cada generación. En 2015 la pensión contributiva media ascendía a 1.043 euros para las mujeres y a 1.359,8 euros para los hombres.

Las lagunas de su implantación en España

Estas dos primeras patas, públicas y financiadas con aportaciones obligatorias de trabajadores y empresas, se complementan con una tercera: las pensiones por prima. Los empleados también ingresan en sus cuentas individuales un 2,5% de su sueldo –1,25% por el asalariado, 1,25% por la empresa–, que pueden invertir en diferentes fondos gestionados por entidades privadas. Pueden elegir cinco entre un catálogo de 830 fondos, administrados por 107 entidades financieras privadas. Si no seleccionan ninguno, por omisión su dinero se destina automáticamente a un fondo estatal, denominado AP7 Såfa (Alternativa de Gestión de Fondos del Gobierno Central). De hecho, el 90% de los suecos elige por defecto este fondo. Al jubilarse, los suecos perciben la suma de sus aportaciones –ese 2,5% anual– más el resultado de la inversión en los mercados de ese dinero, pero reducida por el divisor basado en la esperanza de vida de su cohorte de población.

La Agencia de Pensiones de Suecia ha reconocido que este sistema produce “pensiones más volátiles”, al depender de la rentabilidad de los mercados, además del problema de los elevados costes administrativos y de gestión. En total, se calcula que los trabajadores suecos destinan a estas prestaciones el 28% de sus salarios. Allí, el sueldo medio está en los 45.049 euros. En España, en el año 2016, se situó en los 23.256 euros, casi la mitad. Con todos estos aspectos sobre la mesa, algunos economistas como Santos Ruesga, defensor del sistema de reparto clásico y miembro de la comisión de expertos que preparó la reforma de 2013, sostienen que en caso de aplicar aquí un sistema de cuentas nocionales se tendrían que duplicar las cotizaciones al sistema y se necesitarían salarios más altos y carreras de cotización más regulares de las que hay habitualmente en España. Además, considera que el modelo sueco reporta pensiones más desiguales.

El meollo de la cuestión para esta organización reside en el envejecimiento demográfico, determinado por el aumento de la esperanza de vida de la población y el retroceso en las tasas de natalidad. Como consecuencia de ese proceso, se estaría reduciendo la relación entre la población activa (creadora de riqueza) y la inactiva (dependiente). Las soluciones, las de siempre: contener o reducir el importe de las pensiones actuales, prolongar la edad de jubilación y promover los fondos privados de pensión.

Hay mucha tela que cortar en este planteamiento. En las líneas que siguen me limito a contemplar este diagnóstico y las posibles alternativas desde una perspectiva que, siendo fundamental, ocupa poco o ningún espacio en las políticas de esta institución: la redistribución del ingreso y la riqueza. Esta dimensión –fundamental, en mi opinión– no sólo arroja luz sobre el tema de las pensiones, sino que también debe situarse en un lugar central en cualquier reflexión seria sobre una salida de la crisis que beneficie a las mayorías sociales.

La apuesta por las pensiones privadas y la privatización de las públicas –pues, en realidad, de eso se trata– forma parte de una estrategia de gran calado, es una pieza clave de las denominadas reformas estructurales impulsadas desde las élites políticas y económicas, cuya meta es recortar el gasto social público y de esta forma poder orientarlo hacia el sector privado y el mercado. Más que reducir el Estado, el objetivo es ocuparlo y ponerlo al servicio de las grandes corporaciones.

Esa apuesta supone, asimismo, un decisivo paso en la dirección de la financiarización de los procesos económicos. Reparemos en el formidable negocio para las compañías aseguradoras y los fondos de inversión consistente en sustituir las pensiones públicas por las privadas; la canalización de recursos de los futuros pensionistas (de los que tengan capacidad de ahorro; a los que carezcan de ella, simplemente se les condena a la pobreza) hacia esas entidades, que los convertirán en productos financieros y en suculentos beneficios: eso sí, haciendo depender la percepción de las pensiones de lo que acontezca en mercados, por definición opacos e inestables.

Un razonamiento parecido cabe hacer si ponemos el foco en los salarios. Las dificultades de financiación de las pensiones públicas tienen mucho que ver con la política de represión salarial (además de con la limitada e insuficiente creación de empleo) que el FMI recomienda aplicar a todos los gobiernos y que estos siguen sin levantar la voz. Salarios estancados o en retroceso se traducen, inevitablemente, en menos recursos para cubrir las pensiones y, en general, los programas de gasto público; dificultades que, sin ningún rubor, son continuamente utilizadas para alimentar el discurso de la insostenibilidad de los esquemas públicos, basados en la solidaridad intergeneracional, y de paso meter miedo entre la gente.

Así pues, las “neutrales y técnicas” recomendaciones del FMI que pretenden centrar el debate de las pensiones en los cambios en la pirámide poblacional, ocultan, en realidad, una política destinada a la redistribución del ingreso, desde la esfera pública y los salarios hacia los conglomerados privados y las finanzas. Trabajar más y trabajar por menos, favorecer la concentración de la renta y la riqueza e instalar a la economía en el casino.

Una distribución más equitativa del ingreso –que, por supuesto, no está en el horizonte contemplado o recomendado por el FMI–  situaría el “problema de las pensiones públicas” en unas coordenadas completamente diferentes, muy lejos de su supuesta insostenibilidad. Si se implementara una política consistente en aumentar las retribuciones de los trabajadores y las más elevadas cotizaran de acuerdo a su nivel, eliminando los topes actuales, mejoraría la capacidad financiera del sistema público de pensiones; tendría el mismo efecto la decisión de cubrirlas con cargo a los Presupuestos generales, dado que, en definitiva, se trata de un derecho humano básico que debe ser garantizado por el conjunto de la ciudadanía a través de los impuestos, recaudados con criterios de progresividad.

Estamos hablando, como siempre, de política y de relaciones de poder. Son muy importantes los intereses en juego y también lo son las resistencias a vencer. ______________

Fernando Luengo es economista y miembro del círculo de Chamberí de Podemos

En dicho informe se estima que hasta 2030 (en los próximos once años) el actualizar las pensiones por el IPC y el no ajustarlas en su cuantía inicial a la esperanza de vida, supondría un mayor déficit anual del sistema en dos puntos del PIB (unos veinte mil millones). Para el Banco de España esas dos correcciones de la reforma aprobada en 2013 provocarían un grave empeoramiento de la sostenibilidad del sistema, sale así al paso de las negociaciones que, en ese sentido, estarían teniendo Gobierno y sindicatos.

El citado informe finaliza con este párrafo: “Si bien las simulaciones anteriores están sujetas a un grado de incertidumbre no despreciable, dado lo dilatado del horizonte considerado, a partir de ellas cabe concluir que, bajo el escenario demográfico y macroeconómico previsto, las medidas recientes adoptadas relativas al sistema de pensiones requerirán actuaciones adicionales que aumenten los ingresos o reduzcan los gastos del sistema, con objeto de garantizar su sostenibilidad financiera”.

Para no dar aún más oxígeno propagandístico a preocupantes simulaciones sujetas a alta incertidumbre, y partiendo de la base de que lo que procede en España no es reducir los gastos del sistema, me parece básico razonar aquí si –a la vista de lo sucedido en los últimos once años con la economía española– habría sido posible absorber tanto el actual déficit del sistema como el derivado de mantener el poder adquisitivo de las pensiones y la adecuación a los ingresos previos a la jubilación.

En definitiva: ¿habría sido posible, entre 2005 y 2016, financiar ese mayor gasto en pensiones?

Para contestar a dicha pregunta bastaría recordar que entre 2005 y 2016 las pensiones  de hecho ascendieron en España del 8,8 % al 12,6 % del PIB (estando justo ahora en la media de la UE-27 según datos de Eurostat). Crecieron nada menos que en cuatro puntos del PIB, cierto que con un déficit de ingresos de dos puntos del PIB.

Argumentaré brevemente que un tan intenso crecimiento de los gastos del sistema público podría haberse asumido sin incurrir en déficit alguno y sin saquear el Fondo de Reserva.

Para empezar habría sido así si a lo largo de los últimos doce años los ingresos públicos no fueran ininterrumpidamente en España inferiores en seis puntos del PIB a la media europea (de nuevo datos de Eurostat). Una ausencia de ingresos derivada del constante gorroneo de unas crecientes rentas no salariales, que, entre otros efectos perversos, estuvo provocando un endeudamiento público que se financia en los mercados de deuda a costes muy gravoso. Pues en los últimos doce años los intereses de la deuda crecieron en punto y medio del PIB. Homologarse en ingresos con la media europea aportaría ingentes ingresos (al menos una tercera parte de los cuales serían para la Seguridad Social) y nos evitaría deuda pública y pagos de intereses. En conjunto serían recursos más que suficientes para absorber aquellos dos puntos de PIB de déficit.

Simultáneamente debe tenerse en cuenta que en los últimos once años las rentas no salariales se han apropiado (y nada justifica que así sea, menos aún que lo siga siendo hasta 2030) de tres puntos adicionales del PIB (pues las rentas salariales cayeron del 50% al 47% del PIB). Unas rentas que gorronean impuestos, pero mucho más cotizaciones a la Seguridad Social, pues a día de hoy dichas cotizaciones se calculan sólo sobre la masa salarial. Nada aporta el resto del valor añadido.

De evitar este progresivo gorroneo, pasando a cotizar por todo el valor añadido en cada empresa, se generarían unos ingresos suplementarios de dos puntos del PIB (unos 23.000 millones en 2015, año de esta simulación), compensándose así en parte el actual y progresivo deterioro de la participación porcentual de las rentas salariales en el PIB.

En suma, una propuesta de actuaciones adicionales (tal como las que reclama el Banco de España) por el lado de los ingresos debería incluir:

Solo entonces sería posible blindar el no deterioro de las pensiones (tanto de su poder adquisitivo como respecto a los ingresos previos a la jubilación), así como garantizar una pensión pública mínima digna. Y hacerlo de forma sostenible y sin déficit alguno.

De no hacerlo así, las entidades financieras seguirán consiguiendo publicidad gratuita para sus planes privados de pensiones con la ayuda del recurrente diagnóstico de informes de expertos como éste del Banco de España que nos ocupa. Siempre por una presunta, vaticinada e inexorable inviabilidad del sistema público de pensiones. ____________

Albino Prada es miembro de Attac. Su último libro es El despilfarro de las naciones.AttacEl despilfarro de las naciones

El jefe de Unidad de Pensiones de Capitalización de la OCDE, Pablo Antolín, aseguró el pasado noviembre en Madrid que los planes de pensiones privados españoles no cumplen casi ninguna de las 10 recomendaciones que hace ese organismo internacional, integrado por los 35 países más ricos del mundo, sobre los sistemas de previsión social complementarios. La OCDE es un firme partidario de las reformas de las pensiones públicas aplicadas en España en 2011 y 2013, así como de estimular este tipo de mecanismos privados para “mitigar los riesgos asociados a los futuros cambios del sistema público”. También defiende los sistemas de capitalización, así como los de empresa obligatorios.

Según los cálculos de Inverco, la patronal de los fondos y planes de pensiones, el volumen de inversión en planes privados de pensiones en España es del 9,5% del PIB, frente a una media de la UE –sin Grecia ni Luxemburgo– del 36%. Pero el panorama es muy diverso: mientras en los Países Bajos escala hasta el 181,8% del PIB y en Reino Unido hasta el 95,3%, en Suecia es menor que en España, con sólo un 8,6%, y en Alemania baja hasta el 6,8% del PIB. En los dos primeros países citados, los planes de pensiones privados son obligatorios.

¿Cuáles son los fallos de los sistemas privados españoles, según la OCDE?

  1. no hay un DISEÑO COHERENTE

“En España existe un desequilibrio estadístico entre lo que cotizamos y lo que recibimos como pensión cuando nos jubilamos”, asegura José Luis Manrique, director de Estudios y Estadísticas de Inverco. Según sus cálculos, cuando están activos los trabajadores pagan de media un tercio de lo que luego perciben al retirarse, puesto que cada vez viven más años. Por eso la OCDE –e Inverco– prefieren los sistemas de "aportación definida" –los privados– a los de "prestación definida" –el público–. En los primeros el trabajador sabe lo que aporta, pero no lo que recibirá cuando se jubile, mientras que en los segundos está definida la cantidad que se percibirá. 

El profesor del IESE Javier Díaz Jiménez cree que esa falta de coherencia también se extiende a la ausencia de un diseño conjunto de los sistemas público y privado. “Alguien debería decir a los ciudadanos claramente quién va a pagar las pensiones: los bancos o nuestros nietos a través de la deuda pública”, en lugar de esperar a que emita un dictamen la comisión del Pacto de Toledo, advierte. “No es operativo, está permanentemente bloqueado”, lamenta, “es impensable que Podemos y el ala derecha del PP se pongan de acuerdo”.

En cambio, apunta como solución que se cree una comisión de expertos que prepare una “reforma integral” de las pensiones. Una comisión de sólo cinco miembros, “no de 12 como la que formó el Gobierno del PP para la reforma de 2013, a los que les dijeron ‘hacednos una propuesta para bajar las pensiones sin que cante mucho”, recuerda Díaz Jiménez. “Y bajar las pensiones es una canallada: no se puede no respetar los derechos adquiridos de los pensionistas, que son los más vulnerables”, continúa. Por el contrario, a su juicio los políticos deben limitarse a decidir “cuánta contributividad, cuánta solidaridad y cuánta prosperidad” quieren para el sistema, y dejar el trabajo técnico para los técnicos.

  2. AHORRO inSUFICIENTE

“Los españoles no tienen disciplina de ahorro”, asegura José Luis Manrique. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de ahorro de los españoles es del 5% de su renta disponible bruta –salarios, rentas del capital y de la propiedad, prestaciones sociales…–, mientras que en la zona euro la media alcanza el 12%. El Banco de España sitúa la tasa de ahorro de los hogares españoles en mínimos históricos desde 2010 por culpa de la caída de las rentas. Además, España es un “país de propietarios”, destaca el último Observatorio del Ahorro y la Inversión elaborado por la gestora Bestinver y el IESE: el 80,4% de los españoles posee una vivienda en propiedad. Si se ahorra, es para comprar casa. Mientras los españoles con una segunda vivienda aumentaron un 9,7% entre 2002 y 2014, los que poseen algún tipo de producto financiero se han reducido un 4,1% en ese mismo periodo. Porque con la crisis, llegó el aumento del paro y el desplome de los salarios: según la Encuesta Financiera a las Familias (EFF) del Banco de España, el 26,1% de los hogares tenían en 2014 un plan de pensiones o un seguro de vida, tres puntos menos que en 2005, en plena fase apogeo económico.

Y cuando se ahorra, se ahorra poco. Manrique y Díaz Jiménez coinciden en que se debería empezar a reservar dinero desde el primer día en que se comienza a trabajar y hacerlo con aportaciones sostenidas, todos los años, aunque sean pequeñas. Por eso ven con buenos ojos que se creen planes obligatorios o casi obligatorios en las empresas, una opción que está discutiendo el Pacto de Toledo. Una de las recomendaciones aprobadas por esa comisión parlamentaria insta a la patronal y los sindicatos a poner en marcha este tipo de fórmulas “en el marco de la negociación colectiva”. Pero son muy pocos los trabajadores en España con planes ocupacionales: el 10,7% de la población activa. De los 9,62 millones de partícipes en planes de pensiones privados, sólo dos millones lo son de un plan de empleo proporcionado por su empresa, y otros 61.993 gestionado por una asociación o sindicato. Suman un 21,4% de los partícipes, según los datos estadísticos de Inverco. En Alemania el 57% de la población activa está cubierta con planes de pensiones de empresa, de acuerdo con los datos de la OCDE relativos a 2016. En Bélgica, el 59,6%.

José Luis Manrique lamenta que este tipo de planes no se hayan incorporado “como un beneficio social más” en los convenios colectivos. Por lo general, sólo las grandes empresas o los sectores con mejores salarios los incluyen. Preguntado por los planes de empleo, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, los calificó de “interesantes”, pero los vinculó a la subida de los salarios: “Es imposible desarrollar este sistema con sueldos de 800 euros”.

  3. INCENTIVOS AL AHORRO, ¿regresivos o insuficientes?

“El primer incentivo debería saber que te digan qué pensión vas a tener”, mantiene Javier Díaz Jiménez. La culpa, dice, de que “los mileuristas no ahorren es de la creencia de que tendrán una pensión suficiente cuando se jubilen”, no sólo de los bajos sueldos. El salario más habitual en España, según la última Encuesta de Estructura Salarial, asciende a 16.497 euros brutos al año. Por el contrario, tacha de “mala idea” los incentivos fiscales, porque “destruyen la capacidad recaudatoria del IRPF” pero, sobre todo, porque son “brutalmente regresivos” y no funcionan. De acuerdo con los cálculos incluidos en el libro ¿Cobraremos la pensión?, del catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri, mientras que más de la mitad de la población sólo consigue deducirse unos 300 euros en el IRPF por sus planes de pensiones, los más ricos logran un ahorro fiscal superior a los 4.000 euros. “Los pobres que, además, viven menos, están subvencionando así los planes de los más ricos”, critica Díaz Jiménez.

En cambio, José Luis Manrique no sólo defiende los incentivos sino que los considera insuficientes. Por ejemplo, cree que una bonificación de un punto en las cuotas a la Seguridad Social que pagan las empresas estimularía la creación de planes de pensiones ocupacionales. Y si fueran obligatorios, se evitaría que, además de pocos partícipes, éstos sean de edades avanzadas. Según los datos de Inverco, la edad media de quien posee un plan de pensiones es de 50 años.

  4. sin PLANES DE PENSIONES DE BAJO COSTE

Las comisiones se comen buena parte de la rentabilidad de los planes privados. Según la OCDE, sus costes de administración son los más elevados de todos los países miembros de la organización. En 2014 el Gobierno del PP las recortó del 2,5% al 1,5%, y en 2017 del 1,5% al 1,25%. De forma que la comisión máxima de gestión de los fondos de renta fija se ha reducido hasta el 0,85% en el caso de los fondos de renta fija mixta –hasta el 1,3%– y hasta el 1,5% la del resto. Las comisiones depositarias disminuyeron del 0,25% al 0,2%. La previsión era que estas rebajas permitieran elevar la rentabilidad neta de los planes en unos 67 millones de euros anuales. Sólo por las comisiones las gestoras de fondos de pensiones cobraron hasta el pasado noviembre 2.500 millones de euros, 300 millones más que en el mismo periodo de 2017, según un informe del asesor financiero Feelcapital.

Para Manrique y Díaz Jiménez, las comisiones son otro motivo más para impulsar los planes de empleo: son mucho más bajas. Más aún si son administrados por la propia Seguridad Social, resalta además el profesor del IESE, al  modo en que lo hacen Suecia, Reino Unida o los Países Bajos. Es una de las propuestas que ha presentado Ciudadanos en la comisión del Pacto de Toledo: que el Estado asuma la titularidad de un fondo al que hagan sus aportaciones los trabajadores.

  5. ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN POR DEFECTO

Como elegir un plan de pensiones no es una decisión fácil si no se tienen conocimientos financieros. La OCDE y los dos expertos consultados por infoLibre recomiendan que el Estado o los bancos establezcan un “plan por defecto”, según el perfil de riesgo de cada trabajador, para que éste lo suscriba sin necesidad de acudir a un asesor financiero. “Pero para eso tiene que haber una oferta suficiente de productos financieros”, aclara el director de Estudios de Inverco.

  6. INVERSIÓN Y CICLO DE VIDA

José Luis Manrique asegura que la estrategia de inversión donde se tiene en cuenta el ciclo de vida sí existe en España, aunque sólo desde hace poco tiempo. Es aquélla en que la cartera de inversión se amolda a la edad del partícipe: más riesgo, y por tanto más renta variable, hasta los 40 o 45 años, y más renta fija en edades próximas a la jubilación. En España, el 61,6% de la inversión en planes de pensiones privadas está colocado en letras y obligaciones del Tesoro, la opción más segura, y sólo el 13,6% en renta variable, revelan las estadísticas de la OCDE.

  7. RENTAS VITALICIAS

La OCDE desaconseja cobrar lo acumulado en un plan de pensiones de una sola vez en forma de capital al jubilarse, y recomienda la transformación de ese dinero en una renta vitalicia, que en realidad es un seguro. De esa forma se pretende evitar que el dinero se acabe a edades muy avanzadas. Hasta ahora no han sido un producto con mucho éxito en España, pero la última reforma del IRPF introdujo ventajas fiscales –una exención total de la ganancia patrimonial si el capital, hasta un límite de 240.000 euros, se reinvierte en una renta vitalicia– que han disparado su volumen. Unespa, la patronal del seguro, cifra en 23.845 el número de personas mayores de 65 años que este año, hasta el mes de septiembre, transformaron un producto financiero o la venta de un inmueble, por ejemplo, en una renta vitalicia. Un 70,5% más que un año antes. El volumen de ahorro gestionado a través de esta figura asciende a 2.127 millones de euros.

  8. FALTA COMPETENCIA EN EL SECTOR

El 80% de los planes de pensiones los gestionan los bancos en España. Las aseguradoras, por su parte, administran los planes de 3,5 millones de personas, con un patrimonio de 43.360 millones de euros, de acuerdo con las cifras de Unespa. Javier Díez Jiménez recuerda que en España se trata de un mercado pequeño y, por tanto, poco competitivo, “con comisiones altas y retornos bajos”. “Como las aportaciones son pequeñas, los costes per cápita son muy elevados”, subraya. Con volúmenes mayores, éstos bajarían.

José Luis Manrique niega la mayor y sostiene que la competencia entre bancos y aseguradoras es “brutal”, como se comprueba cada mes de diciembre con las “agresivas” ofertas que hacen para que los clientes cambien el plan de pensiones de entidad. “Y dentro de poco podrá haber también planes europeos”, añade. El pasado 8 de noviembre el Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Planes y Fondos de Pensiones para transponer la normativa europea sobre el sector, que entrará en vigor en 2019. Tampoco cree el responsable de Inverco en la falta de rentabilidad de los planes privados. Sin embargo, la encuesta del Observatorio del Ahorro y la Inversión revela que un 41% de los inversores preguntados cree que la rentabilidad de sus planes de pensiones es “mala o regular”.

Según la OCDE, España tiene una de las rentabilidades más bajas en planes de pensiones de toda la organización, un 1%, lejos de la media del 2,4% y a distancia galáctica del 8,1% de Irlanda o del 7,2% de Holanda. Lo repite cada año el estudio del profesor del IESE Pablo Fernández: sólo tres de los 335 planes con al menos 15 años de antigüedad superan la rentabilidad del ÍBEX 35, que en ese plazo tuvo unos rendimientos superiores al 5,24% anual.

  9. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ADECUADA

José Luis Manrique desmienta que no se disponga en España de información estadística suficiente para gestionar el riesgo de longevidad –la probabilidad de que se vivan más años de los que están cubiertos por la pensión– como dice la OCDE. “Tenemos información adecuada sobre la esperanza de vida y tablas de mortalidad fiables”, apunta.

  10. INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA EL TRABAJADOR 

Muy al contrario, Manrique y Díaz Jiménez echan en falta iniciativas semejantes a la carta naranja que el Estado sueco envía a los ciudadanos con el cálculo actualizado de cuál va a ser su pensión. El Gobierno del PP estuvo a punto de comenzar su envío en 2014, pero no se atrevió a hacerlo, pese a que ya había adjudicado los contratos necesarios. En teoría, unos 5,3 millones de ciudadanos mayores de 50 años deberían haber recibido una proyección en euros constantes, calculada sobre 14 pagas, de cuánto iban a cobrar al jubilarse. Pero por motivos electorales la carta se quedó en el cajón y fue sustituida por un simulador en la página web de la Seguridad Social que sólo realiza una proyección a cinco años y en euros corrientes –sin contar la inflación–, por lo que las cantidades siempre son superiores a las que realmente se cobrarán.

Las plataformas y movimientos de pensionistas de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra solicitarán reunirse con "responsables máximos" del Gobierno español, así como con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados porque "ninguna institución debe eludir su responsabilidad a la hora de garantizar los derechos de las personas pensionistas, actuales y futuras". Informa Europa Press.

Durante la concentración que, como todos los lunes desde el 15 de enero, han llevado a cabo ante la explanada del Ayuntamiento de Bilbao, el Movimiento de Pensionistas de Vizcaya ha informado de la reunión mantenida el pasado 29 de noviembre por las plataformas y movimientos de pensionistas de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. Según han recordado, actualmente se están negociando los presupuestos de los gobiernos autonómicos y el central, donde la situación de las personas pensionistas es "uno de los puntos candentes de los mismos".

En ese sentido, han advertido de que "la problemática de las pensiones no se reduce a unas limitadas ayudas para unas cuantas personas damnificadas a fin de aliviar sus problemas, que son su gran precariedad", sino que "la situación tiene que ver con las agresiones que está recibiendo el actual sistema de pensiones públicas" con el objetivo de "tratar de impedir que se garanticen unas pensiones, actuales y futuras, dignas".

Desde la plataforma vizcaína han dicho que "no es entendible que los gobiernos e instituciones esté promocionando los planes de pensiones privadas y EPSVs, ya que van en detrimento de la Seguridad Social, y favorecerán e incentivarán a las rentas altas en perjuicio de las más bajas, ampliando la brecha y desigualdad social entre hombres y mujeres". En ese sentido, han denunciado la "falta de compromiso institucional y desinterés de algunos partidos políticos por encontrar soluciones a los problemas sociales y económicos actuales". También han considerado "inaceptable el silencio de esos mismos gobiernos ante medidas amenazantes, como el factor de sostenibilidad, que reducirá significativamente las pensiones". Además, han advertido de que "las reformas laborales y de pensiones tendrán consecuencias para las actuales y futuras pensiones".

Ante esta situación, han señalado la necesidad de "un debate sincero sobre el reparto de la riqueza". "Nuestro modelo social debe ir acorde a ella y, por tanto, los presupuestos de 2019 deben reconocer la cuantía que corresponde a las pensiones", han indicado, para señalar que "ésta es la razón" por la que solicitan dialogar en torno a un sistema de pensiones público. En esa línea, han recordado, que están a la espera de poder reunirse con el lehendakari, Iñigo Urkullu, y también ha pedido mantener un encuentro con la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, después de haber mantenido reuniones con representantes del Parlamento vasco. "Hemos oído por parte de todos los grupos político, en general, palabras bonitas que se hacían eco de nuestras reivindicaciones, pero pocos compromisos", han lamentado.

Ahora, ha anunciado que su intención es solicitar entrevistas con "responsables máximos" del Gobierno español y de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. "Ante el inminente debate parlamentario sobre los presupuestos hemos exigido una partida presupuestaria para incrementar las pensiones mínimas a 1.080 euros por ley, y lo hemos hecho ante las instituciones de Euskadi, Navarra y Madrid, porque ninguna institución debe eludir sus responsabilidades a la hora de garantizar los derechos de las personas pensionistas, actuales y futuras", han considerado.

Pensionistas de Euskadi y Navarra critican el inaceptable silencio de los gobiernos y solicitan reunirse con el central

Llaman a la movilización ante esta "cuestión de voluntad política"

Han recordado que la pensión mínima de 1.080 euros es "la mínima amparada por la Carta Social Europea" y ha asegurado que los gobierno autonómicos y el central "lo pueden materializar" y las partidas necesarias para ello "pueden ser asumidas por los presupuestos públicos". "Es una cuestión de voluntad política y de las prioridades de acción de gobierno", han asegurado, para añadir que "conseguir ese objetivo depende de nuestra capacidad de movilización".

Por ello, han añadido que el próximo 15 de diciembre, día en que las plataformas de pensionistas de Euskadi han convocado una nueva manifestación en las capitales vascas para volver a reclamar las principales demandas del colectivo, incluida la aprobación de una pensión mínima de 1.080 euros, quieren demostrar "junto al máximo de agentes sociales, que esta batalla la vamos a ganar". "Tenemos que seguir con las movilizaciones llenando las calles de gente", han concluido.