El Gobierno aprueba un plan de choque de 309 millones para responder a la crisis migratoria de Ceuta

Los ministros Carlos Cuerpo, Elma Saiz y Ángel Víctor Torres en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este martes.

El Gobierno movilizará 309 millones de euros durante los cuatro últimos meses de 2026 para reforzar los servicios públicos, la seguridad y la actividad económica de Ceuta tras la crisis migratoria que comenzó a finales de julio. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley de medidas urgentes para la ciudad autónoma, al que se suma una línea de avales del ICO de hasta 50 millones de euros.

El paquete supone, según los cálculos del Ejecutivo, una inyección equivalente al 16% del PIB de Ceuta en apenas cuatro meses. La mayor partida, de 118 millones, irá destinada a la acogida y atención de las personas migrantes: 53,4 millones financiarán alojamiento y atención básica y otros 63,6 millones servirán para reforzar la acogida de menores no acompañados.

Otros 90 millones se destinarán a seguridad. De ellos, 74 millones financiarán el despliegue de personal y medios de las Fuerzas Armadas, así como los gastos de transporte, logística y mantenimiento. A esto se añaden incentivos extraordinarios de 7,1 millones para la Policía Nacional y ocho millones para la Guardia Civil.

El real decreto-ley también reserva 21 millones para reforzar los servicios esenciales. El Ingesa incorporará 100 profesionales para atención primaria y hospitalaria, con una inversión de 3,5 millones; Educación recibirá 3,2 millones para reforzar la seguridad de los centros y ofrecer acompañamiento psicosocial; y Justicia contará con otros 4,5 millones para aumentar los efectivos y agilizar los expedientes. La ciudad recibirá además dos millones de euros, a los que se suman más de siete millones aprobados para la planta desalinizadora.

Ayudas directas para empresas y autónomos

Una de las principales patas del plan es el apoyo al tejido económico, al que se dedicarán 80 millones de euros. Dentro de esa cantidad, 36,6 millones se repartirán en ayudas directas: los autónomos podrán recibir 5.000 euros y las empresas entre 10.000 y 150.000 euros, dependiendo de su facturación. El Ejecutivo calcula que podrán beneficiarse unos 2.600 autónomos y 1.400 empresas. Las solicitudes podrán presentarse desde el 14 de septiembre y el objetivo es comenzar a efectuar los pagos a principios de octubre.

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El Gobierno destinará además 14 millones a medidas para recuperar el consumo y el turismo, entre ellas bonos y campañas de promoción, y pondrá en marcha una línea de avales del ICO de hasta 50 millones. También se contemplan ayudas para las empresas que tengan que recurrir a un ERTE, una prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos y 650.000 euros para formación de trabajadores.

Parte de las medidas tendrá carácter permanente y se extenderá también a Melilla. Entre ellas figura el aumento del 50% al 75% de la bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para determinados contratos indefinidos, así como mejoras fiscales en el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF.

El paquete llega un mes después de la entrada de migrantes del 30 de julio, una situación que llevó al Gobierno a declarar el pasado 25 de agosto a Ceuta en situación de interés para la Seguridad Nacional al considerar superadas las capacidades ordinarias de acogida, asistencia y seguridad de la ciudad.

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