La falta de justificación y control se extiende a las ayudas públicas a las confesiones minoritarias

La auditoría del Tribunal de Cuentas sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia no se limita a la confesión católica. Abarca también a las organizaciones representativas en España de las religiones islámica, evangélica y judía. Concretamente, el órgano fiscalizador ha examinado a la Fundación Pluralismo y Convivencia, el ente público creado en 2005 para subvencionar a las religiones minoritarias. Esta fundación ha dedicado desde su constitución en 2005 más de 35 millones de euros a subvenciones a las organizaciones representantes en España de islámicos, evangélicos y judíos, que tienen acuerdos de cooperación con el Estado en calidad de confesiones de "notorio arraigo". El promedio es superior a 2,3 millones al año, como publicó infoLibre [ver aquí]. Las conclusiones del informe provisional del Tribunal de Cuentas, que todavía no ha sido sometido a la votación del pleno, suponen un cuestionamiento del funcionamiento de la fundación, así como de los controles ejercidos sobre el dinero que se reparte a las tres confesiones.

Dicha fundación, adscrita al Ministerio de Justicia, no había aprobado su "plan estratégico" de ayudas públicas cuando se cerró el periodo fiscalizado, lo cual supone un incumplimiento de la Ley de Subvenciones. Así lo recoge el Tribunal de Cuentas, que hace referencia a tres "deficiencias" en la "gestión de subvenciones": 1) En la aplicación informática utilizada, "no queda constancia de la persona que verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos, ni del momento en que se efectúan dichas comprobaciones". 2) Los informes técnicos de valoración de los proyectos que aspiran a las ayudas no incluyen "las razones del juicio técnico realizado". 3) La resolución de concesión de ayudas "no está motivada".

La Fundación Pluralismo y Convivencia "no dispone de instrumentos de control de carácter externo que le permitan evitar incumplimientos" del artículo 19.3 de la Ley de Subvenciones, que establece lo siguiente: "El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada".

El informe se encuentra en la fase conocida como de "dictámenes y observaciones", la última antes de su aprobación por parte del pleno del Tribunal de Cuentas, explica el órgano fiscalizador a preguntas de infoLibre. En su actual fase, el informe, junto con las alegaciones de todas las partes afectadas –entre ellas la Conferencia Episcopal y los departamentos del Gobierno concernidos–, es remitido a los miembros del pleno para que formulen sus observaciones, antes de la votación. El proyecto de informe que sea llevado al pleno puede todavía experimentar cambios en función de esas observaciones, que deben tener en cuenta también las alegaciones, señala el Tribunal de Cuentas. 

La fundación

El pasado mes de diciembre, infoLibre analizó las memorias económicas de Pluralismo y Convivencia, abarcando el periodo 2005-2018, e integrando en el análisis el presupuesto de 2019 y las últimas subvenciones ya concedidas, aunque todavía sin memoria, además de datos suplementarios aportados por este organismo público.

El grueso del dinero, más de 35 millones de euros, va dedicado a dos líneas de subvenciones, la 1 y la 2. La línea 1 es una ayuda directa a las federaciones que agrupan a las organizaciones de cada una de las confesiones. La línea 2 es para proyectos finalistas "culturales", "educativos", de "integración social".

Los destinatarios de los más de 35 millones repartidos son siempre los mismos: las organizaciones representativas de las confesiones minoritarias. La Comisión Islámica de España (CIE, islámicos) y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede, evangélicos) suman más del 42% cada una, mientras que la Federación de Comunidades Israelitas de España (FCJE, judíos) ronda el 15%, según el análisis realizado sobre las memorias.

El gasto en subvenciones es algo superior a 2,3 millones de euros al año. Esto significa que las confesiones minoritarias reciben una centésima parte de lo que de media se lleva la Iglesia católica vía IRPF desde la reforma de 2007 impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), que elevaba hasta el 0,7% el porcentaje de asignación por cada equis. Hay otras líneas de gasto de la fundación, vinculadas a estudios e investigaciones, pero no han llegado a consumir 3 millones de euros, según el análisis de las memorias. La actividad de la fundación se centra en derivar a las confesiones fondos que le han llegado previamente mediante una subvención nominativa recogida en el presupuesto del Estado.

Deficiencias

Cuantitativamente hay un abismo entre el dinero público recibido por la Iglesia católica y el del resto de organizaciones confesionales. Cualitativamente, hay una coincidencia: insuficiente control, al menos según lo detectado por el Tribunal de Cuentas.

En la justificación de las ayudas concedidas en la línea 1 a las tres federaciones, el Tribunal de Cuentas ha observado "deficiencias que impiden, por lo general, vincular los gastos justificados con las actividades o proyectos ejecutados".

Añade el informe: "Varias subvenciones de la línea 2 comprenden proyectos abiertos y genéricos, y el mismo carácter [abierto y genérico] tenía la justificación contenida en las respectivas memorias de actividades que no presentaban los gastos de forma que pudieran asociarse a los proyectos o actividades realizados". Ello "impedía valorar convenientemente el cumplimiento de los objetivos pretendidos con las subvenciones y, por tanto, si se había producido una utilización eficiente de los fondos públicos".

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El Tribunal de Cuentas recomienda en su informe al Ministerio de Justicia "analizar la posibilidad de modificar la regulación jurídica de las subvenciones" de la fundación "para reconducirla por la vía de los procedimientos excepcionales de concesión directa", recogidos en los artículos 22.2 y 28 de la Ley de Subvenciones. Esta vía, según el Tribunal de Cuentas, es "más apropiada para este tipo de ayudas".

La Fundación Pluralismo y Convivencia es una gran desconocida. El histórico entrañamiento entre el Estado español y la Iglesia, articulado a través de múltiples mecanismos entre los que destacan los acuerdos bilaterales de 1976-1979, ha eclipsado la relación de colaboración de los sucesivos gobiernos democráticos con el resto de confesiones religiosas. Pero tales relaciones existen. Y tienen implicaciones económicas que se articulan a través de esta fundación, ahora puesta en el punto de mira.

A lo largo de sus tres lustros de historia, ha pasado casi inadvertida en el bosque del sector público español. Tiene escaso relieve político. La han presidido siete ministros de Justicia: cinco del PSOE –Juan Fernando López Aguilar, Mariano Fernández Bermejo, Francisco Caamaño, Dolores Delgado y Juan Carlos Campo– y dos del PP –Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá–.