Una jueza pide investigar los 'Protocolos de la Vergüenza' en una sola causa por “sesgos discriminatorios"
Un juzgado de Navalcarnero ha dado un nuevo impulso a la posibilidad de investigar de forma conjunta la causa judicial de las residencias durante la pandemia en la Comunidad de Madrid. La jueza sostiene que las distintas denuncias no deben analizarse únicamente como casos individuales, sino que existe un elemento común —los protocolos, desvelados en exclusiva por infoLibre, y su aplicación— que debe ser investigado de manera conjunta.
Así consta en un auto fechado el 31 de julio de 2026, al que ha tenido acceso este periódico, en el que la titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero Plaza Dos plantea una cuestión de competencia negativa frente al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid.
La resolución parte de una discrepancia entre ambos órganos judiciales. El juzgado madrileño rechazó el pasado 12 de marzo asumir el procedimiento de Navalcarnero y consideró que correspondía a este último órgano conocer de los hechos. La jueza de Navalcarnero, sin embargo, rebate ese planteamiento y sostiene que el análisis debe centrarse en el posible carácter discriminatorio de unos protocolos que afectaron a un número indeterminado de residentes.
“No debe partirse de una valoración fragmentada de cada víctima”, afirma de forma expresa el auto. A continuación, la jueza señala que lo que debe determinarse es “si objetivamente los protocolos de derivación hospitalaria en residencias incorporaban sesgos discriminatorios que pudieran haber condicionado de manera generalizada la asistencia sanitaria disponible”.
El argumento central de la resolución es que las diferencias entre las víctimas —sus enfermedades, las residencias en las que vivían o si fueron trasladadas o fallecieron en el propio centro— no eliminan el elemento que, según la magistrada, conecta las distintas investigaciones.
“Si bien es cierto que concurren múltiples víctimas con diversas patologías, todas ellas se encontraban en la necesidad de que llegado el momento, en virtud de su estado de salud, se decidiese su derivación o no a centros hospitalarios conforme a los protocolos vigentes”, señala Carreras. Añade que son precisamente “dichos protocolos y su eventual aplicación uniforme los que constituyen el núcleo común de investigación”.
La jueza plantea así que la investigación determine si los protocolos de no derivación pudieron aplicarse siguiendo criterios discriminatorios relacionados con las características de los residentes. Entre ellos menciona expresamente “el grado de movilidad de la persona o el nivel de discapacidad”.
El auto contempla incluso la posibilidad de que estos criterios no fueran simples decisiones individuales, sino que respondieran a “sesgos estructurales para decidir quién debía o no ser derivado”. En ese supuesto, continúa la resolución, se habría podido producir una priorización de las personas que superasen determinados umbrales de movilidad o discapacidad, con “la consiguiente exclusión sistemática de quienes no lo hacían”.
“Debería haber una causa única”
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La resolución coincide con la tesis que vienen defendiendo las acusaciones particulares. Alejandra Jacinto, abogada de las acusaciones, sostiene en conversación con infoLibre que este auto refuerza los argumentos que las familias han mantenido desde el comienzo de las investigaciones. “Debería haber una única causa”, sostiene Jacinto, que a su juicio, aunque haya múltiples víctimas y cada caso haya tenido un desarrollo diferente, “todo obedece o parte de las mismas decisiones políticas”, en referencia a la aplicación de los protocolos y, especialmente, a la falta de medicalización.
La abogada considera especialmente significativo que la jueza de Navalcarnero cuestione directamente la tesis del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que ha defendido que las circunstancias de cada fallecimiento deben analizarse de manera individual. “Es bastante destacable que la jueza refuerza nuestros argumentos y combate los argumentos del Juzgado número 3, que dice que hay que ver caso por caso”, explica.
“La aplicación de los protocolos es lo que ha podido generar ese delito de discriminación”, afirma. “Los argumentos que da el auto son muy contundentes, en el sentido de que tiene que haber una única causa y que todo se debe investigar de forma conjunta”, sostiene. Queda ahora por ver la respuesta del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid y cómo se resolverá definitivamente la cuestión de competencia.
