La derecha agita la calle con su solidaridad "apolítica" con Ceuta mientras cierra la puerta a los menores

La crisis de Ceuta se ha convertido en el nuevo campo de batalla para la derecha, que busca transformar la solidaridad institucional en una ofensiva política. Mientras PP y Vox llaman a concentrarse este miércoles en apoyo a la ciudad autónoma, ambos chocan con sus propias contradicciones. Las dos formaciones reclaman que España no abandone Ceuta, pero sus gobiernos territoriales han rechazado, cuestionado o puesto obstáculos a algunas de las medidas destinadas precisamente a aliviar la presión que soporta la ciudad autónoma, especialmente la acogida y reubicación de menores migrantes. La ultraderecha lo hace de forma abierta, mientras el partido de Alberto Núñez Feijóo mantiene una posición deliberadamente ambigua, entre el compromiso de Génova de cumplir la ley y las resistencias expresadas por algunas de sus comunidades.

El PP presenta las concentraciones de este miércoles como una manifestación “apolítica” y de solidaridad con Ceuta, pero ha movilizado a toda su dirección y amenaza con convocarlas por su cuenta frente a los ayuntamientos socialistas que no se sumen. La extrema derecha ya dice directamente que acudirá para señalar al Gobierno de Pedro Sánchez y a Marruecos. Pero la solidaridad que reivindica el PP tampoco siempre se traduce en hechos allí donde gobierna, mientras Vox rechaza directamente asumir responsabilidades en la acogida. La pasada semana, las consejerías de Infancia controladas por los ultras no se presentaron a una reunión con el Gobierno central destinada a buscar soluciones conjuntas para aliviar la situación de los menores.

La batalla ha terminado, además, trasladándose al terreno municipal y complicando la posición del PSOE. Ferraz pidió inicialmente a sus cargos que no secundaran unas concentraciones que considera impulsadas unilateralmente por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y concebidas como herramienta de desgaste contra el Gobierno. Aun así, varios alcaldes socialistas han decidido participar o promover actos propios, lo que ha obligado a la dirección federal a aclarar que no sancionará a quienes lo hagan.

Una concentración “apolítica” sin acuerdo político

La fotografía que quiere proyectar el PP este miércoles es la de miles de españoles concentrados frente a sus ayuntamientos para decir que Ceuta no está sola. Pero la convocatoria institucional partió el 25 de agosto de la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez y dirigente del PP. Desde Ceuta, después de reunirse con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, García-Pelayo anunció concentraciones a las 20 horas de este miércoles 2 de septiembre, Día de Ceuta, ante los consistorios españoles. Este mismo martes ha insistido en que su intención responde al “sentido común”, la “humanidad” y una solidaridad que, a su juicio, está “por encima de ayuntamientos y colores políticos”.

Ese consenso, sin embargo, nunca existió. Todos los grupos políticos representados en la FEMP, salvo el PP, denunciaron conjuntamente que la convocatoria fue adoptada unilateralmente por García-Pelayo y sin acuerdo de los órganos de gobierno de la Federación. Ocurrió lo mismo, según el comunicado conjunto que difundieron, con la decisión de celebrar en Ceuta la Junta de Gobierno de septiembre y con la cesión a Vivas del puesto de la presidenta en el Comité Europeo de las Regiones.

Desde entonces, tanto Feijóo como toda la dirección nacional del PP se han movilizado para participar. Tras su visita a Ceuta este miércoles por la mañana, Feijóo acudirá a la concentración en Madrid por la tarde, al igual que el líder de Vox, Santiago Abascal. La formación ultra ha llamado a sus militantes y simpatizantes a las calles bajo el lema “No a la invasión. Defiende Ceuta. Defiende España”.

La extrema derecha se distancia así expresamente del mensaje de que las concentraciones “no son contra nadie”. Una máxima que también cuestiona el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, tras anunciar el domingo que los grupos municipales de su formación convocarán concentraciones en aquellos ayuntamientos gobernados por el PSOE cuyos alcaldes decidan no secundarlas.

Solidaridad con Ceuta pero no con los menores

Las consignas de la derecha, además, se desvanecen en el momento en el que la solidaridad exige asumir responsabilidades concretas. Actualmente, de los 5.000 migrantes que continúan en la ciudad autónoma, más de 2.600 son menores (1.478 ya filiados y una estimación de otros 1.200 todavía en la calle), según los últimos datos compartidos por la ministra de Infancia, Sira Rego. Su cartera trabaja en un mecanismo urgente para trasladar inicialmente a 500 niñas especialmente vulnerables a recursos de la Península. Ceuta, con capacidad para acoger a 29 menores, no puede asumir esa presión. De ahí la necesidad de trasladarlos a recursos de acogida en otras comunidades mientras se resuelve individualmente si pueden regresar con sus familias o deben permanecer en España.   

Vox mantiene una negativa frontal. Las consejerías con competencias de Infancia gestionadas por el partido en Aragón, Castilla y León y Extremadura dieron plantón a la Conferencia Sectorial la pasada semana y sus responsables anunciaron, además, que impugnarán los expedientes de derivación que no conduzcan al retorno de los menores a Marruecos. Teniendo en cuenta el ritmo al que se están llevando a cabo estos traslados, solo para la acogida de los 2.678 menores que entraron el 31 de julio en Ceuta harían falta tres años y nueve meses si se utiliza únicamente la vía ordinaria prevista en el real decreto, que obliga a las comunidades autónoma a ello.

El PP ha sido más deliberadamente ambiguo. Génova se abrió a comienzos de agosto a un reparto que fuera “justo, bien dotado y planificado” tras las resistencias iniciales y la vicesecretaria Alma Ezcurra aseguró que las comunidades del PP cumplirían la ley. Pero gobiernos como Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, han rechazado “cualquier tipo de reparto” y se han opuesto incluso a debatir las derivaciones en la Sectorial. La Comunitat Valenciana, también gobernada por el PP, ha alegado para negarse la saturación de sus recursos, al igual que Aragón.

Por ese motivo, los socialistas acusan de “cinismo” al PP, ya que, al mismo tiempo que exigen que toda España demuestre su solidaridad con Ceuta, a la hora de asumir responsabilidades se suceden las trabas, los plantones y las negativas. La Ejecutiva socialista sostiene por ello que “la solidaridad real se expresa con hechos, con recursos, con coordinación y con responsabilidad”, en un comunicado difundido este lunes por la tarde.

Ferraz rectifica para evitar choques

El PSOE, sin embargo, no llega a la cita del miércoles precisamente cohesionado. El pasado sábado, Ferraz distribuyó una circular a sus estructuras territoriales y representantes municipales en la que comunicaba la decisión de “no participar” en las concentraciones. Un documento firmado por la número dos del PSOE, María Jesús Montero, la secretaria de organización, Rebeca Torró y el secretario de política municipal, Juanfran Serrano.

El argumento socialista era que García-Pelayo había actuado “de forma unilateral”, que el PP estaba haciendo un “uso partidista” de la FEMP y de las federaciones territoriales y que pretendía convertir una crisis humanitaria en un “elemento de movilización y confrontación política” contra el Gobierno. La circular concluía con una fórmula destinada a convertirse en consigna: “Ceuta sí. Su utilización partidista no”.

Pero en las últimas horas Ferraz ha tenido que modular esa posición después de que el PSOE de Ceuta y varios alcaldes socialistas hayan anunciado que participarán en movilizaciones o que promoverán actos propios para evitar que se convierta en una “rebelión” de alcaldes contra Sánchez. Estos mismos regidores comparten la crítica al uso de la FEMP pero se niegan a que eso les impida manifestar su solidaridad con Ceuta.

Entre ellos destaca José Antonio Díez, alcalde de León, que no secundará la convocatoria de la FEMP, sino en otra promovida por la sociedad civil, y reclama sacar la crisis migratoria del enfrentamiento partidista y abordarla con “altura de Estado”. El alcalde socialista de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, también propuso una concentración propia a las 12 horas, aprobada por unanimidad por PSOE, PP, Vox, XMérida y Unidas por Mérida y con un manifiesto común: “Mérida con Ceuta. Ceuta no está sola”. 

En Cádiz, tres ayuntamientos socialistas han decidido participar. José María Román, alcalde de Chiclana, criticó la convocatoria “unilateral” de García-Pelayo y la “instrumentalización” del problema por el PP, pero aseguró que estará en la concentración. Antonio González, alcalde de Vejer, ha anunciado la de su municipio “sin sesgo político”. Y Carlos Javier García, alcalde de Grazalema, defiende que hay que concentrarse tanto para respaldar a los ceutíes como para rechazar que esas mismas movilizaciones se conviertan en “instrumento político de unos contra otros”.

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Sucede lo mismo en la ciudad valenciana de Sagunto, gobernada por el socialista Darío Moreno, que también ha llamado a una concentración municipal a mediodía de este miércoles con un manifiesto institucional, defensa de los derechos humanos y un minuto de silencio por las personas fallecidas. Gustavo Cuéllar, alcalde socialista de Moguer, también ha confirmado la adhesión de su ayuntamiento y la justifica como una cuestión de “solidaridad territorial” y empatía. 

Las ayudas económicas del Gobierno no cierran la crisis

A todo ello se suma que el Consejo de Ministros aprobó este martes un paquete que movilizará más de 309 millones de euros para este año 2026, equivalente, según el Ejecutivo, al 16% del PIB ceutí. De ellos, 118 millones se destinarán a acogida y atención humanitaria —incluida la gestión de menores—, más de 90 millones a seguridad y 80 millones al tejido empresarial y laboral, según las cifras presentadas por el Ejecutivo.

Con todo, el Gobierno de Ceuta sostiene que las ayudas económicas serán insuficientes si no se consigue el retorno de buena parte de quienes permanecen en la ciudad y cifra entre 8.000 y 9.000 su estimación de personas aún presentes, por encima de los números manejados por Interior. La propia ministra de Defensa, Margarita Robles, reconoció en el Congreso que el Ejecutivo actuó mal y llegó tarde, y pidió disculpas a los ceutíes. Los socios parlamentarios de Sánchez han criticado además su posición respecto a Marruecos y dirigentes de Sumar han reclamado acelerar los traslados a la Península.