La magistrada que investiga a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha archivado la causa en su contra por enviar el nombre y los apellidos de dos informadores de El País, al no ver indicios de un delito de revelación de secretos.

La titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional de esta causa, en la que Rodríguez fue denunciado por enviar el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras" y adjuntando una foto.

En su auto, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada apunta a que Rodríguez no envió en su mensaje datos de carácter reservado y que no ha quedado acreditado que estos datos o la imagen de los informadores fueran obtenidos de forma ilícita, como sospechaban y denunciaron el PSOE y El País, ya que la información no fue obtenida por los agentes policiales que identificaron a los periodistas, sino por la foto enviada por un vecino.

La magistrada archiva la causa después de que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, ratificase el pasado martes, en su declaración como testigo, la versión que dio Rodríguez: que fue el novio de la presidenta madrileña quien le envió una foto que le mandó un vecino, a quien identificó. También aportó más imágenes que recibió aquel día.

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, ha ratificado ante la jueza que investiga por presunta revelación de secretos a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que él envió a Rodríguez una foto que le mandó un vecino que vio a dos informadores cerca del edificio, al que ha identificado, y ha aportado más fotos que recibió aquel día.

El novio de la presidenta regional ha declarado como testigo este martes ante la magistrada que investiga si Miguel Ángel Rodríguez incurrió en revelación de secretos al enviar datos personales de dos periodistas de 'El País' a un chat, junto a una foto, asegurando que los informadores habían estado en el edificio en el que viven la presidenta y su pareja, y habían molestando a vecinos.

El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

González Amador ha llegado poco antes de las nueve de la mañana a los juzgados de Plaza de Castilla, en los que ha entrado por la parte trasera sin hacer declaraciones, y ha salido por la puerta principal también sin contestar a las preguntas de los periodistas sobre su testifical en este causa y también sobre los procedimientos en los que se le investiga a él, por presunto fraude fiscal y por presunta corrupción en los negocios.

Su declaración ha durado unos 20 minutos y, según han informado a EFE fuentes jurídicas, ha ratificado la versión que dio Miguel Ángel Rodríguez, quien explicó ante la jueza que reconoció a dos periodistas del diario 'El País' en una foto que le reenvió el novio de Ayuso porque "un vecino enfadado" se la había remitido tras verles cerca del inmueble.

Otras fuentes han precisado que González Amador ha identificado a ese vecino y ha contado que aquel día varios vecinos comentaron en un chat que había periodistas en las cercanías, y que recibió más fotos que ha aportado a la jueza.

Fuentes de la defensa de Miguel Ángel Rodríguez han asegurado que la testifical de González Amador "demuestra la inocencia" del investigado, sin precisar más detalles.

Según la denuncia que investiga la titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de 'El País', su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras hacían una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.

Miguel Ángel Rodríguez negó ante la jueza que la Policía le diese esos datos y relató que fue "un vecino enfadado" quien le envió la foto de los informadores, si bien al salir precisó que fue la pareja de la presidenta madrileña quien se la remitió. "Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía a mí", dijo.

El jefe de gabinete de Díaz Ayuso subrayó que ya conocía a los informadores, negó que hubiese "revelación de secretos" y dijo que se limitó a comentar en un chat que esos dos periodistas "estaban molestando a los vecinos y a menores de edad" junto a la vivienda de la presidenta regional.

‘Entre los muros de la antigua Dirección de Seguridad durante la Dictadura, donde aún resuenan ecos de torturas y abusos, la enigmática presidenta de la Comunidad de Madrid, asistida por su oscuro jefe de Gabinete, planea cómo salvar el pellejo de su amante. Hay que evitar a toda costa que se demuestre el entramado urdido para que el gigante sanitario que más ingresa del gobierno regional, devolviera el favor a su benefactora. Ante la perspectiva de erosionar su imagen, se desata una operación para destapar una red de espías ficticia que convertiría en víctima de una conspiración de Estado a la presidenta’. Este texto bien podría figurar en la contraportada de un libro de Frederick Forsyth, Graham Greene o John Le Carre. 

Esta gente sirve lo mismo para marcar el paso a los jueces que para inventar tramas que hubieran inspirado a los grandes del género. La última de de MAR y Ayuso ha sido convertir los despachos de la Casa de Correos en la Puerta del Sol en el origen de una novela de espías. Imaginación no les falta. La película la narró la presidenta en un plató de televisión esta semana. Con Ana Rosa, que sabe mucho también de tramas corruptas y de extorsiones debido a su proximidad a Villarejo, Isabel avanzó un guión dignó de una serie policiaca. La noticia de que Alberto Quirón cobró 4,4 millones de euros de la empresa que le ha valido el apodo con el que le bautizó Miguel Ángel Rodríguez, ha tensado los nervios de la novia. 

Se la ve muy bien informada para tratarse solo de alguien con quien no tiene una “relación oficializada” en sus propias palabras. La presidenta describe detalles reservados de esa persona que nos hemos empeñado en presentar como novio oficial, pero que ahora parece ser un entretenimiento con el que comparte pisazo gracias precisamente a los generosos pagos de Quirón. Ella está enterada de micrófonos ocultos descubiertos en despachos de la compañía: “Se ha sabido que en los despachos de Quirón ha habido micrófonos y a los abogados de mi pareja les robaron los ordenadores”. Me imagino una silueta embutida en ropa negra con pasamontañas recorriendo sigilosamente las dependencias de la empresa sanitaria a altas horas de la madrugada, colocando un dispositivo más pequeño que una pulga bajo el escritorio. Y a una avezada espía disfrazada de señora de la limpieza violando los ordenadores de los abogados de Gonzaléz Amador, aunque la presidenta no ha especificado a cuál de los tres que ha tenido o si a todos en general. 

Ahí no acaba la cosa, porque los espías, que en este caso serán hackers, también han logrado penetrar en las cuentas personales y en sus datos fiscales, según su versión. Puede que hasta sean ex profesionales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que ahora trabajan para una mano negra. Es muy típico de este tipo de novelas que haya ex policías de élite que se pasan al sector privado. Aunque en la comunidad de Madrid los espías han estado a la orden del día. Esperanza Aguirre, cuando estaba instalada en la sede que ahora ocupa Ayuso, se valió de ex guardias civiles a los que se liquidó el servicio con fondos públicos para seguir a Manuel Cobo y Alfredo Prada, dos políticos del PP del lado de su archienemigo Rajoy. A veces no es preciso que sean expolicías, como demuestra la Kitchen, en la que altos mandos de la policía, siguiendo órdenes del Ministerio del Interior durante el gobierno del PP, espiaron a Bárcenas con la intención de hacerse con documentos comprometedores. 

Hay que recordar que a Pablo Casado le dieron la puntilla por otro caso de espionaje frustrado. Cuando el entonces presidente del PP denunció la comisión que se había embolsado el hermano de Ayuso tras lograr contratos de mascarillas con la comunidad que presidía su hermana, la trama giró inesperadamente contra él. El ex ministro Catalá se chivó a Ayuso de que Carromero, fiel escudero de Casado colocado en el Ayuntamiento de Madrid, había tratado sin éxito de contratar a detectives privados para obtener datos fiscales comprometedores de Tomás Díaz Ayuso. En el mundo real suelen ganar los malos.

‘Entre los muros de la antigua Dirección de Seguridad durante la dictadura, donde aún resuenan ecos de torturas y abusos, la enigmática presidenta de la Comunidad de Madrid, asistida por su oscuro jefe de Gabinete, planea cómo salvar el pellejo de su amante. Hay que evitar a toda costa la demostración del entramado urdido para que el gigante sanitario que más ingresa del Gobierno regional devolviera el favor a su benefactora. Ante la perspectiva de erosionar su imagen, se desata una operación para destapar una red de espías ficticia que convertiría en víctima de una conspiración de Estado a la presidenta’. Este texto bien podría figurar en la contraportada de un libro de Frederick Forsyth, Graham Greene o John Le Carre. 

Esta gente sirve lo mismo para marcar el paso a los jueces que para inventar tramas que hubieran inspirado a los grandes del género. La última de de MAR y Ayuso ha sido convertir los despachos de la Casa de Correos en la Puerta del Sol en el origen de una novela de espías. Imaginación no les falta. La película la narró la presidenta en un plató de televisión esta semana. Con Ana Rosa, que sabe mucho también de tramas corruptas y de extorsiones debido a su proximidad a Villarejo, Isabel avanzó un guión digno de una serie policiaca. La noticia de que Alberto Quirón cobró 4,4 millones de euros de la empresa que le ha valido el apodo con el que le bautizó Miguel Ángel Rodríguez ha tensado los nervios de la novia. 

Se la ve muy bien informada para tratarse solo de alguien con quien no tiene una “relación oficializada”, en sus propias palabras. La presidenta describe detalles reservados de esa persona que nos hemos empeñado en presentar como novio oficial, pero que ahora parece ser un entretenimiento con el que comparte pisazo gracias precisamente a los generosos pagos de Quirón. Ella está enterada de micrófonos ocultos descubiertos en despachos de la compañía: “Se ha sabido que en los despachos de Quirón ha habido micrófonos y a los abogados de mi pareja les robaron los ordenadores”. Me imagino una silueta embutida en ropa negra con pasamontañas recorriendo sigilosamente las dependencias de la empresa sanitaria a altas horas de la madrugada, colocando un dispositivo más pequeño que una pulga bajo el escritorio. Y a una avezada espía disfrazada de señora de la limpieza violando los ordenadores de los abogados de Gonzaléz Amador, aunque la presidenta no ha especificado a cuál de los tres que ha tenido o si a todos en general. 

Ahí no acaba la cosa, porque los espías, que en este caso serán hackers, también han logrado penetrar en las cuentas personales y en sus datos fiscales, según su versión. Puede que hasta sean exprofesionales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que ahora trabajan para una mano negra. Es muy típico de este tipo de novelas que haya expolicías de élite que se pasan al sector privado. Aunque en la Comunidad de Madrid los espías han estado a la orden del día. Esperanza Aguirre, cuando estaba instalada en la sede que ahora ocupa Ayuso, se valió de ex guardias civiles –a los que se liquidó el servicio con fondos públicos– para seguir a Manuel Cobo y Alfredo Prada, dos políticos del PP del lado de su archienemigo Rajoy. A veces no es preciso que sean expolicías, como demuestra la Kitchen, en la que altos mandos de la policía en ejercicio, siguiendo órdenes del Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP, espiaron a Bárcenas con la intención de hacerse con documentos comprometedores. 

Hay que recordar que a Pablo Casado le dieron la puntilla por otro caso de espionaje frustrado. Cuando el entonces presidente del PP denunció la comisión que se había embolsado el hermano de Ayuso tras lograr contratos de mascarillas con la comunidad que presidía su hermana, la trama giró inesperadamente contra él. El exministro Catalá se chivó a Ayuso de que Carromero, fiel escudero de Casado colocado en el Ayuntamiento de Madrid, había tratado sin éxito de contratar a detectives privados para obtener datos fiscales comprometedores de Tomás Díaz Ayuso. En el mundo real suelen ganar los malos.

La IA promete convertirse en el mejor asesor de los líderes políticos. Más allá del resultado de la búsqueda –que tampoco hacía falta, porque todo el mundo sabe que las ratas son las primeras en abandonar el barco–, lo que más inquietud causa del pantallazo de Fernando Clavijo tratando desesperadamente de boicotear la operación del Hondius, es que el presidente de una comunidad consulte a la IA qué hacer en una situación crítica y lo utilice con absoluta fe, solo porque se lo dicen los algoritmos, llevarán la razón.

Los pobres asesores tienen los días contados, sus jefes confían más en las redes neuronales artificiales (RNA) que en la función de conexión de sus propias sinapsis. Lógico, por otro lado, porque los consejeros son los primeros que apuestan por la sapienza universal de este moderno oráculo de Delfos que lo mismo te soluciona cómo limpiar las zapatillas que dar una respuesta cuando se te han acabado las excusas.

Hay que mirarlo por el lado positivo. Prescindir de los consejeros supondría un considerable ahorro. Ya no hace falta que te venga un Iván Redondo de turno como estratega de cabecera a contarte si es mejor ponerte gafas de sol para meterse a los votantes en el bolsillo, para eso está Claude, el asistente personal de IA más deseado. Justo lo que necesitas. No te juzga, si le diriges correctamente te responde en el acto lo que quieres oír y por ahora no va a querer ocupar tu puesto ni plantea problemas de conciliación.

La IA nos va a gobernar por la dejación de funciones de quienes mandan. Seguro que hasta Miguel Ángel Rodríguez le ha consultado excusas para justificar el fiasco de Ayuso en México: ‘Claude, ¿cómo salir airoso de haber tenido que regresar con el rabo entre las piernas? “Transformando un revés en un agravio –responde el asistente artificial–, movilizando emocionalmente al electorado y cargando la responsabilidad sobre sus dos adversarios predilectos, Sánchez y la izquierda latinoamericana”. Y así, MAR solo tiene que hacer check. Más fácil imposible. Listo. Le ha leído el pensamiento, como si le hubiera parido. Igual es que los humanos somos más predecibles de lo que creemos.

Ay, si Florentino hubiera consultado también antes de su errática rueda de prensa, igual no habría quedado como un señoro en horas bajas. Acostumbrado a que ministros, alcaldes y presidentas autonómicas coman de su mano, no lleva bien que se le cuestione. El presidente del Real Madrid no cree que la IA vaya a salvarle el pellejo madridista. Ha usado su método de siempre, jugar a la sorpresa y embestir contra el enemigo. Esta vez, el enemigo es un joven empresario energético que se ha forrado con las renovables y con pedigrí en el sector de la construcción por parte de padres, que contaría con el aval del yerno de Sánchez Galán. Se masca la segunda parte del culebrón que protagonizaron el presidente de ACS y el de Iberdrola, hace más de 15 años, cuando ante el miedo a OPAs de capital extranjero tras lograr la italiana Enel el control en Endesa, se animó a constructores a entrar en compañías energéticas. El asunto es que a Florentino le gusta mandar y quiso tener más voz de la que le quería dar Galán, quien acabó ganando la batalla.

El espectáculo de Florentino promete más diversión que los proporcionados por la inteligencia artificial. Yo siempre recomiendo a quien descubre emocionado la IA que le pregunte por un tema en el que sea experto para valorar cuánto acierta o yerra y cuestionar un pelín más las respuestas.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado en el juzgado que cometiera revelación de secretos al difundir en un chat datos de dos periodistas, sobre los que ha asegurado no le informó la Policía, sino que les reconoció en una foto que le reenvió el novio de Ayuso porque "un vecino enfadado" se la había enviado antes.

Rodríguez ha declarado este miércoles como querellado por presunta revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas -sus nombres, apellidos y una foto- que habían sido identificados por un policía en las cercanías del domicilio de Isabel Díaz Ayuso el 19 de marzo de 2024.

La titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid citó el pasado mes de marzo para este miércoles a Rodríguez "en su condición de denunciado y querellado", así como a los dos periodistas de 'El País' perjudicados, a otro profesional de este medio y al director general de seguridad de la Comunidad de Madrid.

Se trata de las primeras declaraciones en esta causa, que la magistrada abrió en marzo por orden de la Audiencia Provincial, que determinó que -en contra de lo que estipuló la jueza- había que admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas.

Los dos informadores se han ratificado en lo denunciado, mientras el periodista que firmó informaciones relativas a esos hechos ha defendido lo publicado, han informado a EFE fuentes presentes en la declaración.

Por su parte el máximo responsable de seguridad de la Comunidad de Madrid ha declarado que no tuvo nada que ver con lo que se investiga, ya que ni recibió ni transmitió información sobre los periodistas. Ha precisado que entre los agentes que les identificaron y él hay cargos intermedios, policiales.

Miguel Ángel Rodríguez ha declarado durante aproximadamente media hora y ha contestado a todas las partes, negando el supuesto delito de revelación de secretos.

En su primera declaración ante los medios ha explicado él se limitó a comentar en un chat que dos periodistas "estaban molestando a los vecinos y a menores de edad" junto a la vivienda de la presidenta regional, y de hecho él se enteró porque le envió una foto de los dos informadores "un vecino enfadado porque habían molestado a su hija".

Al salir y ser preguntado por si la jueza le ha pedido que identificara a ese vecino, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha precisado que fue el novio de la presidenta, Alberto González Amador, el que le envió esa foto. "Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía a mí", ha aclarado.

"Me habré expresado mal, porque no creo haya muchos vecinos en ese edificio que tengan mi teléfono", ha dicho irónicamente, tras lo que ha añadido que "lo más importante es que no fue la Policía".

Rodríguez ha reiterado que no le hace falta nadie "para reconocer a dos personas que conozco" y ha afirmado que "el Partido Socialista mantiene la denuncia para esto, para que me vean entrar en el juzgado y parezca que soy culpable de algo", ha afirmado.

Y ha dejado claro que nunca habló con la Policía de este asunto, y de hecho no se enteró de que varios agentes habían identificado en la calle a esos periodistas hasta "después", y ni siquiera sabe qué policías son.

"Son dos personas que firman cada día en su periódico, no es ningún secreto... ¿dónde está el secreto?", se ha preguntado.

Por su parte su letrada, Blanca Alguacil, ha explicado al término de las declaraciones que esta defensa está contenta por el resultado de las declaraciones practicadas este miércoles porque confirman que hubo delito.

La denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez relata que envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.

El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso afronta su último Dos de Mayo antes de la precampaña de las autonómicas del próximo año. l

Le acompañará el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, señalan fuentes de la formación conservadora a infoLibre. La dirigente que convirtió la confrontación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su seña de identidad, llega a la fiesta de la Comunidad con menos presencia mediática que en otras ocasiones. La cita funciona, además,  como antesala de una campaña larga hacia 2027, en la que Ayuso espera reeditar su mayoría absoluta, aunque el desgaste por la situación procesal de su entorno más cercano empieza a pesar. 

Desde su pareja pasando por su jefe de gabinete. Sus colaboradores más cercanos están vinculados a investigaciones, polémicas o causas que han terminado erosionando el relato de una dirigente que siempre ha intentado separar su figura de los problemas judiciales de quienes la rodean. A ello se suma la crisis interna derivada del caso de acoso sexual por parte del alcalde de Móstoles que presuntamente encubrió, el cese de su consejero de educación, Emilio Viciana, la posterior rebelión de los pocholos y la presión de Vox.

Hasta ahora, una de las claves del éxito de Ayuso es que apenas se hable de su gestión ni de los problemas que atraviesa la comunidad que dirige con una cómoda mayoría absoluta desde 2023, entre ellos los precios de la vivienda, las listas de espera en sanidad y las ratios en la educación pública. Desde su llegada a la Puerta del Sol, la Asamblea de Madrid se ha convertido en un espejo del Congreso, mientras ella ha construido una imagen de liderazgo hipermediatizado basada en la polarización y la victimización.  

El hecho de que una  jueza decidiera enviar al banquillo a su pareja, Alberto González Amador, por un presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros impactó de manera directa en Sol. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que desde el primer momento puso recursos del Gobierno autonómico al servicio de la defensa de su novio, empezando por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, siempre ha presentado la investigación contra el empresario con el que convive como una persecución política por ser ella quien es, y no por lo que supuestamente ha hecho González Amador. Pero su situación también le compromete.

Actualmente, la pieza separada, que deriva de la principal –la que versa sobre el fraude fiscal–, se mantiene en stand by a la espera de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que se encargó hacer averiguaciones en relación a una operación de compraventa societaria que podría esconder, a ojos de la Fiscalía, una comisión encubierta a un directivo del grupo sanitario Quirón. Un informe que, más de medio año después, sigue sin llegar, lo que puede retrasar la fijación de la vista y resolución hasta después de las elecciones autonómicas del próximo año, previstas para el mes de mayo.

Tampoco se libra Miguel Ángel Rodríguez de su cita con los tribunales, su jefe de gabinete, el arquitecto comunicativo del ayusismo, capaz de convertir cada crisis en una batalla cultural y cada denuncia en munición contra Moncloa. Su citación como investigado por la presunta difusión de datos personales de dos periodistas de El País que trabajaban en el caso González Amador no ha sentado nada bien en Sol. La Audiencia Provincial de Madrid obligó a investigar cómo, cuándo y por qué llegaron esos datos al jefe de gabinete de Ayuso, y el juzgado lo ha citado a declarar como investigado el próximo 6 de mayo.

Además, hace solo dos semanas, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano y mano derecha de Ayuso, declaró como testigo en el caso en el que se investiga la filtración de un documento policial en enero de 2024. Serrano subió a X una foto de una denuncia en la que se definía al autor de una agresión sexual como de raza negra. Esta imagen fue utilizada para relacionar migración y delincuencia, en un momento en el que el PP de Madrid estaba criticando la llegada de migrantes procedentes de Canarias a un centro en Alcalá de Henares. Durante su declaración, aseguró que la foto le llegó por mail y que la publicó sin leer siquiera el encabezado.

Solo un día después de la declaración de Serrano, la Fiscalía envió un escrito al juzgado sobre el que recayó la querella presentada contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por un presunto caso de acoso sexual y laboral a una exconcejal del PP solicitándole que se diera impulso procesal a la causa ante su "inactividad manifiesta". Según el testimonio de la concejal, la cúpula del PP madrileño, con Ayuso a la cabeza, encubrió el caso y mantuvo al alcalde en el cargo. Tras conocerse la denuncia, Bautista se ha negado a abandonar el consistorio con el visto bueno de Ayuso y su núcleo duro.

En los últimos meses, Ayuso ha lidiado con su peor crisis interna de la legislatura tras el cese del consejero Emilio Viciana. La versión oficial fue que la presidenta madrileña lo apartó por su incapacidad para consensuar con los rectores universitarios el nuevo modelo de financiación, un proyecto que quería enarbolar como un logro de gestión pero que veía cómo se encallaba semana tras semana. Sin embargo, desde la oposición siempre han mantenido que su salida tuvo que ver con la denuncia sobre el troceo de contratos en la Consejería de Educación en el caso FP, que cerca a altos cargos del Gobierno regional por una serie de irregularidades detectadas en la construcción de centros educativos.

Al cese de Viciana le siguió la dimisión de los diputados Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, conocidos en la Asamblea de Madrid como los pocholos, lo que fue todo un shock para un partido acostumbrado al orden. Se trata de un movimiento muy poco frecuente a mitad de legislatura, que no pocos en el PP madrileño interpretaron como un desafío a la baronesa del PP. Ayuso los fichó para las elecciones de 2023 como la "nueva generación" del PP, aconsejada por su gurú en materia educativa, Antonio Castillo Algarra, que los había "formado"' en su compañía de teatro.

Tras estas salidas se produjo la dimisión del propio Castillo Algarra, que había ganado influencia en la trastienda del Ejecutivo madrileño aunque no tenía despacho alguno en Sol. Según aseguró él mismo en redes sociales, detrás de la campaña en su contra se escondía Miguel Ángel Rodríguez, aunque desde su entorno negaron haber tenido trato con él.

Vox también supone una amenaza para la presidenta madrileña. Durante años, Ayuso neutralizó a la extrema derecha absorbiendo parte de su tono y presentándose como una versión más eficaz, institucional y ganadora de esa batalla cultural hasta el punto de lograr una mayoría absoluta que les dejó fuera de juego en las últimas autonómicas. Pero la formación ultraderechista ha cambiado de estrategia y acusa a la dirigente del PP de haber abandonado a los madrileños de los barrios y de apostar por el “Madrid de todos los acentos” frente a la “prioridad nacional”. 

Con perfiles como el del diputado Carlos Hernández Quero, Vox busca atacar a Ayuso desde el malestar social en los barrios y municipios del sur de Madrid y por eso ha lanzado la campaña "Madrid Sur en Pie". El partido presenta a Quero como una cara distinta a la de Rocío Monasterio, anterior cabeza visible en la comunidad, pero compatible con la de Isabel Pérez Moñino, actual portavoz, menos vinculada a la élite tradicional de Vox y más centrada en vivienda, empleo y jóvenes expulsados del mercado inmobiliario.

El objetivo último de Vox es acabar con la mayoría absoluta de Ayuso en 2027 y recuperar relevancia en Madrid. En Génova creen que la presidenta madrileña puede mantener su mayoría, pero consideran que “no está garantizada” y por eso creen que se mostró tan combativa con la idea de “prioridad nacional” presente en los pactos de PP y Vox en Extremadura y Aragón. La presidenta de la Comunidad de Madrid busca distanciarse de los ultras sin renunciar a dar determinadas batallas.

A ese pulso externo con Vox se suma una lectura interna en el PP: el espejo de Juanma Moreno. El equipo de Ayuso mira de reojo la estrategia electoral del presidente andaluz, que intenta contener a Vox evitando el choque y presentándose como un gestor institucional mientras que Ayuso representa la vía dura, la de la confrontación permanente con Sánchez, la polarización ideológica y Madrid como fortín nacional de la derecha. Mucho se ha escrito sobre sus aspiraciones nacionales, pero en Génova consideran que, “cuanto más tiempo pase”, más difícil tendrá alcanzar La Moncloa pese a que su entorno “así lo quiere”.

La prueba de que a Ayuso le preocupa lo que pueda ocurrir en las elecciones del próximo año es que el PP de Madrid ha enviado una carta a los cerca de 90.000 interventores y apoderados que participaron en la campaña de 2023 para pedirles que estén "más vigilantes que nunca" ante un PSOE al que presentan como "capaz de todo". La misiva, adelantada por Artículo 14, vincula el voto por correo, regularizaciones y nacionalizaciones con el riesgo de alteración del censo.

La misiva está firmada por Serrano, la vicesecretaria de Organización, Ana Millán, y el secretario de agentes electorales, Juan Peña, y piden a los suyos un “ejército de agentes electorales” para ser “más ambiciosos” y “cubrir todas las mesas con interventores para “teñir de azul los colegios”. “A todos nos une una pasión, Madrid, y una pesadilla que se llama socialismo”, arenga a la militancia para que, tras los próximos comicios, la Comunidad siga siendo “libre, próspera y abierta”.

El entorno más cercano de Isabel Díaz Ayuso tiene problemas con la justicia: empezando por su pareja y acabando en su número tres en el PP de Madrid. A esa lista se le ha sumado este viernes su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado a Rodríguez —o MAR, como se le conoce en los entornos políticos y periodísticos— para que declare como investigado por haber difundido los datos personales de dos periodistas de El País que estaban trabajando en un artículo sobre el fraude fiscal por el que está procesado Alberto González Amador, la citada pareja de la presidenta madrileña. Desde el entorno del jefe de gabinete de Ayuso señalan a infoLibre que no tienen "nada que decir" sobre esta imputación.

La jueza inicia una causa que hace casi un año rechazó abrir al considerar que los hechos denunciados tenían "escasa o nula relevancia" en la afectación de la intimidad de los periodistas, un criterio del que discrepó de lleno la Audiencia Provincial de Madrid, que señaló en un auto la pertinencia de "averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado". Además de MAR, un testigo y los dos periodistas perjudicados deberán declarar en esa misma jornada del 6 de mayo. En su providencia, además, la jueza se dirige a la Policía para que identifique a los agentes que prestaron servicio el día de los hechos como escoltas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que uno de ellos identificó a los periodistas.

MAR es el estratega clave de la presidenta madrileña, el mismo que difundió que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad a González Amador —cuando era al revés— y que este fue retirado por "órdenes de arriba", lo que dio lugar al desmentido oficial de la Fiscalía General del Estado que acabó con su máximo responsable condenado. La operación política montada por el principal asesor de Ayuso culminó con éxito, aunque Rodríguez parecía tener claro desde el principio que el ex fiscal general iba a ir "pa'lante". Es el lema popularizado por la mano derecha de Ayuso y que ha utilizado de manera reiterada cada vez que las decisiones judiciales, informes y resoluciones estrechaban el cerco sobre Álvaro García Ortiz o cualquier miembro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Otra de las imputaciones afecta a la pareja de la presidenta madrileña y está muy relacionada con el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid, a quien ha adjudicado la gestión de varios hospitales, el gigante Quirón. La investigación nace de una inspección fiscal abierta a la sociedad Maxwell Cremona, cuyo titular es Alberto González Amador. En septiembre del pasado año, el juzgado de instrucción número 19 de Madrid dio por finalizada su investigación y abrió juicio oral contra él y sus socios, aunque previsiblemente no se sentarán en el banquillo ante un juez de lo Penal hasta 2027. Tras la condena al fiscal general, ha pedido su absolución porque, según su abogado, "no está afrontando un procedimiento penal justo".

La Agencia Tributaria detectó dos fraudes en el Impuesto sobre Sociedades superiores a los 120.000 euros, por lo que le denunció a la Fiscalía como presunto autor de dos delitos fiscales que podrían comportar su ingreso en prisión: la Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel. La instrucción que dirige el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid está lista para ir a juicio. Según fuentes fiscales, a la pareja de Ayuso no le quedará más remedio que reconocer sus delitos –algo que ya hizo en 2024, aunque el pacto no fraguó– para lograr una rebaja de pena. La titular, Inmaculada Iglesias, acordó el procesamiento el mayo de 2025. Además de los delitos fiscales, a Amador se le imputa otro de falsedad documental al haber presentado facturas falsas durante la investigación en Hacienda.

Pero la parte más política del caso, la relacionada con Quirón, se inició a instancias de las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid. La jueza abrió una pieza separada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por camuflar una supuesta comisión de González Amador a la esposa de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario. Amador le pagó casi medio millón de euros por la sociedad Círculo de Belleza SL, supuestamente dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética pero que, en realidad, según Hacienda, no tenía inmuebles ni empleados: solo un ordenador portátil sin valor y unos aparatos de depilación. Es decir, que la pareja de la presidenta madrileña compró una firma sin valor y ahora se investiga si la operación sirvió para ocultar ese pago.

La número tres de Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán, está imputada desde 2022 por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y administración desleal en un juzgado de Navalcarnero. En el último congreso del PP de Madrid, celebrado en 2023, Isabel Díaz Ayuso la convirtió en su número tres. La exalcaldesa de Arroyomolinos y diputada en la Asamblea de Madrid, de la que es vicepresidenta, fue catapultada al cargo de vicesecretaria de Organización y Electoral del partido en el círculo más próximo a la presidenta. Llegó a ese puesto pese a la investigación que le ha abierto la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Navalcarnero.

Según la instructora, en su etapa como concejala, Millán habría favorecido al empresario Francisco Vicente Roselló, al que adjudicó irregularmente contratos municipales a cambio de contratos para su hermana y su pareja, un empresario hostelero que se benefició en una unión temporal de empresas (UTE) con el presunto corruptor. Siendo concejala de Juventud en Arroyomolinos, aprobó siete contratos públicos a favor de Roselló. Se investiga si el dinero recibido por el entorno de Millán sirvió para pagar la hipoteca y la comunidad de vecinos de un inmueble de su propiedad. Durante la instrucción la jueza intentó tomar declaración como testigo al marido de Millán, pero fue imposible localizarle tras varios requerimientos. 

En total, la actual diputada madrileña recibió presuntamente del empresario beneficiado por esos contratos la cantidad de 44.462 euros. La instructora se inhibió a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que Millán está aforada, pero ese órgano le ha devuelto la causa porque considera que la investigación no está terminada. El Ministerio Público también consideraba que había que tomar declaración al marido, citado para declarar dentro de tres meses, en junio de 2026.

La mano derecha de Ayuso, el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano —cuestionado internamente por la gestión del caso de acoso sexual en el PP de Móstoles—, figura de momento como testigo en una causa contra la alcaldesa del PP de Alcalá de Henares por la filtración de un documento policial. En enero de 2024, publicó en sus redes una fotografía de un parte de la policía local para relacionar un delito de agresión sexual con la llegada de migrantes procedentes de Canarias.

La principal hipótesis es que ese pantallazo se lo envió la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet. La investigación se centra en Piquet y en cómo llegó a manos del secretario general del partido ese documento que, en teoría, debía ser secreto. Serrano tendrá que declarar en los juzgados de Alcalá de Henares el 15 de abril, aunque su declaración se ha aplazado ya en tres ocasiones.

Una jueza de Madrid ha citado a declarar el 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, como querellado en la causa abierta por revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas -sus nombres, apellidos y una foto- que habían sido identificados por un policía.

La titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid ha adoptado esta decisión después de que la Audiencia de Madrid le ordenase admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas de El País afectados, según una providencia a la que ha tenido acceso EFE.

La magistrada cita a Rodríguez "en su condición de denunciado y querellado", asistido de abogado, el próximo 6 de mayo a partir de las 9:00 horas, el mismo día que declararán varios testigos y los dos periodistas perjudicados.

En su providencia, además, la jueza se dirige a la Policía para que identifique a los agentes que prestaron servicio el día de los hechos como escoltas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Uno de ellos, según la denuncia, identificó a los periodistas.

Según la denuncia que ahora debe investigar la magistrada, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.

El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

Con las citaciones acordadas, la jueza inicia una causa que hace casi un año rechazó abrir al considerar que los hechos denunciados tenían "escasa o nula relevancia" en la afectación de la intimidad de los periodistas.

Un criterio del que discrepó de lleno la Audiencia Provincial de Madrid, órgano que examina los recursos contra las decisiones de la jueza y que hace unos días revocó ese archivo de la magistrada y le ordenó investigar los hechos.

"Es pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente divulgó los mismos", subrayó la sección quinta de la Audiencia en el auto donde estimaba los recursos del PSOE y de los periodistas.

El tribunal estableció que la magistrada debe investigar si en la presunta divulgación de dichos datos "existió infracción penal", y le instó a practicar las diligencias pertinentes "a los efectos de la investigación de un posible delito de revelación de secretos por el querellado".

La Audiencia Provincial de Madrid ha instado a una jueza a investigar si Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, pudo incurrir en presunta revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas –sus nombres, apellidos y una foto– que habían sido identificados por un policía, según informa EFE.

La sección quinta de la Audiencia ha ordenado admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas del diario El País afectados, y ha revocado el archivo decretado por la titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid hace casi un año. "Es pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente divulgó los mismos", subrayan los magistrados en su auto, al que ha tenido acceso EFE este martes. 

El tribunal establece que la magistrada debe investigar si en la presunta divulgación de dichos datos "existió infracción penal", de forma que le insta a practicar las diligencias pertinentes "a los efectos de la investigación de un posible delito de revelación de secretos por el querellado".

Según la denuncia, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja. El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

La resolución de la Audiencia de Madrid, que estima los recursos de apelación interpuestos por el PSOE y los periodistas afectados contra el archivo inicial de la causa, subraya que la ley establece que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben "guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones".

"Por lo tanto, los datos de los periodistas que un agente de policía recibió en un primer momento tenían un indudable carácter reservado y por ello mismo, se debe investigar si en la divulgación de los mismos existió infracción penal", enfatiza.  

Al estudiar el caso, la titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid rechazo abrir una investigación en contra del criterio de la Fiscalía, que sí consideraba que los hechos denunciados "podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos".

La magistrada vio "intrascendente penalmente" la identificación de estos dos periodistas con nombre y apellido, así como su foto, y consideró que tienen "escasa o nula relevancia" en la afectación de la intimidad o esfera privada de quien ejerce su trabajo, dado que no incorpora "referencias añadidas a ámbitos íntimos, personales o confidenciales". 

Al analizar el delito de revelación de secretos, que debe ser cometido por autoridad o funcionario público sobre secretos conocidos por razón de su cargo, la jueza afirmó que la "simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales" no puede "estar comprendido en el concepto de 'secreto, dato o información reservada', pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal".

Las furias gallegas se instalaron en 2022 en la séptima planta de la sede del PP en la calle Génova. Mar Sánchez Sierra, Marta Varela y Luis de la Mata escoltaron a Alberto Núñez Feijóo hasta su despacho y desde entonces van y vienen de conjura en conjura. Las meigas de Feijóo hablan, llaman, gritan, presionan, susurran, juran, amenazan, comentan, cantan. Han convertido al pobre Elías Bendodo en un fantasma sefardí que deambula de esquina en esquina, de oprobio en oprobio, descansando su penar en las entrañas leales de esa Andalucía que tan injustamente abandonó, embriagado por los cantos de sirena del Madrid D.F. Hoy es escombro y ruina, mañana será sombra y ceniza.

Se ha desatado la guerra entre Génova y Sol. Gallegos y madrileños siempre han tenido un mal llevar desde que Aznar dejó el gobierno. La casa Romay Beccaría y la casa Aznar viven su particular juego de tronos que hoy cristaliza en las filtraciones que han hecho florecer un caso de abuso sexual y laboral en Móstoles. Fuego cruzado entre chivatas y cainitas. Cuando preguntan a Génova quién filtró el caso a los medios, desde la séptima planta las meigas gritan al unísono que fue Bendodo, ay. La fula va y corre de redacción en redacción y el nombre del sefardita va rulando por los hoteles del todo Madrid. Pobre Elías.

Mientras tanto, Feijóo acude a su propio funeral entrevistado por Manso y Lamet en las páginas dominicales de El Mundo. La comedia se explica sola, pero no está de más destacar que el presidente del PP ha dicho que no habrá acuerdos de gobierno en ninguna comunidad autónoma si él no está conforme. Se le olvida que a Pérez Llorca, en la Generalitat Valenciana, lo nombraron el PP de Alicante y Kiko Méndez Monasterio. Tras la entrevista de Guardiola en Okdiario, los suyos afirman que la presidenta sólo recibe fuego amigo desde Génova. A Mar Sánchez Sierra, que es mujer de mucho mando y arranque, no le gusta el color que está tomando la negociación: “Sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa, que es lo que esperan los extremeños", ha dicho Fúnez.

Saetas envenenadas salen disparadas desde las almenas de Génova hacia Extremadura. Fuego graneado en las cercanías de Sol. La artillería pesada de Sol abre boquetes en la paz de Génova. Arcadi Espada desde su columna insinúa que Feijóo debe dimitir. Sangre y puñal. Alberto es mentiroso, zángano, fabulador. Su mano derecha mueve a la prensa por legiones. Anda sacando brillo a la navaja y un día de estos se la van a hacer comer, me dice un manda del PP. De momento, la meiga no hace prisioneros y muerde como loba herida y encantada porque sabe que el drama final de Feijóo está más cerca cada día. O se muere matando o no se muere.  

También sabe la meiga que el visir de Sol no se quedará quieto. Es espía del infierno. El que hizo a Aznar presidente de este país ha empeñado su alma para que Ayuso también lo sea. Va con todo. Casado y Álvaro García Ortíz se hunden a deshora en una oscura tumba sobre la que han quedado grabadas las pisadas de una cabra. El próximo será Feijóo y después vendrá Sánchez. En Madrid, querido y desocupado lector, quieren que  sea el primer presidente en pisar la trena y que Ayuso sea la primera mujer en decorar la Casa Blanca. En este mes de febrero no ha dejado de llover sin misericordia, quizá para que el agua no dejase rastro alguno de tanta sangre. En Madrid, esta semana se ha abierto la tierra, mientras el infierno arde, los diablos rugen y los santos oran para que pronto alguien exclame: “Ha muerto el perro”.

Entrar ahora mismo en algunas redes sociales, llamémoslas X, es como entrar en esos míticos bares de carreteras de las películas llenos de moteros neonazis buscando pelea con cualquiera que entre.

Una pena, ya que muchos hemos disfrutado de grandes momentos compartidos con millones de personas en una comunidad que fue una forma de vivir juntos la información, el humor, la cultura… en fin, la vida. Una vida que de repente pudimos ampliar a todo el planeta gracias a la generosidad global.

Ahora todo eso pasó.

Este mismo artículo acabará en esa red social, llamémosla X, y los insultos serán instantáneos. Yo no los veré, he dejado de alimentar al monstruo, pero no espero menos de una red asocial y con un algoritmo diseñado por y para el odio.

El acoso en redes es tal que ya ha llevado a activistas políticos, artistas o cómicos –un abrazo fuerte desde aquí a Héctor de Miguel y su equipo de Hora Veintipico– a tener que abandonar sus cuentas y/o su actividad ante el acoso y las amenazas organizadas a ellos mismos y sus allegados.

Y todo ello ante la pasividad del Ministerio de Interior de nuestro país.

Pero algo se mueve a nivel mundial ante esta impunidad.

España se ha unido a una ya extensa lista de países, sobre todo en Europa, que se han plantado y se están movilizando para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años por el acoso, el acceso indiscriminado a la pornografía o el impacto sobre su salud mental.

Algunas redes sociales se han convertido en una isla de Epstein virtual donde los depredadores sexuales campan a sus anchas buscando víctimas menores de edad.

Los mayores de 16 años tendremos que marcharnos o conformarnos con una inexistente política europea que no permita que unos cuantos multimillonarios vulneren todos nuestros derechos sin ninguna responsabilidad económica ni penal.

Las reacciones a este intento de regular este Salvaje Oeste en el que se han convertido muchas redes sociales no se han hecho esperar:

Elon Musk, el dueño de X, ha insultado directamente al presidente del Gobierno por atreverse a intentar controlar una red racista, sexista, fascista y todos los adjetivos negativos que os imaginéis acabados en “ista”.

Pavel Dúrov, el oligarca ruso dueño de Telegram –una aplicación donde la delincuencia campa a sus anchas– se ha permitido el lujo de mandar un mensaje a millones de españoles en sus propios móviles aprovechando que tiene sus datos para advertir, ojo a la ironía, que el presidente español va a poner en riesgo nuestra privacidad.

Una mezcla grotesca entre Gran Hermano y los Hermanos Marx:

Gran Hermano Marx.

Pero entiendo que es difícil desengancharse de repente del vicio de las redes sociales. De verdad que lo entiendo, he estado ahí.

Es muy difícil intentar salir de unas redes sociales con un logaritmo maquiavélico hecho para captar y mantener nuestra atención constantemente a costa de lo que sea. Y lo que sea somos nosotros.

Es complicadísimo renunciar a ver lo más chungo de la gente que nos rodea. Entiendo que es como cuando pasamos delante de un accidente de tráfico, es terrible pero no podemos parar de mirarlo.

Yo desde esta humilde columna de opinión propongo un paliativo, un placebo mucho menos dañino para la sociedad.

Aquí va mi propuesta:

Colocar en lugares públicos y sobre todo en los bares una serie de máquinas expendedoras de odio para ayudar a pasar el mono a quienes no puedan, o no quieran, vivir sin su dosis diaria de odio gratuito.

Insertas tu opinión sobre un tema, un chiste, compartes algo personal o simplemente pones una frase cualquiera sin ninguna connotación política y la máquina te responde con esos insultos salvajes que te dedicaban cuando tuiteabas en redes sociales.

Incluso podrías elegir la voz que te insultara para hacer la experiencia más auténtica y personalizada:

Si pidieras igualdad para las mujeres o justicia con un acoso sexual, una voz con los típicos gallos de adolescente INCEL podría llamarte “planchabragas” o “Charo”.

Si pidieras justicia para los 7.291 ancianos muertos sin asistencia médica agonizando entre dolores, alguien con la voz de Ayuso podría llamarte “frustrado” o decirte eso de “me gusta la fruta”.

La voz de Milei podría llamarte “zurdo de mierda” o la de Miguel Ángel Rodríguez lanzarte una frase ininteligible, con la lengua gorda, pero que acabaría con un “p’alante”.

Parafraseando al gran Lichis de La Cabra Mecánica, nos merecemos un mundo y unas redes sociales más amables, más humanas, menos fachas.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, ha estimado el recurso de amparo interpuesto por el Grupo Socialista Madrileño en la Asamblea contra un acuerdo de la Mesa de la cámara que no admitió a trámite cinco preguntas formuladas por el propio PSOE.

La sentencia, en la que ha sido ponente el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, recoge que la inadmisión de las preguntas no estaba suficientemente motivada. Establece que las cuestiones afectaban al ámbito de la comunidad autónoma y no estaban desvinculadas de la competencia o gestión del Consejo de Gobierno.

Por todo ello, la sentencia aclara que la inadmisión de las preguntas supone una limitación no justificada del derecho de la recurrente a formular preguntas al Consejo de Gobierno.

Las cuestiones presentadas por el Grupo Socialista preguntaban la valoración del gobierno autonómica del cumplimiento del código ético por parte de altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid y, en concreto, del jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez.

La Mesa de la Asamblea las inadmitió con la base de que el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso no forma parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La vida, para bien o para mal, se abre camino. También en la periferia muda, también en aquellas comunidades convertidas en geografía experimental, laboratorio de sentimientos y de ideas, antes que palancas de cambio en las políticas del Madrid D.F. Muy al contrario, el devenir político de estos territorios depende, aparentemente, del epicentro del Estado. Conviene prestar atención, pues, a algunas de esas comunidades; conviene no perder la pista del laboratorio Murcia, del limbo cántabro o de esa nueva Zona Oscura que se abrió hace un año en la Comunidad Valenciana, tras el desastre de la Dana.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha hecho esta Navidad una llamada a la unión y a la estabilidad institucional. Una región dividida no avanza, dijo durante su discurso. Lo hizo desde el Hospital de Valdecilla. Su gobierno no ha conseguido aprobar los próximos presupuestos. El PRC, su único respaldo en la investidura, ha decidido no estar ahí. Curiosamente, a diferencia de otras comunidades gobernadas por el PP, este hecho no ha derivado en un anticipo electoral por parte de Sáenz de Buruaga, mujer cercana al entorno de José María Aznar. Sólo sucederá si PSOE, PRC y Vox bloquean el parlamento en lo que resta de legislatura. No es un dato menor. Cantabria nos habla de una estrategia política diferente a la marcada por Alberto Núñez Feijóo. La periferia muda se expresa inmune a las turbulencias y, sobre todo, a la ansiedad.

Hay periferias mudas y otras que van enmudeciendo, o sea, que se están políticamente vaciando en beneficio de un modelo centralista, consolidado a este lado del Ebro. El radar detecta la Zona Oscura en la Comunidad Valenciana. Solo Catalunya y el País Vasco condicionan políticas en el Estado. Son la excepción. No es el caso valenciano, donde el socialismo se ha desdibujado (Diana Morant no tira); y donde el PP, antaño fuerza hegemónica en Valencia, se ha traicionado a sí mismo asumiendo los postulados de Vox para sostener los presupuestos de la Generalitat Valenciana. A la espera de que Mónica Oltra dé el paso, parece que Santiago Abascal tiene la llave de la política valenciana y de otras cuatro comunidades autónomas más.

La caída de Pablo Casado comenzó en los comicios de Castilla y León de 2022 y la de Alberto Núñez Feijóo puede iniciarse con otros comicios allí. Todo dependerá del resultado. El momento antipolítico que confronta al Gobierno y al Poder Judicial forma parte de una estrategia dentro del PP nacional, pero es relevante señalar que esa estrategia sólo se reduce a contexto para el PP de Miguel Ángel Rodríguez: algunos quieren que Pedro Sánchez sea el primer presidente que entre en la cárcel y que Isabel Díaz Ayuso sea la primera presidenta en entrar en La Moncloa.

Suenan rondallas en Galicia y plegarias en la Puerta del Sol. España no te la terminas nunca. Su guerra cultural siempre te da un capítulo nuevo donde los héroes de la España plurinacional y los villanos de la España radial se disputan el relato. Sánchez Arévalo estrena esta semana su última película, Rondallas, que es síntesis de la diversidad y riqueza de la plurinacionalidad de este país y del esfuerzo colectivo, al estilo de las comedias de la Ealing renovadas por el paso del tiempo. El cine británico de los noventa nos trajo otras cintas que hablaban de comunidad, aspiraciones, resiliencia como Tocando al viento, y otras de rebeldía punk y resignación como Trainspotting.  Esta semana se bailan rondallas pero también se han escuchado oraciones contra la generación boomer, merced al último libro de la ensayista Analía Plaza. También se han declamado oraciones contra los juzgados de violencia de género, gracias a Soto Ivars. Finalmente, se han escuchado los villancicos del grupo Hakuna.  

Desde la Puerta del Sol, las plegarias de estas navidades han sonado a villancico por los jóvenes que viven peor que sus padres, a espiritual por los hombres que han sufrido una denuncia falsa, y a gospel por todos los cristianos. La Puerta del Sol acoge a los adventistas, a los presbiterianos, a los católicos y a todos aquellos que afianzan el factor autoritario. Guerra intergeneracional contra los pensionistas que se entregan a “la vida cañón”, guerra contra la ley del “sólo sí es sí” y música religiosa que realce el momento espiritual de una patria entregada a Dios. Todos estos cánticos son el reflejo del momento antipolítico que se vive en el país. El PP madrileño disputa el voto a Vox en las casas de apuestas, en los juzgados de violencia de género y, si hace falta, en la morada de Dios, donde rezan el culto multitud de latinoamericanos. Ayuso es una virgen atea y trata de parecer inmune a Vox.

Miguel Ángel Rodríguez ha vuelto a ocupar espacio en la actualidad política y judicial en los últimos meses por su comparecencia ante el Tribunal Supremo como testigo en el procedimiento que ha culminado con la inhabilitación del ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En su declaración, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña reconoció haber difundido entre periodistas que la Fiscalía había retirado un pacto con la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por supuestas “órdenes de arriba”, una versión que atribuyó a una “deducción lógica” y para la que admitió no tener pruebas.

Ese episodio ha concentrado buena parte de la atención mediática reciente sobre el principal asesor de la presidenta madrileña. Sin embargo, en paralelo, la actualización de los datos del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid ha permitido ampliar un asunto menos mediático: la de sus gastos públicos en comidas y cenas de trabajo.

Con la publicación de los gastos correspondientes al tercer trimestre de 2025, el registro de gastos protocolarios y de representación de la Comunidad de Madrid permite reconstruir el gasto completo de Miguel Ángel Rodríguez durante cuatro años en comidas institucionales desde octubre de 2021 hasta septiembre de 2025.

En ese periodo de cuatro años, Rodríguez ha cargado 53.122 euros en comidas y cenas de trabajo, siempre bajo el concepto de comidas institucionales. El registro incluye 360 entradas, lo que equivale a una media de 90 comidas al año. El gasto agregado se traduce en una media mensual de 1.106 euros, calculada sobre los 48 meses naturales que abarca la serie completa. El importe medio por comida o cena asciende a 147 euros, según el detalle de los tickets registrados.

El análisis por años muestra además diferencias relevantes en la intensidad del gasto. Los primeros datos de la serie, los últimos tres meses de 2021 arrojan una media mensual de de 858 euros. En 2022, el gasto medio sube hasta 1.083 euros al mes, mientras que en 2023 se situó en 951 euros mensuales. En 2024, la media volvió a superar el umbral de los 1.000 euros, con 1.126 euros al mes. En 2025, con datos aún incompletos (de enero a septiembre), la media mensual asciende ya a 1.401 euros, la cifra más alta de toda la serie. A falta del último trimestre, el gasto de este año apunta a convertirse en el más elevado del periodo. 

La Comunidad de Madrid publica de forma desagregada los gastos protocolarios de sus altos cargos, incluyendo fecha, concepto e importe. Sin embargo, como courre con la publicidad institucional, no todas las comunidades autónomas ofrecen este nivel de detalle, lo que impide establecer comparaciones homogéneas con otros gobiernos regionales.

Además de los gastos en comidas institucionales, el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid fija el sueldo de Miguel Ángel Rodríguez en 100.989 euros al año, según la información actualmente disponible. Esa cifra supone un aumento respecto a una versión anterior del mismo portal, archivada en julio, en la que su retribución anual era de 96.210 euros anuales. El salario del jefe de gabinete se sitúa así en niveles próximos al de la presidenta madrileña y por encima del sueldo del Presidente del Gobierno.

El nombre de Rodríguez ha cobrado especial protagonismo en los últimos meses por su papel en el origen del bulo sobre la supuesta retirada de un pacto entre la Fiscalía y la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

Ante el Supremo, el jefe de gabinete reconoció haber difundido entre periodistas que la Fiscalía había recibido “órdenes de arriba” para frenar ese acuerdo, pese a disponer de mensajes que indicaban que las negociaciones seguían abiertas. Según explicó, esa afirmación no se basaba en ninguna fuente ni prueba concreta. Ese episodio derivó en un desmentido oficial de la Fiscalía y forma parte del contexto de la condena al fiscal general del Estado por la filtración de correos relacionados con el caso, un procedimiento en el que Rodríguez ha sido uno de los testigos clave.

Y no pasa nada. Ni una pequeña colleja de los firmantes, nada de nada. Al Supremo le debe parecer de perlas que el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid acuse en falso al fiscal general de cometer un delito inventado. Acusar en falso es atribuir a otra persona la comisión de un hecho que de ser cierto constituye un delito, y es una cosa tan fea que está tipificada en el Código Penal. 

Es lo que se desprende tras la publicación de la sentencia el martes pasado en la que se argumenta la condena a Álvaro García Ortiz, y en la que se pasa de puntillas por el hecho de que todo el lío gordo que se ha montado tiene su origen en que Miguel Ángel Rodríguez (MÁR) injurió también al fiscal general del Estado. Una injuria consiste en desacreditar a alguien afectando así su reputación y su honor. Otro delito bien claro según el Código Penal. ¿No es esto lo que ha hecho MÁR al acusar al fiscal general de dar órdenes que no dio? 

Ah, no, qué va. Vamos a dejarlo en que ha soltado una trola, porque mentir sí que se puede, pero una cosa es un embuste y otra injuriar y acusar en falso. Dado que tanto el Supremo en su sentencia como la UCO en su declaración hicieron suyas las tesis de Rodríguez, es mejor dar por hecho que no pasa de ser una patraña inocua. Con lo que le gusta al Supremo conjeturar, especulemos con que no tenía intención de montarla, solo se trataba de echar un cable a la jefa. Claro que esa pueril falacia se ha llevado por delante la presunción de inocencia. 

“Lo más preocupante es que los magistrados han hecho tabla rasa de lo que el propio Supremo ha venido construyendo en los últimos 40 años, que es la presunción de inocencia. Lo que supone desandar el camino andado en el sistema de garantías. Uno de los párrafos más patéticos es el que dice que si el Fiscal no hubiera vaciado su móvil hubiera podido demostrar su inocencia. Lamentable, esto siempre ha sido al revés. Es la acusación quien tiene que demostrar la culpabilidad con pruebas. Estamos volviendo a tiempos oscuros, a una policía cada vez más escorada y a unos jueces serviles”, dice un magistrado veterano. Recuerda que cuando aprobó las oposiciones en los últimos tiempos del franquismo, sus compañeros recitaban entre carcajadas un axioma que al parecer iba más en serio que en broma: al amigo el culo, al enemigo por el culo y al indiferente la legislación vigente. 

Medio país se ha quedado con una imagen prevaricadora de la Justicia –gracias a la invención de una mentira– que no será fácil de cambiar. “Conociendo a los firmantes, Marchena, Berdugo y Palacios, no me sorprende, pero ha habido dos que me han dejado descorazonado. Antonio del Moral, que es del Opus Dei, pensaba que era un tío decente, que además va en contra de sus propias sentencias en las que insiste en la presunción de inocencia, y a Martínez Arrieta también le tenía por un juez competente pero se ve que tenía que devolver el favor a la derecha”, reflexiona un magistrado. 

La sentencia nos deja también al ‘entorno’ como sujeto del crimen, cuando concluye que el fiscal general o alguien de su entorno filtró el correo. Oye, ¿quién ha sido? Habrá sido el entorno. Como chiste tiene un pase pero como sentencia condenatoria es preocupante. No se ha querido investigar en ningún momento de la instrucción al ‘entorno’ porque habría quedado probado que había demasiada gente con acceso a esa información y hubiera perdido fuerza la única tesis que se manejaba desde el principio, que era la de la culpabilidad del fiscal general. Así que al Supremo no le queda otra alternativa razonable, después de declarar seis periodistas que García Ortiz no había sido el filtrador, que suponer que, si no ha sido él, habrá sido alguien de su entorno. Que la verdad no te arruine una bonita sentencia. 

Un caso que comenzó con la comisión de dos presuntos delitos, uno de fraude fiscal y otro de falsedad documental, por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha derivado en una condena de la mayoría conservadora del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por "revelación de datos reservados". Un fallo que se anunció este jueves, solo una semana después de que el juicio terminara, pero cuya sentencia todavía no está escrita. A falta de conocer los argumentos de los cinco magistrados conservadores que han considerado culpable a García Ortiz de esa "revelación" —sin investigar ninguna otra posible fuente—, y pese a que el magistrado de la Sala de Apelación, también conservador, advirtió de que no existía un solo indicio que apuntara al fiscal general, al igual que las dos magistradas progresistas, se ha acabando imponiendo el relato de González Amador.

Ayuso ha ganado la partida, aunque ella lo niegue. "Se ha pretendido vender que lo que aquí sucede es un choque de trenes, de iguales, donde debe haber ganadores y perdedores de relatos (...). Aquí no gana nadie, todos perdemos. Porque todo se rompe", dijo este viernes en una declaración institucional desde la Puerta del Sol. A tenor del fallo, los testimonios de periodistas que negaron que el fiscal general hubiera sido su fuente y desmontaron el informe de la Guardia Civil han dado igual. También el hecho de que el correo electrónico pasara por múltiples manos. Sin embargo, la que ha quedado sin castigo es la mentira de Miguel Ángel Rodríguez (MÁR), el jefe de gabinete de Ayuso, que difundió que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad a González Amador —cuando era al revés— y que este fue retirado por "órdenes de arriba", lo que dio lugar al desmentido oficial de la Fiscalía que ha acabado con su máximo responsable condenado.

Convertido en el gran estratega de Ayuso, MÁR es el responsable de la hoja de ruta trazada para intentar tapar las mentiras de la presidenta madrileña sobre los negocios y los delitos de su novio. En su declaración como testigo ante el Supremo volvió a difundir la teoría de la conspiración que, según él, se activó desde que se conoció que la pareja de la presidenta madrileña había sido denunciado por dos delitos fiscales el 12 de marzo de 2024. Rodríguez aseguró que instituciones como el Gobierno, Hacienda y Fiscalía formaron una suerte de conspiración contra su jefa con el objetivo de acabar políticamente con ella.

La operación política montada por el principal asesor de Ayuso ha culminado con un éxito incluso mayor del que pensaban sus promotores. Aunque Rodríguez parecía tener claro desde el principio que el fiscal general iba a ir "pa'lante", tal y como avanzó hace meses. Es el lema popularizado por la mano derecha de la presidenta madrileña y que ha utilizado de manera reiterada cada vez que las decisiones judiciales, informes y resoluciones estrechaban el cerco sobre García Ortiz. Después de que la UCO apreciara una "participación preeminente del fiscal general del Estado" en la filtración, MÁR escribió tres publicaciones en X con apenas minutos de diferencia congratulándose de ello e incluso llegó a afirmar que el fiscal general acabaría en la cárcel.

La de presentarse como una víctima ha sido la estrategia de Ayuso desde que se conoció el fraude de 350.000 euros reconocido por el propio abogado de su pareja. Después de que se publicara la noticia, la presidenta madrileña afirmó que su pareja sufría “una inspección salvaje y sacada de quicio” y negó los delitos, afirmando que era Hacienda la que le debía dinero a él. Un mensaje que volvió a repetir este viernes al presentarse como la damnificada de una "campaña orquestada por Moncloa" con el objetivo de acabar con ella "por vías ilegítimas" a través de su pareja. Ayuso volvió a repetir que su pareja es un "ciudadano particular" que "nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid salvo el ánimo de acabar por vías ilegítimas con quien la preside". Pero lo cierto es que la presidenta madrileña y González Amador viven en un piso que él compró en 2022 tras el fraude fiscal. Y que González Amador figura en la agenda de MÁR como "Alberto Quirón" por sus negocios con la principal contratista sanitaria de la Comunidad que gobierna su pareja.

En la visión alternativa de la realidad que describió, no era su pareja quien había defraudado más de 300.000 euros a la Agencia Tributaria, sino que a González Amador –que había confesado ante la Inspección el fraude, había intentado subsanarlo ingresando el dinero y había reconocido que las facturas que presentó durante ese proceso eran falsas–, sus declaraciones tributarias le salían "a devolver". Mentiras difundidas y amplificadas también a través del ecosistema mediático de la derecha, al que la Comunidad de Madrid riega desde hace años con subvenciones y ayudas discrecionales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid también dijo que el 20-N de 2025 "pasará a ser un día histórico para la democracia" porque "un ciudadano particular" obtuvo la "protección y la tutela" del Tribunal Supremo y anticipó movimientos por parte del presidente del Gobierno. "No sabemos qué escenario está preparando ahora Pedro Sánchez pero nos tememos algo desquiciado, es su modus operandi", señaló. Y añadió: "Es experto en apagar incendios con más gasolina. Para tenernos despistados, entretenidos", dijo. Una estrategia en la que ella, precisamente, es experta, como demuestra este caso.

La condena al fiscal general demuestra, a ojos de la izquierda, que la presidenta madrileña es "intocable". Y lo cierto es que la hemeroteca confirma que los pulsos que ha librado Ayuso en su carrera política se han saldado con derrotas de sus rivales, incluso dentro de su propio partido. Es lo que sucedió en febrero de 2022, cuando otro bulo puesto en circulación por MÁR acabó con la carrera política del entonces líder del PP, Pablo Casado, que fue quien había elegido a Ayuso para el cargo solo tres años antes. El asesor de Ayuso sabía que Génova disponía de informaciones comprometedoras sobre el hermano de la presidenta madrileña, por lo que Rodríguez filtró a algunos medios que Casado estaba liderando un supuesto espionaje a la baronesa del PP en Madrid.

Casado intentó resistir los primeros días y afirmó en los micrófonos de la Cope: “La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas". Esa declaración provocó su defenestración por parte de los barones del PP, que comandados por Alberto Núñez Feijóo, retiraron su apoyo al entonces presidente. El líder del PP tuvo que dar un paso al lado mientras que Ayuso permaneció en su puesto y consiguió también hacerse con las riendas del PP madrileño, que entonces Casado le negaba.

La baronesa del PP es también responsable de la caída no solo de su exvicepresidente, Ignacio Aguado, sino del inicio del fin de Ciudadanos después de decidir disolver el Gobierno en 2021 con el argumento de que Cs y el PSOE preparaban una moción de censura para desalojarla del poder. La presidenta madrileña nunca le perdonó a Aguado que apoyara una comisión de investigación que afectaba a la familia de Ayuso en el caso Avalmadrid, destapado por infoLibre, y tampoco que se quejara públicamente del nombramiento de Miguel Ángel Rodríguez como jefe de gabinete de Ayuso, que volvió a la primera línea política en enero de 2020.

Ayuso también venció en las urnas a Pablo Iglesias, que dimitió como vicepresidente de España para intentar derrotar a la presidenta."Hemos fracasado. La participación masiva, lejos de conseguir lo que buscábamos, ha consolidado a la derecha trumpista y a la ultraderecha. Hemos constatado un incremento de la agresividad sin precedentes, una normalización de discursos fascistas en los medios de comunicación, amenazas de muerte, deshumanización... Tengo la conciencia absoluta de haberme convertido en un chivo expiatorio que moviliza los afectos más oscuros y más contrarios a la democracia", dijo en su discurso de despedida la noche electoral. La dirigente del PP también ha salido indemne de la investigación abierta por las muertes en las residencias durante la pandemia.

Lo que sabemos: la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condena a Álvaro García Ortiz por “revelación de datos reservados” a una “inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por el tiempo de dos años”, a una multa de 7.200 euros y a pagar una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, novio de Ayuso y defraudador confeso a través de su abogado, por “daños morales” (ver aquí). Tendrá el fiscal general que pagar incluso las costas de la defensa de González Amador, un señor que tiene pendiente ser juzgado por dos delitos fiscales, falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal. 

Sabemos que la designada como ponente de la sentencia de este disparatado juicio acorde con una surrealista instrucción realizada por Ángel Hurtado –el juez que no vio el menor indicio de que M.Rajoy fuera Mariano Rajoy en el caso Gürtel– es relevada en la redacción de la sentencia porque ella, Susana Polo, considera que García Ortiz es inocente, lo mismo que opina la magistrada Ana Ferrer. Ambas presentarán un voto particular discrepante que promete sonrojar la argumentación jurídica de los otros cinco magistrados. Y será el presidente de la sala, Andrés Martínez Arrieta, quien se convierta en nuevo ponente.

Sabemos también que la pareja de Ayuso, presunto delincuente que proclama que el fiscal general le ha “destrozado la vida”, anda celebrando con Miguel Ángel Rodríguez, alias MÁR, jefe de gabinete de la presidenta madrileña a quien todos pagamos un sueldo para –como él mismo ha confesado– dedicarse a lanzar bulos capaces de destrozar la vida (y la hacienda personal) de todo un fiscal general. Brindarán por su éxito procesal, que además le puede servir para provocar la nulidad de su presunto (y palmario) fraude fiscal, producto de comisiones millonarias con las mascarillas durante el covid y gracias a sus chanchullos con el grupo sanitario Quirón, principal beneficiario del grifo de recursos públicos que Ayuso abre a su antojo hacia el negocio privado (ver aquí). Hoy, la pareja podrá seguir durmiendo a pierna suelta en un ático de lujo en Chamberí pagado –siempre presuntamente– con dinero ocultado al fisco y por tanto robado (de nuevo presuntamente) a la caja común de todas y todos los madrileños.

De igual modo sabemos que durante las seis jornadas del juicio oral ha quedado claro, hasta para el más tonto de los legos, que no ha aparecido una sola prueba de que el fiscal general filtrara el tan manoseado correo del abogado del novio de Ayuso en el que este confesaba dos delitos fiscales y mostraba su disposición a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para evitar la cárcel. Al contrario: hemos escuchado los testimonios de al menos cuatro periodistas de otros tantos medios que manifestaron haber conocido ese correo horas o días antes de que le llegara al fiscal general. Incluso tres han afirmado expresamente que no fue García Ortiz quien se lo filtró. Lo han hecho como testigos obligados a decir verdad o a asumir las consecuencias (no como un Mazón cualquiera que se permite mentir una y mil veces ante cualquier instancia).

Lo que no sabemos aún exactamente es por qué estos cinco magistrados (nombres y apellidos: Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela) de una Sala que lleva ya unos cuantos años inspirada mayoritariamente por ese cerebro incomparable de la ciencia jurídica llamado Manuel Marchena (aquel que el PP esperaba nombrar presidente del Supremo y del Poder Judicial para controlar precisamente la Sala Penal “desde detrás” –ver aquí–) deciden ejecutar al fiscal general y anunciarlo precisamente el 20-N (¡qué enorme sensibilidad democrática!). Ya no está claro que la percha de la condena sea la filtración de ese correo. Porque el lenguaje no es inocente, ni en la política, ni en el periodismo ni mucho menos en la justicia. El fallo ya no cita la “revelación de secretos” sino que habla de “revelación de datos reservados”. No puede ser gratuito. No se han atrevido a decretar prisión, así que se inclinan por arropar una condena de inhabilitación y multa.

Cabe deducir que vuelve a otorgarse un peso “delictivo” a aquella nota informativa que salió de la Fiscalía General y cuyo contenido ha sido asumido desde el minuto uno por García Ortiz, puesto que tenía el sentido único de desmentir el bulo lanzado desde la propia presidencia de la Comunidad de Madrid, que –no dejemos que nos despisten– intentó colarnos la especie de que todo era al revés de como era: “Es Hacienda quien debe 600.000 euros” a este “particular” (ver aquí).

El propio Estatuto de la Fiscalía (artículo 4.5) exige que se facilite a la opinión pública la información de acontecimientos de interés general de su ámbito, con transparencia y veracidad. Esa nota informativa fue el motivo por el que el Tribunal Superior de Madrid elevó el asunto al Supremo, y resulta que fue esta Sala Segunda –y en concreto el propio Manuel Marchena, entre otros– quien dictó el auto que rechazaba la existencia de indicios delictivos en la misma (“se desprende que, aparentemente, no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos”) y, eso sí, ordenó investigar directamente al fiscal general por presunta revelación de secretos. No a cualquiera de las decenas o incluso centenares de fiscales, abogados del Estado o funcionarios de distintas instancias que tuvieron acceso al maldito correo, sino al fiscal general en persona.

Manuel Marchena ha demostrado sobradamente una capacidad creativa en su interpretación del derecho que debería dar para unas cuantas tesis doctorales. Del mismo modo que después de presidir el tribunal que condenó por sedición a los independentistas del procés –algunos con penas más altas que las que tuvieron los protagonistas del 23-F– tuvo la ocurrencia de interpretar el delito de malversación de forma que pudiera bloquear la aplicación de la ley de amnistía decidida por el Parlamento, no podemos descartar que la nota informativa pase de considerarse irrelevante y lícita a convertirse en la base de la ejecución del fiscal general. Que el mismo magistrado que puso en marcha el proceso contra García Ortiz haya formado parte (esencial) del tribunal juzgador sin que nadie haya movido una ceja (ni siquiera el propio acusado, por temor a que además se le tachara de incurrir en una falta de respeto a la Sala), es un enigma que algún día debería aclarar –si es que puede y se atreve a hablar alguna vez ante los medios– la presidenta del Poder Judicial y del Supremo, Isabel Perelló, digna de otras labores menos entregadas a una falsa equidistancia.

Y lo que sí sabemos, con casi absoluta seguridad, es que se engañan Feijóo, Ayuso, MÁR, González Amador o el propio Marchena si se consideran triunfadores por haber liquidado al fiscal general. Algún día este proceso se estudiará como un atropello constante a la presunción de inocencia, pero también como el pisoteo del “derecho a una información veraz” establecido en la Constitución, artículo 20.1.D. Pierde el (ya escaso) crédito de la justicia, pierde el prestigio del más alto tribunal penal de nuestra democracia… perdemos todos. Si Feijóo cree que “García Ortiz ha sido un peón del Ejecutivo…”, habrá quien con todos los sólidos indicios acumulados pueda dudar si hay magistrados del Supremo que responden al antidemocrático llamamiento a “quien pueda hacer, que haga” soberbiamente repetido por Aznar. Desde el Supremo se ha dado un golpe (y no blando) en la mesa: no podemos nombrar al fiscal general, pero sí cesarlo. Y un aviso a navegantes: si se puede ejecutar a todo un fiscal general, ¿qué creen que puede pasar con el hermano o la pareja del presidente del Gobierno? Por algo el propio Aznar, y Feijóo, y Tellado… vienen anunciando el destino de Sánchez hacia el banquillo o más allá.

Llevamos mucho tiempo advirtiendo desde este mismo Buzón que lo que está ocurriendo en algunos sectores (decisivos) de la cúpula judicial es lo más grave en términos democráticos que hemos vivido desde la crisis de 2017. Precisamente a raíz de la crisis constitucional provocada por el independentismo unilateralista catalán, hay estamentos decididos a “salvar España”, como sea, el que pueda hacer que haga. Un falso patriotismo que inclina la balanza de la justicia hacia un solo lado, el que satisface a quienes vienen exigiendo la dimisión del Gobierno legítimo y la “inmediata” (desde 2018) convocatoria de elecciones generales. 

Leeremos atentamente la sentencia, y también los votos particulares, que forman parte del acervo jurídico y que a veces sirven para desnudar al completo intereses ajenos a la estricta aplicación de la ley. 

P.D. Una vez más se demuestra que uno es excesivamente ingenuo en la confianza hacia los principales actores del sistema democrático. Pensé (sin ninguna certeza, es verdad) que esta vez era imposible condenar a un presunto inocente sin pruebas sólidas y con testimonios contrarios a la acusación, y que asistiríamos a una absolución con recursos creativos que señalaran ese “borrado” del dispositivo móvil realizado por el fiscal general. Una decisión que regalara titulares de “inocente pero culpable” (ver aquí). No ha sido así. Sin pudor y sin complejos. Así que uno se atreve a proclamar honestamente: “culpable… pero inocente”.

Uno de los hechos que han quedado acreditados en el juicio contra el fiscal general es que Alberto González Amador participó personalmente en la información de El Mundo que relató por primera vez –de forma descontextualizada– la existencia de negociaciones entre el novio de Ayuso y la Fiscalía para confesar sus delitos a cambio de una reducción de pena que no implicara su ingreso en prisión. Ese dato, confirmado en instrucción y a lo largo del juicio tanto por las declaraciones del propio Amador, como por la de la mano derecha de Ayuso y principal muñidor mediático, Miguel Ángel Rodríguez, ha jugado muy en contra en la última jornada del juicio. Tanto la teniente fiscal del Tribunal Supremo como uno de los abogados del Estado que defiende a Álvaro García Ortiz han destacado ese hecho en sus alegatos finales a favor de la absolución del jefe del Ministerio Público.

En la última jornada del juicio, ambas instituciones, Ministerio Fiscal y Servicio Jurídico del Estado, han recordado en sus intervenciones que, tras las seis jornadas de juicio y varios meses de instrucción en el Supremo, sigue sin constar en el procedimiento una sola prueba de que el fiscal general del Estado filtrara el correo en el que, el 2 de febrero de 2024, su abogado, Carlos Neira, reconocía que "ciertamente" había cometido dos delitos fiscales. "No hay ninguna prueba de que el fiscal general filtrara el correo; no hay ningún indicio de que llegase a los periodistas porque así lo ordenara", ha asegurado en su informe el abogado del Estado José Ignacio Ocio. Previamente, la número dos de la Fiscalía, Ángeles Sánchez Conde, había afirmado sobre el informe de la UCO en el que las acusaciones basan en gran parte su tesis de que García Ortiz fue el filtrador que: "De ese informe no se desprende una sola prueba".

Durante sus intervenciones, ambos han prestado especial atención a la información de El Mundo titulada La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso, la que reveló por primera vez –en "exclusiva", como relató su autor, Esteban Urreiztieta– la existencia de unas negociaciones de conformidad de Amador con la Fiscalía que implicaban, necesariamente, la confesión de los delitos. En su elaboración participó el propio González Amador como fuente, según relató él mismo en su declaración en la segunda jornada del juicio. El novio de Ayuso admitió que se había entrevistado con Urreiztieta por indicación de MÁR la mañana del 13 de marzo. En la noticia se dieron también por vez primera pasajes textuales de uno de los correos intercambiados por el abogado del novio de Ayuso, Carlos Neira, con el fiscal del caso, Julián Salto en el que se negociaba el pacto.

Amador también reconoció en su declaración que autorizó a MÁR a distribuir ese correo publicado inicialmente por El Mundo a las 21:29 del 13 de marzo de 2024 en dos chats de WhatsApp con 50 periodistas cada uno con los que se comunica. También lo reconoció la mano derecha de Ayuso. El principal asesor de la presidenta lo usó para ampliar la información incorrecta que había dado el diario –no era la Fiscalía la que ofrecía ningún pacto, sino que, como en todas las conformidades, había sido el investigado el que confesaba sus delitos a cambio de una rebaja de pena– y darle una nueva dimensión convirtiéndola en un infundio disparatado: que la Fiscalía no solo había propuesto un pacto para que Amador confesara, sino que lo había retirado y lo había hecho "por órdenes de arriba". En realidad había sido Amador el que ofreció un pacto al que el Ministerio Público y sus abogados estuvieron abiertos a sellar hasta varios meses después de que iniciara el caso que ha terminado con el fiscal general en el banquillo. Nadie "de arriba" dio nunca ninguna orden de retirar nada, como confirmó el nuevo fiscal del caso, David Lucas, en su declaración, en la que confirmó que cuatro meses después, las negociaciones continuaban.

La teniente fiscal ha recordado que la noticia de El Mundo contiene "párrafos enteros" de la propuesta de conformidad que el abogado de Amador remitió al anterior representante del Ministerio Público en su caso, Julián Salto. También corrige errores que se deslizaron en la denuncia que, tras su publicación en eldiario.es el 12 de marzo de 2024, el gabinete de prensa de la Fiscalía distribuyó a todo periodista que se la pidió. Mientras que en este documento hubo una confusión y se hacía referencia a negocios "en Costa Rica", en la información de Urreiztieta, que entrevistó para su elaboración a Amador, se daba el dato era correcto, que esos negocios fueron en realidad en "Costa de Marfil". Amador, además, según ha alegado la número dos de la Fiscalía, mantuvo al corriente de todos los datos relevantes de la inspección tributaria que le habían abierto a MÁR, tal y como el mismo declaró ante el plenario.

González Amador y MÁR, según ha dicho la fiscal Sánchez Conde, "tenían una relación muy fluida e intercambiaban información sobre el caso". La teniente fiscal ha recordado, además, que incluso durante su declaración, el novio de Ayuso difundió "una sombra de sospecha sobre todos los que hemos seguido este proceso" y que mantiene que existe "una persecución política de los fiscales y de los funcionarios de Hacienda contra él". "Durante el proceso ha llegado a acusar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, de hacer llegar el correo a políticos de la Comunidad de Madrid", ha dicho en referencia a la oposición del PSOE en la Asamblea de Madrid. La noticia de El Mundo, ha recordado la teniente fiscal, "fue elaborada después de que Amador se reuniera con Urreiztieta".

El correo que este último reprodujo en su artículo –en el que colaboraron MÁR y González Amador, según ha quedado acreditado– fue el enviado por el fiscal Salto al abogado de este último, Carlos Neira, el 12 de marzo de 2024. En él, Salto le adjuntaba la denuncia que había redactado y presentado contra su cliente para asegurar "su derecho de defensa" y le recordaba que su interposición "no será obstáculo" para que llegaran a un acuerdo "si usted y su cliente lo estiman necesario".

"La gestión de ese correo es la única filtración acreditada en la causa", ha manifestado el abogado del Estado José Ignacio Ocio en su alegato final. "Pero ninguna acusación ha hecho la más mínima referencia a él". "Neira se lo envió a su cliente y este [Amador], inmediatamente se lo mandó a MÁR y eso no se mencionó en la querella contra el fiscal general", añadió. "¿Los demás correos que reenviaba Neira a su cliente también se enviaban después a MÁR?", se ha preguntado retóricamente. "¿Es razonable pensar que también tenía el correo del 2 de febrero de la misma forma que tenía el del 12 de marzo?". La mano derecha de Ayuso reconoció en su declaración que solo horas antes de difundir su bulo de que la fiscalía había ofrecido un pacto y lo había retirado por órdenes de arriba, supo por parte de Amador que la Fiscalía seguía totalmente dispuesta a alcanzar un acuerdo, tal y como previamente le había comunicado Neira y a este último, el fiscal Salto.

"Alberto González Amador ocultó en su querella que en la mañana del 13 de marzo se reunió con el periodista que publicó el correo del 12 de marzo, el único que consta que se filtrase", ha insistido más adelante Ocio. Lo hizo "ocho horas antes de que se publicara ese artículo con las negociaciones de conformidad y los entrecomillados de ese coreo". Al mismo tiempo "se omitió que MÁR estaba al corriente de las negociaciones de conformidad y que Amador le había enviado el correo que el fiscal Julián Salto había mandado a su abogado". "Gracias a que se tomó declaración a MÁR pudimos saber que había sido autorizado por Amador para mover el correo en dos chats de 50 periodistas desde la noche del 13 de marzo", ha proseguido. "¿Cuántas cosas más ignoramos por la mala fe del querellante que omite datos relevantes en la querella?".

"Cuando el titular de un secreto hace partícipes a terceros de ese secreto, este pierde su carácter de reservado", ha añadido. "Si habló de ello con Urreiztieta, aunque se lo contara de acuerdo con sus intereses, el secreto pierde su carácter". "Hay que plantearse si hablar con un periodista horas antes y pasarle un correo a un asesor político son actos propios de la tutela de derechos que pretende ahora", ha continuado. "No es posible revelar unas conversaciones de conformidad y, a renglón seguido, pretender que sigan siendo reservadas".

La información falsa de El Mundo en la que participó González Amador con la intermediación de MÁR fue la que obligó a la Fiscalía a reaccionar, al entender que se estaba transmitiendo la idea de que el Ministerio Público ofrecía un pacto a un ciudadano inocente para que confesara unos delitos y luego utilizar esa confesión contra la presidenta madrileña. El artículo apareció en un contexto plagado de declaraciones de Ayuso que interpretaban el caso como una conspiración de todos los poderes del Estado contra ella y su pareja. Desmentir esa falsa conspiración a través de una nota de prensa es lo que ha llevado a García Ortiz a ser, sucesivamente, imputado, procesado y acusado. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha concluido el juicio con el "visto para sentencia". Ahora solo queda esperar a que los magistrados notifiquen su sentencia.

Hemos escuchado en las testificales a M.A. Rodríguez aseverar que sus afirmaciones emanan de su capacidad de “deducir, colegir, suponer…” o de tener “el pelo blanco”: episodios que aparecen de forma repentina tienen una intensidad notable y luego desaparecen, a menudo con intervalos de normalidad entre ellos, impregnados de paroxismo. Esa es la sólida columna que a criterio de los juzgadores ha elevado este procedimiento hasta el Tribunal Supremo. 

Consistencia indubitable tenían y tienen las declaraciones en sede judicial de los periodistas cuyas afirmaciones, basadas en evidencias materiales, fueron inadmitidas por el juez Hurtado, impulsor de la causa. Dice un proverbio hindú: "la verdad es como un tigre, que, cuando te alcance, te dejara en los huesos". Tantos no pueden coincidir en una misma opinión, a menos que esa sea la verdad de los hechos, que ha sido apartada en pro de intenciones poco claras.

Y nos queda finalmente la investigación prospectiva: esa en la que no tienes sospecha de delito, pero decides investigar a alguien para ver si encuentras algo, porque le quieres hacer daño. 

Hay principios que no son negociables. La carga de la prueba es el escudo protector del ciudadano. Permitir que la 'prueba diabólica' se abra camino bajo el disfraz de la 'deducción' o la 'suposición' es una erosión inaceptable del Estado de Derecho. El deber ser que aprendí en las aulas exige que reaccionemos: la justicia debe exigirse con pruebas objetivas, no con intenciones o suposiciones. Lamento de verdad no haber estado a la altura, como estudiante de la ciencia jurídica, de aquel excelente profesorado que tuve. Perdón y gracias porque al menos pude aprender la esencia del “deber ser”.

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Juan Manuel Arévalo Badia es socio de infoLibre.