“Con este libro no pretendemos dar una respuesta exhaustiva todos los problemas, pero sí arrear una patada al avispero para que se conozca lo ocurrido a través de algunos ejemplos, comenzando por la Mezquita de Córdoba”. Con esta declaración de intenciones comienza El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia. La Mezquita de Córdoba y otros casos de libro (Akal, 2026), donde sus autores, Antonio M. Rodríguez y Aristóteles Moreno, van destejiendo la madeja jurídica que ha permitido a la Iglesia inmatricular más de 34.000 bienes entre 1998 y 2015 gracias a una ley del Gobierno de José María Aznar, y otros muchos antes, gracias a un artículo de la ley hipotecaria franquista. 

“El artículo suponía la equiparación a efectos registrales de Iglesia y Estado como si fueran hermanos siameses cosidos por el corazón y el bolsillo. De ahí que resulte tan complicado separarlos todavía”, recoge el libro. Y de aquellos polvos, estos lodos. “Gran parte de estos bienes que los obispos pusieron a su nombre los han mantenido y conservado el Estado y las comunidades”, denuncia Moreno.

Durante décadas, estas leyes permitieron que los obispos certificaran ellos mismos la propiedad de esos bienes que se inscribían por primera vez en el Registro de la Propiedad, sin aportar títulos de compra, igual que si fueran funcionarios públicos. Uno de los más emblemáticos es la Mezquita de Córdoba, a la que los autores dedican la mayor parte del trabajo. Ambos son cordobeses y están al tanto de las reclamaciones de los movimientos sociales patrimonialistas, pero también son conscientes de que la aridez de este tema dificulta la movilización social. “Nuestro libro comienza aquí, en un movimiento ciudadano que se pone en marcha hace más de diez años”, explica Moreno a infoLibre. 

Para Rodríguez, que aborda la parte jurídica, el activismo sobre la pérdida de este patrimonio cultural no está teniendo todo el calado que debería “porque no se percibe como un problema social”, pero si un día esos monumentos se venden o se caen, apunta, ya será tarde. Por otro lado, la magnitud del problema tampoco ayuda: “Cuando se produce la pérdida de más del 80% del patrimonio histórico del Estado y no tienes conciencia de que te pertenece, es tanto el daño que no consigues abarcar la causa”, señala. 

Los autores forman un tándem a medio camino entre el periodismo y el Derecho Civil. Aristóteles Moreno (Córdoba, 1963) es periodista y ha sido redactor de la Agencia EFE. En cuanto a Antonio Manuel Rodríguez (Almodóvar del Rio, 1968), es escritor y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y fundador de algunas de las plataformas ciudadanas patrimonialistas que buscan el retorno de los bienes del clero al patrimonio del Estado. 

El libro transita la historia de monumentos como la Mezquita de Córdoba, por su cercanía a los autores y por ser, apuntan, un “ejemplo paradigmático” de este “expolio”. Pero abarca, además, la situación en la que se encuentran otros 16 conjuntos arquitectónicos como el prerrománico asturiano (“el Arzobispado de Oviedo había ido inscribiendo los bienes a su nombre en la más absoluta opacidad”), la Giralda de Sevilla o los bienes comunales de Navarra, donde figuraban inscritas a nombre de la jerarquía eclesiástica más de 3.000 propiedades. 

A medida que avanza, el texto se transforma en un manual de derecho en el que se aportan soluciones que podrían servir a la voluntad política, en caso de que esta quisiera abordar el problema. “El actual Gobierno, cuando estaba en la oposición sí se tomó en serio este asunto, con dos propuestas no de ley en las que pedía soluciones en el Congreso, por considerar inconstitucionales las inmatriculaciones que habían hecho los obispos con una autocertificación, pero después no se hizo nada al respecto. No se ha querido abrir un nuevo frente con la Iglesia”, concluye.

Pero además de recorrer la historia, Rodríguez y Moreno insisten en la inconstitucionalidad de esta apropiación. “Los obispos no son fedatarios públicos ni la Iglesia es el Estado, por eso consideramos que las inmatriculaciones que habían hecho los obispos son inconstitucionales”, apunta Moreno. Y aquí hay otro problema al que alude el profesor, y es que “mucha gente piensa que los edificios son de la Iglesia solo porque se dedican al culto católico, algo que no es así”, remarca.   

“En esta parte del libro tratamos de aportar documentación dónde se apuntala que el templo fue siempre un edificio público y que jamás perteneció a la Iglesia”, señala el periodista, que insiste en una frase del libro que sirve como premisa para estas más de 400 páginas de análisis: “La Mezquita de Córdoba es de Córdoba”. 

Rodríguez lleva tiempo empeñando parte de su tiempo en corregir lo que considera una inconstitucionalidad, porque “en derecho te enseñan que lo que es nulo no produce efecto”, afirma. “Este libro nace porque hacía falta que la gente conociera lo que está pasando y cómo se puede corregir”. 

Sobre el caso del monumento andalusí, los autores insisten en que los procedimientos mediante los cuales la Iglesia la adquirió en el Registro son un ejemplo claro de este fraude. “Si yo te preguntase de quién es la Mezquita, en la pregunta iría la trampa, porque la Mezquita de Córdoba no es de nadie —no se puede embargar, ni hipotecar y tiene un valor incalculable—, nos pertenece a todos”, insiste el profesor.

En las páginas centrales del texto cuentan que la Iglesia la registró en el año 2006 y por el momento, nada ha revertido ese proceso. “Lo hicieron de tapadillo, sin informar a ninguna Administración y en el Registro aparecía que la habían adquirido por consagración; y, que yo sepa, esa no es una forma de adquirir dominio”, relata. “Después de la denuncia alegaron que era por posesión en el tiempo y, finalmente, que había sido por donación”, resume Rodríguez. Aunque en el libro los detalles de este proceso se documentan y se entrecruzan con lecciones de historia y rastros de la transformación artística que ha operado históricamente en la joya andalusí.

Ambos insisten en que esta obra es una denuncia, pero también una puerta abierta para mostrar que existen formas de devolver al Estado lo que es de todos. “No se trata de un debate religioso, sino patrimonial y de defensa de lo público […]. Que nos devuelvan lo que es nuestro y paguen por lo que es suyo”, concluye el volumen en sus páginas finales. 

“No se puede amar a la vez a Dios y a las riquezas" 

Mateo 6.24

Desde finales de marzo podemos ver carteles (35.000) en las paradas de autobuses y vallas, escuchar cuñas publicitarias en radio o verlas en televisión, o leer uno del millón de periódicos en papel dentro de la campaña de la Iglesia Católica que, bajo el eslogan X tantos, pide a los y las contribuyentes que marquen la casilla de la declaración del IRPF que les adjudica el 0,7% de la cuota a sus arcas particulares. 

Dentro de esa campaña emplean una “publicidad específica a gestores y asesores fiscales que hacen la declaración de la renta a los contribuyentes” (según explica la propia Conferencia Episcopal). Aunque invierta 5 millones de euros en dicha campaña, le sale rentable porque, aunque el 70% de los declarantes no le hizo caso, el año pasado recaudó por ese concepto más de 300 m€.

Europa Laica denunció ante el ministerio la campaña como fraudulenta, por mentir consciente y descaradamente. Sin embargo, hay algo de verdad en sus argumentaciones, que es una “forma sencilla” de colaborar con la Iglesia Católica. Solo poner una X o dos, sin que pongas ni un euro tuyo, atribuyéndote la libertad de decidir con ese simple gesto que un porcentaje del dinero de todos vaya a las cuentas de la Iglesia. Mucho más difícil es “no poner ninguna X” cuando rellenas la declaración online porque, si lo haces así, al terminar de rellenar te salta una alarma diciendo que no la has puesto, convirtiéndose en obligatorio. Por no se sabe qué razones la Agencia Tributaria hizo oídos sordos a la advertencia de Europa Laica y a la solicitud de eliminar dicha alarma y/o restituir la tercera casilla que decía explícitamente “ninguna de las dos”.

Todas las demás argumentaciones de la campaña son falsas y fraudulentas:

Las cantidades recibidas por el método de la asignación tributaria en la declaración, siendo tan grandes, no son más que una mínima parte de todo lo que la IC recibe por distintos medios:

Se puede calcular unos 12.300 millones de euros en 2022. 

Teniendo en cuenta estos datos y el enorme patrimonio en gran parte expoliado al dominio público, como la mayor parte de los 100.000 inmuebles inmatriculados por la IC, marcar esas casillas es objetivamente un acto de Robinhoodismo a la inversa, quitarle a la pobre ciudadanía una parte del dinero de sus impuestos para ingresársela a una de las corporaciones económica y patrimonialmente más ricas de este país. 

La casilla denominada de “fines sociales”, tampoco debería existir. Los fines sociales deben estar contemplados en los presupuestos del Estado y realizados por la administración pública y no puede depender de las subvencionas que reciban unas ONG, sin conocer los criterios por los que se le adjudican, aunque casualmente una parte muy importante de las que reciben subvención están relacionadas con la IC. 

La asistencia social es una cuestión de justicia, no de caridad privada con dinero público.

Por tanto, mientras no se corrija esta anomalía de la casillas 105 y 106, con lo que supone de privilegios a una entidad privada religiosa, mostremos nuestra solidaridad y sentido de la justicia con toda la sociedad, pensando principalmente en las capas más desfavorecidas. Independientemente de nuestras convicciones o creencias, no marquemos esas casillas, por solidaridad y por justicia.

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José A. Naz Valverde es el presidente de Andalucía Laica.

Sumar se ha comprometido ante el movimiento laicista a no dejar morir una de sus principales causas del presente siglo en España. ¿Cuál? La de la recuperación de decenas de bienes inmatriculados por la Iglesia. Mientras el ala socialista del Gobierno presume de haber logrado avances inéditos en este terreno, el grupo parlamentario que lidera Yolanda Díaz solemnizó este lunes en el Congreso que da por insatisfactoria la solución alcanzada la legislatura pasada por el Ejecutivo. Lejos de aceptar la postura del PSOE, Sumar mantiene su voluntad de que decenas de miles de inscripciones –puede que incluso más de 100.000, según dónde se ponga la fecha de inicio de la cuenta– sean declaradas nulas, lo cual sería un mazazo para el patrimonio de la Iglesia, y asegura que a lo largo de la legislatura dará la batalla por ello.

Una fuente de Sumar señala que el movimiento debe interpretarse en un contexto de creciente malestar en dicho grupo ante lo que consideran un intento del PSOE de "congelar" la legislatura, al menos durante todo el periodo electoral que se avecina, "minimizar" el papel en el Gobierno de Díaz y los suyos y reducir la discusión política a una pugna entre "democracia o neofascismo" que en el arco progresista sólo favorece a los socialistas. "Va a haber muchos movimientos como estos en Sumar, que quiere hacer oír su voz y reivindicar su papel", señala dicha fuente.

Las inmatriculaciones de la Iglesia "deben ser nulas de pleno derecho", afirmó este lunes Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar, durante la apertura de unas jornadas sobre el tema celebradas en el Congreso junto al movimiento laicista, del que el grupo de Díaz hizo suyas sus reivindicaciones. Íñigo Errejón, portavoz del grupo, que cerró las jornadas, llegó a cifrar en más de 100.000 las inmatriculaciones "indebidas" de la iglesia, situando el inicio del periodo de cómputo en 1946, y se refirió a las mismas como "botín de rapiña" obtenido por la jerarquía de la Iglesia en pago a su participación en una "guerra de saqueo" y a su papel de "sostén ideológico" del franquismo.

Aunque el acuerdo del PSOE y Unidas Podemos de la legislatura pasada ponía alto el listón de sus pretensiones en este terreno, al final el Ejecutivo avaló en 2021 la legalidad del procedimiento con raíz en la legislación franquista que permitió a la Iglesia inmatricular sin descanso desde 1946 hasta 2015. El Gobierno hizo público un listado de casi 35.000 bienes inmatriculados entre 1998 y 2015. Había de todo: templos o dependencias complementarias a los mismos, fincas con otros destinos, como terrenos, solares, viviendas o locales. El listado aportaba transparencia, pero no mucho más. Cualquier reversión debería ser fruto de una batalla judicial en la que tocaba a cada demandante –un particular, un ayuntamiento– probar que el bien es suyo. Además, se quedaban fuera no sólo las inmatriculaciones desde que se formalizó en 1946 el privilegio de que los obispos pudieran inscribir por primera vez bienes dando sólo su palabra, sino también desde 1978, cuando se aprobó una Constitución aconfesional. El movimiento laicista se mostró abiertamente insatisfecho.

Un año después, en 2022, el mismo Ejecutivo puso en cuestión la legalidad de cerca de mil de estos bienes, un gesto que transmitía firmeza y exigencia ante la Iglesia. Se trata de bienes, explica el Ministerio de Presidencia a infoLibre, que fueron puestos a disposición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "para que se buscara a sus legítimos propietarios". "Nunca antes se había conseguido algo parecido. Hubo otros bienes (20.000 más o menos) que se determinó que eran bienes de culto, por lo que ahí no había nada que hacer", añade Presidencia, que recalca que "es mucho más de lo que se había conseguido nunca". Además, añade el departamento de Félix Bolaños, "el Gobierno mantiene abiertas tres comisiones con la Iglesia católica, una de ellas la de inmatriculaciones". Es decir, no da por zanjada la cuestión.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) afirma que su explicación sobre estos mil bienes está sintetizada en este vídeo.

A pesar de los esfuerzos de Presidencia, ni el movimiento de 2022 ni las expectativas de la comisión con la CEE todavía abierta endulzan el balance amargo sobre el acuerdo con la Iglesia de la miríada de organizaciones de base local, provincial y autonómica que vienen reclamando la nulidad de miles de las inmatriculaciones no sólo desde 1998, cuando una ley amplía las potestades inmatriculadoras de la Iglesia a lugares de culto, sino desde 1978 o incluso antes. Ahora Sumar ha dado plena cobertura a estas organizaciones, articuladas en torno a la coordinadora Recuperando, al abrirles las puertas del Congreso, donde este lunes se celebró la jornada Inmatriculaciones y patrimonio cultural: una cuestión de Estado.

Santiago, en la apertura de la jornada, dejó claro que a su juicio aquel "mutuo acuerdo" entre el Gobierno, concretamente el Ministerio de Presidencia, y la Conferencia Episcopal de la legislatura pasada fue resultado de un "procedimiento de negociación que desde nuestro punto de vista no fue nada transparente ni ajustado a derecho". "Es complicado ponerse de acuerdo con un usurpador para que que reconozca que ha venido usurpando 35.000 bienes. En la práctica el acuerdo consistió en unas migajas quizás para que la opinión pública se tranquilizara", afirmó Santiago, que tenía a su lado a José María Rosell, presidente de Recuperando. Y añadió: "Quizás la Iglesia católica pretendía legalizar su indebida posesión sobre 33.000 bienes. Obviamente eso es algo que no podemos permitir". Luego Errejón amplió el arco de bienes obtenidos "indebidamente" hasta más de 100.000, incluyendo todos desde la reforma legal de 1946.

Las palabras de Santiago y Errejón evidencian que Sumar no quiere olvidar el viejo asunto de las inmatriculaciones en una legislatura que arrancó con una rebaja de la ambición laicista con respecto a cuatro años atrás. Santiago defendió los "pasos" dados la pasada legislatura, especialmente en comparación con los gobiernos del PP, pero transmitió la idea de que los consideraba lejos de colmar sus aspiraciones. Hay "muchos más pasos" por dar, dijo sobre un asunto que la Conferencia Episcopal considera zanjado. El secretario general del PCE afirmó que su aspiración sigue siendo la "nulidad" de las inmatriculaciones, al considerar que con ellas se ha "expropiado" una riqueza que es de la sociedad, y cuyo ejemplo más emblemático es la Mezquita-Catedral de Córdoba, provincia por la que es diputado.

Siendo la nulidad el techo de Sumar, Santiago afirmó que su grupo defenderá todas las propuestas que haga el movimiento laicista. Errejón añadió: "No es una cuestión sobre la fe, sino sobre el estado de derecho y sobre que no haya entidades por encima de la ley". Revertir inmatriculaciones es un acto de "democratización de la estructura de la propiedad", dijo el dirigente de Más País, que insistió en que Sumar incorporaría a su agenda todo lo que el movimiento demandase.

A continuación Recuperando le tomó la palabra y, como colofón de las jornadas, presentó su programa de reclamaciones, que incluyen la elaboración de "un listado pormenorizado" de bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946, la "nulidad de todas las inmatriculaciones practicadas con certificación eclesiástica por inconstitucionalidad sobrevenida", es decir, desde 1978, así como de aquellas que afecten a "bienes que debieran ser considerados dominio público por su extraordinario valor histórico y cultural". Recuperando también reclama que el Estado defina "qué bienes del patrimonio cultural pertenecen al dominio público y, por tanto, son inalienables [ver lo más sustancial del documento, en su totalidad, en el recuadro de abajo].

He aquí una paradoja: tendría sentido que la jerarquía católica española se sintiera hoy más amenazada por las decisiones que puedan adoptarse en los salones vaticanos por los que se pasea el papa de Roma que por las que se tomen en los despachos del Gobierno de su país, por más que el Ejecutivo esté integrado por ministros de izquierdas y en su toma de posesión no se viera un crucifijo. ¿Los motivos? El primero –que no es el objeto de este artículo– es la falta de sintonía entre Francisco y buena parte del alto clero español. El segundo motivo es que el PSOE y Sumar han rebajado la ambición laicista del Gobierno progresista si se compara con la pasada legislatura, cuando la coalición de socialistas y Unidas Podemos ya decepcionó al movimiento contrario a los privilegios de la Iglesia.

La escasa atención a las medidas laicistas en el acuerdo del PSOE y Sumar, que ya era observable en los programas de ambos partidos para las generales del 23 de julio, es la continuación de un retroceso de los compromisos en este terreno por parte de la izquierda que comienza con su llegada al gobierno en 2018. Al igual que el anterior Gobierno, el del PSOE y Sumar prevé múltiples medidas de inspiración laica y feminista que inciden sobre la familia y sociedad –sea por el derecho al aborto o por inclusión de las personas Lgtbi–, pero hay poco entre lo programado que amenace el estatus de la Iglesia católica.

Este sábado 9 de diciembre se celebra el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, en conmemoración la Ley de separación Iglesia-Estado de Francia. El 9D es también el día de la promulgación de la Constitución española de 1931, la que más lejos llegó en el intento de desgajar lo religioso de lo civil.

El Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos cosechó la pasada legislatura algunos avances en este campo, pero dejó incumplidos compromisos incluso después de haber renunciado a las propuestas de máximos que el propio Pedro Sánchez defendía hasta su llegada a La Moncloa en 2018. Ahora el programa de gobierno del PSOE y Sumar directamente orilla casi todas las cuestiones relativas a la separación Iglesia-Estado y a los privilegios de la institución católica ante una legislatura en la que las mayorías dependerán previsiblemente no sólo del PNV, sino también de Junts, donde anida parte de la derecha nacionalista catalana. Si el mandato pasado ya era difícil aprobar medidas que molestasen a la Iglesia, ahora lo será más aún. Y lo será tanto por las matemáticas –el reparto de escaños es más favorable a la Iglesia– como por el programa de gobierno.

Igual que la inclusión de un punto en un acuerdo político no garantiza su cumplimiento, su exclusión tampoco significa que haya que descartarlo. Eso sí, lo que aparece y lo que no aparece es indicativo del grado de compromiso que a priori se quiere fijar sobre algo. ¿Y qué dice y no dice el acuerdo del PSOE y Sumar? No hay referencia a la supresión de los privilegios de la Iglesia en temas como la fiscalidad, financiación o educación. Tampoco hay previstos cambios legales para facilitar la reversión de inmatriculaciones, punto que estaba en el acuerdo de gobierno PSOE-Unidas Podemos y que quedó incumplido. Lo mismo ocurre con la Ley de Libertad de Conciencia, que estaba en el pacto del pasado mandato, no se aprobó y ahora no está.

El punto que más claramente afecta a las relaciones Iglesia-Estado establece la promoción de un modelo educativo basado "en la tolerancia y el laicismo", lo cual se concreta en que las notas de Religión seguirán sin computar para la media. Ese "seguirán" desvela que en realidad no hay novedad. Porque esa medida ya está en la Lomloe, la ley educativa aprobada en la legislatura pasada. Por otra parte, podría adentrarse en el terreno de la Iglesia la acordada reforma o supresión de los artículos del Código Penal que limitan la libertad de expresión, siempre y cuando dicha reforma incluyera el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos. No obstante, esto no está especificado en el acuerdo PSOE-Sumar. En 2021 el Gobierno ya anunció que estaba estudiando una posible reforma que finalmente no se materializó. También podría tocar a la Iglesia –aunque está por ver– la acordada ley de "bebés robados".

Europa Laica acusa al Gobierno de excluir de su programa los "atropellos" derivados de los "grandes privilegios" de la Iglesia, que mantienen en España "residuos del nacionalcatolicismo". En un documento de balance del acuerdo de gobierno, la organización de referencia del movimiento laicista alerta de varias tareas no abordadas hasta ahora y no recogidas en el acuerdo PSOE-Sumar, entre ellas las citadas dos párrafos atrás y otras como la reducción del peso de la concertada, con fuerte influencia de la Iglesia; la exclusión de la Religión del horario lectivo; la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede; y la regulación de la separación de las esferas civil y religiosa en actos como las procesiones de Semana Santa. "En la pasada legislatura al menos hacían un propósito, ahora ni eso. Ya se da por hecho. Que un gobierno que se dice progresista permita esto es impresentable", afirma el portavoz de Europa Laica, Juan Antonio Aguilera, que ve sus reivindicaciones "excluidas de la agenda política".

Andrés Valentín, coordinador de Recuperando, organización para recobrar bienes inmatriculados por la Iglesia, afirma sobre cómo enfocan ahora este problema el PSOE y Sumar: "No sólo han olvidado el tema, lo han matado". A su juicio, durante la pasada legislatura hubo "un cambio de postura" sobre las inmatriculaciones, que fue desde la pretensión de recuperar los bienes registrados indebidamente mediante una reforma legal –recogida en el acuerdo de gobierno PSOE-Unidas Podemos– hasta la renuncia a dicho propósito. "Vamos a seguir insistiendo, porque esto no puede quedar así", concluye.

infoLibre preguntó al PSOE qué iniciativas tenía previstas en el campo de la laicidad y, concretamente, si descartaba una Ley de Libertad de Conciencia dado que no estaba en al acuerdo de gobierno. El partido respondió que es pronto para contestar porque la actividad parlamentaria propiamente dicha no ha comenzado. Sumar no respondió a las preguntas de este periódico. El Ministerio de Presidencia, del que dependen las relaciones con las confesiones religiosas, tampoco contestó.

Lejos queda ya el pico laicista del PSOE, que se prolongó entre 2016 y 2018, época en la que el partido de Pedro Sánchez se alineó con las posturas históricas de IU. El programa para las elecciones de 2016 llegaba hasta donde nadie había llegado en el PSOE, con medidas como "suprimir la referencia a la Iglesia" en la Constitución; "denunciar los Acuerdos con la Santa Sede"; quitar las exenciones para los bienes sin "uso de culto o social"; "avanzar en la autofinanciación" de la Iglesia; o "reclamar la titularidad" de los bienes inmatriculados sin título. Las resoluciones del 39º Congreso del PSOE –en línea con el documento de la candidatura interna de Sánchez en las primarias de 2017– defendían "consolidar" el "Estado laico" con la denuncia de los Acuerdos con el Vaticano. "Ninguna religión confesional deberá formar parte del currículo y del horario escolar", añadía.

En octubre de 2018, ya con el PSOE en el Gobierno y en lo que la perspectiva nos muestra como los coletazos de aquella inercia laicista, la entonces vicepresidenta Carmen Calvo comunicó al Vaticano que el Gobierno deseaba que la Iglesia pagase el IBI en los edificios ajenos al culto y a la actividad asistencial. Calvo llegaría a invitar a una "reflexión" sobre el modelo de casilla de la Iglesia del IRPF, abriendo un nuevo melón.

¿En qué quedaron aquellas pretensiones? Hubo avances, pero a distancia sideral de lo que planteaba el primer Sánchez y dejando también incumplidos puntos del ya muy rebajado pacto del PSOE y Unidas Podemos tras las elecciones de noviembre de 2019.

En realidad, el listón había empezó a bajar antes de los comicios de 2019, cuando el programa del PSOE ya no recogía medidas como el pago del IBI de la Iglesia, que se cayó también de las resoluciones del 40º Congreso. Sí lo mantenían Podemos e IU, pero no entró en el acuerdo de gobierno. También en 2019 el PSOE borró la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede, que los socialistas ahora sólo quieren revisar en "diálogo con la Iglesia" y "buscando el consenso". Lo que estaba ocurriendo no era más que la reposición de un clásico: la bandera laicista es más fácil de llevar desde la oposición.

Así que la etapa 2018-2023 arroja un balance ambivalente. Por un lado, los obispos salvaron sus privilegios esenciales, ya que el Gobierno avaló el grueso de las inmatriculaciones, mantuvo la inmensa mayoría de las exenciones fiscales y no tocó la financiación vía casilla de la Iglesia –más de 300 millones públicos al año–, ni lo fundamental de su posición en la concertada, ni los Acuerdos con el Vaticano. Lo mollar, pues, a salvo. Además, la Ley de Libertad de Conciencia se quedó en el cajón, el cambio legal sobre inmatriculaciones no llegó a llevarse a cabo y se quedó sin completar la reforma de los delitos de expresión, que a priori iba a incluir la derogación de la ofensa contra los sentimientos religiosos.

Pero lo anterior es la parte en la que ponen énfasis los que ven el vaso de los avances laicistas medio vacío. También puede verse medio lleno. Sánchez puede presumir de haber sido el primer presidente en democracia con el que la Iglesia no aumentó sus privilegios ni conquistó otros nuevos, al mismo tiempo que extremaba la neutralidad de ceremonias civiles como las tomas de posesión y el funeral por las víctimas del covid.

Es más, el Gobierno completó un puñado de medidas: una mayor transparencia sobre los bienes inmatriculados; la pérdida de estatus académico de la asignatura de Religión; la retirada de unos 16 millones al año en exenciones fiscales; la supresión –establecida por ley, pero aún no culminada– de la financiación pública de educación que segrega por sexos, en su mayoría del Opus Dei... A todo ello hay que sumar el impulso desde la izquierda de la investigación del Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia.

Valorada la anterior legislatura cuando Sánchez la dio por terminada, el portavoz de Europa Laica, Juan Antonio Aguilera, la consideraba "totalmente insuficiente". Ahora bien, vista con el acuerdo del PSOE y Sumar por delante, teme que sea mejor que lo que está por venir. "Lo que hizo el anterior gobierno fue incompleto e insatisfactorio, pero ahora nos sentimos ya defraudados desde el principio. Se han olvidado del tema", dice Aguilera, para quien la "falta de voluntad política" queda "claramente" expuesta con la ausencia de un compromiso de aprobación la Ley de Libertad de Conciencia, una asignatura pendiente del PSOE, donde hace años cunde el convencimiento de que la Ley de Libertad Religiosa de 1980 está obsoleta.

José Luis Rodríguez Zapatero ya intentó sacar adelante una Ley de Libertad de Conciencia, pero la acabó metiendo en un cajón en una segunda legislatura (2008-2011) marcada por la crisis. Sánchez y Pablo Iglesias la rescataron en el acuerdo del PSOE y UP, pero no se aprobó ni como proyecto de ley. Ahora no figura en el programa PSOE-Sumar. Un dato revelador sobre el retroceso del protagonismo de esta materia: la norma tampoco estaba en los programas del PSOE ni de Sumar para el 23J. En el caso del PSOE, promete "políticas" por la "diversidad religiosa y de conciencia", sin aclarar más.

Tampoco está detallada en el programa del PSOE la referencia a la autofinanciación de la Iglesia, consistente en expresar el compromiso de seguir "trabajando" con la Conferencia Episcopal dentro del Acuerdo de Asuntos Económicos con el Vaticano para que la institución alcance "por sí misma" los "recursos suficientes" para sostenerse. Una formulación que no obliga a nada.

Sumar no dice nada de autofinanciación de la Iglesia en su programa, ni el tema aparece en el acuerdo de ambos partidos. Lo que sí está en el programa de Sumar es la exclusión de la asignatura de Religión del horario escolar, una de las medidas más radicales de las que aún sobreviven, aunque sea como propuesta de la fuerza menor del bloque progresista. Es sí, parece imposible que salga. No está en el programa del PSOE, que ya aparcó esta idea que sí defendía antes de llegar al Gobierno. Como es lógico, tampoco está en el acuerdo de ambos partidos para guiar la acción del Ejecutivo, cuya lectura no habrá inquietado demasiado a los altos dignatarios de la Iglesia.

Oigamos tres declaraciones sobre la actualidad política española vertidas en la última semana. 1) "Los que delinquieron grave y violentamente destruyendo un Estado de derecho determinan el futuro de un pueblo”. 2) Es “inmoral” una amnistía “a cambio" de votos y por "ansia de poder”; "es especialmente doloroso que se pretenda tomar por tonta a una nación". 3) "La unidad de España está en peligro"; "la paz de una nación entera no podemos jugárnosla por intereses particulares".

¿Quiénes son? ¿Portavoces del PP? ¿De Vox? No. Son, respectivamente, Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo; José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela-Alicante; y Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, las tres voces que han llegado más alto en su crítica al Gobierno por la amnistía, todo ello dentro de un coro que incluye al azobispo de Valladolid, Luis Argüello, ex secretario general y exportavoz de la Conferencia Episcopal (CEE), y al obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López, que augura que el Estado de derecho "se resentirá enormemente". Otros, como el obispo de Huelva, Santiago Gómez, y el mismísimo arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, han aprovechado el debate para alertar sobre la posible secesión de Cataluña.

La ofensiva simultánea contra la amnistía se produce justo cuando el tema está al rojo vivo. Aunque, en realidad, las voces críticas ya habían empezado a oírse en septiembre, cuando César García Magán, portavoz y secretario general de la CEE, dijo que no había nada "excepcional" que justifique una amnistía. Tras un rumor de desacuerdo llegado desde el episcopado catalán, que pidió "neutralidad", parecía que la cúpula eclesial ponía en práctica una de sus artes: correr un tupido velo sobre un asunto incómodo. Hasta que Sanz, Munilla y compañía salieron en tromba. ¿Y en defensa de la amnistía? Nada. Tampoco el presidente de la CEE, Juan José Omella, al que se considera defensor de una salida dialogada en Cataluña. Lo más ecuánime han sido las palabras del arzobispo de Madrid, José Cobo, que dijo este miércoles en una homilía por La Almudena que "la convivencia es diálogo y discusión amable".

Un próximo a un obispo moderado señala que, aunque es previsible que la CEE no se pronuncie sobre la amnistía en su asamblea del 20 de noviembre, "a la sociedad ya le ha llegado el mensaje de que la Iglesia está contra la amnistía", lo cual es "un éxito" del ala conservadora. ¿Es mayoritaria? "Parece que sí, y desde luego tiene menos complejos para hablar", responde.

Ángel Luis López Villaverde, profesor de Historia Contemporánea, señala que la tendencia de la cúpula eclesial a ver en peligro la nación española obedece a una "reminiscencia nacionalcatólica". A juicio del autor de El poder de la Iglesia en la España contemporánea (Catarata, 2013), la socialización en el nacionalismo excluyente de la mayoría del alto clero ayuda a entender su mayor afinidad con la derecha no sólo en los temas habituales en los que la Iglesia toma partido –educación, aborto, familia–, sino también en los temas nacionales.

Así que se dan dos fenómenos. Por un lado, una oposición sistemática de la jerarquía católica a la legislación progresista en numerosos ámbitos. Por otro, una inclinación, en los temas que provocan grandes controversias nacionales, al alineamiento con la derecha. Y no se trata de fenómenos nuevos. Son, más bien, toda una tradición de quienes mandan en la Iglesia española, tradición que con la amnistía está siendo honrada de nuevo.

Limitando el arco temporal al periodo democrático –dejando pues de lado la actividad de la Iglesia contra la República y a favor del golpe de 1936, el bando nacional y el franquismo–, el historial de encrucijadas en las que la jerarquía ha guerreado contra la izquierda es interminable. En realidad, nunca ha habido excesivo disimulo sobre la falta de neutralidad no ya de las ideas, sino de las adhesiones.

La línea de marcaje a la izquierda la fijó Juan Pablo II en cuanto el PSOE tocó poder. Cuando se produjo la primera victoria de Felipe González, el 28 de octubre de 1982, Wojtila ya tenía organizada su primera visita a España para el día 31. Sólo tres días después. Fue una demostración de fuerza, con el papa rodeado de la cúpula católica española y una multitud de fieles. Todo un aquí estamos de la Iglesia, que trataba de minimizar su pérdida de influencia en el rumbo del país con la llegada de la democracia. Atención a lo que ha explicado José María Maravall, ministro de Educación con González, sobre cómo veían los prelados su relación con el poder político en los 80: "A los pocos días de entrar en el ministerio, recibimos la visita de los obispos, que nos trajeron impresos en un característico papel sepia los decretos que teníamos que firmar. Así se gestionaba la educación en España en 1982".

La etapa felipista ofreció a aquella institución malacostumbrada por décadas de privilegios sus primeras excusas para dar la batalla. La jerarquía hizo campaña contra la Ley del Derecho a la Educación, de 1985, pese a que sentaba las bases del actual sistema de conciertos, que el tiempo demostraría tan favorable a la institución católica. Es difícil saber hasta qué punto la presión eclesial sirvió para que los socialistas renunciaran a su programa de partida de "escuela pública, laica, autogestionaria y única", para optar por el modelo de doble red. Si dura fue la oposición a la LODE, más aún lo fue a la Logse, de 1990. "Puede conducirnos a un ahondamiento de la ruptura entre la cultura y la fe", declararon los obispos en bloque.

Pero la cúpula católica no se ha limitado a dar la batalla educativa. Tampoco se ha ceñido a los temas sobre los que ha ejercido históricamente de tutora moral: familia, sexualidad, tradición, valores... Los frentes han sido mucho más variados. Antes de la Logse, en 1987, la CEE ya denunció, a través de su secretario, el obispo Fernando Sebastián, la "gran voracidad fiscal" del Estado, que se estaría excediendo en su afán recaudatorio.

No se trata de una posición aislada o anecdótica. En 1992 Ángel Suquía, presidente de la CEE, solemnizaría que "tras el fracaso del comunismo, el capitalismo aparece como único sistema en el horizonte". Frente al cristianismo social de las corrientes izquierdistas de la Iglesia o las críticas a la injusticia capitalista del papa, la jerarquía española siempre evita la profundización en el diagnóstico de las causas de la pobreza, limitándose a ofrecerse como complemento caritativo de un Estado del bienestar con lagunas [ver al final del texto El papa y el alto clero español, en sintonías diferentes].

Uno de los periodos de más clara toma de partido de la cúpula eclesial fueron los años centrales de los 90. Tras la inesperada victoria del PSOE en el 93, la CEE, a través de la COPE, fue un puntal de la ofensiva político-mediática contra González. Antonio Herrero, desde los micrófonos de la radio episcopal, se convirtió en actor clave de aquella campaña. La elevada temperatura que alcanzó el conflicto la ilustran las palabras en 1996 del entonces ministro José Manuel Eguiagaray: "Si la Iglesia utiliza una radio como punta de lanza contra el PSOE [...], tendrá una respuesta terrenal y podría revisarse su situación en un Estado aconfesional, como la aportación tributaria y estatal". Aquellas palabras fueron un intento de alcanzar una tregua que no se produjo. También fueron uno cruda exteriorización del estatus privilegiado de la Iglesia en su relación con el Estado.

Por supuesto, no se tocó ni un solo privilegio. Es más, tras la mayoría absoluta de José María Aznar se ampliaron los ya abundantes de la etapa anterior. Si con González la Iglesia había amarrado su casilla en el IRPF, múltiples ventajas fiscales, mejoras para los profesores de Religión y capellanes pagados con dinero público, así como los conciertos, con Aznar llegaron las inversiones estatales del Plan Nacional de Catedrales (1997); la reforma de la Ley Hipotecaria para que las diócesis pudieran inmatricular lugares de culto (1998); la exención del cumplimiento de la Ley de Asociaciones, librándola de obligaciones de rendición de cuentas (2001); la Ley de Mecenazgo, que implica una casi total supresión de obligaciones fiscales. Queda para el recuerdo la ovación que Aznar, escoltado por Rouco Varela, recibió de un centenar de obispos en un congreso episcopal en 2002 en San Lorenzo del Escorial.

¿Quién manda en la Iglesia cuando llega (2004) José Luis Rodríguez Zapatero? Primero como presidente de la CEE y luego como arzobispo de Madrid, la diócesis más rica y poderosa, el hombre fuerte es Rouco. Bajo sus auspicios, Jiménez Losantos demostró desde la COPE que Herrero podía parecer tibio por comparación. La emisora se convirtió en puntal de la teoría de la conspiración sobre el 11M, así como contra dos de las políticas más importantes de la primera legislatura de Zapatero: matrimonio igualitario y educación para la ciudadanía.

La estampa de 2005, con los prelados manifestándose en la calle contra las bodas gays, vestidos con sotana y alzacuellos, aparecería en cualquier álbum gráfico de la historia de la primera década del milenio. Rouco, con su gesto airado asomando tras las gafas ahumadas, estaba escoltado por los arzobispos de Toledo, Málaga, Granada, Burgos, Castellón, Huesca, Teruel, Getafe, Alcalá y Tarazana. A sus espaldas, carteles que decían: "¿Cambiarías a Juan y Puri por Boris y Zerolo?" y "Sodomía no con mi dinero". Por cierto, en aquella mani estuvieron ya, como obispos de diócesis distintas a las de hoy, dos de los prelados ahora volcados contra la amnistía: Jesús Sanz y Demetrio Fernández. Los políticos cambian, ellos siguen... y siguen haciendo política.

Los niveles de rechazo público de los obispos a las iniciativas políticas del PSOE alcanzaron durante la etapa de Zapatero sus mayores cotas. Del Estatuto de Andalucía, por ejemplo, dijeron que iba "debilitar y desestabilizar el matrimonio y la familia".

La mayor crisis llegó en 2008, cuando en etapa preelectoral la CEE emitió unas orientaciones de voto en las que –sin citar siglas– orientaba contra el PSOE. Y no sólo porque hay que apoyar a los partidos defensores de "la vida", es decir, antiabortistas. En la coctelera entraba un ingrediente nuevo. En pleno debate sobre los límites del diálogo con ETA, el texto decía: "Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer [...] a una organización terrorista como representante político [...], ni puede tenerla como interlocutor político".

Aquella vez el PSOE se revolvió con un comunicado en el que calificaba de "inmoral" el posicionamiento eclesial y recordaba la doble vara de medir de la CEE: "Si no hay que votar a los partidos que han dialogado con ETA, no hay que votar a nadie [...]. Con ese criterio, no se hubiera podido votar a Adolfo Suárez, ni a Felipe González, ni a José María Aznar. Todos ellos dialogaron con ETA e incluso alguno de ellos, como Aznar, con un obispo como intermediario". Ese "obispo" es Juan Mari Uriarte, citado por numerosos medios como intermediario entre el Gobierno y ETA cuando estaba al frente de la Diócesis de Zamora.

Con Mariano Rajoy en La Moncloa, volvió la quietud. Con la Lomce o Ley Wert como gran cesión a los obispos y la retirada de la ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón como principal disgusto, las relaciones PP-CEE no alcanzaron los niveles de idilio de la era Aznar-Rouco, pero quedaron lejos de las tensiones de las etapas PSOE.

¿Y durante los gobiernos progresistas desde 2018? La CEE ha hecho campaña contra la Lomloe o Ley Celaá, que vio como una amenaza –no cumplida, eso es seguro– a la concertada. "Vuelve la dictadura totalitaria", llegó a clamar monseñor Jesús Sanz sobre la norma. Tan previsible como el rechazo a la reforma educativa ha sido la oposición en bloque a las leyes de eutanasia, aborto y trans, esta última tildada de "perversión". En el caso de la eutanasia, su rechazo ha llegado al límite de defender la "objeción institucional". ¿Y la ley del sólo sí es sí? En su estreno como portavoz y secretario general de la CEE, hace un año, García Magán dijo –en un momento de crisis para el Gobierno– que la "alarma social" ante la misma era "justa".

Proliferan además posiciones alineadas con las nuevas corrientes derechistas, enfrentadas a una supuesta ofensiva progresista, que querría imponer una corrección política castrante y una agenda anticristiana embozada tras la lucha contra el cambio climático. Luis Argüello, actual arzobispo de Valladolid, sostiene que el "sistema económico dominante" quiere imponer un "capitalismo verde" que actúa como freno a la procreación. Más. Detrás de las erradas políticas de la "ideología de género" hay "organismos financieros globales", concluyó en enero de este año la CEE en su documento El Dios fiel mantiene su alianza. Es un discurso que suscribiría Vox.

Poco después, en abril, el episcopado dio un un paso más. En su discurso ante el pleno de los obispos, Omella, tenido por un moderado, afirmó que "ante las citas electorales que se nos avecinan", los los fieles debían actuar contra el aborto y la eutanasia y a favor de la concertada. No citó partidos, pero blanco y en botella. Es en esta estela donde hay que colocar la ofensiva anti-amnistía. A diferencia de 2008, el PSOE y el Gobierno han optado por el silencio tanto tras las instrucciones de voto como tras los ataques a la amnistía.

Las posiciones de la Iglesia no sólo se explican por lo ideológico, también por lo corporativo. Es decir, por la protección de sus intereses. Su defensa de la concertada obedecerá a un compromiso con la "libertad" de los padres, pero tampoco se puede olvidar que la Iglesia se beneficia gracias a este modelo de cuantiosos recursos. En cuanto a la sanidad, la Iglesia se ha opuesto a través del lobby IDIS a la Ley de Equidad –finalmente no aprobada–, que pretendía limita las privatizaciones. Pero en este caso no lo hacía directamente la Iglesia diocesana, sino las órdenes con intereses en el negocio y beneficiarias de conciertos sanitarios. La oposición de la Iglesia en 2020 a que el ingreso mínimo vital fuera "permanente" hay que entenderla como una reivindicación de la utilidad de su propia red asociaciones asistencialistas, que reciben subvenciones para encargarse ellas mismas, no el Estado, de paliar la pobreza.

Con Sánchez, los obispos han suavizado las formas, no el fondo. Se han mantenido alejados de la calle y con la COPE han aflorado tensiones –"la COPE no tiene ningún problema con Sánchez, sino Sánchez con la COPE", dijo García Magán en junio–, pero menores por comparación. Uno de los factores que podrían explicarlo es que la CEE ha tenido abiertas varias carpetas abiertas con el Gobierno que afectaban a sus intereses, destacadamente fiscalidad e inmatriculaciones. Ambas carpetas están ya cerradas y la Iglesia ha logrado proteger con éxito la práctica totalidad de los bienes inmatriculados y ventajas fiscales.

Así es la relación de la jerarquía con la izquierda en el poder: la Iglesia golpea donde más duele, la izquierda no devuelve el golpe.

La Coordinadora Recuperando, que agrupa a una treintena de colectivos que reclaman la nulidad de las inmatriculaciones de la Iglesia, presentó en el Congreso de los Diputados el 9 de febrero de 2017 una iniciativa para que la Cámara demandase del Ejecutivo información sobre las inscripciones episcopales. Unas semanas más tarde, los grupos parlamentarios socialista y de Podemos promovieron sendas Proposiciones No de Ley (PNL) en tal sentido. El 4 de abril, la Comisión de Justicia aprueba la PNL presentada por el PSOE. El 19 de octubre de 2017, el Gobierno de Rajoy, tras varias negativas, responde que se ha pedido al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo desde 1998.

Pedro Sánchez, en su discurso de investidura del 4 de enero de 2020, manifestaba lo siguiente: “El Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia.“ Con esta referencia explícita venía a comprometer los programas electorales del PSOE (apartado 2.3.1.) y de Unidas Podemos (apartado 137), y del programa del Gobierno de coalición (apartado 5.11).

Este inicio esperanzador de la legislatura se tornó oscuro cuando la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, inició contactos con el Vaticano y con la Conferencia Episcopal Española. En su día valoramos positivamente que el tema de las inmatriculaciones formase parte de la agenda del Gobierno de España. La opacidad de estas actuaciones, intensamente publicitadas, no podía traer nada bueno.

El listado de inmatriculaciones fue entregado a mediados de 2018 al Gobierno de Pedro Sánchez por el Colegio de Registradores de la Propiedad.

Casi tres años más tarde, la vicepresidenta del Gobierno traslada esta información al Congreso el 16 de febrero de 2021 en cumplimiento de esa petición parlamentaria. El listado de 35.000 bienes incluye desde lugares de culto (catedrales, iglesias, ermitas) a casas parroquiales, cementerios, plazas, locales, viviendas, frontones y todo tipo de bienes. Un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevaban años denunciando la privatización masiva de fincas e inmuebles en virtud de un privilegio franquista.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, señaló que, a partir de la publicación de ese listado, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepase, podía reclamar sus derechos, abandonando así a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litigasen en largos y costosos procesos judiciales la recuperación de sus bienes arrebatados. El Estado no ofrece una solución normativa y global al problema, tal como había prometido y, además, promoviendo 35.000 litigios ante los tribunales. Por otra parte, si hay bienes que no se reclaman, ¿se da por hecho que son de la Iglesia?

Con la publicación de ese listado, el Gobierno ha pretendido dar carpetazo a la problemática de las inmatriculaciones, cerrando en falso el asunto y eludiendo responsabilidades también propias. Pero el listado es parcial e insuficiente.

Parcial porque no incluye los bienes inmatriculados con anterioridad a 1998. ¿Por qué insiste el PSOE en focalizar en 1998 el inicio de la problemática de las inmatriculaciones? Situar en 1998 el inicio de este procedimiento supone atribuir a la reforma de Aznar la responsabilidad exclusiva de este expolio y ocultar las responsabilidades socialistas. Pero, por otra parte, ignorar las inmatriculaciones realizadas entre 1946 y 1998 supone falsear los datos. Según lo que sabemos, por los datos de que disponemos, las inmatriculaciones anteriores a 1998 son mucho más numerosas que las posteriores a esa fecha.

Insuficiente porque ofrece escasa información, que en muchos casos impide la identificación de lo inmatriculado.

Pero, además, los listados ocultan los bienes que se incluyen en cada epígrafe del listado. Por ejemplo, la inmatriculación de la “Santa Iglesia Catedral de Sevilla, Parroquia del Sagrario de la Catedral y dependencias anexas” oculta la Giralda y el Patio de los Naranjos. También por eso, demandamos las notas simples de la totalidad de las inmatriculaciones realizadas entre 1946 y 2015.

Volvemos al principio. Es necesario disponer de las notas simples de todas las inmatriculaciones realizadas desde 1946 a 2015. La Subdirección General del Notariado y de los Registros dispone de ellas. Es una exigencia democrática de transparencia.

Es necesario realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia y cumplir así el compromiso que no se cumplió en la pasada legislatura.

Si nuestros representantes públicos no han estado a la altura de sus compromisos, Recuperando sí lo estará.

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Andrés Valentín es coordinador estatal de Recuperando.

Una treintena de asociaciones patrimonialistas, reunidas en la coordinadora estatal 'Recuperando', denuncian que ninguno de los programas electorales de los cuatro principales partidos políticos incluyan medidas para recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia.

Tanto el Partido Socialista, como Sumar han eliminado las propuestas sobre esta materia de cara al 23J, a pesar de que “revertir las inmatriculaciones” era una de sus principales promesas en 2019. Pedro Sánchez llegó a anunciar en su discurso de investidura “reformas legislativas” para acabar con las inmatriculaciones eclesiásticas: "En un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley, ni disfrute de privilegios que hieran el principio de legalidad y el principio de igualdad”. 

Además, en el anterior programa del PSOE se hablaba de “recuperar los bienes inmatriculados indebidamente” y en el de Unidas Podemos, se llegaban a enumerar algunos de los casos más sonados, como en el de la Mezquita de Córdoba. A pesar de ello, desde Recuperando denuncian que en estos cuatro años no se ha puesto en marcha ninguna medida legislativa y creen que es evidente “la pasividad y la falta de compromiso de la coalición con esta causa”.

La única decisión adoptada por el Gobierno hasta la fecha ha sido exigir a la Iglesia la entrega del listado de bienes inmatriculados, después de que se realizara una petición parlamentaria. Gracias a esa solicitud se han conocido 34.000 de esos bienes, que fueron registrados entre 1998 y 2015, pero desde la coordinadora exigen que se hagan públicas las inmatriculaciones que se realizaron en fechas anteriores. Según sus propios datos, la cifra final es de más de 100.000 bienes, entre los que se encuentran monumentos, plazas públicas, cementerios, fincas, ermitas o viviendas repartidas por todo el país. 

El listado remitido al Parlamento venía acompañado de un informe jurídico en el que se admitía la “supuesta inconstitucionalidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria”, aunque no se habilitaba ninguna fórmula para anular las inmatriculaciones. Por eso, Recuperando insiste en la “necesidad de llevar a cabo una reforma legislativa que invalide por inconstitucionales todas las inscripciones episcopales realizadas al amparo de la mera certificación diocesana”,  además de una ley en la que queda claro qué bienes culturales son de dominio público y no pueden ser objeto de la privatización. 

Analizada aisladamente, la extensión del régimen fiscal de la confesión católica a la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y los Testigos de Jehová resulta comprensible desde una elemental igualdad de trato. ¿Por qué va a estar exenta del IBI la casa de un cura y no la de un ministro de otra confesión? Así que también estas otras confesiones menores disfrutarán de exenciones –IBI, Sociedades, IAE, Plusvalías– y de desgravaciones para quienes les hagan donativos. La decisión del Gobierno, teniendo en cuenta que no sólo las entidades católicas sino también las islámicas, judías y evangélicas disfrutan de estos beneficios, parece razonable. Las dudas, desde una perspectiva laica, surgen al observar la medida en el contexto de los privilegios de la Iglesia católica. Y, sobre todo, al interrogarnos sobre cómo la persistencia de estos privilegios nos dispone ante el reto de la integración de la pluralidad religiosa en una sociedad rápidamente cambiante.

La legislatura del Gobierno de coalición de izquierdas se acerca a su fin sin avances significativos en la relación Iglesia-Estado. El Ejecutivo puede presumir de haber introducido un aire de modernidad, expresado tanto en las tomas de posesión como en el impecable funeral de Estado por las víctimas del covid-19, y también de haber promovido una agenda legislativa sobre aborto, eutanasia y derechos Lgtbi que desafía la cosmovisión de la cúpula católica. Más aún: el Gobierno puede presumir de no haber añadido nuevos privilegios a la Iglesia sobre los que ya tenía, algo que ningún ejecutivo anterior puede decir. Ahora bien, la expectativas despertadas por la llegada al poder en 2018 de Pedro Sánchez en cuanto a la relación Iglesia-Estado quedan lejos de cumplirse.

El alto clero se ha anotado el aval del Gobierno a la inmensa mayoría de sus inmatriculaciones. La entrada en vigor de la Lomloe no ha supuesto –al margen de la merma del estatus académico de la asignatura de Religión– una rebaja de su privilegiada posición en el ámbito educativo. Ni siquiera se ha puesto fin a los cobros presentados como obligatorios en la concertada, mayoritariamente católica. La Conferencia Episcopal ha seguido incurriendo en prácticas que el Tribunal de Cuentas puso bajo seria sospecha: información superficial y confusa sobre el destino del dinero público recibido; acumulación de un jugoso superávit gracias al mismo; envío de millonarias cantidades a Trece TV.

Tampoco se ha adoptado ninguna medida para que la Iglesia avance hacia la "autofinanciación", su principal y poco detallado compromiso en los acuerdos España-Vaticano, permitiendo a los obispos engrasar a la institución con unos 300 millones al año salidos de los bolsillos de todos los españoles, al margen de sus creencias y marquen o no la famosa casilla. Además, no hay noticia de la Ley de Libertad de Conciencia, recogida en el pacto de gobierno. Y la reforma del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, coladero para aspirantes a censores de blasfemos, sigue pendiente. En cuanto a la ley de memoria, ni siquiera menciona a la Iglesia, como si una institución que fue pilar del régimen nacionalcatólico no tuviera una sola obligación o responsabilidad que asumir en la reparación de las víctimas del franquismo.

Había mucho margen para sanear el terreno de las relaciones poder civil-poder religioso sin necesidad de tocar los acuerdos con el Vaticano, hipótesis que nunca resultó verosímil pese a las pretensiones del primer Sánchez. Pero el Gobierno se ha quedado lejos de aprovecharlo. Los ejemplos más claros los encontramos en el terreno fiscal y de financiación pública de la Iglesia. El Gobierno llegó a poner alto el listón, al abrir una "reflexión" sobre el modelo de la casilla de la Iglesia y declarar su pretensión de quitar parte de la exención del IBI a la Iglesia. Finalmente el retroceso de los privilegios fiscales de la Iglesia se limita al fin de las exenciones por el gravamen de Contribuciones Especiales y por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, lo que ha sido presentado por el Gobierno y la Conferencia Episcopal como una "renuncia" de la Iglesia, cuando en realidad llega por la presión de la UE.

Ahí, en la recta final de una legislatura en la que el alto clero ha salvado sus principales privilegios, es donde hay que insertar el anuncio del Gobierno de extender a ortodoxos, budistas, mormones y testigos el régimen fiscal de la Iglesia católica. La medida, según el Gobierno, "corrige los privilegios históricos" de la Iglesia en el terreno fiscal, afirmación discutible cuando mantiene multitud de bienes por los que cobra alquiler sin pagar el IBI. Pero no es esa la única objeción posible. Lo dicho: aisladamente, la medida tiene sentido; pero, puesta en contexto, genera duras. Al asegurar que supone "un importante avance en equidad" que "promueve el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la libertad religiosa" y "ahonda en la igualdad y la neutralidad de nuestro Estado aconfesional", el Gobierno desplaza la aspiración de la aconfesionalidad de suprimir todos los tratos de favor a la aspiración de extender algunos de ellos.

Por supuesto, aunque se busque igualar por arriba, en este café religioso para todos la Iglesia tiene la taza más grande. ¿Por qué? Porque tiene un ingente patrimonio, en parte registrado gracias al histórico valor notarial de la palabra de los obispos, que hace que cualquier exención sea mucho más beneficiosa para la Iglesia católica que para el resto. Porque tiene su propia casilla en el IRPF. Porque tiene sus curas pagados con dinero público en los hospitales y en el ejército. Porque tiene un destacado papel de prestador subcontratado de servicios propios del Estado. Porque tiene múltiples símbolos en el espacio público, añadidos a espacios de confusión entre la liturgia religiosa y la civil. Porque tiene profesores de Religión elegidos por las diócesis pero pagados por el Estado. Entonces, cabe preguntarse: ¿los futuros avances en "neutralidad", "equidad", "igualdad" y "libertad religiosa" van a producirse por la vía de acercar las otras confesiones a esta posición?

Si no se acompaña de un programa modernizador de separación Iglesia-Estado, el café religioso para todos, que se presenta como una especie de tercera vía entre laicistas y confesionales, puede a la postre distorsionar la idea de neutralidad, postergando la tarea de desinscrustar a la Iglesia católica del espacio civil y sustituyéndola por la de compensar a las demás confesiones. Con ello no se termina con las desigualdades entre religiones, pero sí se legitima el ventajoso estatus de la Iglesia.

La extensión de exenciones es el caso menos clamoroso de esta fórmula. No hay que olvidar que el Estado ya financia, aunque con cantidades menores, a las confesiones islámica, evangélica y judía. El café religioso para todos no es una idea nueva. Lo que sí es dudoso es que sea la fórmula adecuada para encarar los desafíos por venir y responder a preguntas básicas. ¿Qué es un Estado aconfesional? ¿Aquel que iguala por abajo o por arriba las exenciones fiscales? ¿Aquel sin enseñanza de Religión católica ni ninguna otra en las aulas públicas o aquel con asignaturas de Religión católica, islámica judía y más? ¿Aquel sin casilla de la Iglesia en el IRPF o aquel con cuatro o cinco casillas religiosas? ¿Aquel sin capillas católicas en las universidades públicas o aquel con capillas multiconfesionales, como defendía el programa electoral del PSOE en 2016? No son cuestiones menores. El debate sobre el papel de la religión en la las sociedades modernas, particularmente en su espacio público, está ya vivo e irá ganando peso con cambios sociodemográficos y culturales que hoy apenas vislumbramos, pero sobre los que seguro que estaremos mejor preparados cuanto más claras hayan quedado unas reglas del juego iguales para todos. Si hasta la laica Francia está sufriendo tensiones por debates connotadas por la religión como el del velo, es previsible que cuando en España eclosione con toda su fuerza la cuestión nos pille sin los deberes hechos.

Bien está limar una desigualdad puntual en el trato a las religiones. Pero cuidado con desenfocar la cuestión o perder la perspectiva. El principal límite a la aconfesionalidad no es la desigualdad entre religiones, sino que una de ellas mantiene un estatus privilegiado en simbología, acceso a recursos públicos y posición en el sistema educativo, desde donde agrava el problema de la segregación con sus estrategias de selección de alumnos y desarrolla una continua tarea de irradiación ideológica por debajo del radar. Antes de celebrar como conquistas democráticas los pequeños logros de las pequeñas religiones, procede reflexionar sobre los grandes privilegios de la gran religión, tanto por garantizar la neutralidad del Estado como para equiparlo para las encrucijadas del futuro. De lo contrario, la aspiración ilustrada de aconfesionalidad, de una laicidad de inspiración republicana que garantice la libertad religiosa en igualdad, puede ser sustituida por un multicionfesinoalismo asimétrico.

Los discursos episcopales rara vez dejan espacio para la improvisación. Van preparados al detalle, calculados en sus términos y sus consecuencias. La correspondencia entre lo previsto y lo finalmente pronunciado es total, a diferencia de lo que ocurre en política, donde siempre hay margen para un giro (o una ocurrencia). Esta medición al milímetro es aún más marcada en los discursos del presidente de la Conferencia Episcopal (CEE) ante las asambleas plenarias de los obispos, que se cuentan entre los más importantes del año. Este lunes comenzó en Madrid su 121ª edición. Y tomó la palabra Juan José Omella, que es quien ostenta la presidencia del órgano coordinador de las diócesis.

¿Qué dijo? Omella animó a los fieles a votar comn el aborto y la eutanasia en mente y, aún más, a implicarse en la vida pública en defensa de la familia, la vida y la educación concertada. Un mensaje de calado político en pleno año electoral.

A cada lado de Omella había un cardenal. A su derecha, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, tenido por el máximo estandarte del ala moderada. A su izquierda, Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, histórico puntal del bloque conservador. La composición trasladaba una imagen de unidad de la Iglesia en un momento grave al menos por dos razones. El papado de Francisco, que ha cumplido ya diez años sin lograr empapar al alto clero español de su programa reformista, se acerca a su fin, sobre todo porque el propio obispo de Roma, que este año cumplirá 87 años, se muestra inclinado a una renuncia si la salud se lo aconseja. Además, en España es año electoral.

Sobre la primera cuestión, el relevo de Francisco, que planea ya sobre todos los análisis del futuro de la Iglesia, Omella no hizo –por supuesto– ningún comentario. Sobre el segundo, la posición del alto clero ante las citas con las urnas, sí. El cardenal afirmó que venía "muy bien recordar" la encíclica Christifideles laici de "san Juan Pablo II" ante "las citas electorales que se nos avecinan", en referencia las municipales y autonómicas del 28 de mayo y las generales de final de 2023 o principios de 2024. Omella, tomando como referencia esta encíclica, citó una serie de deberes evangelizadores del cristiano. Los dos primeros que citó fueron "promover la dignidad de la persona" y "venerar el inviolable derecho a la vida".

Estaba claro a qué se refería. Pero, en cualquier caso, lo precisó a continuación. Sobre el aborto, dijo: "Plantear que eliminar una vida humana pueda ser solución para algún problema es una grave equivocación, como ocurre en el caso de un embrión o un feto en el seno de su madre". Sobre la eutanasia, añadió: "La gran tentación consiste en buscar falsas vías que pretendan eliminar el sufrimiento, cuando lo que están haciendo es acabar con la vida de la persona. Una vez más, manifestamos nuestro rechazo a la ley que regula la eutanasia. Pedimos la aprobación de una ley integral de cuidados paliativos".

El resto de máximas que los cristianos deben tener en cuenta a la hora de votar, según Omella, son: "Ser libres para invocar el nombre del Señor"; "La familia, el primer campo del compromiso social"; "La caridad, el alma y apoyo a la solidaridad"; "Todos somos destinatarios y protagonistas de la política"; "Situar al ser humano en el centro de la vida económica y social"; "Evangelizar la cultura y las culturas del hombre".

El discurso no oculta su dimensión política. "Queremos animar a los laicos –afirmó el presidente de la CEE– a alentar un movimiento social a favor del bien común que pasa por proponer, no imponer, la visión católica de la persona, el matrimonio y la familia, como fermento de una sociedad más fraterna, humana y sensible a los más pobres y necesitados. Queremos también animar la presencia pública de los católicos en los ambientes e instituciones civiles donde viven".

Omella, tras esa llamada a la movilización, marca tres líneas de acción a los católicos: 1) "Proponer la familia como fuente de cohesión social y de vida". 2) "Promover un sistema educativo gratuito que respete la libertad de los padres a la educación de sus hijos". 3) "Defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural". Omella recordó el mensaje de Juan Pablo II: "Todos somos destinatarios y protagonistas de la política".

El llamamiento a recordar el deber de "venerar" al derecho a la vida antes de meter el voto en la urna lleva a pensar en una invitación al apoyo a los partidos contrarios a las leyes del aborto y la eutanasia, como el PP y Vox. No obstante, el llamamiento no es expreso. Es decir, no se menciona a partidos, ni siquiera al Gobierno y la oposición. Lo que sí fue explícito fueron las críticas a la acción legislativa impulsada por el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos. No sólo en relación con el aborto y la eutanasia. También en el terreno educativo.

A los obispos no les agrada la Lomloe, como dejó claro Omella: "El modelo educativo vigente no asegura adecuadamente la libertad de las familias y la neutralidad del Estado garantizadas por nuestra Constitución, que reconoce el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas". El presidente de la CEE afirmó que el modelo de concertada "está siempre en riesgo de ser recortado o de sufrir arbitrariedades". En realidad, el riesgo de recortes es difícil de ver. El gasto público en concertada va de récord en récord. Sin embargo, Omella se mostró quejoso e incluso concretó una propuesta: "¿No podría ser el cheque escolar la verdadera neutralidad y libertad que pedimos a la Administración?". El presidente de la CEE advirtió del "deber" del Estado de no identificarse "con un determinado modelo educativo, adscripción ideológica, o titularidad de la escuela". De otro modo, dijo, sería "un Estado confesional laicista", "discriminando" a los cristianos y creyentes de otras religiones".

Esta afirmación entronca con un discurso según el cual la concertada, en su mayoría dominada por la Iglesia, está siendo perseguida por el Gobierno, afirmación débilmente respaldada por los hechos. Es cierto que la norma sienta las bases para suprimir la financiación pública de los colegios que separan en sus aulas a niños y niñas, terreno en el que es fuerte el Opus Dei, pero el grueso del sistema de doble red, una pública y otra privada financiada con fondos públicos, se mantiene. Es más, el periodo de vigencia de la ley ya ha mostrado que la prohibición de los cobros de cuotas obligatorias se ha quedado de momento en papel mojado.

La Conferencia Episcopal tampoco sintoniza con la transversalidad de la educación sexual que plantea la norma. Al asunto se refirió Omella, sin citar la ley: "Apostamos por [...] una educación afectivo-sexual [...], alejada de toda cosificación de la persona, liberada de las ideologías de género, y que promueva un camino de aprendizaje en la sana integración de los instintos".

El discurso es un compendio de los grandes temas de la jerarquía católica. Además del rechazo al aborto, la eutanasia y la "ideología de género" y de la defensa de la financiación pública de la educación privada, Omella puso énfasis en la familia como "fuente de cohesión social y de vida". Es otra línea maestra del discurso episcopal: la familia –entendida como la unión matrimonial de hombre y mujer, único espacio adecuado para la procreación– está bajo asedio y hay que protegerla.

La Iglesia española vive un contraste entre sus ingresos públicos y su pérdida de influencia. La institución ha batido su récord de fondos del Estado, con 320,7 millones en 2021, promedia casi 300 en cinco años y más de 270 desde 2012. Al mismo tiempo, hay una pérdida de curas (-14,36%), bautizos (-34,58%) y bodas (-41,68%). Entre los menores de 45 años, son ya mayoría los que no se declaran católicos, ni siquiera contando a los "no practicantes", según el último barómetro del CIS. Es una dinámica de la que la jerarquía católica viene dando cuenta durante décadas. Su plan pastoral 2002-2005 alertaba incluso de la secularización en sus propias filas; es decir, la que afecta a sus ministros. El plan pastoral 2016-2020 señalaba: "En nuestro pueblo se ha difundido la idea de que la religión no tiene fundamento racional ni científico".

Este lunes Omella quiso introducir una luz de esperanza. En un giro con respecto al tono de pesimismo que domina el diagnóstico eclesial, Omella afirmó que la jerarquía católica viene detectando, sobre todo en las ciudades, un resurgimiento de la fe. Lo hizo en estos términos: "En zonas urbanas constatamos el hecho de que, de unos años a aquí, estamos experimentando un creciente anhelo de Dios en nuestros coetáneos. Del mismo modo que la secularización se inició en el mundo urbano y ahora está afectando al mundo rural, descubrimos que el deseo de Dios está emergiendo en las ciudades y, con el tiempo, esperamos que llegue también al mundo rural. Creemos que estamos viviendo el inicio de una nueva primavera del Espíritu".

Omella también abordó el elefante en la habitación, esa expresión anglosajona que remite a una verdad gigante pero a la vez tan incómoda que se hace difícil incluso hablar de ella a pesar de su rotunda presencia. El cardenal de Barcelona reiteró la "humilde y sincera petición de perdón" por los abusos sexuales y reivindicó las medidas adoptadas por la institución, entre ellas las oficinas abiertas por orden del papa, el encargo de una auditoría al despacho Cremades & Calvo Sotelo y la página web Para dar luz.

El presidente de la CEE dejó constancia de su disconformidad con lo que, a su juicio, es un injusto señalamiento a la Iglesia como principal foco del problema. "La Iglesia confiesa su pecado, pero denuncia que este mismo hecho, que afecta a otros muchos sectores de la sociedad, no sea puesto en evidencia, para buscar entre todos una solución", concluyó.

Tras Omella, tomó la palabra el nuncio del Vaticano, el filipino Bernardito Auza, que dio las gracias a la Iglesia local por la negociación con el Gobierno para alcanzar un pacto sobre fiscalidad por el cual la Iglesia cede alrededor de 16 millones anuales en privilegios fiscales pero se libra de pagar el IBI incluso en sus negocios. Ni la jerarquía católica ni el Vaticano ocultan su satisfacción por un canje de notas entre la Santa Sede y España que mantiene en lo esencial sus beneficios fiscales.

La legislatura de la coalición de izquierdas enfila su recta final y los pronósticos de fuertes cambios laicistas en la relación Iglesia-Estado no se han cumplido. Lo que sí ha hecho el Gobierno es avanzar en varios campos justo en la dirección contraria a la que desea el alto clero: aborto, eutanasia o derechos Lgtbi. El discurso de Omella deja claro que la jerarquía de la Iglesia no quiere que sus fieles lo olviden ante la urna.

Era 2 de junio de 2018. Pedro Sánchez, tras una vertiginosa moción de censura, se convertía en presidente con una fotografía para la historia. En la ceremonia no había símbolos religiosos. Ninguno. Ni Biblia, ni crucifijo. Era la primera vez. Ni Zapatero había prescindido de la cruz. El resto del Gobierno hizo después lo mismo, en un gesto que proyectaba separación entre las esferas religiosa y civil. Es un terreno delicado en España, país en el que, a pesar de la aconfesionalidad recogida en la Constitución, la Iglesia mantiene una relación diferenciada con el Estado a través de unos acuerdos bilaterales firmados entre 1976 y 1979. El gesto de Sánchez y sus ministros, coherente con la trayectoria del secretario general del PSOE, abría la expectativa de una etapa política de avances inéditos en la agenda laicista.

Cinco años después, los hechos muestran que ha habido avances en terrenos sensibles como el fiscal, el inmobiliario –inmatriculaciones– y el educativo, pero sin tocar el cogollo de los privilegios de la Iglesia. La etapa del PSOE en el Gobierno desde 2018 –primero, brevemente en solitario; luego, con UP– ha supuesto un desarrollo legislativo en diversas áreas, como aborto, eutanasia o derechos LGTBI, contraria al modelo que defiende la cúpula eclesial. Nadie podrá decir que el Ejecutivo ha plegado su agenda legislativa al alto clero. Pero, en las relaciones Iglesia-Estado, los obispos han visto cómo la realidad quedaba lejos de las aspiraciones, objetivos e incluso compromisos de la izquierda.

El problema religioso sirvió como acumulador de fuerzas contra la Segunda República. La jerarquía católica reaccionó con fiereza contra el programa de separación Iglesia-Estado. Durante la guerra dio apoyo al bando franquista. Tras su victoria, se sumó al aparato represor. Como recompensa obtuvo el Concordato de 1953. La Iglesia fue pieza crucial del régimen nacionalcatólico. Los protagonistas de la Transición, con estos antecedentes, diseñaron el Estado democrático acomodando a la Iglesia con una Constitución que la mencionaba y unos Acuerdos España-Vaticano de 1976-1979 que le daban un estatus ventajoso en lo simbólico, educativo y económico.

Durante más de 40 años, un presidente tras otro engordaron el catálogo de favores a la Iglesia a pesar de la rápida secularización. Felipe González (1982-1996) evitó reabrir la "cuestión religiosa", que quedó en el cajón de los asuntos pendientes. Si González implantó la casilla de la Iglesia del IRPF, Aznar la afinó a gusto del episcopado y Zapatero elevó el dinero por cada equis del 0,5239% al 0,7%. Hoy el Estado financia vía casilla de la Iglesia el funcionamiento de la Iglesia, que disfruta de una generalizada exención de impuestos no sólo para su actividad religiosa o caritativa, sino también lucrativa.

Más. El sistema de educación concertada convierte a la Iglesia en principal beneficiaria de un modelo que dedica cada año más de 6.000 millones públicos a una red privada. El Estado paga desde capellanes carcelarios a profesores de Religión de colegios públicos. Ningún gobierno ha exigido a la Iglesia la autofinanciación prevista en los Acuerdos.

Sin ser religión oficial, la Iglesia mantiene una destacada presencia oficial. La mezcla de lo sagrado y lo político es usual. Ejemplo máximo: hasta cuatro ministros, del PP, acudieron al canto del himno de la Legión en la procesión del Cristo de la Buena Muerte en Málaga en 2018. Así que Sánchez tenía expedito ese flanco para marcar diferencias. Y así lo ha hecho. Sus gobiernos han sido los más escrupulosos en la separación Iglesia-Estado en la democracia. No sólo con la toma de posesión, también con hitos como el funeral laico por las víctimas del covid19 en 2020.

A ello se suma –en una medida que excedía lo simbólico– la exhumación de Franco de la basílica del Valle de los Caídos en 2019, un proceso con tiranteces con la cúpula eclesial.

Si Zapatero tuvo que lidiar con Rouco, Sánchez ha encontrado un episcopado menos beligerante, en parte porque el propio papa Francisco, en el trono desde 2013, es un convencido de la separación entre Dios y el César. "Un Estado debe ser laico", llegó a declarar en 2016 a La Croix. En 2019, el papa metió a la cúpula española en un brete al afirmar que la Iglesia debía pagar el IBI por todos sus edificios sin uso religioso o caritativo, idea a la que la Conferencia Episcopal (CEE) se ha resistido

Y se ha resistido con éxito. El acuerdo fiscal Gobierno-CEE, por el que la Iglesia mantiene la exención del IBI incluso en edificios de los que hace uso lucrativo, supone una rebaja del listón con el que arrancó la era Sánchez. Hay más puntos en los que ha bajado.

No fueron sólo Podemos e IU, fue el propio PSOE el que alimentó la hipótesis de una etapa de avances laicistas. Y singularmente Sánchez. El programa del PSOE para las elecciones de 2016 llegaba hasta donde nadie había llegado en el PSOE, con medidas así: "suprimir la referencia a la Iglesia" en la Constitución, que incluirá el "principio de laicidad"; "denunciar los Acuerdos con la Santa Sede"; quitar todas las exenciones para los bienes sin "uso de culto o social"; "avanzar en la autofinanciación"; "reclamar la titularidad" de los bienes inmatriculados desde 1998 si la inscripción se produjo sin título.

Las resoluciones del 39º Congreso del PSOE –en línea con el documento de su candidatura para las primarias de 2017, en las que derrotó a Susana Díaz–, defendían "consolidar" el "Estado laico" con la denuncia y derogación del pacto con el Vaticano. "Ninguna religión confesional deberá formar parte del currículo y del horario escolar", dice este documento, que insiste en la "autofinanciación de la Iglesia". Una PNL de febrero de 2018 de UP, transaccionada por el PSOE, instaba al Ejecutivo, del PP, a sacar la Religión fuera del horario escolar y a la "denuncia y derogación" de los Acuerdos.

Las expresiones de voluntad de cambio en el statu quo no se limitaron a la oposición. En octubre de 2018 la vicepresidenta Carmen Calvo comunicó al Vaticano que el Gobierno deseaba aplicar la fórmula italiana y la Iglesia tributase por los "inmuebles o actividades en las que no se produce culto". No fue flor de un día. Calvo mantuvo este planteamiento durante toda su etapa en el Gobierno. En 2020 insistía en que la Iglesia debía pagar el IBI en los edificios ajenos al culto y a la actividad asistencial. Es más, invitaba a una "reflexión" sobre el modelo de casilla de la Iglesia del IRPF, abriendo un nuevo melón.

Aquellas intenciones expresadas por Calvo quedan lejos de lo conseguido. En realidad, el listón empezó a bajar en 2019. El programa del PSOE para aquel año ya no recogía el pago del IBI de la Iglesia. Tampoco estaba en las resoluciones del 40º congreso. Sí lo mantenían los programas de Podemos e IU, pero no entró en el acuerdo de gobierno.

También en 2019 el PSOE había borrado del programa la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede, el tipo de promesa capaz de poner en pie a un auditorio en un mitin pero que desde La Moncloa se ve de otra manera. Su congreso de 2021, el 40º, prevé sólo una "revisión" en "diálogo con la Iglesia".

Una vez bajado el listón, el Gobierno tampoco ha cumplido todos sus compromisos en esta legislatura, cuyo balance podría sintetizarse en dos puntos: 1) La Iglesia no ha aumentado sus privilegios ni conquistado otros nuevos. Es más, ha cedido algo de terreno en temas sensibles. El presente Gobierno, a la luz de los hechos concretos, puede decir que no ha engordado la larga lista de cesiones del poder político al religioso. 2) Ahora bien, tampoco ha introducido cambios significativos en el terreno de juego de las relaciones Iglesia-Estado. Este balance se ve en las inmatriculaciones y los impuestos.

Inmatriculaciones. El Gobierno avaló en 2021 la legalidad del procedimiento por el que la Iglesia inmatriculó casi 35.000 bienes entre 1998 y 2015, dando por consolidado todo lo anterior. Un éxito de la Iglesia. ¿El avance, entonces? Se dio en transparencia, con la publicación de un listado con los bienes inmatriculados, que se suponía que debía facilitar que a través de pleitos las instituciones o los particulares revirtieran inscripciones. Como advirtieron numerosos juristas, era una vía casi imposible. Los casos de reversión, como este en un pueblo de Mallorca, son la excepción a la regla.

El Gobierno ha acusado a la Iglesia de haber inscrito en torno a un millar de bienes "sin título ni causa". Serían sólo un 2,8% del total. infoLibre preguntó a Presidencia y a la CEE por el destino de estos bienes cuya inmatriculación fue puesta bajo sospecha. El órgano episcopal no respondió. Presidencia señala que la Federación Española de Municipios y Provincias ha difundido el listado entre los ayuntamientos y ha puesto a su disposición sus servicios jurídicos, "contando con el apoyo del ministerio". El acuerdo de gobierno de PSOE y UP preveía modificaciones legales para "facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente". En esa idea insistió Sánchez en su discurso de investidura en enero de 2020. Estos cambios legales no se han producido.

Impuestos. Por primera vez desde 2006, la Iglesia pierde un espacio de privilegio, con el fin de las exenciones por el gravamen de Contribuciones Especiales y por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Presidencia recalca que además esta pérdida se produjo sin "contraprestaciones", a diferencia de 2006, cuando la Iglesia perdió la exención del IVA pero subió al 0,7% lo recibido por cada casilla del IRPF.

La pérdida de exenciones supone 16 millones al año –una ínfima parte del total, difícil de precisar pero estimado en más de 2.000 millones– y se realiza bajo presión de la UE, ya que el Tribunal de Luxemburgo había dado la razón al Ayuntamiento de Getafe frente a los Escolapios en un pleito por el ICIO. El acuerdo deja a salvo la exención del IBI incluso en los inmuebles que no tienen como fin el culto, la caridad o la asistencia social y de los que saca aprovechamiento económico.

Presidencia recalca que mantiene abiertas las comisiones de trabajo con la CEE tanto en inmatriculaciones como en fiscalidad, luego no da ni un asunto ni otro por zanjado. La Conferencia Episcopal no contestó a las cuestiones planteadas para este artículo.

El Ejecutivo sí ha cumplido, con la aprobación en 2020 de la Lomloe, el punto de su programa de gobierno que establece que la Religión no cuenta para nota. La Ley Celáa recoge el fin de la financiación pública de los colegios que segreguen por sexos, una medida si llega a completarse hasta el final golpeará sobre todo al Opus. La norma ya surte efectos: los colegios de La Obra en Asturias han anunciado que dejarán de segregar para retener la financiación pública.

Por lo demás, la Iglesia mantiene su fuerte penetración en la educación. El modelo general de la asignatura de Religión, anclado en los Acuerdos con la Santa Sede, no cambia: los obispos siguen eligiendo a los profesores. La Lomloe, como ha acreditado un informe de la asociación de colegios privados Cicae y de la Confederación de Padres de Alumnos (Ceapa), tampoco ha puesto fin, a pesar de que los prohíbe, a los cobros encubiertos en la concertada, no sólo pero sí mayoritariamente controlada por la Iglesia. Según las conclusiones de este informe, en este punto no se están cumpliendo ni la ley ni el programa de gobierno, que establecía que "todos los centros privados concertados" deben "informar" de que las aportaciones son "voluntarias". La vigilancia del cumplimiento corresponde a las comunidades autónomas.

En cuanto a financiación pública, la Iglesia está mejor que nunca, con cifras superiores a 300 millones al año. No ha habido ni un paso hacia la autofinanciación. La "reflexión" que anunció la vicepresidenta Calvo sobre el IRPF quedó en nada. A pesar de las indicaciones críticas del Tribunal de Cuentas, la CEE mantiene el mismo sistema de justificación del uso de los fondos, que el organismo consideró superficial. La Iglesia sigue acumulando superávit gracias al IRPF, 84 millones en cinco años, de los que envió 36,3 a una empresa privada, Trece TV, en lo que según el Tribunal de Cuentas podría constituir una ayuda de Estado prohibida por la UE.

El pacto de gobierno de PSOE y UP recoge una "Ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado". En la recta final de la legislatura, no hay noticia de ella. Zapatero ya intentó sacar adelante una ley así, pero la acabó metiendo en un cajón en una segunda legislatura marcada por la crisis. En julio del año pasado, infoLibre preguntó a Presidencia por esta ley y aún no estaba descartada. Este viernes volvió a preguntar y no hubo respuesta.

De la misma manera que Miguel Hernández se preguntaba “¿quién, quién levantó los olivos?”, nos podemos preguntar quién levantó el bosque de columnas de la Mezquita de Córdoba o el minarete de la Giralda, y no, no fue la Iglesia. Ni los bienes se adquieren por consagración, ni se pueden apropiar por la posesión en el tiempo cuando su naturaleza es pública. Sin embargo, la jerarquía católica ha ido inmatriculando hasta el año 2015, con el permiso de la inconstitucional ley hipotecaria, el 80% del patrimonio de los diferentes pueblos que forman el Estado español, desde la Mezquita de Córdoba a la catedral de Burgos, o desde la Giralda de Sevilla hasta el rico patrimonio mudéjar de Aragón.

Invito a realizar un recorrido a través de dos ciudades de Andalucía, muy importantes por su historia, patrimonio y singularidades: Córdoba y Sevilla, paradigmas de lo que ha sido el denominador común en el resto de las ciudades y pueblos de las diferentes comunidades autónomas. Ambas fueron fundadas en tiempos de tartesios, donde posteriormente se asentó Roma y floreció al-Ándalus, las dos principales columnas que forjaron la historia de las dos ciudades hermanas, alimentadas por el cordón umbilical del río Guadalquivir. Evidentemente, las culturas hebrea, bizantina y visigoda también dejarían sus huellas, sin olvidar a las poblaciones africana y gitana que desde el siglo XV llegaron a Andalucía. Fueron conquistadas por el rey castellano Fernando III en 1236 y 1248, respectivamente.

Las dos ciudades andaluzas comparten un rico legado de iglesias fundadas por los reyes castellanos durante los siglos XIII y XIV construidas sobre antiguas mezquitas de los arrabales. Iglesias donde se combinan bellamente el románico tardío, el gótico y el mudéjar. La mano hábil y maestra de los alarifes y albañiles andalusíes se nota en la construcción de las diferentes fábricas. La Magdalena, Santiago, San Pedro, Santa Marina, San Agustín, San Lorenzo o San Pablo (estas últimas enclavadas en lo que fuera la vía augusta y una de las principales vías de los arrabales de la Axerquía) son algunos de los bellos templos cordobeses que vieron sus reflejos años más tarde en las iglesias sevillanas de San Román o de San Marcos, Santa Marina y San Gil (situadas en un eje de calles que fue el Cardo Máximo de Hispalis y la calle Mayor en tiempos andalusíes), Ómnium Sanctorum, San Juan de la Palma o Santa Catalina. Estos templos, en el transcurrir de los siglos, sufrieron terremotos, incendios, abandonos hasta llegar al siglo XX en tan lamentable estado que, gracias a las inversiones económicas del Gobierno de España y, posteriormente, al Gobierno andaluz, se fueron restaurando. Miles de millones de pesetas, millones de euros fueron destinados a la recuperación de este riquísimo patrimonio cordobés y sevillano; de por sí, únicos por la Mezquita y Medina Azahara y por la Giralda y los Reales Alcázares, respectivamente.

Las inversiones públicas no solo tuvieron lugar en la Mezquita-Catedral de Córdoba, donde el Estado viene gastando desde el siglo XIX grandes cantidades de dinero para su conservación. La iglesia de San Agustín renació de su ruina en 2010 tras una profunda restauración en octubre de 2009 que costó cerca de cuatro millones de euros a la Junta de Andalucía. Unos meses después reabrió sus puertas la parroquia de San Lorenzo, tras culminarse su restauración por 556.063 euros aportados por la administración andaluza. Años antes, la Consejería de Cultura invirtió 400.000 euros en la restauración de la iglesia de la Compañía, aportando el obispado solo el 7,5%. En la iglesia de San Hipólito la Comunidad autónoma invirtió 240.000 euros en restaurar el órgano, 600.000 euros fueron los designados a La Magdalena tras un incendio; en San Francisco el coste llegaría a 587.000 euros en el 2007. Cuatro meses después, en abril de 2008, la Diócesis de Córdoba inscribió la iglesia de San Francisco a su nombre en el Registro de la Propiedad, acogiéndose a la reforma de la Ley Hipotecaria para inmatricularla. Esta fiebre “inmatriculadora” fue llegando a todas las iglesias monumentales de la ciudad. Conforme se iban restaurando, se iban inmatriculando, una tras otra. Incluso llegaron a inmatricular la iglesia de la Magdalena por su “uso católico” en el año 2005, estando desacralizada para fines culturales a raíz de su restauración. Sin embargo, y siguiendo con los casos de Córdoba, no llegaron a inmatricular las iglesias de Santa Clara, Regina o Madre de Dios debido a su lamentable estado de conservación.

De igual modo, en Sevilla, una de sus más grandes y valoradas iglesias, El Salvador, fue restaurada íntegramente durante cinco años bajo el patrocinio del Ministerio de Cultura. Doce millones de euros supuso la recuperación del bellísimo templo. Destacadas fueron las restauraciones de Santa María la Blanca y Santa Catalina. En esta última, la aportación autonómica alcanzaría el millón de euros. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía también colaboró para la restauración de las quince tablas de Pedro de Campaña del retablo principal de la parroquia trianera de Santa Ana con un presupuesto de 400.000 euros.

El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía en el año 2012, consciente de las grandes inversiones realizadas en el patrimonio de uso religioso, apremiaba a las diferentes diócesis andaluzas a garantizar las visitas a los templos restaurados con dinero público. En este sentido, recordaba que en los últimos años la Junta llevaba invertidos alrededor de 50 millones de euros. El consejero estaba molesto porque las iglesias se abrían solamente en horario de culto, imposibilitando la visita a estos monumentos. Además, algunos de estos templos, una vez restaurados e inmatriculados, cobran una entrada por la visita. No les parece suficiente la recaudación que las arcas de los cabildos catedralicios acumulan por visitar los templos mayores, Mezquita-Catedral o Catedral de Sevilla junto a la Giralda y Patio de los Naranjos, privatizado desde 1992, sino que además suman al negocio los templos diocesanos. Solo los cabildos de las catedrales de Córdoba y Sevilla recaudaron en 2019 entre 35 y 40 millones de euros.

En definitiva, el resultado no podía ser más beneficioso para la jerarquía católica: las iglesias las fundan los reyes en la Edad Media, las restaura el Estado y las inmatricula la Iglesia. Una operación magistral para la Iglesia e inconstitucional para el país. Una operación calificada mundanamente como “El gran robo permitido”, evangélicamente como “La avaricia absoluta”: “No podéis servir a Dios y a Mammón” (Mt 6, 24; Lc 16, 13). Mientras, el Estado Social y Democrático de Derecho, hasta la fecha presente, es más aliado de los intereses de la jerarquía católica que de velar por los intereses públicos de la ciudadanía a la que se debe.

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Miguel Santiago Losada es profesor, escritor y portavoz de la plataforma “Mezquita-Catedral, patrimonio de tod@s”

El movimiento laico intenta que las inmatriculaciones de la Iglesia no sean, como afirma la Conferencia Episcopal Española (CEE), una polémica "definitivamente zanjada". Decepcionadas por la actuación del Gobierno, las asociaciones integradas en la plataforma Recuperando han convocado manifestaciones este jueves en más de 20 ciudades españolas contra el carpetazo político al tema. Exigen "mecanismos para la recuperación para el dominio público de los bienes inmatriculados sin aportar más documentación que una simple certificación eclesiástica", que la plataforma cifra en torno a 100.000.

Recuperando denuncia que "no se ha avanzado un ápice en la formulación de medidas legislativas que reviertan la situación", lo que a su juicio supone un incumplimiento de los compromisos del PSOE y Unidas Podemos. La organización considera insuficiente lo hecho hasta ahora: la publicación de un listado de cerca de 35.000 inmatriculaciones y el cuestionamiento de la legalidad de en torno un millar de los registros.

Recuperando, que aglutina a una treintena de organizaciones en defensa de la reversión de las inmatriculaciones de la Iglesia, celebró este sábado su asamblea en Getafe (Madrid). ¿Balance? Amargo, con muy leves toques dulces. "La publicación del listado [de casi 35.000 bienes inmatriculados] de 1998 a 2015 es un éxito que en la anterior asamblea, en Sevilla hace tres años, no veíamos tan cerca. Pero sus limitaciones son enormes. Faltan los bienes entre 1946 y 1998 y todas las notas simples. Tanto los ayuntamientos como los particulares se ven abocados a un callejón sin salida en la vía judicial", explica Andrés Valentín, coordinador de Recuperando, que señala que el callejón se estrecha aún por la escasa colaboración de los registradores de la propiedad.

Valentín afirma que el listado se ha demostrado "absolutamente inútil para la recuperación de bienes", entre otros motivos porque "el Gobierno no ha articulado ningún mecanismo" para canalizar las posibles tentativas de recuperación. "Además, el listado ni siquiera es un logro tan importante como cabía esperar en cuando a transparencia, porque su escaso detalle", señala el coordinador de la plataforma. Es más, Valentín señala que un destacado caso de recuperación, el de unas murallas junto a una iglesia en Artà, en Mallorca, es producto de una lucha municipal anterior y ajena por completo a la publicación del listado. "Los municipios están desorientados y, en los casos en que quieren intentar una recuperación, en muchas ocasiones no saben cómo abordarlo", añade Valentín. Un portavoz de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) señala que el organismo está "a la espera de actuaciones" del Ministerio de Presidencia.

El coordinador de la plataforma considera "incumplidos" los compromisos tanto del PSOE como de Unidas Podemos. El programa socialista de las últimas elecciones generales recogía la recuperación de bienes inmatriculados "indebidamente". El de Podemos, también. "Estas operaciones se han basado, hasta 2015, en el privilegio de inscribir en el registro de la propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros. Esto la ha llevado a inscribir a su nombre bienes que —como se sabe— son de toda la ciudadanía, como la mezquita de Córdoba o ermitas de muchos pueblos [...], pero también edificios civiles, como quioscos y plazas. La salud democrática de nuestro país exige que esto se revise a fondo", señalaban los morados.

La recuperación de bienes inmatriculados está en el programa del Gobierno de coalición, que recogía lo siguiente: "Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros". En esa idea insistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura en enero de 2020: "En un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley, ni disfrute de privilegios que hieran el principio de legalidad y el principio de igualdad y por esa razón el Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia".

El saldo de actuaciones del Gobierno no ha llegado hasta donde lo hacían los compromisos. No ha habido tales "modificaciones legislativas". En febrero de 2021 el Gobierno avaló la legalidad de casi 35.000 inmatriculaciones, lo que esencialmente se traduce en un triunfo de las tesis de la Conferencia Episcopal, que considera la controversia "definitivamente zanjada", como ha declarado su portavoz, Luis Argüello. El Ejecutivo puede anotar en su balance un avance en transparencia, con la publicación del listado de los bienes. Eso sí, quedan fuera todas las inmatriculaciones amparadas por la legislación desde 1946 hasta 1998, que Recuperando sigue queriendo conocer. El Gobierno se resiste a dar por terminada la cuestión, al haber acusado a la Iglesia en enero de este año de haber inscrito en torno a un millar de bienes "sin título ni causa". Serían sólo un 2,8% del total. El Ministerio de Presidencia, a preguntas de infoLibre, señala que la Iglesia se ha comprometido a "facilitar su regularización registral". La CEE, que nunca ha llegado a admitir ni siquiera ese pequeño porcentaje de bienes inmatriculados irregularmente que le imputa el Gobierno, afirma que es una cuestión por la que hay que preguntar al Ejecutivo, no a la Iglesia. La hipótesis de una recuperación a gran escala es desinflada ya por el propio Gobierno. El subsecretario de Presidencia, Alberto Herrera, afirmó en octubre que el procedimiento masivamente utilizado por la Iglesia era de "dudosa constitucionalidad", pero al mismo tiempo aceptó que salvo excepciones no habrá vuelta atrás. Recuperando trata de que la controversia no se centre en este millar de bienes en cuestión. "No son 1.000 sino más de 100.000 los bienes que cuestionamos", señala la plataforma.

El balance presentado en la asamblea de Recuperando recoge que las vías del Congreso, el Senado y el Gobierno "no han aportado especiales resultados". Andrés Valentín da "no por cerrada, pero sí por obstruida" esta vía. A escala autonómica, Recuperando destaca la implicación del Gobierno de Navarra para la obtención de un listado "exhaustivo" de bienes inmatriculados. Valentín señala que el objetivo de la plataforma es lograr que las inmatriculaciones tengan peso en las campañas electorales de las elecciones autonómicas y municipales. "Es importante que haya gobiernos comprometidos en las comunidades y los ayuntamientos para avanzar en la obtención de información, aunque a la hora de recuperar haya que ir a lo estatal", añade.

La plataforma se propone ahora "conocer el volumen y detalle de los bienes inmatriculados" mediante la obtención de las notas simples de "todas las inmatriculaciones realizadas al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria desde 1946", reclamación que será llevada al Congreso los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos. Recuperando denuncia la "carencia de legitimidad de las inmatriculaciones", un "privilegio" que ha permitido un "enorme expolio" gracias a la "complicidad, negligencia y oscurantismo de los gobiernos de turno" y a la "anomalía democrática que supone que los bienes de interés histórico-cultural no estén afectos al patrimonio nacional, como así ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno, sino por el contrario que sean titularidad de Iglesia, más aun cuando su conservación y mantenimiento corren a cargo de las administraciones". La plataforma denuncia que además en dichos monumentos la Iglesia cobra entradas mientras se beneficia de exenciones fiscales.

La dimensiones de la ofensiva inmatriculadora de la Iglesia fueron conocidas gracias al movimiento asociativo, que desveló el caso en Navarra. Ahora ese mismo movimiento asociativo trata de mantener la tensión reivindicativa para evitar el triunfo definitivo de la Iglesia. Las manifestaciones están confirmadas en más de veinte ciudades: Madrid (Comunidad de Madrid), Barcelona (Cataluña), Valencia, Alicante (Comunidad Valenciana), Zaragoza (Aragón), Sevilla, Córdoba, Granada, Jerez de la Frontera (Andalucía), Valladolid, Palencia, León, (Castilla y León), Albacete (Castilla La Mancha), San Sebastián, Bilbao (País Vasco), Pamplona (Navarra), Oviedo (Asturias), Santander (Cantabria), Cáceres, Badajoz (Extremadura) y Murcia (Región de Murcia).

La carpeta de asuntos políticos pendientes de la Iglesia no se agota con las inmatriculaciones. El Gobierno aún pretende una rebaja de los beneficios fiscales de la institución, aunque considera "muy difícil" forzarla a pagar el IBI incluso en edificios que no sean de culto. Por otra parte, el pacto PSOE-UP recoge una Ley de Libertad de Conciencia, que no consta en las previsiones del Gobierno a corto plazo. Al mismo tiempo, está por ver qué resultado arroja la investigación del Defensor del Pueblo sobre la pederastia en la institución.

"Opus", a nuestros oídos, suena a poder, éxito, élite. Choca leer que el papa Francisco, nada menos que el obispo de Roma, ha degradado a La Obra. ¿El Opus degradado? ¿Degradado el Camino de San Josemaría, degradada su estructura tan opaca como eficiente, degradada la Universidad de Navarra, degradada su escuela de negocios, degradados sus colegios de postín? Perder estatus parece ir en contra de la naturaleza del Opus. Pero así ha sido. El nuevo documento papal Ad charisma tuendum establece que el prelado del Opus ya no será obispo, resta independencia a La Obra y suma exigencias de rendición de cuentas. Le quita poder y estatus. Eso, en una institución en la que lo simbólico pesa tanto como lo material, implica una depreciación del Opus y de su marca. Porque, sí, el Opus tiene una marca. Y su marca es justo lo contrario de la degradación. Es distinción, privilegio, conexión. Networking, diríamos en la jerga ejecutiva. Esa es la historia del Opus: espíritu y estatus. Especialmente en España.

El Opus es internacional. Tiene sus oficinas centrales en la Torre Murray Hill, en el midtown de Manhattan. Y Roma fue siempre la fijación de José María Escrivá de Balaguer, que fijó allí su residencia en 1946. La Obra, que creció en poder e influencia con Pío XII, alcanzó su cumbre con Juan Pablo II, que la nombró prelatura personal en 1982. Sin embargo, ni la torre neoyorquina, ni el pedigrí vaticano, ni sus casi 93.000 miembros en 68 países deben hacer olvidar cuál es la cuna del Opus. En efecto, España.

Y es aquí, en España, donde conserva sólidas posiciones de influencia, sobre todo en la educación.

De España es Escrivá: Barbastro, Huesca, 1902; Roma, 1975. En España funda el Opus en 1928. En España toma forma su rompedor apostolado: santificación del trabajo, culto al líder, una ascesis que no excluye la mortificación del cilicio... De España, de su brutal siglo XX, extrae Escrivá las conclusiones que dotan al Opus de dos de sus rasgos distintivos: discreción –¿secretismo?– y una preferencia por el poder capilar, líquido, difícil de identificar y, por lo tanto, de atacar. El fundador había quedado horrorizado por la disolución de la Compañía de Jesús, vista como un "Estado dentro del Estado", y no quiso repetir sus errores. No quería entregar a la Iglesia una corriente, ni una congregación, sino una organización nueva, de futuro. De obediencia papal, pero con estructura propia. Más importante: con estrategia propia. El futuro estaba en hacerse a su vez omnipresente e indetectable. "Un hilo y otro y muchos, bien trenzados, forman esa maroma capaz de alzar pesos enormes", dejó escrito el fundador.

Hay dos etiquetas que el Opus rechaza: "Octopus Dei", por sus conexiones; e "Iglesia dentro de la Iglesia". Pero no se puede decir que estén faltas de base. Y es en España donde se forja su sentido. En primer lugar, porque es la Iglesia española la que da, antes que Roma, estatus especial a La Obra. El obispo de Madrid Leopoldo Eijo y Garay, que entronizó bajo palio a Franco en el 39, erigió en 1943 la Sociedad de la Santa Cruz, la asociación sacerdotal del Opus, vital para su independencia, y ordenó en 1944 a los tres primeros sacerdotes del Opus, entre ellos Álvaro del Portillo, que acabaría sucediendo a Escrivá.

No sólo la jerarquía católica abre de par en par las puertas al Opus. También el régimen. Con apoyo del franquismo nacen las principales instituciones opusinas. En 1952, el Estudio General de Navarra, embrión de la Universidad de Navarra; en 1958, el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), hoy un transatlántico de la formación de élites. Echan a andar los primeros colegios de Fomento (1963), de Institució familiar d'Educació (1969), de COAS (1971)... El Opus se convierte en una potencia escolar al amparo del régimen. En realidad, se convierte en mucho más que eso. Es elocuente la concesión a Escrivá, en 1968, del título de marqués de Peralta. Pero quizás lo que mejor explica las cotas de poder/influencia que alcanzó el Opus fue la entrega de Franco a los "tecnócratas" de La Obra de la dirección económica del país.

La decisión estuvo en las antípodas de lo ideológicamente neutro. El Opus encarna la visión más capitalista e individualista –en el terreno económico– de la Iglesia. Sus ideas han sido relacionadas con la Teología de la Prosperidad, que –en el extremo opuesto a la Teología de la Liberación– incide en la bendición divina de aquellos que conquistan la riqueza y el bienestar. Una exnumeraria contó a Alfonso Torres, para su libro No los dejes caer en la tentación. Escándalos, dinero y guerras de poder en la Iglesia española (La Esfera de los Libros, 2004), detalles que acreditan el gusto de Escrivá por el lujo y la riqueza. Según la filosofía del cura de Barbastro –narra Moreno–, la riqueza "estaba vinculada a las necesidades del espíritu, de tal manera que podría hablarse de un 'capitalismo religioso' como instrumento de expansión, prestigio y poder".

El Opus se atribuye en España 41.500 fieles. Un rasgo distintivo es que la masa central de La Obra está integrada por laicos. Ahí entran los numerarios, los agregados (ambos célibes) y los supernumerarios (fieles sin compromiso de celibato con una disponibilidad "compatible con el cumplimiento de sus obligaciones familiares, profesionales y sociales"). Estos últimos son el 70% y son la base de Octopus Dei. También hay "numerarias auxiliares", sólo mujeres, dedicadas a que las familias sean auténticos hogares en Cristo.

La Obra está dividida en ocho delegaciones: Noroeste, Pamplona, Aragón y Levante, Barcelona, Madrid Oeste, Madrid Este, Andalucía Occidental y Andalucía Oriental. La prelatura tiene 800 sacerdotes, con Fernando Ocáriz como vicario general.

Uno de los logros más acabados del Opus es su naturaleza difusa. ¿Qué es ser del Opus? Obviamente, ser sacerdote de La Obra o fiel laico... Entrar formalmente requiere la superación de un periodo reglado de admisión y prueba que culmina con un vínculo que sólo se rompe con una "dispensa de los deberes contraídos" otorgada por el prelado. Pero no es necesario ser del Opus para estar en su órbita. "Bastantes frecuentan sus actividades [...] sin sentir la llamada a formar parte", explica el propio Opus. Es la dimensión más asociativa y cultural de La Obra, que crea sus propios espacios de encuentro, captación y expansión. A este radio más informal se suma toda el área de influencia de su red formativa. Por supuesto, no todos –ni la mayoría de– los alumnos ni las familias de alumnos de los centros son del Opus. Pero La Obra sí realiza en torno a estos centros una intensa actividad de relaciones públicas.

Así que no hay que confundir el Opus-Opus con todo lo que rodea al Opus. Hay bienes que sí pertenecen propiamente a La Obra, como el Santuario de Torreciudad (Huesca), la Iglesia de Montalegre (Barcelona) y la Iglesia del Señor San José (Sevilla), por citar tres, a los que se suman las sepulturas de algunos fieles. Pero las residencias universitarias, casas para convivencias y retiros, clubes juveniles, colegios, escuelas de FP, universidades y centros médicos a los que vulgarmente nos referimos como del Opus no pertenecen en sí a la institución, sino a sociedades o fundaciones gestionadas por miembros o incluso por "cooperadores y amigos" del Opus. Igual ocurre con los centros donde viven los numerarios. Todo ello no figura en la contabilidad de la prelatura, por lo que esta no ofrece una imagen real de toda la dimensión económica del Opus.

A pesar de esta limitación, es interesante consultar las últimas cuentas disponibles del Opus, de 2020. Los ingresos ascendieron a 14 millones, repartidos así: donativos de los fieles, 13,68 millones (97,7%); herencias y legados, 0,31 millones (2,2%), "varios" sin detallar, 8.280 euros (0,05%). Los gastos fueron de 13,06 millones: gobierno de la prelatura, que incluye sueldos, formación y "funcionamiento de la sede", 7,56 millones (57,87%); mantenimiento de sacerdotes, 5,18 millones (39,77%); caridad, 0,3 millones (2,37%). Hay un superávit de algo más de 940.000 euros.

La influencia del Opus, al igual que su contabilidad, no se limita al ámbito de su estructura. ¿Dónde más la ejerce? Desde su origen Opus tiene entre ceja y ceja la formación. No en vano, uno de sus primeros terminales es la DYA, acrónimo de Derecho y Arquitectura, residencia universitaria abierta en Madrid en 1933.

La Obra promueve la Universidad de Navarra (UNAV) y dos centros asociados, el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) y la Clínica Universidad de Navarra, que factura más de 200 millones al año tras abrir sede en Madrid. La UNAV, con 70 años de historia, es hoy un titán con campus en Pamplona, Madrid, Barcelona, San Sebastián, Munich, Sao Paulo y Nueva York. A todo ello se suman los centros de investigación en Cáncer, Ingeniería Biomédica y Nutrición, el Internet Studies and Digital Life y el Centro Tecnológico Ceit-IK4.... Hay estudios de Ecomómicas-Empresariales, Comunicación, Derecho, Medicina e Ingeniería, entre otros. Completan el mapa el ISSA School of Applied Management, el ISEM Fashion Business School y el IESE Business School, la joya de la corona.

El IESE, con campus en Madrid, Barcelona, Nueva York, Munich, Sao Paulo y programas en Valencia, Bilbao, Shanghai, Varsovia o Philadelphia, ofrece formación a directivos o aspirantes a directivos. La escuela de negocios opusina ha sido cuatro años seguidos la primera en la clasificación de Financial Times. Presume de una comunidad global de 50.000 exalumnos, a los que se les ofrece una alumni network. Es un rasgo característico del Opus: relaciones, contactos, oportunidades en el alto escalafón. El IESE ofrece programas custom a clientes como Telefónica, BBVA, Iberdrola, Enagás, Gas Natural, Campofrío, BMW, Ericsson, Henkel, Nissan, Oracle, Pepsico, Roche Schneider Electric... Es decir, IESE forma dirigentes con programas a medida de las megacompañías. Todos los años pasan por sus aulas –afirma la escuela– más de 4.000 empresarios y directivos.

Han sido alumnos del IESE directivos con trayectorias en empresas como Google (Fuenciscla Clemares), HP (Helena Herrero), Acerinox, IBM (Marta Martínez), Repsol (Antonio Brufau), Abertis (Salvador Alemany), La Caixa (Isidre Fainé), Naturgy (Francisco Reynés). También han pasado por el IESE Francisco García Paramés, uno de los más afamados inversores de España; la exministra y presidenta de la Fundación Cotec Cristina Garmendia; el exalcalde de Barcelona Joan Clos; el expresidente de Navarra Miguel Sanz; o el aristócrata Luis Alfonso de Borbón. Obviamente, el paso por estas aulas no presupone relación alguna con el Opus, del mismo modo que formarse en periodismo en la UNAV no te convierte en un periodista afín a La Obra ni de planteamientos conservadores. Lo seguro es que su facultad de Comunicación es un referente en formación de periodistas destacados, con nombres como Iñaki Gabilondo, Pedro J. Ramírez, Jesús Ceberio (que dirigió El País) o Ángel Arnedo (que dirigió El Correo). El listado de nombres punteros del periodismo tiende a infinito.No es arriesgado decir que la UNAV ha sido y es una de instituciones de formación en este campo –tanto de periodistas como de responsables de comunicación– más influyente del país.

El Opus tiene "acuerdos de colaboración" con al menos cuatro grupos educativos:

1) Fomento de Centros de Enseñanza, sociedad anónima detrás de 35 colegios en Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Murcia y Navarra. El Opus "contribuye a mantener viva la identidad cristiana" de los centros, explica la institución. Además tiene 21 centros 0-3 años y la Universidad Villanueva de Madrid, que imparte grados y másteres en Educación, Psicología, Comunicación, Derecho y Empresa, con más de 1.700 alumnos en total

2) Attendis, con 20 colegios y 13 centros prescolares en Andalucía y Extremadura. La sociedad anónima Centros Familiares de Enseñanza gestiona estos colegios según las "enseñanzas de San Josemaría".

3) Institució Familiar d'Educació, con 13 centros en Cataluña y Baleares.

4) COAS, un conjunto de once colegios en el País Vasco y La Rioja.

También se sitúa en la órbita del Opus Dei, aunque sin vinculación orgánica, la fundación que gestiona los colegios de Arenales, que suma al menos 16 centros en España. Su presidente es Alfonso Aguiló, figura reconocible del Opus en España, en cuyo gobierno trabajó entre 1990 y 2002.

El Opus tiene vínculos con múltiples centros, no necesariamente integrados en grupos, cada uno con su naturaleza particular: Tajamar, Senara y Los Tilos, en Madrid; Andel y Fuenllana, en Alcorcón; Viaró, en Sant Cugat; Pineda y Xaloc, en L'Hospitalet de Llobregar. Los capellanes de Altaviana, en Valencia, son sacerdotes del Opus. En Andalucía tiene vinculación con Zalima (Córdoba), Albaydar, Altair y Ribamar (Sevilla). En el País Vasco, con Gaztelueta, donde hubo un sonado caso de pederastia. Hay más.

El Opus tiene también penetración con el mundo de la formación profesional a través de centros de la Unión de Escuelas Agrarias Familiares (Unefa), donde presta atención espiritual. Con origen en 1978, hoy integra al menos 24 centros. Presume de una comunidad de 25.000 exalumnos.

De los grupos antes mencionados, centros al menos de Fomento, Institució familiar d'Educació, COAS, Arenales Red Eucativa y Unefa se benefician de conciertos educativos con las instituciones públicas.

infoLibre preguntó al Opus con cuántos colegios en total tiene vinculación y qué cifra de alumnos suman, sin respuesta. Sólo Fomento afirma tener 24.722 en sus colegios en la actualidad y una comunidad articulada de 90.000 exalumnos en 35 grupos alumni. El Opus goza de una posición prominente en la European Association Single-Sex Education (Easse). No en vano, La Obra es la principal potencia española en educación segregadora, es decir, que separa a niños de niñas.

Las editoriales Palabra y Rialp también son afines a La Obra. Más estrecha es la relación de Eunsa, de la Universidad de Navarra. En el terreno del llamado "tercer sector", el Opus tiene un acuerdo de colaboración con la ONG Harambee. Braval y Terral son dos iniciativas sociales de la Iglesia de Montalegre, del Opus.

El peso del Opus en el ámbito político es indudable. Y viene del régimen franqusita. La Obra siempre ha rechazado una complicidad estructural con la dictadura, idea que atribuye a una campaña de desprestigio falangista. Lo cierto es que al menos ocho ministros de Franco fueron del Opus. Hay cuatro destacados entre 1957 y 1974: Alberto Ullastres (Comercio), Mariano Navarro (Hacienda), Gregorio López-Bravo (Industria y Exteriores) y Laureano López Rodó (sin cartera y Exteriores). Su mano se extiende desde el tránsito al capitalismo "moderno" hasta el diseño de la monarquía y la reorganización de la justicia. El papel del Opus en la Transición –y su antesala– fue crucial, con destacados nombres vinculados a las principales maniobras para limitar el alcance del cambio democrático y con López-Bravo como figura destacada.

"Una tercera parte del colectivo judicial son miembros del Opus", afirmó en 2012 el juez Santiago Vidal. Es conocida la vinculación al Opus de Andrés Ollero, exmagistrado del Constitucional y ex diputado del PP, que votó a favor del mantenimiento de la financiación pública de los colegios segregadores, y también de José Luis Requero, magistrado del Supremo. En la Casa Real han sido citados como vinculados al Opus el que fuera capellán, Federico Suárez, ya fallecido, y Laura Hurtado de Mendoza, exsecretaria de la reina Sofía.

En democracia la etapa dorada del Opus fue la de José María Aznar, cuyo abuelo, el periodista y diplomático Manuel Aznar, fue amigo de Escrivá. Más tarde sus hijos estudiaron en los colegios vallisoletanos del Opus de Peñalba y Pinoalbar. Su hija se casó con Alejandro Agag, que venía de Retamar, del Opus. Como escribe Sánchez Soler en Las sotanas del PP (Temas de hoy, 2002), los Aznar son "un hilo" de la "maroma" de Escrivá. Sus ministros Federico Trillo (2000-2004), hombre clave como estratega judicial del PP, e Isabel Tocino (1996-2000) tienen acreditada relación con el Opus. Ha sido citado como próximo a La Obra José Manuel Romay Beccaría, también ministro (1996-2000) y dos veces presidente del Consejo de Estado. La canonización en 2002 de Escrivá supuso un acontecimiento político, con el desplazamiento a Roma de los ministros Federico Trillo, José María Michavila y Ana Palacio. También acudieron el entonces presidente navarro, Miguel Sanz, Marta Ferrusola y Jorge Fernández Díaz, más tarde ministro.

El Ejército es un ámbito en el que se atribuye al Opus una especial influencia. En palabras del oficial retirado del Ejército del Aire Miguel López: “Ganas muchos puntos si además eres de La Obra. No te imaginas qué porcentaje de altos mandos son opusdeístas”. No sólo Trillo, también Julia de Micheo, que fue su mano derecha como ministro, era del Opus, como recoge este perfil de la Ser. Pedro Morenés, ministro de Defensa de 2011 a 2016, se formó en la Universidad de Navarra. Con Morenés firmó en 2014 Defensa un convenio de colaboración con La Obra con cargo al erario público.

En la etapa de Mariano Rajoy, el ministro más vinculado al Opus era Fernández Díaz. En la órbita del Opus se ha situado a Arantza Quiroga, presidenta del PP vasco (2013-2015), a Antoni Bosch, presidente del PP de Barcelona (2008-2014), y a Jesús Pedroche, que fue presidente de la Asamblea de Madrid (1999-2003). Han sido situados en el entorno del Opus Jesús Cardenal, fiscal general del Estado (1997-2004), ya fallecido, y Juan Cotino, director general de Policía (1996-2002), ambos citados por Alfonso Torres en No los dejes caer en la tentación. La beatificación en 2014 de Álvaro del Portillo concitó la presencia de los ministros Fernández Díaz y Luis de Guindos, un habitual del IESE. Lourdes Méndez Monasterio, el principal puntal de Vox en el movimiento católico radical –o del movimiento católico radical en Vox–, aparece frecuentemente citada como relacionada con el Opus.

Un detalle –o mucho más que un detalle– da idea de la posición del Opus en relación a la jerarquía católica española. ¿A quién ha encargado la Conferencia Episcopal la delicada tarea de la auditoría interna de los abusos sexuales a menores? A Javier Cremades, miembros del Opus. Cremades es además un hombre bien conectado con la élite económica madrileña. Ocupa el cargo de presidente ejecutivo de la Fundación Madrid Vivo, de la que es presidente de honor el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y de cuyo patronato también forman parte Juan Luis Cebrián o Tomás Pascual Gómez-Cuétara.

Los periodistas José Manuel Vidal y Mariano Sánchez Soler, de larga trayectoria informativa sobre los entresijos de la Iglesia, coinciden –con matices y énfasis diferentes– en un diagnóstico: la decisión papal puede afectar a la marca Opus, pero obedece sobre todo a lógicas vaticanas, con lo que no debería tener una especial incidencia sobre su galaxia española. Sánchez Soler observa en la degradación dictada por Francisco un intento de limitar el poder de La Obra en Roma, donde "25 años de Juan Pablo II le han dado una presencia asfixiante". "Aquí, en España, mantienen su importancia como poder económico y espacio de encuentro de la élite", señala Sánchez Soler. Vidal, director de Religión Digital, cree que la decisión de Francisco tiene ante todo un alcance "simbólico", porque supone la retirada de un "privilegio". "Viene a decirles: 'Ustedes no son los elegidos, como siempre han creído. Son una institución más'", explica. Vidal cree que el Opus, pese a la rápida aceptación de la orden pontificial, demorará la aplicación de los cambios amparándose en su exigente burocracia interna. A su juicio, la degradación "escuece" en La Obra, donde "los aspectos estéticos, simbólicos, de poder, son muy importantes". "Han perdido ese carácter exclusivísimo que tenían", concluye.

infoLibre solicitó hablar con algún responsable de la prelatura, sin respuesta.

¿Qué fue de la Ley de Libertad de Conciencia? Por el manto de silencio que la cubre, nadie diría que es un compromiso de gobierno con todos los honores, que atañe además a dos cuestiones especialmente delicadas para cualquier proyecto progresista: las libertades individuales y las relaciones del poder civil con el hecho religioso. Recogida en el programa del PSOE, incluida en el acuerdo de la coalición gobernante, la ley ha quedado en cambio casi totalmente excluida del debate político. La legislatura se aproxima a su tramo final –queda un año y medio como máximo– sin que haya constancia de ningún avance. Ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022 ha figurado en el plan normativo del Ejecutivo.

A preguntas de infoLibre, el Ministerio de Presidencia no detalla ningún avance, limitándose a señalar que la ley no está descartada. No es un mensaje suficiente para quienes reivindican su aprobación. El PSOE, partido mayoritario de la coalición de gobierno, empieza a recibir presiones para que el intento de superar la ley de 1980 no vuelva a quedarse en el cajón, como ocurrió en 2010. Dichas presiones llegan tanto de la sociedad civil como de Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno como socio minoritario. Europa Laica y el grupo morado han presentado sendas iniciativas legales. Y no se quedan sólo en la Ley de Libertad de Conciencia, sino que apuntan contra los Acuerdos con la Santa Sede de 1976-1979, anclaje del especialísimo estatus de la Iglesia católica en España.

El acuerdo de gobierno entre el PSOE y UP, suscrito en diciembre de 2019, recoge el siguiente compromiso en su artículo 5.5, dentro del capítulo de "Nuevos derechos": "Aprobaremos una Ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas". No hay más detalle.

Sobre el papel, el contenido debería ser ambicioso. El Gobierno se formó con elevadas expectativas en el campo del laicismo y la separación Iglesia-Estado. Y había sido el propio presidente Pedro Sánchez el que las había generado a lo largo de su trayectoria, en la que había ganado las primarias del PSOE apoyándose en mensajes laicistas y había llegado a defender la supresión de la referencia a la Iglesia en la Constitución, la inclusión en la misma del "principio de laicidad" y la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede.

¿Se han cumplido las expectativas laicistas? No las más elevadas. De hecho, la derogación de los acuerdos con la Santa Sede no está en el acuerdo de gobierno. Medidas drásticas no ha habido. La relación Iglesia-Estado sigue como estaba. Ahora bien, ha habido avances en materias que afectan a la Iglesia. Y no sólo en materias, también en gestos. Sánchez y sus gobiernos –el de coalición, pero también el salido de la moción de censura de 2018– han ejercido con pulcritud aconfesional, una excepción en la democracia española. Quedan para la historia las tomas de posesión sin símbolos religiosos y el homenaje desprovisto de ropaje religioso a las víctimas del covid.

El Gobierno de coalición ha avanzado en terrenos sensibles para la jerarquía católica, como la eutanasia, y prevé una reforma de la ley del aborto. Ambas iniciativas cuentan con la oposición frontal del episcopado, que también se enfrentó a la reforma legal para penalizar el acoso a las puertas de las clínicas de aborto. A todo ello se suma la Lomloe, una norma educativa que rebaja el estatus de la asignatura de Religión, al no computar para la nota oficial.

En el otro lado de la balanza, el Ejecutivo ha acabado avalando las inmatriculaciones de la Iglesia, que en lo esencial ha hecho prevalecer su posición. No se han producido las "modificaciones legislativas" para recuperar los bienes inmatriculados "indebidamente". El Gobierno sólo anota en su balance en este campo una mayor transparencia y el cuestionamiento de un millar de registros. Además, la jerarquía católica mantiene de momento sus privilegios fiscales, incluida la exención del IBI incluso en inmuebles en los que hace negocio. La fiscalización de la relación económica Iglesia-Estado por parte del Tribunal de Cuentas no ha supuesto cambios de fondo. No ha habido avances hacia la autofinanciación. La Conferencia Episcopal sigue acumulando superávit gracias al dinero público y enviando parte de estos fondos a Trece TV. Está por ver en qué queda la investigación del Defensor del Pueblo sobre la pederastia.

Para cerrar el balance falta la Ley de Libertad Conciencia, que sigue pendiente. En España aún rige la Ley de Libertad Religiosa, de 1980, que dejaba atrás el nacionalcatolicismo pero sin amenazar en nada la relación prevalente del Estado con la Iglesia. Con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa llegó a formarse un grupo de trabajo para una norma que superase la de 1980, pero el presidente acabó metiéndola en un cajón en 2010, ya con la crisis económica encima. Curiosidades de la historia: aunque fue acusado por el PP y la Conferencia Episcopal de abanderar un "laicismo radical", Zapatero fue el presidente que subió la asignación vía IRPF a la Iglesia del 0,5239% al 0,7% por cada equis marcada, un incremento que ha permitido a la institución recibir 2.653,98 millones en los últimos diez años.

Casi doce años después del carpetazo de Zapatero, ¿llegará al Consejo de Ministros un anteproyecto de Ley de Libertad de Conciencia? Aunque está en el acuerdo de gobierno, no ha figurado en ningún plan normativo del Ejecutivo. "Esta ley no está en el plan normativo de este año, lo que no significa que se descarte", señala a infoLibre el Ministerio de Presidencia.

El PSOE está ya bajo presión por este retraso. El principal ariete en la sociedad civil es Europa Laica, la organización de referencia del movimiento laicista, que aprobó en su asamblea de mayo una actualización de su anterior propuesta legislativa, de 2009. "Regular el derecho a la libertad de conciencia está pendiente desde la ley de 1980, que es ya una ley impropia del tiempo que vivimos. El Gobierno tiene este tema olvidado. No está en el plan normativo a pesar de figurar en el acuerdo del Gobierno de coalición de avanzar en cumplimentar estas carencias democráticas. Pretenden que quede otra vez en el cajón, no interesa. No hay voluntad política de hacer nada que irrite a la jerarquía [católica]", señala el presidente de Europa Laica, Juanjo Picó. "Ademas –añade–, es necesario ya avanzar en la aconfensionalidad o laicidad estatal según mandata el artículo 16 de la Constitución".

La propuesta de Europa Laica, de 20 páginas, es una enmienda a la posición de la Iglesia en España, con énfasis en su acceso al dinero público y a la enseñanza. Su aprobación sería un revolcón histórico a la institución. La norma, de inspiración republicana y acento francés, incide en la protección de la libertad de conciencia y la separación Iglesia-Estado, sobre todo en los espacios en los que se puede entender que hay un trato preferente para la institución católica. Al mismo tiempo que establece mecanismos para proteger la libertad de creer –o no creer– y de expresar –o no– esas creencias, señala que dichas creencias no deben tener "ningún tipo de protección legal especial" frente a la libertad de expresión, lo que apunta contra el controvertido delito de ofensa a las sentimientos religiosos.

Se trata de una ley de amplio espectro, que abarca las inmatriculaciones, la eutanasia y el aborto, los límites de la objeción de conciencia, la neutralidad del espacio y los medios públicos y de las ceremonias estatales, la protección de la infancia frente al adoctrinamiento dogmático o la obligación de los cargos públicos de abstenerse de participar oficialmente en ritos religiosos o de poner a las instituciones –o sus instalaciones– al servicio de los mismos. La norma establece que el Gobierno llevará al Congreso la ruptura de los acuerdos con el Vaticano.

La ley establece lo siguiente: "Ninguna administración pública podrá destinar recursos públicos [...] de forma directa, indirecta o en condición de privilegio" a las entidades religiosas "para promover o favorecer su creación, desarrollo o proselitismo", ni tampoco para "financiar su viabilidad y sostenimiento". Es decir, no podría haber casilla de la Iglesia en el IRPF. También sería el fin de los privilegios fiscales. Los bienes culturales histórico-artísticos de la Iglesia "formarán parte del Patrimonio Histórico Español", aunque en ellos se permitiría el culto. Además de la fiscalidad, el otro frente en el que se centra la norma es la educación. "El Estado no sostendrá con fondos públicos a los centros educativos privados de una opción de conciencia particular", señala la ley. De modo que se acabaría la concertada católica, principal bastión de influencia de la Iglesia en España.

UP, por su parte, está a la espera de que la Comisión Constitucional del Congreso debata su proposición no de ley (PNL) de "impulso de cambios normativos concernientes a la libertad de conciencia y la laicidad". Se trata de una iniciativa "trabajada junto a Europa Laica y Andalucía Laica, con reivindicaciones históricas del movimiento laicista y que pretende volver a poner este tema encima de la mesa", explica la diputada del grupo morado Martina Velarde. "Aunque las PNL no son vinculantes, es importante que este tema no se olvide, más aún cuando hay un acuerdo en el programa de gobierno de coalición", explica. A su juicio, España mantiene "un déficit en este terreno [separación Iglesia-Estado], con casos evidentes como el del alumno de Córdoba que denunciaba la presencia de crucifijos en espacios escolares públicos". "Sería tremendo que no saliese adelante la ley, ni me lo planteo. Es un acuerdo de gobierno, es algo firmado, no es algo que nos saquemos de la manga a mitad de legislatura", expone Velarde, para quien estamos ante una "asignatura pendiente".

Es cierto, como admite Velarde, que las PNL no son vinculantes. Pero el Gobierno puede hacerlas suyas, más aún cuando hay un acuerdo previo. La exhumación de Franco se realizó porque la reclamó el Congreso en una PNL. Será interesante ver el resultado de la votación de la iniciativa presentada por los diputados de UP Martina Velarde y Txema Guijarro, que insta al Gobierno a medidas como estas:

– Presentar al Congreso una Ley de Libertad de Conciencia.

– Presentar al Congreso la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede del año 1976.

– Recabar las notas simples de los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946 hasta 1998, para revertir después las inscripciones sin justificación documental.

– Garantizar mediante cambios legales que los bienes de interés cultural en posesión de las instituciones eclesiásticas "sean declarados de dominio público".

De momento no hay fecha para la votación.

Unidas Podemos reclama en el Congreso el impulso de una ley orgánica de Libertad de Conciencia que "garantice la laicidad" del Estado y que el patrimonio con categoría de interés cultural en posesión de las instituciones eclesiásticas se declaren de dominio público, según informa Europa Press.

También solicita derogar los Acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979, así como los pactos existentes de este tipo con las confesiones minoritarias.

Así lo plantea el grupo confederal mediante una proposición no de ley, impulsada por el diputado Txema Guijarro, para su debate en la Comisión Constitucional y que, además, exige recabar de los registros de propiedad el listado y notas simples de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia católica desde 1946 a 1998, al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria vigente en ese periodo.

En esta iniciativa demanda acometer las modificaciones legislativas oportunas para recuperar esos bienes inmatriculados, como ya ha planteado en otras iniciativas.

Pero también demanda cambios normativos para que los bienes que constituyan patrimonio histórico declarado de interés cultural, y que estén en posesión de la Iglesia, pasen a las administraciones y mediante la declaración de dominio público.

Por otro lado, Unidas Podemos pide el impulso del Congreso de los Diputados a un proyecto de ley que garantice la laicidad del Estado y la libertad de conciencia de las personas "independientemente de sus convicciones".

Esta propuesta normativa es un compromiso que la formación ha planteado años atrás y que, por ejemplo, figura en su programa electoral desde 2016 y también es un punto del acuerdo de coalición, que en su punto 5.5 especifica la aprobación de una Ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la "neutralidad" frente a todas las confesiones religiosas.

Mediante la exposición de motivos de la PNL, Guijarro relata que desde la aprobación de la Constitución en 1978, España "acusa una carencia de legislación en materia de libertad de conciencia", que cubra "todo tipo de convicciones personales", así como "regular la laicidad institucional y la correspondiente separación Iglesia-Estado".

Esta situación, relata el parlamentario, es fruto "en gran medida del pasado dictatorial nacional-católico, un anacronismo que debe ser superado para equiparar al país con los Estados del entorno".

De hecho, recalca que Ley de Libertad Religiosa recoge la libertad ideológica y de culto, pero no es suficiente y responde a un contexto histórico, pues su aprobación fue en 1980, "ya superado", dado que España ha avanzado en "pluralidad en cuestiones ideológicas, religiosas y de opciones de pensamiento".

Por todo ello, Guijarro afirma que es necesaria la promulgación de una ley de libertad de conciencia, "con el fin de superar el vacío legal soportado hasta el momento, regulando la libertad de pensamiento y conciencia, a nivel tanto individual como colectivo, y a su vez actualizar la legislación referente a la libertad religiosa, al igual que la necesidad de garantizar un tratamiento igualitario para toda la diversidad de la sociedad española en este aspecto".

"Todo ello debería hacerse bajo un mismo paraguas, debido a que todas estas realidades se corresponden con un mismo concepto: la libertad de conciencia. La nueva ley debe ser extensiva y sensible a todas las opciones de conciencia y pensamiento posibles, sustituyendo a Ley de Libertad Religiosa", razona.

De esta forma, también pide la supresión de los Acuerdos con la Santa Sede por lo que suponen de "clave de bóveda de los privilegios de todo tipo de la Iglesia católica", como "herencia persistente del nacionalcatolicismo".

Respecto a las inmatriculaciones, la iniciativa recuerda que se realizaron un total de 34.961 a favor de la Iglesias entre 1998 y la entrada en vigor de la actual normativa en 2015, de los cuales 20.014 son templos y el resto otro tipo de fincas.

Además, el informe elaborado por el Ejecutivo no abarca todo el ámbito competencial desde 1946, por lo que sospecha que la incidencia real de las inmatriculaciones es "aún mayor". Finalmente, califica de "insuficiente" la cifra de un millar de bienes sobre los que la Iglesia dice que no le consta su titularidad o que corresponden a terceros.

El Gobierno ve "muy difícil" que la negociación con la jerarquía católica acabe con una rebaja de la exención del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la más emblemática ventaja tributaria de la Iglesia en España. Así lo revela a infoLibre una fuente al corriente de las conversaciones entre el Ministerio de Presidencia y la Conferencia Episcopal (CEE), con Félix Bolaños (PSOE) y Juan José Omella al frente. El hecho de que la Iglesia comparta este beneficio fiscal con el resto de "entidades sin fines lucrativos", entre ellas ONG y fundaciones, resulta decisivo para alejar al Gobierno de la posibilidad de una modificación de esta exención, ya que obligaría a cambios legales ad hoc para la institución católica, añade esta fuente.

Las negociaciones sí se encaminan a una rebaja de los beneficios de la Iglesia en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), en el que la propia cúpula de la Iglesia admite que goza de un posible "privilegio". En cuanto al IBI, no cambiar el régimen de la Iglesia supondría mantener el beneficio fiscal no sólo para edificios de culto o caridad, que no ha estado en discusión, sino también para aquellos en los que la Iglesia hace negocio. Es un terreno delicado. Hay al menos dos sentencias europeas que, sin entrar expresamente en el caso del IBI de la Iglesia en España, sí apuntan a una posible colisión de esta ventaja fiscal con la prohibición europea de dar ayudas de Estado.

El Ministerio de Presidencia evita realizar cualquier comentario. La consigna mientras duran los trabajos es "no se radian negociaciones". Quien sí las ha radiado ha sido el secretario general y portavoz de la CEE, Luis Argüello, que ha afirmado: "Ellos [el Gobierno] reconocen que en el IBI la Iglesia tiene el mismo régimen que todas las entidades no lucrativas. El Gobierno no desea cambiar el régimen fiscal de la Iglesia en este asunto. No tienen intención de reformar la Ley de Mecenazgo". Tras dar por saldada satisfactoriamente para sus intereses la disputa por las inmatriculaciones y mientras trata de fijar una posición común sobre la investigación oficial por la pederastia, la CEE ve a buen recaudo su exención del IBI.

Europa Laica estima que la exención del IBI libra a la Iglesia –es decir, a las miles de entidades que componen la Iglesia– del pago de 700 millones al año, si bien el cálculo no delimita qué parte es por inmuebles que sirven a una actividad económica. Consultada por este periódico, la CEE no responde sobre el número de inmuebles libres de IBI con los que hace negocio ni sobre la posible colisión de esta ventaja fiscal con la normativa europea.

Desde la llegada de Pedro Sánchez (PSOE) a La Moncloa, la relación del Gobierno con la jerarquía católica ha estado marcada por asuntos de gran alcance político. El primero fue la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, que el Gobierno acometió en octubre de 2019. Una vez sacado el dictador, llegó la hora de hablar de la relación Iglesia-Estado. Tras la elección como presidente de la CEE en marzo de 2020 de Juan José Omella, tenido por dialogante y reformista, el Gobierno y la cúpula eclesial abrieron una negociación sobre asuntos de "interés mutuo". Uno de estos asuntos es la fiscalidad, objeto de una subcomisión propia en las negociaciones.

Una serie de sentencias judiciales y posicionamientos públicos del Gobierno y del PSOE habían generado la expectativa de que la negociación en el terreno tributario podría suponer una rebaja de la exención del IBI. La cuestión no está cerrada, porque la subcomisión sigue abierta. No obstante, el Gobierno lo ve "muy difícil.

Pero, ¿de qué beneficio fiscal estamos hablando? La explicación obliga a mirar más de 40 años atrás.

La exención del IBI de la Iglesia está asentada en el acuerdo económico entre el España y el Vaticano de 1979. No obstante, dicho pacto sólo prevé la exención para casos específicos, como templos de culto, residencias de religiosos y seminarios, entre otros. No es una exención pensada para inmuebles en los que se realiza una actividad lucrativa, por ejemplo alquileres a terceros o explotación comercial directa. Sin embargo, la Iglesia se beneficia en la práctica de una exención generalizada, que incluye a inmuebles en los que se desarrolla actividad económica lucrativa. ¿Ejemplos? La Iglesia se ha librado del pago del IBI por aparcamientos en ciudades como Almería y Lugo o por un hotel en la Costa Brava, por citar tres casos acreditados por infoLibre.

Los intentos de cobro por parte de ayuntamientos han aflorado más exenciones que no responden a lo previsto en el acuerdo con la Santa Sede. El Ayuntamiento de Barcelona pretende el cobro de 22.000 euros de IBI por un edificio que una congregación tiene alquilado a una empresa educativa en Barcelona, asunto que está dirimiéndose en los tribunales. En Valencia, su concejal de Hacienda, Borja Sanjuán (PSPV), explica a este periódico que estudia posibles liquidaciones por un importe de unos 4 millones por inmuebles en los que se desarrollan actividades económicas, la mayoría de la Iglesia. Sanjuán cita como ejemplos locales alquilados para restauración u oficinas, pisos arrendados e incluso un hospital que se beneficia de la exención mientras los públicos sí pagan.

No son los únicos casos, ni mucho menos. ¿Cuántos son? Averiguarlo sería una odisea. La Iglesia está compuesta por unas 40.000 entidades con elevado grado de autonomía. Conocer la cuantía global de lo exento exigiría información de todos los ayuntamientos de España, con detalle sobre el titular del bien con beneficio fiscal, su uso y la cantidad que se deja de pagar. La Iglesia no ofrece información en sus memorias anuales que permita ni acercarse a eso.

La exención del IBI, aunque originalmente era limitada, se viene aplicando de forma generalizada. Las excepciones sólo son posibles cuando un ayuntamiento se decide a intentar girar un recibo a la Iglesia si entiende que disfruta una exención injustificada. Se abren entonces largos procesos administrativos y judiciales, porque la Iglesia recurre por sistema. Aunque la cuestión es controvertida jurídicamente, la balanza se inclina en los tribunales del lado de la institución católica, que ha logrado dos sentencias en el Constitucional (2013) y el Supremo (2014) que avalan la interpretación extensiva de la exención.

Las victorias de los ayuntamientos son excepcionales. Sobresale un ejemplo. Una sentencia de 2017 que no fue recurrida obligó a la Iglesia a pagar el IBI por tres negocios en el Santuario de Lluc, en Escorca (Mallorca). La clave estaba en que la entidad religiosa explotaba directamente los bienes. En cambio, la exención en caso de alquiler a un tercero –de locales, pisos, aparcamientos– viene recibiendo mayoritariamente el aval judicial. El porqué se encuentra en la Ley de Mecenazgo de 2002, que mediante un intrincado articulado acaba por establecer exenciones no ya por la naturaleza de la actividad, sino por el origen de los ingresos, dejando exentos los alquileres.

Un cambio de los beneficios de la Iglesia en el IBI exigiría al menos la modificación de dicha ley, que equipara a las entidades religiosas con ONG y fundaciones. La exención se extiende a los partidos políticos, que llegan a ella a través de la Ley de Financiación de Partidos, explica Hacienda. El hecho de tener que cambiar una Ley de Mecenazgo es considerado por el Gobierno un serio escollo para revisar la exención del IBI de la Iglesia, según la mencionada fuente conocedora de su posición. Argüello, portavoz de la CEE, afirma que los representantes del Gobierno han manifestado que no tienen intención de cambiar esa norma, que afecta a miles de ONG, fundaciones y asociaciones de utilidad pública.

No tocar el IBI de la Iglesia puede tener sus riesgos. La exención de este impuesto en edificios con uso lucrativo lleva años siendo objeto de controversia. De hecho, es un beneficio claramente bajo sospecha judicial.

Hay dos casos clave. El primero arranca en Getafe, donde el Ayuntamiento le cobró 24.000 euros del ICIO a los Escolapios por una obra de ampliación de un colegio. La organización religiosa reclamó la devolución. El juzgado en el que acabó el caso lo elevó al Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, que en junio de 2017 estableció que esta exención "puede estar comprendida" en el ámbito de las ayudas ilegales de Estado recogidas en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Las exenciones son ilegales si las actividades protegidas "son de carácter económico". En esta ocasión lo era y el ayuntamiento ganó.

En el segundo caso, el Tribunal de Luxemburgo obligó en noviembre de 2018 a cobrarle a la Iglesia el impuesto sobre bienes inmuebles (ICI, en Italia) atrasado por establecimientos donde desarrolle actividades comerciales, también con el argumento de que lo contrario sería una ayuda de Estado.

Estas dos sentencias parecían fortalecer la posición del Gobierno de España fijada en octubre de 2018 por la entonces vicepresidenta, Carmen Calvo, que afirmó haber trasladado al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, su deseo de la Iglesia pague por "aquellos inmuebles o actividades en las que no se produce culto".

Es más, el Gobierno encontró en marzo de 2019 otro refuerzo a su posición en la figura del papa Francisco, que en una entrevista en La Sexta afirmó que la exención del IBI sólo estaba justificada en el caso de los inmuebles con uso religioso o social.

Así que eran al menos cuatro los elementos que alimentaban la hipótesis de que la negociación sobre fiscalidad entre el Gobierno y la CEE cuestionaría la exención del IBI en los inmuebles en los que se desarrollan actividades lucrativas: 1) La sentencia europea del caso de Getafe, aunque referida al ICIO, que apuntaba a posibles ayudas de Estado. 2) La sentencia europea sobre el IBI, aunque referida a Italia, que también alertaba sobre las ayudas de Estado. 3) Las intenciones declaradas por el Gobierno. 4) La posición del papa. Además, aunque la medida no está recogida en el programa de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, sí lo está al menos como intención en las resoluciones del último congreso del PSOE.

¿Quedará finalmente intacto el IBI de la Iglesia? Juanjo Picó, presidente de Europa Laica, tiene dudas y se muestra extrañado ante la posibilidad de que el Gobierno no elimine el beneficio fiscal cuando hay negocio. "La sentencia de Getafe es aplicable al caso del IBI. Creo que dejar las cosas así podría ser una pifia que acabara en una sentencia europea contra España. En este tema aún no se ha dicho la última palabra", señala Picó, que recuerda que la Iglesia sólo perdió la exención del IVA en 2007 bajo presión de al UE.

"Si no tocan el IBI de la Iglesia, no tocan nada. Entiendo que el Gobierno pueda intentar escaparse con la coartada de que la Iglesia está bajo el mismo paraguas que las ONG, pero lo cierto es que el patrimonio de la Iglesia y la explotación que hace del mismo es incomparable. Además, jurídicamente no se sostiene. La Iglesia es una institución peculiar, la propia Constitución la nombra. Está perfectamente justificado un régimen aparte", explica el economista Enrique Ruiz del Rosal, especializado en fiscalidad de la Iglesia, que cree que la exención tal y como se aplica ahora mismo constituye una "clara" vulneración del principio de "libre mercado". Ruiz del Rosal coincide con Picó: dejar el IBI como está expone a España a un varapalo de la Justicia europea por ayudas de Estado.

Hace diez años un grupo de personas preocupadas por la gestión y titularidad de la Mezquita de Córdoba crearon la plataforma ciudadana Mezquita-Catedral, Patrimonio de Tod@s. Fueron dos acontecimientos muy relevantes, cometidos por la jerarquía católica, los que colmaron el vaso de tanto despropósito: la inmatriculación de la mezquita en el año 2006 por treinta euros y el borrarle su nombre en el 2010. Dos atentados contra la titularidad y la historia del monumento andalusí, respectivamente, que hizo que la sociedad no se quedase inmune ante tales hechos y reaccionara con 400.000 firmas en la plataforma Change.org, exigiendo la reparación de dichos infortunios.

Jamás hubiéramos pensado que, una vez pasada la dictadura franquista, pudiesen darse estos atropellos en un estado social y democrático de derecho. Hemos tenido unos Gobiernos que han permitido que la jerarquía católica inmatriculase miles de bienes, algunos de ellos declarados “Patrimonio de la humanidad”, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Catedral de Burgos. Y lo más grave es que no piensan mover un dedo para revertir las inmatriculaciones. El actual Gobierno de coalición en el punto 5.11 de su programa se comprometió a realizar: “las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros”. Al final no solo no ha legislado sino que ha negociado con la Conferencia Episcopal Española una especie de paripé con pretensión de zanjar este escandaloso asunto de Estado.

Los tres últimos obispos de Córdoba, de la línea más integrista de la jerarquía católica, han puesto el acento en la Catedral de Córdoba, que ocupa el corazón de la mezquita, pretendiendo diluir su historia, memoria y apagar su peculiaridad de interculturalidad e interreligiosidad, cualidades por las que la Unesco en el año 1984 la declaró “Patrimonio de la Humanidad”. Sin embargo, gracias a la mezquita sacan todos los años pingües beneficios con las visitas turísticas. Nos recuerda a la cenicienta, la que sacaba la casa adelante mientras las holgazanas de sus hermanastras la denigraban y vapuleaban.

No había ninguna necesidad de todo ello. Los obispos a lo largo de la historia se han considerado usuarios de este magnífico y universal templo, nunca propietarios. No se escandalizaron de que el pueblo llano le siguiese llamando mezquita. Mi madre, por ejemplo, como muchas personas de Córdoba, solía decir: “voy a misa a la Mezquita”. Al contrario, hubo obispos empeñados en devolverlo su glorioso pasado andalusí. Como decía mi abuelo: “los moros pusieron a Córdoba en el mundo”.

Mientras la ciudadanía pulsó la alarma a tanta arbitrariedad, tanto el Gobierno central, como la Junta de Andalucía, como el Ayuntamiento de Córdoba han mirado hacia otro lado. Si no hubiese sido por la plataforma ciudadana, la Mezquita seguiría llamándose oficialmente, en sus cartelerías, trípticos…, Santa Iglesia Catedral, como tantas hay en el mundo.

El Gobierno de Rajoy, presionado por el Alto Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y las plataformas patrimonialistas, retiró el artículo de la ley hipotecaria que permitía las inmatriculaciones por su inconstitucionalidad. La mezquita, como miles de monumentos, se encuentran bajo este marco inconstitucional y las plataformas ciudadanas patrimonialistas seguirán luchando hasta que consigan una legislación que ponga orden a todo este desaguisado, que se inició en 1946 por el dictador Franco. El obispado y cabildo catedral de Córdoba no tienen ningún documento histórico que acredite que la mezquita es propiedad de la Iglesia católica. Podrán seguir diciendo misas, bautizando, casando, confesando bajo sus arcos, pero los únicos y legítimos dueños del monumento es su pueblo, sus hombres, mujeres, niños y niñas ya sean creyente o no. A un pueblo no se le puede usurpar su memoria, su dignidad, su historia, su patrimonio.

La mejor explicación que se ha dado para demostrar las intenciones del obispo de Córdoba la dio hace unas semanas la directora del Museo Diocesano y también de la Biblioteca Diocesana: “El que visita la Catedral de Córdoba y cree que ha visto una mezquita no ha entendido nada del edificio” (El Día de Córdoba). Como dice el periodista Ángel Munárriz autor de Iglesia S.A.: “El tinglado (se refiere al poder de la iglesia católica) viene de una inercia de siglos. La democracia no lo ha desmontado del todo”.

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Miguel Santiago Losada es profesor, escritor y portavoz de la plataforma “Mezquita-Catedral, patrimonio de tod@s”.

La Coordinadora Recuperando, plataforma especializada en la recuperación de patrimonio público, ha solicitado de urgencia una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con motivo de las inmatriculaciones de la Iglesia católica de España. Según la coordinadora, las soluciones alcanzadas por el ejecutivo se alejan de un escenario justo, donde calculan que hasta 100.000 inmuebles en todo el país se hallan fuera de "la legalidad constitucional".

"El Gobierno ha celebrado decenas de encuentros con la Iglesia católica y no ha querido recibir ni una sola vez a las asociaciones ciudadanas", denuncian desde Recuperando, y aclaran que este "apaño escandaloso" tan sólo servirá para legalizar las decenas de miles de inmatriculaciones que la Iglesia logró "en virtud de una ley franquista que le otorgaba el privilegio medieval de inscribir bienes con la única autocertificación del diocesano".

Así, la coordinadora ha reprochado sistemáticos desplantes por parte de miembros del Gobierno, entre quienes incluyen a la exvicepresidenta Carmen Calvo y a los ministros Juan Carlos Campo, Miquel Iceta y Pilar Llop. "Hasta cinco ministros de Pedro Sánchez tienen en sus correos electrónicos solicitudes formales de Recuperando para conocer las reflexiones y las propuestas de la coordinadora ciudadana", han explicado en la nota de prensa. Han criticado igualmente el trato concedido a la Iglesia, con cuyos representantes se habrían reunido decenas de veces "para negociar en la más absoluta opacidad". Recuperando ha incidido igualmente en el anuncio de Pedro Sánchez en su discurso de investidura, donde prometió impulsar modificaciones legislativas para “revertir las inmatriculaciones”.

La coordinadora también ha vuelto a incidir en los múltiples bienes del "legado cultural y arquitectónico" que obran en posesión ilícita de la Iglesia, tales como la Mezquita de Córdoba, el arte prerrománico asturiano o el tesoro mudéjar de Aragón. "El Gobierno de Pedro Sánchez ha ignorado sistemáticamente todas las solicitudes de reunión formuladas por Recuperando, que lleva trabajando 15 años por la nulidad de las inscripciones eclesiásticas y la devolución de miles de bienes públicos", han detallado.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno "no renuncia" al resto de 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia católica en España, y ha puesto en valor que ya ha "recuperado mil", según informa Europa Press.

"El Gobierno no renuncia a ninguno de esos 35.000 bienes, lo que hemos hecho es un primer acuerdo, un buen comienzo, a través del diálogo, hemos conseguido que la Iglesia católica reconozca que hay 1.000 bienes que son de otros titulares o que no les consta quién es el titular", ha precisado Bolaños.

Así lo ha manifestado el ministro este miércoles en respuesta a la pregunta de la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta, sobre si el Ejecutivo "renuncia a recuperar las decenas de miles de bienes inmatriculados ilegalmente por la Iglesia católica".

La diputada de EH Bildu ha tachado de "escándalo monumental" la inmatriculación de bienes por la Iglesia y ve "inasumible" el "apaño pactado entre el Gobierno y la Iglesia" sobre un millar de bienes. Por ello, ha pedido al Ejecutivo que sea "valiente" y "ponga fin a este expolio patrimonial sin precedentes".

Por su parte, Bolaños ha querido poner en valor las negociaciones entre el Gobierno y la Iglesia y ha asegurado que ya han continuado trabajando en la comisión sobre inmatriculaciones.

"A usted 1.000 bienes le parecerá insuficiente pero en 25 años se han recuperado cero, y este Gobierno ha recuperado 1.000", ha enfatizado el ministro de Presidencia.

La pregunta de la diputada de EH Bildu se plantea una semana después de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, en la que trataron el asunto de los bienes inmatriculados.

En concreto, según la Conferencia Episcopal Española, en dicha reunión entregaron un informe al Gobierno con 2.500 incidencias detectadas en el listado de casi 35.000 bienes inmatriculados publicado por el Ejecutivo hace un año. Entre esas 2.500 incidencias, hay mil bienes que son de terceros o sobre los cuales a la Iglesia no le consta que sean de su titularidad.

Por su parte, desde el Gobierno, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha afirmado que han llegado a un "primer acuerdo" con la Iglesia para recuperar 1.000 bienes que fueron inmatriculados indebidamente.

Mientras, el Colegio de Registradores ha asegurado que es "totalmente incorrecto" decir que esos bienes fueron inmatriculados indebidamente porque, en realidad, fueron inscritos "de acuerdo a la ley vigente" y ha subrayado que las 35.000 propiedades que aparecen en el listado están "correctamente inscritas".

Además, en una entrevista con Europa Press, el vicedecano del Colegio de Registradores, José Miguel Tabarés, ha precisado que en el informe entregado por la Conferencia Episcopal al Gobierno "en ningún momento se dice que la Iglesia vaya a devolver mil bienes", lo cual no quiere decir que no sean de su propiedad.

De hecho, han realizado un muestreo sobre los bienes que a la Iglesia no le constan o sobre los que le faltan datos y han concluido que los titulares de los mismos son los obispados.

En el fragor de la pandemia y la mayor crisis de seguridad de Europa por Ucrania hay noticias que parecen menores, imperceptibles en las portadas, y son un flasback a los años y fracasos que vivimos hace no tanto. Esta semana, España ha caído dos puestos en el ranking de Transparencia Internacional y ha retrocedido en el Índice de Percepción de la Corrupción (ICP). Con todo lo que ha llovido, no es que no interese, es que ni se percibe. 

Después del cambio de Gobierno en 2018 y las macrocausas judiciales encauzadas, parece que ha pasado un siglo desde la década del gran despilfarro público. Esos años que describe a la perfección el juez Joaquim Bosch en su último libro, La patria en la cartera, y nos lleva a preguntarnos con cierta obsesión: ¿Esa corrupción podría volver? Mi impresión es que sí. No será ese Gandía Shore del desfalco que vivimos porque la historia nunca se mira en el mismo espejo. Pero de alguna manera estamos bajando la guardia. Con alertas que deberíamos reconocer y vuelven a ser el silbato de Galton que pocos escuchan.

Como hay varios tipos de laissex-faire en el abuso de poder, al menos las inmatriculaciones de la Iglesia han servido para poner el foco en esa corrupción colateral, las leyes diseñadas para consolidar privilegios y legitimar irregularidades. Y una vez se decide derogar, a pesar de su dudosa constitucionalidad, no se llega hasta el final. En este caso, el Ejecutivo quiere poner en valor el entendimiento por el cual la Iglesia reconoce haber expoliado al menos mil bienes. Pero el acuerdo funciona como una amnistía. Evita investigar si hubo dolo, si registraron propiedades sabiendo que no eran suyas y cuánto se han enriquecido con el robo de bienes. 

La ley franquista que amplió José María Aznar para permitir a la Iglesia poner a su nombre cualquier propiedad con una simple certificación eclesiástica solo sirvió para aumentar el patrimonio de la Conferencia Episcopal. Dice Carmen Calvo, impulsora de la Comisión, que esto no ha hecho más que empezar: “Tiene que haber mucho más”. Veremos. Hasta hoy, en lo legislativo, la devolución de las inmatriculaciones se queda corta. En lo social, aunque sirve para reforzar la concienciación pública, la idea de que la Iglesia no puede tener privilegios heredados del franquismo, impropios de un Estado moderno, europeo y aconfesional.

Esta ley nos ha recordado otras. El PP ha aprobado en demasiadas ocasiones normas donde crece la trampa. Pero en términos de mala praxis es clave también el reproche moral. Desgraciadamente, sin escándalo público, no hay condena política. Y este surge de la concienciación social, el acuerdo tácito por el que diferenciamos el bien del mal. Esta semana conocimos un caso local, como tantos, que explica esa caída en el Índice de Percepción de la Corrupción. En un pueblo de Madrid, Arroyomolinos, año 2016, la oposición rescató tres bolsas de basura con documentos de los que el PP intentaba deshacerse. Se recuperaron extractos bancarios y contratos que demostraban cómo una empresa con 700.000 euros en adjudicaciones pagaba en concepto de alquiler un piso propiedad de la concejal Ana Millán. Esta semana, la Guardia Civil registraba su despacho ya como alcaldesa. En su día, el PP no hizo nada cuando publiqué la información, al revés, le perdonó el chanchullo, no investigó si el alquiler era un cohecho encubierto, fue ascendida a candidata y a las listas del Congreso. Pero el registro policial pidiendo estos contratos es un paso más que una publicación en un medio. Hace no tanto, si la Guardia Civil entraba en el despacho de una alcaldesa o alcalde, públicamente se pedía su baja en el partido, un expediente. Ahora, amortizado el pasado, no hay consecuencias, ni debate, ni escándalo. 

Otro ejemplo reciente. De todos los contratos bajo sospecha del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con uno saltan las alarmas. A su exnovio, de profesión peluquero, le han fichado en una tecnológica como directivo por su agenda inmobiliaria, según la versión oficial. De 3.000 euros a 500.000 euros en contratos públicos. El paquete básico repetido en tantas ocasiones: amigo, familiar, ‘novio o novia de’ consigue un trabajo para el que no tiene ninguna cualificación previa donde se forrará en unos años a cargo de dinero público. ¿Ha habido revuelo? ¿Ha ocupado portadas? No las necesarias. 

Cómo estamos reaccionando a ciertas noticias es un indicador de cierta saturación, y el Índice de Transparencia Internacional nos está avisando de la relajación. Pero este país ha pasado por tanta corrupción y en tan poco tiempo que necesita una reflexión sobre qué andamios legales hacen falta  para no repetir la década de los 2000. Qué legislación necesitamos para evitar que las malas prácticas se cronifiquen. El catedrático Manuel Villoria, miembro del Comité de Dirección en España de Transparencia Internacional, escribía esta semana sobre la necesidad urgente de impulsar la agenda legislativa, las reformas del Consejo de Europa todavía pendientes. Seguimos sin una ley que proteja a los denunciantes. Y sin la ley de los lobbies. Europa ha pedido reiteradamente a España una norma que permita a los ciudadanos conocer qué empresas se reúnen con qué políticos en Congreso y Senado para influir en futuras regulaciones. Está atascada por el veto del PP y el PSOE no quiere reformarla sin su apoyo. Igual que está atascada la transposición de la directiva que proteja a futuros denunciantes. 

En la foto fija, el PP denuncia en Bruselas una corrupción de los fondos europeos falsa e inexistente, no toma medidas sobre las suyas y bloquea las reformas necesarias que aborden la corrupción, la de verdad, en su conjunto. El PSOE, con mil frentes abiertos, deja la regulación y el cumplimiento de las medidas de transparencia para el final de mandato. Una asignatura tan importante no puede seguir empantanada. Demasiados funcionarios pagaron con su puesto y su salud destapar los casos del pasado. Demasiados periodistas soportaron presiones para sacarlos a la luz. Pedro Sánchez llegó a la presidencia con la simbólica moción de censura contra la corrupción. Ahora, como piden los organismos europeos, toca ir más allá de los símbolos.