"Le hicimos creer que era un gigante. El problema de las mentiras es que, tarde o temprano, tienes que enfrentarte a alguien que no ha leído tu campaña de prensa”. Esta es la frase que Eddie Willis –interpretado por Humphrey Bogart– le dice al corrupto promotor de boxeo Nick Benko –interpretado por Rod Steiger– al ver el peligro de inflar a un boxeador sin talento en la película Más dura será la caída.

Una frase que bien le podría decir Feijóo a Miguel Ángel Rodríguez –en un momento en el que este estuviera sobrio para que le entendiera– refiriéndose a Isabel Díaz Ayuso.

Porque todo apunta a que la “potra de Chamberí” está al borde del KO técnico. En dos ocasiones ha estado a punto de acabar, como diría Jaime Ugarte, en la habitación del sueño: después del uppercut del incendio de la Sierra Oeste de Madrid y tras el jab del ático-oficina-residencia de Martínez Campos. A la tercera, ya sabemos, que el árbitro para la pelea. Y, por si esto fuera poco, en su esquina parece no haber segundos dispuestos no ya a darle un extra de aire abanicándola con la toalla, sino a quitárselo.

Porque todo indica que la filtración del nido oficial salió de su entorno. Muy probablemente del propio Miguel Ángel Rodríguez que habló de un ático de dos plantas. Es verdad que solo tiene una pero, claro, cuando el nivel de alcohol en sangre es elevado, los pequeños músculos de los ojos dejan de trabajar en sincronía y aparece la doble visión.

A esto se añade el silencio de Feijóo después de que Génova diera el OK–que no el KO– a la operación. Del mismo Feijóo que dio la orden, tiempo atrás, de respaldar sin fisuras a su némesis. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Aunque también podría decirse “en la Quirón y en la pandemia”. Y tenemos suficiente callo político como para saber que el silencio de un jefe cuando llega el tío Paco con las rebajas no es señal de neutralidad, es que te ha dejado a los pies de los caballos. De todos. Bueno, no sé si también de “Canalejas” y “Espronceda”, propiedad del juez Peinado.

Juanma Moreno y Alfonso Rueda tampoco han dicho esta boca es mía y se han limitado a ver el combate desde el palco, no fuera a ser que les salpicara la sangre y les manchara el impoluto esmoquin blanco que dicen lucir como muestra de su inmaculada gestión y su ejemplar comportamiento. Y, claro, una operación inmobiliaria de la Comunidad de Madrid –una operación pública, al fin y al cabo– con cláusula de confidencialidad con la inmobiliaria como tenía esta… En fin.

Incluso podía escucharse de lejos a Cayetana Álvarez de Toledo –entre el estridente graznar de otras cotorras argentinas– decir que “no entendía bien lo del ático de Ayuso”.

Y, como empecé esta columna con una frase de una película, voy a terminarla con esta frase de otra película que está por escribirse: “Estoy más sola que Ábalos”. La pronunciaría Ayuso abandonada en la camilla de su vestuario, con las manos todavía vendadas mientras Pablo Casado, con su pase VIP al cuello, la observa feliz y sonriente a través de la abertura de la puerta entreabierta del vestuario de la púgil hasta ahora invicta.

Sería un nuevo remake de la original de Mark Robson y llevaría el mismo título: Más dura será la caída.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

El Madrid D.F. continúa con su actualidad, de un brío mudo que perpetúa su vida a la sombra de los parterres del Retiro y al sol de este ferragosto encendido. Ayuso vive desenchufada de Génova, desenchufada de Aznar y, sobre todo, desenchufada de su novio, Alberto, que parece haberle mandado un aviso a navegantes con el anuncio, en Idealista, de la venta de su ático.

Alberto es la síntesis de la novela balzaquiana, el hombre que acudió a la gran capital a seducir, comprar, enriquecerse y después huir. Alberto es el nuevo retrato de Lucien de Rubempré, pastoreando las ilusiones perdidas de este don nadie convertido en killer y donjuán implacable y letal. La gran conjura de González Amador es haber entendido, antes que nadie, que Madrid es un enorme ático puesto en alquiler de temporada.

La gran ambición literaria que movió a los escritores de provincias al Gran Madrid del siglo XX es la misma ambición financiera de este Madrid D.F. que se compra y se vende constantemente. El misterio del dinero sigue alimentando las pasiones de las élites españolas. La gran novela del siglo XXI es esta ferocidad sentimental que sólo se entiende y aprende desde los códigos del gran capital, o sea, Marx y unas cuantas dosis de Brest Eaton Ellis. Entre sus lecciones hay una que admite que el éxito exige un sacrificio. El de Alberto González Amador ha sido, sin duda, su adicción a las plusvalías del corazón, emparejándose con la presidenta de la Comunidad que también ha jugado a la gran novela del XIX, pero con otro estilo, otra prosa, otra gramática que nos remite a Madame Bovary y que, como ya sabemos, termina muy mal.

“Madame Bovary soy yo”, dijo Flaubert para dar cuenta de su magisterio. Lo mismo pudo haber dicho Miguel Ángel Rodríguez: “Isabel Díaz Ayuso soy yo”, en un alarde de novelista/spin doctor que llevó a la discípula hasta las más altas cotas del poder, la psicosis y la vulgaridad. La Nouvelle Vague quiso hacer del cine de su tiempo una visión de la novela del siglo anterior. El video del ático es, en sí mismo, un cuento de verano a lo Rohmer que nos habla del tipo de relación que había entre Alberto e Isabel, con la pareja ya rota y en permanente fuera de campo.

Cuando Flaubert decide que el arte está en los detalles, que la literatura se alimenta de la minucia, escribe la novela que inaugura el siglo XIX europeo para consagrarse a la vulgaridad como religión, como ritual. Algo de esto observamos en el vídeo del ático, aunque no deja de ser el correo —la cabeza de caballo— que, vía Idealista, transmite el testaferro al entorno de su amada. El vestido rojo, las deportivas, la toallita blanca con el nombre de Isabelita bordado en oro pueden ser un vulgar cotilleo o el salvoconducto de Alberto a otra vida más tranquila. Toda la biografía cotidiana y geográfica de Isabel está miniada esforzadamente a través de una cámara que nos remite a lo kitsch, confirmando aquella gran lección de Godard: el travelling no es sólo un movimiento de cámara sino una cuestión moral.

Mientras se resuelve y se revuelve la ruptura sentimental de Alberto, Isabel ha tenido que encarar la dosis de enfrentamiento a lo desconocido que implica comprar una nueva casa, en este Madrid D.F. disparado de precios e imposible donde hasta la vida es un carísimo alquiler de temporada. Comprar un ático es una adversidad capaz de afectar tu vida entera y decidir aquello que todavía no se sabe: la mirada que proyectará Isabel a través de la terraza, el sitio donde derramará sus lágrimas, donde hará el amor, el lugar y la situación donde se sentirá asediada por la vida, donde se cobijará de la tormenta, donde las facetas más lánguidas y las más vigorosas de sí misma terminarán por ser abandonadas y quedarán enterradas, donde enfermará y regresará después de los cumpleaños, los divorcios, los matrimonios y los funerales. Todo eso deberá tenerlo en cuenta Isabelita, o sea, que la vida continúa.

Después de haber publicado Salambó, que nada tiene que ver con Bovary (pues se trata de otra prostituta), Flaubert confiesa que ha escrito “penosamente” esa novela, con la sola intención de dar una idea del color amarillo. El vídeo del ático de Chamberí nos da una idea del color de la venganza que tiene el Madrid D.F.: un brochazo de realidad, un espatulazo de capitalismo vivo, rencoroso y feroz, un ajuste, y no sólo un balance, de cuentas, como una noche tropical que tiene cogido a todo el PP de los cojones.

A todo el partido menos a uno, o sea, a Alberto Núñez Feijóo, que ve, inopinadamente, cómo se libera de lastre de cara al curso político donde se jugará su destino. Pero esa, querido y desocupado lector, es otra novela.

El nombre de Miguel Ángel Rodríguez lleva décadas ligado a la política, pero también a los negocios. Entre su etapa como portavoz del Gobierno de José María Aznar y su regreso a la primera línea como hombre de máxima confianza de Isabel Díaz Ayuso más de veinte años después, MAR desarrolló una extensa trayectoria empresarial: pasó por compañías de publicidad y comunicación, se sentó en varios consejos de administración y construyó su propio grupo de sociedades alrededor de una empresa, Splendens Ibérica.

El rastro está en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), la publicación oficial en la que quedan registrados los principales movimientos de las empresas españolas y que describe quién las administra, cuándo un directivo entra o sale, qué sociedades se fusionan y cuáles desaparecen. Seguir ese rastro permite reconstruir una trayectoria de más de 40 cargos en cerca de veinte sociedades, según los recuentos mercantiles publicados sobre Rodríguez. Muchos de esos negocios estaban relacionados con terrenos que conoce bien, entre los que destacan la publicidad, los medios, el marketing y la producción audiovisual

Entre otros nombres aparecen Carat España, Secuoya Grupo de Comunicación, iPhone Media o NetThink Iberia, compañías en las que ejerció como consejero e incluso como presidente y vicepresidente. Pero en el centro de su actividad empresarial acabó situándose Splendens Ibérica, su propia sociedad y alrededor de la cual fue agrupando buena parte de sus negocios en el mundo de la comunicación que, según el registro, tiene dos momentos claves. 

El primero se produjo entre 2018 y 2019, cuando Rodríguez simplifica y concentra su estructura empresarial. El segundo llegó a comienzos de 2020, inmediatamente después de convertirse formalmente en alto cargo de la Comunidad de Madrid tras haber asesorado previamente a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en la campaña de las autonómicas. En enero de 2020, MAR abandona los puestos de administración de sus principales compañías y su hija, Clara Rodríguez Ilárraz, pasa a ocuparlos.

Durante años, los intereses empresariales de Rodríguez estuvieron repartidos entre distintas sociedades. Algunas se dedicaban a actividades audiovisuales, otras a publicidad, libros o inversiones. Pero en septiembre de 2018 comenzó un movimiento para reunir buena parte de ellas bajo un mismo paraguas. Splendens Ibérica pasó entonces a controlar cinco empresas: Aba Libros, Formatos Audiovisuales por Internet, Tinychip, Elestes Inmobiliaria y Splendens Ibérica Televisión. Una estructura que se completó después con Splendens Branding y Peñafiel Estudios de Cine y Televisión.

En octubre de 2019, al quedar definitivamente registrada la absorción de las otras compañías, Rodríguez fue renovado como administrador único de Splendens Ibérica. Entonces, ya había participado como asesor en la campaña de las autonómicas y municipales que llevó a Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid pese a ser la segunda fuerza. Pero todavía no era alto cargo del Ejecutivo madrileño. La operación redujo el número de empresas y simplificó su estructura, pero MAR seguía al frente de la sociedad principal.

Desde que dejó el Gobierno de José María Aznar en 1998 hasta que se incorporó al Gobierno de Ayuso más de dos décadas después, Rodríguez desarrolló durante años una carrera estrechamente relacionada con el mundo de la comunicación y la publicidad. No solo como polémico tertuliano, como ya contó infoLibre en la entrega sobre MAR y los medios. Fue presidente de Carat España, una de las grandes agencias de medios, entre 1999 y 2006 y pasó por los órganos de dirección de distintas compañías.

Un recuento de su historial empresarial publicado en El Español en 2020 elevaba el balance a 42 cargos en cerca de 20 sociedades. No todas estuvieron activas al mismo tiempo ni tuvieron la misma importancia, pero el conjunto dibuja una trayectoria empresarial muy extensa y que le ha dado “mucho dinero”, en palabras de una persona cercana a MAR, que insiste en que el jefe de gabinete de la presidenta accedió a asesorarla y a entrar en su Gobierno por una mezcla de “vocación” , “aburrimiento” y “ambición política”.

Cuando accedió al cargo en 2020, un puesto por el que actualmente cobra unos 100.000 euros brutos anuales, según Transparencia, MAR declaró un patrimonio de 5,7 millones de euros, que se dividía en dos empresas, que son también las dueñas de un patrimonio inmobiliario compuesto por cinco viviendas y una nave industrial por valor de 4,6 millones, mientras que el resto son activos en Bolsa y fondos de inversión (550.000 euros), planes de pensiones y ahorros (283.000) y cuatro vehículos (172.000).

Su última declaración data de 2023 y permite cifrar en al menos seis millones de euros su patrimonio, es decir, 300.000 euros más que cuando entró. El jefe de gabinete de Ayuso puede seguir manteniendo su participación en esas empresas porque la ley madrileña no obliga a un alto cargo a vender todas sus empresas ni todas sus acciones o participaciones cuando llega al Gobierno. Lo que establece como regla general es que debe dedicarse de forma exclusiva a su función pública y que no puede seguir desempeñando al mismo tiempo un trabajo o un cargo en una empresa privada.

En cuanto a propiedades inmobiliarias, en 2004 y 2010, Rodríguez adquirió dos viviendas en Madrid. La primera se valoró en 359.936 euros y la segunda en 400.048 euros. Por último, en 2017, compró una nave industrial en el municipio de Cebolla (Toledo), cuyo valor catastral asciende a 546.238 euros en 2020. Además de los inmuebles a nombre de sus empresas, MAR es copropietario de dos bienes por herencia: una vivienda en Sada (A Coruña), valorada en 36.505 euros y de la que posee 1/4 de la titularidad, y un terreno rústico en Valladolid, con un valor de 421 euros y del que tiene 1/6. 

El jefe de gabinete de Ayuso también declaró ser dueño de una cartera de valores que ascendía a 237.000 euros y de cuatro fondos de inversión, que suman 312.951 euros. En total, 549.951 euros por este concepto. En el apartado de vehículos, MAR declaró cuatro bienes diferentes: un Lexus RX 300, que adquirió en 2014 por 75.000 euros; un Audi Q5 que compró ese mismo año por 30.000 euros; un Lexus CT200H que le costó 22.500 euros en 2016; y una Mercedes Vito que consiguió en 2017 por 45.000 euros. Entre los cuatro desembolsó, por tanto, 172.500 euros.

“Yo no tengo ni la menor idea”. Esa fue la respuesta que dio Isabel Díaz Ayuso el pasado miércoles a las preguntas sobre el ático de lujo adquirido por la Comunidad de Madrid. Esa frase resume una de las argucias que más ha utilizado desde que llegó a la Puerta del Sol: desvincular su figura de las decisiones adoptadas por su propio Gobierno y trasladar las explicaciones a otros para salvarse. “No trabajo para mis adversarios que están de vacaciones, estoy centrada en los problemas importantes”, añadía este viernes ante la prensa, a la que cuestionaba— especialmente a TVE— por preguntarle por el ático y no “por la gente afectada” y lo que “están haciendo”, en alusión a los incendios. 

El inmueble, situado en Chamberí, tiene 485 metros cuadrados, de los cuales 200 son de terraza, fue adquirido por la empresa pública Planifica Madrid para, según dijo en un primer momento la Puerta del Sol, alojar provisionalmente a la presidenta y a parte de su equipo durante las obras de la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el piso tiene uso residencial y la normativa urbanística no permite dedicarlo íntegramente a oficinas y tampoco a una residencia oficial de la presidenta madrileña. Apenas un día después de que la compra saliese a la luz, el Ejecutivo autonómico anunció que lo pondría a la venta.

La primera reacción de Ayuso fue denunciar una “campaña de desprestigio” promovida por el Gobierno central y su “prensa afín”. Unos días después, tras comprobar que la polémica no disminuyó, negó que el inmueble fuese para ella pese a que justamente coincidió con la puesta en venta de los inmuebles en los que reside con su pareja, Alberto González Amador. Esta semana, tras las idas y venidas, Ayuso ha decidido remitir cualquier pregunta a la Consejería de Presidencia, que depende de Miguel Ángel García Martín, porque, según afirmó, ella desconoce los inmuebles que la sociedad pública compra o vende. “No es mi competencia”, añadió sobre la polémica operación por la que el Gobierno regional pagó 6,3 millones de euros.

La pelota se situó entonces en el tejado de García Martín, uno de sus hombres de máxima confianza, al menos hasta ahora. El consejero respondió el jueves que las explicaciones estaban “sobradamente dadas” y desplazó de nuevo el foco hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La polémica del ático, sostuvo, había sido sacada de contexto para ocultar las “vergüenzas” de la izquierda, la corrupción del Gobierno central y su gestión de la crisis migratoria de Ceuta. “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, sí la tienen muchos presidentes autonómicos y la mitad de los ministros de este país”, añadió después. Unas palabras que la oposición ha interpretado como un reconocimiento implícito de que ese era en realidad el uso que se le quería dar.

Explicaciones que forman parte del ‘manual’ de supervivencia de la presidenta madrileña y de su entorno, que pasa por negar la responsabilidad personal, derivar la explicación a un subordinado y transformar cada polémica—en este caso quién decidió comprar el inmueble, con qué criterios y para qué uso— en una batalla contra Sánchez sin dar más explicaciones.

Avalmadrid: el precedente familiar

Este modus operandi comenzó ya en el verano de 2019, poco después de su investidura, con las exclusivas de infoLibre sobre Avalmadrid. La entidad semipública concedió un aval de 400.000 euros a una empresa participada por los padres de Ayuso. “Yo no he mediado, yo no he presionado, yo no era nadie”, dijo entonces la baronesa del PP. Una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid concluyó, sin embargo, que sí existió un trato “personalizado y preferente” y una gestión negligente en el seguimiento y recobro del préstamo, pero no tuvo ninguna consecuencia para la presidenta madrileña. 

Ayuso utilizó sus contactos en el Gobierno de Esperanza Aguirre para acceder a un directivo de la entidad y conocer qué sucedería con el patrimonio familiar si la empresa no devolvía el dinero. En las semanas posteriores aceptó de sus padres la donación de la “nuda propiedad" de una vivienda y de la mitad de un local. La presidenta sostuvo que no había mediado ni presionado a nadie, negó cualquier trato de favor y denunció que “la izquierda” había llegado demasiado lejos al involucrar a padres y hermanos en el debate público. La denuncia de una supuesta persecución apareció, de nuevo, más tarde con su hermano y su pareja.

Room Mate: el error que acabó en la consejería de Ciudadanos

En mayo de 2020, la revista Vanity Fair publicó que Ayuso llevaba semanas alojada en una suite de la cadena Room Mate durante el confinamiento. Tras destaparse el caso, la presidenta madrileña aseguró que pagaría personalmente la estancia y no se acreditó que el alojamiento fuese abonado con fondos públicos. Pero la polémica aumentó cuando en el portal de contratación de la Comunidad apareció Room Mate como adjudicataria de un contrato de 565.749 euros para atender a mayores trasladados de residencias a hoteles y el Ejecutivo regional alegó que se trataba de un error de publicación. 

Ayuso anunció una investigación interna y dirigió la responsabilidad hacia la Consejería de Políticas Sociales, entonces controlada por Ciudadanos, su socio de Gobierno. Horas después, el consejero Alberto Reyero, destituyó a su secretario general técnico, señalado como responsable del error. Reyero ya se había situado en la diana de la dirigente del PP por su posición crítica respecto a la falta de medicalización en las residencias de mayores durante la pandemia. 

La presidenta defendió paralelamente que su estancia era un asunto privado y que cualquier mandatario en sus circunstancias habría buscado un lugar desde el que trabajar sin molestar a sus vecinos. Las versiones sobre la fecha de la reserva, sus condiciones y el precio fueron cambiando, pero el coste inmediato acabó recayendo en un departamento gestionado por el socio minoritario del Gobierno, Ciudadanos, del que Ayuso se desprendió un año después.

Los aviones que no llegaban, el Zendal y la culpa de Moncloa

Durante la primera ola de la pandemia, Ayuso anunció el 22 de marzo de 2020 la llegada inminente de dos aviones con material sanitario procedente de China. Más de una semana después, los cargamentos seguían sin aparecer. Mientras administraciones de todo el mundo competían por los mismos proveedores y afrontaban problemas logísticos, la Comunidad se quejó de que el Gobierno central estaba bloqueando la llegada de material. 

La dirección nacional del PP, entonces liderada por Pablo Casado, amplificó la acusación y habló de proveedores obligados a desviar mascarillas y respiradores por la “inacción” de Moncloa. La secuencia se repitió después con el Hospital Isabel Zendal que fue presentado por Ayuso como el gran símbolo de su gestión de la pandemia. Cuando comenzaron las denuncias sobre falta de personal, traslados forzosos de sanitarios y problemas de funcionamiento, la presidenta madrileña habló de “sabotajes impresentables”, acusó a personas cercanas a la izquierda de boicotear el hospital y sostuvo que medicamentos y objetos desaparecían del centro para terminar en medios afines a sus adversarios

El drama de las residencias, la culpa fue de Iglesias y de Illa

La gestión de las residencias constituye el ejemplo más grave de este desplazamiento de responsabilidades. El Gobierno madrileño distribuyó durante la primera ola protocolos revelados por infoLibre que establecían criterios de exclusión para trasladar a hospitales a residentes en centros de mayores con determinados niveles de dependencia o deterioro cognitivo. En total, 7.291 mayores murieron en los centros sin ser derivados a un hospital.

Desde que este periódico publicó los documentos, la defensa de Ayuso atravesó distintas fases. Su Gobierno sostuvo que los protocolos eran simples borradores o documentos técnicos que no resultaban obligatorios. También señaló que las muertes se produjeron en toda España y responsabilizó a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, de la situación de las residencias.

Años después, la acusación se desplazó hacia el presidente catalán Salvador Illa, que durante la pandemia era ministro de Sanidad. Ayuso afirmó que Cataluña y el Ministerio de Sanidad habían ordenado “segregar” a los mayores y prohibir su salida. Los documentos ministeriales citados, sin embargo, eran recomendaciones generales de aislamiento para evitar contagios, no órdenes que prohibieran hospitalizar a los residentes y la decisión final correspondía a las autonomías. 

Los sanitarios: del agotamiento al “boicot” de sus profesionales

Ayuso no siempre acude a Moncloa o a la izquierda cuando quiere desentenderse de un asunto polémico. En ocasiones, el responsable elegido es el mismo colectivo que denuncia el deterioro de un servicio público. En diciembre de 2021, en plena sexta ola de la pandemia, Ayuso aseguró que en algunos centros de salud no se cogían los teléfonos, se colgaban las llamadas y que no todos querían “trabajar y arrimar el hombro”. Los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad exigieron una rectificación y recordaron que las diferencias entre centros dependían, entre otros factores, de la falta de profesionales.

El patrón se repitió con la reapertura de las urgencias extrahospitalarias en otoño de 2022. El nuevo modelo arrancó con decenas de centros sin médicos y otros que ni siquiera pudieron abrir. Los trabajadores hablaron de caos organizativo pero desde la Comunidad de Madrid volvieron a presentar las protestas y las dificultades como un “boicot” impulsado políticamente en contra de su presidenta. 

El desplazamiento de la responsabilidad tampoco se limita a adversarios institucionales. En septiembre de 2020, durante el debate sobre el aumento de contagios en los distritos del sur de Madrid, Ayuso los atribuyó al “modo de vida” de la inmigración y a la densidad de población. Posteriormente precisó que se refería a familias numerosas que vivían en viviendas pequeñas, pero rechazó retirar sus palabras y acusó a la izquierda de intentar presentarla como racista. Una situación similar a lo que ocurrió con los cortes de electricidad en la Cañada Real. Ayuso concentró su respuesta en las mafias dedicadas al cultivo de marihuana y en los enganches ilegales a la red de los vecinos.

Aguado, el socio convertido en conspirador

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, pasó de gobernar con Ayuso a convertirse en otro de los responsables de los obstáculos que, según la presidenta, encontraba su gestión. En marzo de 2021, después de la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos en Murcia, Ayuso rompió unilateralmente la coalición madrileña, destituyó a los consejeros de Cs y convocó elecciones anticipadas. Justificó la decisión afirmando que había vivido “situaciones inenarrables” con Aguado y que no tenía ninguna duda de que Ciudadanos “venía a por Madrid”.

Aguado negó que existiera una moción de censura inminente y acusó a la presidenta de utilizar una “excusa peregrina” para satisfacer su ambición personal. Pero el marco de la ruptura ya estaba construido y la operación salió bien. Ayuso arrasó en las elecciones del 4 de mayo y Ciudadanos desapareció de la Asamblea. El dirigente al que había responsabilizado de las dificultades de la coalición acabó abandonando la política institucional.

Casado: de padrino a verdugo

El caso más exitoso de esta estrategia se produjo en febrero de 2022. Casado había sido el íntimo amigo de la presidenta madrileña y fue él quien decidió que fuera ella la candidata del PP para la Comunidad de Madrid en 2019, pese a la oposición interna. La dirección nacional del PP pidió explicaciones sobre un contrato de emergencia de 1,5 millones de euros adjudicado por la Comunidad a una empresa vinculada comercialmente con Tomás Díaz Ayuso, tras tensiones internas por la presidencia del PP de Madrid.

La presidenta reconoció que su hermano había mantenido una relación comercial con la empresa y que había cobrado por sus gestiones, pero el centro de la controversia se desplazó rápidamente desde el contrato hacia Pablo Casado y Teodoro García Egea. Ayuso acusó a la dirección del PP de intentar destruirla, actuar con crueldad contra ella y promover una operación de espionaje contra su familia. La petición interna de explicaciones quedó convertida en una conspiración de Génova contra la dirigente más popular del partido. Casado perdió el liderazgo del PP pocas semanas después, mientras Ayuso emergía reforzada como víctima de un supuesto espionaje y traición interna.

A Isabel Díaz Ayuso le crecen los adversarios dentro del partido, quizá porque ella se los ha buscado: Feijóo, Cayetana y hasta el propio Aznar, que se ha alejado de ella porque ha encontrado en Ester Muñoz alguien que le sirve mucho mejor, sin necesidad de llevar colgado del brazo un testateferro como quien lleva un bolso Louis Vuitton a todas horas hasta para ir a descargar al baño.

El Madrid D.F., así, es hoy una ciudad multifacial, lo que no estaría mal si hubiese armonía entre todas sus caras. Hay el Madrid de Florentino Pérez, motor inmóvil que va a su aire, como el Madrid de Aznar, que es un rascacielos horizontal o vertical desde el que otea el mundo. También tenemos el Madrid de Feijóo, que es un mitin de derechas a favor de la prioridad nacional desde la calle Génova. Chamberí, El Viso, Serrano son el camping de Isabel y tenemos el reino de Rajoy que sabemos que no es de este mundo, pues se sitúa en esa cosa abstracta, etérea y ensimismada que es el Camino de Santiago. Sólo una mujer tan provinciana como Isabelita puede haber llegado a eso que Agustín de Foxá llamaba “la horda” sin renunciar a sus áticos ni sus faldas que ocupan las cuartillas publicadas por Marhuenda o Manso y que son la moda de este año aunque uno piense que no se las compra ella, porque los sueldos de Sol dan para poco.

Madrid D.F., ciudad bifronte, donde los líderes de la derecha se van a a la guerra civil, dispuestos a dispararse unos a otros, apostados desde la azotea de un ático en el corazón de Chamberí, sin importarles el barrio ni la Comunidad ni, mucho menos, los madrileños. Y es que Madrid hace sus políticos pero también los gasta. Y luego está Aznar que, un suponer, sigue en forma y se dedica al casting de mujeres en el poder. Primero colocó a Cayetana, que en gran entrevista al diario El País, quiere un ministerio sin necesidad de consultar ni pedir permiso a Feijóo; después llegó Isabelita, que quiere un ático junto a su mamá, por si se separa de una vez por todas de Alberto; y ahora tenemos a Ester, afilada como un bisturí, que quiere ser candidata a "lo que caiga".

Ayuso vive sus últimos días huérfana de Aznar. Hay que remontarse a su viaje a Cancún para caer en ese parricidio que puso en “entredicho” los intereses de José María Aznar (y no sólo de Faes) en México. Por ahí no, dicen que dijo cuando Isabelita reivindicó a Hernán Cortés, en la Universidad de la Liberad de Ricardo Salinas Pliego, financiador de FAES y factótum de la derecha ultra y trumpista en México. Ayuso se asimiló a Trump, a sus psicosis, despertando la maldición de Malinche y la furia de Aznar. No conviene meter la mano en las cosas del comer y, menos aún, en las ideas.

Algo pasó en Cancún. Aquí hemos venido en rescatar la maldición de Malinche, aquella canción bandera escrita por el cantautor mexicano Gabino Palomares que denuncia la explotación humana y norteamericana de los pueblos indígenas latinoamericanos.

La maldición de Malinche llega a nuestros días, después de que el pueblo mexicano pusiera en evidencia el racismo y civismo que los indígenas sufrieron en sus propios países. Isabel llegó al México D.F. con el malinchismo norteamericano, invitada a los Premios Platino por Antonio Cosío Pando, una de las principales figuras del sector privado mexicano. El empresario hotelero (cuya firma gestiona complejos de lujo como Nizuc Resort & Spa) coordinó con otros empresarios este acercamiento para estrechar lazos entre el dinero latam y la Comunidad de Madrid. El mismo Cosío Pando es el propietario del emblemático teatro Frontón México donde se ha representado Malinche el Musical de Nacho Cano y que ha entrado en concurso de acreedores en España con una deuda de 6,2 millones de euros, de los cuales dos se deben a Sandra Ortega, hija de Amancio, fundador de Inditex, algo más de otro millón a Ifema, y algo menos de un tercio a Estrella Galicia.

La maldición de Malinche nos entrega otro musical. Isabelita, desenchufada, ha caído en desgracia en este Madrid D.F. que es un titán Polifemo devorando a sus hijos. Feijóo no ha pedido todavía explicaciones por lo sucedido en la compra del ático que destapó el diario El País la semana pasada. Teme acabar como Pablo Casado. Y mientras tanto, Miguel Ángel Rodríguez se ha desmarcado de su jefa. No te aferres, MAR, no te aferres, vengo cantando estos días. Pero ese, querido y desocupado lector, es otro musical.

Miguel Ángel Rodríguez ha demostrado que quien domina la relación con los medios puede condicionar de lo que se habla, quién aparece como el culpable y cómo se premia al que obedece a sus intereses. Ex secretario de Estado de Comunicación de José María Aznar, empresario, tertuliano y profundo conocedor de los ritmos internos de las redacciones, actualmente Rodríguez no se limita a trasladar las decisiones de su jefa, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, sino que participa en la construcción del personaje, escoge los marcos del enfrentamiento y establece las condiciones de acceso a la información.

Su sistema se apoya en una combinación conocida por muchos periodistas madrileños: recompensa para quienes reproducen el mensaje, distancia para quienes se apartan de él y hostilidad abierta para quienes investigan asuntos incómodos o se muestran críticos con Ayuso. Es lo que ha ocurrido, precisamente, con el ático comprado por la Comunidad de Madrid como “oficina” provisional de su jefa. En el momento en el que las explicaciones comenzaron a acumular contradicciones, el Gobierno de Ayuso anunció que lo vendería y destinaría el dinero a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios. Sin embargo, se han negado a aclarar muchas de las incógnitas que rodean al inmueble. 

La secuencia duró apenas unos días. La Comunidad de Madrid había adquirido en abril, a través de la empresa pública Planifica Madrid, un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí (uno de los distritos más caros de la capital) con una terraza de unos 200 metros, para utilizarlo supuestamente durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. La operación permaneció oculta hasta la semana pasada, cuando El País lo desveló. El Ejecutivo madrileño no explicó por qué había elegido una vivienda de lujo para ello en lugar de alquilar oficinas o utilizar algunos de los inmuebles que ya tiene la Comunidad de Madrid y tampoco aclaró por qué se iba a habilitar para ello un inmueble de uso residencial.

La primera reacción de Ayuso fue la habitual: denunciar una “campaña de desprestigio” promovida por el Gobierno central y su “prensa afín”. “No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí”, argumentó la presidenta madrileña, si bien no aclaró el coste del inmueble y tampoco por qué lo habían adquirido coincidiendo con la venta del piso en el que reside si la normativa urbanística solo permite dedicar el piso a uso residencial. Después llegó la rectificación y el mensaje de MAR consistió en presentar como falsa la hipótesis de la residencia oficial y limitar el asunto a una operación inmobiliaria de la empresa pública. 

La operación ha dejado muchas preguntas tanto a nivel patrimonial, como administrativo y urbanístico sin responder, lo que a su vez ha generado una crisis comunicativa en el relato de la Puerta del Sol. Hasta el punto de que medios afines a la presidenta madrileña, como ABC o El Mundo, cuestionaron las explicaciones con duros editoriales. Ante esa situación, MAR volvió a recurrir a su manual en redes: “Todos esos que gritan por un ático están de vacaciones. No les veo recorrer como [Isabel] Díaz Ayuso los pueblos devastados. La Comunidad de Madrid trabaja en la reconstrucción y los que gritan desean la destrucción. Ella recorre los pueblos; Sánchez no puede salir de su palacio blindado”, publicó este domingo en X.

La relación de MAR con la prensa ha sido conflictiva desde la época que dirigía la comunicación de José María Aznar en la Junta de Castilla y León. En el año 1989 salió a la luz un informe interno, de seis páginas y con sello de Presidencia, que clasificaba a doce periodistas mediante valoraciones profesionales, políticas y personales. Una “lista negra”, atribuida al propio Rodríguez, que les calificaba según su utilidad o peligrosidad para el Gobierno autonómico del Partido Popular. La Agrupación de Periodistas de Castilla y León pidió inmediatamente una investigación y calificó la utilización de datos privados y las valoraciones profesionales como un atentado contra derechos elementales. 

Tras dejar la portavocía de La Moncloa entre críticas de los suyos dos años después de que Aznar llegase a la Presidencia del Gobierno estatal, Rodríguez pasó dos décadas moviéndose entre la consultoría, la empresa y los medios de comunicación. Presidió Carat España, organizó grandes eventos como el centenario del Real Madrid, impulsó proyectos audiovisuales propios, fue consejero de Grupo Secuoya y colaboró con FAES.

También se convirtió en un rostro habitual de la televisión y la radio. Participó en tertulias como la de 59 segundos de TVE, Espejo Público de Antena 3, La Noria de Telecinco y El gato al agua de Intereconomía, entre otras. Su estilo provocador, agresivo y construido alrededor de frases efectistas que pudieran sobrevivir al programa y circular después fuera de él anticipó buena parte de la comunicación política que aplicaría en la Comunidad de Madrid.

Como tertuliano, MAR destacó por un estilo deliberadamente provocador y por varios enfrentamientos personales. La polémica más grave fue la del doctor Luis Montes, al que llamó reiteradamente “nazi” en 59 segundos y La Noria, a propósito del caso de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa a enfermos terminales. En 2011, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó su condena por un delito continuado de injurias graves con publicidad, con multa e indemnización de 30.000 euros a Montes. Pero Montes no fue el único, también llamó “cocainómano” al Gran Wyoming e “imbécil” a la periodista María Antonia Iglesias.

Todo ello le permitió construir relaciones personales con presentadores, directivos, productores y tertulianos de los grandes grupos audiovisuales. Cuando regresó a la primera línea política en 2019, utilizó todo lo que le caracterizó en su faceta de tertuliano. Es decir, frases breves, confrontación permanente y polémicas casi diarias. Por el camino, además, eligió a un antagonista concreto, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Una parte esencial de la influencia de Rodríguez no está en leyes concretas ni siquiera en argumentarios políticos, sino en su agenda de teléfono. Rodríguez mantiene canales directos con periodistas, tertulianos y responsables de medios. Durante su declaración ante el Tribunal Supremo en el juicio al ex fiscal general del Estado explicó que había difundido determinada información en dos grupos de WhatsApp que reunían a 55 informadores.

Para MAR no se trata de dar información, sino de controlar el mensaje. En un ecosistema competitivo como el de los medios de comunicación, disponer de una declaración o unas fuentes off the record antes que los demás constituye una ventaja. En el citado juicio, el defensor del entonces fiscal general también quiso saber si el principal asesor de Ayuso fue la fuente de la noticia falsa de El Mundo publicada la noche del 13 de marzo que inició la escalada de desmentidos en diferentes medios y, finalmente, llevó a la Fiscalía a difundir una nota al día siguiente aclarando lo que en realidad había ocurrido. Una nota de prensa que acabó con su máximo responsable condenado.

La información, firmada por el periodista Esteban Urreiztieta se titulaba La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales, cuando en realidad fue al revés, fue el abogado de González Amador el que planteó ese acuerdo. La operación política montada por el principal asesor de Ayuso culminó con éxito, aunque Rodríguez parecía tener claro desde el principio que el ex fiscal general iba a ir "pa'lante". Es el lema popularizado por la mano derecha de Ayuso y que ha utilizado de manera reiterada cada vez que las decisiones judiciales, informes y resoluciones estrechaban el cerco sobre Álvaro García Ortiz o cualquier miembro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Al preguntarle qué pruebas tenía para afirmar que la Fiscalía había frenado un acuerdo “por órdenes de arriba”, MAR admitió que no era información contrastada, sino una deducción personal: “No es información, es intuición, Tengo el pelo blanco y puedo colegir lo que está pasando”, justificó. Pero lo cierto es que su influencia sobre determinados medios fue decisiva y le permitió intervenir en la noticia para ofrecer una versión falsa. Eso no impidió que varios medios difundieran la versión impulsada desde el gabinete, obligando a la Fiscalía a reaccionar públicamente.

El acceso privilegiado a determinada información no es la única herramienta con la que el Gobierno madrileño se relaciona con los medios. También está la publicidad institucional. La investigación 'Ayuso parte y reparte' realizada por infoLibre demuestra que la Comunidad de Madrid no aplica el criterio que marcó en 2019 “de audiencia y no a dedo” sino que desde que gobierna ha incrementado su gasto publicitario y que el reparto ha beneficiado a medios conservadores y afines al Ejecutivo regional, mientras cabeceras progresistas han quedado relegadas pese a contar en algunos casos con audiencias superiores.

La propia Comunidad sostiene que sus planes se confeccionan mediante criterios “objetivos y técnicos”, entre ellos la audiencia, la cobertura, la frecuencia, la notoriedad y la afinidad. Pero los datos analizados por este periódico muestran desproporciones difíciles de explicar únicamente mediante esos parámetros y una falta de transparencia que impide reconstruir con facilidad las decisiones del plan de medios.

La distribución del dinero está marcada por la sobrerrepresentación de medios en el espectro de la derecha, que no solo se quedan la mayor parte del reparto publicitario, sino que también han absorbido la mayor parte del aumento de los fondos, especialmente algunos como El Debate, ABC y The Objective. En 2023 infoLibre y otros cuatro medios —La Marea, El Salto, Carne Cruda y CTXT— ya denunciaron el sesgo ideológico de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en el reparto de la publicidad. En 2024 Ayuso dejó a los cinco sin un solo euro de los 23,96 millones adjudicados por esta vía. 

En el ‘manual MAR’ también hay espacio para la intimidación. El 12 de marzo de 2024, en plena publicación de las informaciones sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, MAR envió a la periodista Esther Palomera varios mensajes amenazantes: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas”. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid calificaron los mensajes de amenazas y respaldaron públicamente a la redacción.

Cuando declaró posteriormente sobre el episodio, Rodríguez lo definió como una “conversación impropia” con una persona con la que creía que podía mantenerla. Pero no fue un hecho aislado. Ese mismo mes, dos periodistas de El País que investigaban una posible irregularidad urbanística en el inmueble donde vivían Ayuso y su pareja fueron identificados por agentes policiales. Rodríguez difundió sus nombres y una fotografía y los acusó de haber intentado acceder encapuchados al edificio y de haber acosado a vecinos, incluidos menores. Los afectados negaron los hechos.

La APM denunció que las acusaciones falsas de responsables de la Comunidad, y “singularmente” de Miguel Ángel Rodríguez, coartaban el libre ejercicio del periodismo. En abril de 2022, la APM ya había condenado la actuación de Rodríguez cuando interrumpió físicamente a la reportera de La Sexta, Andrea Ropero, mientras intentaba preguntar a Ayuso. La asociación reclamó respeto al trabajo de los informadores y recordó que los medios tienen derecho a preguntar en espacios públicos, no solo cuando los cargos políticos lo permiten.

El periodista Jordi Évole, que conoce a Rodríguez desde hace más de quince años tras trabajar juntos, cortó el contacto después de que MAR sugiriese en televisión que había que fusilar al expresident Artur Mas. Después lo recuperaron, aunque Évole lo describió como alguien menos accesible y “menos juguetón” desde su vuelta al poder. Pero tras los ataques de Rodríguez a familiares de fallecidos en residencias, Évole afirmó que aquello era “demasiado inhumano incluso para Miguel Ángel Rodríguez” y que no entendía ese grado de degradación política.

Miguel Ángel Rodríguez Banjón —MAR para amigos y enemigos— es el estratega, director de comunicación y mano derecha de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Tras años apartado de la política, regresó a la primera línea en 2019 para convertir a una candidata autonómica del PP inicialmente subestimada en la principal antagonista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde la jefatura de gabinete de Ayuso controla mensajes, administra crisis y mantiene una relación de confrontación permanente con todo aquel que se inmiscuya en el camino de su jefa, incluidos sectores del Partido Popular.

Desde hace ya más de seis años es oficialmente jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El Portal de Transparencia regional lo presenta como consultor de comunicación, publicista, empresario, escritor y antiguo político. El organigrama apenas permite conocer algo más: una jefatura adscrita al núcleo de Presidencia y un correo institucional. Nada en esa descripción administrativa refleja el alcance político que tiene en realidad y el control que ejerce sobre lo que le rodea, especialmente la prensa. Es de esos que en apenas unos segundos lee los WhatsApp que le llegan de periodistas. Y también es rápido en responder, aunque eso no siempre le deja en buen lugar, como se vio tras amenazar a una periodista de eldiario.es con el mensaje “os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”.

El poder de Rodríguez consiste precisamente en operar un paso por detrás de quien habla y, al mismo tiempo, otro por delante de quienes intentan responder. Un mérito que le atribuyen tanto partidarios como detractores. Es el hombre que susurra al poder y consigue que los focos se dirijan, precisamente, hacia donde él quiere. Su éxito más visible ha sido convertir la política madrileña en un escenario nacional. Ayuso gobierna una comunidad autónoma, pero habla casi siempre como jefa de la oposición. A preguntas de este periódico, MAR rehusa hacer comentarios sobre él mientras continúe en el cargo.

Rodríguez llegó muy joven al entorno de José María Aznar. Cuando el futuro presidente del Gobierno dirigía Castilla y León, MAR se incorporó a su equipo y ejerció como portavoz de la Junta. Cuenta a infoLibre una periodista que lo conoce de esa época que Aznar lo eligió porque “era el que mejor preguntas hacía” y, en aquella época, sus compañeros lo consideraban como un periodista de izquierdas de verbo afilado. Tuvo que dimitir como portavoz de la Junta tras un fuerte enfrentamiento con el extinto CDS, partido que había pedido públicamente su cese fulminante tras asegurar que un diputado cobraba dietas de manera irregular. De allí regresó a El Norte de Castilla, pero esa etapa duró poco.

Aznar le pidió que le ayudase en la construcción del liderazgo nacional del PP y MAR aceptó. Al periodista se le atribuyen casi todos los éxitos de Aznar, en especial su famosa frase “váyase, señor González” y la dura oposición de esos años. El 7 de mayo de 1996, apenas estrenado el primer Gobierno de Aznar, fue nombrado secretario de Estado de Comunicación, dedicándose también a la tarea de portavoz en cada rueda de prensa de los viernes, cuando se celebraba el Consejo de Ministros. Tenía 32 años. Permaneció en el cargo hasta julio de 1998, cuando el BOE publicó su cese “a petición propia”. 

Él alegó motivos personales, dijo que quería hacer otras cosas y que estaba cansado de ser el “pararrayos del Gobierno”, pero políticamente, asegura una fuente que trabajó con él, fue un relevo pactado con Aznar tras las reiteradas quejas de algunos de sus ministros y socios como Convergència, que atribuían a Rodríguez parte de la mala imagen del Ejecutivo. En la Secretaría de Estado de la Comunicación lo sustituyó Pedro Antonio Martín y en la portavocía Josep Piqué. Su salida se celebró tanto de puertas hacia fuera como dentro del PP.

En aquellos años ayudó a dar forma a una comunicación política basada en la disciplina del mensaje, la simplificación y la repetición. La premisa no consistía en explicar exhaustivamente una política, sino en encontrar una frase capaz de trastocar toda la conversación pública. El adversario podía discutir los hechos, pero lo verdaderamente importante era obligarlo a discutir dentro del marco previamente elegido. Una estrategia que también aplica actualmente, con Pedro Sánchez como su principal antagonista.

Rodríguez dejó escrita una versión especialmente transparente de esa filosofía. En la novela El candidato muerto (Plaza & Janés Bueno), que publicó tras salir de La Moncloa, sostenía que el político más eficaz no tenía por qué ser el más preparado, sino aquel al que la gente pudiera entender. La presidenta no se presenta como una dirigente técnica ni especialmente interesada por los asuntos de la Administración pública, según admiten fuentes del PP. Lo que hace MAR es convertir a Ayuso una figura reconocible: espontánea, desafiante, capaz de condensar discusiones complejas en expresiones que funcionan como titulares. “Comunismo o libertad”, “Madrid es España dentro de España” o la confrontación permanente entre una supuesta forma madrileña de vivir y la que quiere “imponer” Sánchez.

Durante más de dos décadas Rodríguez permaneció fuera de los cargos públicos, aunque no fuera de la política ni de los medios. Trabajó como consultor, empresario y fue un polémico tertuliano, escribió libros y convirtió la provocación en parte de su personaje público. Su regreso institucional se produjo de la mano de Ayuso, que le admiraba políticamente. La había asesorado durante la campaña autonómica de 2019, cuando la candidata del PP era vista incluso dentro de su partido como una solución provisional ante lo que se vería como una inminente derrota por parte de la dirección de Pablo Casado.

En enero de 2020 fue designado jefe de gabinete. Volvía a ocupar un puesto político 22 años después de abandonar la Secretaría de Estado de Comunicación. La asociación resultó rentable para ambos. Ayuso dio con un estratega con experiencia, agenda mediática y ausencia de escrúpulos para la pelea pública. Rodríguez encontró un liderazgo sobre el que proyectar una fórmula perfeccionada desde los tiempos de Aznar: identidad nítida, antagonismo constante y dominio del ciclo informativo. Con todo, sus comienzos no fueron fáciles y la presidenta madrileña acumulaba polémicas constantes que le hacían ser percibida por un lastre, tanto por Génova como por sus compañeros de partido.

La pandemia fue el momento de consolidación. Mientras otros presidentes autonómicos intentaban aparecer como gestores, la Comunidad de Madrid transformó cada discrepancia sanitaria y económica con el Ejecutivo central en un conflicto ideológico. La apertura de la hostelería, las restricciones, los confinamientos y la gestión de los colegios dejaron de ser únicamente decisiones administrativas. Pasaron a representar dos modelos de país. El desenlace electoral de mayo de 2021 confirmó la eficacia del método. Ayuso rozó la mayoría absoluta y absorbió buena parte del espacio de Ciudadanos y Vox. Desde entonces, su capacidad para fijar la agenda del PP nacional ya no pudo considerarse un fenómeno local.

El método Rodríguez necesita, además, un enemigo visible. Y desde hace seis años es Pedro Sánchez, con el que Ayuso siempre encuentra una excusa para confrontar… hasta que necesita la ayuda del Gobierno central. Sin embargo, en otras ocasiones el adversario está dentro del propio PP. La relación de Rodríguez con Génova ha sido especialmente conflictiva. Durante la pugna entre Ayuso y Pablo Casado por el control del PP madrileño, la dirección nacional identificó al jefe de gabinete como uno de los principales impulsores de la ofensiva.

Es más, el entorno de Casado llegó a exigir que MAR quedara apartado de cualquier negociación sobre el futuro del partido regional, asegura a infoLibre una fuente afín a Casado que estaba en el PP de Madrid. La guerra terminó con la caída de Casado y con Ayuso al frente del aparato madrileño. Aquello, además de una demostración de fuerza de la baronesa del PP, ungida también por la prensa conservadora, fue una constatación de la influencia de su jefe de gabinete. La presidenta no solo sobrevivió a una investigación interna sobre el contrato relacionado con su hermano, sino que consiguió que el episodio se narrara como una operación de espionaje y persecución organizada por la dirección nacional contra ella.

Un patrón que se ha repetido después en varias ocasiones. Cuando ha surgido una información que afecta a la presidenta madrileña, el objetivo de MAR ha sido desviar el asunto con una acusación mayor. La inspección fiscal a su pareja, Alberto González Amador, fue rápidamente reconvertida en una conspiración de Estado que, además, acabó con la imputación –y posterior condena– del entonces Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. El investigado pasa a ser perseguidor y quien ocupa el poder institucional adopta el papel de víctima. Para MAR no es una estrategia defensiva, sino una contraofensiva.

Rodríguez no oculta su preferencia por la escalada. En una entrevista de 2024 resumió su consigna con una frase: “A cada insulto, dos”. Esa consigna explica buena parte de su relación con el ecosistema mediático y político. En 2011, durante su faceta de tertuliano, fue condenado por un delito continuado de injurias graves contra el médico Luis Montes. Dos años después fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol tras chocar contra varios vehículos estacionados. Ese mismo año volvió a ocupar titulares por acusar públicamente al presentador Gran Wyoming de consumir y suministrar cocaína. 

Las polémicas se intensificaron desde su llegada al entorno de Ayuso. Recientemente difundió de forma falsaria que dos periodistas de El País habían intentado asaltar, encapuchados, la vivienda de Ayuso cuando estaban recabando información sobre los pisos de González Amador y las obras que le paralizó el Ayuntamiento de Madrid. Terminó reconociendo que no se había producido ningún asalto. El episodio dio lugar a una causa por la difusión de datos de los informadores. La jueza acordó su archivo el pasado 2 de julio al no apreciar indicios suficientes de revelación de secretos. El PSOE recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial, por lo que el sobreseimiento no es firme todavía.

La controversia muestra hasta qué punto se ha difuminado la frontera entre la actividad de un jefe de gabinete público y la defensa personal o política del entorno de la presidenta. Durante su declaración judicial en la causa del fiscal general llegó a reconocer que algunas de sus afirmaciones no procedían de información concreta, sino de su experiencia. “Tengo el pelo blanco”, alegó para justificar sus deducciones sobre la actuación de la Fiscalía. La frase resume otra característica del personaje. Su autoridad no se apoya necesariamente en documentos, sino en su experiencia adquirida tras décadas dentro de la política y los medios.

Sus partidarios lo describen como un estratega brillante, leal, divertido, protector y con un conocimiento extraordinario de los medios. En 2021, Ayuso lo definió públicamente como su “amigo”, “escudero”, “protector” y “compañero de aventuras”. Sus detractores lo consideran un propagandista agresivo, controlador, intimidatorio, dispuesto a difundir afirmaciones no comprobadas y a convertir cualquier crisis en una guerra personal, si bien reconocen su habilidad. Uno de los portavoces más destacados del Congreso lo resume así: “Es un desalmado con un indudable talento para la política y la comunicación”.

Sr. D. Alberto González Amador:

Quiero responderle de forma pública y transparente al burofax que me ha enviado (a través de su abogado) para exigirme la publicación de un texto de rectificación de unas manifestaciones hechas por mí en el programa Malas Lenguas Noche de TVE. Me reclama además que pida disculpas y que me comprometa a “no volver” a difundir en el futuro informaciones o declaraciones “falsas, difamatorias, vejatorias, injuriosas, calumniosas u ofensivas” vinculadas a usted. Me anuncia la presentación de una “demanda de conciliación” y me amenaza con una querella por calumnias e injurias que incluye la solicitud de una indemnización de 50.000 euros. 

Como ya le he trasladado a su abogado, vaya olvidándose de que yo acceda a nada de lo que me solicita, simplemente porque me he limitado a ejercer mi libertad de expresión y mi derecho (más bien mi obligación) de publicar información veraz, y de analizar con espíritu crítico la realidad. Y, si me permite, señor Alberto Quirón –como lo nombra en su agenda Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR– la realidad que le concierne es verdaderamente oscura. Resulta que quien tiene que responder y dar explicaciones por (presuntos) delitos graves se dedica a intimidar y amedrentar a periodistas, quizás convencido de que, si consiguió liquidar a todo un fiscal general del Estado, más fácil será cerrar la boca a cualquier despreciable plumilla.

Para situar al lector o lectora en el contexto, usted se muestra indignado por algunas reflexiones que –con mayor o menor acierto– intenté expresar el pasado sábado 4 de julio en el programa que dirige Jesús Cintora en TVE (se puede encontrar el vídeo fácilmente en la web de TVE) . Me refería a su paso como testigo por el juzgado que instruía el caso de la filtración de datos reservados de dos periodistas de El País de quienes el ya citado MAR divulgó imágenes y detalles personales y los señaló como protagonistas de un delito de acoso a Ayuso y a usted mismo, cuando mis colegas estaban en la calle contrastando información acerca del ático de lujo en el que habitan la presidenta de la Comunidad de Madrid y usted. MAR, mano derecha de Ayuso, había contado previamente que las imágenes y datos de los periodistas se los había enviado usted, para desmentir la hipótesis de que fuera algún miembro de las fuerzas de seguridad que vigilan el dichoso ático quien hubiera colaborado en el despropósito.

Me pareció –y me sigue pareciendo– relevante que usted argumentara ante la jueza que no podía mostrar esas imágenes en su móvil porque en su día había practicado un “borrado” completo del mismo, al parecer porque alguien había hackeado los móviles de sus abogados. Es relevante, curioso, casi “justicia poética”, que usted se escude en un “borrado” de su móvil cuando precisamente el borrado que hizo el fiscal general del suyo (cumpliendo los protocolos de seguridad establecidos por la sensibilidad de los asuntos de su cargo) fue uno de los elementos que se convirtieron en indicio acusatorio para condenar a Álvaro García Ortiz. En este caso, a los cinco del Supremo (ver aquí) les pareció de cajón que se trataba de borrar pruebas. En el suyo, señor González Amador, no cabe al parecer la misma sospecha. 

Cuento esto porque lo principal de la reflexión que hice esa noche en televisión se refería a la aparente doble vara de medir que practica la Justicia en España, a la doble velocidad de los procesos dependiendo de quién sea el acusado y a la necesidad de que puedan entenderse decisiones judiciales absolutamente incomprensibles. Es decir, aludía a una percepción general que en los días siguientes apareció reflejada en encuestas publicadas por La Vanguardia y por El País. Sólo un 32% de los españoles cree que los jueces son “imparciales” y más de un 65% considera que existe lawfare en España; es decir, que hay procesos judiciales de contenido netamente político, lo que se traduce como “guerra judicial” utilizada con fines políticos (ver aquí).

Y sí, insisto en que uno de los casos que siembra esa percepción general es precisamente el suyo. Usted, que en su día reconoció por escrito a través de su abogado la comisión de dos delitos fiscales (por si se empeña en negarlo, le recuerdo la cita literal contenida en aquel correo electrónico: “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”), protagoniza una causa abierta hace más de dos años, a la que se ha sumado una pieza separada en la que, al presunto fraude fiscal y las facturas falsas, se le añade la investigación por corrupción en los negocios y administración desleal. Supongo que estará al tanto: por mucho menos que eso se piden 24 años de cárcel para Begoña Gómez, encaminada a un juicio con jurado en una comunidad autónoma donde hasta las ardillas (si quedan) tienen opinión formada y animadversión garantizada (su señora, Ayuso, se ha encargado de atizarla –en el sentido de la acepción tercera de la RAE– sin contemplaciones).

Por lo que sea… usted ha conseguido esquivar alguna que otra citación en el juzgado, y además el nuevo juez que heredó su causa, Antonio Viejo, ha tardado más de seis meses en firmar una autorización para que la UCO investigue varias decenas de cuentas bancarias relacionadas con sus negocios (ver aquí). Ya le digo yo que se tardó infinitamente menos en el Supremo en ordenar el registro de toda una Fiscalía General del Estado, o en tomar declaración, entre otros, a usted y a su abogado –quien, por cierto, lo dejó en evidencia al explicar que, “por supuesto”, la confesión de sus delitos fiscales se hizo con su autorización, por más que usted lo negara en sede judicial– (ver aquí). 

De modo que esa desconfianza generalizada en la justicia no puede achacarse a las críticas que algunos juristas y periodistas hacemos a actuaciones concretas y a autos concretos que nos parecen verdaderamente asombrosos, sino más bien a la comparación entre procesos como el suyo y otros que no se ven afectados por la misma lentitud ni delicadezas.

¿Cuándo calcula usted que los ciudadanos mereceremos alguna explicación de su pareja, la presidenta madrileña, por el espectáculo que protagonizó aquel 13 de marzo de 2024 en sede institucional, rodeada de banderas, cuando denunció que existía una “operación de Estado” contra usted simplemente por ser su novio, sufridor de una “inspección salvaje”, y se atrevió a decir que era Hacienda quien tenía que devolverle a usted 600.000 euros (ver aquí)? Ahora dicen ella y su segundo, MAR, que usted es “un particular”. ¿En serio? En cualquier sobremesa tranquila, le sugiero que les explique a “ambos dos” (como diría el académico Cebrián) que fueron ellos los que le convirtieron en figura pública desde el momento en que utilizaron sede y recursos de la Comunidad de Madrid para salir en su defensa. 

Pero le escribiré algo más. Hoy sabemos que sus ganancias profesionales se multiplicaron por siete tras iniciar su relación con la señora Ayuso (ver aquí). Según un informe de Hacienda, su principal empresa, Maxwell Cremona S.A., ingresó sólo entre 2021 y 2023 hasta 4,4 millones de euros, y resulta que el grueso de sus ganancias provienen de Quirón, el grupo sanitario privado que más dinero público recibe de la Comunidad de Madrid. Por lo que sea… A usted esto a lo mejor le parece una calumnia. A mí me parece un dato suficientemente relevante como para que la presidenta madrileña se sometiera a una comisión de investigación donde diera todas las explicaciones detalladas del reparto de dinero público en la sanidad madrileña y del desempeño empresarial de su pareja. Por no hablar de que tanto ella como MAR hace tiempo que deberían haber dimitido, la primera porque en las residencias madrileñas murieron durante el covid 7.291 mayores abandonados por los protocolos de la vergüenza que desveló infoLibre (ver aquí); y el segundo por los múltiples bulos lanzados desde su cargo oficial y por las amenazas directas a medios de comunicación y periodistas (ver aquí).

Mire, llevo años sosteniendo que un medio decente o un buen periodista deben cumplir la obligación de rectificar cuando se equivocan. Lo he hecho cuando era procedente. Me parece que rectificar no disminuye, sino que aumenta, la credibilidad cuando se ejerce este oficio honestamente. Pero usted no me pide que rectifique un detalle concreto de mis manifestaciones, sino todo lo que dije. Incluso cosas que no dije. Y ni mi abogado ni los servicios jurídicos de TVE –hasta donde yo sé– ven motivo alguno para la rectificación integral que usted exige.

De modo que le comunico que me opondré a esa conciliación que reclama. Y me defenderé si llega el caso de esa querella que anuncia y de la indemnización de 50.000 euros que exige. Ya entiendo que para usted esto será calderilla, pero para mí es muchísimo dinero. No le diré que siento algún miedo, aunque le confieso –directamente, sin abogado por medio– que me produce inquietud. ¿Sabe por qué? Pues precisamente por la reflexión que aquel día en televisión intenté trasladar a la audiencia sobre la doble vara de medir y la imparcialidad de la justicia: cualquier cosa es posible si te toca algún Peinado o si cinco magistrados del Supremo firman que el culpable tuvo que ser el fiscal general “o alguien de su entorno inmediato”. Ay!!!!

Ganas me dan, por si acaso, de borrar todo mi correo, incluido este que escribo. Pero claro, en mi caso sí que podría interpretarse como un intento de destruir “pruebas”. Así que no queda otra: ‘Somos resistencia’.

Atentamente (y saludos a su señora Ayuso y a su señoro, MAR)

Jesús Maraña

La magistrada que investiga a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha archivado la causa en su contra por enviar el nombre y los apellidos de dos informadores de El País, al no ver indicios de un delito de revelación de secretos.

La titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional de esta causa, en la que Rodríguez fue denunciado por enviar el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras" y adjuntando una foto.

En su auto, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada apunta a que Rodríguez no envió en su mensaje datos de carácter reservado y que no ha quedado acreditado que estos datos o la imagen de los informadores fueran obtenidos de forma ilícita, como sospechaban y denunciaron el PSOE y El País, ya que la información no fue obtenida por los agentes policiales que identificaron a los periodistas, sino por la foto enviada por un vecino.

La magistrada archiva la causa después de que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, ratificase el pasado martes, en su declaración como testigo, la versión que dio Rodríguez: que fue el novio de la presidenta madrileña quien le envió una foto que le mandó un vecino, a quien identificó. También aportó más imágenes que recibió aquel día.

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, ha ratificado ante la jueza que investiga por presunta revelación de secretos a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que él envió a Rodríguez una foto que le mandó un vecino que vio a dos informadores cerca del edificio, al que ha identificado, y ha aportado más fotos que recibió aquel día.

El novio de la presidenta regional ha declarado como testigo este martes ante la magistrada que investiga si Miguel Ángel Rodríguez incurrió en revelación de secretos al enviar datos personales de dos periodistas de 'El País' a un chat, junto a una foto, asegurando que los informadores habían estado en el edificio en el que viven la presidenta y su pareja, y habían molestando a vecinos.

El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

González Amador ha llegado poco antes de las nueve de la mañana a los juzgados de Plaza de Castilla, en los que ha entrado por la parte trasera sin hacer declaraciones, y ha salido por la puerta principal también sin contestar a las preguntas de los periodistas sobre su testifical en este causa y también sobre los procedimientos en los que se le investiga a él, por presunto fraude fiscal y por presunta corrupción en los negocios.

Su declaración ha durado unos 20 minutos y, según han informado a EFE fuentes jurídicas, ha ratificado la versión que dio Miguel Ángel Rodríguez, quien explicó ante la jueza que reconoció a dos periodistas del diario 'El País' en una foto que le reenvió el novio de Ayuso porque "un vecino enfadado" se la había remitido tras verles cerca del inmueble.

Otras fuentes han precisado que González Amador ha identificado a ese vecino y ha contado que aquel día varios vecinos comentaron en un chat que había periodistas en las cercanías, y que recibió más fotos que ha aportado a la jueza.

Fuentes de la defensa de Miguel Ángel Rodríguez han asegurado que la testifical de González Amador "demuestra la inocencia" del investigado, sin precisar más detalles.

Según la denuncia que investiga la titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de 'El País', su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras hacían una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.

Miguel Ángel Rodríguez negó ante la jueza que la Policía le diese esos datos y relató que fue "un vecino enfadado" quien le envió la foto de los informadores, si bien al salir precisó que fue la pareja de la presidenta madrileña quien se la remitió. "Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía a mí", dijo.

El jefe de gabinete de Díaz Ayuso subrayó que ya conocía a los informadores, negó que hubiese "revelación de secretos" y dijo que se limitó a comentar en un chat que esos dos periodistas "estaban molestando a los vecinos y a menores de edad" junto a la vivienda de la presidenta regional.

‘Entre los muros de la antigua Dirección de Seguridad durante la Dictadura, donde aún resuenan ecos de torturas y abusos, la enigmática presidenta de la Comunidad de Madrid, asistida por su oscuro jefe de Gabinete, planea cómo salvar el pellejo de su amante. Hay que evitar a toda costa que se demuestre el entramado urdido para que el gigante sanitario que más ingresa del gobierno regional, devolviera el favor a su benefactora. Ante la perspectiva de erosionar su imagen, se desata una operación para destapar una red de espías ficticia que convertiría en víctima de una conspiración de Estado a la presidenta’. Este texto bien podría figurar en la contraportada de un libro de Frederick Forsyth, Graham Greene o John Le Carre. 

Esta gente sirve lo mismo para marcar el paso a los jueces que para inventar tramas que hubieran inspirado a los grandes del género. La última de de MAR y Ayuso ha sido convertir los despachos de la Casa de Correos en la Puerta del Sol en el origen de una novela de espías. Imaginación no les falta. La película la narró la presidenta en un plató de televisión esta semana. Con Ana Rosa, que sabe mucho también de tramas corruptas y de extorsiones debido a su proximidad a Villarejo, Isabel avanzó un guión dignó de una serie policiaca. La noticia de que Alberto Quirón cobró 4,4 millones de euros de la empresa que le ha valido el apodo con el que le bautizó Miguel Ángel Rodríguez, ha tensado los nervios de la novia. 

Se la ve muy bien informada para tratarse solo de alguien con quien no tiene una “relación oficializada” en sus propias palabras. La presidenta describe detalles reservados de esa persona que nos hemos empeñado en presentar como novio oficial, pero que ahora parece ser un entretenimiento con el que comparte pisazo gracias precisamente a los generosos pagos de Quirón. Ella está enterada de micrófonos ocultos descubiertos en despachos de la compañía: “Se ha sabido que en los despachos de Quirón ha habido micrófonos y a los abogados de mi pareja les robaron los ordenadores”. Me imagino una silueta embutida en ropa negra con pasamontañas recorriendo sigilosamente las dependencias de la empresa sanitaria a altas horas de la madrugada, colocando un dispositivo más pequeño que una pulga bajo el escritorio. Y a una avezada espía disfrazada de señora de la limpieza violando los ordenadores de los abogados de Gonzaléz Amador, aunque la presidenta no ha especificado a cuál de los tres que ha tenido o si a todos en general. 

Ahí no acaba la cosa, porque los espías, que en este caso serán hackers, también han logrado penetrar en las cuentas personales y en sus datos fiscales, según su versión. Puede que hasta sean ex profesionales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que ahora trabajan para una mano negra. Es muy típico de este tipo de novelas que haya ex policías de élite que se pasan al sector privado. Aunque en la comunidad de Madrid los espías han estado a la orden del día. Esperanza Aguirre, cuando estaba instalada en la sede que ahora ocupa Ayuso, se valió de ex guardias civiles a los que se liquidó el servicio con fondos públicos para seguir a Manuel Cobo y Alfredo Prada, dos políticos del PP del lado de su archienemigo Rajoy. A veces no es preciso que sean expolicías, como demuestra la Kitchen, en la que altos mandos de la policía, siguiendo órdenes del Ministerio del Interior durante el gobierno del PP, espiaron a Bárcenas con la intención de hacerse con documentos comprometedores. 

Hay que recordar que a Pablo Casado le dieron la puntilla por otro caso de espionaje frustrado. Cuando el entonces presidente del PP denunció la comisión que se había embolsado el hermano de Ayuso tras lograr contratos de mascarillas con la comunidad que presidía su hermana, la trama giró inesperadamente contra él. El ex ministro Catalá se chivó a Ayuso de que Carromero, fiel escudero de Casado colocado en el Ayuntamiento de Madrid, había tratado sin éxito de contratar a detectives privados para obtener datos fiscales comprometedores de Tomás Díaz Ayuso. En el mundo real suelen ganar los malos.

‘Entre los muros de la antigua Dirección de Seguridad durante la dictadura, donde aún resuenan ecos de torturas y abusos, la enigmática presidenta de la Comunidad de Madrid, asistida por su oscuro jefe de Gabinete, planea cómo salvar el pellejo de su amante. Hay que evitar a toda costa la demostración del entramado urdido para que el gigante sanitario que más ingresa del Gobierno regional devolviera el favor a su benefactora. Ante la perspectiva de erosionar su imagen, se desata una operación para destapar una red de espías ficticia que convertiría en víctima de una conspiración de Estado a la presidenta’. Este texto bien podría figurar en la contraportada de un libro de Frederick Forsyth, Graham Greene o John Le Carre. 

Esta gente sirve lo mismo para marcar el paso a los jueces que para inventar tramas que hubieran inspirado a los grandes del género. La última de de MAR y Ayuso ha sido convertir los despachos de la Casa de Correos en la Puerta del Sol en el origen de una novela de espías. Imaginación no les falta. La película la narró la presidenta en un plató de televisión esta semana. Con Ana Rosa, que sabe mucho también de tramas corruptas y de extorsiones debido a su proximidad a Villarejo, Isabel avanzó un guión digno de una serie policiaca. La noticia de que Alberto Quirón cobró 4,4 millones de euros de la empresa que le ha valido el apodo con el que le bautizó Miguel Ángel Rodríguez ha tensado los nervios de la novia. 

Se la ve muy bien informada para tratarse solo de alguien con quien no tiene una “relación oficializada”, en sus propias palabras. La presidenta describe detalles reservados de esa persona que nos hemos empeñado en presentar como novio oficial, pero que ahora parece ser un entretenimiento con el que comparte pisazo gracias precisamente a los generosos pagos de Quirón. Ella está enterada de micrófonos ocultos descubiertos en despachos de la compañía: “Se ha sabido que en los despachos de Quirón ha habido micrófonos y a los abogados de mi pareja les robaron los ordenadores”. Me imagino una silueta embutida en ropa negra con pasamontañas recorriendo sigilosamente las dependencias de la empresa sanitaria a altas horas de la madrugada, colocando un dispositivo más pequeño que una pulga bajo el escritorio. Y a una avezada espía disfrazada de señora de la limpieza violando los ordenadores de los abogados de Gonzaléz Amador, aunque la presidenta no ha especificado a cuál de los tres que ha tenido o si a todos en general. 

Ahí no acaba la cosa, porque los espías, que en este caso serán hackers, también han logrado penetrar en las cuentas personales y en sus datos fiscales, según su versión. Puede que hasta sean exprofesionales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que ahora trabajan para una mano negra. Es muy típico de este tipo de novelas que haya expolicías de élite que se pasan al sector privado. Aunque en la Comunidad de Madrid los espías han estado a la orden del día. Esperanza Aguirre, cuando estaba instalada en la sede que ahora ocupa Ayuso, se valió de ex guardias civiles –a los que se liquidó el servicio con fondos públicos– para seguir a Manuel Cobo y Alfredo Prada, dos políticos del PP del lado de su archienemigo Rajoy. A veces no es preciso que sean expolicías, como demuestra la Kitchen, en la que altos mandos de la policía en ejercicio, siguiendo órdenes del Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP, espiaron a Bárcenas con la intención de hacerse con documentos comprometedores. 

Hay que recordar que a Pablo Casado le dieron la puntilla por otro caso de espionaje frustrado. Cuando el entonces presidente del PP denunció la comisión que se había embolsado el hermano de Ayuso tras lograr contratos de mascarillas con la comunidad que presidía su hermana, la trama giró inesperadamente contra él. El exministro Catalá se chivó a Ayuso de que Carromero, fiel escudero de Casado colocado en el Ayuntamiento de Madrid, había tratado sin éxito de contratar a detectives privados para obtener datos fiscales comprometedores de Tomás Díaz Ayuso. En el mundo real suelen ganar los malos.

La IA promete convertirse en el mejor asesor de los líderes políticos. Más allá del resultado de la búsqueda –que tampoco hacía falta, porque todo el mundo sabe que las ratas son las primeras en abandonar el barco–, lo que más inquietud causa del pantallazo de Fernando Clavijo tratando desesperadamente de boicotear la operación del Hondius, es que el presidente de una comunidad consulte a la IA qué hacer en una situación crítica y lo utilice con absoluta fe, solo porque se lo dicen los algoritmos, llevarán la razón.

Los pobres asesores tienen los días contados, sus jefes confían más en las redes neuronales artificiales (RNA) que en la función de conexión de sus propias sinapsis. Lógico, por otro lado, porque los consejeros son los primeros que apuestan por la sapienza universal de este moderno oráculo de Delfos que lo mismo te soluciona cómo limpiar las zapatillas que dar una respuesta cuando se te han acabado las excusas.

Hay que mirarlo por el lado positivo. Prescindir de los consejeros supondría un considerable ahorro. Ya no hace falta que te venga un Iván Redondo de turno como estratega de cabecera a contarte si es mejor ponerte gafas de sol para meterse a los votantes en el bolsillo, para eso está Claude, el asistente personal de IA más deseado. Justo lo que necesitas. No te juzga, si le diriges correctamente te responde en el acto lo que quieres oír y por ahora no va a querer ocupar tu puesto ni plantea problemas de conciliación.

La IA nos va a gobernar por la dejación de funciones de quienes mandan. Seguro que hasta Miguel Ángel Rodríguez le ha consultado excusas para justificar el fiasco de Ayuso en México: ‘Claude, ¿cómo salir airoso de haber tenido que regresar con el rabo entre las piernas? “Transformando un revés en un agravio –responde el asistente artificial–, movilizando emocionalmente al electorado y cargando la responsabilidad sobre sus dos adversarios predilectos, Sánchez y la izquierda latinoamericana”. Y así, MAR solo tiene que hacer check. Más fácil imposible. Listo. Le ha leído el pensamiento, como si le hubiera parido. Igual es que los humanos somos más predecibles de lo que creemos.

Ay, si Florentino hubiera consultado también antes de su errática rueda de prensa, igual no habría quedado como un señoro en horas bajas. Acostumbrado a que ministros, alcaldes y presidentas autonómicas coman de su mano, no lleva bien que se le cuestione. El presidente del Real Madrid no cree que la IA vaya a salvarle el pellejo madridista. Ha usado su método de siempre, jugar a la sorpresa y embestir contra el enemigo. Esta vez, el enemigo es un joven empresario energético que se ha forrado con las renovables y con pedigrí en el sector de la construcción por parte de padres, que contaría con el aval del yerno de Sánchez Galán. Se masca la segunda parte del culebrón que protagonizaron el presidente de ACS y el de Iberdrola, hace más de 15 años, cuando ante el miedo a OPAs de capital extranjero tras lograr la italiana Enel el control en Endesa, se animó a constructores a entrar en compañías energéticas. El asunto es que a Florentino le gusta mandar y quiso tener más voz de la que le quería dar Galán, quien acabó ganando la batalla.

El espectáculo de Florentino promete más diversión que los proporcionados por la inteligencia artificial. Yo siempre recomiendo a quien descubre emocionado la IA que le pregunte por un tema en el que sea experto para valorar cuánto acierta o yerra y cuestionar un pelín más las respuestas.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado en el juzgado que cometiera revelación de secretos al difundir en un chat datos de dos periodistas, sobre los que ha asegurado no le informó la Policía, sino que les reconoció en una foto que le reenvió el novio de Ayuso porque "un vecino enfadado" se la había enviado antes.

Rodríguez ha declarado este miércoles como querellado por presunta revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas -sus nombres, apellidos y una foto- que habían sido identificados por un policía en las cercanías del domicilio de Isabel Díaz Ayuso el 19 de marzo de 2024.

La titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid citó el pasado mes de marzo para este miércoles a Rodríguez "en su condición de denunciado y querellado", así como a los dos periodistas de 'El País' perjudicados, a otro profesional de este medio y al director general de seguridad de la Comunidad de Madrid.

Se trata de las primeras declaraciones en esta causa, que la magistrada abrió en marzo por orden de la Audiencia Provincial, que determinó que -en contra de lo que estipuló la jueza- había que admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas.

Los dos informadores se han ratificado en lo denunciado, mientras el periodista que firmó informaciones relativas a esos hechos ha defendido lo publicado, han informado a EFE fuentes presentes en la declaración.

Por su parte el máximo responsable de seguridad de la Comunidad de Madrid ha declarado que no tuvo nada que ver con lo que se investiga, ya que ni recibió ni transmitió información sobre los periodistas. Ha precisado que entre los agentes que les identificaron y él hay cargos intermedios, policiales.

Miguel Ángel Rodríguez ha declarado durante aproximadamente media hora y ha contestado a todas las partes, negando el supuesto delito de revelación de secretos.

En su primera declaración ante los medios ha explicado él se limitó a comentar en un chat que dos periodistas "estaban molestando a los vecinos y a menores de edad" junto a la vivienda de la presidenta regional, y de hecho él se enteró porque le envió una foto de los dos informadores "un vecino enfadado porque habían molestado a su hija".

Al salir y ser preguntado por si la jueza le ha pedido que identificara a ese vecino, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha precisado que fue el novio de la presidenta, Alberto González Amador, el que le envió esa foto. "Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía a mí", ha aclarado.

"Me habré expresado mal, porque no creo haya muchos vecinos en ese edificio que tengan mi teléfono", ha dicho irónicamente, tras lo que ha añadido que "lo más importante es que no fue la Policía".

Rodríguez ha reiterado que no le hace falta nadie "para reconocer a dos personas que conozco" y ha afirmado que "el Partido Socialista mantiene la denuncia para esto, para que me vean entrar en el juzgado y parezca que soy culpable de algo", ha afirmado.

Y ha dejado claro que nunca habló con la Policía de este asunto, y de hecho no se enteró de que varios agentes habían identificado en la calle a esos periodistas hasta "después", y ni siquiera sabe qué policías son.

"Son dos personas que firman cada día en su periódico, no es ningún secreto... ¿dónde está el secreto?", se ha preguntado.

Por su parte su letrada, Blanca Alguacil, ha explicado al término de las declaraciones que esta defensa está contenta por el resultado de las declaraciones practicadas este miércoles porque confirman que hubo delito.

La denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez relata que envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.

El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso afronta su último Dos de Mayo antes de la precampaña de las autonómicas del próximo año. l

Le acompañará el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, señalan fuentes de la formación conservadora a infoLibre. La dirigente que convirtió la confrontación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su seña de identidad, llega a la fiesta de la Comunidad con menos presencia mediática que en otras ocasiones. La cita funciona, además,  como antesala de una campaña larga hacia 2027, en la que Ayuso espera reeditar su mayoría absoluta, aunque el desgaste por la situación procesal de su entorno más cercano empieza a pesar. 

Desde su pareja pasando por su jefe de gabinete. Sus colaboradores más cercanos están vinculados a investigaciones, polémicas o causas que han terminado erosionando el relato de una dirigente que siempre ha intentado separar su figura de los problemas judiciales de quienes la rodean. A ello se suma la crisis interna derivada del caso de acoso sexual por parte del alcalde de Móstoles que presuntamente encubrió, el cese de su consejero de educación, Emilio Viciana, la posterior rebelión de los pocholos y la presión de Vox.

Hasta ahora, una de las claves del éxito de Ayuso es que apenas se hable de su gestión ni de los problemas que atraviesa la comunidad que dirige con una cómoda mayoría absoluta desde 2023, entre ellos los precios de la vivienda, las listas de espera en sanidad y las ratios en la educación pública. Desde su llegada a la Puerta del Sol, la Asamblea de Madrid se ha convertido en un espejo del Congreso, mientras ella ha construido una imagen de liderazgo hipermediatizado basada en la polarización y la victimización.  

El hecho de que una  jueza decidiera enviar al banquillo a su pareja, Alberto González Amador, por un presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros impactó de manera directa en Sol. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que desde el primer momento puso recursos del Gobierno autonómico al servicio de la defensa de su novio, empezando por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, siempre ha presentado la investigación contra el empresario con el que convive como una persecución política por ser ella quien es, y no por lo que supuestamente ha hecho González Amador. Pero su situación también le compromete.

Actualmente, la pieza separada, que deriva de la principal –la que versa sobre el fraude fiscal–, se mantiene en stand by a la espera de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que se encargó hacer averiguaciones en relación a una operación de compraventa societaria que podría esconder, a ojos de la Fiscalía, una comisión encubierta a un directivo del grupo sanitario Quirón. Un informe que, más de medio año después, sigue sin llegar, lo que puede retrasar la fijación de la vista y resolución hasta después de las elecciones autonómicas del próximo año, previstas para el mes de mayo.

Tampoco se libra Miguel Ángel Rodríguez de su cita con los tribunales, su jefe de gabinete, el arquitecto comunicativo del ayusismo, capaz de convertir cada crisis en una batalla cultural y cada denuncia en munición contra Moncloa. Su citación como investigado por la presunta difusión de datos personales de dos periodistas de El País que trabajaban en el caso González Amador no ha sentado nada bien en Sol. La Audiencia Provincial de Madrid obligó a investigar cómo, cuándo y por qué llegaron esos datos al jefe de gabinete de Ayuso, y el juzgado lo ha citado a declarar como investigado el próximo 6 de mayo.

Además, hace solo dos semanas, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano y mano derecha de Ayuso, declaró como testigo en el caso en el que se investiga la filtración de un documento policial en enero de 2024. Serrano subió a X una foto de una denuncia en la que se definía al autor de una agresión sexual como de raza negra. Esta imagen fue utilizada para relacionar migración y delincuencia, en un momento en el que el PP de Madrid estaba criticando la llegada de migrantes procedentes de Canarias a un centro en Alcalá de Henares. Durante su declaración, aseguró que la foto le llegó por mail y que la publicó sin leer siquiera el encabezado.

Solo un día después de la declaración de Serrano, la Fiscalía envió un escrito al juzgado sobre el que recayó la querella presentada contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por un presunto caso de acoso sexual y laboral a una exconcejal del PP solicitándole que se diera impulso procesal a la causa ante su "inactividad manifiesta". Según el testimonio de la concejal, la cúpula del PP madrileño, con Ayuso a la cabeza, encubrió el caso y mantuvo al alcalde en el cargo. Tras conocerse la denuncia, Bautista se ha negado a abandonar el consistorio con el visto bueno de Ayuso y su núcleo duro.

En los últimos meses, Ayuso ha lidiado con su peor crisis interna de la legislatura tras el cese del consejero Emilio Viciana. La versión oficial fue que la presidenta madrileña lo apartó por su incapacidad para consensuar con los rectores universitarios el nuevo modelo de financiación, un proyecto que quería enarbolar como un logro de gestión pero que veía cómo se encallaba semana tras semana. Sin embargo, desde la oposición siempre han mantenido que su salida tuvo que ver con la denuncia sobre el troceo de contratos en la Consejería de Educación en el caso FP, que cerca a altos cargos del Gobierno regional por una serie de irregularidades detectadas en la construcción de centros educativos.

Al cese de Viciana le siguió la dimisión de los diputados Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, conocidos en la Asamblea de Madrid como los pocholos, lo que fue todo un shock para un partido acostumbrado al orden. Se trata de un movimiento muy poco frecuente a mitad de legislatura, que no pocos en el PP madrileño interpretaron como un desafío a la baronesa del PP. Ayuso los fichó para las elecciones de 2023 como la "nueva generación" del PP, aconsejada por su gurú en materia educativa, Antonio Castillo Algarra, que los había "formado"' en su compañía de teatro.

Tras estas salidas se produjo la dimisión del propio Castillo Algarra, que había ganado influencia en la trastienda del Ejecutivo madrileño aunque no tenía despacho alguno en Sol. Según aseguró él mismo en redes sociales, detrás de la campaña en su contra se escondía Miguel Ángel Rodríguez, aunque desde su entorno negaron haber tenido trato con él.

Vox también supone una amenaza para la presidenta madrileña. Durante años, Ayuso neutralizó a la extrema derecha absorbiendo parte de su tono y presentándose como una versión más eficaz, institucional y ganadora de esa batalla cultural hasta el punto de lograr una mayoría absoluta que les dejó fuera de juego en las últimas autonómicas. Pero la formación ultraderechista ha cambiado de estrategia y acusa a la dirigente del PP de haber abandonado a los madrileños de los barrios y de apostar por el “Madrid de todos los acentos” frente a la “prioridad nacional”. 

Con perfiles como el del diputado Carlos Hernández Quero, Vox busca atacar a Ayuso desde el malestar social en los barrios y municipios del sur de Madrid y por eso ha lanzado la campaña "Madrid Sur en Pie". El partido presenta a Quero como una cara distinta a la de Rocío Monasterio, anterior cabeza visible en la comunidad, pero compatible con la de Isabel Pérez Moñino, actual portavoz, menos vinculada a la élite tradicional de Vox y más centrada en vivienda, empleo y jóvenes expulsados del mercado inmobiliario.

El objetivo último de Vox es acabar con la mayoría absoluta de Ayuso en 2027 y recuperar relevancia en Madrid. En Génova creen que la presidenta madrileña puede mantener su mayoría, pero consideran que “no está garantizada” y por eso creen que se mostró tan combativa con la idea de “prioridad nacional” presente en los pactos de PP y Vox en Extremadura y Aragón. La presidenta de la Comunidad de Madrid busca distanciarse de los ultras sin renunciar a dar determinadas batallas.

A ese pulso externo con Vox se suma una lectura interna en el PP: el espejo de Juanma Moreno. El equipo de Ayuso mira de reojo la estrategia electoral del presidente andaluz, que intenta contener a Vox evitando el choque y presentándose como un gestor institucional mientras que Ayuso representa la vía dura, la de la confrontación permanente con Sánchez, la polarización ideológica y Madrid como fortín nacional de la derecha. Mucho se ha escrito sobre sus aspiraciones nacionales, pero en Génova consideran que, “cuanto más tiempo pase”, más difícil tendrá alcanzar La Moncloa pese a que su entorno “así lo quiere”.

La prueba de que a Ayuso le preocupa lo que pueda ocurrir en las elecciones del próximo año es que el PP de Madrid ha enviado una carta a los cerca de 90.000 interventores y apoderados que participaron en la campaña de 2023 para pedirles que estén "más vigilantes que nunca" ante un PSOE al que presentan como "capaz de todo". La misiva, adelantada por Artículo 14, vincula el voto por correo, regularizaciones y nacionalizaciones con el riesgo de alteración del censo.

La misiva está firmada por Serrano, la vicesecretaria de Organización, Ana Millán, y el secretario de agentes electorales, Juan Peña, y piden a los suyos un “ejército de agentes electorales” para ser “más ambiciosos” y “cubrir todas las mesas con interventores para “teñir de azul los colegios”. “A todos nos une una pasión, Madrid, y una pesadilla que se llama socialismo”, arenga a la militancia para que, tras los próximos comicios, la Comunidad siga siendo “libre, próspera y abierta”.

El entorno más cercano de Isabel Díaz Ayuso tiene problemas con la justicia: empezando por su pareja y acabando en su número tres en el PP de Madrid. A esa lista se le ha sumado este viernes su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado a Rodríguez —o MAR, como se le conoce en los entornos políticos y periodísticos— para que declare como investigado por haber difundido los datos personales de dos periodistas de El País que estaban trabajando en un artículo sobre el fraude fiscal por el que está procesado Alberto González Amador, la citada pareja de la presidenta madrileña. Desde el entorno del jefe de gabinete de Ayuso señalan a infoLibre que no tienen "nada que decir" sobre esta imputación.

La jueza inicia una causa que hace casi un año rechazó abrir al considerar que los hechos denunciados tenían "escasa o nula relevancia" en la afectación de la intimidad de los periodistas, un criterio del que discrepó de lleno la Audiencia Provincial de Madrid, que señaló en un auto la pertinencia de "averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado". Además de MAR, un testigo y los dos periodistas perjudicados deberán declarar en esa misma jornada del 6 de mayo. En su providencia, además, la jueza se dirige a la Policía para que identifique a los agentes que prestaron servicio el día de los hechos como escoltas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que uno de ellos identificó a los periodistas.

MAR es el estratega clave de la presidenta madrileña, el mismo que difundió que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad a González Amador —cuando era al revés— y que este fue retirado por "órdenes de arriba", lo que dio lugar al desmentido oficial de la Fiscalía General del Estado que acabó con su máximo responsable condenado. La operación política montada por el principal asesor de Ayuso culminó con éxito, aunque Rodríguez parecía tener claro desde el principio que el ex fiscal general iba a ir "pa'lante". Es el lema popularizado por la mano derecha de Ayuso y que ha utilizado de manera reiterada cada vez que las decisiones judiciales, informes y resoluciones estrechaban el cerco sobre Álvaro García Ortiz o cualquier miembro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Otra de las imputaciones afecta a la pareja de la presidenta madrileña y está muy relacionada con el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid, a quien ha adjudicado la gestión de varios hospitales, el gigante Quirón. La investigación nace de una inspección fiscal abierta a la sociedad Maxwell Cremona, cuyo titular es Alberto González Amador. En septiembre del pasado año, el juzgado de instrucción número 19 de Madrid dio por finalizada su investigación y abrió juicio oral contra él y sus socios, aunque previsiblemente no se sentarán en el banquillo ante un juez de lo Penal hasta 2027. Tras la condena al fiscal general, ha pedido su absolución porque, según su abogado, "no está afrontando un procedimiento penal justo".

La Agencia Tributaria detectó dos fraudes en el Impuesto sobre Sociedades superiores a los 120.000 euros, por lo que le denunció a la Fiscalía como presunto autor de dos delitos fiscales que podrían comportar su ingreso en prisión: la Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel. La instrucción que dirige el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid está lista para ir a juicio. Según fuentes fiscales, a la pareja de Ayuso no le quedará más remedio que reconocer sus delitos –algo que ya hizo en 2024, aunque el pacto no fraguó– para lograr una rebaja de pena. La titular, Inmaculada Iglesias, acordó el procesamiento el mayo de 2025. Además de los delitos fiscales, a Amador se le imputa otro de falsedad documental al haber presentado facturas falsas durante la investigación en Hacienda.

Pero la parte más política del caso, la relacionada con Quirón, se inició a instancias de las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid. La jueza abrió una pieza separada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por camuflar una supuesta comisión de González Amador a la esposa de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario. Amador le pagó casi medio millón de euros por la sociedad Círculo de Belleza SL, supuestamente dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética pero que, en realidad, según Hacienda, no tenía inmuebles ni empleados: solo un ordenador portátil sin valor y unos aparatos de depilación. Es decir, que la pareja de la presidenta madrileña compró una firma sin valor y ahora se investiga si la operación sirvió para ocultar ese pago.

La número tres de Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán, está imputada desde 2022 por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y administración desleal en un juzgado de Navalcarnero. En el último congreso del PP de Madrid, celebrado en 2023, Isabel Díaz Ayuso la convirtió en su número tres. La exalcaldesa de Arroyomolinos y diputada en la Asamblea de Madrid, de la que es vicepresidenta, fue catapultada al cargo de vicesecretaria de Organización y Electoral del partido en el círculo más próximo a la presidenta. Llegó a ese puesto pese a la investigación que le ha abierto la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Navalcarnero.

Según la instructora, en su etapa como concejala, Millán habría favorecido al empresario Francisco Vicente Roselló, al que adjudicó irregularmente contratos municipales a cambio de contratos para su hermana y su pareja, un empresario hostelero que se benefició en una unión temporal de empresas (UTE) con el presunto corruptor. Siendo concejala de Juventud en Arroyomolinos, aprobó siete contratos públicos a favor de Roselló. Se investiga si el dinero recibido por el entorno de Millán sirvió para pagar la hipoteca y la comunidad de vecinos de un inmueble de su propiedad. Durante la instrucción la jueza intentó tomar declaración como testigo al marido de Millán, pero fue imposible localizarle tras varios requerimientos. 

En total, la actual diputada madrileña recibió presuntamente del empresario beneficiado por esos contratos la cantidad de 44.462 euros. La instructora se inhibió a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que Millán está aforada, pero ese órgano le ha devuelto la causa porque considera que la investigación no está terminada. El Ministerio Público también consideraba que había que tomar declaración al marido, citado para declarar dentro de tres meses, en junio de 2026.

La mano derecha de Ayuso, el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano —cuestionado internamente por la gestión del caso de acoso sexual en el PP de Móstoles—, figura de momento como testigo en una causa contra la alcaldesa del PP de Alcalá de Henares por la filtración de un documento policial. En enero de 2024, publicó en sus redes una fotografía de un parte de la policía local para relacionar un delito de agresión sexual con la llegada de migrantes procedentes de Canarias.

La principal hipótesis es que ese pantallazo se lo envió la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet. La investigación se centra en Piquet y en cómo llegó a manos del secretario general del partido ese documento que, en teoría, debía ser secreto. Serrano tendrá que declarar en los juzgados de Alcalá de Henares el 15 de abril, aunque su declaración se ha aplazado ya en tres ocasiones.

Una jueza de Madrid ha citado a declarar el 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, como querellado en la causa abierta por revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas -sus nombres, apellidos y una foto- que habían sido identificados por un policía.

La titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid ha adoptado esta decisión después de que la Audiencia de Madrid le ordenase admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas de El País afectados, según una providencia a la que ha tenido acceso EFE.

La magistrada cita a Rodríguez "en su condición de denunciado y querellado", asistido de abogado, el próximo 6 de mayo a partir de las 9:00 horas, el mismo día que declararán varios testigos y los dos periodistas perjudicados.

En su providencia, además, la jueza se dirige a la Policía para que identifique a los agentes que prestaron servicio el día de los hechos como escoltas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Uno de ellos, según la denuncia, identificó a los periodistas.

Según la denuncia que ahora debe investigar la magistrada, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.

El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

Con las citaciones acordadas, la jueza inicia una causa que hace casi un año rechazó abrir al considerar que los hechos denunciados tenían "escasa o nula relevancia" en la afectación de la intimidad de los periodistas.

Un criterio del que discrepó de lleno la Audiencia Provincial de Madrid, órgano que examina los recursos contra las decisiones de la jueza y que hace unos días revocó ese archivo de la magistrada y le ordenó investigar los hechos.

"Es pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente divulgó los mismos", subrayó la sección quinta de la Audiencia en el auto donde estimaba los recursos del PSOE y de los periodistas.

El tribunal estableció que la magistrada debe investigar si en la presunta divulgación de dichos datos "existió infracción penal", y le instó a practicar las diligencias pertinentes "a los efectos de la investigación de un posible delito de revelación de secretos por el querellado".

La Audiencia Provincial de Madrid ha instado a una jueza a investigar si Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, pudo incurrir en presunta revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas –sus nombres, apellidos y una foto– que habían sido identificados por un policía, según informa EFE.

La sección quinta de la Audiencia ha ordenado admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas del diario El País afectados, y ha revocado el archivo decretado por la titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid hace casi un año. "Es pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente divulgó los mismos", subrayan los magistrados en su auto, al que ha tenido acceso EFE este martes. 

El tribunal establece que la magistrada debe investigar si en la presunta divulgación de dichos datos "existió infracción penal", de forma que le insta a practicar las diligencias pertinentes "a los efectos de la investigación de un posible delito de revelación de secretos por el querellado".

Según la denuncia, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja. El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

La resolución de la Audiencia de Madrid, que estima los recursos de apelación interpuestos por el PSOE y los periodistas afectados contra el archivo inicial de la causa, subraya que la ley establece que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben "guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones".

"Por lo tanto, los datos de los periodistas que un agente de policía recibió en un primer momento tenían un indudable carácter reservado y por ello mismo, se debe investigar si en la divulgación de los mismos existió infracción penal", enfatiza.  

Al estudiar el caso, la titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid rechazo abrir una investigación en contra del criterio de la Fiscalía, que sí consideraba que los hechos denunciados "podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos".

La magistrada vio "intrascendente penalmente" la identificación de estos dos periodistas con nombre y apellido, así como su foto, y consideró que tienen "escasa o nula relevancia" en la afectación de la intimidad o esfera privada de quien ejerce su trabajo, dado que no incorpora "referencias añadidas a ámbitos íntimos, personales o confidenciales". 

Al analizar el delito de revelación de secretos, que debe ser cometido por autoridad o funcionario público sobre secretos conocidos por razón de su cargo, la jueza afirmó que la "simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales" no puede "estar comprendido en el concepto de 'secreto, dato o información reservada', pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal".

Las furias gallegas se instalaron en 2022 en la séptima planta de la sede del PP en la calle Génova. Mar Sánchez Sierra, Marta Varela y Luis de la Mata escoltaron a Alberto Núñez Feijóo hasta su despacho y desde entonces van y vienen de conjura en conjura. Las meigas de Feijóo hablan, llaman, gritan, presionan, susurran, juran, amenazan, comentan, cantan. Han convertido al pobre Elías Bendodo en un fantasma sefardí que deambula de esquina en esquina, de oprobio en oprobio, descansando su penar en las entrañas leales de esa Andalucía que tan injustamente abandonó, embriagado por los cantos de sirena del Madrid D.F. Hoy es escombro y ruina, mañana será sombra y ceniza.

Se ha desatado la guerra entre Génova y Sol. Gallegos y madrileños siempre han tenido un mal llevar desde que Aznar dejó el gobierno. La casa Romay Beccaría y la casa Aznar viven su particular juego de tronos que hoy cristaliza en las filtraciones que han hecho florecer un caso de abuso sexual y laboral en Móstoles. Fuego cruzado entre chivatas y cainitas. Cuando preguntan a Génova quién filtró el caso a los medios, desde la séptima planta las meigas gritan al unísono que fue Bendodo, ay. La fula va y corre de redacción en redacción y el nombre del sefardita va rulando por los hoteles del todo Madrid. Pobre Elías.

Mientras tanto, Feijóo acude a su propio funeral entrevistado por Manso y Lamet en las páginas dominicales de El Mundo. La comedia se explica sola, pero no está de más destacar que el presidente del PP ha dicho que no habrá acuerdos de gobierno en ninguna comunidad autónoma si él no está conforme. Se le olvida que a Pérez Llorca, en la Generalitat Valenciana, lo nombraron el PP de Alicante y Kiko Méndez Monasterio. Tras la entrevista de Guardiola en Okdiario, los suyos afirman que la presidenta sólo recibe fuego amigo desde Génova. A Mar Sánchez Sierra, que es mujer de mucho mando y arranque, no le gusta el color que está tomando la negociación: “Sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa, que es lo que esperan los extremeños", ha dicho Fúnez.

Saetas envenenadas salen disparadas desde las almenas de Génova hacia Extremadura. Fuego graneado en las cercanías de Sol. La artillería pesada de Sol abre boquetes en la paz de Génova. Arcadi Espada desde su columna insinúa que Feijóo debe dimitir. Sangre y puñal. Alberto es mentiroso, zángano, fabulador. Su mano derecha mueve a la prensa por legiones. Anda sacando brillo a la navaja y un día de estos se la van a hacer comer, me dice un manda del PP. De momento, la meiga no hace prisioneros y muerde como loba herida y encantada porque sabe que el drama final de Feijóo está más cerca cada día. O se muere matando o no se muere.  

También sabe la meiga que el visir de Sol no se quedará quieto. Es espía del infierno. El que hizo a Aznar presidente de este país ha empeñado su alma para que Ayuso también lo sea. Va con todo. Casado y Álvaro García Ortíz se hunden a deshora en una oscura tumba sobre la que han quedado grabadas las pisadas de una cabra. El próximo será Feijóo y después vendrá Sánchez. En Madrid, querido y desocupado lector, quieren que  sea el primer presidente en pisar la trena y que Ayuso sea la primera mujer en decorar la Casa Blanca. En este mes de febrero no ha dejado de llover sin misericordia, quizá para que el agua no dejase rastro alguno de tanta sangre. En Madrid, esta semana se ha abierto la tierra, mientras el infierno arde, los diablos rugen y los santos oran para que pronto alguien exclame: “Ha muerto el perro”.

Entrar ahora mismo en algunas redes sociales, llamémoslas X, es como entrar en esos míticos bares de carreteras de las películas llenos de moteros neonazis buscando pelea con cualquiera que entre.

Una pena, ya que muchos hemos disfrutado de grandes momentos compartidos con millones de personas en una comunidad que fue una forma de vivir juntos la información, el humor, la cultura… en fin, la vida. Una vida que de repente pudimos ampliar a todo el planeta gracias a la generosidad global.

Ahora todo eso pasó.

Este mismo artículo acabará en esa red social, llamémosla X, y los insultos serán instantáneos. Yo no los veré, he dejado de alimentar al monstruo, pero no espero menos de una red asocial y con un algoritmo diseñado por y para el odio.

El acoso en redes es tal que ya ha llevado a activistas políticos, artistas o cómicos –un abrazo fuerte desde aquí a Héctor de Miguel y su equipo de Hora Veintipico– a tener que abandonar sus cuentas y/o su actividad ante el acoso y las amenazas organizadas a ellos mismos y sus allegados.

Y todo ello ante la pasividad del Ministerio de Interior de nuestro país.

Pero algo se mueve a nivel mundial ante esta impunidad.

España se ha unido a una ya extensa lista de países, sobre todo en Europa, que se han plantado y se están movilizando para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años por el acoso, el acceso indiscriminado a la pornografía o el impacto sobre su salud mental.

Algunas redes sociales se han convertido en una isla de Epstein virtual donde los depredadores sexuales campan a sus anchas buscando víctimas menores de edad.

Los mayores de 16 años tendremos que marcharnos o conformarnos con una inexistente política europea que no permita que unos cuantos multimillonarios vulneren todos nuestros derechos sin ninguna responsabilidad económica ni penal.

Las reacciones a este intento de regular este Salvaje Oeste en el que se han convertido muchas redes sociales no se han hecho esperar:

Elon Musk, el dueño de X, ha insultado directamente al presidente del Gobierno por atreverse a intentar controlar una red racista, sexista, fascista y todos los adjetivos negativos que os imaginéis acabados en “ista”.

Pavel Dúrov, el oligarca ruso dueño de Telegram –una aplicación donde la delincuencia campa a sus anchas– se ha permitido el lujo de mandar un mensaje a millones de españoles en sus propios móviles aprovechando que tiene sus datos para advertir, ojo a la ironía, que el presidente español va a poner en riesgo nuestra privacidad.

Una mezcla grotesca entre Gran Hermano y los Hermanos Marx:

Gran Hermano Marx.

Pero entiendo que es difícil desengancharse de repente del vicio de las redes sociales. De verdad que lo entiendo, he estado ahí.

Es muy difícil intentar salir de unas redes sociales con un logaritmo maquiavélico hecho para captar y mantener nuestra atención constantemente a costa de lo que sea. Y lo que sea somos nosotros.

Es complicadísimo renunciar a ver lo más chungo de la gente que nos rodea. Entiendo que es como cuando pasamos delante de un accidente de tráfico, es terrible pero no podemos parar de mirarlo.

Yo desde esta humilde columna de opinión propongo un paliativo, un placebo mucho menos dañino para la sociedad.

Aquí va mi propuesta:

Colocar en lugares públicos y sobre todo en los bares una serie de máquinas expendedoras de odio para ayudar a pasar el mono a quienes no puedan, o no quieran, vivir sin su dosis diaria de odio gratuito.

Insertas tu opinión sobre un tema, un chiste, compartes algo personal o simplemente pones una frase cualquiera sin ninguna connotación política y la máquina te responde con esos insultos salvajes que te dedicaban cuando tuiteabas en redes sociales.

Incluso podrías elegir la voz que te insultara para hacer la experiencia más auténtica y personalizada:

Si pidieras igualdad para las mujeres o justicia con un acoso sexual, una voz con los típicos gallos de adolescente INCEL podría llamarte “planchabragas” o “Charo”.

Si pidieras justicia para los 7.291 ancianos muertos sin asistencia médica agonizando entre dolores, alguien con la voz de Ayuso podría llamarte “frustrado” o decirte eso de “me gusta la fruta”.

La voz de Milei podría llamarte “zurdo de mierda” o la de Miguel Ángel Rodríguez lanzarte una frase ininteligible, con la lengua gorda, pero que acabaría con un “p’alante”.

Parafraseando al gran Lichis de La Cabra Mecánica, nos merecemos un mundo y unas redes sociales más amables, más humanas, menos fachas.