El BBVA lleva al menos cuatro ejercicios declarando pérdidas por su negocio en España, pese a que el resultado consolidado del grupo no ha dejado de dar beneficios multimillonarios ningún año. Al menos es lo que se desprende de los informes sobre su contribución fiscal, que desde 2014 detallan país por país los pagos de caja del impuesto de sociedades.

El ejercicio en que el BBVA cerró con unos números rojos más abultados en España fue 2014, con unas pérdidas de 1.618 millones de euros. En 2015, cuando adquirió Catalunya Banc, el resultado también fue negativo en 1.576 millones. En 2016 lo redujo sustancialmente, hasta 608 millones, mientras que en 2017 lo elevó hasta 856 millones. En total, 4.658 millones en cuatro años.

El informe sobre su contribución fiscal, al igual que ocurre con el resto de entidades financieras, no sirve para saber cuánto abonó por el impuesto de sociedades en un ejercicio determinado. El motivo es que aporta el dato de "pagos por caja", pero en realidad la única forma de saber cuánto ha pagado una empresa o un banco por dicho tributo es consultando los documentos que presentan ante la Agencia Tributaria, puesto que la que tienen que aportar a organismos o registros públicos es parcial –CNMV, Banco de España, Registro Mercantil–. La mecánica del impuesto de sociedades es similar a la del IRPF. En ambos casos, las personas físicas o jurídicas van abonando durante el ejercicio fiscal unos pagos adelantados a Hacienda: en el caso del IRPF son las retenciones mensuales que se realizan sobre los ingresos de los trabajadores, mientras que en las empresas son los denominados pagos fraccionados, que las sociedades tienen que abonar tres veces a lo largo del ejercicio –en octubre, diciembre y abril–. Y luego, una vez al año, tienen que hacer la liquidación con la Agencia Tributaria: si una persona o una empresa ha ido pagando durante el año más de lo que les corresponde de acuerdo con sus ingresos o beneficios, les sale "a devolver"; es decir, Hacienda les devuelve lo que ha cobrado de más durante el año. Y si han abonado menos de lo que deberían, la liquidación les sale "a ingresar", de forma que el trabajador o la compañía pagan la diferencia entre lo que ya aportaron y lo que realmente les corresponde según sus rentas o beneficios.

infoLibre ha tenido acceso al modelo 220 –la liquidación anual que presentan ante Hacienda los grupos consolidados– de cuatro entidades financieras en diversos ejercicios: el Santander de 2013 a 2016, y Popular, Bankia y BMN en 2015 y 2016. En total, 10 declaraciones de impuestos. Pues bien, en nueve de esas declaraciones los bancos reclamaron a la Agencia Tributaria que les devolviera dinero; en concreto, exactamente la misma cantidad que habían ido abonando durante el año en pagos fraccionados y retenciones a cuenta. Sólo en un caso el banco pagó de verdad a Hacienda por el impuesto de sociedades: fue el Banco Popular, que abonó 24 millones de euros en 2015.

Deducciones fiscales

En 2017 el BBVA rebajó su factura fiscal en 765 millones de euros gracias a las exenciones para evitar la doble imposición, según recoge en sus cuentas anuales; también utilizó para el mismo fin deducciones y bonificaciones –por inversiones, I+D y donativos– por otros 23 millones. Y por reinversión de beneficios extraordinarios el banco de Francisco González se ha deducido un total de 2.382 millones desde 2002 hasta 2014. Además, las compras de Unnim y Catalunya Banc han permitido al BBVA acogerse a deducciones fiscales: 322 millones por el primero, adquirido en 2012, y 333 millones el segundo, absorbido en 2014. Unnim, resultado de la fusión de Caixa d’Estalvis de Manlleu, Caixa d’Estalvis de Sabadell y Caixa d’Estalvis de Terrassa, fue adquirido por el precio simbólico de un euro tras ser nacionalizada. Catalunya Banc, también intervenida por el Estado, le costó al BBVA 1.165 millones de euros.

Al comprar Unnim, el BBVA también recibió 1.577 millones de euros del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones del resto de los bancos, en forma de Esquema de Protección de Activos (EPA), una garantía frente a pérdidas futuras. Por la absorción de Catalunya Banc el FROB concedió al banco de González 561 millones de euros en garantías, según la última memoria del Banco de España sobre el rescate financiero. 

9.433 millones en activos fiscales garantizados

El banco declara unos activos fiscales, un colchón que le permitirá reducir sus pagos a Hacienda en próximos ejercicios, de 16.888 millones de euros, según figura en sus cuentas anuales de 2017, de los cuales son activos diferidos (DTA) 14.725 millones.

Los DTA se originan a partir de las provisiones que los bancos realizan –para cubrir el riesgo de los créditos e inmuebles tóxicos, por ejemplo–, de las aportaciones a los planes de pensiones de sus plantillas y de las pérdidas de ejercicios anteriores. Estas cantidades no son deducibles en el impuesto de sociedades, pero Hacienda permite a los bancos acumularlas en forma de DTA y utilizar éstos en los siguientes ejercicios para reducir sus pagos fiscales. Además, una parte de ellos están garantizados por el Estado –el 60%, los que proceden de provisiones y de aportaciones a planes de pensiones– y pueden convertirse en efectivo bajo determinadas condiciones.

En el caso del BBVA, sus activos fiscales garantizados y monetizables sumaban 9.433 millones en 2017. La cifra incluye los DTA garantizados tanto por España como por Portugal, aunque el grueso corresponde a la Hacienda nacional, 9.355 millones. Los activos fiscales monetizables casi duplicaron su volumen de 2014 a 2015 gracias a los que aportó Catalunya Banc al ser adquirido por el BBVA. Ese año en las cuentas de la entidad catalana figuraban 3.616,78 millones en DTA garantizados. Además, el banco explica en su informe de 2017 que no ha “reconocido contablemente” una partida de 2.284 millones de euros correspondientes a diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas y deducciones que tienen su origen en la compra de Catalunya Banc, y que se suman por tanto a su colchón fiscal. En las cuentas de Unnim de 2012, por su parte, los activos fiscales diferidos se elevaban a 1.403,74 millones y también pasaron a integrar los balances del BBVA.

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Este reportaje es el cuarto de una serie de infoLibre sobre los beneficios fiscales de la banca. Puedes consultar aquí los anteriores:

1. Lo que realmente pagan los bancos a Hacienda por el impuesto de sociedades

2. Banco Santander pidió a Hacienda 2.440 millones de euros en devoluciones por el impuesto de sociedades en cuatro años

3. Las cuentas de Bankia en 2015 y 2016: 1.490 millones en beneficios y 0 euros en impuesto de sociedades

“Este documento es totalmente confidencial, y bajo ningún concepto debe ser leído por los clientes, ni facilitar a éstos copia alguna”. Es el encabezamiento de la comunicación que un sorprendido cliente de Bankia recibió en el correo electrónico junto con la respuesta a su solicitud para que le devolvieran los gastos de formalización de una hipoteca. Su “asesor personal” le remitió la carta donde la directora del Servicio de Atención al Cliente le negaba el reintegro de esos gastos en una carta con todas las formalidades al uso. Pero, por error, el empleado de Bankia también le envió una comunicación interna en la que el banco explica a la plantilla los motivos por los cuales no va a devolver los gastos de formalización de las hipotecas, pese a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que el pasado diciembre declaró “abusivos” los que cobran por ese mismo concepto el BBVA y el Banco Popular.

El TS anula, por tanto, la claúsula por la que ambas entidades repercutían en el consumidor “todos los costes derivados de la concertación del contrato”; es decir, los gastos de gestoría, notario, Registro de la Propiedad, tasación de la vivienda e Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Unos 3.000 euros para una hipoteca tipo de 150.000 euros, calcula la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que interpuso la demanda. Según la sentencia, “quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista [el banco], pues así obtiene un título ejecutivo, constituye la garantía real y adquiere la posibilidad de ejecución”.

Sin embargo, los bancos se niegan a devolver los gastos. Ni el BBVA, ni el Popular, afectados por la sentencia, tampoco Bankia. La entidad de José Ignacio Goirigolzarri sí ha anunciado que, sólo en las nuevas hipotecas, cargará con el 100% de los gastos de registro, el 50% de los de gestoría y el 25% de los de notaría. Para recuperar los ya abonados en las viejas hipotecas, los consumidores deberán recurrir a los tribunales.

Así, el Servicio de Atención al Cliente de Bankia –el departamento 0633– informa a sus empleados de que existen “distintas sentencias judiciales” según las cuales “no todos los gastos e impuestos son por cuenta de la entidad financiera”. También les recuerda que el Reglamento del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados dicta que es el prestatario el sujeto pasivo de ese tributo y, por tanto, la obligación de pagarlo corresponde al cliente “y no a Bankia”. Finalmente, resalta que el banco de Goirigolzarri “no ha sido parte del procedimiento” que dio lugar a la sentencia del Supremo.

“En este sentido os aclaramos que Bankia no va a proceder a la devolución de los gastos generados en la formalización de los préstamos hipotecarios”.

En todo caso, la comunicación interna aclara que, “si el cliente solicita los formularios” para presentar una quejapara presentar una queja ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros, los empleados pueden facilitárselos descargándolos de la intranet del banco.

Un portavoz de Bankia explica a infoLibre que el encabezado de la comunicación es el que figura “en todas las circulares internas del banco”. “No tiene mayor importancia”, concluye. También detalla que se trata de “una respuesta individual, no extensible al resto de los clientes, a una reclamación concreta de ahí la confidencialidad”. “Nuestra idea central, nuestro foco, va a ser el cliente, escucharle y servirle”, aseguró José Ignacio Goirigolzarri el pasado mayo en un acto público en Ciudad Real. “Nuestro objetivo”, añadió, “es que en los próximos años Bankia sea vista por los consumidores como una entidad cercana, sencilla y transparente”.

Sentencias contradictorias

Los mismos argumentos del documento interno los reproduce después la directora del Servicio de Atención al Cliente, Marta Góngora, en la carta formal que el cliente recibió por correo electrónico. Además, le detalla que también le corresponde a él pagar los gastos de tasación, el seguro y la notaría, así como otros, independientemente de la posible nulidad de la cláusula sobre la que dictaminó el Supremo. “Como han señalado determinadas resoluciones judiciales, ello no implica atribuir automáticamente a la entidad bancaria el pago de los concretos gastos reclamados por usted”.

Bankia no cita las sentencias en sentido contrario que se han sucedido desde que el TS dictaminara en diciembre de 2015. La última, el pasado jueves, de un juzgado de Sevilla, pero antes ya habían fallado en el mismo sentido las audiencias provinciales de Zaragoza y Valencia, un juzgado de Oviedo – Liberbank– y otro de Granollers –Catalunya Banc–.

El portavoz de Bankia asegura a que, en efecto, “hay sentencias y legislación contradictorias”. “En lo que no se clarifique, estamos esperando”, indica.

La querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra el exvicepresidente del Gobierno socialista Narcís Serra y otros 14 exdirectivos de CatalunyaCaixa (después pasó a denominarse Catalunya Banc) especifica en qué proyectos enterró la caja catalana 720 millones de euros en inversiones en diferentes partes de España, pero también en Portugal y Polonia.

Catalunya Banc tuvo que ser rescatada con 12.052 millones de euros de dinero público. En el verano de 2015, esta entidad fue adjudicada al BBVA, que presentó una oferta de 1.187 millones, de los que unos 600 correspondían al desembolso directo de la entidad, 400 millones eran a cargo de los activos fiscales diferidos y el resto correspondía a unos seguros con Mapfre. De esta forma, la pérdida del Estado en esta entidad ha supera los 11.400 millones.

En el documento de la Fiscalía, que ha admitido a trámite el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y al que ha tenido acceso infoLibre, el Ministerio Público reclama la declaración como imputado de Serra y del resto de implicados.

Sin embargo, la querella incluye un atestado elaborado por los agentes de la Guardia Civil adscritos al caso, en el que se plasma la declaración de 9 de febrero de 2016 del propio exvicepresidente del Ejecutivo del Gobierno encabezado por Felipe González, que también fue ministro de Defensa.

Un cargo representativo

En su declaración, Serra aseguró que su cargo de presidente de la entidad financiera, en el que se mantuvo entre 2005 y 2010, era representativo y no ejecutivo. Sin embargo, reconoció que durante este periodo presidió la comisión ejecutiva, y que tanto en el consejo de administración como en la comisión ejecutiva tenía voto por ley.

El entonces presidente de CatalunyaCaixa aseguró que todas las operaciones, que ahora están bajo sospecha, partían de la propuesta del director general, cargo que ejerció José María Loza hasta que fue sustituido en febrero de 2008 por Adolf Todó.

Serra reconoció que el director general presentaba de forma verbal al consejo la información los proyectos, que se presentaban con un texto escueto, "en el que no se entraba en detalle de la operación" sino que describía la inversión que se aprobaba.

En su declaración ante la Guardia Civil, llama la atención que Serra especificó que no se pedía la información de los expedientes "porque parecía una desconfianza hacia los ejecutivos de la caja", que según su versión eran los responsables de "los buenos resultados" de la empresa inmobiliaria de CatalunyaCaixa, Procam, que no inclinaban "a ninguna visión crítica que hiciera dudar de lo que se presentaba".

El 90% de los beneficios

En este sentido, Serra resaltó que la división inmobiliaria de la caja que presidía, Procam, era en 2005 la responsable del 90% de los beneficios de la entidad, "lo que no hacía dudar de ellos".

Además, y como garantía del prestigio de los directivos, el entonces presidente de la caja aseguró que todos los proyectos propuestos por Procam venían informados por los técnicos de forma favorable, lo que justificaría, según su versión, que estas operaciones se aprobaban "siempre por asentimiento".

Sin embargo, Serra declaró a los agentes que su grado de conocimiento de los proyectos se limitaba a aspectos generales "y que difícilmente entraba en detalles de operaciones concretas, pero sí en la marcha de Procam y sus resultados periódicos".

Por este motivo, siempre según el testimonio de Serra, "no se informaba si los activos eran o no del socio inmobiliario, tampoco si existían o no pagos por intermediación, ni si existían o no garantías en función de la recalificación final de los terrenos que asegurasen la inversión".

6 millones de plusvalía

Pero la querella de la Fiscalía pone de manifiesto las importantes plusvalías de las que se aprovecharon los socios de la división inmobiliaria de Catalunya Caixa. Como por ejemplo el Grupo Prasa obtuvo una plusvalía de 6.064.347 euros "sin que se desarrollase ningún hito urbanístico que justificase el incremento", y todo en perjuicio de la entidad presidida por Narcís Serra.

El documento del Ministerio Público alerta también que al menos tres de los directivos implicados adquirieron viviendas a las promotoras presuntamente favorecidas. El principal ejemplo de esta forma de actuar fue la adquisición de una casa por 162.000 euros en 2006 por parte del director ejecutivo de Procam, Eduardo Aznar Berruezo, a la sociedad Construcciones Batlle Cervera SA, una firma que poco después se benefició de un bonus de 1,2 millones otorgados por Procam, encabezada por el propio Eduardo Aznar Berruezo. 

Por todas estas presuntas irregularidades, el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB) presentó una denuncia, al entender que Serra y el resto de directivos causaron un perjuicio a la caja catalana de unos 720 millones en 15 operaciones inmobiliarias. El perjuicio se ha calculado teniendo en cuenta el precio de adquisición de los terrenos y el precio de su adjudicación a la Sareb, el denominado banco malo.

"Terrenos no urbanizables"

En términos generales, Anticorrupción destaca que la caja adquirió "terrenos no urbanizables" o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que conllevaba riesgo en la inversión. Y en la mayoría de los contratos de compra de los terrenos "no se establecían cláusulas suspensivas o resolutorias del pago del precio condicionadas a la efectiva realización de los proyectos".

Tampoco las tasaciones estuvieron libres de irregularidades, pues no las realizaron expertos independientes. Incluso los terrenos llegaron a ser comprados por sus socios a precios bajos "días antes de la venta a la sociedad participada" por Catalunya Caixa.

Estos son los 15 proyectos urbanísticos y el agujero que provocaron a la entidad presidida por Narcís Serra:

  1. PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES CERBAT SL: 41,2 millones

El perjuicio económico en esta operación fue de 41,2 millones de euros. En concreto, esta firma abonó en 2006 al Ayuntamiento de Lleida 49,53 millones de euros, mientras que el 21 de diciembre de 2012 se traspasó al banco malo por 8,3 millones de euros.

  2. VERTIX PROCAM: 29,66 millones

El perjuicio según la auditora de las operaciones de Catalunya Caixa en las promociones de Vertix Procam se originó en las operaciones denominadas La Seda (16,11 millones), Paseo Morella-El Corte Inglés (6,38 millones) y en Palma de Mallorca-Son Güells (7,18 millones).

  3. ADENDIA PROCAM SL: 8,63 millones

El perjuicio causado a la entidad tras el traspaso a la Sareb de las promociones de la sociedad Adendia Procam fue de más de 7 millones en el Proyecto Vejer (Cádiz) y de 1,5 millones en Hacienda del Álamo (Murcia).

  4. ARMILAR PROCAM SL: 119,46 millones

El perjuicio que la caja tuvo en la Región de Murcia, y en concreto en la promoción de Armilar Procam en Hacienda del Álamo, de 108 millones de euros, fue sin duda el más abultado para Catalunya Caixa. También malogró otros 10,6 millones en la urbanización Cortijo de Acevedo (Málaga). 

  5. MILLENNIUM PROCAM, SL: 16,2 millones

Esta empresa de Castelldefels adquirió terrenos en Lorca (Murcia), Molina de Segura (Murcia), Valdemoro (Madrid), Chiclana (Cádiz) por 19,6 millones, que al final fueron valorados por la Sareb por 3,4 millones. 

  6. PRASA PROCAM SL: 58,7 millones

La caja de Narcís Serra utilizó la sociedad Prasa Procam para realizar inversiones en Portugal, Sevilla y Málaga. En el traspaso de participaciones de Prasa Procam a la matriz Procam, Catalunya Caixa obtuvo una pérdida contable de 3,9 millones que sumados a los 54,8 millones que había perdido el grupo previamente supone un perjuicio total de 58,7 millones de euros.

  7. ALCALÁ 120 PROMOCIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA SL: 49,3 millones

En el proyecto de Majuelo Norte (Valdemoro, Madrid) se pagaron 38,9 millones de euros y se traspasaron a la Sareb por un precio de 11,9 millones, por lo que el total de la pérdida fue de 26,9 millones. En Molina de Segura (Murcia) el perjuicio fue de 22,4 millones de euros, los que sumados a los 26,9 millones anteriores da un perjuicio total de 49,3 millones.

  8. BADALONA BUILDING WATERFRONT SL: 20,7 millones

Las pérdidas de la firma Espais Urbanístivos, socia de la caja en una promoción de Badalona (Barcelona), provocan que la finca se devalúe por los deterioros de existencias, por lo que la pérdida o desfase es de 20,7 millones (29 millones de préstamo menos 8,3 del valor de las fincas que constituían las garantías).

  9. PRONORTE UNO PROCAM SA: 20,93 millones

Según la auditora el perjuicio causado a Catalunya Caixa en dos proyectos en la Comunidad de Madrid fue de 20,93 millones, siendo de 16,44 millones en Ciempozuelos y de 4,49 en Moraleja de Enmedio.

  10. EUROLENDER SL: 33 millones

La caja perdió 33 millones de euros en su inversión de varias fincas en Camarma de Esteruelas (Madrid). Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de junio de 2013 calificó de forma definitiva los suelos pertenecientes a Eurolendert como suelos no urbanizables de especial protección, ya que incluye la práctica totalidad de las fincas de la sociedad como Zona ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves).

  11. SEIF-PROCAM SL: 107,8 millones

El total de coste de las fincas de Chiclana denominadas Carboneros (115,7 millones) y Pinar del Hierro (24 millones) supuso un desembolso de 139,7 millones. El total de los activos de SEIF según el precio de traslado a la Sareb fue de 31,9 millones, por lo que el perjuicio ocasionado a Catalunya Caixa en estas dos operaciones fue de 107,8 millones.

  12. AVENIS PROCAM SL: 44,67 millones

Los terrenos del proyecto Perales del Río (Madrid) fueron traspasados al banco malo por 9.722,15 euros y los terrenos del proyecto Molina de Segura (Murcia) por 7.813.366

euros, por lo que el perjuicio económico fue de 44.674.278 euros.

  13. PROMOCIONES MRA-PROCAM SA: 12,2 millones

MRA pagó por unas fincas en Alday-Maliaño (Cantabria) 16,6 millones, que acabaron traspasadas a la Sareb por 4,5 millones, por lo que el perjuicio ocasionado a la entidad fue de 12,2 millones. 

  14. ESPAIS CERDANYOLA SL: 34,7 millones

Según la auditora el valor de adquisición de las fincas en Cerdanyola por la socia de la caja en esta operación, Gescat Gestió del Sol, fue de 40,9 millones y la valoración de las mismas de 6,2 millones, por lo que el perjuicio fue de 34,7 millones. 

  15. JALE PROCAM SL: 6,54 millones

La sociedad Jale Procam SL se constituyó el 19 de mayo de 2005 con la finalidad de realizar negocios inmobiliarios en Andalucía, mediante la adquisición de suelos no urbanizables aunque con expectativas urbanísticas. A la fecha de transmisión de este suelo a Sareb, el día 21 de diciembre de 2012, continuaba siendo no urbanizable. Según la auditora BDO el perjuicio sufrido fue de 6.547.323 euros.

La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado al exvicepresidente del Gobierno socialista Narcís Serra por un presunto agujero de 720 millones de euros de Catalunya Caixa, que presidió el número dos de Felipe González entre los años 2005 y 2010, según la noticia adelantada por El Periódico de Catalunya.

El diario asegura, en concreto, que el Ministerio Público ha presentado una denuncia en la Audiencia Nacional (consulte aquí el documento) contra el expresidente de Catalunya Caixa y otros 14 ex altos cargos, entre ellos el que fuera director general Adolf Todó, por un delito de administración desleal supuestamente cometido al haber causado un perjuicio de 720 millones de euros en una quincena de operaciones inmobiliarias realizadas entre el 2000 y el 2007.

Las irregularidades fueron detectadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aunque la denuncia la ha interpuesta el fiscal Fernando Maldonado, que en la misma sostiene que durante ese periodo la caja de ahorros "ejecutó una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria" través de su filial Procam. Las inversiones no sólo se hicieron en España, sino también en Polonia y Portugal.

"Falta de preparación"

El rotativo catalán explica que la Fiscalía resalta "la total falta de preparación técnica de la mayor parte" de los miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa para la aprobación de "cualquiera de las propuestas" que les plantease el director general. Igualmente, se ha constatado que el expediente que se entregaba a los consejeros contenía una mínima información del proyecto y solo podía ser consultado en la misma sesión de la votación. "No extraña que nunca se realizaron auténticas votaciones y que todos los proyectos se aprobaran por asentimiento", indica.

La "ausencia de un auténtico control" provocaban que Narcís Serra, el director general, José María Loza y Adolf Tod, su adjunto, eran quienes "realmente" decidían en la caja, sin que sus decisiones "jamás" fueran puestas en entredicho.

Pero este no es el único problema judicial de Serra, ya que será juzgado por cobrar sobresueldos "en perjuicio de la entidad" que presidía, que tuvo que ser rescatada con 12.054 millones de dinero público.

La decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona conocida este martes de confirmar el procesamiento del expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra por percibir retribuciones exageradas sitúa al que fuera número dos del Gobierno de Felipe González entre 1991 y 1995 como el segundo vicepresidente del Gobierno de la democracia, tras Rodrigo Rato, al que se le va a juzgar por cobrar sobresueldos "en perjuicio de la entidad" que presidía, que tuvo que ser rescatada con 12.054 millones de dinero público.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Serra y al resto de exdirectivos de Caixa Catalunya de haber cometido el delito de administración desleal, mientras que la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) añade el delito de apropiación indebida para Todó, que afronta una posible pena de diez años de cárcel. La CIC, presidida por Gonzalo Postigo, reclamará cuatro años de prisión para Serra.

Rodrigo Rato está siendo enjuiciado por gastar 99.084 euros con su tarjeta blackblack de Caja Madrid, pero también por ser el responsable de mantener de forma irregular las Visa tras la creación de Bankia. Y todo ello al margen de los órganos de Gobierno de la entidad financiera que presidió hasta que tuvo que ser rescatada con 22.400 millones de euros.

En el caso de las tarjetas black, tanto Rato como Miguel Blesa y otros 63 exdirectivos y exconsejeros están siendo enjuiciados como presuntos autores de los delitos de administración desleal y apropiación indebida. La acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito, que también está personada como acusación en el caso de Narcís Serra, reclama diez años de cárcel para Rato y Blesa.

Retribuciones "desproporcionadas"

La Audiencia barcelonesa ha acordado enviar al banquillo a Narcís Serra, al exdirector Adolf Todó y a otros 30 exmiembros del consejo de administración de la entidad por sus subidas de sueldos, rechazando un total de 11 recursos de las defensas. Según la Fiscalía Anticorrupción, en Caixa Catalunya existieron retribuciones e indemnizaciones "desproporcionadas y ajenas a su real situación de insolvencia", especificó en su denuncia el fiscal Fernando Maldonado Clavero.

En concreto, Serra percibió en siete años 1,2 millones, destacando los ejercicios 2008 y 2009, en los que percibió 260.440 euros en cada uno. Estos ingresos, que incluían retribuciones y dietas, eran muy superiores a los cobrados en 2004, que fueron de 24.801 euros.

Por eso, Anticorrupción asegura que Serra y el resto de directivos actuaron con "evidente abuso del cargo", ya que utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y transcendencia públicas, "en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera".

Extenso relato

En el auto de la Sección 21, adelantado por Europa Press, los magistrados rechazan los recursos interpuestos por las defensas para solicitar el sobreseimiento del caso, porque el auto en el que se cerraba la instrucción del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, del 16 de diciembre de 2014, "cumple sobradamente los requisitos generales de motivación" y contiene un extenso y detallado relato de los hechos.

Considera la Audiencia que de las diligencias de instrucción se desprenden indicios suficientes para atribuir a los recurrentes el delito de administración desleal, que se concretan en los acuerdos que en 2010 adoptaron los imputados, permitiendo "incrementos de las retribuciones salariales que no eran acordes a la situación real de la entidad".

La Audiencia de Barcelona considera, además, que en el momento en el Serra y los otros directivos se aprobaron las subidas de sueldos la situación financiera de la entidad era "especialmente delicada" ya que desde 2007 a 2009 se habían reducido considerablemente sus beneficios, y en el año 2010 se aprobó un expediente de regulación de empleo que afectó a 1.600 personas en total, además de que recibieron 1.250 millones de ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (Frob).

"Espúreo manejo de fondos"

"En el anterior contexto económico, las retribuciones de los máximos directivos de la entidad: Adolf Todó, como director general; Jaume Masana, como director general adjunto, aumentaron considerablemente en perjuicio de los intereses de la entidad y en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea y el Frob", prosigue la Audiencia.

Según Anticorrupción, esta forma de actuar de los exejecutivos de Caixa Catalunya "denota un reprochable y espúreo manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo debe ser procurar un adecuado beneficio para destinarlo a obra social y evitar un despilfarro de dichos fondos en beneficio de los altos directivos".

En el auto del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona ahora ratificado, en el que cerraba la instrucción, se consideró que todos los acusados actuaron "en perjuicio y desprecio de los intereses de la entidad, de su finalidad, y de los intereses generales".

900 millones de pérdidas

El juez acusó, por tanto, a Serra y a Todó, pero también a los miembros del consejo de administración que votaron a favor de los presuntos sobresueldos de los altos cargos mientras la entidad recibía dinero público por su grave crisis financiera, al ver indicios de un delito de administración desleal.

El fiscal, Fernando Maldonado Clavero, también investiga a Serra y a otros exdirectivos de Caixa Catalunya tras la denuncia presentada por el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancario (Frob) en el marco de una investigación por pérdidas de 900 millones900 millones generadas a través de operaciones hipotecarias.

Según el diario El Mundo, el también exministro de Defensa declaró ante la Guardia Civil el 22 de enero pasado en relación a 16 operaciones financieras presuntamente delictivas.

La Intervención General del Estado (IGAE) fiscalizó una muestra de 16 de los 65 contratos de más de 18.000 euros que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) adjudicó entre 2009 y 2013. La operación formaba parte del control financiero permanente a que está obligado a someterse este organismo, encargado de gestionar el rescate de las cajas de ahorro. El resultado del primer control fue un informe, con fecha de mayo de 2014, que revisaba la política de contratación, personal y tesorería del FROB hasta el primer semestre de 2013 y al que ha tenido acceso infoLibre.

Uno de esos contratos fue concedido en octubre de 2009 a la firma de cazatalentos Seeliger y Conde para que seleccionara personal directivo. Su presidente, Luis Conde, fue nombrado dos años más tarde consejero independiente de Catalunya Banc, entidad cuyo accionista mayoritario era el FROB. Conde se sentó en el consejo de la entidad hasta julio de 2013, cuando renunció por “motivos personales”. Por entonces, aún seguía vigente el contrato de cazatalentos con el organismo público, que le había sido adjudicado en un procedimiento negociado sin publicidad. Su importe era de 64.656 euros anuales.

Seeliger y Conde fue la firma que fichó a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en enero de 2013, para que presidiera su consejo asesor. Es una de las principales consultoras españolas especializadas en la selección de directivos para las mayores compañías. Luis Conde explica a infoLibre que empezó a trabajar para Catalunya Banc “mucho antes de que el FROB entrara en el banco” y que fue “a raíz de esas colaboraciones y de conocer a sus principales ejecutivos” por lo que su presidente, Adolfo Todó, le propuso incorporarse al consejo. Recuerda que antes había trabajado en banca durante 15 años. “No entré por mediación del FROB ni con el conocimiento del FROB, sino por Todó”, replica, “por tanto, no hubo ningún tipo de incompatibilidad”.

También asegura que dejó el puesto en el consejo de Catalunya Banc porque no podía dedicarle el tiempo que le exigía, también porque ser consejero le impedía contratar con el banco. Y eso ocasionaba un “claro perjuicio” a su empresa.

Los interventores encontraron varias deficiencias en la ejecución de este contrato, por el que Seeliger y Conde seleccionaba a los administradores del FROB en las entidades nacionalizadas. Entre ellas, la firma de cazatalentos redactó un informe con fecha de 23 de noviembre de 2009, un día antes de que le fuera hecho el encargo. Además, Seeliger y Conde no acreditó ante el FROB que no estuviera prestando sus servicios a otras personas o empresas que pudieran suponer un conflicto de interés con el gestor del rescate financiero.

Entre esos 16 contratos de la muestra analizada por los interventores figuran los firmados con tres de las cuatro grandes de la auditoras internacionales: Ernst & Young, KPMG y Deloitte. También firmó con BDO Auditores. Todas ellas se encargaron de los procesos de due diligence de las entidades administradas por el FROB, las investigaciones a que se someten las empresas para determinar la conveniencia y el precio de una operación financiera. Por cada entidad las auditoras cobraron entre 180.000 euros y 1,1 millones de euros.

Por su parte, los bancos franceses Crédit Agricole y Société Générale hicieron valoraciones de las entidades intervenidas por el FROB. El primero cobró entre 50.000 y 250.000 euros según el banco, y el segundo percibió 200.000 euros por cada una de las tres valoraciones que entregó.

Grandes despachos

Para asistirle en temas jurídicos, el FROB acudió a grandes despachos. J&P Garrigues percibió 45.000 euros al año por asesorarle sobre recapitalización de las entidades intervenidas, 45.000 euros más sobre restructuración y otros 44.000 por consultoría. Los interventores del Estado advierten en su informe de que les ha sido imposible verificar si fueron realmente gratuitas las 100 horas de servicios profesionales que fueron pactadas como tales en el contrato de asistencia jurídica firmado con este bufete.

Con el despacho internacional Clifford Chance también suscribió un contrato genérico de asesoramiento y asistencia jurídica, por el que abonaba una minuta de 10.000 euros al mes. El despacho británico fue el que asesoró al venezolano Banesco para la compra del 88% de Novacaixagalicia, una de las entidades administradas por el FROB, por 1.003 millones de euros.

Con Simmons & Simmons, otro bufete internacional, el FROB pactó una remuneración de 75.000 euros anuales para que le asesorara en el proceso penal que se sigue contra Bankia y sus consejeros en la Audiencia Nacional. Y con el banco japonés Nomura celebró otro contrato para que le asesorara sobre estrategias para fortalecer las entidades que administra, a cambio de 517.241 euros. Según el interventor, en este contrato Nomura subcontrató los encargos de Banco de Valencia y Caja Sur sin que el FROB se lo autorizara o denegara. El banco japonés fue accionista, a través de un fondo, de la empresa de infraestructuras y tecnología de la información Avanzit, luego renombrada como Ezentis. Uno de sus consejeros fue Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Sin concurso ordinario

Todos estos contratos de asesoría fueron adjudicados por un procedimiento negociado y sin publicidad, como el 83% de los contratos que suscribió el FROB en esos años. Se trata de concursos restringidos en los que se invita a un mínimo de tres candidatos. El de Simmons & Simmons, no obstante, se hizo sin invitaciones.

También recurrió el FROB a la consultora internacional Oliver Wyman para diseñar el plan de resolución del Banco de Valencia. Le pagó 550.000 euros por un mes de trabajo. No hubo concurso, se le adjudicó directamente el contrato. Oliver Wyman fue la firma que llevó a cabo los test de estrés de la banca española en 2012 y 2014.

infoLibre preguntó al FROB sobre el informe de la Intervención General del Estado y los datos que allí aparecen sobre el contrato que el organismo firmó con Seeliger y Conde en 2009. Le envió un correo con las siguientes preguntas, que ha declinado contestar:

–En octubre de 2011, Luis Conde fue nombrado consejero independiente de Catalunya Banc, cuyo mayor accionista era el FROB. Es decir, su nombramiento debió de contar con la aprobación del FROB. ¿No existe algún tipo de incompatibilidad entre el hecho de que Conde fuera al mismo tiempo adjudicatario del FROB y consejero de una entidad administrada por el FROB?

–¿Sigue vigente este contrato (el informe dice que sí lo estaba a la fecha de su entrega, mayo de 2014)?

La banca intervenida por el Estado, integrada por las cajas de ahorros nacionalizadas y las que han recibido ayudas públicas, ha repartido un total de 959 millones de euros en dividendos entre sus accionistas desde 2011 hasta el día de hoy. Algunas de las entidades ya han devuelto las ayudas que el Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB) les dio para apoyar su saneamiento y algunas han salido a Bolsa. Otras, en cambio, ni una cosa ni la otra.

Bankia, propiedad del Estado en un 64,2%, distribuyó su primer dividendo el año pasado. Fueron 202 millones de euros con cargo a los beneficios de 2014, que sumaron 747 millones. Este año sus accionistas recibirán aún más, 302,3 millones de euros, sobre unas ganancias de 1.040 millones. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri recibió ayudas públicas por importe de 22.424 millones de euros, aunque según el informe elaborado por los peritos del Banco de España en el caso de la salida a Bolsa de Bankia, pueden ascender a 46.000 millones si se añaden los bonos emitidos por la Sareb (el banco malo) a cambio de los activos tóxicos que le transfirió. En cualquier caso, el banco sólo ha devuelto hasta el momento 1.626 millones, el 7,2% de lo que recibió.

El Gobierno siempre ha defendido que estas entidades repartan dividendos porque considera que es una forma de que el Estado, principal accionista de algunas de ellas, recupere el dinero invertido en ellas. “Es un indicio de la vuelta a la normalidad”, aseguraba el Ejecutivo cuando respondió a una pregunta de UPyD en el Congreso sobre Bankia. “También se da una clara señal al mercado de que la entidad es rentable y solvente”, remarcaba.

Así, del total de 504,3 millones de euros que el banco ha repartido estos dos últimos años, el Estado, como su principal accionista, ha ingresado 322 millones. Los restantes 1.304 millones de euros recuperados por las arcas públicas proceden del 7,5% del capital que Bankia vendió en Bolsa en 2014.

Cuando Mariano Rajoy firmó el rescate europeo de las cajas españolas en 2012, el FROB prohibió a los bancos, si querían recibir las ayudas, repartir dividendos por encima del 30% del beneficio, y a las cajas, hacer dotaciones a la obra social que superaran ese porcentaje. Si las ayudas excedían el 2% de los activos, la supresión de los dividendos o de las aportaciones a la obra social era total. Hay que recordar que, además de Bankia, fueron nacionalizadas CatalunyaCaixa y Novagalicia.

315 millones de Abanca

Bankia se estrenó en el parqué en julio de 2011. Liberbank –resultado de la fusión de Cajastur-Banco CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura– lo hizo en mayo de 2013. Y en diciembre de 2014 amortizó la emisión de obligaciones convertibles contingentes (llamados cocos) que el FROB suscribió para recapitalizar la entidad. Es decir, ya ha devuelto ayudas por importe de 124 millones. De forma que ya no tenía obstáculos para repartir un dividendo de 40,39 millones a cuenta del ejercicio de 2015, que cerró con unos beneficios de 54,69 millones de euros. El año pasado los había doblado –117 millones–, pero no llegó a distribuirlos entre sus accionistas.

El consejo de administración de Abanca, la antigua Novagalicia, adquirida por el banquero venezolano Juan Carlos Escotet, ha aprobado pagar un dividendo de 315 millones de euros con cargo a los beneficios de 2015 –330 millones–. La decisión final deberá tomarla la junta general de accionistas, que el año pasado rechazó retribuirlos con los 150 millones que en principio había autorizado el consejo.

Novagalicia recibió 8.982 millones en ayudas públicas, de las que el Estado sólo recuperará 1.003 millones, el precio que se comprometió a pagar Escotet por la entidad en diciembre de 2013. De esa cifra aún debe al FROB 600 millones de euros, que Escotet promete reducir a la mitad con cargo al dividendo –el dueño de Banesco posee el 88% del capital de Abanca–.

Banca Cívica fue la primera

En 2014 la malagueña Unicaja culminó la compra de Banco CEISS. La entidad que integraban Caja España y Caja Duero recibió 604 millones de euros en forma de obligaciones convertibles, al igual que Liberbank. Antes, el FROB le había inyectado otros 525 millones en forma de preferentes. Y, tras la compra por Unicaja, el organismo público le concedió una garantía de 241 millones de euros más para cubrir el coste de los litigios que los inversores pudieran plantear tras rechazar la oferta que hizo la malagueña por CEISS. Ésta debía ser aceptada por el 75% de los accionistas de la castellano-leonesa, pero no llegó a cubrirse ese porcentaje. En total, pues, 1.370 millones de euros en dinero público.

Unicaja aún no ha salido a Bolsa. “No está decidida ni la fecha ni el importe de la operación”, explica un portavoz de la entidad. El caso es que debe salir al parqué antes de que acabe este año, por imposición de Bruselas. Y los 604 millones en obligaciones, que fueron convertidas en capital, deben ser devueltos antes de abril de 2017. Pero sí ha repartido dividendos desde que integró CEISS. En 2015 retribuyó a sus accionistas con 25 millones de euros con cargo a unos beneficios de 238,7 millones en el ejercicio anterior, y este año acaba de aprobar la distribución de 19 millones más a cuenta de las ganancias de 2015, 230,06 millones.

También Banca Cívica –Cajasol, Caja Canarias, Caja Navarra y Caja Burgos– repartió beneficios entre sus accionistas. De hecho, fue la primera que lo hizo, en 2011, tras haber recibido ayudas públicas. En febrero de 2011 el FROB suscribió una emisión de preferentes por valor de 977 millones de euros para apoyar la integración de Cajasol en Banca Cívica. En julio de ese mismo año salió a Bolsa. Y antes de que acabara el ejercicio acordó pagar un dividendo de 55,04 millones de euros, con cargo a los beneficios de 190 millones obtenidos en 2011.

Sólo unos meses después, en marzo de 2012, Caixabank anunciaba la compra de Banca Cívica por 979 millones de euros. La entidad que encabeza Isidro Fainé devolvió los 977 millones de ayudas públicas –amortizando las preferentes adquridas por el FROB– en abril de 2013, un año después. Con la operación, Caixabank preveía conseguir sinergias por valor de 540 millones de euros a los tres años de absorber Banca Cívica.

Sin repartir dividendos

Por el contrario, Catalunya Banc, Banco Mare Nostrum e Ibercaja no han repartido dividendos. La primera fue nacionalizada en septiembre de 2011 y desde entonces ha recibido 12.624 millones de euros en ayudas públicas. Cerró 2015 con pérdidas de 78,1 millones de euros, aunque sí ganó dinero en 2013 y 2014 –468,8 y 123 millones, respectivamente–. Fue subastada y adjudicada en julio de 2014 al BBVA por 1.187 millones, aunque descontados créditos fiscales y garantías no le costó más de 600 millones de euros. La compra supuso también la pérdida para el FROB del total de las ayudas concedidas a Catalunya Banc. “No tenemos nada que devolver”, asegura un portavoz de la entidad a infoLibre. La integración en el BBVA será completa el próximo mes de septiembre: Catalunya Banc ya no presenta resultados, los consolida con los del grupo presidido por Francisco González. Su aportación al resultado de la entidad alcanzará los 300 millones de euros en 2018, según los cálculos del propio banco.

Banco Mare Nostrum (BMN) –Cajamurcia, Sa Nostra, Caja Granada y Caixa Penedès– ha sumado beneficios desde 2013, un total de 189 millones. Pero los ha destinado íntegramente a reservas, precisa un portavoz de la entidad. También está a la espera de salir a Bolsa, “cuando mejore la situación de los mercados”, apunta. Entonces confía en devolver los 1.645 millones de euros en ayudas públicas recibidas. El 65% de su capital pertenece al Estado. Así que planea sobre BMN una posible fusión con Bankia, la otra entidad aún con una participación pública mayoritaria, que Bruselas no ve con malos ojos y el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dejado ya en manos del próximo gobierno.

Finalmente, Ibercaja compró en 2013 Banco Caja3, a su vez resultado de la fusión de Caja Inmaculada, Cajacírculo y Caja de Badajoz. El FROB había suscrito cocos en Caja3 por valor de 407 millones de euros, que Ibercaja ha comenzado a reintegrar este año: 20 millones. En marzo de 2017 prevé amortizar 163 millones más y en diciembre, el resto.

Lleva ya dos ejercicios cerrando con beneficios –151 millones en 2014 y 84,1 millones en 2015– tras otros dos con pérdidas –485 millones en 2012 y 29 millones en 2013, el año en que adquirió Caja3–. Pero de momento ha dedicado sus ganancias a la obra social, señala un portavoz de la entidad. Ibercaja tampoco ha salido aún a Bolsa, una vez más a la espera de que las condiciones del mercado sean más favorables. “Tenemos hasta 2020 para salir al parqué”, indica la misma fuente, “o bien que un inversor interesado nos compre la parte que tenemos que desinvertir”.

Bankia tuvo unos beneficios de 1.040 millones de euros en 2015, un 39,2% más que el año anterior. Esa cifra le permitirá repartir entre los accionistas un dividendo de 302 millones. De ellos, 194 irán a parar a las arcas públicas, puesto que el 64,2% del capital de Bankia es propiedad del Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Así, hasta el momento, Bankia ha devuelto 1.626 millones de euros, sólo el 7,2% del dinero público que recibió en 2012 para sanear sus cuentas.

“Nos vamos a seguir dejando la piel [para devolver las ayudas públicas]”, prometió este lunes el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, tras presentar los resultados de la entidad. Hasta ahora, el Estado ha recuperado 1.304 millones de euros gracias a la venta, en febrero de 2014, del 7,5% del capital de Bankia. También recibió otros 128 millones correspondientes al dividendo de 2014. Y ahora se le pagarán los 194 millones de euros del dividendo de 2015. Como queda dicho, la suma es tan sólo una pequeña parte de los 22.424 millones de euros que el Estado le dio para salvarla de la quiebra.

El FROB puso a la venta el 7,5% del capital de Bankia en febrero de 2014, a un precio de 1,5 euros la acción. El objetivo es terminar vendiendo toda su participación. Pero, hasta el momento, no se ha repetido la operación, en vista del bajo precio de las acciones de Bankia en Bolsa. Este lunes cerró a sólo 0,93 euros, aupada por la presentación de beneficios, aunque llegó a caer hasta 0,87 euros en el último año. En principio, la fecha límite para privatizar Bankia es el 31 de diciembre de 201731 de diciembre de 2017. “Es decisión del propietario [el FROB] decir cuándo, a qué precio y cómo se privatiza, pero ahora no es el mejor momento para hablar con las autoridades”, apuntó Goirigolzarri este lunes sobre la ausencia de Gobierno.

El Estado aumenta su participación en Bankia

Curiosamente, la participación del Estado en Bankia no hace más que aumentar. Las numerosas sentencias judiciales que condenan a la entidad por el engaño de las preferentes o la salida a Bolsa –el Supremo acaba de anular la compra de acciones de Bankia por las “graves inexactitudes” del folleto de la oferta pública–, obligan al banco a devolver la inversión y a recomprar las acciones fruto del canje obligatorio. A finales de 2014 el FROB poseía el 62% del capital y ahora ya es el propietario del 64,2%. Bankia ha tenido que asumir unos 253 millones de acciones.

Al tiempo, dos de los fondos con mayor participación en el capital, Europacific Growth Fund (Eupac) y Capital Research and Management Company, han reducido su participación desde 2014 por debajo del 3% –superaban el 5% cada uno–. El capital privado de Bankia se lo reparten inversores institucionales españoles –un 4,94% a 30 de noviembre de 2015–, minoristas –que han pasado de casi el 22% en 2013 a menos del 13% a finales del año pasado por las sentencias judiciales– e inversores institucionales extranjeros como los dos fondos antes citados. Éstos rebajaron su participación en 2015 en casi un punto porcentual, tras haberla nada menos que quintuplicado el año anterior.

Hasta el momento, un total de 49 inversores institucionales han presentado demandas contra Bankia. Para hacer frente a los litigios que le esperan por la salida a Bolsa, la entidad ha provisionado 1.840 millones de euros.

El mismo exiguo porcentaje de devolución en el resto 

Ese 7,2% reingresado por Bankia es casi el mismo exiguo porcentaje con que el Estado ha recuperado el dinero del rescate a todo el sistema bancario español. De los 53.553 millones de euros53.553 millones de euros aportados desde 2009, el Estado ha recobrado sólo 2.666 millones, a los que habría que sumar los 1.304 de la venta de acciones de Bankia antes citada. Es decir, 3.970 millones, un 7,4%, según los datos de la última nota del Banco de España sobre las ayudas a la restructuración bancaria, fechada el pasado mes de mayo.

De esos 2.666 millones, 977 millones los devolvió Caixabank en abril de 2013 y corresponden a ayudas recibidas por Banca Cívica –resultado de la fusión de Caja Navarra, Cajasol, Caja Canarias y Caja de Burgos y luego absorbida por la entidad catalana–; otros 782 millones proceden de la venta de la participación del Estado en Catalunya Banc,783 millones más de la venta de Novacaixagalicia, y 124 millones amortizados por Liberbank de una emisión de obligaciones convertibles en acciones.

Cascada de millones para el rescate

En cualquier caso, son unas cifras muy alejadas de las cantidades aportadas por el Estado: 12.052 millones a Catalunya Banc y 8.982 millones a Novacaixagalicia, hoy Abanca tras haber sido vendida al venezolano Banesco. Catalunya Banc ha terminado en manos del BBVA. A Banco Mare Nostrum –resultado de la fusión de Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra– le otorgó el FROB 1.645 millones de euros y a CEISS –la antigua Caja España –Duero, hoy absorbida por Unicaja–, 1.129 millones. Caja 3 –Caja Inmaculada, Caja Círculo y Caja de Badajoz– se llevó 407 millones y Liberbank –Cajastur, Caja Cantabria y Caja de Extremadura–, 124.

Además, el Estado concedió a las entidades avales por un importe de 110.895 millones que han sido devueltos en un 95%, y garantías en forma de Esquemas de Protección de Activos (EPA) de los que el FROB calcula una pérdida de 1.039 millones de euros. La suma se amplía con las garantías adicionales que el FROB concede para la cobertura de contingencias como posibles reclamaciones por las preferentes: 1.553 millones. Y con las líneas extraordinarias de crédito que habilitó el Estado por un máximo de 16.300 millones, que ya han sido canceladas. La cuenta termina con 2.192 millones de euros aportados a la Sareb, el banco malo, y 45.028 millones concedidos en forma de avales públicos a la deuda emitida por éste.

Hay que recordar que España solicitó en junio de 2012 el rescate financiero, integrado por una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros. De estos fondos se pidieron finalmente 40.000 millones, y de ellos se han devuelto ya al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) más de 5.600 millones, un 15%, según el informe de evaluación elaborado por la Comisión Europea y publicado el pasado 29 de enero.

Tanto los responsables del Banco de España y el ministro de Economía, Luis de Guindos, en sus declaraciones públicas, como el propio FROB en sus cuentas han dado por perdidos los miles de millones entregados por el Estado a las entidades financieras rescatadas. Ya lo advirtió el propio Goirigolzarri en fechas tan tempranas como mayo de 2012. “El Estado va a inyectar capital en Bankia y la obligación de una compañía cuando recibe capital, sea de quien sea, no es devolver dicho capital, sino ser capaz de generar valor y ofrecer rentabilidad a esa aportación”.

Bankia rectificó sólo en el 0,9% de los casos en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio la razón a los inversores que presentaron una reclamación contra el banco. Es decir, únicamente aceptó que había actuado de forma incorrecta en nueve de las 965 reclamaciones sobre las que la CNMV emitió un informe final motivado favorable a un inversor. Más aún, Bankia sólo contestó a 27 de esos informes –un escaso 2,8%–. Y ello a pesar de que la entidad nacionalizada es la que más denuncias recibió en 2014: acaparó el 41% de las presentadas ante la CNMV ese año.

La mayoría se refirieron a la falta de información previa sobre los riesgos de las preferentes y la deuda subordinada, pero también la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia, en junio de 2011, acumuló un buen número de reclamaciones, que la CNMV no precisa. Según su Memoria de Reclamaciones y Consultas de los Inversores correspondiente a 2014, el supervisor recibió un total de 2.393 denuncias, un 67,3% menos que el ejercicio anterior. Después de dos años en que el escándalo de las preferentes copó el Servicio de Reclamaciones de la CNMV con hasta 10.900 quejas en 2012, se ha aligerado su volumen de trabajo.

De las reclamaciones tramitadas, el supervisor dio la razón al inversor en el 72% de los casos. Lo que no significa necesariamente que éste consiguiera una reparación: en el 69% de los informes favorables al reclamante, las entidades financieras ni siquiera contestaronlas entidades financieras ni siquiera contestaron a la CNMV. Y sólo en el 7,3% aceptó la corrección hecha por el supervisor e incluso rectificó.

Bankia es la tercera entidad que menos caso hizo a la CNMV, pese a tratarse de la que más reclamaciones recibió –la siguiente, a considerable distancia, es Unicaja, con sólo 480 denuncias–. Barclays ni contestó a los informes del supervisor ni rectificó en ningún caso, aunque recibió 80 reclamaciones. Tampoco aceptó corregir sus prácticas en ni uno solo de las 168 casos tramitados por la CNMV otra de las entidades nacionalizadas, Catalunya Banc. Eso sí, contestó a 149 de ellos, el 88,7%. Unicaja apenas rectificó en cinco ocasiones de las 360 quejas que el supervisor aceptó. Banco Santander fue igualmente cicatero: asumió correcciones en sólo 13 de las 324 denuncias tramitadas.

Por el contrario, la entidad que más veces rectificó en 2014 fue Banco Sabadell, que aceptó el 78,5% de las 107 reclamaciones informadas a favor del cliente. Liberbank contestó a la CNMV en el 92% de los casos, pero sólo rectificó en seis ocasiones.

Falta de información previa sobre riesgos

Pese al tiempo transcurrido desde que estalló el escándalo, las preferentes y la deuda subordinada siguen acaparando la mayoría de las reclamaciones, el 68% de las resueltas con informe final motivado de la CNMV. En el 72,6% de los casos, el supervisor dio la razón al reclamante. Los inversores denuncian que no se les informó adecuadamente de los riesgos del producto financiero antes de contratarlo. Pero no sólo de las preferentes, también en el caso de productos convertibles, permutas financieras e instituciones de inversión colectiva (IIC) como fondos de inversión, sicav (Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable) o socimi (Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario).

También se quejan los clientes de la forma en que las entidades financieras evalúan si un producto financiero se adecua a su perfil. En muchos casos, las entidades sencillamente no acreditan haber obtenido información al respecto o, si lo han hecho, utilizan “cuestionarios que no están firmados por el cliente o que contienen preguntas cuyas respuestas no permitían concluir sobre la idoneidad del producto al perfil” del inversor, explica la CNMV. Ocurre igualmente que la entidad sólo pide información al inversor o le advierte sobre los riesgos del producto después de haberlo contratado.

Siguen vendiendo productos complejos a minoristas

Las múltiples denuncias por la mala praxis de los bancos con productos financieros complejos como las preferentes no parece haber modificado ciertas políticas. Así, las reclamaciones tramitadas sobre contratos financieros atípicos y compraventa de opciones se han multiplicado por cinco en un año. Aun tratándose de productos complejos, “fueron contratados por inversores minoristas sin que la entidad evaluara adecuadamente la adaptación de dicho producto a su perfil inversor”, apunta la CNMV. En otros casos, se comercializaron o contrataron como si fueran depósitos.

Además, las reclamaciones por el cobro de comisiones crecieron un 52,6% cobro de comisionesen 2014. De ellas, el 69% fueron resueltas a favor de los reclamantes. Según el órgano supervisor, aunque las comisiones son legales, no pueden tener “un carácter penalizador o disuasorio para el cliente”, sólo deben remunerar de forma proporcionada el servicio prestado.

Finalmente, la CNMV recibió en 2014 un total de 10 reclamaciones por el cambio de gestor en el fondo de inversión Bestinver Gestión SGIICBestinver Gestión SGIIC. En septiembre de ese año abandonó la citada entidad Francisco García Paramés. Un buen número de sus clientes pidió entonces el reembolso de sus participaciones o su traspaso a otra entidad. Bestinver les cobró una comisión. Cuatro meses después de la marcha de su gestor estrella, la firma había perdido hasta un 30% de sus activos. El pasado mes de agosto un real decreto estableció que el cambio de gestor “relevante” de una institución de inversión colectiva debe ser considerado “un cambio sustancial de la política” de la entidad, deberá ser publicado como hecho relevante y dará al cliente derecho a irse sin cobro de comisión u otro gasto.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado con 3,1 millones de euros a Catalunya Banc (CX) y otros 3,1 millones a BFA-Bankia por infracciones tipificadas como "muy graves", según ambas resoluciones publicadas por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, la CNMV impone tres multas a CX, una de ellas por importe de dos millones como sucesora en la responsabilidad declarada en relación a la comercialización de productos híbridos (participaciones preferentes y deuda subordinada) por incumplir las obligaciones de información previstas.

La comercialización de estos productos "sin evaluar si resultaban adecuadas a los conocimientos y experiencia de los clientes", entre otras razones, se efectuó por Caixa Manresa, Caixa Catalunya y Caixa Tarragona, entidades que dieron lugar a CX.

El supervisor impone también a la entidad catalana una sanción por importe de un millón de euros por la gestión no adecuada de los conflictos de interés generados por la realización de cases entre sus clientes a precios "significativamente alejados" de su valor razonable.

La resolución de estas sanciones a CX sólo es firme en vía administrativa, sin perjuicio de las potestades de revisión jurisdiccional que corresponden a la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional.

Por su parte, la CNMV sanciona a la matriz de Bankia, Banco Financiero y de Ahorro (BFA), con 2,1 millones de euros como sucesora en la responsabilidad declarada de Bancaja (multa con un millón), Caja Madrid (un millón) y Caixa Laietana (100.000 euros), y con un millón de euros a Bankia por infracciones "muy graves" al "al no gestionar adecuadamente los conflictos de interés generados por la realización de cases entre sus clientes a precios significativamente alejados de su valor razonable".

La resolución que impone las sanciones a BFA-Bankia no es firme al haberse interpuesto contra la misma un recurso contencioso-administrativo.

El consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, ha anticipado que la entidad cerrará 285 oficinas hasta 2017 de la red de Cataluña, lo que supone un 20%, el mismo porcentaje en que prevé recortar la plantilla en la comunidad autónoma, como consecuencia de la compra de Catalunya Banc (CX). Ambas entidades cuentan en Cataluña con un total de 8.000 trabajadores, por lo que la cifra de despidos puede alcanzar los 1.600. Catalunya Banc tiene en toda España unos 4.500 empleados.

En la rueda de prensa para presentar los resultados correspondientes al primer trimestre del año, Cano ha asegurado que la entidad no tiene "ningún tipo de prisa" sobre la decisión de mantener o no la marca comercial de CX, puesto que tiene una presencia "relevante" en Cataluña. En cualquier caso, ha indicado que la decisión sobre la marca se tomará en año y medio o dos años.

BBVA calcula un coste de unos 450 millones de euros de la reestructuración de oficinas y plantilla en Cataluña, de los que se cargarán unos 200 millones contra la cuenta de resultados en los próximos tres años, con 50 millones adicionales en los últimos trimestres de este ejercicio.

El director de Finanzas y Estrategia de BBVA, Jaime Sáenz de Tejada, ha explicado que la contribución de CX en el beneficio atribuido del grupo será nula este año, al igual que su impacto en el margen neto. Sin embargo, contribuirá en 200 millones en el margen de intereses.

La entidad prevé que la contribución al beneficio ascienda a unos 300 millones a partir de 2018, una vez que se "regularice" dicha aportación y quede integrada la antigua caja catalana, con las sinergias previstas, informa Europa Press.

El 16% del negocio procede de España; el 43,5%, de México

En cuanto al negocio de la unidad en España, el consejero delegado de BBVA ha concretado que la entidad obtuvo un beneficio de 194 millones hasta marzo, incluyendo la actividad inmobiliaria, lo que supone un crecimiento del 39% respecto al mismo periodo de 2014. Así pues, el negocio de España ha pasado de aportar algo menos del 4% el pasado ejercicio a algo más del 16% a marzo, una cifra que excluye las actividades corporativas.

Cano ha adelantado que esta aportación del 16% de la unidad española se mantendrá durante el resto de este ejercicio, para después alcanzar el entorno del 26% en dos años. Aun así, ha admitido que será "difícil" que España llegue a aportar más que México (43,5%) en los próximos dos años.

El número dos del BBVA ha precisado que el negocio inmobiliario en España perdió 154 millones hasta marzo, lo que supone reducir los números rojos un 37%. Además, Cano ha calculado que esta unidad perderá "mucho menos" al cierre de este ejercicio, unas pérdidas que serán "muy limitadas" en 2016 y que ya no se registrarán en 2017.

Por su parte, el director financiero del BBVA ha asegurado, además, que la rentabilidad del BBVA aspira a un nivel de "doble dígito" en unos tres ejercicios, una vez que se regularicen los tipos de interés. En concreto, ha anticipado una rentabilidad sobre recursos propios tangibles (ROTE) del 15% en tres años.

Cuando ya parecía que el sector financiero había dado por concluida la cirugía mayor, tras eliminar más de 51.000 empleos en cinco años, 2015 se abre con dos duros recortes. No son el resultado de imposiciones comunitarias –como Bankia– , sino fruto de dos operaciones de compra. Al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Caixabank está negociando para la plantilla de Barclays se le sumará en unas semanas el más que probable de BBVA en el recién adquirido Catalunya Banc.

El pasado julio BBVA compró Catalunya Banc por 1.187 millones de euros. El precio incluye 4.700 empleados y 758 sucursales. Una operación que el propio banco calificó de “buenísima” y de “riesgo muy bajo”. No es para menos. Catalunya Banc es una de las entidades financieras nacionalizadas: recibió un total de 13.600 millones de euros en ayudas públicas. De los 1.187 millones del precio inicial, BBVA podrá descontarse los costes de las reclamaciones por las preferentes y las cláusulas suelo de las hipotecas  –que pagará el FROB–, por lo que la factura final puede quedarse en la mitad. Además, cuenta con 3.500 millones de euros en créditos fiscales –beneficios fiscales diferidos–.

Por ese módico precio, BBVA consigue una cartera de 3,6 millones de clientes y duplica su cuota de mercado en Cataluña, hasta casi el 25%. Claro que, de los 4.700 empleados de Catalunya Banc, 4.400 trabajan en esa comunidad autónoma. Casi los mismos que BBVA tiene allí. Hay que recordar, además, que BBVA compró en marzo de 2012 Unnim, resultado de la fusión entre Caixa Terrassa, Caixa Sabadell y Caixa Manlleu. Por sólo un euro, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) adjudicó al banco de Francisco González 843 sucursales y dos millones de clientes. Al tiempo, BBVA se hizo acreedor de un total de 2.869 millones de euros en ayudas públicas a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Después pactó con los sindicatos un ERE para 600 trabajadores de los 1.218 que Bruselas le obligaba a recortar. Ese número final se alcanzó con esas bajas incentivadas en Unnim y con prejubilaciones en el BBVA.

A la luz de esas cifras de personal, el Sindicat d'Estalvi de Catalunya (SEC), mayoritario en Catalunya Banc, da por seguro que habrá un ERE. “Despidos, modificación sustancial de condiciones de trabajo, prejubilaciones, suspensiones de contrato y reducciones de jornada… aún no sabemos, pero seguro que lo habrá”, aseguran fuentes del sindicato. En parecidos términos se manifiesta UGT que, curándose en salud, ya ha pedido a la entidad que todo el recorte de plantilla se lleve a cabo con “medidas voluntarias y prejubilaciones”.

Anuncio en marzo

Ambos sindicatos precisan que aún no han recibido comunicación oficial sobre posibles reducciones de personal. UGT cree, no obstante, que el anuncio se hará en la junta general de accionistas que se celebrará el 13 de marzo. El SEC, por su parte, no espera noticias hasta finales de ese mes, cuando termina el plazo dado a Blackstone, el mayor fondo de inversión del mundo, para culminar la compra de los 6.500 millones de euros en activos tóxicos de Catalunya Banc que firmó en julio del año pasado.

Un portavoz del BBVA, finalmente, apunta que el banco aún debe obtener la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) antes de anunciar oficialmente su plan para Catalunya Banc. La compra ya ha sido aprobada tanto por las autoridades de la competencia nacionales como europeas.

Fuentes del SEC explican que en Catalunya Banc hay unos 600 trabajadores con más de 56 años, y cerca de 500 en las oficinas catalanas del BBVA que sobrepasan esa edad. “Es decir, hay material para no hacer sangre con el ERE”, destacan. En UGT, Sebastián Moreno, responsable del sector financiero, mira hacia el modelo que el BBVA siguió en Unnim. Ese expediente se cubrió exclusivamente con salidas voluntarias.

Dos ERE en cuatro años

Pero, hasta el momento, nada saben los sindicatos de Catalunya Banc sobre las intenciones del BBVA. Ni siquiera se les han comunicado cuáles son sus ratios de eficienciaratios –lo que le cuesta al banco ganar un euro: cuanto más elevados, menos eficientes–. “Pero no deberían ser muy altos, después de los dos ERE que ha sufrido Catalunya Banc”, apunta Sebastián Moreno. El primero se ejecutó en 2011 y supuso la prejubilación y baja voluntaria de 1.350 trabajadores, nada más culminar la integración de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa. El segundo, en 2013, recortó 2.395 empleos a razón de 30 días por año trabajado con un tope de 22 mensualidades, la indemnización estándar en el sector desde el ERE de Bankia. La suma de ambos dejó la plantilla de Catalunya Banc reducida a la mitad. Hoy sólo le quedan 43 oficinas fuera de Cataluña.

El escenario resultante de la fusión en este caso, pese a repartirse también entre Cataluña y el resto del territorio, es el negativo de la operación Caixabank-Barclays. Si en esta última compra, la entidad que preside Isidro Fainé duplica su plantilla en Madrid donde ha recaído el grueso del recorte , el BBVA concentra sus problemas en Cataluña. En el resto, aseguran las fuentes del SEC, los 300 trabajadores de Catalunya Banc son “de fácil absorción”, porque están “muy diseminados” y son “necesarios para retener el negocio”.

Dos entidades con beneficios

En cualquier caso, no dudan en calificar de “inquietante” el plan que sus vecinos de Caixabank han ofrecido a los sindicatos para recortar 1.120 puestos de trabajo, la mitad de la plantilla de Barclays. Y temen por su contagio. “Estamos velando armas”, confiesan, ante la inminencia del nuevo tijeretazo a la plantilla. UGT cree que el BBVA “tiene margen” para hacer un recorte no traumático, después de haber ganado 2.618 millones en 2014, un 25,7% más que el año anterior. También posee capacidad para absorber a los trabajadores de Catalunya Banc en su nómina nacional de 18.000 empleados.

El BBVA prevé que la compra de la entidad catalana le reporte unas sinergias de 1.200 millones de euros, después de recortar un 40% los costes. Y eso que en la reestructuración se gastará 450 millones de euros. Pese a haber sido nacionalizada y pese al golpe a su imagen que supuso tener a su cúpula sentada en el banquillo por adjudicarse unos sueldos escandalosos, Catalunya Banc cerró 2013 con unos beneficios de 532 millones de euros y ganó otros 103 millones más en el primer semestre de 2014.

Tampoco se pronuncia aún el BBVA sobre la marca que lucirá en Cataluña tras la compra de la entidad que presidía Adolfo Todó. “Pero”, avanza su portavoz, “a corto plazo, no se piensa en prescindir de Catalunya Caixa”, la marca comercial de Catalunya Banc. Lo que ya es una novedad respecto a casos anteriores. Unnim desapareció en mayo de 2013, apenas tres años después de nacer.

Después de varios intentos se ha consumado la venta por parte del FROB y del FGD y por 1.187 millones de euros del 98,40% de capital de Catalunya Banc al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, derivándose ya una pérdida definitiva para el Estado, incluyendo el Fondo de Garantía, de 11.865 millones de euros. Pero no acaba ahí la cosa, el FROB ha otorgado al BBVA una serie de garantías que podían llevar “la gracia” hasta los 12.136 millones de euros. En cuanto a las pérdidas derivadas de los activos traspasados al SAREB, nunca se conocerán ya que están ahora en un gran saco común de 48.600 millones de euros.

También y para aumentar el “apetito del mercado” (qué horror de expresión) por Catalunya Banc, éste previamente vendió al fondo Blackstone una cartera de riesgos de 4.1287 millones, lo que ha supuesto una inversión del FROB de 572 millones de dudosa recuperación.

Muchos podrán pensar que la actuación del FROB, ha sido un gran fiasco, pero se equivocan, ya que por el contrario, por lo que este Organismo publica, según tres expertos independientes, el coste de la liquidación hubiera sido de 17.846 millones de euros. Luego el equipo directivo del FROB nos ha ahorrado casi 5.500 millones de euros.

Claro que otros pensamos que existía una solución más barata y mejor para los ciudadanos por varios motivos: el mantenimiento de Catalunya Banc en la órbita oficial constituyendo uno de los pilares del Banco Público que tanto se está echando de menos en estos tiempos de tribulación.

¿Y en qué me apoyo para hacer esta afirmación? Pues muy sencillo, en que si las pérdidas definitivas pudieran haber sido 17.846 millones de euros el BBVA no hubiera comprado el banco en absoluto, ya que supondría asumir alegremente un quebranto de 5.500 millones de euros. Pero además, resulta que el Consejero Delegado del comprador lo considera un buen negocio, incluso teniendo que dedicar 450 millones para incorporarlo al grupo.

Alguno puede pensar que eso es así porque los banqueros privados son muy listos y pueden convertir el agua en vino, pero esto no se compadece con las apreturas financieras que están pasando y con la magna exposición al riesgo inmobiliario en la que entraron (recuerde SAREB). Otros sin embargo, dirían que son unos egoístas que en aras de bonos gigantescos entraron en una endiabla espiral de crecimiento a toda costa. Claro que van a salir del atolladero quedándose con la joya de la Corona que suponía el sector de las Cajas de ahorros.

Por último, en algunos medios ha sorprendido que el ganador de la puja haya sido el BBVA, y no Caixabank ni el Banco de Santander, que partían como favoritos. La explicación del FROB es que no ofertaron lo suficiente, lógico, la cuestión es porqué ha sido así. Mi opinión es que a Caixabank no le interesa tanto crecer en Cataluña, por motivos a que todos se nos ocurren, y que el Santander se está reservando para una pieza aún más apetecible: Bankia.

José Santos Pulido es socio de infoLibre

No basta para el PSOE con que el patriarca de Convergència Democràtica, Jordi Pujol, haya confesado un fraude fiscal multimillonario y continuado durante 34 años. Tiene que dar cuenta de dónde le viene el dinero. 

Pedro Sánchez levantó ayer una enorme ovación cuando, ante el plenario del congreso federal extraordinario, se refirió al caso Pujol. Y hoy lunes, en su primera rueda de prensa ya como secretario general de los socialistas, amplió su andanada contra el expresident de la Generalitat. "Tiene que explicar, y ya está tardando, el origen de esos fondos" que ocultó a Hacienda durante tres décadas. El líder del PSOE contó que en la primera reunión de la ejecutiva federal todos habían compartido un análisis: la "decepción e indignación" con aquellos "a los que se les llena la boca a la hora de hablar de patria, y cuando tienen que escoger entre patria y patrimonio, eligen siempre su patrimonio y se lo llevan a paraísos fiscales". La catalana Carme Chacón, secretaria de Relaciones Internacionales, vino a decir incluso que quien ha estado "estafando" a Cataluña y expoliando a sus ciudadanos ha sido Pujol, president durante 23 años (1980-2003), según recordaba un dirigente a la salida del encuentro en Ferraz. 

Desde Barcelona, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, pidió al fundador de CDC y al jefe del Govern, Artur Mas, que comparezcan motu proprio en el Parlament para dar explicaciones, porque la nota que emitió el expresident el viernes reconociendo haber tenido cuentas en el extranjero es "insuficiente". Los dos, dijo, tienen la oportunidad de "tomar la iniciativa", sin que por ello renuncien los socialistas catalanes a pulsar otros instrumentos parlamentarios o brindar apoyo a propuestas de otros grupos, como una comisión de investigación, que impulsa el PP. Para Iceta, es "imprescindible" conocer el volumen total de dinero defraudado y el origen de los fondos que escaparon al control del fisco, informa Europa Press. 

Las críticas también llegaron desde IU. Cayo Lara exigió al Parlament que retire a Pujol su sueldo vitalicio como expresident si él no renuncia al mismo. "Ha pasado a ser del molt honorable al muy lamentable", ironizó el coordinador federal. A la federación le sorprendió la confesión de Pujol, porque "venía de alguien que ha estado dando lecciones al conjunto del Estado español". Lara anunció que su grupo pedirá en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre el fraude fiscal en España, porque “lejos de reducirse, continúa incrementándose”.

Dar salida a los parados sin prestación

Durante la larga comparecencia ante los medios, de 39 minutos, Sánchez también se refirió a otro de los asuntos que citó ayer en su puesta de largo: la pérdida del Estado de 11.500 millones de euros por la venta de Catalunya Banc. El secretario general volvió a exigir al presidente del Gobierno, o a sus ministros económicos –Luis de Guindos y Cristóbal Montoro– que comparezcan, porque "es urgente", porque en su momento el Gobierno insistió en que los rescates de las cajas no costarían dinero a los contribuyentes y porque "se está diciendo que no hay recursos para garantizar las becas" o una sanidad pública universal y sí los hay para reflotar bancos "que luego son malvendidos". 

Sánchez no respondió si quiere que se abra una comisión de investigación en el Congreso, pero sí que el presidente, Mariano Rajoy, responda "con un sí o un no" si va a "garantizar que todos los bancos rescatados se van a vender por el mismo importe". "No sé cuál es su opinión", insistió.  

Esta tarde, a las 17 horas, se reúnen Sánchez y Rajoy en el palacio de la Moncloa. Allí tendrá oportunidad de planteárselo directamente, una entrevista a la que acude con "ánimo y espíritu de diálogo leal y abierto, pero claro". En la agenda de la cita habrá varios asuntos sobre la mesa. Mucho Cataluña, pero para el PSOE "más urgente" es aún discutir sobre el desempleo, la pobreza infantil, la agenda de reformas democráticas y sociales o la cohesión social. De ellas, apuntó una: que el Gobierno busque una solución para los parados sin prestación, porque es "inaceptable" que sólo el 57% de ellos tengan cobertura. El secretario general no quiso adelantar el detalle de esa medida, con el argumento de que antes se la quería explicar a Rajoy. El secretario general también le pedirá al jefe del Ejecutivo que "abandone toda esperanza" de aprobar una Ley del Aborto regresiva. 

No quiere "eslóganes", sino "contenido"

Sobre Cataluña, el presidente no encontrará mucha novedad en los planteamientos del líder del principal partido de la oposición: reforma constitucional en un sentido federal. El que debe moverse, volvió a recordar hoy, es Rajoy: "El tiempo del inmovilismo ha acabado, el tiempo de las reformas tiene que comenzar". Sánchez enfatizó que se trata no de "construir muros", sino de "tender puentes" de solidaridad y de unión de los territorios de España. Respondiendo a la rueda de prensa de la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, que le había acusado en Génova de tirar de "eslóganes". "Coincido. Espero que nuestra conversación no sea de eslóganes, sino de concretar nuestras posiciones políticas", de "hablar de contenido". 

En los próximos días, aunque aún no hay fecha, Sánchez se reunirá con Mas en Barcelona. Tampoco hay día fijado para la primera cumbre del Consejo de Política Federal (antiguo Consejo Territorial), que cita a todos los barones del partido y que coordina Susana Díaz. No precisó si será antes o después del Comité Federal programado para primeros de septiembre, pero sí en ese mes, y subrayó que le quiere dar a ese órgano una "máxima prioridad", por cuanto ha de pilotar toda la política autonómica del PSOE y la respuesta a Cataluña. 

Como acotación, añadió que no tuvo "ninguna intención" de ofender a nadie cuando enumeró ayer los "males" que aquejan a España y citó, de corrido, el terrorismo machista y el independentismo. "Tengo muy claro qué significan una cosa y la otra". 

La otra parcela de temas que esta tarde abordarán Rajoy y Sánchez será la regeneración democrática. El secretario general socialista reiteró su no a la reforma que pretende el PP de elección directa de alcaldes. No cabe ningún acuerdo, porque no es el momento de "trampear" a pocos meses de las autonómicas y municipales y porque "lo que fortalece la democracia son los pactos y los acuerdos". El PSOE no admitirá un modelo a doble vuelta, en ningún caso. "No vamos a entrar en ese juego", garantizó. Sánchez adelantó que será muy difícil el entendimiento en estos temas, porque el PP debe antes "limpiar su casa" y ha perpetrado un "pucherazo" de enormes dimensiones al cambiar el Estatuto manchego y la ley electoral regional sin consenso. "Estamos muy lejos". El líder del partido dejó claro que aunque él concibe la política "como un ejercicio de pacto", este no puede darse "sin contenido".

Calendario de primarias, en septiembre

Sánchez estaba ofreciendo, pues, apuntes de su labor de oposición, que se desplegará tanto dentro como fuera de las instituciones. Ayer dijo que quería que el PSOE saliera "al encuentro" de los indignados y de los que optaron por otros partidos o los que se sienten engañados por el PP. El secretario general anunció que, de cara a septiembre, la ejecutiva va a preparar una "estrategia potente" para que el partido esté "en contacto con los movimientos sociales" y las calles para replicar a las políticas del Gobierno. Tarea que recae en Pedro Zerolo, que ya en su etapa anterior en la dirección (2004-2012) dinamizó el entendimiento con los colectivos. "Vamos a estar muy presentes y visibles en las manifestaciones", remachó.

Durante la comparecencia también se abordaron cuestiones internas. Como ya había avanzado su secretario de Organización, César Luena, esta mañana en la Ser, hoy se harán públicas las cuentas del PSOE de 2012 y 2013 –estas últimas no auditadas por el Tribunal de Cuentas–, y se darán a conocer próximamente las declaraciones de bienes de todos los integrantes de la ejecutiva.

El calendario de primarias al completo quedará "aclarado" en septiembre, como ya informaba infoLibre. Pero primarias habrá, porque el compromiso está "vigente", insistió. La fecha ya preocupa cada vez menos a los dirigentes y se da por hecho que la elección del candidato presidencial se llevará al verano de 2015. Hoy mismo, la exministra Chacón, una de las que más insistió en mantener las primarias abiertas en noviembre, decía esta mañana, que "nadie está en eso". 

"Repensar" todas las direcciones de los grupos

De la ejecutiva de hoy tampoco salió el nombre de los portavoces en los grupos. La previsión es que el madrileño Antonio Hernando, uno de sus hombres de confianza, reemplace a Soraya Rodríguez en el Congreso, y Óscar López, secretario de Organización saliente, releve a Marcelino Iglesias en el Senado, pero no se descartan sorpresas. Sánchez no quiso dar por bueno ningún nombre. Los nuevos portavoces se conocerán, dijo, "en las próximas semanas". 

Sí subrayó que va a "repensar todo". "Y cuando digo todo, me estoy refiriendo a todas las direcciones", en las dos Cámaras y en el Parlamento Europeo. Ello también sitúa en el disparadero a Elena Valenciano, la cabeza de lista socialista el 25-M y todavía jefa de la delegación en Bruselas, a quien definió como una "extraordinaria compañera" que ha desarrollado una gran labor que promete "tener en cuenta". La candidata natural para ser jefa del PSOE en Europa es la eurodiputada castellanoleonesa Iratxe García, nueva secretaria de la UE de la ejecutiva. 

Sánchez prevé dar "muy pocas vacaciones" a su equipo. El lunes próximo se volverá a reunir la ejecutiva federal, y también el 25 de agosto. En septiembre, Comité Federal y, muy probablemente, Consejo de Política Federal. Y también se alumbrará el órgano de nueva creación impulsado ad hoc, el Consejo para la Transición Industrial y Energética, para satisfacer al presidente asturiano, Javier Fernández, que se sintió orillado al asumir Díaz la coordinación de las cumbres con los barones. El secretario general alabó efusivamente a Fernández y recalcó que para él son "prioritarios" los asuntos que se abordarán en ese foro para construir una hoja de ruta creíble y recuperar la confianza ciudadana. 

La ejecutiva, que recibió el respaldo del 86,19% del congreso extraordinario, se reunió este lunes en un ambiente "muy positivo, ilusionante y esperanzador", sostuvo. Un clima que quiso trasladar a su comparecencia ante los medios. Bromeó, trató por su nombre a los periodistas, les tuteó y les emplazó a un próximo café con él. 

La parroquia tuitera critica que se haya dilapidado de esta forma el dinero público del que ahora sacará tajada una entidad privada.

No hace tanto tiempo el presidente Mariano Rajoy empeñaba su palabra en decir que la nacionalización de la banca no le costaría nada a los ciudadanos españoles. Palabrita de Mariano Rajoy.

BBVA ha estimado que la compra de Catalunya Banc contribuirá al beneficio neto atribuido del grupo con un promedio de 300 millones de euros al año a partir de 2018, según ha avanzado el director de Estrategia y Finanzas de la entidad, Jaime Sáenz de Tejada.

En una presentación con analistas, Sáenz de Tejada ha explicado que la operación cerrada este lunes cuenta con "riesgos muy bajos" y generará valor al grupo desde el principio.

El directivo del BBVA ha previsto que la operación se cierre en el primer cuatrimestre del próximo año.

Además, ha calculado que los costes de sinergias se situarán por encima del 40% de los costes básicos de Catalunya Banc, y los costes de reestructuración alcanzarán los 450 millones.

BBVA presentó la mejor oferta al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para hacerse con Catalunya Banc, que asciende a 1.187 millones de euros, superando a las otras dos entidades que presentaron oferta vinculante: Banco Santander y Caixabank.

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) se ha hecho en una subasta con Catalunya Banc por 1.130 millones, lo que implica que el Estado español, que aportó más de 12.600 millones para reflotarla, perderá unos 11.500 millones.

Banco Santander, Caixabank y BBVA presentaron al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sus ofertas vinculantes para hacerse con Catalunya Banc. Y según Europa Press, en el sector se consideraba que Santander partía como la favorita, aunque al final ha sido el BBVA de Francisco González el que ha presentado una mejor oferta.

Garantías

El plazo para presentar las ofertas concluyó el pasado viernes. Para cerrar la subasta de Catalunya Banc y no tener que aplazarla como ya ocurrió en dos ocasiones, el FROB ha tenido que ofrecer garantías al comprador por un riesgo máximo de 1.000 millones.

Estas garantías, similares a las aplicadas en otros procesos, se destinarían a cubrir posibles sentencias derivadas de la venta de productos híbridos -participaciones preferentes y deuda subordinada-, cláusulas suelo y swaps y de una eventual ruptura del acuerdo en bancaseguros con Mapfre.

El organismo liderado por Antonio Carrascosa, que está citado a declarar como testigo este miércoles en la Audiencia Nacional por el caso Bankia, consideraba que la antigua caja catalana había ganado "atractivo" tras la venta de un paquete de hipotecas al fondo buitre norteamericano Blackstone; en esta operación el FROB aportó 572 millones de euros.

El Estado ha destinado en total cerca de 12.600 millones al saneamiento de Catalunya BancCatalunya Banc para cubrir un "agujero sin parangón" en el sistema financiero español, tal y como lo definió el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Audiencia Nacional

Hace unos meses, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió admitir a trámite la querella presentada por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) contra Catalunya Banc por los presuntos delitos de estafa y apropiación indebida por la venta de participaciones preferentes y otros productos "tóxicos". Además de las preferentes, Adicae había denunciado la comercialización de "swaps, cláusulas suelo de las hipotecas y deuda subordinada".

Además, el titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona ha imputado al expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra, al exdirector general Adolf Todó y a otros 52 miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa en 2010 por "retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia".

Blackstone se adjudica la cartera de hipotecas de Catalunya Banc

El fondo buitre Blackstone se ha adjudicado la cartera hipotecaria de Catalunya Banc, valorada en unos 6.300 millones de euros, según han informado a Europa Press en fuentes financieras.

Fuentes oficiales del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han explicado a Europa Press que tanto la entidad catalana como el organismo dependiente del Ministerio de Economía emitirán sendas comunicaciones a lo largo de esta tarde.

El FROB estudiaba la posibilidad de ofrecer nuevas "garantías" en la venta. Catalunya Banc ha recibido hasta la fecha alrededor de 12.000 millones para su reestructuración.

El proceso de venta de la cartera hipotecaria es paralelo al de la subasta de la entidad.

Blackstone es uno de los fondos buitre más activos, junto a Cerberus, Apollo, HIG, Yorvick, Fortress, York Capital o Centerbridge. Todos ellos  se mueven como pez en el agua en medio de la crisis inmobiliaria española.

En el caso de Madrid, la compra por Blackstone de miles de viviendas a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) apunta a un intento de traer a España el modelo de EEUU. Blackstone es el mayor propietario y arrendador en EEUU. En los últimos años ha invertido más de 7.500 millones de dólares (5.472 millone sde euros) en la compra de viviendas a bancos.

José Ignacio Goirigolzarri presumió ayer en la Junta General de Accionistas de que Bankia es la entidad financiera rescatada que “más ayudas [públicas] ha devuelto” hasta la fecha. Goirigolzarri se refería a la venta en Bolsa del 7,5% del capital de Bankia en la última semana de febrero. Con esa operación, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) recuperó 1.304 millones de euros, con unas plusvalías de 301 millones. Tan sólo el 5,8% de los 22.424 millones de euros que recibió de dinero público. Es decir, aún debe reintegrar 21.120 millones.

La junta comenzó a mediodía con los gritos de una decena de afectados por las preferentes, que mantuvieron sus protestas durante buena parte del discurso del presidente. En un momento determinado Goirigolzarri llegó a pedir que le escucharan, informa Europa Press.

En efecto, Bankia es la que más ayudas ha devuelto porque, de hecho, es de las tres nacionalizadas la única que ha podido hacerlo hasta ahora. Novagalicia acaba de ser vendida al venezolano Banesco por sólo 1.003 millones de euros, mientras que recibió de las arcas públicas un total de 9.853 millones de euros. Además, la operación se cobrará a plazos: el primero será de 313 millones y aún no ha sido desembolsado; el resto no se pagará del todo hasta 2018. El Confidencial publicaba hace sólo una semana que Banesco estaba aún buscando financiación para cerrar la compra.

Un total de 13.052 millones públicos recibió Catalunya Banc, que ya ha pasado por dos intentos frustrados de venta. La tercera subasta, prevista para antes del verano, va a retrasarse, según ha reconocido el ministro de Economía, Luis de Guindos. Y es posible que la entidad termine troceándose –créditos fallidos, gestora inmobiliaria, gestora de fondos, la red de sucursales fuera de Cataluña…– para atraer a fondos de inversión oportunistas, los únicos que parecen interesados.

Aparte de estas tres grandes entidades, Liberbank, BMN, Caja 3 y Ceiss forman el llamado grupo 2: recibieron dinero público pero no fueron nacionalizadas. Tienen de plazo hasta abril de 2015 para reintegrar las ayudas públicas. Liberbank debería devolver este año 124 millones que recibió del FROB. Para ello emitirá cocos o bonos contingentes convertibles.

BMN, que también tiene previsto salir a Bolsa, consiguió 1.645 millones de euros públicos.

“La mayor parte”

Pese a que el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, declaró en diciembre que “no debe asumirse” que se perderá el dinero público invertido en los bancos nacionalizados, lo cierto es que los 5.800 millones inyectados en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), los 948 millones recibidos por Unnim, los 5.500 millones metidos en Banco de Valencia, los 241 millones destinados a Unicaja, los 2.300 millones recibidos por Cajasur y los 1.682 millones por CCM corren serio riesgo de volatilización.

La factura total del rescate bancario supera los 61.000 millones de euros. Ya el pasado septiembre Luis de Guindos reconoció que no se iban a recuperar el 100% de las cantidades inyectadas. Sí la “mayor parte”, pero desde luego no esos 61.000 millones. Hasta el momento, la devolución ha sido mínima.